Teleprensa, Almería.- Diario Digital* : "Hace dos años y medio Salvemos Mojácar presentó e hizo pública una denuncia relativa a una macrocomplejo en construcción, promovido por La Solana de Mojácar S.A., con claros indicios de ilegalidad, al contar, entre otras cosas, con la construcción de hasta 8 plantas en vertical, en una zona en la que solo se permiten dos, y llegando así a construirse 214 viviendas edificadas sobre 30 hectáreas.
El complejo se ubica detrás del Pueblo Indalo y no es inmediatamente visible desde la playa, al estar medio oculto ocupando una rambla. Se lo puede observar al tomar la carretera que sube hacia La Paratá, de unas dimensiones colosales, que lo convierten en un nuevo "Algarrobico" en Mojácar.
El complejo alberga cerca de diez irregularidades urbanísticas, algunas de ellas graves o muy graves.
La Modificación del proyecto que se hizo es sustancial y hubiera tenido que ser tratada como un nuevo proyecto.
En el expediente del proyecto falta la memoria y el proyecto de ejecución.
Al suspender las obras y otorgar la nueva licencia en la misma junta de Gobierno se deja sin validez las suspensión acordada, todo ello sin tener constancia de presentación de proyecto de ejecución.
No existe aprobación definitiva de estudio de detalle, ni publicación en el BOPA de la aprobación definitiva del PERI de la UA7 de Mojácar constituyendo estas infracción MUY GRAVE, al no contar el proyecto ni las obras con el instrumento que las legitime.
El proyecto incumple varias determinaciones de la Normas Subsidiarias de Mojácar, por lo que se ha otorgado una licencia contraria al planeamiento urbanístico vigente, que constituyen infracciones GRAVES.
La edificación llega asumar 8 plantas en vertical, cuando solo se pueden construir 2.
Hay viviendas bajo rasante, lo cual no está permitido.
Hay viviendas en sótano y semisótano, lo que tampoco estña permitido.
El espacio libre se ha dejado en un terreno con una fuerte pendiente que lo hace inaccesible y no funcional.
Salvemos Mojácar denunció ya en septiembre de 2004 la ilegalidad de la construcción. Posteriormente el ayuntamiento aprobó discrecionalmente en junta de gobierno local convocada de forma extraordinaria y urgente, siendo alcalde Carlos Cervantes, una modificación de licencia de obras en la que se aprobaba un modificado de proyecto ilegal también en el que se traban de camuflar las 8 alturas, siendo esto objeto de una nueva denuncia de la asociación.
La Asociación recurrió desde un principio al Defensor del Pueblo Andaluz, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento y la aparente inacción de la Junta de Andalucía frente a la denuncia que la asociación remitió en su día a dicha consejería y al consistorio. Gracias al Defensor del Pueblo Andaluz la asociación ha recibido copia de los informes y escritos que, a instancias del Defensor, han sido aportados por el Ayuntamiento de Mojácar y por la Junta de Andalucía, ya que la Junta de Andalucía solo ha respondido en una ocasión a la asociación y el ayuntamiento jamás han remitido carta alguna respondiendo a la asociación sobre e caso denunciado. Finalmente la Consejería de Obras Públicas se ha visto forzada a tomar cartas en un asunto que es sin duda escandaloso.
Tal como solicitaba la asociación la junta de Andalucía procedió con el trámite habitual en un caso como este, que es solicitar la revisión de Licencia de obras del complejo al Ayuntamiento de Mojácar, un trámite que habia sido solicitado sin éxito por la Asociación. Y consiguientemente, al no haber respuesta del consistorio, ha procedido a emprender el recurso contencioso administrativo contra el complejo.
A fecha de hoy hemos recibido noticia a través de diversos medios que las obras están paralizadas desde hace semanas si bien no se ha recibido notificación alguna al respecto de la junta de Andalucía, por lo que estamos a la espera de confirmar oficialmente la información.
Salvemos Mojacar lamenta que se hallan tardado más de dos años en paralizar el complejo, cuando está practicamente terminado, y exige a la Consejería de Obras Públicas que por una vez actúe como debe, impida su apertura y proceda a la demolición del complejo en un tiempo lo más breve posible.
El calendario de las actuaciones ha sido el siguiente:
26 abril 2002 - Aprobación del PERI de la UA7 de Mojácar en Junta de Gobierno Local, siendo alcalde Salvador Esparza. No se publica en el BOPA.
21 octubre 2002 - se concede licencia de Obras al proyecto de la mercantil La Solana de Mojacar SA
Durante 2003 - 2004 - inician las obras del proyecto, que en septiembre se encuentra ya muy avanzado.
17 de junio de 2004 - se presenta un nuevo proyecto básico con alteraciones sustanciales, redactado por otro arquitecto.
29 septiembre 2004 - Salvemos Mojácar presenta la primera denuncia contra el complejo en la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mojácar, con copia al Defensor del Pueblo Andaluz.
21 octubre 2004 - 1ª Visita de Técnicos de la Junta de Andalucía al complejo.
12 noviembre 2004 - La Junta de Andalucía requiere mediante escrito al ayuntamiento de Mojácar que remitan un informe en el plazo de diez días hábiles, con la documentacion relativa al proyecto, con acuse de recibo del 17 de noviembre. A dicho escrito el Ayuntamiento no responde jamás.
18 noviembre 2004 - El Ayuntamiento convoca de forma extraordinaria y urgente una Junta de Gobierno Local, siendo alcalde Carlos Cervantes, en la que se aprueba un Acuerdo por el se paraliza las obras del complejo por no ajustarse este al proyecto original y al mismo tiempo se otorga Licencia de Obras al modificado de proyecto para la construcción de 214 apartamentos y garajes en la parcela P-4 de la UA-7 y colindante en Mojácar, con lo que las obras continuan inmediatamente.
4 julio 2005 - Salvemos Mojácar presenta 2º escrito de denuncia, esta vez contra la modificación de proyecto, presentado en el Ayuntamiento y la Consejería de Obras públicas, con copia al Defensor del Pueblo Andaluz.
13 julio 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide un informe al ayuntamiento de Mojácar.
22 julio 2005 - 2ª Visita del Inspector de la Consejería de Obras Públicas. Se pone de manifiesto que no existe Estudio de Detalle en el expediente del proyecto, sin embargo este era preceptivo.
- El Defensor del Pueblo Andaluz pide informe a la Junta de Andalucía.
29 agosto 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide por 2ª vez un informe a la Junta de Andalucía.
5 octubre 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz insta al Ayuntamiento de Mojácar a la revisión de oficio de la licencia de obras cuestionada.
- La Junta de Andalucía envía informe al Defensor del Pueblo Andaluz, que es remitido por este a Salvemos Mojácar. El informe considera que:
Que la Modificación del proyecto es sustancial y hubiera tenido que ser tratada como un nuevo proyecto.
Que en el expediente del proyecto falta la memoria y el proyecto de ejecución.
Que al suspender las obras y otorgar la nueva licencia en la misma junta de Gobierno se deja sin validez las suspensión acordada, todo ello sin tener constancia de presentación de proyecto de ejecución.
Que no existe aprobación definitiva de estudio de detalle, ni publicación en el BOPA de la aprobación definitiva del PERI de la UA7 de Mojácar constituyendo estas infracción MUY GRAVE, al no contar el proyecto ni las obras con el instrumento que las legitime.
Que el proyecto incumple varias determinaciones de la Normas Subsidiarias de Mojácar, por lo que se ha otorgado una licencia contraria al planeamiento urbanístico vigente, que constituyen infracciones GRAVES.
La edificación llega a sumar 8 plantas en vertical, cuando solo se pueden construir 2.
Hay viviendas bajo rasante, lo cual no está permitido.
Hay viviendas en sótano y semisótano, lo que tampoco estña permitido.
Que el espacio libre se ha dejado en un terreno con una fuerte pendiente que lo hace inaccesible y no funcional.
11 octubre 2005 - La Consejería de Obras públicas requiere al Ayuntamiento de Mojácar la revisión de oficio de la licencia de obras cuestionada.
11 nov 2005 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide por 2ª vez un informe al Ayuntamiento de Mojácar.
16 enero 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz pide por 3ª un informe al Ayuntamiento de Mojácar
24 marzo 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz manda al Ayuntamienro Recordatorio del deber legal de auxiliar a esta institución
24 mayo 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz manda al Ayuntamienro Recordatorio legal y recomendación de que proceda a la revisión de licencia y Advertencia de que su falta de colaboración puede ser consederada entorpecimiento de las labores de esa institución.
- El Defensor del Pueblo Andaluz manda a la Consejería de Obras Públicas Recomendacion de que se formule un requerimiento formal al ayunt. para que se proceda a la revisión de licencia y que se proceda a recurrir ante el órgano jursidiccional competente en caso de que el ayuntamiento no proceda con la revisión.
7 de julio 2006 - El Defensor del Pueblo Andaluz notifica a Salvemos Mojácar que dará cuenta del rechazo del alcalde de Mojácar a la solicitud de revisión de licencia en su Informe Anual.
18 julio 2006 - La Consejería de Obras Públicas interpone recurso Contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Mojácar pidiendo la revisión de licencia del complejo, siendo alcalde de Mojácar Gabriel Flores.
20 julio 2006 - admitido recurso - en el Juzgado 1 de Almería con el Ordinal 595/06
17 enero 2007 - El Defensor del Pueblo Andaluz informa a Salvemos Mojácar de que se ha emprendido recurso contencioso el pasado 17 de julio, según le ha dado a conocer, seis meses más tarde, la Junta de Andalucía.
28 de marzo 2007 - Medios locales anuncian que las viviendas están paralizadas. Desde el verano anterior no se observaban movimientos notables en la zona, si bien el complejo está prácticamente terminado. La noticia de la paralización está pendiente de confirmación está pendiente de confirmación.
Salvemos Mojácar se personará en los próximos días en el procedimiento para que le sean comunicadas todas las actuaciones y para conocer si realmente se ha dictaminado la paralización desde el juzgado o si el hecho de que las obras estén, aparentemente, paralizadas obedece a otras causas.
Salvemos Mojácar exige la paralización de obras, que se impida abrir el complejo y la demolición inmediata.
La Actuación del defensor del Pueblo sienta precedentes positivos en la lucha del ciudadano ante los abusos urbanísticos, que es acaso la peor y más extendida lacra de España y la de más graves consecuencias sociales y medioambientales, por lo que alentamos a las asociaciones a recurrir a su ayuda ante la sistemática dejacion de funciones de la Administración Autonómica y municipal.
*Teleprensa - Diario Digital - Almería 30/03/07
Foto: La Solana /Teleprensa
Salvemos Mojácar logra la paralización de un macrocomplejo ilegal
La promotora del alcalde de Salceda de Caselas construye obras ilegales
PrimitivoCARBAJO.- Vigo.- EL PAÍS* : "Viviendas Caselas, SL, promotora de la que es accionista el alcalde de Salceda de Caselas, José Manuel Fernández Rodríguez, Chicho, realiza obras ilegales en el municipio por exceso de alturas, vuelos y aprovechamientos bajo cubierta, más una invasión directa de la vía pública sin respetar las alineaciones. Las denuncias, en lugar de paralizar las obras, las aceleran. Es uno de los efectos paradójicos de la doble condición de alcalde y promotor que reúne Chicho, quien confía en renovar su mayoría absoluta en el ayuntamiento después de 31 años de regidor.
La denuncia por infracción urbanística en el edificio que se construye en la calle Rosalía de Castro para 32 viviendas fue presentada el pasado 5 de diciembre por un vecino, Ángel Vaqueiro Fandiño, contra la promotora y propietaria, Viviendas Caselas; contra las constructoras Excavaciones Ponteareas y Conran, y contra el técnico que redactó el proyecto, Rafael Fernández Vale.
El alcalde, Fernández Rodríguez Chicho, tomó nota de la denuncia, dio cuenta a sus socios en la promotora y decidió cumplir la ley. Pero sólo en lo de darse tiempo para tramitar la denuncia. El denunciante, Ángel Vaqueiro, volvía al ayuntamiento el 20 de enero para señalar que, lejos de paralizarlas, la denuncia había sido espuela para los constructores del edificio: más máquinas y operarios estaban dando un ritmo a la construcción que competía con las imágenes a cámara loca.
Hasta el 2 de marzo no tuvo sobre la mesa el informe del técnico municipal que confirmaba que las obras de Rosalía de Castro no se ajustaban a las condiciones de la licencia. El alcalde ya lo sabía, obviamente. Esperó al último minuto que le permite la ley para no incurrir en delito y el 5 de marzo, a los tres meses exactos, firmó la resolución para "suspender inmediatamente las obras que realiza Viviendas Caselas, SL". Daba un plazo de 24 horas para retirar todos los materiales y decidía "incoar el correspondiente expediente de reposición de la legalidad a Viviendas Caselas".
Asesores contrastados
Contundente, sin duda. Aunque la misma resolución indicaba al denunciado que podía "aducir alegaciones y adjuntar documentos u otros elementos de juicio". Tal vez fueran muchos, las alegaciones y documentos, y al alcalde no le dio tiempo a examinarlos. Las obras de ese edificio, pese a los aceleres precedentes, siguen aún activas. "Confiarán en que si consiguen llegar a dar las licencias de ocupación, ya nadie va a ejecutar después los derribos que supondría restablecer la legalidad urbanística", barrunta Vaqueiro.
La normativa urbanística local ha sido cambiada con los únicos votos, aunque suficientes, del grupo popular y no se ajusta a la legislación vigente en Galicia. Las invasiones de viales y espacios públicos son habituales en Salceda, como los convenios urbanísticos que contravienen la ley o los estudios de detalle que la revientan, "por no hablar de alturas o sótanos con volúmenes prohibidos", añade el denunciante.
El alcalde Chicho, sin embargo, ha demostrado que sabe bandearse con los códigos y su aplicación. Ha sorteado acusaciones de prevaricación, tráfico de influencias y otras de más enjundia judicial.
Hace diez años, por ejemplo, logró evitar su inhabilitación como alcalde en el Tribunal Supremo al cargar un delito de usurpación de terrenos sobre su persona y no sobre el cargo, pese a ser máquinas municipales las que consumaron la usurpación en una obra pública; más recientemente convenció a un juzgado de Tui de que un aguacero con riada se había llevado por delante todo rastro de un campo de fútbol pagado con fondos europeos, aunque, según otros testimonios fehacientes, el campo nunca llegó a construirse. Ahora cuenta además con el asesoramiento de Juan Colón Garrido, abogado perejil por su facilidad para estar en todas las salsas.
Juan Colón es asesor jurídico municipal en Salceda de Caselas con dieta mensual fija y, a su vez, actúa como letrado de no menos de media docena de promotoras y constructoras que trabajan en la villa, incluida, naturalmente, Viviendas Caselas. También desempeña una función análoga de asesor en los ayuntamientos de Salvaterra y Baiona. En Mos actúa contra el Ayuntamiento defendiendo los intereses del concejal Angel Sío y de José Luis Álvarez Ríos, promotores ambos de ejecuciones urbanísticas de efectos atroces en el municipio.
Chicho también tiene contratado como técnico municipal, para realizar informes relacionados con el urbanismo, a Manuel Novás Medín, inhabilitado en Porriño tras ser condenado en los tribunales por negocios prohibidos a funcionarios. Antes Chicho pagaba más a la familia: los cursos de carpintería los daba su cuñado; los de peluquería, su hermana en un local alquilado a su mujer.
Chicho renueva y reta "en positivo"
El viernes de la semana pasada, el alcalde José María Fernández Rodríguez Chicho, fue visto por la noche, solo, arrancando carteles electorales del BNG. En las anteriores campañas lo hizo a primeras horas de la mañana y acompañado de su mujer. Los vecinos le disculpan esos gestos de arrebato porque no responden a su talante más común, humilde y afable con todos, incluso con la oposición, que se lo reconoce pero para tacharle de "cínico redomado".
Por saber escuchar a los vecinos ha conseguido mantenerse durante 31 años al frente de la alcaldía. Fue en su momento el alcalde más joven de la democracia española y, en condición de tal, fue recibido en audiencia por los Reyes de España, aunque ni siquiera había sido elegido. Hijo del practicante municipal, entró en el ayuntamiento como concejal en 1972. En 1976 consiguió la alcaldía sin necesidad de elecciones: fue el único candidato al cargo. En 1979 arrasó como independiente y luego en las siguientes consultas, como candidato sucesivo de Alianza Popular y del Partido Popular.
En 1995 aportó un millón de pesetas para compartir el capital de la promotora Viviendas Caselas, SL, con otros tres socios. Hasta esa fecha los permisos de obra estaban congelados en el municipio; a partir de ahí, se dispararon.
A las próximas elecciones de mayo, Chicho se presenta con una lista totalmente renovada, en la que sólo repite el que ha sido su concejal de Urbanismo, Manuel Barros, de oficio albañil y también con promotora propia, Promociones Siglo XXI; va de número seis de la lista y, por si acaso, prepara unas oposiciones para quedarse en el ayuntamiento como personal auxiliar.
La candidatura del PP, con el eslogan Salceda en positivo, fue presentada el domingo pasado, con el apoyo de Ana Pastor y el presidente de la Diputación Provincial, Rafael Louzán. Ya en 1979 Chicho había prometido dotar al municipio de red de abastecimiento de agua; ahora promete acabarla en el próximo mandato. Ana Pastor le reconoció como "alcalde honrado y eficaz". Mariano Rajoy, su gran valedor y amigo, no pudo asistir.
*ELPAIS.com - Vigo - 30/03/2007
Foto: Igrexa de Parderrubias, no Concello de Salceda de Caselas / Albert galiza
Ver noticia: La inmobiliaria del alcalde de Salceda promovió 375 viviendas en una década
Codicia y avaricia
Emili PIERA.- Levante-EMV* : "Lo que han dicho los eurodiputados sobre nuestro romance sin fin (o hasta el fin) con el ladrillo es que alcaldes, concejales y demás gente de bastón y fajín no se conforman con hacer la vista gorda y recortar el cupón, sino que son ellos los primeros y más esforzados galeotos de la máquina de hacer dinero deprisa, deprisa, somos un pueblo-anfetamina, lanzado sobre la pista asfaltada y recalificada.
En términos casi bíblicos, sus señorías, caídas cual ángeles exterminadores del cielo de Bruselas, han hablado de «codicia y avaricia», nada menos, que son dos usos del mismo pecado capital: el uno busca, el otro acumula; tener uno es malo y tener los dos, peor, vicio de viejos.
Yo creí que, con ese lenguaje -«codicia y avaricia»-, los eurodiputados serían luteranos suecos o alemanes, pero los que rajaron eran un polaco, que será católico, y un británico, pero, se siente, nosotros no inventamos el capitalismo, pero como los chinos, nos sorprendió con hambres atrasadas, y con el tiempo, en muy poco tiempo, hemos devorado hasta la caseta del perro, con la que hacemos una bonita solución habitacional.
Como dicen pensadores tan distintos como Zizek o Vattimo, nuestra tolerancia es muy rara. Aceptamos la libertad de culto, el matrimonio homosexual o la críticas al primer ministro en televisión, qué bien, pero si a alguien se le ocurre decir que el capitalismo, al menos en su versión neocon, es suicida e inviable, le tachan de integrista totalitario. Y el capitalismo sigue a lo suyo, que consiste, paradójicamente, en acabar con la propiedad, ya sea de los chalés privilegiados (para hacer otros chalés), ya sea de los derechos de creación, pues uno se baja música y películas de internet por la cara.
La Constitución (la nuestra y las otras) no lo dice, pero puede resumirse en un solo precepto: si usted hace como que evita todo lo expresamente prohibido aquí, puede convertirse en un codiciador incesante de los bienes ajenos.
*Levante-EMV - 31 de marzo de 2007
El GOB reclama cupos de viviendas y que se penalicen las segundas residencias
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F.GUIJARRO.- Diario de Mallorca* : "El Grup Balear d´Ornitologia (GOB) reclamó ayer que se apliquen cupos en la concesión de licencias para la construcción de nuevas viviendas y que se penalice fiscalmente tanto las segundas residencias como los inmuebles vacíos, entre otras medidas destinadas a frenar la intensa actividad constructora que se está registrando en las islas. Estas propuestas han sido planteadas después de que el Colegio de Aparejadores de Mallorca hiciera público que el pasado año se alcanzó la cifra más alta en la historia de la isla por lo que a viviendas acabadas se refiere, con 8.955, y que se rozó el récord de 1999 por lo que a inmuebles proyectados, con 11.379.
Según el GOB, estas cifras demuestran que las medidas que se han tomado hasta ahora para controlar el desarrollo urbanístico han sido insuficientes, y ponen en evidencia el modelo desarrollista de los gobernantes isleños, de ahí la necesidad de promover un cambio.
Desde esta organización ecologista se considera imprescindible revisar las Directrices de Ordenación Territorial y el Plan Territorial de Mallorca para eliminar las áreas de reconversión, y aprobar una ley que fije cupos municipales en la concesión de licencias.
También se apuesta por la penalización fiscal de las segundas residencias y de las adquiridas con fines especulativos o para la promoción turística, junto a un gravamen para los inmuebles vacíos.
El GOB propone que se reduzca la edificabilidad en el suelo urbano, la reclasificación de los urbanizables que no tengan aprobado el proyecto de urbanización o la recalificación forzosa de los terrenos urbanos para la construcción de viviendas protegidas.
Frente a la postura defendida por el GOB, el presidente de la patronal de promotores de Balears, Gabriel Oliver, consideró que con el actual crecimiento de la población resulta inevitable que se mantenga una intensa edificación de viviendas, y recordó que el modelo económico balear se basa en la mano de obra, ya que tanto en la hostelería como en la propia construcción se necesitan plantillas muy numerosas, lo que hace necesaria la llegada de más trabajadores. Oliver destacó que nadie edifica viviendas sin la existencia de una demanda para su venta.
Además, rechazó la posibilidad de aplicar cupos en la concesión de licencias, al considerar que esta medida provocaría un mayor encarecimiento de los inmuebles, dado que su escasez favorecería la especulación.
*Diario de Mallorca - 31 de marzo de 2007
Foto: S.Llompart.- La fuerte actividad constructora de Balears es cuestionada desde el GOB /Diario de Mallorca
Urbanismo insostenible en España
Albert Gimpera.- EL PAÍS* : "El informe del Parlamento Europeo sobre la situación del urbanismo en España confirma lo que hace tiempo ya sabíamos, que la situación es insostenible. El fomento de la especulación urbanística es un cáncer que amenaza no sólo con deteriorar nuestro entorno, sino con erosionar la credibilidad misma de las instituciones democráticas.
Ni siquiera el nuevo Gobierno de izquierdas de Catalunya se libra de este vicio, dando luz verde a urbanizaciones en el Pirineo que contradicen los criterios de sostenibilidad que predica, para disgusto y decepción de sus votantes, como bien informa EL PAÍS.
Ignoro si el origen de este mal está en la famosa Ley del Suelo del PP de 1998, que consagra este disparate ultraliberal según el cual todo el suelo no protegido es potencialmente urbanizable.
No es posible continuar indefinidamente con este modelo. Hay que dar de una vez por todas por definitivamente cerrado este modelo nefasto basado en la construcción masiva de urbanizaciones de segundas residencias, que destruye el territorio y fomenta la corrupción local, y que amenaza con llevar ahora la degradación hacia zonas que se habían visto liberadas de la especulación urbanistica.
*ELPAIS.com - 31/03/2007
Cataluña y País Vasco son las más europeas en vivienda
MartaBELVER.- El Mundo* : "País Vasco y Cataluña están un paso más cerca de Europa que el resto de las comunidades autónomas españolas. Los gobiernos de estas dos regiones han planteado medidas para combatir la 'plaga' de los pisos vacíos (aplicar un canon y la expropiación temporal, respectivamente) similares a las que ya están operativas en algunos países del Viejo Continente. «Son soluciones muy variadas con una característica común: la intervención del Estado para buscar vías que favorezcan la salida al alquiler de las casas desocupadas o bien la aplicación de disposiciones punitivas», apunta Javier Burón, director de Planificación del Departamento de Vivienda del Ejecutivo vasco. Y se pregunta: «Si España ha conseguido europeizarse en otras cosas, ¿por qué no lo hace también en esto?».
Francia. Los vecinos galos han elaborado al detalle su legislación sobre inmuebles que permanecen desiertos. Según explican en su Ministerio de Vivienda, la medida consiste en el pago de una tasa y afecta a las propiedades de municipios situados en las inmediaciones de las ciudades de París, Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse, Montpellier, Niza y Cannes.
Los dueños de estos pisos tienen que abonar en concepto de multa un 10% de su valor catastral durante el primer año de desocupación, un 12% el segundo y un 15% el tercero y posteriores.
Reino Unido. La Agencia de Viviendas Vacías británica nació en 1992 con el objetivo de mediar entre las autoridades locales de unos 200 ayuntamientos y los propietarios privados. Los responsables de la asociación aseguran que como resultado de esta acción cada año entran en el mercado de alquiler «decenas de miles de casas vacías».
Asimismo, las autoridades de Reino Unido pueden forzar el arrendamiento o la venta de viviendas que hayan permanecido desocupadas durante un periodo de tiempo superior a seis meses salvo que tengan la categoría de segunda residencia, su titular se encuentre enfermo o haya fallecido y se esté tramitando la herencia o bien trabaje en otra ciudad, de acuerdo con la información de la página web 'www.vpo.info'.
Suecia. Este portal apunta también que el Gobierno de Estocolmo contempla la posibilidad de demoler los pisos deshabitados.
Alemania. La misma opción está vigente en suelo germano en aquellos municipios en los que más del 10% del parque de viviendas permanece desocupado. Los propietarios, además, pueden ser obligados a rehabilitar sus propiedades y, en caso de incumplimiento, la sanción se mueve en una amplia horquilla que va desde la multa hasta la expropiación, una realidad de la que se hacen eco en sus 'blogs' Javier Burón y Pablo Aretxabala, director general de Visesa (la empresa promotora de vivienda protegida del Gobierno Vasco).
Italia. En cuanto a la situación legal de esta península mediterránea, argumentan que las casas sin habitantes tienen allí una penalización fiscal del nueve por mil de su valor.
Dinamarca. En el Comité Europeo de Coordinación de la Vivienda Social exponen el caso danés, cuya ley data de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial: los dueños de inmuebles desocupados durante más de seis semanas pueden ser multados si no informan a las autoridades municipales pertinentes. Eso sí, la medida sólo es efectiva en las localidades más importantes.
Luxemburgo. Aunque todavía no existe penalización para los pisos vacíos de este país, en breve podría ser efectiva. El Ejecutivo luxemburgués ha elaborado un proyecto de ley que recoge sanciones para los inmuebles desocupados durante más de 18 meses, apuntan desde su Ministerio de Vivienda.
*El Mundo /Su Vivienda - 30 de marzo de 2007
Foto: En los Países Bajos es legal la ocupación de viviendas que están descupadas más de año y medio. / EL MUNDO
Los eurodiputados constatan una falta de voluntad política para luchar contra los abusos urbanísticos
ClaraPinar.- LEVANTE-EMV* : "Los eurodiputados que visitaron a principios de marzo la Comunitat denunciaron ayer que las autoridades valencianas no tienen «voluntad política» para solucionar los abusos relativos con el urbanismo. Asimismo, constataron que éstos persisten a pesar de que el Consell se comprometió a poner en práctica las recomendaciones del Informe Fourtou que adoptó la Eurocámara en diciembre de 2005.
El presidente de la comisión de Peticiones, el conservador polaco Marcin Libicki, y uno de sus vicepresidentes, el socialista británico Michael Cashman, presentaron ayer su informe con las observaciones que les merecieron sus reuniones con las autoridades y denunciantes de la Comunitat Valenciana, Madrid y Almería, en la misión a España que realizaron entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.
El informe alerta de los abusos que se dan en toda España pero la Comunitat Valenciana se cita repetidamente como ejemplo de las peores prácticas o de aquellas que aún perduran. Aunque el informe no se pudo discutir ayer por problemas de traducción, Cashman se refirió a una de las ideas que emanan del documento, relativa a «la gran diferencia entre la manera en que se nos recibió en Valencia y lo que vimos en Madrid» . «A (el conseller de Territorio, Esteban González) Pons le hicimos preguntas directas que se quedaron sin respuesta , se nos dijo que las peticiones son ficticias, que ni existen en la realidad », añadió Cashman, que dijo haber vuelto a Bruselas con «la impresión de que había una total desatención de estos problemas y no existía voluntad política para buscar soluciones».
El informe recuerda las recomendaciones del Informe Fourtou a favor de la definición y reconocimiento del «interés público» en la ley del suelo, un «criterio para calcular las compensaciones» a los afectados por expropiaciones o la «revisión de las bases» de los contratos públicos. Recuerda también que estas competencias caían bajo «la responsabilidad de las autoridades del Gobierno regional valenciano» . Sin embargo, más de un año después, el informe critica que «la urbanización continúa imbatible en Valencia con nuevos proyectos que se aceleraron para beneficiarse de las ventajas de la vieja ley (LRAU) antes de que entrase en vigor la nueva en febrero de 2006» , en alusión a la LUV, también expedientada por la Comisión Europea.
Sesenta nuevas denuncias
Casham y Libicki conformaron la tercera delegación de la Eurocámara que estudió el urbanismo en la Comunitat y que, según el informe, tuvo una «considerable justificación. No sólo hay un procedimiento de infracción en camino, sino que hay nuevas peticiones» que se incrementaron este mismo mes, con 60 nuevas denuncias presentadas ante los diputados en su visita a las localidades valencianas.
De sus entrevistas con afectados y autoridades, los eurodiputados concluyeron que «de los 540 municipios que hay en la Región Valenciana, parece que entre el 25 y el 20%, concentrados esencialmente en la costa, han experimentado serios problemas resultado de un urbanismo extensivo, muchos de ellos con denuncias de corrupción en los últimos años» . Añaden que «un número considerable de los casos documentados en los ayuntamientos revelan planes urbanísticos que no emanan de necesidades de crecimiento poblacional y turístico, sino por su avaricia y codicia» . Hablan también de «ambiciones de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores» y de «ayuntamientos despiadados que aprueban a sabiendas nuevas construcciones en terreno no urbanizable».
Por el contrario, afirman en su informe que Pons «se negó a reconocer que haya problemas con el urbanismo y, si los hubiera, mantuvo que deberían resolverse en los tribunales» . El informe afirma que «en comparación con visitas previas, parece más claro que nunca que la ley del suelo se han inventado o al menos se ha interpretado en primer lugar teniendo en cuenta en interés de los promotores y urbanizadores y no con los derechos legítimos de los propietarios individuales o del entorno social o medioambiental» .
Por último, Libicki y Cashman hacen una mención especial a la actitud «arrogante» del conseller de Territorio, Esteban González Pons. El documento denuncia los «ataques» de que fueron objeto por parte de «eurodiputados y representantes de la comunidad empresarial» y critica las condiciones en que se dio la reunión con González Pons, de manera que fue «más en confrontación que constructiva» . Así, denunciaron un cambió de escenario «en el último momento» de una reunión en la que finalmente el conseller se presentó «flanqueado por promotores urbanísticos y agentes de viajes, que criticaron la visita y defendieron la ley de suelo valenciana y las actividades de la construcción» .
*Bruselas
*LEVANTE-EMV - 28 de marzo de 2007
Foto: Benidorm /losgenoveses
Marbella, un año después
EUROPA PRESS* : "Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Udyco-Costa del Sol pusieron en marcha hace un año, y bajo la dirección del juez de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, y la Fiscalía Anticorrupción, un dispositivo policial por el que registraron las principales dependencias municipales marbellíes, especialmente las vinculadas con Urbanismo. Actualmente, sólo cuatro de los 94 imputados conocidos hasta el momento en el denominado caso 'Malaya', contra la corrupción, están en prisión.
Las primeras estimaciones fueron que la valoración de los bienes incautados superaba los 2.400 millones de euros. Cerca de 300 obras de arte, más de 100 caballos de pura raza, toros, armas de gran valor, importantes cantidades de dinero, más de 14 vehículos de lujo, un helicóptero, un barco y unas 1.000 cuentas bancarias bloqueadas son algunos de los datos de esta operación, que comenzó a instruirse en noviembre de 2005 tras la declaración del jefe del departamento jurídico del Ayuntamiento, Jorge González; y en la que se han decretado fianzas que superan los 6,5 millones de euros.
El ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca; y el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta, al que se le atribuye el diseño de toda la organización societaria del anterior están en prisión desde el comienzo de la operación, el primero en Albolote (Granada) y el segundo en Alhaurín de la Torre. A estos se añade el ex alcalde Julián Muñoz, que está encarcelado desde finales de julio, ahora en Jaén; y el abogado Juan Hoffmann.
Ese mismo día 29, fueron detenidas 20 personas, entre ellas, además de Roca, la ex alcaldesa Marisol Yagüe, el secretario municipal, Leopoldo Barrantes; el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez; varios empresarios como Ismael Pérez Peña; así como testaferros del ex asesor de Urbanismo y seis abogados del despacho Sánchez Zubizarreta.
De madrugada, fue arrestada la entonces primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, cuando llegaba del viaje de luna de miel; y en los días sucesivos otras personas presuntamente vinculadas a la trama, como el jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo; hasta llegar a 29 detenidos en la primera fase de la operación policial, de los que 12 ingresaron en la cárcel.
El juez instructor envió a la prisión de Alhaurín de la Torre al presunto cerebro de la trama, a Yagüe, a García Marcos, a Pérez Peña, a la testaferro Monserrat Corulla, a Rodríguez, al empresario Rafael Llopis, a cuatro abogados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta Soriano y al también testaferro Oscar Benavente. De estos, sólo Roca y Sánchez Zubizarreta permanecen encarcelados.
Estas detenciones llevaron a la disolución del Ayuntamiento marbellí, cuyo decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el día 7 de abril, y a la constitución de una gestora, presidida desde finales de dicho mes por el abogado Diego Martín Reyes, hasta que se celebren, en mayo de este año, elecciones municipales.
SEGUNDA FASE
En la segunda fase de la operación 'Malaya', fueron detenidas 30 personas, entre ellas 13 ex concejales, además de constructores y personas relacionadas con el Consistorio marbellí. Tras las declaraciones, el juez decretó prisión para siete ex ediles marbellíes y un constructor, libertad bajo fianza para once personas y libertad con cargos para otras once. Posteriormente, ingresaron en la cárcel de Alhaurín de la Torre otros dos empresarios.
Así, en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) ingresaron los ex concejales del GIL Tomás Reñones, Vicente Manciles, Rafael González Carrasco, Rafael Calleja y José Luis Fernández Garrosa; el expulsado del PSOE José Antonio Jaén, que en la primera fase quedó en libertad con fianza; la ex edil del PA María José Lanzat; el empresario de Las Ventas Fidel San Román y, posteriormente, los también constructores Carlos Sánchez y Andrés Liétor.
A finales de julio, se produjeron cinco detenciones más, dentro de esta fase; en concreto del ex alcalde de la localidad Julián Muñoz, acusado de malversación y cohecho; del ex concejal del Partido Andalucista Pedro Pérez; y tres directivos de la constructora Aifos, el presidente, Jesús Ruiz Casado; el director general, Jenaro Briales; y el director financiero, José Andrés León.
De éstos, sólo se decretó prisión para Pérez, que salió más adelante en libertad bajo fianza; y para Muñoz, que aún sigue en la cárcel. El balance fue 33 nuevos imputados en una causa que en noviembre de 2006, un año después del inicio de las investigaciones, acumulaba ya al menos 62 presuntos implicados.
TERCERA FASE
La tercera fase policial profundizó en la trama de blanqueo y cohecho, en concreto relacionado con el ex alcalde marbellí Julián Muñoz, ya que se detuvo en noviembre a 12 personas, entre las que estaba la ex mujer de Muñoz, Maite Zaldívar, el hermano de ésta, un funcionario judicial, un director de banco y varios empresarios, como José María González de Caldas. No hubo prisiones en esta ocasión, sino fianzas para eludirla.
Asimismo, el juez Torres llamó a declarar, también por blanqueo, a la hija de Muñoz y a la mujer de Roca, quien meses después, este mismo mes de marzo, sería detenida junto con su hija, su hermano y la empleada de una inmobiliaria, presuntamente relacionada con el ex asesor de Urbanismo y loterías premiadas.
En medio, la Policía detuvo a dos abogados, uno de ellos aún en prisión; y a un joyero; y también a varios policías locales, en relación con una trama de subastas ilegales de coches. En total, que se sepa por el momento, 94 imputados, contando una trabajadora municipal, dos agentes de la Policía Local, un policía nacional y un guardia civil, cuyas imputaciones se han conocido en los sucesivos levantamientos del secreto de sumario.
SUMARIO
El sumario, con al menos 73 tomos, ha puesto de manifiesto que, para el instructor, Roca ha sido el que controlaba y dirigía las decisiones municipales "por encima de la alcaldesa", que no era sino "una marioneta" en sus manos. El papel de éste en todo el entramado de corrupción municipal es "el del jefe que influye en los concejales, ordena la aprobación de actos administrativos injustos, percibe cantidades para aprobar convenios y exige dinero para mantener contratos".
Así, el juez estima, a través de las sucesivas declaraciones y de los archivos encontrados en la empresa Maras Asesores, que el ex asesor de Urbanismo recibía dinero de los empresarios, que, luego, repartía entre los concejales que votaban las resoluciones presuntamente ilegales. Además, se servía de una serie de testaferros para ocultar propiedades, así como de "una complejísima estructura societaria", supuestamente creada por el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta.
Queda investigación por concluir, fundamentalmente relacionada con dinero en paraísos fiscales y con blanqueo de capitales. Además, queda pendiente localizar a dos imputados, como son el ex edil marbellí del PA Carlos Fernández y el empresario José Manuel Carlos Llorca, ambos con órdenes de detención.
*Diario Metro - Jueves 29 Marzo
Foto: Ayuntamiento Marbella /euroresidentes
La Operación Voramar dispara las denuncias por delitos urbanísticos ante la fiscalía de Palma
F.ARMENDÁRIZ.- Diario de Mallorca* : "El impulso que las fiscalías anticorrupción y de delitos medioambientales de Balears están dando, desde el pasado 27 de noviembre, al caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística en dicha localidad, ha animado a numerosas personas particulares y a entidades a formular nuevas denuncias ante el ministerio público. Los casos de los que se ha informado al ministerio público versan sobre temas diversos, aunque predominan los de presunta corrupción y los de supuestas irregularidades urbanísticas.
La fiscalía de Palma decidió a principios del pasado verano unificar en una sola causa el aluvión de denuncias que había ido recibiendo con antelación por supuestos delitos contra la ordenación del territorio en Andratx. Estas denuncias habían sido interpuestas por personas particulares, entre ellas concejales o afiliados de Unió Mallorquina en la localidad, sindicatos como Comisiones Obreras, partidos políticos, como el PSOE, organizaciones ecologistas como el GOB, etc.
Estas diligencias fueron declaradas secretas por el juzgado de instrucción 12 de Palma y dieron lugar, el 27-N, a la operación Voramar, con la detención de tres de los principales implicados en la supuesta trama de corrupción.
Efecto mimético
El enorme eco que en los medios de comunicación de toda España, e incluso del extranjero, ha tenido el caso Andratx ha hecho que otras personas se animen a informar a la fiscalía de más presuntos casos de corrupción o de delitos contra el medio ambiente.
El llamado caso cintas, otro presunto entramado de corrupció en torno al Ayuntamiento de Santa Margalida y personificado en su ex alcalde, Antoni del Olmo, ha sido otra de las investigaciones desarrolladas por la fiscalía en los últimos meses que también ha suscitado la interposición de otras denuncias.
Varios de los casos denunciados en las últimas semanas han dado lugar a la apertura de diligencias de investigación por parte del ministerio fiscal. Son temas que están en marchay en los que los fiscales están tratando de determinar si hay indicios delictivos.
*Diario de Mallorca - 28 de marzo de 2007
Foto: Andratx /guides
El Parlamento Europeo detecta abusos urbanísticos generalizados en España
EUROPA PRESS* : "Las autoridades locales, regionales y nacionales no ponen freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que en los últimos años se han extendido por numerosas localidades por medio de planes que incrementan la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los principales perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones. Éstas son, en general, la conclusiones del informe elaborado por la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha visitado Almería, localidades de la sierra de Madrid y de la Comunidad Valenciana para ver sobre el terreno los abusos urbanísticos que desde hace años han denunciado ciudadanos españoles y extranjeros.
Este informe viene precedido por otro que realizó la ONU, el pasado mes de diciembre, en el que ya se alertaba de la 'especulación urbanística' desenfrenada que vive España.
El Parlamento Europeo afirma que "la aplicación de las leyes de tierras sigue siendo problemática en muchas regiones autónomas españolas", donde se detectan "presiones para comprometerse en masivos desarrollos urbanos".
La peor parte del informe es para el Gobierno de la Comunidad Valenciana, donde advierte de los peligros para los residentes locales y donde la delegación constató la actitud "más arrogante" de sus autoridades y obtuvo "las menores explicaciones" sobre "proyectos urbanísticos que han conducido a la destrucción de muchas áreas costeras muy bellas y frágiles".
Por otra parte, Cashman y Libicki "lamentan sinceramente" que finalmente no se celebrase ninguna reunión con representantes del Ministerio de la Vivienda, con quienes les hubiera gustado hablar del proyecto de la nueva ley de suelo. La reunión se canceló por motivos que "no parecieron muy creíbles", según expusieron en su informe.
Negación de derechos
En términos generales, el informe constata que "la comisión de Peticiones continúa profundamente preocupada por el resultado de la negación continua y persistente de los legítimos derechos de muchos ciudadanos europeos en España, particularmente en la región valenciana, a sus tierras y casas".
Da cuenta de "un gran número de casos documentados" de ayuntamientos que han autorizado planes de desarrollo urbano "no por requisitos relacionados con el crecimiento de la población y el turismo" y "más debido a lo que parece ser su avaricia". Asimismo, aborda el enorme desarrollo urbanístico que ha acompañado a la "bonanza económica" española durante los últimos años y se pregunta "a cuántos dueños de compañías constructoras en España podemos encontrar en el top 100 de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo".
Afirma que "los residentes de repente encuentran que el tamaño y la población de su comunidad rural se ha multiplicado de manera desproporcionada", de lo que ellos no obtienen ningún beneficio, "pero los constructores sí".
También se observa como "otro fenómeno preocupante" que "cada vez más europeos compran propiedades de buena fe" y sólo después se enteran de que tienen que pagar más tasas a los constructores. "Esta es la Europa de la libertad de movimiento, de la libertad de mercancías y servicios, libertad para explotar en impunidad", proclama el informe.
Directivas incumplidas
El texto considera "probable" que entre las directivas europeas que se violan figuran las relativas al impacto medioambiental, la gestión de aguas y basuras, la fauna y "también muchos casos la directiva contra el lavado de dinero".
En este escenario, admite que las competencias del Parlamento Europeo son "relativamente limitadas", pero transfiere la "responsabilidad real" a las "comunidades autónomas y a las autoridades nacionales españolas" para "corregir este abuso percibido como generalizado", incluso "ante los tribunales si es necesario".
Reclama a la Comisión Europea que actúe para investigar "posibles infracciones" de la ley de la UE; a las autoridades locales, regionales y nacionales "sobre todo de la Comunidad Valenciana", a que "respeten la ley y que se limiten los "poderes excesivos" que en ocasiones disfrutan los constructores.
Sugiere una mayor implicación ciudadana en los planes de desarrollo urbanístico y que se creen tribunales especiales en las comunidades autónomas y se estudien eventuales compensaciones a quienes han perdido sus propiedades por la aplicación de algunas leyes del suelo.
*El Mundo - 27/03/2007
Foto: Parlamento europeo /imanol
Los eurodiputados critican los planes urbanísticos aprobados por la "codicia"
CristinaVÁZQUEZ.- EL PAÍS* : "Los eurodiputados que el pasado febrero viajaron a España para investigar denuncias sobre abusos urbanísticos culpan a algunos ayuntamientos de aprobar planes urbanísticos sobredimensionados por "avaricia o codicia", según el informe que ayer presentaron al pleno del Comité de Peticiones en Bruselas. "Los residentes ven a menudo cómo la población de sus pueblos se multiplica fuera de toda proporción por la ambición de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores", dice el texto, que denuncia abusos generalizados en España.
El informe no puede ser más contundente: "Los ciudadanos europeos se han convertido en víctimas de ayuntamientos despiadados que aprueban a sabiendas nuevas construcciones en terreno no urbanizable. Los ciudadanos se convierten en culpables; la autoridad municipal, en un intermediario pasivo; el gobierno regional se lava las manos y las autoridades nacionales dicen que no pueden interferir a pesar de las directivas europeas".
El documento critica abiertamente que estas administraciones no estén poniendo freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que se han extendido por numerosas localidades por medio de planes que multiplican la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los grandes perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones. La peor parte se la lleva la Comunidad Valenciana, porque, según cita el informe, "a pesar de las promesas [del Gobierno autonómico] y la aprobación de nuevas leyes [como la LUV] se han conseguido pocas mejoras" después de tres visitas del PE y una batería de recomendaciones.
Según el informe, "de los 540 municipios valencianos, cerca del 15% ó 20%, concentrados sobre todo en la costa, han experimentado graves problemas derivados de una urbanización extensiva, muchos de los cuales han incluido denuncias de corrupción en los últimos años".
El vicepresidente del Comité, el laborista inglés Michael Cashman presentó por la tarde al pleno de este organismo consultivo un resumen oral del informe, cuyo debate se aplaza al 11 de abril a petición del eurodiputado del PP Luis Herrero, que apeló a un artículo que exige que los informes se traduzcan a varias lenguas antes de ser debatidos. Libicki le dio la razón y estableció que el documento se discutirá en dos semanas.
Aplazado el debate del informe, los eurodiputados se centraron en el trato dado a la delegación por parte de las autoridades valencianas. David Hammerstein, de Los Verdes, denunció las "trabas y los insultos" a los que se enfrentaron los dos eurodiputados. El popular Luis Herrero pidió disculpas en nombre del PP por las ofensas personales que pudieran haber recibido ambos. "Disculpas si alguien se ha considerado maltratado", dijo Herrero. Willy Meyer (IU) expresó su solidaridad con la delegación y reprobó la conducta de la Generalitat. Carlos Carnero (PSOE) sugirió que se adjunten al informe los recortes de prensa y grabaciones audiovisuales sobre los insultos. La eurodiputada liberal italiana Luciana Sbarbati planteó incluso la posibilidad de presentar una resolución de condena porque el trato ofrecido a Libicki y a Cashman es un desprecio al conjunto de la Eurocámara. Cristina Gutiérrez (PP) precisó que sentía mucho los insultos, si bien excluía de los mismos las palabras "partidista" y "electoralista". Cashman agradeció las muestras de apoyo y reconoció el buen trato que brindaron a la delegación tanto las autoridades de Madrid como el conjunto de los peticionarios.
Hammerstein aseguró a la salida que el urbanismo valenciano "está muy enfermo y la receta europea exige cambios de envergadura". El socialista Joan Calabuig apostó por reconducir el modelo y calificó de "poco inteligente" la actitud de la Generalitat con los eurodiputados.
Un representante de la Comisión Europea, presente en el pleno, anunció que estudiarán el informe en profundidad.
*ELPAIS.com - Valencia - 28/03/2007
Foto: Atomium Bruselas /Lycos
Mallorca ¿balneario de asfalto?
JoanAmer.- REBELIÓN* : "Una isla sacrificada al turismo.- En la década de los sesenta, Mallorca se incorpora como periferia de placer en el circuito capitalista europeo. Es el inicio del turismo de masas de las clases medias y trabajadoras de los Estados de bienestar del norte de Europa, principalmente Gran Bretaña y Alemania. También es la época del boom económico español de los sesenta, en el marco de la dictadura franquista, que utiliza el turismo como fuente de divisas y de legitimación política. El modelo económico-turístico va muy ligado a la explotación del territorio.
En las primeras etapas del turismo (décadas de 1960 y 1970) se produce una ocupación intensiva del litoral de Mallorca mediante la construcción de hoteles. Es importante la construcción del aeropuerto de Son Sant Joan y la autovía desde el aeropuerto a la capital (Palma), financiados por el Banco Mundial.
En la década de los ochenta continúa el crecimiento turístico y urbanístico con la construcción de apartamentos, principalmente en el litoral. A mediados de la década de los noventa, una vez superada la crisis de la guerra del Golfo Pérsico, con la liberalización del sector aéreo y la ampliación del aeropuerto de Son Sant Joan, Mallorca pasa a ser también un destino turístico residencial. Desde las instituciones políticas se apoya este modelo: el presidente autonómico, Gabriel Cañellas, manifiesta pocos años antes, en la sesión de investidura de 1991, que “Baleares tiene que convertirse en la segunda residencia de Europa”.
El turista residencial tiene o alquila una casa, y viene varias veces y en estancias más cortas (lo que supone un mayor uso del transporte aéreo). La gran oferta de vuelos (especialmente de bajo coste) desde Gran Bretaña y Alemania permite el aumento de los turistas residenciales. A ello hay que unir el auge de la construcción de segundas residencias, en parte inversión alemana antes de la entrada del euro. A su vez, el turismo hotelero mantiene un buen ritmo.
En el inicio del siglo actual, se produce una ralentización del crecimiento económico, ligada al descenso de los turistas provenientes de Alemania. El país germano vive una crisis económica y un desmantelamiento del Estado de bienestar, lo que impacta en las vacaciones de las clases medias y trabajadoras alemanas. El Gobierno autonómico, a partir de 2003, con el retorno al poder del Partido Popular, encabezado por el exministro Jaume Matas, después de un paréntesis de cuatro años, inicia una etapa desarrollista de construcción de infraestructuras, principalmente autovías.
El modelo económico-turístico mallorquín presenta serios síntomas de agotamiento: deslocalización empresarial, aumento de la competencia en el Mediterráneo, crecimiento de la desigualdad social... Ante esta situación, la receta desde el Gobierno autonómico es “más madera”. Con la construcción de más red viaria se persigue la constitución de toda la isla como una zona urbana residencial, que permita el rápido acceso desde el aeropuerto a las segundas residencias de toda Mallorca. Este mismo proceso se está viviendo con la misma intensidad en Eivissa –con una fuerte resistencia popular en los últimos meses–, mientras que en las otras islas, Menorca y Formentera, de momento no se produce del mismo modo.
La respuesta: el ecologismo como movimiento social
El movimiento social más significativo en la Mallorca contemporánea es el ecologismo, concretado principalmente en el movimiento por la defensa del territorio. Esto no es casual: como se ha dicho, uno de los aspectos más importantes del cambio socioeconómico que conlleva la aparición de la economía turística es la ocupación progresiva del territorio.
El ecologismo en Mallorca no es igual únicamente a GOB (Grup balear d’ornitologia i defensa de la naturalesa, principal entidad ecologista isleña), es toda una cultura política. El GOB, como organización, se ha constituido en un eje muy importante de este movimiento, pero la cultura política ecologista en Mallorca también se difunde ampliamente a través de múltiples plataformas y colectivos, así como a través de agentes de socialización como, por ejemplo, las escuelas y los grupos de tiempo libre.
El ecologismo, y el GOB en particular, es un actor público significado en el debate político insular, que tiene como uno de sus ejes principales el modelo territorial y turístico. El GOB es un referente de la izquierda social por el amplio calado de sus luchas contra las políticas urbanísticas impulsadas por el Partido Popular. Además, el movimiento de defensa del territorio en Mallorca tiene por delante un largo recorrido, porque aglutina personas, colectivos y agentes de muy diversas procedencias sociales; aunque, como en la mayoría de estos movimientos, las personas de las nuevas clases medias urbanas con capital cultural sean el principal grupo.
Ante la última etapa expansiva del Partido Popular con la construcción de una red viaria sobredimensionada, se han articulado una lucha en dos etapas. En la primera, se han organizado autónomamente distintas respuestas concretas a cada una de estas infraestructuras. Son los casos de la Plataforma contra el 2on Cinturó (contra una segunda ronda de circunvalación que incrementaría el perímetro urbano de Palma) y la plataforma Autovia No (contra una autovía que pretendía cruzar todo el centro de la isla, de Inca a Manacor). Esta primera etapa culminó con una manifestación de 50.000 personas por las calles de Palma, bajo el lema Estima’m. Qui estima Mallorca no la destrueix (Ámame. Quien ama Mallorca no la destruye).
En una segunda etapa, se ha lanzado la campaña Salvem Mallorca, que aglutina las distintas luchas y propugna una defensa conjunta del territorio de Mallorca. Esta campaña tiene como eje principal una iniciativa legislativa popular (ILP) que promueve una ley para una mayor protección del territorio de las Illes Balears. La ILP* quiere hacer frente a las distintas agresiones al territorio, como el crecimiento urbanístico, y la construcción de autovías, campos de golf, y puertos deportivos.
* Joan Amer es sociólogo y miembro del GOB, Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
(*) Para más información ver www.gobmallorca.com y www.salvemmallorca.org
*El ecologista
*Rebelión.org - 28-03-2007
Los españoles están cada vez más hipotecados
Agencias* : "Los españoles están cada vez más hipotecados y expertos temen que algunas familias no puedan afrontar los pagos a medio plazo por lo que aumenta el número de clientes de bancos y cajas que renegocian sus condiciones sobre todo para mejorar el tipo de interés. Todo ello, en medio de una desaceleración del sector inmobiliario en España. El precio del metro cuadrado se incrementó un 11,47% de media entre el segundo semestre de 2005 y el segundo semestre de 2006, un dato sensiblemente inferior a la subida del 18,39% registrada entre los años 2004 y 2005.
Mientrastanto, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas en España se ha incrementado un 13,15% en el último año situando el coste medio en 147.332 euros, más de 24 millones de las antiguas pesetas.
En el último año han aumentado más de un 33,3% el número de hipotecas que han decidido renegociarse. Actualmente la media se sitúa tanto para bancos como para cajas de ahorros en el 4,3% con un plazo medio de amortización de 26 años, según datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística.
La Asociación de Profesionales Asesores de Independientes Financieros (AIF) ha advertido de que, debido a que muchas familias contrataron sus hipotecas sin tener en cuenta las posibles subidas del Euribor, ahora se encuentran endeudadas y no tienen margen de ingresos para afrontar las cuotas.
Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, descartó una crisis hipotecaria como la que vive Estados Unidos e hizo hincapié en la baja tasa de morosidad de este tipo de créditos en España.
Solbes explicó que en España no existe el modelo de hipotecas de alto riesgo que está tan desarrollado en EE.UU. y que se sitúa en el centro del problema que vive su economía, al aumentar la tasa de impagos. Recordó que los créditos hipotecarios en España los conceden los bancos e insistió en que, en este ámbito, "nuestra preocupación es muy pequeña". El ministro recalcó la baja tasa de morosidad de estos préstamos, que ronda el 0,4 por ciento del total, por lo que constituye un "problema menor" para la economía española.
Durante el pasado mes de enero el importe medio por hipoteca constituida en España se situó en 166.626 euros, un 14,8% más que en el mismo mes de 2006 y un 1,5% superior al registrado en diciembre. En el primer mes del año, se hipotecaron un total de 181.296 fincas rústicas y urbanas, lo que supone un incremento del 5,20% respecto al mismo mes del año anterior, por valor de 30.208 millones de euros, un 20,8% más.
Las cajas de ahorro fueron las entidades que concedieron mayor número de préstamos hipotecarios en enero de este año, con el 60,2% del total, seguidas de los bancos (31,5%) y de otras entidades financieras (8,3%).
En cuanto al capital prestado, las cajas de ahorros concedieron el 59,3% del total, los bancos el 33,4% y otras entidades, el 7,3%.
El tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorro fue del 4,33% y el plazo medio de 26 años, mientras que los bancos prestaron a un tipo de interés del 4,34% y un plazo medio de 26 años.
El 98,3% de las hipotecas constituidas en enero utilizó un tipo de interés variable, frente al 1,7% que se decidieron por el tipo fijo. Dentro de los variables, el Euribor fue el tipo de interés de referencia más utilizado en la constitución de hipotecas, ya que figuró en el 85,4% de los nuevos contratos.
Modificar para mejorar
Cada vez es más habitual realizar cambios en las condiciones hipotecarias con el objetivo de mejorarlas, sobre todo en lo referido a los tipos de interés. Así, el pasado mes de enero se modificó las condiciones de un total de 26.182 hipotecas, lo que supone un crecimiento interanual del 33,3%. En el caso de las viviendas, el número de hipotecas que modificaron sus condiciones aumentó un 37%.
La mayoría de las modificaciones (19.466) fueron novaciones, es decir fueron mejoras en la misma entidad financiera, mientras que otras 4.445 fueron subrogaciones al acreedor con cambio de entidad. Además, un total de 2.271 hipotecas cambiaron de titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), lo que supone un incremento del 78,1% en tasa interanual.
De las 26.182 hipotecas que cambiaron sus condiciones en agosto, casi la mitad de ellas (13.354) llevaron a cabo modificaciones en los tipos de interés. De esta forma, el porcentaje de hipotecas a tipo fijo se redujo significativamente después del cambio de condiciones, pasando de representar el 7,6% a únicamente el 1,7% del total, ya que la mayoría de estos préstamos pasan a estar referenciados a un tipo de interés variable.
Dentro de la estructura de tipos de interés, el Euribor es la referencia más importante. Además, su interés medio es el más bajo antes del cambio (3,87%) y después del cambio el interés medio más bajo es el referente a otros tipos de interés (3,54%). Tras las modificaciones, el interés medio de los préstamos se redujo 0,55 puntos en las hipotecas a tipo fijo y aumentó 0,17 puntos en las hipotecas a tipo variable.
Respecto a las cancelaciones, en enero se saldaron registralmente un total de 79.273 hipotecas, lo que supone un aumento interanual del 4,2%. Las hipotecas canceladas sobre fincas rústicas aumentaron un 0,6%, mientras que las canceladas sobre fincas urbanas lo hicieron en un 4,3%. El número de cancelaciones sobre viviendas creció un 7,9% en tasa interanual. El 97,4% de las hipotecas canceladas correspondió a fincas urbanas y el 2,6% a fincas rústicas. Dentro de las urbanas, el 75% fueron viviendas.
Desaceleración del sector
Asimismo, el precio del metro cuadrado de vivienda se incrementó un 11,47% de media entre el segundo semestre de 2005 y el segundo semestre de 2006, un dato sensiblemente inferior a la subida del 18,39% registrada entre los años 2004 y 2005, lo que indica una desaceleración en el crecimiento de los precios. Ésta es una de las principales conclusiones que se desprende del estudio sobre el mercado de la vivienda elaborado por la franquicia inmobiliaria Tecnocasa juntamente con la Universidad Pompeu Fabra.
Barcelona, con un precio de 4.487 euros por metro cuadrado, L'Hospitalet de Llobregat -Barcelona- (4.186 euros), Madrid (4.034 euros) y Bilbao (3.588 euros) son las cuatro ciudades estudiadas con mayores precios de España.
El director del informe, el catedrático de Economía Aplicada de la UPF Jaume García, ha apuntado que una de las consecuencias de la desaceleración de los precios de la vivienda es que la presión de la demanda en el mercado español ha disminuido.
Así, el dato de la media de jornadas transcurridas entre la salida al mercado de una vivienda y su venta ha aumentado 20 días en tan sólo un año, pasando de 88 en el segundo semestre de 2005 a 94 en la primera mitad de 2006, hasta los 108 días de promedio que requería en el segundo semestre de 2006.
El estudio de Tecnocasa indica que el perfil más habitual de comprador de una vivienda en el período estudiado es el de una persona de 33 años de media, con estudios primarios y contrato laboral indefinido, con nacionalidad española y soltero y cuya renta neta oscila entre los 1.400-1.500 euros mensuales.
El número más habitual de titulares de una vivienda es de dos personas y para sufragar la compra firman una hipoteca de 185.160 euros a unos 34 años de media, por lo que alcanza una proporción del 73,7% del total del coste del inmueble.
Los 185.160 euros de media por hipoteca suponen un crecimiento interanual del 13,46%, lo que implica un mantenimiento de la tendencia al incremento de precio de las hipotecas firmadas.
Los responsables del estudio han explicado que los consumidores compensan el aumento de la deuda contraída con el banco con un alargamiento del plazo para pagar ya que en el estudio se ha registrado que el 34,85% de las hipotecas que se firman son a 40 años, en contraposición al dato de anteriores estudios, en los que predominaba un plazo de 30 años.
Por nacionalidades, los españoles continúan siendo los principales compradores de vivienda (64,18% de las operaciones), aunque destaca la importancia de los ciudadanos del continente americano, que acumulan un 20,59% de las adquisiciones de vivienda que se realizan en España, con especial relevancia de los ecuatorianos (10,33% del total).
Jaume Garcia ha aseverado que la inmigración tiene un impacto significativo en el mercado inmobiliario español ya que las compras que realizan crecen cuatro puntos porcentuales anuales respecto a anteriores informes.
Por su parte, el presidente de Tecnocasa en España, Paolo Boarini, ha asegurado que para los ciudadanos "es el mejor momento para comprar" porque "la fiebre de comprar" vivida en los años anteriores ha cesado.
Boarini también ha asegurado que el sector de la intermediación vivirá una redefinición en los próximos años, ya que las pequeñas inmobiliarias que afloraron al calor del "boom" de precios desaparecerán por falta de eficiencia y tamaño.
Rebajas de hasta el 20%
La Asociación de Profesionales Asesores de Independientes Financieros (AIF) ha advertido de que, debido a que muchas familias contrataron sus hipotecas sin tener en cuenta las posibles subidas del Euribor, ahora se encuentran endeudadas y no tienen margen de ingresos para afrontar las cuotas. La AIF ha hecho pública su postura en un comunicado en el que además señala que el hecho de que los compradores no puedan pagar sus hipotecas ha motivado que estén saliendo a la venta viviendas "un 20% por debajo del precio que se solicitaba hace tres meses".
Para paliar las estrecheces económicas fruto del endeudamiento, las familias recurren cada vez más a los servicios de reagrupamiento de préstamos y a los créditos rápidos, muchas veces sin el asesoramiento de profesionales que les prevengan acerca de la prolongación de plazos de hipoteca que conlleva el primero, o los elevados costes que comporta el segundo.
La AIF ha insistido en la necesidad de que las familias recurran siempre a una entidad financiera y regulada, con la supervisión de un profesional de la asesoría, antes de embarcarse en una hipoteca sin conocer exactamente sus condiciones.
*La Vanguardia - 28 de marzo 2007
Viñeta: Idígoras y Pachi en El Mundo
Arona perdió 40 millones por las licencias que investiga la Justicia
R.PÉREZ ALMODÓVAR.- Canarias Ahora* : "La valoración económica aproximada de los daños al patrimonio público causado por la concesión de más de 200 licencias urbanísticas supuestamente ilegales en el municipio de Arona asciende a unos 42 millones de euros. No obstante, esta cantidad podría aumentar, ya que se trata de una primera estimación, y la Fiscalía, que ha elevado una querella criminal contra el alcalde, José Alberto Rodríguez Reverón (Coalición Canaria) y el concejal de Urbanismo, Manuel Barrios (Centro Canario), está en proceso de practicar las pruebas necesarias para determinar con mayor exactitud el daño causado al erario público.
El propio alcalde reconoció en enero pasado, en una reunión con vecinos afectados por el Plan General, que su casa (casa de la familia) en el muncipio de Arona también es ilegal.
La Fiscalía delegada de Medio Ambiente interpuso una querella criminal contra el alcalde y el concejal de Urbanismo de Arona por un delito continuado contra la ordenación del territorio, por la sistemática concesión de licencias urbanísticas (en la denuncia se contabilizan 213) y por delito continuado de prevaricación, por la contratación sistemática de contratos menores a 12.000 euros para evitar el concurso público (se denuncian 79 casos).
El juzgado de Instrucción número 8 de Arona, que lleva la causa, tuvo que enviar varios agentes judiciales al Ayuntamiento la semana pasada para impedir el acceso a los locales donde se encontraban los expedientes, antes de proceder posteriormente a su traslado al Juzgado.
Los primeros 213 casos investigados se refieren a concesión de licencias urbanísticas, de los que 191 son licencias de obra mayor, 9 por licencias de primera ocupación, 3 por licencias de segregación, 7 por licencias de obra menor y una por cambio de uso.
En el expediente se investigan 120 casos por sistemática concesión de licencias (la mayoría de obra mayor) por vulneración de las normas urbanísticas y con la advertencia de esta circunstancia (ya que la amplia mayoría tiene informes desfavorables de los servicios jurídicos municipales y del secretario municipal), lo que constituiría un delito continuado contra la ordenación del territorio.
En un segundo grupo, hasta 93 casos, se agrupan los casos de licencias que infringen la normativa urbanística por causas diversas: ser contrarias a las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, contravenir el Plan General de Ordenación Urbana vigente en Arona (al estar el Plan en procedimiento de revisión han de ajustarse al planeamiento vigente) y sus normas urbanísticas y licencias contrarias al Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de Canarias.
También en este grupo figuran licencias contrarias a los artículos 170.4 y 5 del Decreto Legislativo 1/2000, en cuando no han obtenido la autorización previa exigida por la legislación sectorial de aplicación o la calificación territorial, por ser contrarias al Plan General en revisión, por infringir las normas de habitabilidad, funcionalidad y seguridad y licencias contrarias al reglamento de planeamiento, a un Estudio de Detalle y al mismo Decreto Legislativo 1/2000.
79 contratos a dedo
La segunda parte del expediente judicial incluye la investigación de 79 contratos adjudicados sin concurso público, a dedo, para lo que fue necesario su fraccionamiento. Es decir, para no sacar a concurso público un contrato de 60.000 euros, por ejemplo, se dividía cinco veces en contratos de 12.000 euros, otorgándose al mismo adjudicatario.
La mayor parte de estos contratos se adjudicaron a Félix Quemada Nieto, a quien fuentes de la investigación sitúan en la órbita de Manuel Barrios, y a las empresas Ferralla Santana SL, Construcciones Pepe de la Rosa, SL y Flores y Plantas del Noroeste SLU.
Por este motivo, se ha interpuesto la querella criminal por un delito continuado de prevaricación contra el concejal de Urbanismo, Manuel Barrios, y el alcalde, José Alberto González Reverón.
*Canarias Ahora - 26/03/2007
Foto: Las Américas (Arona) /hotspotz
Casas a 15 euros al mes
CUT-BAI.- Rebelión* : "El acceso a una vivienda se ha convertido en la mayor preocupación personal de los ciudadanos, según el barómetro del CIS, por delante incluso del desempleo, el terrorismo o la inmigración. España, junto con Italia, es el país de la UE donde los padres más aguantan a los hijos en casa -se independizan a los 34 años como media- pese a que es también el lugar con la mayor tasa de viviendas del mundo: 23.700.600 millones, 51 casas por cada 100 habitantes. Marinaleda y El Coronil (Sevilla) demuestran que otra política de vivienda es posible.
Mientras la mayoría de la gente se las ve y se las desea para acceder a una vivienda a sabiendas de los altísismos precios de las viviendas, en Marinaleda comprar una casa cuesta 15 euros al mes. No hay errata: 15,52 euros para ser precisos incluyendo los 50 céntimos que carga el banco por expender el recibo. Es decir, que la factura mensual de la vivienda -90 metros cuadrados repartidos en dos plantas, 100 metros de patio, tres habitaciones, salón, baño, aseo, cocina, azotea y una pequeña terraza- equivale al precio de dos entradas de cine con sus correspondientes palomitas. El mismo piso pero sin patio, de segunda mano, en Triana, uno de los barrios populares de Sevilla, supondría una hipoteca de unos 1.000 euros al mes durante 30 años.
Aplicando Constitución
El misterio de este milagro lo explica el Alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo , portavoz nacional de la CUT, en cinco palabras: «Artículo 47 de la Constitución» . Lo que han hecho, asegura, no ha sido sino aplicar al pie de la letra lo que dicta la norma máxima.
El primer paso que dio Marinaleda fue hacerse con un buen trozo del suelo municipal y declararlo urbanizable y de titularidad pública. A todo vecino que necesite una casa, el Consistorio le facilita sin coste alguno el suelo. «El suelo supone el 60% del valor final de la vivienda y el Ayuntamiento lo facilita gratis a los vecinos que quieran implicarse en la construcción de su propia casa, así reducimos el precio final más de la mitad», explica el Alcalde.
Fulminada la partida más cara, el suelo, se buscó el modo de que los materiales tampoco costaran un duro. «También ponemos a su disposición los materiales mediante convenio con la Junta, el arquitecto que realiza el proyecto y los albañiles. Al final, la vivienda les sale por unos 36.000 euros, cuando el precio normal sería por lo menos el doble o el triple, que pueden ir pagando con cuotas de 15 euros al mes».
Los albañiles que levantan la estructura son contratados por el Ayuntamiento como refuerzo, para dirigir a los autoconstructores y suplir la falta de oficio con la paleta de algunos de los vecinos.
Al precio final de 36.000 euros, la cantidad que debe pagar la familia se le descuentan las jornadas (a 40 euros) que el autoconstructor ha trabajado en la obra. Una familia que haya trabajado 400 peonadas se libra de un plumazo de 16.000 euros de la deuda. Es decir, que les queda por pagar 20.000 euros. Y puesto que su recibo mensual es de 15 euros, 180 euros al año, tardarán unos 111 años en abonar el coste total de la casa. Hasta entonces, esta familia no tendrán en su mano la escritura que los acreditará como dueños de la vivienda. No podrían, por tanto, venderla ni especular ni enriquecerse a costa de ella hasta el 2117. La idea es que los hijos hereden el legado: la deuda de 15 euros al mes y la vivienda.
Bajo esta fórmula se han construido 350 viviendas, otras 20 están en construcción y 100 más en proyecto. El único requisito es estar empadronado en el municipio y llevar allí como mínimo dos años.
Nos preguntamos: ¿Cómo es posible que haya tres millones de casas vacías y se construya a un ritmo frenético -500.000 viviendas en 2004, 800.000 en 2005, 850.000 en 2006- cuando es imposible para los jóvenes acceder a ellas?.
Para la CUT está claro: Es la especulación. Muchas de las viviendas no se compran por necesidad sino para especular, para comprarla por cinco y venderla por 30. Algo que las estadísticas oficiales confirman: El 37% de los españoles sabe, ya sea por actuación propia o por la de algún familiar o conocido, de alguien que ha hecho una compraventa de vivienda con el único fin de hacer negocio.
Pero como Marinaleda o El Coronil demuestran otra política de vivienda es posible.
*Rebelión.org - 27-03-2007
Calp cambia el PGOU para situar un hotel de 24 pisos en la playa
NeusGÓMEZ.- El PAÍS* : "El alcalde de Calp, Javier Morató, del PP, ha facilitado la la construcción de un hotel a escasos seis metros del mar, mediante una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente desde 1989. El edificio, promovido por la sociedad Ifach Mar SL, propiedad de Manuel Ferrando, intimo amigo del regidor, levantará 24 plantas y se convertirá en el edificio más alto de cuantos se hallan a primera línea de la playa, el resto son de 13 alturas.
Las modificaciones realizadas por el grupo popular en el PGOU han permitido que varios promotores puedan levantar desproporcionadas edificaciones en las playas del municipio, al no obligar a retranqueos por estar en primera línea. Además de permitir que se pueda edificar en parcelas de 500 metros cuadrados, cuando antes se exigía un mínimo de 1.000 metros cuadrados.
Este tipo de abusos urbanísticos promovidos por el grupo popular han favorecido que sea terreno urbanizable primerísima línea de playa, facilitando a los promotores a través del PGOU, ya que cumplen todos los requisitos legales, llegar incluso a poder proyectar hasta tres plantas de sótano para aparcamientos a seis metros del mar, como es el caso del hotel que se ha empezado a construir.
El PGOU tampoco exige una altura máxima para las edificaciones en la playa, y deja "altura libre" a cualquier torre que un promotor desee proyectar, como es el caso del nuevo hotel, que superará los 100 metros de altura, y será el más alto de los que hasta ahora se encontraban próximos al mar y que estaban construidos hace más de 20 años.
Además, el planeamiento de Calp autoriza la división horizontal en sus edificios, por lo que se contempla que los proyectos destinados a uso hotelero también pueden obtener una licencia que les permita, en un futuro y en caso de finalizar la actividad de explotación hotelera, venderse como viviendas. El hotel, de cuatro estrellas, contará con las tres plantas de sótano, la planta baja y 24 alturas donde se habilitarán 294 habitaciones.
*ELPAIS.com - Xàbia - 26/03/2007
Foto: Calpe /gospain
Vivienda Digna - 24m
Fotos 24 de Marzo de 2007.- Manifestación por una Vivienda Digna: 1.Barcelona - 2.Sevilla
vdevivienda.megaslibres.com
10 metros cuadrados, 90.000 euros
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ClaudiPÉREZ.- EL PAÍS* : "Un piso en el centro de Barcelona por 90.000 euros. Es decir, 15 millones de pesetas, la moneda que aún predomina en los anuncios callejeros de viviendas. Otro piso en pleno corazón de Madrid, 83.000 euros. Son dos gangas en toda regla: es tremendamente difícil encontrar algo tan barato en las dos grandes ciudades españolas. Sólo hay un problema. De tamaño.
El piso de Barcelona -en Gràcia, un barrio con solera y, de paso, con un potente movimiento okupa- tiene 12 metros cuadrados construidos y 10 útiles; el de Madrid, 15 metros al pie del museo Reina Sofía.
A su lado parecen espaciosos los llamados minipisos de protección oficial de 30 metros cuadrados para jóvenes propuestos por la ministra María Antonia Trujillo. A pesar de la polémica mayúscula que causaron hace un año esas "soluciones habitacionales" de 30 metros, el mercado demuestra a diario que tiene sus particulares mecanismos para remediar los problemas más complejos.
La propietaria del piso de Gràcia abre una fina puerta y descubre un antiguo despacho situado en un semisótano, iluminado por un ventanuco que da a un patio interior. Y vestido con un sofá cama, una cocina eléctrica, un microondas, una pantalla plana de televisión, un armario y un ventilador en el techo. Es decir: salón, cocina y habitación, todo en uno. De una pared a otra, apenas tres zancadas. En el baño, separado por una puerta corredera, menos de dos metros cuadrados con un plato de ducha y un retrete. Eso es todo.
"Puedes poner estanterías para aprovechar el espacio", afirma la vendedora, que aún tiene otro as en la manga: el piso se vende junto con un trastero de ocho metros cuadrados. En total, piso más trastero por 100.000 euros. Pese a que puede surgir alguna dificultad, que la propietaria no esconde en ningún momento: "La Administración no concede la cédula de habitabilidad en un piso tan pequeño. Pero los bancos no ponen problemas para conceder un crédito sobre el 60% del importe". "Tengo varios pisos más así", aclara para disipar dudas. José Luis Gallego, experto en vivienda del Gobierno catalán, va un poco más lejos en lo relativo a las prácticas bancarias: "Me consta que algunos bancos no tienen problemas para financiar el 100% del importe aunque no haya cédula".
Gallego no tiene dudas a la hora de encontrar una definición para el piso de las fotos: "Es una infravivienda". "Las hay a montones en Barcelona, en Madrid y en todas las grandes ciudades. Para ser calificadas como viviendas deberían tener al menos 20 metros útiles", describe. Para la Administración es difícil impedir la venta de estos pisos. "La mayoría no están escriturados como viviendas, y por lo tanto no están sujetos a ningún régimen sancionador, ni siquiera se pueden perseguir por la vía civil", dice.
En Internet hay una gran variedad de pisos en oferta en condiciones parecidas: 11 metros cuadrados en Ciutat Vella, también en Barcelona, por 82.000 euros. Se trata de un antiguo cuarto de portería que vende una conocida inmobiliaria. Tampoco tiene cédula de habitabilidad. En Lavapiés (Madrid), la oferta por el piso de 15 metros cuadrados tiene también el sello de garantía de una inmobiliaria. "Por ese precio es una maravilla", asegura el vendedor, que abre la puerta y muestra un piso muy similar al de Barcelona pero sin amueblar: unos bajos con una ventana que da a un patio, un salón que incluye la cocina eléctrica y, a tres zancadas, un baño con media bañera. Eso sí, con la cédula en orden.
Con la polémica sobre los pisos de 30 metros se abrió un debate sobre cómo aprovechar ese espacio. La mitad de esa superficie es el más difícil todavía. "A esos pisos de poco más de 10 metros se les puede llamar cualquier cosa -cuchitril, cueva, trastero- menos hogar", sostiene el economista Julio Rodríguez.
*ELPAIS.com - Madrid - 24/03/2007
Foto: Piso de 12 metros cuadrados- JOAN SÁNCHEZ
Los responsables del urbanismo de Altea tienen negocios en proyectos que autorizan
SergiCASTILLO.- EL PAÍS* : "El jefe del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Altea desde 1993, Ángel Pérez Iñesta, está vinculado a varias sociedades dedicadas a la compra, venta, promoción, construcción, urbanización, explotación y rehabilitación de fincas urbanas, industriales y terrenos con sede en Altea. Además el técnico realiza proyectos y asesora a empresas que operan en Altea desde su despacho en Sant Joan d'Alacant, donde ejerce como abogado. Pérez Iñesta es uno de los redactores del plan parcial Puentes del Algar (5.775 viviendas y campo de golf de 18 hoyos).
La cúpula del departamento municipal de Urbanismo en Altea (Ayuntamiento gobernando por el PP con mayoría absoluta) comparte despacho privado en la localidad de Sant Joan d'Alacant, desde donde desarrollan proyectos y convenios urbanísticos de los que después tienen que informar jurídicamente y técnicamente. El equipo está conformado por el propio Pérez Iñesta, Ana Beltri, arquitecta municipal, y Alfonso Rodríguez, arquitecto técnico en contrato de prestación de servicios, aunque con ellos colaboran numerosos abogados y arquitectos vinculados a otros consistorios y empresas. Los dos primeros son socios en la sociedad Ciudades y Programas S.L. dedicada a prestar servicios de arquitectura, urbanismo y derecho.
El abogado Pérez Iñesta es uno de los redactores del plan parcial Puentes del Algar (5.775 viviendas, campo de golf de 18 hoyos, cuatro zonas hoteleras y 20.000 nuevos habitantes) de la mercantil Altea Futura, perteneciente al grupo Ballester. El gerente de Altea Futura y Edificaciones Calpe hasta 2005 era José María Comín, socio de Pérez Iñesta en todos sus negocios radicados en Altea, en empresas como Medinvest Consult SL, Euro Home SL y Mediterránea Blue Gate SL, dedicadas a la promoción inmobiliaria con una oficina abierta en Altea.
Pese al interés manifiesto de su socio, el jefe de Urbanismo ha sustentado con sus informes toda la tramitación de este PAI. El Grupo Ballester, al que ha estado vinculado el socio de Pérez Iñesta como gerente y consejero, es el principal promotor de Altea, con varios planes parciales que suman decenas de miles de viviendas que han requerido de la aprobación municipal.
Pérez ocupa una plaza en régimen de dedicación exclusiva y en 2002 consiguió la compatibilidad con la creación de la Empresa Pública Municipal, una "barrera creada por el PP contra la transparencia para tapar el agujero económico", según argumenta la portavoz del Grupo Municipal del Bloc, Paca Sevila.
Un juzgado de Alicante que investigaba una denuncia entre promotoras que operan en Altea ordenó en 2002 la incautación del disco duro del ordenador particular de Pérez Iñesta en su despacho de San Juan como prueba en una denuncia de un promotor por una supuesta apropiación de suelo.
El documento, al que tuvo acceso la formación del Bloc por personarse como acusación particular y que hasta hoy no se ha hecho público, contiene centenares de documentos sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad costera. En aquel momento la cúpula del departamento de Urbanismo estuvo imputada en este proceso por el que la promotora Panorama SA acusaba a Arijan La Nucia de apropiarse de 27.000 metros cuadrados en el plan parcial Ulisa III. Esta mercantil estaba defendida por una persona del bufete de Pérez Iñesta. Antes de conocerse la resolución judicial ambas empresas llegaron a un acuerdo, extremo que llevó al juzgado a decretar el archivo de la denuncia.
En el disco duro del ordenador del responsable del Urbanismo figuran cerca de un centenar de documentos, la mayoría de los cuales son trámites privados que las empresas con intereses urbanísticos remitían al consistorio de Altea: propuestas de convenio, alegaciones, permutas, estudios de PAIs, reparcelaciones... Pérez Iñesta tenía que valorar las propuestas objetivamente para emitir el informe.
La edil del Bloc Paca Sevila considera que "el jefe de urbanismo actúa como un promotor privado y abogado, y eso comporta hipotecar la imagen de transparencia de la administración local. Los ciudadanos estamos desamparados porque no sabemos en beneficio de quién trabajan". El funcionario alegó en el juicio que se trataba de trabajo del ayuntamiento que se llevaba a casa.
*ELPAIS.com - Benidorm - 26/03/2007
Foto: costa altea /lasprovincias
Ventajas de 'colgar' los planes urbanísticos en internet
IgnacioARNAIZ.- El Mundo* : "La consulta en internet de los planes urbanísticos municipales debería ser una acción sencilla y casi cotidiana, pero no es así. Si se visitan los sitios 'web' de algunos ayuntamientos españoles (hay más de 8.000) y se busca el Plan General de Ordenación Urbana, lo más probable es que en la mayoría de las páginas visitadas no se encuentre ningún documento de planeamiento, aunque en algunas se puedan descargar las normas urbanísticas en formato 'pdf' y ver planos escaneados. Muy pocos ayuntamientos muestran a través de su página en internet un sistema diseñado específicamente para consultar la información urbanística con documentos actualizados.
Pongamos un ejemplo cercano. Madrid capital tiene publicado su Plan General de Ordenación Urbana en internet desde hace más de ocho años, pero desde entonces la información de base no ha sido actualizada, a pesar de la inmensa cantidad de modificaciones y planes de desarrollo aprobados posteriormente.
Lo cierto es que para los ayuntamientos resulta complicada la publicación en internet de sus planes, incluso para aquellos que tienen posibilidades de hacerlo, es decir, medios humanos y económicos, debido al carácter peculiar de este tipo de información. Pero, ¿hasta qué punto las dificultades técnicas son insuperables? o ¿no será que realmente no interesa a algunas administraciones que las decisiones urbanísticas se hagan públicas en un canal de acceso como internet?
Los planes urbanísticos son públicos, e incluso antes de su aprobación definitiva se exponen ante los ciudadanos en el ayuntamiento. Pero, ¿quién debe publicarlos en internet? El candidato más adecuado y cercano es el propio municipio, pero eso supondría la puesta en marcha de más de 8.000 sistemas diferentes. Si dependiera de la administración autonómica, ésta debería contar con la buena voluntad de los ayuntamientos grandes y pequeños en la entrega de documentación. Si el encargado fuera el propio Estado u organizaciones como la Federación Española de Municipios y Provincias, el esfuerzo debería ser rotundo, ya que cada vez están mas lejos de la competencia real y, por tanto, del acceso a los planes.
La publicación del planeamiento en internet necesita del esfuerzo conjunto y conllevará modificaciones legislativas para la redacción, tramitación y aplicación de planes digitales; sistemas de acceso especializados y de refundido automatizados. Sólo con el apoyo incondicional de los técnicos y de los políticos se podrá acceder a una información vital para el desarrollo armónico y sostenible de nuestras ciudades.
*Ignacio Arnaiz Eguren es director del área de Informática de Arnaiz consultores.
*El Mundo / Su Vivienda - 23 de marzo de 2007
"¡Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa!"
JavierLAFUENTE.-EL PAÍS* : "Bajo el lema: La vivienda es un derecho, no un negocio, miles de jóvenes se echaron ayer a las calles de 56 ciudades, en un ambiente festivo, para exigir una vivienda digna... Las más de 50 protestas que se celebraron ayer en España estaban convocadas por la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna, un colectivo que surgió en 2006 por Internet y que no está respaldado por ningún partido político.
La marcha de Madrid, la más numerosa, reunió a más de 15.000 personas, según los cálculos de este periódico (5.000, según la Policía). La protesta partió a las cinco de la tarde de la Puerta del Sol. Aunque estaba previsto que concluyese en la Plaza de Cibeles antes de las siete de la tarde, a las nueve, centenares de personas proseguían la marcha por las calles de la ciudad.
La manifestación de Madrid acabó con unos 400 manifestantes rompiendo escaparates, cortando el tráfico y generando disturbos en el centro de la ciudad. En el Paseo del Prado, grupos de jóvenes realizaron carreras y rompieron el cristal de un Burger King y posteriormente llevaron a cabo una sentada en la glorieta de Carlos V que mantuvieron durante unos 10 minutos, ijnforma Efe. La policía detuvo por la noche a tres de los agitadores, que no iban documentados.
Antes de los disturbios, los jóvenes recorrieron el centro de Madrid al ritmo de tambores y pitos, mientras gritaban consignas como "¿Qué pasa, qué pasa? ¡Que no tenemos casa", "Lo de la vivienda, es una vergüenza", o "Espe, espe, espe, especulación". Biólogos, técnicos de sonido, estudiantes, traductores, profesores, músicos... el abanico de profesiones de los manifestantes en Madrid era muy amplio. Pocos superaban los 35 años. Todos estaban unidos por el mismo objetivo.
Los seguidores de la selección de fútbol danesa que a esas horas paseaban por la zona no entendían nada. Veían pasar gente vestida de presidiario con un ladrillo gigante a cuestas; casas de cartón en las que se podía leer "Que no especulen con tu vida". Los daneses no se unieron a la marcha, pero decenas de personas que no se habían enterado de la convocatoria sí se sumaron.
Las más de 50 protestas que se celebraron ayer en España estaban convocadas por la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna, un colectivo que surgió en 2006 por Internet y que no está respaldado por ningún partido político. "Haber reunido a tanta gente con tan pocos medios ha sido increíble", comentaba un miembro de la Asamblea de Madrid. La marcha de la capital rompió las expectativas. De forma simbólica, los organizadores dijeron: "Somos tres millones, uno por piso vacío".
En Barcelona, la manifestación congregó a unas 7.000 personas, según la Guardia Urbana. Algunos petardos y pequeñas representaciones teatrales se combinaron con los gritos de los manifestantes ante la mirada estupefacta de turistas que pasaban por el centro de la ciudad, informa Sergi Estudillo. El único momento de tensión se vivió cuando algunos manifestantes empezaron a silbar a la policía y a gritarles que ellos también tenían hipoteca. A su paso por Paseo de Gràcia, tres jóvenes, aclamados por los asistentes, se subieron a los andamios de un edificio en obras y colgaron una pancarta en la que se afirmaba que hay 300.000 pisos vacíos en Barcelona.
En un improvisado escenario en medio del Paseo de Gràcia se representó un combate de boxeo entre un administrador inmobiliario con una careta de cerdo y un superhéroe vestido con un traje con el número 47 en referencia al artículo de la Constitución.
En Valencia, cerca de un millar de personas se manifestaron. Una charanga ponía música a sus reivindicaciones. Para acabar con los elevados precios de la vivienda, los organizadores proponen fomentar el alquiler, rehabilitar los pisos vacíos (60.000 en Valencia), y eliminar ayudas como las hipotecas jóvenes y las hipotecas a 50 años.
En el País Vasco, también se celebraron actos en demanda de una vivienda digna. La marcha más numerosa concentró en Bilbao a unas 200 personas. Los carteles exigían que la inversión prevista para el estadio de San Mamés (200 millones de euros) se destinen a pisos protegidos e incluso había quien ofrecía: "Cambio riñón izquierdo por cuarto derecha".
*ELPAIS.com - Madrid - 25/03/2007
Foto: Madrid.- Durante el recorrido los asistentes entonaron algunos cánticos como "Espe,espe,especulación" o "Qué pasa, qué pasa, ¡que no tenemos casa!" y se vieron pancartas como "Seguimos en la puta calle por una vivienda", "Vender estos pisos, a estos precios, pues va a ser que no" o "Se alquila tu vida".- EFE - 24-03-2007
Corrupción urbanística: "Drama en Camas"
Justo NAVARRO.- EL PAÍS* : "Vuelve a sorprenderme la vitalidad dramática de la transcripción de algunas reuniones de trabajo municipal-empresarial, grabadas en secreto por policías o particulares: supera a novelistas, dramaturgos y guionistas de cine y telecomedias. He aquí el interesante mundo del soborno y los negocios, lo que los escritores han fabulado siempre: entrar en la habitación más íntima de reyes y delincuentes y otros seres curiosos, incluso en sus conciencias. Ahora esas inmersiones en el alma las hace un micro, una grabadora, el espionaje electrónico.
Se acerca la hora de juzgar el caso del Ayuntamiento de Camas, en Sevilla, compra de votos para un asunto inmobiliario, y los acusadores presentan en el juzgado sus puntos de vista, según informaba el viernes Reyes Rincón en este periódico. Leo una conversación grabada entre el empresario Gaviño y la concejal Lobo, independiente despedida de IU, el partido del alcalde. Es una gran pieza literaria, dramática, intensa, una escena en un bar para dos actores: la concejal y el empresario.
Trata de una tentación. "No puedo cambiar de la noche a la mañana", dice la concejal, como si meditara cambiar su voto para facilitar un negocio de miles de metros cuadrados. "¿Qué recibiría yo?", pregunta la que va a ser tentada, y así tienta a Satán para que la tiente. El empresario responde con contundencia: "Resolver tu vida y la de 20 generaciones tuyas". Si esta pieza tuviera autor, la crítica diría que recupera una tradición bíblica: Dios promete felicidad a sus elegidos, prosperidad para sí mismos y para las generaciones futuras.
Esta solemnidad contrasta con el uso de clichés tremendos: "Todos tenemos un precio", dice la concejal. "El tren pasa una vez por la vida", responde el empresario, y esto no es un cliché: no es lo mismo decir "el tren pasa una vez en la vida", que "por la vida", donde la propia vida se convierte en un lugar parado del que hay que salir huyendo en cuanto pase el tren propicio y único. La concejal aclara inmediatamente el sentido de la metáfora, como si no se fiara mucho de la capacidad interpretativa de los espectadores, o de los jueces, y llama al tren por su nombre: "La corrupción la he visto pasar siempre tan de lejos..."
Entonces el empresario se pone filosófico, místico como un sabio tibetano: "Yo trato de abrirte los ojos. Esto es un filón. Esto es oro, oro y oro". La repetición de lo igual ("oro, oro y oro"), muy valiosa literariamente, produce un enriquecimiento afectivo, y el oro pesa más cada vez que se repite la palabra. Es más oro a cada repetición. Son procedimientos que han usado mucho los poetas, Shakespeare, por ejemplo, para quien la tentación ofrece siempre "dulce, dulce, dulce veneno". La poesía es una forma de razonamiento: si la concejal no acepta el veneno, otro lo beberá.
Es bastante shakespeareana esta pieza maestra. Para seducir a la concejal, el empresario recuerda Bormujos, municipio muy cerca de Camas, al suroeste, y, en un espléndido verso de 11 sílabas, sentencia: "Bormujos está todo corrompido", endecasílabo que parece brillante transposición de "Algo huele a podrido en Dinamarca", y que convierte a Bormujos en algo más grande que el país centronórdico. Los tesoros de la literatura universal han sido imitados fielmente en un bar sevillano.
Aquí están las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando Satán le ofrece "todos los reinos del mundo y su gloria" (Mateo, 4, 8). Y está una de mis novelillas preferidas, El hombre que vendió su sombra, de Adelbert von Chamiso, la historia de uno que dio su sombra a cambio de la bolsa que contiene inagotablemente todas las riquezas, es decir, 1,2 millones de euros y un piso en la playa, aunque no sólo cuente el interés. También importa el corazón: la hija de la concejal, sus descendientes, su pueblo. "Tú salvas a tu pueblo... Si tu fallas, falla todo", dice el empresario, como si valorara que la concejal pertenece a la izquierda responsable. Y concluye con una frase estupenda, para que todo espectador la repita al salir del cine: "Lo tienes tan fácil que lo ves muy difícil". El arte verdadero nos afecta, nos interroga. Mide el poder de nuestras convicciones y pasiones. ¿Qué haría yo? "Si no lo haces tú, lo hará otro", nos dice el empresario. La concejal Lobo grabó la conversación y la puso en manos de la justicia.
*ELPAIS.com - 25/03/2007
Miles de jóvenes reclaman en las principales ciudades su derecho a una vivienda digna
AGENCIAS* : "Miles de personas han salido a la calle para protestar por el precio de la vivienda, la especulación inmobiliaria y los sueldos 'mileuristas' que no posibilitan una independencia económica efectiva. En su mayoría son jóvenes, pero también hay adultos e incluso ancianos que se han solidarizado con una causa convocada desde internet y sin el respaldo (o la oposición) explícita de ningún partido político. Convocaba la plataforma Por una vivienda digna, entre otros colectivos, en medio centenar de ciudades españolas.
Todas las manifestaciones transcurrieron sin incidentes, excepto la celebrada en Madrid, donde, al término de la protesta, grupos de jóvenes causaron incidentes, como rotura de cristales, parquímetros y del mobiliario urbano en distintos puntos del centro de la ciudad.
Madrid, la única con incidentes
En Madrid, miles de personas -unas 5.000 según la policía y entre 15.000 y 20.000, según los organizadores- se manifestaron para exigir una vivienda digna.
En Madrid había manifestantes disfrazados de presidiarios que decían sentirse "presos del ladrillo"
Entre los participantes había mayoría de jóvenes, algunos con pegatinas de la CGT, otros disfrazados de presidiarios porque dijeron sentirse "presos del ladrillo" y una minoría de personas mayores, niños pequeños e inmigrantes.
Barcelona, donde más manifestantes hubo
La protesta más numerosa tuvo lugar en Barcelona donde unas 7.500 personas, según la Guardia Urbana, se manifestaron por el centro de la ciudad para defender el "derecho a una vivienda" y pedir a las administraciones públicas y a los responsables del sector inmobiliario que "no les tomen el pelo", según recogía la pancarta que abría la marcha.
La manifestación se inició sobre las 18:00 horas en la plaza de Cataluña, tras una hora de concentración festiva, en la que han coreado eslóganes en contra de la especulación inmobiliaria, como "Toda España es Marbella", "La hipoteca me mata" o "Basta de excusas, vivienda ya".
La movilización discurrió por el Paseo de Gracia y se dirigió hacia la sede de la Bolsa de Barcelona, donde los participantes hicieron una sentada pacífica, bajo el atento control de un amplio dispositivo policial.
En ese mismo punto se escenificó además el "combate" entre la "especulación" -representado por una persona que llevaba una máscara de una cabeza de cerdo- y el "derecho a la vivienda", papel que desempeñaba una joven con una capa amarilla en un "ring" en donde un 'político' hacía de árbitro 'vendido'.
Valencia lució carteles contra la especulación
En Valencia, cerca de un millar de personas acudieron al centro de esta ciudad, donde numerosos jóvenes alzaron carteles contra la especulación inmobiliaria tras el lema "Que levante la mano quien tenga derecho a una vivienda, pero no la puede pagar".
Bilbao protesta contra el gobierno vasco
En Bilbao, varios centenares de personas exigieron al Gobierno Vasco reformas legales para fomentar la salida al mercado las miles de pisos que permanecen vacíos.
La marcha partió del Ayuntamiento bilbaíno tras una pancarta en euskera y castellano con el lema "La vivienda es un derecho y no un negocio".
Los organizadores habían animado a los asistentes a que elaboraran sus propios carteles agudizando el ingenio y así, algunos denunciaron la especulación inmobiliaria, otros exigían que las inversiones previstas para el nuevo San Mamés se destinen a viviendas de protección e incluso había quien ofrecía "cambio riñón izquierdo, por cuarto derecha".
Pamplona y su "V de vivienda"
En Pamplona, unas 600 personas según los organizadores y 300 según la Policía Municipal, reivindicaron el acceso a "una vivienda digna a un precio asequible" con una manifestación que ha recorrido las calles del Casco Antiguo, convocada por la Plataforma "V de vivienda Pamplona-Iruña".
Valladolid
En Castilla y León, dos centenares de jóvenes se concentraron en varias capitales de provincia para exigir una vivienda digna y protestar por los altos precios de las casas.
La más numerosa fue la de Valladolid donde unas cien personas se dieron cita en la Plaza Mayor, en torno a la estatua de Pedro Ansúrez, fundador de la ciudad, donde repartieron pegatinas con el lema "Yo también quiero una vivienda como la del hijo del alcalde.
Los convocantes aludieron así a la polémica que hay en la ciudad por la reciente adjudicación de una vivienda de protección oficial a uno de los hijos del alcalde, Javier León de la Riva, del PP, en la moderna zona de Villa de Prado, al noroeste de la capital.
Zaragoza: "¿Hipotecar nuestro futuro?"
"¿Hipotecar nuestro futuro?. Pues va a ser que no"
En Zaragoza, la manifestación, que concentró a un centenar de personas, partió de la plaza de Aragón con una gran pancarta blanca con el lema "¿Hipotecar nuestro futuro?. Pues va a ser que no", mientras coreaban "queremos una casa en la plaza del Pilar" o "La Ley del mercado nos tiene hipotecados".
Murcia y Granada
Medio centenar de personas, en su mayoría jóvenes, protestaron en Murcia por las 90.000 viviendas vacías que existen en la Región, mientras que en Granada se concentraron un centenar de personas y unas cincuenta personas lo hicieron en Santander, Gijón, Logroño y Córdoba.
*20MINUTOS.ES / 25.03.2007
Foto: EFE - En la 'casa' de Aguirre | La manifestación en Madrid tuvo lugar en la Puerta del Sol, ante la Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid.
El 'caso Malaya' cumple un año con cien imputados y el reto de localizar el dinero
JuanCANO/HéctorBARBOTTA.- SUR* : "Hace casi un año que la historia de Marbella dio un vuelco. Salpicada por escándalos urbanísticos o por sangrientos ajustes de cuentas, acostumbrada a los ríos de tinta negra y rosa que han corrido sobre ella, la Milla de Oro empezó a escribir el 29 de marzo de 2006 una crónica diferente. Ese día explotó la 'operación Malaya'. Un año después, el caso judicial más resonante de los últimos tiempos sigue adelante con varias líneas de investigación todavía abiertas y 94 imputados, cuatro de ellos en prisión: Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la trama, el ex alcalde Julián Muñoz y dos abogados, Manuel Sánchez Zubizarreta y Juan Hoffman.
Lejos de estar cercana a su fin, la investigación todavía sigue abierta en distintas direcciones, según confirman fuentes muy solventes consultadas por este periódico.
Una de las vías pretende desvelar la ruta del dinero. Adónde han ido a parar los miles de millones de euros que todavía no se han localizado y que posiblemente hayan volado a paraísos fiscales o estén convertidos en inversiones en otros países. Según un auto incluido en la última parte del sumario sobre la que se ha alzado el secreto, el juez encargó a un funcionario de la Agencia Tributaria que continúe las pesquisas en Suiza, uno de los paraísos fiscales donde posiblemente estaría escondido parte del dinero negro.
Blanqueo
Otra vía de investigación también está relacionada con el destino del dinero. La investigación sobre blanqueo, la más tediosa de todo el proceso, ha permitido descubrir recientemente uno de los métodos que presuntamente utilizaba Roca para camuflar sus ganancias: la compra de lotería premiada. Tal y como desveló SUR, los investigadores han detectado que a la familia del ex asesor, concretamente a su mujer y a sus dos hijos, les 'tocó' la lotería ocho veces en poco más de seis meses.
Es en este punto, el blanqueo de capitales, donde cabe esperar más novedades y, posiblemente, las nuevas detenciones que ni el juez ni el fiscal descartan. La tercera línea de investigación que aún se mantiene abierta es la de los empresarios y promotores que habrían entrado en el juego de Roca y se habrían enriquecido con sus negocios en Marbella. El juez Torres asestó el primer golpe contra el entramado empresarial del 'caso Malaya' el pasado 27 de junio, en una sonora redada que se saldó con 32 detenidos. Los investigadores supieron relacionar iniciales con nombres al analizar la contabilidad secreta de Roca en el registro de Maras Asesores y al magistrado no le tembló la mano al firmar las órdenes de detención de los concejales que presuntamente habían cobrado por votar según sus indicaciones y los 13 promotores que habrían pagado. En algunos casos, las aportaciones ascendían a cinco millones de euros en un periodo de tres años. Si esos fueron los sobornos, ¿a cuánto ascenderían los beneficios?
También siguen abiertas las investigaciones en torno al ex alcalde, Julián Muñoz. El secreto sobre la parte del sumario que le afecta apenas se ha levantado en una mínima parte. Sólo han trascendido tres supuestos pagos de Roca a Muñoz en noviembre de 2002 que ascenderían en total a 150.000 euros, tras encontrar las siglas JMP (que los investigadores atribuyen a Julián Muñoz Palomo) en la contabilidad secreta del ex asesor en las oficinas de Maras Asesores, consideradas el cuartel general de Roca.
Cobro
Según las pesquisas policiales y judiciales del 'caso Malaya', la fecha de ese supuesto cobro coincide con la firma de una permuta de terrenos rubricada por Muñoz a favor de la sociedad CCF 21, vinculada a Carlos Sánchez, quien está considerado por el juez socio y maestro de Roca. En ese trueque, el Consistorio entregó una parcela de 1,5 millones de euros por un terreno privado que apenas valdría 30.000 euros, lo que supuso un evidente perjuicio para las arcas municipales. Pero el grueso de la investigación sobre Muñoz aún resta por conocerse.
Entre los flecos que aún quedan por desvelarse hay otro que no es menor: el paradero de los dos prófugos: Carlos Fernández y el empresario Carlos Llorca. El primero es suficientemente conocido. El ex concejal andalucista está en busca y captura desde el 26 de julio de 2006 y el juez lo considera sospechoso de un delito de cohecho, ya que pudo ser uno de los mayores beneficiados en el reparto de dinero por parte de Roca.
El otro es el empresario Carlos Llorca, menos célebre en Marbella, pero más conocido por la policía de varios países. Sospechoso de cohecho, cuenta con pasaportes español y británico, y se lo conoce también como Carlos Rodríguez, Charles Rodríguez y Simón York. Lo busca la policía de ocho países.
*diarioSUR.es - MÁLAGA / MARBELLA - 25 de marzo de 2007
Foto: Ayuntamiento Marbella
Vivienda e inmigración: un derecho y no un negocio
ATTAC.- Rebelión* : "La Constitución española, en su artículo 47, dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Aunque este artículo no reconoce derecho a vivienda de las personas inmigradas que constituyen un porcentaje creciente de población, nuestra Constitución apoya este derecho en otros artículos.[1]
Sin embargo, el derecho a vivienda está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 25.1 dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. [2]
En esta misma línea se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 11.1 dice: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. [3]
Hay unos derechos pero la realidad es muy distinta.
El negocio de la vivienda
En los diez últimos años el aumento acumulado de los precios de la vivienda en España ha sido del 180 %, equivalente a siete veces el crecimiento de los precios al consumo y de los salarios en el mismo período de tiempo. Se ha estimado, por ejemplo, que en 2004 cada metro cuadrado de suelo recalificado, de rústico a urbano residencial, aumentó su valor un promedio de 100 euros.
El negocio de la vivienda atraviesa una larga etapa de euforia con plusvalías elevadísimas de las grandes empresas inmobiliarias (47,5 % en el primer semestre de 2005) y una amplia rentabilidad para quienes utilizan la vivienda como inversión (incremento anual del 14 % en los últimos seis años). Lo que da lugar a un excedente de vivienda (segundas residencias y vacías) del 48 %, el más grande de la Unión Europea.
En el Estado español tenemos una vivienda por cada dos habitantes. Hay un 14% de viviendas vacías [alrededor de 3 a 4 millones de viviendas vacías]. Y sin embargo, el hacinamiento llega a 16 personas en 50 metros cuadrados. [4]
La “economía del ladrillo” ha detraído recursos financieros de la inversión productiva. La producción de mercancías (sector primario, industria y energía) ha bajado del 26 % del PIB en 1997, al 20 % en 2005 en el conjunto del Estado. Y en la Comunidad de Madrid, de 2000 a 2005, el porcentaje de la construcción en el PIB subió del 7 al 11 %, mientras que el de la industria bajó del 14 al 11,6 % (Servicio de Estudios del ICO).
No es extraño que, como han reflejado distintos medios de comunicación, de los diez nuevos integrantes españoles de la lista de multimillonarios, ocho sean constructores, promotores o tengan empresas relacionadas con el ladrillo. Forbes los califica como “los señores del ladrillo”, que acumulan 19.011 millones de euros.
Pero detrás de este suculento negocio hay una realidad lacerante.
Los inmigrantes y la vivienda
El crecimiento exponencial de la inmigración en los últimos años ha sido uno de los factores que ha influido en el crecimiento del negocio de la vivienda. Los inmigrantes han contribuido a “engrasar” el sector de la construcción por su participación mayoritaria en el mismo, como mano de obra barata, en primer lugar, al trabajar en las empresas constructoras en condiciones precarias y a bajo precio. Cuando están en situación de irregulares no pueden exigir a menudo sus derechos y retribuciones y, aún contando con permisos de residencia y trabajo, se ven obligados a trabajar en régimen de subcontratas o autónomos, lo que conduce a la autoexplotación y a la economía sumergida. Es la construcción uno de los sectores productivos donde se da un más alto porcentaje de economía sumergida que, según reconoce el mismo Ministerio de Hacienda, alcanza ya en nuestro país el 20 % del PIB.
Se trata de constatar una vez más lo que el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz e incluso la banca de negocios estadounidense Lehman Brothers afirman, nada menos que en el Financial Times: “La globalización crea riqueza abaratando el trabajo; produce un enriquecimiento desigual global, a costa de bajos salarios... La globalización ha creado nueva riqueza proporcionando unos costes mucho menores para el trabajo”. [5]
Pero los inmigrantes están también contribuyendo al negocio de la construcción como demandantes de viviendas, como el resto de la población, con algunas características específicas.
En su primera etapa de estancia en España han de echar mano del subarriendo de alquileres de habitaciones (incluso de camas) en pisos propiedad de españoles o de otros inmigrantes ya establecidos, viéndose obligados a pagar a menudo precios abusivos. El 47% de los inmigrantes viven de inquilino subarrendado y sólo un 19% vive en hacinamiento. El hacinamiento en lugares de menos de 10 metros cuadrados por persona alcanza al 19% de los extranjeros frente a sólo el 2,5% de los españoles. Cabe destacar que el 65% de los inmigrantes consiguen alojamiento gracias a las redes de apoyo y familiares.
En la Comunidad de Madrid el 61 % de inmigrantes dispone de menos de una habitación por persona. Viviendas precarias en Madrid que se alquilan a familias por doce horas. El dato más esclarecedor es el caso de las veinte mujeres que emigraron de Paraguay y comparten un piso de 65 metros cuadrados en el barrio de Puerta del Ángel en Madrid. [6]
Una mención especial merece el informe del Relator Especial [7] que recibió “testimonios directos de trabajadores inmigrantes que viven en asentamientos informales, en edificios en construcción o en condiciones de hacinamiento, y que son discriminados en el acceso a la vivienda o se ven forzados a alquilar camas por horas («camas calientes»)”. En ese sentido, el Relator de Naciones Unidas se sorprende que “mientras la economía de algunas regiones se ha beneficiado ampliamente de la mano de obra inmigrante, se ha hecho muy poco por garantizar las necesidades de vivienda de esas personas”.
Mientras los inmigrantes no pueden comprar vivienda porque ganan, como media, unos 870 euros a diferencia de los autóctonos, que ganan 1741 euros,
esta situación contribuye también a la revalorización de una buena parte de los alquileres antiguos, activando unos patrimonios inmobiliarios que se consideraban muy modestos.
Cuando la situación económica les permite mayor capacidad de consumo, muchos desean acceder a la propiedad. En ese caso se dan las dificultades comunes a toda la población: la dependencia financiera en razón de las condiciones hipotecarias que se extiende prácticamente a toda la vida. Pero también persisten con frecuencia dificultades específicas. Si permanecen en situación de irregularidad, muchas agencias inmobiliarias tienen orden de no atender a personas sin papeles. Esta situación les impide también el acceso a determinados recursos – entre ellos las ayudas a la vivienda – que están condicionados a la situación de regularidad.
Aun teniendo los papeles en regla, en la medida en que trabajan en la economía sumergida, o su trabajo es inestable y mal pagado no ofrecen las suficientes garantías para poder alquilar o comprar. Otras veces se trata del rechazo puro y simple por el mero hecho de ser extranjeros, aunque puedan presentarse con la documentación y los avales requeridos. De hecho, según las encuestas, el 50 % de quienes viven en subarriendo en Madrid y el 57 % de los inquilinos independientes no tienen proyecto de cambiar a corto plazo.
Al amparo de la Ley de Arrendamiento Urbano se pide contrato fijo de trabajo cuando la mayoría de los actuales son temporales.
En el servicio doméstico, como en muchos otros sectores, muchas veces no se firman contratos y no pueden alquilar una vivienda. Los inmigrantes no pueden aportar fianzas ni “referencias solventes” y encima son criminalizados.
La vivienda es un derecho no un negocio
La actual globalización económica que conlleva la reforma del sector público a través de la privatización y otros factores influyen a la hora de disponer de recursos para gastos sociales y viviendas de protección oficial.
“En 2003, Social Watch publicó un completo panorama del impacto de la privatización de los servicios públicos a lo largo de 52 países. Todos estos casos presentan un denominador común: los grupos más afectados son siempre los grupos más vulnerables de la sociedad, constituidos por minorías étnicas, refugiados, mujeres, niños y adultos mayores.” [8]
El mercado capitalista inmobiliario es el que rige en la práctica. Este tiene una lógica de beneficio privado. Su oferta de vivienda atiende la demanda que puede pagar la vivienda considerada una mercancía, no un derecho. Sí, como suele ser habitual con el mercado privado del suelo, los precios son muy altos, muchísimos ciudadanos no tienen acceso a las condiciones de habitabilidad que corresponden al nivel de dotaciones, confort y calidad que son posibles hoy en día.
Siguiendo el informe del Relator Especial de Naciones Unidas “España sufre una grave carencia de vivienda pública. Los programas de vivienda actuales no permiten satisfacer las necesidades de entre un 20% y un 25% de la población con menos ingresos”. El Relator Especial considera que esto es una estimación conservadora, dado que España es el tercer país más pobre de los 15 países que originalmente formaban a Unión Europea. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, datos sobre la distribución de ingresos, publicadas el 1 de diciembre de 2006, un 20% de los españoles viven bajo el nivel de pobreza. Prácticamente toda la vivienda en alquiler, de por sí escasa, pertenece al sector privado. Sólo un 2% del parque existente se considera de alquiler social, en comparación con el 10-30% de otros países de la Unión Europea. Es más, aunque se encuentran en torno a un 18% más bajo que en el mercado privado, los precios de la vivienda de alquiler público tienden a ser demasiado altos para algunos sectores de la población. Paradójicamente, España posee el número de viviendas vacías más alto de la Unión Europea (de 3 a 4 millones).
A todo esto hay que añadir que esta situación se ha agravado por la especulación en el uso del suelo y de la propiedad, lo que ha beneficiado a los grandes promotores. Por ejemplo, en el País Vasco, entre 1995 y 2005, los precios de la vivienda aumentaron un 250%, mientras los costes de construcción se incrementaron en un 35%. Durante el mismo período, las hipotecas subieron de €650 millones a €6000 millones.
Hay otra lógica que la del beneficio. La de considerar el acceso a la vivienda un derecho ciudadano, no un negocio. De esta manera, se daría prioridad a atender las necesidades de la mayoría en detrimento del negocio de unos pocos.
Este derecho a la vivienda debe ser canalizado y satisfecho por un servicio público de vivienda. Un servicio público con recursos suficientes y bajo el control de la ciudadanía que debería permitir que el derecho de los habitantes sea efectivo. Así dejará de depender la satisfacción de una necesidad humana de la capacidad económica individual.
En octubre de 2006, La Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna proponía, entre otras, las siguientes medidas para una política pública de vivienda:
(a) Dar uso de alquiler a las viviendas vacías existentes, que son más de tres millones en el país, (b) Si la vivienda vacía, por diversas razones, no puede atender a la demanda, generar suelo barato para promover vivienda en alquiler social y crear así un amplio parque de vivienda en alquiler reducido, (c) planificar el territorio urbano con criterios de sostenibilidad y al servicio de los ciudadanos. Parques, guarderías, transportes públicos, etc. hacen parte de la política de vivienda pública necesaria.
Esta política debe adecuarse a todos los habitantes en el país teniendo en cuenta que sin acceso a la vivienda no hay integración posible.
[1] Artículo 9.2 “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Artículo 10.2 “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España”. Artículo 13.1 “Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley”.
[2] Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas. Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948.
Ver: http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
[3] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea general en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ver: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm
[4] Según el documento “El derecho a la vivienda” de Arquitectos Sin Fronteras Castilla y León. España.
[5] Ver: http://www.attac.org.es/portalattac/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=76
[6] El Latino, 13 de enero de 2006.
[7] Informe de Miloon Kothari Relator Especial de Naciones Unidas sobre Vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Kothari visitó España entre el 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2006.
[8] El derecho a la vivienda adecuada. Graciela Dede. Social Watch [es una red internacional de organizaciones de ciudadanos que lucha por la erradicación de la pobreza y sus causas]. Instituto del Tercer Mundo. Uruguay.
*Grupo de Inmigración de ATTAC Madrid
*Rebelión.org - 25-03-2007
La fiebre del metro cuadrado sale a la calle
MartaFDEZ.OLMOS.- EL PAÍS* : "Todo comenzó por un e-mail. El correo, anónimo, se distribuyó espontáneamente y en cadena vía Internet durante los meses de abril y mayo de 2006. Un e-mail que hizo que miles de jóvenes se concentraran el 14 de mayo del año pasado en las principales ciudades del país con el lema "por una vivienda digna", cuando el crédito hipotecario crecía al mayor ritmo de los últimos doce años, y con él el endeudamiento de las familias. Desde entonces las manifestaciones se han sucedido por distintas ciudades de España: la última, el pasado mes de diciembre, y la próxima, hoy a las cinco de la tarde.
Es una realidad que el acceso a una vivienda en España resulta cada vez más difícil. La escalada de precios de los últimos años -que ha hecho pasar de los 670,8 euros por metro cuadrado de vivienda libre de 1995 a los casi 2000 del año pasado, según datos del Ministerio de Vivienda- ha provocado que las familias alcancen cotas anteriormente no conocidas de endeudamiento, que incluso han llegado a llamar la atención de diversos organismos internacionales. El resultado es que los jóvenes tienen cada vez más dificultades para independizarse.
Por esta razón, diversos colectivos encabezados por la Plataforma por una Vivienda Digna y la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda han convocado a "todos los ciudadanos" a manifestarse. La cita es hoy a las cinco de la tarde en las principales ciudades de toda España.
Llamar la atención de los políticos
Tras las primeras manifestaciones, el movimiento ciudadano estaba creado, y a partir de éste comenzaron a surgir por todo el país diversos colectivos, que junto con otros grupos ya existentes configuraron, casi sin querer, lo que se conoce como Movimiento por una vivienda libre. Todos ellos tienen objetivos y características comunes: son grupos de ciudadanos que dedican de manera altruista parte de su tiempo a estas asambleas o plataformas, se autogestionan, quieren evitar que este tipo de movilizaciones se instrumentalicen políticamente y se movilizan por el derecho a una vivienda digna para todos.
Para José Luis Carretero, portavoz de la Plataforma por una Vivienda digna, el principal problema es que "la política actual no está orientada a las necesidades de alojamiento, sino a la creación de una cultura de propiedad". Carretero se queja también del fraude inmobiliario y de los actuales sitemas de financiación utilizados en la gestión del suelo: "los municipios están utilizando el suelo para financiarse", afirma.
Reivindicaciones similares son las que hacen desde la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda. Uno de sus miembros, Dani, se queja de "la especulación y de lo caros que están los pisos". Según él, los políticos no cumplen la Constitución, "por eso hay que salir a la calle y quejarse".
Tanto Dani como José Luis y el resto de ciudadanos que se movilizan en este tipo de convocatorias tienen un objetivo común: conseguir solucionar el problema de la vivienda en España. El sábado 24 todos ellos volverán a salir a la calle para intentar una vez más llamar la atención de los políticos y gobernantes. Y afirman que quieren hacerlo sin banderas y sin partidos políticos que les condicionen.
No sólo jóvenes y no sólo sin casa
A pesar de que el movimiento se tiende a relacionar con los jóvenes, ?no es sólo un ?rollo? de jóvenes o estudiantes?. Según nos cuenta Dani, de la Asamblea contra la precariedad y por la Vivienda ?al que le tocaba llevar el teléfono esta semana, ya que el móvil va rotando entre los miembros del colectivo como una manera de repartir responsabilidades-, ?a las asambleas también acuden adultos y trabajadores?. Algo en lo que coincide con José Luis Carretero, que afirma que ?la implicación real siempre ha sido muy variopinta?.
Y pese a lo que algunos podrían pensar, también muchos ?hipotecados? se unen a las movilizaciones y a las asambleas. ?No queremos utilizar el movimiento para desprestigiar a los jóvenes que ya tienen piso: es una lucha de todos?, nos cuenta Dani. A pesar de su juventud -25 años- y de su trabajo ??nadie se dedica exclusivamente a esto?- consigue dedicar unas 10 horas a la semana a la Asamblea.
*ELPAIS.com - Madrid - 24/03/2007
Foto: Manifestación en Barcelona por una vivienda digna y para todos/as (2 de julio de 2006)/ KAOSENLARED.NET
El TSJ paraliza por falta de agua una gran urbanización en La Nucía
P.ROSTOLL.- Alicante.- Diario Información* : "El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha emitido un auto en el que paraliza de forma cautelar la ejecución de un macroproyecto urbanístico de cerca de 3 millones de metros cuadrados con 3.884 viviendas y un campo de golf al estimar que no cuenta con recursos hídricos suficientes. La ejecución del PAI de La Serreta en La Nucía, municipio donde el PP gobierna con 13 de los 17 concejales del ayuntamiento, queda, de momento, suspendida a pesar de que contaba con el visto bueno de Urbanismo.
El consistorio, que preside Bernabé Cano, presentó ayer mismo un recurso para tratar de dar la vuelta a la decisión. La resolución tiene su origen en un recurso tramitado por el abogado alicantino José Juan Server Gallego y presentado por María José Campos, activista vecinal y candidata independiente en La Nucía. La base de la demanda se centra, precisamente, por un lado, en que no está acreditada ni la existencia de recursos hídricos suficientes para cubrir las necesidades que genere un aumento de población de más de 10.803 personas - supondría incrementar el actual censo en un 70 % - y el campo de golf de titularidad municipal incluido en el plan. Y, por otro, en que el PAI, que lleva tres años de tramitación, no debería haberse acometido al margen del plan general. El actual PGOU se encuentra, en estos momentos, en periodo de revisión.
A diferencia de la reciente sentencia contra otro polémico PAI en Parcent que el tribunal también paralizó pero por tramitarse al margen de plan general, en este caso, el alto tribunal centra la fundamentación del auto que decreta la suspensión cautelar del plan urbanístico, aunque con una pequeña referencia a la gran extensión del plan, en la cuestión de la falta de agua. El proyecto, de hecho, cuenta con un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que data de febrero de 2005. Los estudios preceptivos emitidos por Medio Ambiente, actualmente, no son vinculantes. El TSJ advierte, y es algo que «no desconocen» ni la Generalitat - que ha llegado a defender la viabilidad del proyecto ante el juez con un documento de alegaciones - ni el propio Ayuntamiento de La Nucía, que «el sector objeto de ordenación es enorme». De hecho, el proyecto impulsado por el consistorio nuciero afectaría al 11% del actual término municipal. Pero, sobre todo, el Tribunal Superior de Justicia descarta el proyecto por la ausencia de agua suficente para atender «casi una duplicación de la población» y para el riego de zonas verdes - alrededor de 300.000 m 2 , recoge el auto - y el campo de golf.
La sala número 1 de lo contencioso-administrativo desgrana, precisamente, el informe de la CHJ en el que se denuncia que no existe garantía para el abastecimiento ni dotaciones con capacidad suficiente para depuración o vertidos. Pero, además, el tribunal rechaza la intención del consistorio nuciero de demostrar la existencia de agua con un informe del Consorcio de la Marina Baixa. El TSJ entiende que esta memoria es «general» y que, de su análisis, no se deduce «la disponibilidad de agua de la actuación». «No se pronuncia sobre aspectos que son exigibles», detalla el auto judicial. El documento entiende que, en esta situación, es preciso decretar la suspensión del PAI al entender que, de continuar adelante la ejecución con falta de agua, se crearían «situaciones irreversibles». El auto supone la suspensión de la resolución de la comisión territorial de urbanismo, que pese al informe desfavorable de la CHJ, había aprobado el plan en septiembre de 2005. La decisión del TSJ abre una vía posible para paralizar proyectos como el de Rabasa en Alicante de una extensión también enorme, al margen de planeamiento y con informe desfavorable de la Confederación del Júcar. Como dos gotas de agua.
El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, explicó que, ayer mismo, el consistorio presentó un recurso contra el auto - era el último día hábil - junto a un informe más detallado del Consorcio de la Marina Baixa y de la empresa local de agua. «Esto es consecuencia de las trabas y de la política hídrica del Gobierno central», apuntó Cano. El primer edil nuciero defendió que el agua está garantizada. «El gasto que generaría es inferior al agua que ahora se utiliza en esa zona para regar a manta. Además, en el sector hay dos pozos», dijo Cano que espera que la suspensión se levante en veinte días.
La demandante, María José Campos, por su parte, consideró «inaceptable» que La Nucía intente ordenar una superficie tan extensa, que ejecutará una empresa del Grupo Ballester, a base de «reclasificaciones» de suelo y denunció la paralización de los trámites del nuevo PGOU. El abogado Server Gallego se remitió al contenido del auto del TSJ y declinó realizar declaración alguna.
*Diarioinformación.com - Sábado , 24 de marzo de 2007
Foto:La Nucía (Alicante) /tagarinet.com
Miles de jóvenes saldrán de nuevo a la calle por una vivienda digna
DavidFERNÁNDEZ.- 20minutos* : "La Plataforma por una Vivienda Digna, reforzada por miles de mensajes anónimos que circulan por la Red, ha convocado este sábado una manifestación simultánea en las 52 capitales de provincia y otras localidades para recordar a las Administraciones públicas que la vivienda es un derecho y no un "lujo ni una inversión", en definitiva, "no debe ser un problema". Los convocantes esperan que miles de personas (no sólo jóvenes) participen en la protesta, la décima en apenas un año (la primera, que se bautizó como "sentada por una vivienda digna", se convocó anónimamente el pasado 14 de mayo).
El mensaje es claro: el Gobierno debe realizar cambios legislativos que regulen el acceso a una vivienda digna, como indica la Constitución.
"Vamos a demostrar que no son manifestaciones aisladas, sino que la sociedad no va a parar hasta que sus políticos le garanticen el derecho a una casa", explican a 20 minutos desde la plataforma.
Emancipación tardía
Los datos hablan por sí solos y "avalan que la vivienda es un problema".
Aunque España es el país de la Unión Europea que más casas tiene por habitante, una por cada dos, el precio de los pisos retrasa la emancipación de los jóvenes.
Sólo el 33% de los españoles de 20 a 34 años no vive hoy con sus padres, según el Consejo Económico y Social.
Y para conseguir tener una casa en propiedad hay que esperar a los 34 años, la edad media del comprador que adquiere su primera vivienda, según un estudio de José García Montalvo, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
La única Administración pública que de momento ha apoyado oficialmente esta manifestación es el Gobierno vasco, "ya que es sano que la sociedad demande de las instituciones soluciones a sus problemas sociales", señala a este diario Javier Burón, director de Planificación del Departamento de Vivienda. "Todas las Administraciones deben aportar sus propuestas".
→ Más información en Viviendadigna y Vdevivienda.
Mañana saldrán a manifestarse
* José Luis Carretero, portavoz de la Plataforma por la Vivienda Digna
"Que no nos laven el cerebro, la vivienda es un derecho"
A sus 35 años, José Luis, ingeniero de sistemas, reconoce que es un privilegiado porque ha podido independizarse hace poco gracias a la casa de su abuela.
"Si no, me hubiera sido imposible. Mi hermana tiene 30 años y sigue viviendo con mis padres. Mi círculo de amistades podríamos decir que va sobreviviendo, compartiendo piso, incluso mudándose al extranjero".
José Luis está convencido que la juventud española se va a movilizar cada vez más para mandar un mensaje alto y claro a nuestros políticos: "La vivienda es una necesidad vital y el Gobierno debe regular el mercado para proteger este derecho, igual que protege otros como la sanidad o la educación".
No obstante, sabe que están ante un gran reto, ya que "no hay que olvidar que el urbanismo es un perverso método de financiación de los partidos políticos".
Para luchar contra ello hay que derribar viejos mitos porque "a los jóvenes se nos lava el cerebro siempre con lo mismo, que el precio de la vivienda nunca baja, que una casa es la mejor inversión. No es así. Todos debemos saber que una vivienda digna es un derecho".
* Diego Pacheco, Asamblea por una Vivienda Digna
"Puedo pagar un alquiler porque lo comparto con tres"
Quiere ser realista y asegura que si cae enfermo tiene garantizada una cama en un hospital, y que si tiene un hijo, éste acudirá al colegio.
Sin embargo, lo que no tiene tan claro es que pueda acceder a una vivienda: "Tengo 20 años y vivo de alquiler, y puedo hacerlo porque comparto la casa con otros tres compañeros".
"Me pagan en mi trabajo unos 800 euros al mes y el alquiler son 1.200 euros mensuales, lo puedo asumir porque lo pagamos entre cuatro. Si no sería imposible. El 100% de mis amigos viven con sus padres o de sus padres", añade.
No obstante, se muestra optimista y cree que las cosas pueden cambiar porque "estas movilizaciones surgen de la gente, y eso es lo importante. Hace falta movilización y concienciación", pero lamenta que no les apoyen los partidos políticos.
"No creo que fleten 100 autobuses para que la gente pueda acudir el sábado, es una lástima que los políticos y las Administraciones no se den cuenta de que la vivienda es un derecho y no un negocio".
Y el mercado...
... Da muy pocas señales positivas
* Los precios: El año pasado la vivienda sólo subió el 9%, dando los primeros síntomas de ralentización. Y para 2007 sólo se incrementarán entre un 3 y un 5%, según previsiones del BBVA.
* Mensaje desde Europa: La Comisión Europea ha pedido al Gobierno español que aplique medidas para "gradualmente y a medio plazo reducir las presiones sobre los precios de la vivienda".
* Construcción: El sector sigue de momento en un momento dulce. En 2006 se empezaron a levantar 864.000 pisos, récord, y se sigue creando empleo.
... Y muchas negativas
* Más hipotecados: Sube el euríbor, lleva haciéndolo 17 meses seguidos, y sube la cuota mensual de las hipotecas. Los bancos advierten de un posible aumento de la morosidad.
* Precios sobrevalorados: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) asegura que el precio de la vivienda en España se ha duplicado en términos reales desde 1998 y en estos momentos está sobrevalorado en un 30%.
* Preocupación: La vivienda es el problema que más afecta a los españoles, según el último barómetro del CIS.
* Sigue siendo un negocio: El 37,2% de los compradores admite que realiza operaciones inmobiliarias para hacer negocio.
* Más sueldo: Los jóvenes destinan hoy el 64,3% de su sueldo a pagar una casa, un 3,5% más que hace seis meses.
Casi todas a las cinco de la tarde, y sin lluvia
Se espera buen tiempo. Casi todas las manifestaciones están convocadas a las cinco de la tarde, salvo excepciones.
Las previsiones meteorológicas, una vez pasado el temporal, son optimistas y no se espera lluvia sino sol en la mayor parte de la Península.
*20minutos.es - 23.03.2007
Nota: No es la plataforma por una vivienda digna la que convoca las manifestaciones sino las asambleas por una vivienda digna que se unen bajo el movimiento V de vivienda en www.vdevivienda.net
Lista actualizada
Manifestación por una vivienda digna, sábado 24 de marzo, 17:00 horas:
A Coruña: Plaza de Maria Pita
Albacete: Plaza del Altozano
Alicante:Plaza de Toros
Ávila: Plaza de Santa Teresa
Badajoz: Plaza San Francisco
Barcelona: Plaça de Catalunya
Bilbao: Plaza del Ayuntamiento
Burgos: Plaza del Cid
Cáceres: Kiosko de la música de Cánovas 12:00h
Cadiz: Plaza España
Cartagena: Plaza del Icue
Castellón: Plaça Major
Cieza: Esquina del Convento 19:30h
Ciutadella, Menorca: Plaza de la Catedral
Córdoba: Plaza de las Tendillas
Cuenca: Plaza de España
El Puerto de Sta. Mª: Plaza del Polvorista.
Elx: Plaça de l'Ajuntament
Gijón: Plaza del Parchís
Granada: Fuente de las Batallas
Guadalajara: Plaza del Ayuntamiento
Huesca: Plaza Navarra
Ibiza: Paseo Vara de Rey
Jerez: Plaza Arenal
Las Palmas: Plaza de las ranas
León: Plaza de San Marcelo (frente a Palacio Botines)
Logroño: Plaza del Mercado 19:00h
Madrid: Puerta del Sol
Las Palmas: Plaza de las Ranas
Málaga: Plaza de la Constitución
Mallorca: Plaça Major
Miranda de Ebro: Plaza de España
Murcia: Plaza Santo Domingo
Orihuela, Plaza del Carmen
Oviedo: Plaza del Ayuntamiento 18:00h
Palencia: Plaza Mayor
Pamplona: Plaza del Castillo
Plasencia: Plaza Mayor
Salamanca: Plaza del Liceo
Santander: Plaza del Ayuntamiento
San Sebastián: Alderdi Eder
Santa Cruz de Tenerife: Plaza Weyler
Sevilla: Plaza Nueva 19h (hora confirmada por la asamblea)
Soria: Plaza Mayor
Tarragona: Estàtua dels despullats (Rambla Nova)
Teruel: Plaza de San Juan
Toledo: Plaza de Zocodover
Valencia: Plaza de San Agustín
Valladolid: Plaza Mayor
Vigo: Puerta del Sol
Vitoria: Plaza de la Virgen Blanca 12h.
Zaragoza: Plaza Aragón, 19h.
Una regulación racional del suelo
GerardoROGER.- Levante-EMV* : "Que la situación del urbanismo en España se manifiesta totalmente insatisfactoria es algo que está fuera de toda duda. Tres escenarios sintéticos permiten definir ese estado de malestar: una ocupación indiscriminada del territorio, un incremento desbocado de los precios del suelo y la vivienda, y la aparición de prácticas administrativas impropias, cuando no claramente teñidas de corrupción. Las causas que explican esta lamentable situación son muy diversas (de tipo económico, sociológico, fiscal, etcétera), pero en gran parte, su origen se encuentra en la regulación jurídica establecida en la legislación estatal del suelo.
De hecho, la concepción legal de que todo el suelo patrio es susceptible de ser urbanizado explica las múltiples actuaciones urbanizadoras que sobrevenidamente vienen asolando el territorio español. Asimismo, la consideración de que el suelo debe valorarse legalmente por el máximo valor especulativo posible viene a justificar, en gran parte, los sorprendentes procesos especulativos que venimos sufriendo. Por último, la enorme generación de plusvalías que el desarrollo urbano produce y las características monopolísticas que arrastra el viejo sistema urbanístico español, así como la insuficiente transparencia social que sus procedimientos comportan, terminan por explicar la aparición de las patologías éticas señaladas.
Por ello, debe ser bienvenido el Proyecto de Ley de Suelo, en trámite final en el Parlamento español tras su aprobación por el Congreso el pasado 1 de marzo, pues viene a ofrecer respuestas solventes, desde la competencia estatal, a los graves problemas referidos.
En primer lugar, porque reorienta toda su instrumentación jurídica a satisfacer los derechos constitucionales de la ciudadanía y, en concreto, el derecho a un medio ambiente adecuado, a la conservación del patrimonio, al acceso a la vivienda y a impedir la especulación del suelo, y todo ello, dentro de un marco de explícito e intencionado refuerzo de la transparencia y control democráticos en los procesos y procedimientos que lo desarrollan.
En este sentido, el proyecto de ley propicia criterios de sostenibilidad territorial, apoyando y regulando procedimientos que permitan potenciar la intervención en la ciudad consolidada, partiendo de la consideración del suelo como un recurso natural escaso que sólo debe ser ocupado por la urbanización en casos de necesidad social constatable y sobre la base del principio de crecer para mejorar. Asimismo, prevé la reserva de un mínimo de suelo para vivienda protegida a precio tasado, modulable por las comunidades autónomas en función de su competencia específica y concreto conocimiento de su realidad fáctica.
Con respecto a las variables económicas, suprime la valoración especulativa del suelo al disponer que deberá tasarse por su situación real, es decir, por lo que es y no por lo que pueda ser, así como regula una más proporcionada distribución de las plusvalías generadas en el proceso urbanizador, atribuyéndole a los propietarios de suelo reclasificado un porcentaje de las mismas que pasa del 90% actual hasta un 80%, cuantificándose en función de su rentabilidad económica y destinándose la parte correspondiente a la Administración pública a la promoción obligada de vivienda protegida.
Con respecto a la ejecución urbanizadora, se refuerza la función pública de la misma, regulando la gestión privada en régimen de libre empresa, terminando con viejos criterios monopolistas que sólo ocasionan ineficacia del sistema, cuando no indeseables procesos de oscurantismo administrativo. Por último, se regulan procedimientos reforzados de información pública y participación social en los trámites administrativos, acotando intencionadamente las prácticas derivadas de convenios urbanísticos espurios o la introducción de medidas sobre incompatibilidades de los responsables en la toma de decisiones, como en el conocimiento de los operadores que intervienen en los procesos de compraventa de terrenos.
De las disposiciones expuestas y de su innovador contenido social y urbanístico se comprende cómo el proyecto de ley ha concitado una amplísima mayoría parlamentaria, nunca conseguida hasta ahora por ninguna Ley del Suelo anterior, y un mayoritario respaldo por parte de los sectores económicos y profesionales relacionados con el urbanismo.
Esperemos que vea la luz final en el mes de mayo, y con el complemento concertado de la legislación urbanística valenciana y los planeamientos municipales se pueda recuperar la racionalidad urbanística y el equilibrio territorial que nunca debió perderse en nuestra comunidad.
*Arquitecto y profesor de Urbanismo.
*LEVANTE-EMV - Viernes, 23 de marzo de 2007
Las Marbellas vascas
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TomásAldapa.- El Confidencial* : "De las informaciones publicadas por El Confidencial sobre el ‘Caso Amorebieta’ se puede sacar una conclusión clara: el ‘boom’ de las recalificaciones no es sólo cosa de la Costa del Sol. Las playas de Vizcaya también están sufriendo los azotes de la especulación inmobiliaria, que casi siempre beneficia a empresarios próximos al PNV. Es, sobre todo, el caso de Bakio y Barrika, pero también el de un municipio del interior como Derio.
En esta última localidad, próxima al aeropuerto de Bilbao y al Parque Tecnológico de Zamudio, la promotora Albia Berri está construyendo una urbanización de 347 chalés con campo de golf. Se llamará Mantuliz y está llamado a ser uno de los reductos más exclusivos de toda Vizcaya. La promotora Albia Berria, que cuenta con un capital de 4,3 millones de euros, está controlada por las constructoras Balzola y Bilbo-Eder, y su presidente es Lorenzo Mendieta, un conocido empresario que milita en el PNV.
Mendieta, que sostuvo económicamente durante mucho tiempo a los diarios nacionalistas Deia y El Periódico de Alava, fue uno de los grandes beneficiados por el bloqueo de ciertas inspecciones por parte de la Hacienda de Vizcaya. Aunque el tema está todavía en los tribunales, según diversas crónicas periodísticas, el jefe de Inspección del organismo foral, Juan Ramón Ibarra, manipulaba el programa informático de Hacienda para que no se tocara a ciertos contribuyentes. Entre ellos figuraban algunos conocidos fontaneros del PNV.
También están en el consejo de administración de Albia Berria otro ex consejero del diario Deia, José María Alaña, el ex presidente del Athletic Ignacio Ugartetxe y Martín González Aguinaco, secretario de Egaña, una empresa integrada en el holding Inssec. Se da la circunstancia de que la constructora Balzola, accionista de Albia Berria, participa en las principales obras acometidas en Vizcaya. Desde el Guggenheim hasta el metro, pasando por la nueva feria de muestras, campos de golf y la autopista que une Bilbao con San Sebastián.
La promoción de Derio cuenta ya con el visto bueno del Gobierno Vasco, trámite que no llegó a pasar otra urbanización que tenía previsto promover en el municipio de Laukiz. Este proyecto está paralizado desde que algunos medios publicaran que la zona había ardido en 1989, ya que la legislación actual prohíbe recalificar aquellos terrenos que han padecido un incendio.
‘Bakio D’or’
La otra zona conflictiva es Bakio, donde también se pretende construir un campo de golf y más de 1.000 viviendas, el doble de las inicialmente previstas. A este proyecto se le denomina ya popularmente como ‘Bakio D'or’ y un amplio grupo de vecinos y veraneantes ha constituido una asociación para protestar contra lo que entienden que puede suponer un crecimiento incontrolado de su pueblo. En este caso, la constructora más beneficiada es Valeriano Urrutikoetxea, vinculada a la concesión de la grúa en varios municipios vizcaínos. Uno de sus consejeros ha sido José María Ipiña, que fue candidato del PNV por Galdácano en 2003.
El alcalde de Bakio, Txomin Renteria, fue acusado en su momento de tener negocios personales con una promotora beneficiada por recalificaciones en la localidad. Esta compañía es Umpro 2000, precisamente la misma que ha adquirido finalmente los terrenos de Amorebieta a los que ha hecho referencia El Confidencial. Francisco Javier Goirigolzarri, ex secretario del EBB y ex consejero de Agricultura del Gobierno Vasco, es directivo de Umpro 2000.
El caso de Bakio ha llegado al Parlamento Vasco, que ha pedido la correspondiente fiscalización al Tribunal de Cuentas así como la comparecencia del alcalde, que por el momento se ha negado a acudir a la Cámara.
Finalmente, otro municipio afectado por las recalificaciones es Barrika, una pequeña localidad situada entre Plencia y Sopelana con amplias vistas al mar. El principal propietario de terrenos es, en este caso, la familia Lezama-Leguizamón, uno de cuyos principales representantes es Luis Lezama-Leguizamón, ex consejero del BBVA y de Recoletos. Su promotora, Llodilu, lleva años tratando de construir más de 100 chalés junto a la costa.
Algunos de ellos ya han sido levantados e incluso vendidos a precios superiores a los 600.000 euros en una zona de especial protección. Tras la denuncia de un grupo ecologista, el Tribunal Superior de Justicia ha paralizado su construcción, que contaba con el visto bueno del Ayuntamiento y de la Diputación de Vizcaya. Es muy posible que finalmente ordene la destrucción de los chalés, que estaban prácticamente finalizados. Se da la circunstancia de que Llodilu ha promovido, junto a Balzola y Bilbo-Eder las principales edificaciones de casas que se han llevado a cabo en Bilbao en los últimos años, en concreto en la zona de Miribilla.
*El CONFIDENCIAL - Viernes, 23 de marzo de 2007
Foto: Playa de Bakio - El Correo
"Puedes resolver tu vida y la de 20 generaciones"
EL PAÍS* : "El 12 de septiembre de 2005, Carmen Lobo, ex edil de IU cuyo voto precisaba el equipo municipal de Camas (Sevilla) para desbloquear sus planes urbanísticos, fue citada en un bar por el empresario Eusebio Gaviño. La edil ocultó una grabadora que registró 64 minutos en los que Gaviño le lanzó una oferta colosal: "Resolver tu vida, la de tu hija y de 20 generaciones tuyas". El intermediario le garantizó 1,2 millones, un piso, y un regalo que esa noche interceptó la policía.
La cinta está incorporada al sumario.
Carmen Lobo. Y a cambio, ¿qué recibiría yo? Porque no puedo cambiar de la noche a la mañana...
Eusebio Gaviño. Me gusta que hayas hablado tan directo: pues resolver tu vida, la de tus hijos y la de 20 generaciones tuyas. Si mañana nos vemos, verás qué gente tengo yo detrás.
C. L. ¿Qué gente hay detrás?
E. G. Empresarios. Pero si no lo haces tú, la próxima la hace otra persona.
C. L. Si yo lo sé. Que todos tenemos un precio.
E. G. Ahora te voy a hablar más claro. El tren pasa una vez por la vida. Una sola vez. Bormujos está entero corrompido. Yo te puedo enseñar en mi casa papeles notariales. Tú no sabes lo que se llevó el tránsfuga. ¿Qué ganas tú? Tu porvenir y el de tu hija. Yo trato de abrirte los ojos. Esto es un filón. Esto es oro, oro y oro.
C. L. La corrupción la he visto pasar siempre tan de lejos. No creí que me iba a coger tan de cerca.
E. G. A todos nos llega la hora. A ti te ha llegado ahora. Yo voy a lo mío. No sé si vienes a sacarme información. Pero yo quiero hacer. Yo tengo unos señores que tienen unos intereses ahí. Te estoy hablando claro. Y tenemos la oportunidad de resolver nuestra vida para 20 generaciones, la tuya y la mía.
C. L. ¿De qué se trataría?
E. G. Tenemos que sacar plenos puntuales. Y de esto nos vamos a llevar tanto, y de esto tanto.
C. L. Pero tanto, ¿cuánto es?
E. G. Pues 200, 400 millones de pesetas, 500 millones de pesetas...
C. L. ¿Por cada pleno?
E. G. Tenemos que sentarnos tranquilos y que me digas que vamos para delante. Esta gente te va a montar un negocio y no vas a tener que trabajar más. Y si no lo haces tú, lo hará otro. Yo no sé a qué vienes tú, yo vengo a montar el mejor centro deportivo de Andalucía.
C. L. Total, en resumidas cuentas, serían 200 millones de pesetas por cada pleno.
E. G. No, 200, no. Nosotros te daríamos cada uno 200 millones de pesetas de aquí a final de año. Esto son las menudencias. Que luego viene el millón de metros. Y tengo otra cosa yo para ofrecerte: un piso en la playa, no a nombre tuyo, sino de otra persona. Pero ya. No tienes ni idea de lo que se está cociendo ahí. Y controlado por nosotros. Tú salvas a tu pueblo, y te lo vas a llevar. Si tú fallas, falla todo. Pero me has hecho una pregunta que es muy buena: "¿Eusebio, yo qué me llevo?".
C. L. Me cuesta asimilarlo porque yo siempre me lo he llevado por mi trabajo. ¿Cómo sería la operación?
E. G. Vamos a ir punto, por punto. Operación por operación. ¿Cuánto hay aquí? Esto va a ir al pleno y esto vale tanto. Nosotros vamos a hacer un equipo: Paco Gordo, tú y yo. Si yo te fallo en un pleno, al otro tú me dices. "Eusebio, se acabó". Lo tienes tan fácil que lo ves muy difícil. Yo te diré, hay que votar esto, y cuánto nos llevamos de esto.
*EL PAÍS - Madrid - 23/03/2007
Foto: Camas (Sevilla) /pueblos españa
Noticia relacionada - El País, 23/03/2007 : Los denunciantes del 'caso Camas' piden cárcel para el alcalde
V Conferencia Internacional de Ciudades y Pueblos Sostenibles - Sevilla
*Ecologistas en Acción de Sevilla acusa a la "Conferencia Internacional de Ciudades y Pueblos Sostenibles", que una vez más nos encontramos con la utilización de la palabra sostenibilidad para encubrir lo insostenible. ¿Cómo se puede afirmar que Sevilla, Andalucía, España o alguna de las ciudades que están representadas en esta conferencia son sostenibles?
En Sevilla y Andalucía tenemos claros ejemplos de proyectos de gran envergadura claramente insostenibles como:
1. Mina Cobre las Cruces, la mina más grande de cielo abierto de toda Europa que se está construyendo a menos de veinte Km. de Sevilla que verterá metales pesados altamente contaminantes, que actúan como venenos muy tóxicos, como son el mercurio, el cadmio y el arsénico. La Junta de Andalucía y la Mina Las Cruces pretenden que estos venenos se viertan directamente al Río Guadalquivir, afectando a los arrozales y al Parque Nacional de Doñana.
2. La insostenibilidad del tráfico en Sevilla o cualquier ciudad andaluza, sin ninguna perspectiva de reducción de este tráfico sino todo lo contrario, gracias a la construcción de nuevas infraestructura para el tráfico privado (SE-35, SE-40,..., etc.) o el hecho fragante del paso de una media de 10000 coches en 12 horas atravesando un parque emblemático como es el parque Maria Luisa.
3. El derroche energético de la propia administración sin ninguna campaña de ahorro y eficiencia energética dirigida a la ciudadanía frente a la proliferación de centrales térmicas en distintos puntos de Andalucía y España.
4. La situación actual del urbanismo salvaje en España que se ha convertido en el mayor atentado ambiental, gestando desde hace mucho tiempo, por lo que resulta incomprensible que todavía no se hayan planteado fórmulas para poner freno a la destrucción del territorio en la que nos hayamos inmersos. A pesar de que existe suficiente legislación para actuar de forma contundente contra la ilegalidad, una gran parte de las infracciones urbanísticas se acaban consolidando, en gran parte debido a la prescripción de las mismas por el transcurso del tiempo sin actuación por parte de la Administración.
5. O la insostenibilidad del uso del agua debido a que seguimos instalados en políticas de oferta frente al control de las demandas, etc…
Por no hablar de dificultades que existen en el acceso a los datos públicos para los ciudadanos.
Toda entidad social acostumbrada a reclamar datos a las administraciones públicas sabe de las dificultades de obtenerlos. La opacidad no es una práctica exclusiva del Gobierno central, que alega en su defensa que muchas de las materias sobre las que se reclama información están transferidas. Los Ejecutivos autonómicos y las corporaciones locales no son más transparentes. Y es que la Administración pública (que da trabajo a casi tres millones de personas y es sin duda el mayor empresario nacional) es un complejo y pesado engranaje a las órdenes del poder político. Sin embargo, la ideología no marca diferencias fundamentales en el apego casi patrimonial a la información que maneja.
Ecologistas en Acción también denuncia el incumplimiento de distintos órganos y reglamentos de participación ciudadana y la dificultad que se tiene en participar en estos órganos consultivos y decisorios. Que es uno de los tres pilares básicos para la sostenibilidad.
Desde Ecologistas en Acción reclamamos una participación real en órganos decisorios y apoyaremos todas las iniciativas encaminadas a estos objetivos, para Llevar los compromisos a las calles y a los ciudadanos.
*Ecologistas en Acción - Sevilla 22 de marzo
VER también : Más de 63 países en Conferencia Ciudades Sostenibles desde mañana en Sevilla
Un juez investiga 200 licencias del municipio tinerfeño de Arona
JuanManuelPARDELLAS.- EL PAÍS* : "Agentes de la Policía Judicial se personaron ayer en el Ayuntamiento de Arona (Tenerife) con una orden judicial y solicitaron información sobre 200 licencias urbanísticas y más de 80 contratos adjudicados directamente por si hubiera indicios de un delito de prevaricación continuada y masiva al menos en los últimos dos años. El juzgado investiga una denuncia según la cual el Consistorio, gobernado por Coalición Canaria, adjudicaba obras y licencias a un grupo de empresas en contra de los servicios jurídicos municipales.
La causa la instruye el Juzgado número 8 de Arona. Los principales implicados en esta presunta trama son el alcalde, González Reverón, y el concejal de Urbanismo, a la vez responsable del Plan Director Municipal, Manuel Barrios, que durante años fue alcalde de Arona por el CDS. Los agentes de la policía judicial solicitaron ante el ayuntamiento tinerfeño los expedientes administrativos de todas estas licencias y contrataciones. El alcalde, José Alberto González Reverón (de Coalición Canaria), aseguró a Efe estar "limpio" y ha convocado una rueda de prensa para hoy.
La denuncia ante la Fiscalía la presentó a principios de año el portavoz socialista en la oposición de Arona, Francisco García Santamaría, quien advirtió irregularidades en la concesión continuada de licencias urbanísticas para centros comerciales, viviendas y establecimientos hoteleros y extrahoteleros. Según García, Santamaría, la junta de Gobierno adjudicó estas licencias y obras "con el informe desfavorable de los propios servicios jurídicos municipales" y además, con "una advertencia del secretario municipal sobre las posibles irregularidades y responsabilidades penales" derivadas de estas decisiones.
Respecto a las más de ochenta adjudicaciones directas de obras municipales, la denuncia se centra en aquellas concedidas sistemáticamente un grupo de tres empresas, cuyos pagos se fraccionaban en cantidades menores a 12.000 euros. Al fraccionar los pagos, se eludía la necesidad de convocar un concurso público. Las tres empresas están relacionadas con cargos de Coalición Canaria, Partido Popular y Centro de Arona Nacionalista, informa Efe.
Fuentes de la dirección regional de los nacionalistas canarios se pronunciaron con "mucha cautela" sobre este caso y advirtieron que la investigación "es similar" a la que la Justicia lleva en otros ayuntamientos socialistas de Tenerife, entre los que citaron Granadilla de Abona, Adeje y Guía de Isora.
El alcalde, limpio
Una vez entregada la documentación, González Reverón declaró que "ahora será el juez el que la estudiará y decidirá si existe alguna ilegalidad", aunque el regidor calificó como "disparate" que se investigue a todos los ayuntamientos de España, que, matizó, "han podido cometer errores, pero no ilegalidades".
Arona es un municipio con 69.000 habitantes a 81 kilómetros al sureste de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, sus poco más de 80 kilómetros cuadrados de superficie concentran, sobre todo en su costa, y allí alberga uno de los mayores imperios turísticos de todo el país, un núcleo conocido como Playa de Las Américas. Este complejo concentra una gran oferta turística de todas las categorías de alojamientos y una enorme oferta de ocio para millones de turistas que acuden de Reino Unido, Península y Alemania.
*ELPAIS.com - Santa Cruz de Tenerife - 22/03/2007
Foto: Los Cristianos (Arona) / Travelguides
A nueve semanas de las elecciones continúan apareciendo casos de corrupción en decenas de Ayuntamientos
inSurGente(J.L.)* : "Ni siquiera la cercanía de las elecciones parece que sirva para que remitan los casos de corrupción protagonizados, fundamentalmente, por concejales del PSOE y del PP. En los últimos días, recalificaciones, corrupciones urbanísticas, pelotazos, complejos turísticos, campos de golf con chalés en el hoyo adecuado, dineros ingresados en cuentas fuera del país, han servido, una vez más, como palabras que definen un panorama por demás corrupto y miserable, pero sobre todo, ilustrativo de un sistema podrido en su raíz.
San Sebastián de los Reyes
El alcalde de San Sebastián de los Reyes, José Luis Fernández Merino (PSOE), declararó en calidad de imputado por una presunta prevaricación y malversación de fondos en el Ayuntamiento de la localidad en el llamado 'caso de las vallas'.
El proceso se refiere a irregularidades en la instalación y cobro de las vallas publicitarias en terrenos municipales y a la concesión de los derechos de explotación de los monopostes publicitarios a empresas presuntamente vinculadas con el partido socialista.
También estaban citados a declarar mañana como imputados ante el juzgado número 7 de Alcobendas el actual concejal de Servicios y Obras, Julián Guijarro (PSOE), el anterior edil de Obras e Infraestructuras, Julián González (PSOE), y el secretario de Organización de los socialistas de 'Sanse', Saturnino Ureña, quien fue concejal en Ciempozuelos cuando gobernaba Joaquín Tejeiro, ex alcalde de este municipio, que fue acusado de cohecho y blanqueo de dinero.
El proceso comenzó el pasado noviembre a consecuencia de la denuncia presentada por una empresa concesionaria hasta 2002 de la instalación y mantenimiento de los monopostes, pequeñas vallas publicitarias donde se anuncian los comercios del municipio. El procedimiento que usó el Ayuntamiento para su adjudicación estaba inducido para que la concesión se realizara a favor de una determinada empresa, vinculada presuntamente a miembros del PSOE, según la denuncia que fue admitida a trámite.
Quijorna
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció que, tras abrir “diligencias de investigación” contra la alcaldesa del municipio madrileño de Quijorna, la popular Mercedes García Rodríguez, y otros cuatro concejales del ayuntamiento por corrupción urbanística, trasladará la investigación al juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles para dar continuidad al proceso judicial.
Noticias relacionadas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido no archivar la denuncia que el Grupo Independiente de Quijorna interpuso contra la alcaldesa (PP) y cuatro concejales por la firma presuntamente irregular de un convenio que reducía drásticamente la construcción de viviendas de protección oficial en terrenos del ayuntamiento. Con este paso se inician las diligencias judiciales contra los imputados en un juzgado de Instrucción, al que se han remitido tanto las diligencias previas como las diligencias de investigación que realizó el TSJM.
Reducción de la vivienda protegida
La denuncia contra el equipo de Gobierno de Quijorna se interpuso tras la firma de un total de 37 acuerdos para construir viviendas. Estos acuerdos redujeron del 50 al 10 por ciento el número de viviendas de protección oficial, en contra de lo estipulado en la Ley del Suelo madrileña.
Con el apoyo de PP y PSOE
Estos convenios salieron adelante en agosto de 2006 con el apoyo de la acaldesa, y dos concejales del PP, junto a los votos favorables de dos concejales socialistas. Estos últimos fueron inmediatamente expedientados y está previsto que sean expulsados próximamente del PSM.
La alcaldesa, acusada también de malversación
La alcaldesa del municipio, por su parte, tiene abierto otro proceso judicial por haber pagado para su defensa en este caso a abogados del bufete del polémico ex juez Gómez de Liaño con fondos municipales, algo que no permite la ley.
Pruna
Los once miembros del Ayuntamiento -la alcaldesa socialista y sus cuatro concejales, cuatro de IU y dos del PP- dimitieron, de común acuerdo, el pasado martes. Unas horas después, presionados por su partido, la alcaldesa y sus concejales volvieron al gobierno.
Al parecer, la alcaldesa dijo a los otros grupos que el PGOU que preparaban desde 1995 iba a ser rechazado por la Consejería de Obras Públicas. "Estábamos preocupados por el pueblo, la alcaldesa llevaba 20 días contando casas y haciendo números para no rebasar los límites de crecimiento permitidos por el POTA. Por eso tomamos esa decisión, entre todos", explican los portavoces del PP e IU, Diego Toledo y Juan García.
La regidora María Eugenia Rodríguez anunció, escoltada por dos secretarios comarcales del PSOE, que había "reconsiderado" su dimisión y postergaba, visiblemente azorada la reunión en la que debía dar explicaciones. Por su parte, IU y PP aseguraron que no volverán al ayuntamiento hasta que obtengan garantías de que la Junta aprobará el plan.
El desconcierto de la oposición fue en aumento cuando Obras Públicas anunció que el PGOU prunense cumple la normativa del POTA y que el plan no ha sido rechazado porque, entre otras cosas "aún no pasado por la Comisión Provincial de Urbanismo".
Carboneras
El PSOE de Almería reiteró hoy que el indulto al ex alcalde de Carboneras Cristóbal Fernández, acordado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de diciembre, se rigió "rigurosamente" por el procedimiento legal previsto y se concedió en virtud de los criterios establecidos por el Ejecutivo central para decidir si la excepción al cumplimiento de las penas está justificada.
En una nota remitida a Europa Press después de que el PP solicitara el pasado día 1 la comparecencia del Ministro de Justicia en el Congreso y la revocación de la medida, el PSOE recordó que el fallo condenatorio del tribunal --por un delito electoral-- se basó exclusivamente en el testimonio del empleado municipal a quien, según sentencia, el alcalde indujo al voto.
Sostienen además que el ex alcalde dimitió de su cargo --dos semanas antes de la concesión del indulto-- "pese a que había sido acordada la suspensión de la condena durante su tramitación" y que contó con respaldo de 10.000 personas residentes en Carboneras y su entorno. "El propio Fiscal --apuntilló el PSOE-- se pronunció a favor de que fuera concedido".
El diputado nacional del PP por Almería, Rafael Hernando, anunció en rueda de prensa que su partido solicitaría la revocación de la medida --que eximió al ex edil de una inhabilitación de seis meses-- porque no se está cumpliendo la condición de no cometer delito doloso en dos años después de su publicación en BOE bajo la que se concedió.
El diputado del PP por Almería informó, asimismo, de la presentación de un acta notarial ante las autoridades judiciales que implican a Cristóbal Fernández en un "soborno" para imputar a dos ediles del Ayuntamiento de Carboneras en una trama de "extorsión y chantaje" de la que aseguró fue víctima.
Ponferrada
El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada (León) imputó ayer al alcalde del municipio, Carlos López Riesco y a los cinco consejeros de la empresa pública del suelo (PONGESUR), por presuntos delitos de prevaricación. Los imputados serán llamados a declarar en los próximos días por ceder suelo público a una empresa de construcción que no se encontraba inscrita en el régimen de la Seguridad Social.
Representantes de los partidos políticos Izquierda Unida de Ponferrada (IU), Movimiento Alternativo Social (MASS), Partido Político del Bierzo (PB) y Alternativa Comarcal Democrática (ACD), junto con las Asociaciones de Vecinos de Ponferrada, presentaron una querella contra López Riesco, y los cinco consejeros de la empresa Pongesur: Juan Elicio Fierro Vidal, Severino Alonso Fernández, Tarsicio Carballo Gallardo, Luis Brañas Martínez y Manuel Barrio Álvarez, todos ellos muy cercanos al PP, a quienes acusaban de presuntos delitos de prevaricación.
Tras ratificarse la querella, el juzgado ha decidido llevarla a trámite, imputando a los seis querellados, que tendrán que declarar entre los próximos días 23 y 26 de marzo, según determina el auto al que ha tenido acceso este periódico.
López Riesco y el resto de los consejeros están acusado de presuntos delitos de prevaricación por ceder presuntamente una superficie para albergar 626 viviendas a la constructora UFC, propiedad del controvertido empresario leonés José Luis Ulibarri. Las concesiones de terreno se habrían hecho aún sabiendo que la empresa no estaba inscrita en la Seguridad Social, lo que convierte en ilegal dicha cesión.
Peraleda de la Mata
La Dirección General de Medio Ambiente ha frenado el proyecto presentado en Peraleda de la Mata para poner en marcha "un centro turístico y deportivo de gran magnitud".
En primera instancia la empresa Las Encinas Desarrollos y Proyectos Turísticos --cuyo representante es Guillermo Polanco, directivo del Grupo Prisa-- había presentado una oferta al Ayuntamiento de Peraleda para adquirir 240 hectáreas de la finca de propiedad municipal La Pasada. La oferta alcanzaba los 9.000 euros por hectárea, por lo que de haberse concretado la operación el consistorio habría percibido 2,16 millones de euros. Finalmente el ayuntamiento aprobó la operación con los votos a favor del PSOE y en contra del PP --que reclamaba más información al respecto-- el 3 de agosto del año pasado.
De esta forma, se solicitó permiso a la Junta para poder llevar a cabo la venta de estos terrenos, aunque esta lo ha denegado.
La polémica sobre la oportunidad o no de este proyecto no es nueva y de hecho provocó en su momento una importante división interna en el PSOE. Tanta que el anterior alcalde, el socialista José Manuel Zamora, acabó dimitiendo después de que la agrupación local del PSOE rechazase hasta en dos ocasiones esta iniciativa calificándola de "pelotazo urbanístico".
Finalmente, los dirigentes socialistas de Peraleda decidieron respaldar el complejo turístico en una tercera asamblea celebrada el 18 de julio, días antes del pleno municipal.
El jefe de servicio de la Dirección General de Medio Ambiente, Fernando Toribio, señala que esta iniciativa aún "estaba en fase de consulta previa y no era un proyecto como tal". Lo cierto es que, tal y como explicó el actual alcalde, el también socialista Manuel Sánchez, si finalmente prospera el proyecto se publicará un pliego de condiciones que permita competir en igualdad de condiciones a todas las empresas interesadas.
Barbastro
El alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, declarará en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de esta localidad el próximo 11 de abril, en calidad de imputado, en las diligencias previas que se instruyen a raíz de la denuncia del PP por la polémica venta de unos terrenos situados en el Polígono Industrial “Valle del Cinca” por parte del empresario Javier Blecua al Ayuntamiento de Barbastro, por un precio veinte veces mayor del que le costaron hace un año.
El titular del Juzgado barbastrense tomará declaración, en fechas posteriores, y en calidad de testigos, a los dos propietarios originales de los terrenos y a la persona que les representó como apoderada, a tres funcionarios municipales, a la interventora del Ayuntamiento, que puso seis reparos a la operación, y a dos técnicos que intervinieron en la tasación de terrenos.
En la relación de testigos figura, también, el vecino que denunció la inclusión de una finca de su propiedad en la opción de compra entre el Ayuntamiento y Javier Blecua, situación que denunció el lunes pasado en el Juzgado de Barbastro.
Caudal
El plan de expansión urbanística de la estación de San Isidro sigue envuelto en una importante polémica política. El PSOE leonés ha anunciado su intención de acudir a la fiscalía para que investigue un supuesto «pelotazo urbanístico» en la estación invernal. Los socialistas argumentan sus sospechas en que la firma Ski Golf Resort, promotora del proyecto, habría «subcontratado» a la empresa asturiana Contratas Iglesias la construcción de un complejo hotelero de lujo a pie de pistas, favoreciendo, a juicio del PSOE, «un proceso especulador con muchos millones de euros de por medio».
Los socialistas leoneses aseguran que Ski Golf Resort, que también cuenta con capital asturiano y cuya cabeza visible fue el desaparecido Paquito Fernández Ochoa, se hizo con los terrenos destinados a la expansión de San Isidro para desarrollar todo el proyecto, sin parcelaciones, algo que ahora se incumpliría con el acuerdo para que sea Contratas Iglesias quien levante un hotel de cinco estrellas y tres edificios de apartahoteles.
Chiclana
El actual concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Joaquín Muriano Ayán (PSOE), diseñó y dirigió las obras de un hotel ilegal construido en el término municipal chiclanero y que fue regularizado con la entrada en vigor del nuevo Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), hace apenas dos años.
Antes de salir elegido concejal en las elecciones municipales de mayo de 2003, Muriano, arquitecto de profesión, diseñó y dirigió las obras de construcción del Hotel Cortijo Los Gallos, pese a que la parcela en la que se edificó era de uso comercial no hotelero, según reflejaban las Normas Subsidiarias vigentes en ese momento y según constataron posteriormente informes técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y hasta un perito judicial. Además, el inmueble superaba la edificabilidad permitida e invadía linderos, cuestiones que tuvieron que ser subsanadas mediante proyectos de reforma posteriores redactados por el propio Muriano.
Una denuncia de un particular provocó la incoación de expedientes sancionadores por parte de la GMU, que terminó archivando el caso días antes de que Muriano obtuviera su acta de concejal.
Amorebieta
El precio del metro cuadrado en la localidad vizcaína de Amorebieta sube como la espuma. Tanto es así, que unos terrenos propiedad del Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe fueron vendidos a través de la sociedad estatal Socade a la empresa de forjados Forging Products por valor de 2,18 millones de euros. Acto seguido y ante el mismo notario, Forging vendió por más del doble esos mismos terrenos a una promotora, Umpro 2000, concretamente por 5,11 millones de euros. Esto es lo que se llama dinero rápido.
La operación tuvo lugar el pasado 24 de noviembre de 2004 ante la notaría del colegiado Antonio Ledesma García, según documentación consultada por este diario. ¿El beneficiado? José Miguel Arrieta Heras, propietario de GABA XXI, matriz de Forging Products. Se da la circunstancia que Arrieta Heras es hermano de José Ignacio Arrieta Heras, ex consejero de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno del PNV de José Antonio Ardanza, según indicaron a El Confidencial fuentes políticas vascas.
Socade, sociedad pública de capital desarrollo, tal y como define el Gobierno vasco, recibió gratuitamente en 1999 la propiedad de cuatro fincas, tres de ellas calificadas como rústicas y una cuarta urbana. El 23 de julio de 2003, la secretaria del Ejecutivo regional Idoia Zenarruzabeitia Beldarrain autorizó a Socade la venta de dichos terrenos a Forging Products valorando los mismos en 2.182.093 euros, con una de esta dos condiciones: una, que la citada empresa de forjados efectuara su actividad industrial en estos terrenos; o dos, que lo hiciera en otra zona siempre que perteneciera al término municipal de Amorebieta.
Forging Products optó por la segunda opción y se comprometió a construir naves industriales donde estaba ubicada otra empresa, Sistemas de Forjados de Precisión, por entonces en suspensión de pagos. Tanto Forging como Sistemas de Forjados forman parte de GABA XXI y, por tanto, pertenecen a José Miguel Arrieta Heras, tal y como reza en el Registro Mercantil. Todo quedaba en casa, se cumplía con los compromisos adquiridos con la Administración vasca y no existía anomalía alguna.
Sin embargo, la sorpresa llegó el día de la firma de escrituras, pues si el número de protocolo de la venta de Socade a Forging era el 4.950 en la citada notaría. El de la venta de Forging a la promotora Umpro 2000 de los mismos terrenos era el 4.951. Es decir, se realizó una doble venta el mismo día y ante el mismo notario. Sin embargo, la cifra de adquisición era muy distinta: 5.108.603 euros. De esta cantidad, un millón ya había sido percibido por Umpro, según consta en un aval bancario del Banco Popular consultado. Al respecto de esta operación, Forging Products no ha querido hacer comentario alguno a este diario.
Negocio redondo y rápido
De los 5,11 millones de euros que tuvo que pagar Umpro, hay que restar 1,5 millones en concepto de las obras que Forging se había comprometido a desarrollar en los terrenos de Sistemas Forjados de Precisión. Esto es, la compañía de Arrieta Heras se embolsó 1,43 millones de euros de un plumazo. Negocio redondo.
Así las cosas, el Gobierno vasco ha perdido 2,93 millones de euros en una venta de terrenos en beneficio de un empresario allegado al partido gobernante, el PNV. Y todo con plena conciencia de ello, ya que toda la operación se realiza en presencia de José María Losada por parte de Socade, José Antonio Ros Leseduarte en nombre de Forging Products S.A., Lázaro Achotegui Sarasqueta en nombre de Sistemas Forjados de Precisión, el propio José Miguel Arrieta Heras en nombre de GABA XXI, SL que actuó como fiador solidario y Ernesto Martínez Rodríguez en representación de Umpro 2000.
Castilla y León
El juez de instrucción número 1 de Valladolid ha pedido a la Agencia Tributaria las declaraciones de la renta de los últimos cinco años de dos miembros de la ejecutiva regional del PP de Castilla y León: el secretario regional, Raúl de la Hoz, y el secretario de emigrantes y concejal de Valladolid, Dionisio Miguel Recio, para investigar su posible participación con una trama de corrupción urbanística en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Pocas investigaciones de tramas urbanísticas apuntan tan alto. El juez pide a información fiscal de otras 13 personas y las operaciones de 10 inmobiliarias que pudieron ser beneficiadas por el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo.
Freijo y su segundo están imputados por prevaricación y tráfico de influencias, y anunciaron su baja del PP hace dos semanas.
Arroyo de la Encomienda es un mar de grúas y convenios urbanísticos. Situado junto a Valladolid, el pueblo ha pasado de 1.930 habitantes a 8.039 en 10 años. Tanta grúa, tanto chalé y tanto edificio no pasa desapercibido. En mayo de 2006, el magistrado José María Crespo abrió unas diligencias de oficio para investigar las recalificaciones en el pueblo a raíz de una información de El Norte de Castilla. El diario denunciaba que Méndez Freijo, alcalde de Arroyo desde 2003, había pactado con una ex empleada suya -María Iluminada Miguel- un convenio urbanístico que beneficiaba a la empresa promotora Mahía. María Iluminada es hija de Dionisio Miguel Recio, concejal del PP en Valladolid.
En ese convenio, el del SAU-9, Méndez recalificaba 25.598 metros de suelo industrial a urbano para que la promotora levantase 2.984 viviendas. A cambio, Mahía daba al ayuntamiento 12,468 millones de euros, mucho menos que las ganancias de la empresa: a 60.000 euros de beneficio por piso, la empresa ganaría 179 millones. A ese acuerdo le siguieron otros. En el del SAU-13, el consistorio permitía a Mahía construir 150 viviendas más de las previstas. Fue paralizado por el Tribunal Superior de Castilla y León. El juez ha pedido datos sobre Mahía y las declaraciones de la renta de su presidente, Ramón López Casal.
El juez ya imputó por delito contra la hacienda pública, prevaricación y tráfico de influencias al alcalde, a su teniente de alcalde, Miguel Ángel Ibáñez Antolín, y a Maria Iluminada Miguel. Ahora amplía las pesquisas y eleva el perfil político de los investigados. En un auto fechado el 12 de enero de 2007, el juez pide a la Agencia Tributaria que le remita "copia auténtica del resultado de las declaraciones en concepto de IRPF de los últimos cinco años" de otras 15 personas, entre ellas dos miembros de la ejecutiva regional del PP, Dionisio Miguel y Raúl de la Hoz.
Dionisio Miguel Recio es concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, diputado provincial y hombre de confianza del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. Pese a ser concejal de Valladolid, era consejero de la empresa municipal de suelo de Arroyo de la Encomienda, Emuva, que gestionaba la mayoría de los convenios urbanísticos del municipio. Su hija María Iluminada firmó el convenio a favor de Mahía como apoderada de la promotora. El juez investiga ahora la posible relación de Dionisio Miguel en la trama "visto el estado de las presentes actuaciones". El magistrado reclama también las declaraciones de Hacienda de su hijo Julio César Miguel Fernández. Éste fundó en 2003 una constructora, Dafranma, que trabajó para Mahía y dos años después tenía 50 empleados.
El juzgado también investiga a Raúl de la Hoz Quintano, secretario de organización del PP regional, procurador en las cortes regionales, ex consejero de Emuva y asesor del ayuntamiento. Además de pedir sus declaraciones de la renta, reclama al ayuntamiento que informe "sobre la condición de Raúl de la Hoz como asesor jurídico" y que "certifique si la labor de asesoramiento abarca el ámbito urbanístico". De la Hoz es el número tres del PP regional, en la ejecutiva que preside Juan Vicente Herrera.
El magistrado también reclama información del ex concejal de Obras Javier Cruz Sánchez, dimitido en 2006. Éste, ex operario de la empresa de mermeladas Helios, tiene en propiedad cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial y dos compradas a Mahía en 2005. Con éste, son cinco los cargos del PP (uno dimitido y dos recién dados de baja del partido) en el punto de mira del magistrado, más dos familiares directos.
El auto refleja una compleja trama de vínculos familiares y empresariales. El juez reclama las declaraciones de la renta del arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar, que avaló las valoraciones de suelo, y de su esposa, Nerea Santiago Sacristán. Ésta era socia en la promotora Arquiduero del arquitecto de Mahía y a la vez consejero de la empresa municipal de suelo Emuva, Francisco Javier González Barriuso. El auto investiga los ingresos de éste y de sus socios en otras promotoras, como José Félix Merchán Moralejo, Jesús Perrino Lozano o Juan Carlos Hernansanz Caviedes. En total, son ya 18 personas las investigadas, en un caso que ha sacudido a Valladolid. El auto investiga también a Florentino González Rodríguez, albacea de la familia Ibáñez, que era propietaria de todo el suelo originalmente rústico.
Por último, reclama a la Guardia Civil una "investigación e informe sobre localización, sede, instalaciones y datos de las empresas Promociones TJ-4, Urbaduero 21, Binurba, Arquiduero, Obribérica, Hotel Villa de Olmedo, Fernández y Soares Construcciones, Trycsa, Avgeira Gestión". Se trata de las firmas relacionadas con los investigados y que conforman una intrincada madeja.
Fuentes: AGENCIAS/El País/El Confidencial/El Mundo/ElPlural
*inSurGente.org - Miércoles, 21 marzo
Viñeta inSurGente
Encierro en una oficina bancaria de Barcelona por el derecho a la vivienda
EFE* : "Una veintena de miembros de la plataforma popular 'V de Vivienda' se encerró en Barcelona en una oficina bancaria para denunciar simbólicamente a las entidades financieras como unas de las responsables de que se vulnere el derecho a la vivienda en España. Los jóvenes decidieron celebrar su asamblea en el vestíbulo de la sucursal situada en la calle Ciutat de Barcelona como acto de protesta por el beneficio que estas entidades obtienen a costa de las abusivas hipotecas que pagan las personas que quieren acceder a una vivienda de propiedad.
Adrià, uno de los jóvenes que permanece encerrado en el cajero, ha lamentado, en declaraciones a Efe, la "falta de voluntad y valentía política" que existe para solucionar el problema del acceso a la vivienda, que "debería ser un derecho" equiparable a la sanidad o la educación.
"Las decisiones políticas están coartadas por estos grupos de poder, que se están haciendo de oro a costa de las hipotecas mientras perjudican a la gran mayoría", ha señalado Adrià, que asegura que hacen falta medidas decididas para dar respuesta a este problema, como erradicar los pisos vacíos y construir más pisos de protección oficial.
Para reclamar el derecho a la vivienda, esta plataforma ha convocado para el próximo sábado 24 de marzo una manifestación que, bajo el lema "Va a ser que no", recorrerá el centro de Barcelona y el de otras ciudades españolas como Madrid, Logroño, León, Tarragona y Toledo, entre otras poblaciones.
*El Mundo - SuVivienda - martes 20/03/2007
Foto: 'Sentada' en vestíbulo del banco. (Foto: EFE)
Los planes de vivienda protegida se han cumplido sólo a medias
R.A.- 20minutos* : "Muchas comunidades no han alcanzado los objetivos propuestos al inicio de la legislatura. En poco menos de un año se han organizado en España decenas de manifestaciones para solicitar al Gobierno el derecho a vivienda. La primera sentada se llevó a cabo en mayo de 2006 y este sábado 49 ciudades vuelven a estar convocadas para pedir soluciones a este problema. Las comunidades se comprometieron a llevar a cabo planes de vivienda protegida, que sólo se han cumplido en parte:
Valencia: El Ayuntamiento prometió en 2003 crear unas 9.000 VPO, sin embargo, hasta el momento sólo ha construido 4.638.
Cataluña: En la pasada legislatura (2003-2006) se prometieron 42.000 pisos, pero sólo se iniciaron 35.000. Para la presente legislatura (2006-2010) se han comprometido a construir 50.000.
Comunidad de Madrid: De 2004 a 2006 se iniciaron 60.000 viviendas protegidas, de las que se terminaron cerca de 40.000.
Aragón: En 2003, en Zaragoza se prometieron 8.000 VPO. A lo largo de la legislatura se han hecho o se están construyendo 9.100 pisos protegidos. En el total de la comunidad (incluida Zaragoza), el compromiso del Gobierno autonómico era llegar a las 12.000 VPO. A falta de los datos definitivos, se han dado más de 12.000 calificaciones.
Andalucía: En Sevilla, Emvisesa (empresa municipal de la vivienda de Sevilla) se comprometió a construir 6.700, de las cuales, 1.972 están terminadas y entregadas y 545 se entregan este mes. Otras 2.493 se encuentran ya en obras y 1.363 viviendas están en trámites. En Málaga se comprometieron a construir 7.000 VPO, aunque hasta el momento se han realizado 1.400, mientras que en Granada capital se han entregado 354 durante el actual mandato.
Murcia: En 2003, en la ciudad se prometió suelo para 5.000 VPO y sólo se han hecho 577, de las que sólo se han entregado 145.
Bilbao: 8.100 viviendas se comprometieron a construir entre 2003 y 2007. Se han realizado 1.463.
Galicia: En A Coruña se prometieron 10.000 viviendas protegidas este mandato, de las que se han construido 2.000. En Vigo no se estableció una cantidad determinada de viviendas para construir durante la legislatura, pero se comenzaron a construir 2.199, de las cuales, 720 están ya terminadas (son VPA-protección autonómica).
Otras iniciativas del Gobierno
En marzo del año pasado, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, presentó una web, creada por el Consejo de la Juventud de España, que ofrece a los jóvenes otras vías para encontrar casa. Obviamente, no podemos conseguirte casa, decía su lema, y regalaban un par de zapatillas para recorrerse la ciudad en busca de piso. La propuesta de ofrecer minipisos también creó polémica, aunque más tarde se concretó que esta actuación (incluida dentro del Plan Vivienda 2005-2008) iría destinada a estudiantes universitarios.
Las propuestas en esta materia
Lo que se dijo...
Minipisos: Una vivienda de 30 metros cuadrados. Esta propuesta fue recibida de forma muy crítica en mayo de 2006, cuando se produjeron las primeras sentadas por la vivienda digna, y estaba previsto que se englobase dentro del Plan de Vivienda. En nuestro país hay censadas más de 56.500 viviendas de estas proporciones.
Pisos vacíos: La publicación por parte de un diario nacional de que con la Ley del Suelo el Gobierno podría expropiar pisos vacíos hizo saltar la alarma. Además, el Parlamento catalán aprobó en febrero un proyecto de ley que propone la posibilidad de expropiar pisos desocupados para su salida al mercado del alquiler.
Plan Vivienda 2005-2008: El Ministerio anunció que duplicaría la dotación presupuestaria del programa anterior (2002-2005) con 6.822 millones de euros y que ampliaría en un 63% el número de actuaciones anuales respecto al anterior proyecto. Además, contemplaba para menores de 35 años ayudas a la entrada de hasta 10.000 euros.
... Así queda
Programa de Vivienda Universitaria: Finalmente, los minipisos de entre 30 y 45 metros cuadrados serán 10.000 apartamentos que serán alquilados a estudiantes universitarios por un precio de entre 75 y 200 euros al mes. El alquiler será rotatorio, con un plazo de ocupación máximo de cinco años.
Ayudas al alquiler: El Ministerio de Vivienda respondió que la expropiación no entraba dentro "de sus competencias", algo que "corresponde a las comunidades". "En lugar de sancionar a los propietarios", se les "incentiva" con ayudas y garantías, indicaron.
Plan Vivienda 2009-2012: Mª Antonia Trujillo, ministra de Vivienda, anunció que el objetivo del próximo plan será el alquiler, haciendo desaparecer "la vivienda protegida en propiedad".
El sueldo se va en la casa: El Consejo de la Juventud recordó el pasado mes de noviembre que la vivienda seguía siendo el problema de los jóvenes y señalaron el necesario aumento de las ayudas directas para este sector de la población.
*20minutos.es - 21.03.2007
Foto: 'Dormida' al raso en Madrid por una vivienda digna - 22/03/07 - 20minutos (Jorge París)
Reivindicaciones sobre precariedad y vivienda de la Asamblea de Madrid
*La Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna de Madrid nació con la voluntad de organizar el impulso y la movilización social surgida de las sentadas espontáneas por la vivienda digna a partir del 14 de mayo de 2006, y como forma de apoyo y autodefensa ante la desmesurada y represiva respuesta policial a un movimiento ciudadano y pacífico. Desde sus inicios, la Asamblea consideró que la lucha por la vivienda digna no podía parcelarse del resto de la realidad socioeconómica, especialmente de un problema tan grave como es la creciente precariedad vital y material que soportamos.
El acceso a la vivienda digna…
El problema de la vivienda es el de un modelo económico y social que ha puesto este país al servicio de la especulación inmobiliaria, con el objetivo de hacer negocio con el suelo y las viviendas, sin importar su coste económico o medioambiental o si alguien las habitará. En este país sobran viviendas para especular (hay más de 3 millones vacías, 300.000 en Madrid), es más caro que nunca acceder a ellas (en compra o en alquiler) y faltan viviendas asequibles para vivir. ¿La causa? La vivienda, una necesidad social básica, se ha dejado en manos del mercado, una mercancía más con la que se especula y mercadea, excluyendo de su acceso a “los no rentables”. Un mercado controlado por un oligopolio de propietarios del suelo, promotoras, constructoras y políticos corruptos que se forran a costa de hipotecar y atar a la precariedad a millones de vidas de por vida, obligadas a aceptar condiciones de esclavitud del siglo XXI en el intento de desarrollar su proyecto vital.
Frente a este modelo de “capitalismo popular del ladrillo”, la Asamblea reivindica que el acceso a la vivienda digna (entendido como alojamiento, no como propiedad) sea un derecho universal, reclamable y equiparado a otros derechos fundamentales como la educación o la sanidad. El objetivo es que en el periodo más breve posible, toda la población que lo desee pueda acceder a una vivienda de alquiler social. Para garantizar este derecho hay que sacar a la vivienda del mercado y del mercadeo, son necesarios cambios legislativos (modificación de la Constitución), disponer de un amplio parque de alquiler social (público o interviniendo las viviendas vacías) y unas Administraciones Públicas no corruptas que dejen de estar al servicio de la especulación inmobiliaria.
Mientras no se garantice el derecho efectivo y real a una vivienda y a una vida digna, la okupación de viviendas vacías y edificios abandonados para habitarlos o para convertirlos en centros sociales abiertos al barrio seguirá siendo un instrumento de resistencia legítimo frente a la exclusión vital que promueve el mercado. Desde este análisis, apostamos por la despenalización de la ocupación.
CON TANTO PISO VACÍO, SE VA A MONTAR UN LÍO
Las propuestas de la Asamblea se resumen en cuatro ejes en materia de vivienda, urbanismo y suelo:
1) Priorizar el uso de las viviendas vacías y de la ciudad ya existente. Se debe apostar por la rehabilitación y mejora de las viviendas y la ciudad ya existente frente a la constante expansión y construcción de nuevas viviendas y ciudades. Debe darse un uso social a las viviendas vacías, fijando para ello un fuerte impuesto sobre estas viviendas en aquellas zonas con necesidad urgente de vivienda. Para evitar el impuesto, el propietario podrá ceder la vivienda vacía a una bolsa pública de alquiler que la gestionará, cobrando un alquiler no lucrativo que cubra los gastos de mantenimiento y conservación de la vivienda, que permitan devolverla en perfecto estado a su propietario cuando éste pueda acreditar un uso legítimo de la misma.
2) El suelo y el territorio es un recurso frágil y limitado que debe ser protegido, por lo que debe establecerse una moratoria a la urbanización de nuevo suelo, hasta que se justifique su necesidad social. Se debe abaratar el suelo para uso social: Sin disponer de suelo asequible, difícilmente podrá implementarse una política pública de vivienda. Para ello una de las fórmulas posibles tendría cabida en la Ley del Suelo y consiste en valorar el suelo rural a precios agropecuarios, desligándolo de los precios inmobiliarios. Otras opciones pasan por reservar a la iniciativa pública toda la capacidad urbanística o por expropiar sin indemnización los solares vacíos de las ciudades para uso social.
3) Allí donde la actuación sobre las viviendas existentes no sea suficiente y se necesite nueva vivienda, se promoverá la construcción, mediante una constructora pública, de parques de vivienda pública en alquiler social. Nadie debe lucrarse con el dinero público destinado a garantizar una necesidad social básica y las condiciones dignas deben alcanzar tanto al trabajador que construye esas viviendas como a los que las habiten. El gasto público en vivienda debe destinarse a promover este parque de vivienda social de alquiler, reorientando la política actual centrada en subsidiar la compra y la propiedad de la vivienda.
4) El planteamiento que debe englobar el acceso digno a una vivienda va más allá de las cuatro paredes de la vivienda y engloba el modelo de ciudad y de urbanismo, de transportes, de servicios públicos y equipamientos sociales, de relaciones sociales y territoriales que genera,… Y este modelo debe impulsarse y surgir de la participación democrática, activa y directa de los ciudadanos y concretarse en la aprobación por referéndum de los planes de urbanismo. En definitiva, englobar estas propuestas en un urbanismo al servicio de los ciudadanos, no del mercado ni de los propietarios del suelo.
CON TANTO PISO VACÍO, SE VA A MONTAR UN LÍO
… Y la lucha contra la precariedad
La precariedad es un concepto amplio con muchas caras que cada vez abarca y limita un mayor número de aspectos de nuestra vida: precariedad en el trabajo, en los salarios, en la relación laboral, en las relaciones sociales y en las redes de apoyo mutuo, en la lacra de los accidentes laborales, en la discriminación laboral (sexo, nacionalidad, edad), precariedad como debilidad y desmantelación de los servicios públicos y la protección social,... Los colectivos afectados por esta precariedad son igualmente múltiples: parados, trabajadores sin contratos ni derechos, temporales y precarios, becarios, falsos autónomos y autónomos dependientes, subempleo,…Jóvenes, mujeres e inmigrantes (¡ningún ser humano es ilegal!) sufren en mayor medida la explotación laboral. Una precariedad que antes era un peaje “temporal” a pagar por parte de los jóvenes y que cada vez más se generaliza a toda la población como modelo económico y social permanente, una profunda reforma laboral encubierta que está erosionando las pocas conquistas sociales y laborales alcanzadas.
La carestía de la vivienda (hipoteca, alquiler) y las malas condiciones laborales son dos factores que se retroalimentan: La obligación mensual de hacer frente un pago desmesurado por alojamiento obliga a las personas a aceptar las precarias condiciones laborales que ofrecen los empresarios y a no protestar o reivindicar mejoras ante la amenaza del despido. Este chantaje obliga a aceptar recortes y condiciones laborales a la baja y la necesidad de dos salarios para poder sobrevivir, impidiendo conciliar la vida familiar y personal con la laboral.
La última década de fuerte crecimiento macroeconómico ha generado un aumento considerable de las desigualdades sociales y de renta, explicado en gran medida por el ciclo inmobiliario, la construcción y el encarecimiento de la vivienda. La riqueza del país (el PIB, producto interior bruto) se ha “duplicado” en estos años, pero no todos nos hemos beneficiado en igual cuantía de este crecimiento. De hecho, mientras que la mayoría de los trabajadores y de la población en general ha visto como se estancaba o empeoraba su poder adquisitivo y sus condiciones de vida, una minoría de empresarios y especuladores ha visto multiplicarse sus beneficios a costa del esfuerzo de la mayoría.
Desde la Asamblea defendemos un acceso más justo de toda la población (y no solo de una minoría) a la riqueza generada entre todos. La lucha contra la precariedad hay que enmarcarla en un proceso de mejoras sociales globales en este país y ligado al impulso del mismo proceso en el resto del mundo (en una economía globalizada, las conquistas sociales se universalizan o perecen fruto de la lógica competitiva capitalista como estamos viendo con las deslocalizaciones). Se debe abogar por otro modelo socioeconómico a nivel global, basado en mayores derechos sociales, económicos y laborales para el conjunto de la población y surgido de una verdadera democracia real, consciente y crítica.
Algunas medidas para combatir la precariedad serían:
1) El establecimiento de una renta social básica universal, que permita empezar a romper el chantaje establecido por unas condiciones sociolaborales a la baja.
2) Reparto del trabajo sin reducción salarial, como forma de reapropiación de la riqueza generada.
3) Actuar sobre los elementos más graves de precariedad laboral: el abuso de los contratos temporales generalizados y descausalizados y su encadenamiento, eliminación de las ETT´s y otras fórmulas similares (subcontratas, empresas de cesión de trabajadores y prestación de servicios), fuerte subida del salario mínimo, actuar sobre las causas de los accidentes de trabajo,…
4) Acabar con la mercantilización y/o privatización de las empresas y servicios públicos, que restringen nuestra ciudadanía y participación democrática a la de meros consumidores. Cuestionar el modelo vigente que da todo el peso económico al sector privado y limita la actuación pública y colectiva a la de mero espectador.
5) Recuperar la existencia de una banca pública, que permita el acceso más asequible a la financiación e incorpore criterios sociales a su gestión.
6) Impulso al autoempleo, las cooperativas y otras formas de trabajo y economía social, que permitan ir abriendo brecha en la lógica actual del lucro privado como motor de la sociedad y la actividad.
*escrito por antiespantaviejas - martes, 20 de marzo de 2007
*madrid.vdevivienda.net
El Aljarafe se rebela
AntonioRODRÍGUEZ ALMODÓVAR.- EL PAÍS* : "Cuando se construye una casita en un monte, acaba formando parte del paisaje. Cuando se construye un hotel, el paisaje acaba formando parte del hotel. Lo que antes era de todos, ahora es de unos cuantos. Esta sencilla premisa, que vale también para playas y acantilados, parques, etcétera, debería figurar en alguna ley que tuviera por eje el más delicado y público de todos los derechos: el derecho al paisaje. Por lo menos hasta que los ricos deciden privatizarlo, con la anuencia de munícipes bobos, o blandos, o cómplices.
Se entiende así que el Algarrobico se haya enseñoreado de una de las cumbres más famosas del enredo administrativo (y camino va de adueñarse ahora de quince millones de los contribuyentes). Que en el entorno protegido de Medina-Azahara existan 400 parcelas ilegales, esta vez de la mano del Ayuntamiento de Córdoba (¿tú también, Rosa?). Que en los alrededores del Parque Natural de Sierra de las Nieves, el ayuntamiento de Ronda pretenda autorizar 800 chalés, dos hoteles de lujo y el consabido campo de golf. (De "golfos", dice la ocurrencia popular). O que alrededor del precioso jardín diseñado por Forestier en 1928, en Castilleja de Guzmán, del Aljarafe sevillano, unos desalmados pretendan apropiarse de las suaves ondulaciones de un paisaje que ya debieron contemplar los habitantes de Tartessos.
Obsérvese que no estamos ante casos "normales", como esos 2.000 chalés ilegales de Almería o las recalificaciones que el dadivoso alcalde de Málaga está dispuesto a conceder a diversas órdenes religiosas para que se embolsiquen hasta quince millones de euros. No, en todos los antes citados se produce un salto cualitativo en la ya aburrida serie de desmanes urbanísticos, cual si las rapaces tuvieran que ascender un poco más en sus oteros: el salto al espacio natural o cultural, ya sea en su interior, ya en el entorno inmediato. La causa es evidente: agotados los terrenos y los ediles fácilmente "comprables", ciertos promotores han iniciado la subida al monte que queda: los espacios y entornos protegidos.
Sucede que al Aljarafe han emigrado muchos especuladores, literalmente expulsados de la ciudad de Sevilla (espero que los votantes lo tengan en cuenta en las próximas elecciones municipales, y que no se olviden de Tablada), y con ellos auténticos lobbies de arquitectos y urbanistas, la mar de progres algunos. Ductilidad profesional, se llama el fenómeno. Todo eso ha contribuido no poco a la congestión urbanística del Aljarafe y a un descenso alarmante de la calidad de vida. Y es lo que sin duda ha hecho también saltar las últimas alarmas de la Junta de Andalucía y de la Fiscalía de Medio Ambiente, además de agotar la paciencia de simples ciudadanos. Esto último es lo que ocurre con una plataforma muy activa (www.aljarafehabitable.es), dispuesta a defender, entre otras cosas, una de las últimas atalayas que quedan sobre el paisaje histórico del Valle del Guadalquivir.
Merecerá la pena detenerse un poco sobre este elocuente caso. Se trata, el jardín de Forestier, de un declarado Bien de Interés Cultural, adscrito a un colegio mayor dependiente de la Universidad de Sevilla. (Por cierto, si se animan a visitarlo, no dejen de asombrarse ante el escudo franquista, de grandes proporciones, que todavía recibe al visitante en el fachada principal y lo despide en la trasera del edificio; o sea, dos por falta de uno). Hace cosa de un año, la propia Consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, fue a visitar esos jardines, advertida por la ciudadanía de un proyecto de urbanización sobre la zona de protección, amparado por el propio Ayuntamiento, cuyo alcalde, curiosamente, había hecho campaña electoral con una aguerrida defensa de esos espacios libres. Sobre la marcha, y cuando la responsable del urbanismo andaluz contempló la maravillosa vista que proporciona el mirador del parque, dijo algo así como "aquí no quiero ver ni una sola casa". Y también sobre la marcha, según las diversas fuentes consultadas, un edil que formaba parte de la comitiva, se fue derecho a un árbol y empezó a darse de cabezazos contra él. El pasado 1 de noviembre, otra mujer, Ana Linares, Fiscal de Medio Ambiente, giró visita al mismo enclave, así como a otro acosado por parecidos peligros, el dolmen de Montelirio, y, a requerimiento de la plataforma ciudadana, ha emitido un primer informe, de fecha 30 de enero, donde dice: "comprobé cómo el daño que se puede causar a ambos [Bienes de Interés Cultural] puede resultar catastrófico e irreparable", y da traslado de su advertencia a las distintas autoridades competentes.
Por otra parte, la Comisión Provincial de Urbanismo acaba de rechazar, en su reunión de febrero, un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) similar, el de Castilleja del Campo. Según se dice, junto con Huércal-Overa (Almería) y Albolote (Granada) son las primeras "víctimas" del POTA, el flamante Plan de Ordenación del Territorio Andaluz, que impide a todos los municipios proyectar incrementos de población superiores al 30%. Con esos antecedentes, todo permite esperar que el PGOU de Castilleja de Guzmán tampoco salga adelante. Pero crucemos los dedos.
*ELPAIS.com - 21/03/2007
La Fiscalía se ve desbordada por las denuncias urbanísticas
AGENCIAS* : "La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) alertó ayer de que la plantilla de fiscales especializados en Medio Ambiente es "insuficiente" y tiene un "problema de personal" ante el volumen de casos urbanísticos que está tramitando y que "ha desbordado" las previsiones.
Ésta fue una de las conclusiones de la reunión mantenida en el Parlamento autonómico por la Fiscalía del TSJA y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, la cuarta de este tipo de citas entre ambas instituciones, en la que abordaron los delitos o infracciones relacionadas con el medio ambiente, el urbanismo y la protección del patrimonio histórico y cultural.
Luis Carlos Rodríguez León, coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Delitos Urbanísticos del TSJA, que tildó de "fundamental" la colaboración con la institución del Defensor del Pueblo, aseguró que esta relación ha dado como consecuencia un "óptimo" resultado en el desarrollo del trabajo de la Fiscalía.
Al ser el urbanismo el motivo de queja más abundante en el Defensor del Pueblo, la Fiscalía ha realizado un "esfuerzo especial" en esta materia, aunque Rodríguez León se mostró partidario de "ampliar" la actividad fiscal al medio ambiente y la protección del patrimonio histórico.
Sin embargo, el coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente no ocultó que la plantilla de estos fiscales del TSJA (dos especializados en cada Audiencia Provincial, salvo en Sevilla en la que hay cuatro) es "insuficiente" teniendo en cuenta el número de asuntos tramitados, que "ha desbordado" las previsiones, por lo que hay un "grave problema" de personal. Adelantó, en este sentido, que la próxima publicación de la Memoria del TSJA pondrá de manifiesto el crecimiento del volumen de delitos urbanísticos que, en el caso de la provincia de Sevilla, "se ha multiplicado por cuatro" en un año, un aumento -comentó- que la comunidad se ha duplicado.
En materia de agua y ante la época de sequía, abogó por tomar medidas administrativas y penales en relación a la protección del agua, así como por evitar y perseguir los vertidos contaminantes.
El coordinador de los fiscales se mostró además partidario de actuar contra los propietarios de los pozos ilegales "siempre que la ley penal lo permita", y recordó que el Código Penal "sólo" cita al agua en cuestiones como la salud pública y los vertidos, por lo que defendió una reforma.
*diariodesevilla.es - Miercoles, 21 de Marzo de 2007
Foto: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Granada / andaluciajunta
El Parlamento Europeo solicita subvenciones comunitarias para el problema de la vivienda
EFE* : "La Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta no de ley en la que define el acceso a la vivienda como un derecho "fundamental" y pide ayudas comunitarias para garantizarlo. El texto, aprobado por 45 votos a favor y 3 en contra, sostiene que el "derecho a una vivienda adecuada a un precio razonable es un importante derecho fundamental que está reconocido en diversas Cartas Internacionales y Constituciones de los Estados miembros" de la UE.
Por ello, pide a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que amplíen el alcance de sus actuales programas de ayuda a la vivienda de forma que no cubran sólo a los nuevos Estados miembros, sino a todo el territorio de la UE. Además, reclama a la Comisión Europea que fije estándares mínimos de calidad comunes para todos los países de la Unión a partir de los cuales una vivienda pueda considerarse digna.
"En los últimos diez años, los precios de la vivienda se han incrementado de forma constante en casi todos los países de la UE. Este encarecimiento ha reducido la capacidad de las familias para consumir otros bienes, lo que, a largo plazo limita el crecimiento", advirtió el autor del informe, el liberal italiano Alfonso Andria.
El texto también aboga por promocionar el uso de las tecnologías y materiales más eficientes y menos nocivos para el medio ambiente en la construcción. Tras su aprobación en la comisión parlamentaria, el texto deberá ser debatido y votado en el pleno de la Eurocámara, previsiblemente el próximo mayo.
*elmundo.es - SuVivienda - martes 20/03/2007
Foto: Exterior Parlamento Europeo - Estrasburgo / archivo
Altea modifica el PGOU para construir un 20% más
SergiCASTILLO.- EL PAÍS* : "El proyecto supone la construcción de 5.775 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, tres áreas comerciales y cuatro zonas hoteleras en el entorno del río Algar, lo que significa duplicar la población actual de Altea, con cerca de 20.000 nuevos habitantes. La modificación del PGOU implica construir un 20% más y un cambio radical en la realidad física de este municipio del litoral con una importante presión urbanística.
El PGOU vigente cumple 27 años, cuando la vigencia habitual es de entre 10 y 15. Esta circunstancia permite a los promotores "aprovechar las lagunas e imprecisiones" e ir "planificando sobre la marcha", según la oposición. La modificación puntual que ya tiene luz verde afecta a 7 millones de metros cuadrados: de un lado el plan parcial Los Puentes del Algar de Altea Futura (grupo Ballester) reclasifica 2,3 millones de metros cuadrados, y por otro, la desclasificación de otros 4,6 millones de metros de monte en los que hasta ahora se podía construir. Este es el fondo del recurso presentado por cerca de medio centenar de vecinos representados por el abogado Federico López, que impugnan un proyecto con múltiples irregularidades. Prueba de ello es que el consistorio ha tenido que corregir uno de los pilares fundamentales sobre el que se basa: desclasificar terreno urbanizable del plan parcial El Áramo, en sierra Bèrnia.
La urbanización que promueve Ballester no contempla crear viviendas sociales, no dispone de certificado de recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y a pesar de eso es defendido por el Gobierno municipal, como un "ejemplo de respeto y protección medioambiental". El concejal de Urbanismo, Jacinto Mulet, impulsor del proyecto junto al primer edil Miguel Ortiz, niega que la protección del monte tenga relación alguna con el plan parcial del río y asegura que "el PP llevaba la propuesta conservacionista en el programa electoral de 1991". Lo cierto es que la consejería de Territorio condicionó la reclasificación del río a esta compensación, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, y la presión de los propietarios privados del monte ha obligado a recular.
El anuncio oficial de la resolución del director general de Planificación y Ordenación Territorial en el Boletín Oficial de la Provincia del 13 de mayo de 2006 dio luz verde definitiva al macro proyecto. La resolución se firmó el 24 de marzo y daba por cumplidos todos los condicionantes impuestos con anterioridad por la Comisión Territorial de Urbanismo el 31 de enero. En esta resolución (impugnada por los vecinos) se señala que el 6 de febrero el Ayuntamiento presentó la documentación solicitada y existía un informe favorable. Entre los condicionantes a los que hacía referencia la comisión territorial figuraba la elaboración del Plan Especial del Río Algar y la desclasificación de los suelos públicos incluidos en el Plan Parcial El Áramo.
*ELPAIS.com - Benidorm - 20/03/2007
Foto: Altea /eldiamenospensado
La zorra y el gallinero
RafaelTorres.- HeraldodeSoria* : "Los desafueros de la corrupción y de la insensatez urbanísticas que asolan nuestro país tienen su orígen, en buena medida, en un error del que, por democrático, es responsable la propia sociedad española: el de haber puesto a los zorros a vigilar los gallineros. Individuos que con el cargo de alcalde, consejero o concejal creen haber recibido el título de propiedad de una parcela de nuestra geografía, están destruyendo y dilapidando (mediante la edificación masiva, loca y arbitraria) el tesoro comunal de la naturaleza, un tesoro que, por lo demás, ni siquiera nos pertenece a los contemporáneos, sino que hemos de legar en buenas condiciones, incluso mejorado y acrecido si es posible, a las generaciones futuras.
El último plan urdido por esos inversos servidores de lo público, tanto más escandaloso por cuanto se ha utilizado la ley para ponerla al servicio del interés sectario, amenaza con arrasar un enclave protegido, la maravillosa vega de Garray a orillas del Duero, para levantar sobre su ruina ochocientos chalés, un parque industrial, dos torres de oficinas, un centro hípico y sus correspondientes carreteras e infraestructuras.
La Junta de Castilla y León del PP no quiere que los tribunales de Justicia le chafen este escalofriante proyecto como hicieron con el que impulsó hace poco en Las Navas del Marqués, y llevada por su sentido patrimonialista del territorio y vaya usted a saber por qué otros intereses, ha ideado el modo de burlar su acción: sobre llamar al espanto de cemento que proyecta "Ciudad del Medio Ambiente", cínico apelativo con el que acaso pretende vencer las reticencias de quienes aman y respetan la tierra, ha tramitado el plan por la vía de urgencia y en forma de ley, de modo que sólo el Tribunal Constitucional, compuesto hoy por por una mayoría conservadora (no confundir con conservacionista), podría echar abajo.
Escuchando al Consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, apasionado defensor del desaforado proyecto que acabaría con los fresnos, los sauces, los abedules, los meandros, las garzas, las cigüeñas, las águilas pescadoras, los tejones, las nutrias y los gatos monteses que pueblan la vega de Garray, escuchando sus argumentos basados en la rentabilidad económica del malhadado plan, uno se pregunta cómo es posible que ese hombre sea el encargado de velar por lo que, con su adhesión, se pretende destruir.
*heraldodesoria.es - 17 de marzo de 2007
*Rafael Torres es periodista y escritor
¡Menos casas... y más hogares!
Viñeta de "El Roto" - El País 20/03/07
Exigen una moratoria urbanística global
Miquel ADROVER.- DiariodeMallorca* : "Los convocantes de la multitudinaria manifestación del pasado sábado reclaman al Govern y al Consell una gran moratoria para reflexionar durante un tiempo y acometer un importante cambio en el modelo territorial de Mallorca. Consideran que las 50.000 personas que se echaron a la calle el sábado en Palma tienen el suficiente peso para que los gobernantes, tanto los actuales como los que saldrán de las elecciones del 27 de mayo, escuchen las revindicaciones. Entidades como el GOB, la Plataforma del Parcs de les Vies, la Obra Cultural Balear o Salvem la Real, entre muchas otras, exigen que se detenga el "desarrollismo urbanístico en la isla".
La gran moratoria que proponen debe servir para aplicar medidas contundentes que den un vuelco al modelo urbanístico que ha imperado en Mallorca en los últimos años. Para ello abogan por aplicar medidas como la modificación del Plan Territorial de Mallorca; la implantación de un sistema de control de licencias en los ayuntamientos, como por ejemplo las cuotas anuales, y la protección de más espacios naturales.
El presidente del GOB, Macià Blázquez, defiende un modelo territorial equilibrado. "Nosotros creemos -apuntó Blázquez- que después de lo del sábado es preciso que en Mallorca se realice un planteamiento global y se reconsidere el modelo que hemos tenido en los últimos años. Por ello apostamos por una gran moratoria, la implantación de la ecotasa y, naturalmente, más espacios naturales protegidos".
El presidente del GOB también habló de medidas mucho más directas, como la "modificación del Plan Territorial para que se paralicen las 1.500 hectáreas previstas de crecimiento; la desclasificación de suelos urbanizables y la implantación de un sistema de cuotas de licencias que establezca los permisos de obra que puede otorgar cada año un municipio. "Si no se toman este tipo de medidas estamos abocados a convertir Mallorca en un lugar masificado como la Costa del Sol", concluyó Blázquez.
Àngels Fermoselle, portavoz de la Plataforma Parc de les Vies, una de las más activas en la organización de la manifestación, dejó claro que "la gallina de los huevos de oro se está acabando con este crecimiento desbocado". Fermoselle también aboga por "parar" este modelo mediante una moratoria o alguna figura similar: "La política del PP está poniendo en peligro la economía de esta isla y es preciso planificar un modelo mucho más racional".
Plataformas como la del Parc de ses Vies, la Façana Marítima o Salvem la Real apuntan que en la manifestación del pasado sábado también quedó claro que la ciudadanía "protesta contra los políticos que no escuchan y castigan a las entidades que les tienden la mano".
Aina Calafat, portavoz de Salvem la Real, es partidaria de "paralizar como sea el crecimiento territorial de Mallorca". Considera que tras la protesta del sábado los políticos "deben escuchar" y teme que si el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, "acabarán con la isla".
Los responsables de la Obra Cultural Balear también son conscientes de que la sociedad reclama "parar el crecimiento sin límite que vive Mallorca".
*diariodemallorca.es , Lunes, 19 de marzo de 2007
Foto: Imagen de los manifestantes a su paso por la Rambla / David Martínez.
El desarrollo urbanístico destruye las zonas forestales
*Ecologistas en Acción denuncia que la actividad urbanística es una de las principales causas de destrucción de la superficie forestal, que en la última década se ha reducido en 250.783 ha (una superficie similar a la provincia de Vizcaya) en el Estado español. En los últimos años se ha producido una importante involución en la protección del suelo forestal de tal forma que se están aprobando proyectos urbanísticos descabellados que arrasan cientos de miles de árboles y miles de hectáreas forestales.
En el periodo 1987-2000, han desaparecido 250.730 ha de suelo forestal, de éstas, 6.536 corresponden a bosques de frondosas, 59.933 a bosques de coníferas, 55.520 a pastizales naturales, 26.436 a zonas de matorral y 157.208 a vegetación esclerófila.
En el mismo periodo se ha producido un incremento de 80.182 ha de suelo urbano y 57.588 ha destinadas a redes de transporte. Gran parte de esta red de transporte corresponde a infraestructuras viarias y trenes de alta velocidad, que dan servicio a las nuevas zonas urbanas. Si además se añade la superficie destinada a zonas de extracción minera y vertederos la cifra asciende a 240.166 ha. Hay que tener en cuenta que la actividad minera abastece de materia prima a la industria de la construcción y los vertederos de inertes albergan los residuos de esta misma actividad.
Además, en los últimos años se ha incrementado ostensiblemente la actividad urbanística, concretamente 800.000 proyectos visados de nuevas viviendas en 2005 y 920.000 en 2006, indicando que en los próximos años la reducción de la superficie forestal va a continuar.
Ecologistas en Acción considera grave y alarmante la dinámica en la que han entrado la mayoría de las comunidades autónomas permitiendo e incluso promoviendo proyectos urbanísticos irracionales sobre terrenos forestales. Entre estos cabe destacar:
· Los proyectos de la ciudad del golf en Navas del Marqués sobre un pinar incluido en zona ZEPA y la Ciudad del Medio Ambiente en Soria, recientemente aprobada por ley por la Junta de Castilla y León y que afecta al Soto de Garray, también sobre suelo forestal protegido.
· En Cáceres el proyecto Marina de Valdecañas, proyecto promovido por la Junta de Extremadura y que consiste en la construcción de hoteles, apartamentos, villas de lujo, campos de golf dentro de dos islas existentes en el embalse de Valdecañas, dentro de una zona ZEPA
· La Ciudad Agroalimentaria promovida por el Ayuntamiento de Tudela (Navarra) que se está construyendo sobre terrenos que eran hábitat de aves esteparias
· Recalificaciones en la zona de Serelles, en Alcoi (Alicante) en la zona de amortiguamiento del Parque Natural de la Sierra de Mariola.
· Construcción de la estación de esquí, con un amplio desarrollo urbanístico, de San Glorio (Castilla y León y Cantabria) afectando a dos espacios protegidos como son el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina.
· En Murcia, construcción de 4.000 viviendas y campo de golf en La Zerrichera, en la ZEPA y LIC de la Sierra de Almenara (Águilas).
· En El Puerto de Santa María, Cádiz, el Ayuntamiento y diversas empresas han firmado un total de 25 convenios urbanísticos para recalificar 2,5 millones de m2 de suelo no urbanizable, de los que 500.000 m2 son forestales de especial protección.
· En Aragón, en el municipio de Montanuy se proyecta la ampliación de la estación de esquí de Cerler por la Zona del Valle de Castanesa. Todo ello afecta a terrenos forestales.
· En la isla de Gomera, Canarias, en el Parque Rural de Valle Gran Rey, se está afectando a una montaña y a toda su vegetación para extraer material para la construcción del nuevo puerto de Valle Gran Rey.
· En la Comunidad de Madrid, son muchos los proyectos que pretenden eliminar superficie forestal. Entre estos cabe destacar los nuevos planeamientos generales que están tramitando en 20 municipios de la Sierra de Guadarrama y 8 en la ZEPA de los Río Alberche y Cofio, en total se plantea la recalificación de unas 6.000 ha de terreno forestal, una superficie similar al municipio de Galapagar.
· En el caso concreto de Boadilla del Monte, el Plan General vigente ha recalificado 400 ha del encinar que formaba parte del Monte de Boadilla y ha iniciado los trámites para ampliar el campo de golf de Las Rejas sobre el encinar.
Estos son sólo una pequeña muestra de lo que está sucediendo en todo el Estado, y Ecologistas en Acción considera muy grave que en todos los casos las administraciones públicas, locales o autonómicas desempeñan un papel fundamental en la promoción y autorización de estos proyectos.
Por ello, coincidiendo con la próxima celebración del Día Forestal Mundial, el 21 de marzo, Ecologistas en Acción reclama que con motivo de las próximas Elecciones Autonómicas y Locales, las formaciones políticas se comprometan a garantizar la protección efectiva de las zonas forestales y a dar un giro radical en las insostenibles políticas urbanísticas de las diferentes administraciones.
*Ecologistas en Acción - Naturaleza 19 de marzo
Foto: E.A.
Un juez investiga a dos cargos del PP de Castilla y León por una trama urbanística
RafaelMÉNDEZ.- EL PAÍS* : "El juez de instrucción nº1 de Valladolid ha pedido a la Agencia Tributaria las declaraciones de la renta de los últimos cinco años de dos miembros de la ejecutiva regional del PP de Castilla y León: el secretario regional, Raúl de la Hoz, y el secretario de emigrantes y concejal de Valladolid, Dionisio Miguel Recio, para investigar su posible participación con una trama de corrupción urbanística en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Pocas investigaciones de tramas urbanísticas apuntan tan alto.
El juez pide a información fiscal de otras 13 personas y las operaciones de 10 inmobiliarias que pudieron ser beneficiadas por el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo.
Freijo y su segundo están imputados por prevaricación y tráfico de influencias, y anunciaron su baja del PP hace dos semanas.
Arroyo de la Encomienda es un mar de grúas y convenios urbanísticos. Situado junto a Valladolid, el pueblo ha pasado de 1.930 habitantes a 8.039 en 10 años. Tanta grúa, tanto chalé y tanto edificio no pasa desapercibido. En mayo de 2006, el magistrado José María Crespo abrió unas diligencias de oficio para investigar las recalificaciones en el pueblo a raíz de una información de El Norte de Castilla. El diario denunciaba que Méndez Freijo, alcalde de Arroyo desde 2003, había pactado con una ex empleada suya -María Iluminada Miguel- un convenio urbanístico que beneficiaba a la empresa promotora Mahía. María Iluminada es hija de Dionisio Miguel Recio, concejal del PP en Valladolid.
En ese convenio, el del SAU-9, Méndez recalificaba 25.598 metros de suelo industrial a urbano para que la promotora levantase 2.984 viviendas. A cambio, Mahía daba al ayuntamiento 12,468 millones de euros, mucho menos que las ganancias de la empresa: a 60.000 euros de beneficio por piso, la empresa ganaría 179 millones. A ese acuerdo le siguieron otros. En el del SAU-13, el consistorio permitía a Mahía construir 150 viviendas más de las previstas. Fue paralizado por el Tribunal Superior de Castilla y León. El juez ha pedido datos sobre Mahía y las declaraciones de la renta de su presidente, Ramón López Casal.
El juez ya imputó por delito contra la hacienda pública, prevaricación y tráfico de influencias al alcalde, a su teniente de alcalde, Miguel Ángel Ibáñez Antolín, y a Maria Iluminada Miguel. Ahora amplía las pesquisas y eleva el perfil político de los investigados. En un auto fechado el 12 de enero de 2007, el juez pide a la Agencia Tributaria que le remita "copia auténtica del resultado de las declaraciones en concepto de IRPF de los últimos cinco años" de otras 15 personas, entre ellas dos miembros de la ejecutiva regional del PP, Dionisio Miguel y Raúl de la Hoz.
Dionisio Miguel Recio es concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, diputado provincial y hombre de confianza del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. Pese a ser concejal de Valladolid, era consejero de la empresa municipal de suelo de Arroyo de la Encomienda, Emuva, que gestionaba la mayoría de los convenios urbanísticos del municipio. Su hija María Iluminada firmó el convenio a favor de Mahía como apoderada de la promotora. El juez investiga ahora la posible relación de Dionisio Miguel en la trama "visto el estado de las presentes actuaciones". El magistrado reclama también las declaraciones de Hacienda de su hijo Julio César Miguel Fernández. Éste fundó en 2003 una constructora, Dafranma, que trabajó para Mahía y dos años después tenía 50 empleados.
El juzgado también investiga a Raúl de la Hoz Quintano, secretario de organización del PP regional, procurador en las cortes regionales, ex consejero de Emuva y asesor del ayuntamiento. Además de pedir sus declaraciones de la renta, reclama al ayuntamiento que informe "sobre la condición de Raúl de la Hoz como asesor jurídico" y que "certifique si la labor de asesoramiento abarca el ámbito urbanístico". De la Hoz es el número tres del PP regional, en la ejecutiva que preside Juan Vicente Herrera.
El magistrado también reclama información del ex concejal de Obras Javier Cruz Sánchez, dimitido en 2006. Éste, ex operario de la empresa de mermeladas Helios, tiene en propiedad cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial y dos compradas a Mahía en 2005. Con éste, son cinco los cargos del PP (uno dimitido y dos recién dados de baja del partido) en el punto de mira del magistrado, más dos familiares directos.
El auto refleja una compleja trama de vínculos familiares y empresariales. El juez reclama las declaraciones de la renta del arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar, que avaló las valoraciones de suelo, y de su esposa, Nerea Santiago Sacristán. Ésta era socia en la promotora Arquiduero del arquitecto de Mahía y a la vez consejero de la empresa municipal de suelo Emuva, Francisco Javier González Barriuso. El auto investiga los ingresos de éste y de sus socios en otras promotoras, como José Félix Merchán Moralejo, Jesús Perrino Lozano o Juan Carlos Hernansanz Caviedes. En total, son ya 18 personas las investigadas, en un caso que ha sacudido a Valladolid. El auto investiga también a Florentino González Rodríguez, albacea de la familia Ibáñez, que era propietaria de todo el suelo originalmente rústico.
Por último, reclama a la Guardia Civil una "investigación e informe sobre localización, sede, instalaciones y datos de las empresas Promociones TJ-4, Urbaduero 21, Binurba, Arquiduero, Obribérica, Hotel Villa de Olmedo, Fernández y Soares Construcciones, Trycsa, Avgeira Gestión". Se trata de las firmas relacionadas con los investigados y que conforman una intrincada madeja.
*ELPAIS.com - Madrid - 19/03/2007
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid)/ noticias
Nueva concentración en el Portalet contra la especulación urbanística
EL PERIÓDICO* : "Alrededor de 200 personas se concentraron ayer en el Portalet para denunciar, por cuarta vez, el "desarrollo especulativo-urbanístico" de la sociedad Aramón en el entorno de la estación de esquí de Formigal, una iniciativa convocada por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón.
En la concentración, bajo el título Espelunciecha nunca más, se dieron cita representantes de CHA e IU, el profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza y Premio Goldman de Medio Ambiente, Pedro Arrojo, el himalayista aragonés Santiago Sagaste, y el director del programa Al filo de lo Imposible, Sebastián Álvaro.
Los asistentes desplegaron una pancarta en la que podía leerse Naturaleza irrepetible, destrucción no y comenzaron una campaña de recogida de firmas que, bajo el lema Diálogo por las Montañas, tiene como objetivo efectuar una solicitud a la comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón para que recupere el texto de la Ley de las Montañas, que contó con el apoyo de decenas de miles de aragoneses.
ACTUACIONES EN MONTANUY En esta línea, consideran "grave y urgente" paralizar la intención del alcalde de Montanuy, José María Agullana, de aprobar por la vía de urgencia un nuevo plan urbanístico "que significaría la destrucción del valle de Castanesa (Ribagorza) bajo un macro-complejo urbanístico asociado a la nueva estación de esquí de Aramón-Castanesa", según los convocantes. La movilización comenzó en el Portalet con una excursión guiada hasta el Ibón de Espelunciecha.
Aunque finalmente no estuvo presente el catedrático de Geografía de Montaña, Eduardo Martínez de Pisón, se dio lectura a un texto suyo titulado, igual que la concentración Espelunciecha nunca más. "Hemos asistido aquí desolados a la desfiguración de un paisaje querido y hemos aprendido mucho en esta batalla perdida en la que hemos dejado la candidez pero no el idealismo que, al contrario, ha salido reforzado", señalaba el manifiesto según informó la agencia Efe.
Asimismo, los convocantes insistieron en que no han cesado en el intento de "defender nuestras razones ni la vigilancia con el fin de estar alertas cuando ese modelo aciago quiere extenderse como una plaga por el Pirineo", concluyó.
*EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 19/03/2007
Foto: Defensa de las Montañas. - S.E. (DiarioAltoAragón)
El problema de la vivienda se agrava en el caso de los hombres y mujeres separados
JorgeSALIDO COBO* : "Según el último barómetro del CIS, la vivienda es el cuarto problema que más preocupa a los españoles. Los altos precios y la continuada ascensión de los tipos de interés han hecho que acceder a una casa sea poco más que una odisea que puede desembocar en hasta 40 largos años de pagos hipotecarios. Pero este difícil panorama se complica aún más si nos fijamos en los matrimonios que se acaban rompiendo.
El hogar paterno, pisos compartidos de alquiler, campings, albergues, centros sociales e incluso coches se han convertido en las principales viviendas de los hombres y mujeres separados en el territorio español. Para intentar cambiar esta realidad, el País Vasco y Madrid mantienen acuerdos en materia de vivienda con las respectivas asociaciones regionales de padres y madres separados. A ellos les dedican un cupo de su lote anual de VPO.
En el 2004, el INE (Instituto Nacional de la Estadística) hizo público que había 132.789 separados o divorciados en España. Hombres y mujeres que, además de tener que hacer frente a su complicada situación social y sentimental, chocan de frente con el problema de dónde marcharse a vivir. En la mayoría de los casos (93%-94%) es el hombre quien se ve desterrado del que era su hogar y un 80% de éstos no tiene dónde ir. Además, arrastran un amplio lastre económico que acota demasiado su nivel de vida. Lo mismo ocurre en el 6%-7% de las mujeres.
En el 2004 había 132.789 separados o divorciados en toda España
En estas circunstancias económicamente difíciles, uno de los cónyuges se ve obligado a cambiar de vida y de casa, tarea ardua. En el mejor de los casos, a un hombre o mujer con dos hijos y con un salario de 2.000 euros mensuales le sobrarían 800 € para pagar su nuevo hogar y los gastos diarios. A la cifra total hay que restarle el crédito hipotecario de su anterior casa familiar (500 € aprox.) y la manutención de sus hijos (700 € aprox.).
El reducido poder adquisitivo hace que estas personas tiren de imaginación para poder vivir lo más dignamente posible. En el País Vasco, los camping han pasado a ser las nuevas 'urbanizaciones' de los separados/as. Hasta un 10%-12%, según Justo Sáenz, presidente de la Federación de Euskadi de Padres y Madres Separados (KIDETZA), acude a estos campamentos para salir del paso en un primer momento.
"A estas personas, que conviven diariamente en estos campamentos o incluso duermen en sus coches, les da vergüenza hacer pública su situación diaria y desde la Federación hemos dado pasos muy importantes, en consenso con la Consejería de Vivienda, para conseguir la máxima equiparación social en materia de vivienda entre el hombre y la mujer. Hemos firmado un acuerdo pionero en España donde se favorece a los ex cónyuges a la hora de acceder a pisos de protección oficial y también hemos creado las condiciones necesarias para favorecer la liquidación de los bienes gananciales", afirma Sáenz.
Más allá de estas medidas oficiales, la KIDETZA también les aconseja cómo conseguir locales bajos y reconvertirlos en vivienda de carácter transitorio. "Hay que tener en cuenta que el problema no sólo afecta a la parte que tiene que abandonar la casa, en la mayoría de los casos, por orden judicial. Suele ocurrir que el cónyuge que se queda con la casa quiere empezar de cero y olvidarse del pasado. Para eso tiene que cambiar de hogar", declara Sáenz.
elmundo.es ha hablado con el propietario de, al menos, uno de los tres camping que acogen a este tipo de personas. "Nosotros sólo tenemos ocupados por separados tres de los 45 puestos fijos con los que contamos. Todos tienen alquilado un módulo y se han traído sus respectivos bungalows. Firman el mismo tipo de contrato que el resto de la gente y pagan 196 € al mes", informa José. El desequilibrio entre la oferta y la demanda de pisos de alquiler en el País Vasco es otro de los hándicap que juegan en contra de las personas divorciadas.
La Comunidad de Madrid, a través del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), también dedica un cupo de sus VPO a separados. Por primera vez, en 2006 el IVIMA dedicó un tanto por ciento de sus viviendas sociales (alquiler o venta) a este sector social. Sin ir más lejos, en los próximos meses este organismo entregará 2.300 viviendas de alquiler social de las que 202 irán destinadas directamente a los ex cónyuges. El Ministerio, en su Plan Estatal de Vivienda, no hace referencia directa a este sector de personas. Se limita a favorecer el acceso a viviendas pequeñas, los llamados 'minipisos', a jóvenes, divorciados, separados, jubilados, familias monoparentales, etcétera.
*elmundo.es - Su Vivienda - 09/03/2007
Foto: Bungalows tipo de uno de los camping donde residen divorciados. (Foto: ELMUNDO)
¿Por qué se movilizan los agentes forestales?
JesúsGarcíaJiménez* : "Hoy, los agentes forestales están en plenas movilizaciones en la Comunidad de Madrid y Castilla y León, ayer en Cataluña y mañana será Andalucía u otra comunidad autónoma. Cuando estos funcionarios públicos reivindican ejercer sin trabas y presiones sus potestades de coacción administrativa, lo que realmente piden es que la Administración les permita realizar su trabajo, que es la vigilancia y protección del medio natural, sin discriminar ni colaborar con bolsas de impunidad ante los ilícitos administrativos y penales que atentan contra el medio ambiente y que surgen por la influencia que ejercen determinados sectores sociales en las estructuras político-administrativas de las administraciones públicas.
El caso Andratx, en Baleares, es un claro ejemplo de cómo una denuncia (posible ilícito penal) de un agente forestal ha estado inmovilizada varios meses en algún despacho administrativo, sin llegar al juzgado correspondiente.
Los agentes forestales cuando reivindicamos nuestro tradicional ejercicio de la condición de policía judicial genérica, recogida en la legislación vigente, es para poder investigar delitos como las construcciones ilegales en nuestros terrenos forestales, la caza furtiva de nuestras especies protegidas, la provocación de los incendios forestales en nuestros bosques, la contaminación de nuestro medio ambiente, etcétera, y que cuando de nuestras pesquisas resulte un posible indicio de delito, la denuncia o atestado llegue sin dilación alguna al juez o fiscal competente. Queremos que el trabajo público realizado tenga un sentido social, que nuestras actuaciones sirvan para prevenir atentados contra la naturaleza y el medio ambiente y que, en los casos que no sea posible, se sancione al autor o autores sin ninguna discriminación.
Es intolerable que en 2007, en un Estado de derecho, la genuina policía ecológica de España desde hace más de 130 años, compuesta en la actualidad por unos 5.500 agentes, la quieran algunos gestionar como una guardia pretoriana al servicio de una casta técnica poco evolucionada ante los nuevos retos que plantea la defensa de nuestro medio ambiente.
*Jesús García Jiménez, (vicepresidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA))
*ELPAIS.com - 19/03/2007
Unas 50.000 personas salen a la calle para exigir que no se destruya Mallorca
F.GUIJARRO* : ""Habéis participado en la manifestación en defensa del territorio más importante de la historia de Mallorca". Con estas palabras recibía la portavoz del GOB y de la Plataforma Salvem Mallorca, Tonina Sitjar, a las más de 50.000 personas que ayer participaron en una movilización destinada a poner fin a la "destrucción" de la isla.
Pese al inevitable baile de cifras -más de 60.000 participantes según los organizadores, de 45.000 a 50.000 según la Policía Nacional, y más de 30.000 según la Policía Local-, lo cierto es que los representantes de las organizaciones participantes no ocultaban su euforia ante el éxito de la convocatoria, en esta ocasión bajo el lema Prou destrucció, salvem Mallorca.
Una parte importante del éxito de esta movilización hay que buscarla en el respaldo conseguido por los partidos de la oposición, con una presencia sin precedentes de militantes y simpatizantes del PSIB-PSOE y del Bloc per Mallorca (PSM y EU-EV), tal y como se ocupó de destacar alguno de los responsables de estas organizaciones a la vista de las numerosísimas banderas que se portaban con las siglas de estas formaciones.
Como hecho mas significativo, se subrayaba que una hora y cuarto después de iniciarse la manifestación, cuando la cabecera ya estaba en la Plaça de Cort, salían los últimos grupos del punto de inicio en la Plaça d´Espanya.
El portavoz del GOB, Miquel Àngel March, destacó que este éxito de movilización debe de servir para que "todos los partidos" apuesten por un cambio en la política territorial que se ha venido desarrollando durante la presente legislatura, con la construcción de grandes infraestructuras y el crecimiento de las urbanizaciones.
Sin embargo, admitió que protestas anteriores, desarrolladas con Jaume Matas como presidente de la Comunitat Autònoma, no han servido para modificar la línea de actuación de sus Gabinetes, por lo que consideró que "el PP ha demostrado que sólo sabe gobernar de esta forma".
Apoyo de 180 organizaciones
Según March, está actividad "depredadora" del territorio es la que ha provocado que exista una enorme concienciación entre los ciudadanos de las islas de la hipoteca que ello supone para su futuro, y destacó que el reflejo más claro es que si la movilización convocada en 2004 contó con el respaldo de un centenar de organizaciones, la de ayer sumó finalmente unas 180 adhesiones.
Pero además puso sobre la mesa un nuevo factor que en su opinión ha ayudado a que un numero mayor de personas optaran ayer por salir a la calle: la "indignación" que los casos de corrupción urbanística han generado entre los isleños, y la permisividad demostrada por algunas organizaciones políticas ante estos hechos.
*diariodemallorca.es - Domingo, 18 de marzo de 2007
Foto: Los manifestantes, a su paso por el Born /diariodemallorca
Orihuela tiene el 10% de sus urbanizaciones sin servicios básicos
R.LLORENTE* : "El 10% de las urbanizaciones ilegales que se levantan en Orihuela (Vega Baja) carece de servicios básicos como agua potable, luz, alumbrado público, alcantarillado y asfaltado, según la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU). El colectivo impulsó la denuncia contra el Ayuntamiento de Catral y cinco promotores por la masiva construcción de casas en suelo no urbanizable del municipio.
El presidente de AECU, Honorio Fernández, apunta que el número de vecinos afectados por esta falta de dotaciones y servicios es difícil de precisar en tanto que estos núcleos residenciales están integrados por entre cuarenta y cien viviendas.
Después de sufrir durante al menos una década el gravamen de unos impuestos por unos servicios de los que jamás han disfrutado, el colectivo de usuarios critica la fórmula a la que sistemáticamente recurren los ayuntamientos que optan por considerar propietarios-promotores a los afectados y transferirles de esta forma las cargas de la urbanización de cada enclave.
Residenciales como El Presidente, La Solana, Montezenia, Lomas de Don Juan, en Orihuela; o Las Piqueras, de San Fulgencio, son algunas de las urbanizaciones donde sus moradores fueron estafados y desde entonces "malviven" sin servicios básicos. AECU subraya que son los promotores quienes están obligados a urbanizar el suelo rústico gracias a la plusvalía que obtienen de la recalificación del suelo, "y siempre antes de empezar a construir las viviendas o a más tardar simultáneamente", precisa Fernández.
El presidente de la entidad subraya que la responsabilidad de los incumplimientos de los promotores a la hora de ejecutar los servicios básicos en las zonas comunes de la urbanización son ayuntamientos y colectivos profesionales implicados en el proceso de la construcción.
*ELPAIS.com - Alicante - 18/03/2007
Foto: Orihuela costa
Cuatro alcaldes del área metropolitana de A Coruña, implicados en negocios inmobiliarios
PaolaOBELLEIRO* : "Los alcaldes con intereses inmobiliarios proliferan en el área metropolitana de A Coruña, uno de los polos de mayor auge de la construcción. Los regidores de Arteixo, Oleiros y Betanzos están siendo investigados para determinar la compatibilidad de sus cargos con sus actividades empresariales. El de Cambre tuvo que rendir cuentas por su promotora de viviendas en el vecino municipio de Sada. En A Costa da Morte, ahora con un fuerte bum urbanístico, las actividades privadas del alcalde de Cee y su familia están también en la mesa de la fiscalía tras una denuncia de los socialistas.
"Estamos aquí para servir, tanto desde el punto de vista de empresa como desde el punto de vista de ayuntamiento. Al que viene como vecino, se le atiende como vecino, y al que viene como cliente, se le atiende como cliente. Sin mezclar las cosas". Manuel Pose Miñones justifica con esta frase la compatibilidad de sus intereses empresariales con su cargo de regidor de Arteixo. Los alcaldes promotores suelen alardear de la transparencia de sus actuaciones. Y todos juran y perjuran que no dan trato de favor a sus empresas.
- De Arteixo a Cambre. Pose Miñones es alcalde por el PP desde 1995 y presidente de un grupo que engloba 15 sociedades, cinco de ellas nacidas tras llegar al cargo y dedicadas a actividades inmobiliarias. Pose reconoce haber votado la concesión de licencias a empresas de las que es accionista para la construcción de cinco edificios en Arteixo. Admite que su actuación "no estuvo bien" aunque defiende su legalidad. Pose emitió la documentación a la Fiscalía, que estudia abrir diligencias. El alcalde cobra por dedicación exclusiva 61.200 euros al año.
El regidor socialista de Cambre, Antonio Varela, también rindió cuentas el pasado año ante la Fiscalía por su participación en una promotora que edificó 46 viviendas en Sada. Varela, que lleva 25 años en la alcaldía, por la que cobra dedicación exclusiva, y sus otros siete socios, entre ellos un ex edil de Urbanismo, percibieron 4.017 euros cada uno. El fiscal no halló indicios de delito.
- Las fincas de los alcaldes. El alcalde socialista de Betanzos, Manuel Lagares y su hermano Antonio, también concejal, están citados a declarar ante el juez por una denuncia del PP, que los acusa de aprobar una urbanización en la que tienen intereses. Un año antes de que el pleno municipal acordase esa operación, los hermanos Lagares vendieron fincas en las que está previsto construir parte de los pisos, pero acordaron con el comprador que éste abonaría 721.000 euros por los terrenos 30 meses después de lograr la licencia para edificar.
La Fiscalía también denunció al alcalde de Oleiros, el independiente Ángel García Seoane, al apreciar indicios de que se aprovechó de su cargo para enriquecerse con negocios inmobiliarios. "Ha venido adquiriendo distintas fincas que han incrementado sus valoraciones urbanísticas", sostiene el ministerio público.
- Cee. Desde la llegada de José Antonio Domínguez a la alcaldía de Cee, en 2001, su esposa y su hijo desarrollaron una importante actividad como socios de seis empresas relacionadas con la construcción. Tres de ellas edifican en A Costa da Morte, incluida una urbanización en Cee. Domínguez, del PP, compaginó durante tres años la alcaldía con la administración de su empresa de electricidad que realizó obras en el nuevo mercado municipal.
- Ferrol. El teniente de alcalde de Ferrol, el independiente Juan Fernández, socio de gobierno del PP, es propietario de unos terrenos urbanizables en Serantes, donde la promotora Bros Noroeste planea construir una urbanización con 69 chalés adosados.Fernández adquirió los terrenos en 1978 como suelo rústico y en 2000 se recalificaron como urbanizables.Cuatro años más tarde ya en el gobierno, el edil firmó un edicto donde figuraba entre los afectados por el plan de sectorialización y recibió un pagaré de 192.324 euros por una opción de compra sobre una finca. En mayo del 2005 solicitó como promotor una modificación del PXOM para desviar el trazado de un vial que atravesaba su parcela, informa Lorena Bustabad.
- Concejales de Urbanismo. Pese a percibir un sueldo de más de 36.000 euros por dedicación exclusiva, el edil de urbanismo de Teo, el independiente Manuel Parajó, admitió en uno de los plenos -a los que acude con la carpetilla de una conocida promotora- que no sólo realizaba negocios urbanísticos fuera del municipio (como se había publicado en la prensa), sino también dentro del ayuntamiento. Parajó ultima su campaña para repetir como socio del PP y ocupar nuevamente la concejalía de urbanismo. Sobre su colega de Porto do Son, el socialista Manuel Vázquez, pesa una denuncia de la Fiscalía que lo acusa de un presunto delito de negociación prohibida a funcionarios y autoridades. El concejal compró a su nombre cuatro fincas no urbanizables en Portosín que posteriormente aparecieron recalificadas en el Plan General, informa José Precedo.
*ELPAIS.com - A Coruña - 18/03/2007
Foto: Ferrol /turismo
El mapa de la corrupción urbanística cuenta con 21 ayuntamientos con causas penales abiertas en Andalucía
AntonioMONTILLA* : "La cifra impacta: 21 ayuntamientos andaluces salpicados por presuntos casos de corrupción urbanística, con imputaciones penales para alcaldes, concejales y ex concejales en lo que va de mandato, desde las elecciones de 2003. Si se compara este número con el total de municipios de la Comunidad autónoma, el porcentaje ofrece otra lectura: sólo el 2,7 por ciento de los 770 ayuntamientos cuentan con representantes involucrados en casos en los que supuestamente se han violado las normas de ordenación del territorio. ¿Muchos o pocos? Seguro que no hay una única respuesta.
«Aquí no hay políticos corruptos de un signo político u de otro, lo que hay son delincuentes». La frase es de Joan Mesquida, director general de la Policía y la Guardia Civil que esta misma semana ha presentado 194 nuevos agentes para combatir la delincuencia urbanística, lo que supone un refuerzo en la investigación de estas infracciones penales, su impacto en el medio ambiente y los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. La apreciación de Mesquida se cumple, al menos en Andalucía, porque hay cargos públicos afectados de todos los colores y signos políticos.
Ciudades pequeñas
La corrupción tan poco se decanta por una provincia u otra y ni siquiera se puede aseverar al cien por cien que estos delitos sean exclusividad de las localidades costeras.
El único común denominador es que, salvo el caso de Marbella, el resto de concejos afectados no alcanzan los 50.000 habitantes; es decir, que son corporaciones medias o pequeñas donde existe una menor fiscalización previa de las actuaciones de alcaldes y concejales. En cualquier caso, ningún gobierno de capital de provincia se incluye en un listado que hay que actualizar casi semanalmente.Y es que existe otro medio centenar de denuncias relacionadas con el urbanismo que aún no han derivado en una causa penal y que están en fase de investigación, bien por parte de la Fiscalía, por cuerpos como la UDYCO, el SEPRONA o por la propia Junta de Andalucía.
La inminente campaña para las elecciones municipales también incrementará el anuncio de interposición de medidas legales que no siempre se consuman. La primera parada en este recorrido por los presuntos casos de corrupción en Andalucía nos lleva a Marbella. La denominada 'operación Malaya' fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la Junta que impulsó una decisión sin precedentes, la disolución de la corporación y la instauración de una Comisión Gestora, que rige los designios de la ciudad hasta mayo.
Más allá de 'Malaya'
La ex alcaldesa, Marisol Yagüe, y todo su equipo de gobierno fueron enviados a prisión bajo la imputación de los presuntos delitos de cohecho, malversación y prevaricación. Pero la 'operación Malaya' ha supuesto mucho más por sus connotaciones mediáticas, relacionadas con el mundo del papel 'couché' y, sobre todo, por las dimensiones de un proceso que sigue abierto y que esta misma semana ha deparado tres nuevas detenciones relacionadas con el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
Más allá de este sumario, ex alcaldes y ex concejales de los distintos gobiernos del GIL están imputado en al menos un centenar de procesos y, algunos de ellos, ya han sido condenados a penas de prisión por delitos contra la ordenación del territorio. En la provincia de Málaga hay, por ahora, tres frentes más abiertos.
El juez Miguel Ángel Torres, el mismo que instruye la 'operación Malaya', dirige la investigación del caso 'Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol que, como el caso anterior, materializa la UDYCO. Dicho proceso sacó a la luz las irregularidades en los convenios urbanísticos. El alcalde, Pedro Tirado (independiente que perteneció al GIL) dimitió tras ser enviado a prisión. El primer edil de Tolox, Juan Vera, del PA, se enfrenta a varias acusaciones de haber permitido la construcción de promociones inmobiliarias en suelos calificados de no urbanizables. En Alhaurín El Grande, el alcalde Juan Martín Serón, y el delegado de Urbanismo Cristóbal Guerra fueron detenidos por un presunto delito de cohecho. Ambos pertenecen al PP.
Más detenciones
Granada ha tomado el relevo de Málaga en relación con las detenciones, aunque los implicado han podido eludir la cárcel tras la presentación de las fianzas marcadas por el juez. Manuel Fernández, concejal delegado de Urbanismo de Alhendín, tuvo que depositar 18.000 euros y está en libertad bajo fianza, aunque su imputación incluye varios supuestos delitos: cohecho, prevaricación y fraude.
En Armilla, el alcalde socialista, José Antonio Morales, el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavete y otros cuatro concejales del PSOE se enfrentan a sendas imputaciones por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en el denominado 'caso Nevada', que también salpica a Tomás Olivo, empresario que se encuentra en libertad bajo fianza por el caso Malaya.
Aforados
Pese a que Ogíjares es un municipio pequeño, los indicios de posible corrupción en su consistorio han llegado hasta el Tribunal Supremo. José Luis del Ojo une a su condición de concejal y ex delegado municipal de Urbanismo la diputado nacional por el PP. Es, por lo tanto, un aforado que sólo puede ser investigado por el Tribunal Supremo. La Fiscalía del máximo órgano judicial español ya ha pedido a la del TSJA que le informe sobre el supuesto trato de favor que Del Ojo habría presuntamente dado a una empresa constructora en relación a unas obras contratados por el Ayuntamiento.
Juan Carlos Benavides, alcalde independiente de Almuñecar que comenzó el mandato bajo las siglas del PA, tiene ante sí un rosario judicial copioso, con cuatro procesos penales abiertos y más de 60 contenciosos administrativos que incluyen presuntos delitos de diversa índole.
En Fuente Palmera, Córdoba, el ex alcalde socialista está imputado por haber vendido, supuestamente, una zona verde para construir viviendas.
*diariosur.es - Domingo, 18 de marzo de 2007
Foto: Almuñécar /motrildigital
En el suelo urbanizable de Madrid se pueden construir más de un millón de casas
MartaBELLVER/BenditoMUÑOZ* : "Si el crecimiento inmobiliario de Madrid tiene fronteras, éstas se encuentran situadas a una distancia de años luz. Al menos en la teoría. Contando sólo con el suelo listo para urbanizar que tiene la Comunidad se podrían edificar más de un millón de nuevas viviendas. Pero no sólo eso. La región dispone además de otro 17,5% de terreno no comprometido que en el futuro tendría la opción de albergar desarrollos residenciales. Si se calcara el modelo urbanístico actual, con esta reserva se levantarían otros 7,4 millones más de casas.
Ahora bien, ¿cuál debería ser el patrón de desarrollo de la Comunidad de Madrid (CAM)? «El escenario de urbanizar todo lo posible es una pesadilla», responde el arquitecto y urbanista José María Ezquiaga, quien aboga por un sistema en el que los espacios libres se infiltren en la ciudad, se considere indispensable un buen transporte colectivo y se dote a la metrópoli de entidad propia.
En este sentido, Ignacio Alcalde, director del Máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Negocios CEU, plantea la necesidad de que el Ejecutivo regional elabore una estrategia de crecimiento territorial que marque pautas generales para todos los ayuntamientos.
Dando un paso hacia la concreción, los expertos estiman imprescindible que se incrementen las densidades de construcción para hacer un uso más racional del suelo y, al mismo tiempo, se potencien los modelos mixtos de acuerdo con las peculiaridades geográficas y ecológicas de la zona.
Por ejemplo: «En la zona sur, se podría construir un 40% de unifamiliares y un 60% de multifamiliares con un máximo de seis o siete pisos; en Guadarrama, en cambio, la mayoría de las edificaciones deberían ser chalés y los edificios no superar las cuatro alturas», apunta Alfonso de Esteban, catedrático de Sociología Urbana de la Universidad Rey Juan Carlos.
La Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con un parque de viviendas de alrededor de 2,8 millones de unidades, lo que se traduce en una media de 2,1 habitantes por casa. Si la teoría se llevara a la práctica, en el futuro podría transformarse en una región que cobijaría a más de 23 millones de ciudadanos.
¿Tiene techo Madrid? En teoría, el suelo es limitado y, lógicamente, no se podrán seguir construyendo casas de forma indefinida. En la práctica, sin embargo, el final de las reservas de la Comunidad está tan lejano que casi parece una entelequia.
Sólo con los solares preparados para urbanizar que atesora la región (es decir, los que han recibido ya luz verde administrativa para el inicio de la edificación) se podrían construir más de un millón de nuevos pisos, de acuerdo con los cálculos de los expertos consultados por SU VIVIENDA. Esto supone el 4,1% de la superficie total, que asciende a 8.030 km2.
Sur y sureste
Pero es que, además, hay un 17,5% de suelo no comprometido, situado principalmente en el sur y sureste de la Comunidad de Madrid (CAM), que en un futuro quizá no demasiado lejano podría cobijar nuevos desarrollos residenciales. Con este terreno la cifra de hogares potenciales suma alrededor de 7,4 millones de unidades más.
Los datos no son exactos, aunque sí muy aproximados. El parque de viviendas de la región contabilizaba 2.478.145 casas en 2001, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE). A esto hay que añadir las 336.750 licencias de nueva construcción que se han concedido en los últimos cinco años. Si bien no todas acaban ejecutándose, sí dan una idea muy certera del ritmo madrileño de crecimiento inmobiliario. Así, se podrían contabilizar en la actualidad más de 2,8 millones de inmuebles finalizados o a punto de concluir.
Por otro lado, las ciudades y pueblos de la CAM ocupan un 8,6% de su suelo total, mientras que las infraestructuras y redes públicas se llevan un 4,4% de la superficie. Si se repitiera el modelo de urbanización existente en la actualidad en ese 17,5% de terreno no comprometido, citado anteriormente, el resultado en viviendas sería de esos 7,4 millones de pisos.
«El escenario de urbanizar todo lo posible es una pesadilla», afirma José María Ezquiaga, arquitecto y urbanista. «Lo importante es pensar un modelo. Éste debería contemplar un sistema de espacios libres que se infiltren en la ciudad y que no sea una mancha de aceite que lo ocupa todo. El modelo debe contar con algo esencial: un buen transporte colectivo para toda la región; y alimentar la metrópoli con múltiples centros con entidad propia, no sólo con viviendas, sino con ocio, comercio, actividad económica en forma de empleo...», asegura.
Desde su punto de vista, «es vital buscar una manera de reducir tantos 'viajes cautivos' de los madrileños sólo para ir al trabajo».
Además, este arquitecto señala dos cuestiones fundamentales para los nuevos desarrollos: «Lo importante es que todo el suelo de que se dispone llegue al mercado a precios asequibles y no con un valor desmedido; que se permita el primer acceso a la vivienda».
«El problema del crecimiento de Madrid no es el suelo comprometido, sino el suministro de agua», apunta Alfonso de Esteban, catedrático de Sociología Urbana de la Universidad Rey Juan Carlos. «El consumo actual es de 280 litros por habitante y día; si multiplicamos esa cifra por 12 millones de ciudadanos potenciales, es evidente que será necesario construir nuevos pantanos o hacer trasvases desde el río Duero», añade.
Estrategia
En esta línea de planteamientos generales, Ignacio Alcalde, director del Máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Negocios CEU, no se explica que la CAM no disponga aún de una estrategia de desarrollo territorial que marque las pautas del crecimiento. «Es importante hacer I+D sobre el suelo, porque es necesario utilizarlo de manera inteligente. Hay que conocer la vocación de cada espacio y su encaje en el conjunto regional», propone.
Madrid ha tenido un desarrollo singular a lo largo de los años. «En los 60 se apostó por la edificación en torre, en los 80 y 90 por los adosados, en los 90 por las manzanas. La oferta de ahora debe ser lo más variada posible y capaz de mezclarse con otros usos, económicos, sociales, educativos, sanitarios», añade José María Ezquiaga.
Según Rosa Cervera, directora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá de Henares, «el crecimiento debe ser muy moderado». Y destaca: «En seis décadas ha existido una invasión del territorio. En los 80 se pensó que Madrid no crecería más. Ahora vivimos otra ola de expansión. De seguir así, en un par de generaciones se acabará con el suelo del futuro».
Para el urbanismo del mañana los expertos consultados apuestan por incrementar las densidades de construcción, a la vez que se potencien los modelos mixtos y se atiende a las peculiaridades geográficas y ecológicas del área.
Por ejemplo: «En la zona sur, se podría construir un 40% de unifamiliares y un 60% de multifamiliares con un máximo de seis o siete pisos; en Guadarrama, en cambio, la mayoría de las edificaciones deberían ser chalés y los edificios no superar las cuatro alturas», propone De Esteban.
«La vivienda del futuro debe apostar por la continuidad y construir tanto apartamentos pequeños en altura como pensar en unifamiliares. Evitar esos saltos inexplicables entre desarrollos. La discontinuidad es lo que baja la densidad», apunta José María Ezquiaga.
«Pero antes de pensar en crecer hay que diseñar desde la demanda de vivienda como valor de uso. Recuperar casas en los centros urbanos, no sólo de Madrid, también de Alcobendas, Parla, Leganés..., que lo están pidiendo. Ir, también, hacia un crecimiento ordenado de la inmensa cantidad de suelo calificado actual; y reconstruir los barrios periféricos de los 50, 60 y 70», dice Ezquiaga.
En esta misma línea, Rosa Cervera añade: «Se debe hacer un mejor uso de lo que hay, una colmatación razonable mejorando lo existente y regenerando el tejido construido, pero no por extensión sino por coherencia».
Flexibilidad
«Las tipologías de vivienda deben ser muy flexibles, modelos cambiantes en función del crecimiento. Y con criterios que aseguren el ahorro energético y la sostenibilidad», apunta. En estos aspectos de sostenibilidad, ahorro energético y cuidado del medio ambiente ha insistido también Ezquiaga.
Alcalde propone una tesis muy parecida: «Es necesario apostar por ecourbanismo, que puede materializarse en directrices muy concretas. Por ejemplo, que el plan general de ordenación urbana de un municipio establezca una doble malla viaria dura y blanda, para vehículos y para ciclistas y peatones».
«El desarrollo infinito es imposible, como lo es prever la movilidad demográfica. Ni se debe cerrar ni pretender agotarlo. Es necesario pensar en que la ciudad es un lugar de convivencia, no de mercantilismo», indica Rosa Cervera antes de terminar: «Todo plan de suelo debe ir en paralelo a un plan de infraestructuras en la búsqueda de equilibrio».
De hecho, en el sector se empieza a dar forma (de momento verbal) a la creación de la futura M-60. Aunque el primer escollo ya está servido: la nueva vía de circunvalación debería discurrir bajo los montes de El Pardo, una opción técnicamente factible que plantea también no pocos problemas ecológicos.
Que Madrid fuera designada sede de los Juegos Olímpicos de 2016 podría suponer un empujón a estos planteamientos urbanísticos. «Evidentemente, se aceleraría el ritmo residencial», considera el catedrático Alfonso de Esteban. «Hay suficiente tiempo como trabajar con calidad y sensibilidad y hacer las cosas bien», concluye Ignacio Alcalde.
*El Mundo - SU VIVIENDA - 16 de marzo de 2007
Foto: Gran extensión de terreno el sur de la Comunidad de Madrid. / JULIÁN JAÉN
La España del ladrillo (II): nieve va
Perla Sambá* : "En las últimas semanas se ha puesto en marcha el lanzamiento publicitario de Marina d’Or Golf, segunda fase del famoso emporio turístico inmobiliario diseñado para recluir a 100.000 turistas. A plena ocupación, Marina d’Or pasará estar entre las cuarenta ciudades más pobladas de España. Pero antes de que aterrizen los nuevos colonos es preciso realizar una serena descripción de lo que les espera…
Aprendiendo de Las Vegas
Como no podía ser menos, el nuevo complejo incluirá los preceptivos tres campos de golf, diseñados por los superprofesionales mercenarios Sergio García y Greg Norman. Pero, como ya se imaginarán, a estas alturas del Delirio Urbanístico Generalizado (DUG), lo de los campos de golf es casi lo de menos… Gracias a Anne Igartiburu, portavoz oficiosa del emporio y conocida presentadora del concurso Mira quién saca tajada de la destrucción del territorio, nos hemos enterado de que entre las insensatas novedades que propone el demencial holding castellonense se incluyen los siguientes servicios de interés general: 1) Una serie de románticos canales para pasear en góndola. 2) Un balneario científico de agua marina (signifique esto lo que signifique). 3) Un arrecife coralino con más de 12.000 peces tropicales. 4) Reproducciones de la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y los Jardines de Versalles. 5) Dos kilómetros de magníficas playas caribeñas (repetimos: caribeñas). 6) Y por último, aunque no por ello menos desquiciado, la mayor pista de esquí artificial del mundo.
Entre unas cosas y otras, los requerimientos de agua de Marina d’Or Golf representarían una quinta parte del trasvase del Ebro, según Ecologistas en Acción. (Nota: para que este tipo de nimias estadísticas no impidan el pleno disfrute de las nuevas atracciones, imaginamos que Marina d’Or proporcionará, a quien no lo lleve incorporado de serie, el mismo kit de aislamiento sensorial que llevan los “turistas” de Guantánamo para que el mundo exterior y sus engorrosos límites no impidan al visitante disfrutar de su vertiginoso descenso en trineo).
El tío Ger
Aunque la idea de esquiar en Castellón en pleno agosto suene quimérica, no hay que olvidar que el lema “nada es imposible” encaja como un guante en la personalidad de Jesús Ger, carismático alcaide de Marina d’Or. A Ger le gustán los desafíos y, para colmo, la Diosa de la Fortuna siempre ha estado de su lado:
- Primero tuvo la buena suerte de que los ayuntamientos de Oropesa y Cabanes le adjudicaran 19 millones de metros cuadrados para edificar Marina d’Or Golf. ¿Qué cómo consiguió la adjudicación? Bueno, según denuncias de Isaura Navarro, diputada de Izquierda Unida por Valencia, “dos de los seis concejales del Partido Popular de Cabanes que votaron a favor del proyecto, dos hijas de los máximos dirigentes del PSOE en Oropesa y la secretaría general del PSOE en esa localidad están en nómina de Marina d’Or”. Y lo dice como si cobrar dinero de Ger fuera algo malo… Vamos a ver: después de todo, los municipios de Oropesa y Cabanes van camino de convertirse en meros suburbios de Marina d’Or, así que es lógico que las autoridades locales reciban órdenes del alcaide Ger que, a fin de cuentas, es el que corta el bacalao. ¿O no?
- Más tarde, en otro increíble caso de buena suerte, las autoridades locales decidieron que el futuro aeropuerto de la provincia estuviera cerca del chiringo vacacionista de Ger. Por si esto no fuera suficiente, Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón, decidió que había que construir una carretera entre el nuevo aeropuerto y Marina d’Or aplicando la siguiente lógica: la-distancia-más-corta-entre-dos-puntos-es-la-línea-recta (formula geométrica de dudoso encaje legal, según algunos jueces, cuando la línea recta incluye una zona protegida y un yacimiento arqueológico).
Bajarse al moro… con los palos de golf
Pero no se alarmen, porque a Ger nadie le para los pies: aunque haya que secar el Ebro y sus batracios se caguen en la puta raza de Fabra y Ger, en Marina d’Or va a haber agua, suelo, carreteras y energía para lo que a él le de la real gana. No obstante, tras haber conseguido que nieve en Oropesa en agosto y en vista de que en España no hay autoridad competente que se le resista, Jesús Ger está intentando ahora el más difícil todavía: construir un complejo marinadoriano en Marruecos. ¿Utilizará el agua de los oasis marroquíes para construir una reproducción de Cullera en el Sáhara Central? Bueno, hasta que esto se aclare que mejor manera de amenizar la espera que echando un vistazo a uno de los últimos videos ideados por las autoridades de Castellón para atraer a sus costas a los colonos/turistas. Ladies and gentlemen, con ustedes, el único, el incomparable, el legendario… ¡LUIIIIIIIS AGUILÉ!
*LadinamoBlog - Miércoles, 21 Febrero, 2007
Foto: Marina D'Or /integral
Alrededor de 160 entidades se unen contra la destrucción del territorio
I.OLAIZOLA* /Palma : "Más de 160 entidades educativas, ambientales, culturales, formaciones políticas, sindicatos, asociaciones vecinales, plataformas territoriales y una gran variedad de otras asociaciones se han adherido a la manifestación contra la destrucción del territorio convocada para hoy a la seis de la tarde en la plaza de España por la plataforma Salvem Mallorca.
Tonina Siquier, militante del Gob que ha participado activamente en la organización de esta protesta, no se atrevía aventurar una cifra de las personas que acudirán a la manifestación convocada para esta tarde. "No sé, soy muy mala con las cifras. Llevamos más de un mes de trabajo y confiamos en que acuda tanta gente como la que vino a la gran protesta de 2004", pronosticó la ecologista.
Cabe recordar que el 14 de febrero de 2004 el Gob y otras dos plataformas contra proyectos viarios consiguieron congregar a más de 40.000 personas (otras fuentes hablaron de 50.000) por las calles de Ciutat bajo el lema ´Qui estima Mallorca no la destrueix´. La primera consecuencia de esta gran movilización ciudadana fue la retirada del polémico proyecto viario que pretendía unir Inca y Manacor con una autopista. Recordando esta victoria, las diferentes entidades convocantes animaban a la gente a acudir hoy a la manifestación contra la destrucción del territorio en Mallorca.
Los ataques contra el portavoz del Gob, Miquel Àngel March, por una presunta irregularidad urbanística en una finca de su propiedad en una zona Anei de Pollença serán, a juicio de los organizadores, una motivación añadida para que más gente acuda a la protesta.
"La denuncia la ha interpuesto un militante del PP y, curiosamente, todo el asunto se ha destapado la semana previa a la manifestación. En la finca de March no se ha hecho ninguna obra. Estamos bien tranquilos de que cualquier persona de nuestra organización es de una honestidad y transparencia absolutas. Quizá toda esta campaña responde a que no saben como tapar sus propios casos de corrupción e intentan desprestigiar a otros", apuntó Siquier.
En este mismo sentido se pronunció la secretaria general de los socialistas de Mallorca, Francina Armengol, para quien el PP emprende "campañas de desprestigio contra las organizaciones sociales y partidos que piensan diferente. Ya se ha demostrado que el Govern utiliza dinero público para pagar programas como IB3 Confidencial en los que se ataca a todo tipo de disidencia. Me repugna esta forma de hacer política", recalcó.
Más adhesiones
En lo que atañe a los últimos preparativos de la manifestación, Siquier se mostró sorprendida del alud de adhesiones que están teniendo hasta el último momento. "Ayer (por el jueves) se nos habían sumado unas 130 entidades. Hoy (por ayer, viernes) ya sumamos más de 160. Treinta nuevas organizaciones en un solo día", resaltó Siquier.
Aparte de la gente que acuda en sus propios vehículos, se han fletado autobuses desde las localidades de Pollença, Felanitx y Andratx, como informó este diario el jueves, a los que en las últimas fechas se han sumado otros autocares que partirán de Campanet, Inca, Alcúdia, Llucmajor, Esporles y Petra, según informaron desde la organización. "Los medios de comunicación están dando mucha cobertura a esta manifestación. Acudo a tres o cuatro radios cada día. Espero que la gente responda y acuda hoy a la plaza de España. Hemos trabajado para repetir el éxito de 2004", mostró su esperanza Siquier.
*diariodemallorca.es, Sábado, 17 de marzo de 2007
Foto: Militantes del Gob y de entidades que se han sumado a la manifestación desplegaron ayer en Son Sardina la pancarta que encabezará la protesta. /G.BOSCH
Afectados por posibles derribos esperan que la Junta recapacite tras el «rapapolvo»
SUR*/Marbella : "La contundencia de los argumentos con los que el juez Miguel Ángel Torres, instructor del 'caso Malaya', ha rechazado la personación de la Junta de Andalucía como acusación particular no ha dejado indiferente a nadie. Tampoco a los vecinos que pudieran verse afectados por algunas de las demoliciones de viviendas ilegales que podrían derivarse de las peticiones de ejecución de sentencias por parte del Gobierno andaluz.
La plataforma de ciudadanos afectados por los posibles derribos en Marbella no se anduvo ayer por las ramas y se mostró confiado en que el «rapapolvo» del magistrado a la Junta «le haga recapacitar y anuncie antes de las elecciones que no habrá ninguna demolición de viviendas adquiridas de buena fe».
Desde la plataforma no ocultaron su satisfación porque el juez haya considerado en el sumario a la Junta más responsable que perjudicada en la trama de corrupción urbanístico. En un comunicado, afirmaron que el «mal funcionamiento» de las administraciones públicas ha llevado a miles de vecinos a «situaciones muy graves», al mismo tiempo que acusaron de «hipocresía» de la Junta «al querer derribar viviendas después de haberse enriquecido por ellas».
Frente a estas duras críticas, la comisión gestora de Marbella cerró filas en torno al Ejecutivo andaluz. El vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, consideró que culpar a la Junta de lo ocurrido «es como culpar a la Policía de la situación en el País Vasco».
«Muy precipitadas»
A su juicio, las observaciones reveladas tras el último levantamiento de sumario son «muy precipitadas» y no dudó en respaldar el argumento de Manuel Chaves, considerando que «quien cobra por la expedición de licencias ilegales y los impuestos de plusvalía es el Ayuntamiento». «Las palabras del juez se están sacando de contexto», añadió.
La propia Junta siguió ayer defendiendo a ultranza su gestión durante los 15 años de gilismo. La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, recordó que desde que se obtuvo el respaldo de los jueces en las primeras sentencias anulando las licencias ilegales la actuación en Marbella ha sido «siempre contundente». Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, insistió en que la Administración autonómica no se ha beneficiado «en nada» de las operaciones urbanísticas irregulares que se han producido en Marbella.
Los coletazos al demoledor auto del juez también vinieron ayer de parte de los dirigentes del PP, del PA y de IU. Javier Arenas, presidente del PP andaluz, reiteró que el auto «no es subjetivo» porque la Junta lleva «15 años mirando para otro lado en Marbella». Por su parte, la portavoz del PA en el Parlamento , Pilar González, consideró que el Gobierno andaluz ha podido incurrir en un «fraude político» si se confirma el ingreso de dinero por impuestos de viviendas ilegales.
Por último, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, apostó por abrir una investigación para concretar la responsabilidad de la Junta y si sabía que las licencias eran «ilegales».
*diariosur.es - Sábado, 17 de marzo de 2007
Foto: Puerto Banús /malagaweb
El alcalde de Oleiros acusa a la Xunta de castigarlo mientras permite destruir la costa
PaolaOBELLEIRO* : "El alcalde de Oleiros, el independiente Ángel García Seoane, atacó ayer con dureza la política urbanística del Gobierno gallego ante la decisión de Política Territorial de rechazar el Plan Xeral de Ordenación Municipal de esta localidad del área metropolitana de A Coruña. "Somos víctimas del politiqueo", acusó, "nos paran el plan para jugar electoralmente con él". Nada que ver, denunció, con "la permisibilidad" ante alcaldes que destruyen la costa. "A esos nadie los para, sólo les dan tirones de oreja", denunció en alusión a los regidores de la Mariña lucense.
Hay dos varas de medir, según García Seoane. "Pero no vamos a dejar que esa política miserable mancille nuestra gestión", advirtió. El regidor desplegó una artillería de descalificaciones contra la política urbanística de los socialistas, que equiparó a la del PP: "Basta darse una vuelta por los ayuntamientos donde gobiernan unos y otros, están llenos de desfeitas y falcatruadas".
García Seoane tenía claro que iba ocurrir lo mismo que con los dos anteriores planes urbanísticos de Oleiros, de 1983 y 1995: también fueron rechazados, en vísperas de elecciones municipales, por el Gobierno gallego, entonces en manos de los populares, recordó. Y ahora, con los socialistas, la política urbanística de la Xunta se caracteriza, según este alcalde, por su "desnorte", su incapacidad para tramitar planes de ordenación -más de un centenar están pendientes, dijo- y su "permisividad mientras la costa gallega sigue siendo destruida".
El Ayuntamiento de Oleiros, que presume de "la singularidad" de su urbanismo, redactará para después del verano, tras las elecciones, un documento de respuesta al informe de Política Territorial en el que se desgranan las deficiencias del plan municipal por las que el departamento autonómico rechazó darle la aprobación definitiva. Pero ayer García Seoane ya lanzó crudas aseveraciones contra la resolución de la Xunta: "Es el informe personal de unos técnicos que interpretan la ley a su manera, en algunas ocasiones incluso con una maldad y ruindad terrorífica". Denunció que la resolución no fuera firmada por el director general de Urbanismo, sino por un subdirector "vecino de Oleiros y que se jacta de ser enemigo del alcalde".
Es extraño, continuó el regidor, que Política Territorial emitiera su informe sin esperar por la indispensable evaluación de la Consellería de Medio Ambiente, un documento que, según él, estará listo el próximo miércoles. Y recordó que cuenta con informes favorables de las demás administraciones, como el Ministerio de Fomento o Patrimonio de la Xunta.
En cuanto a la clasificación de los suelos, principal motivo para devolver a Oleiros su plan de ordenación, el alcalde se explayó en explicar que su propuesta rebaja la edificabilidad en el municipio. Acusó a la consellería de pretender, con sus criterios para la declaración de suelo urbano en núcleos de población ya existentes, "quitarles de un plumazo las fincas a vecinos que tienen esa clasificación desde 1983". Seoane advirtió de que el Ayuntamiento está dispuesto a acudir a los tribunales, si es necesario, para "parar esas tropelías". Y recurrió a un símil taurino para destacar la disposición de su gobierno a dar la batalla: "Vamos a coger el toro por los cuernos y llevarlo al cercado. Pero no vamos a usar toros mansos, porque nosotros nunca lo fuimos".
*ELPAIS.com - A Coruña - 17/03/2007
Foto: Sta.Cristina /Oleiros
El precio de la vivienda ha subido 10 veces más que los salarios en el último decenio en Catalunya
AGENCIAS* : "Los salarios han subido una media del 30% en la última década en Catalunya, mientras que los precios medios de los pisos han crecido más de un 310%, lo que ha dejado a una importante parte de la población sin posibilidad económica de acceso a una vivienda.
La provincia catalana en la que se ha registrado un aumento más espectacular ha sido Girona, donde el precio de la vivienda ha subido un 372,8% entre 1994 y el 2006, llegando a 3.848 euros el metro cuadrado, según ha afirmado el conseller de Medi Ambient i Vivenda, Francesc Baltasar, durante una comparecencia en el Parlament. De cerca le siguen las demarcaciones de Tarragona, donde el crecimiento ha sido del 325%; Barcelona, con un 297,4%, y Lleida, con un 250%.
La clase media, cada vez más afectada
El político ecosocialista ha explicado que la fuerte inflación de precios que se ha producido en esta década, "una de las más intensas conocidas en la historia inmobiliaria", ha llevado a una discrepancia extraordinaria entre la evolución de los salarios, que han crecido muy modestamente, y el coste de la vivienda, que se ha disparado en todas las esferas del mercado inmobiliario, tanto en la obra nueva como de segunda mano y alquiler.
"[La situación] Ha superado los ámbitos habituales en los que se desarrollaba la política de vivienda porque cada vez más afecta a franjas de clases medias con ingresos por encima de los considerados habitualmente como elegibles para tener derecho a ayudas públicas", en palabras del conseller.
Este escenario, además, ha venido acompañado de una "caída drástica" en la producción de vivienda protegida, ya que de los volúmenes de entre 15.000 y 20.000 pisos protegidos que se construían cada año en la década de los 90 se ha pasado a producciones inferiores a los 10.000 en los últimos años.
Batería de medidas
Para hacer frente a esta situación, Baltasar ha señalado que su departamento está impulsando una serie de medidas que pasan por ampliar el abanico de la población beneficiaria de pisos de protección oficial, incrementar los recursos presupuestarios y cambiar los instrumentos de intervención en el campo de la vivienda social.
En este sentido, ha subrayado que una de las iniciativas que se están potenciando es la concesión de ayudas para el pago del alquiler a familias con unos ingresos 2,5 veces por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). El pasado año se beneficiaron de estas ayudas 8.376 personas, con 17,1 millones de subvenciones, y está previsto que en el 2007 la cifra de agraciados llegue a 10.000 personas.
Otras de las "medidas de choque" que está preparando la conselleria que dirige Baltasar son la ampliación de créditos para la emancipación de la gente joven, el establecimiento de un sistema universal de avales a los inquilinos y la firma de un protocolo interdepartamental contra el acoso inmobiliario.
*ElPeriodico.com 16/3/2007
Las impugnaciones han impedido construir 10.490 viviendas ilegales en Marbella
DiegoNARVÁEZ* : "Los controles de la administración autonómica y de los tribunales de Justicia sobre el urbanismo de Marbella, cuya eficacia es objeto recurrente de polémica, sí tuvo resultados al menos en los tres últimos años de mandato del Grupo Independiente Liberal. Desde que en marzo de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cambió de doctrina y comenzó a ordenar suspensiones cautelares de obras con licencia impugnada, se ha impedido la construcción de 10.490 viviendas contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 4.427 están paradas, y el resto no llegaron a iniciarse.
Hasta ahora se daba por bueno que en Marbella se construyeron unas 30.000 viviendas contrarias al PGOU entre 1991 y 2005. El dato lo obtuvo el equipo redactor del nuevo planeamiento cuando elaboró el documento de avance, pero estaba extraído de los datos de las licencias otorgadas de forma ilegal.
Ahora, una vez que la oficina de planeamiento de la Junta en Marbella ha hecho un control sobre el terreno de lo que ha ocurrido con cada una de estas licencias, la cifra se rebaja en una tercera parte. Y es que desde el año 2003 las órdenes de suspensión de obras que el TSJA dictaba siempre que la Junta impugnaba una licencia irregular han impedido la construcción de 10.490 casas ilegales. De ese total, 5.795 ni siquiera llegaron a iniciarse y las parcelas continúan libres. Otras 4.427 están en distinta fase de obra, pero paralizadas y precintadas. La lista se competa con otras 268 casas que sí se han acabado pero no han llegado a ocuparse, lo que alivia el problema social que se plantearía en caso de que finalmente el TSJA decidiera demolerlas.
También ha habido promotores que han incumplido las órdenes de paralización cautelar y han acabado las construcciones que ya están habitadas, situación en la que se encuentran 999 viviendas que corren el riesgo de ser declaradas ilegales en sentencia firme.
Según la consejera de Obras Públicas, estos datos evidencian que la Junta ha cumplido su obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística en Marbella. "Cuando hemos tenido apoyo del tribunal, hemos tenido eficiencia", sostiene la consejera, quien recuerda que la Junta ha impugnado más de 400 licencias de obras en Marbella y siempre pidió la suspensión cautelar de las obras al TSJA, que es a quien compete tal decisión, y que éste las denegó hasta marzo de 2003, cuando ya se habían impugnado 130 permisos sin que se adoptaran medidas.
Entre las obras en construcción que se encuentran paralizadas hay algunas de promotores imputados en la Operación Malaya, como José Ávila Rojas -279 casas en Río Real y 192 en La Trinidad, de Naviro Inmoviliaria; y 210 de Turasa-, o Carlos Sánchez -242 viviendas en Elviria de CCF 21 y dos hoteles-, o Fidel Sanromán -dos centros comerciales del grupo Tifan-.
Unifamiliares
Naviro Inmobiliaria (Ávila Rojas), construía 11 casas en suelo para parques y jardines que el TSJA ordenó parar en noviembre de 2004.
Apartamentos
Promoción de 279 viviendas de Naviro Inmobiliaria en suelo urbanizable pero sin instrumento de planeamiento. Parada en mayo de 2004.
Urbanización
Sur Inversiones Sema construía 181 viviendas, más de las permitidas en la zona y sin plan de desarrollo. Parada en abril de 2004.
Adosados
En junio de 2004 el TSJA mandó parar la promoción de 14 adosados que Anotaciones Veinticuatro alzaba en suelo destinado a parques y jadines.
*ELPAIS.com - Málaga - 16/03/2007
Foto: Apartamentos en construcción- EL PAÍS
El Juzgado de Avila llama a declarar como imputado al Director General del Medio Natural de la Junta
EFE* : "El Juzgado de Instrucción número 2 de Avila ha atendido la petición del fiscal jefe al llamar a declarar como imputados en el caso de la 'Ciudad del Gof' de Las Navas del Marqués al director general del Medio Natural de la Junta, Mariano Torre, y el alcalde navero, Gerardo Pérez (PP), entre otros. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción no atiende la petición presentada por la Asociación Centaurea, para que el número de imputados se viera ampliado con otros dos cargos de la Administración autonómica.
La providencia del juzgado a la que tuvo acceso hoy Efe fija para el próximo 11 de abril, a partir de las 10.00 de la mañana, el día para que ambos presten declaración ante el juez Miguel Angel Moreno, junto al secretario del Ayuntamiento de Las Navas, Carlos de la Vega, y al ex delegado de la Junta en Avila, Félix San Segundo, que cuando se tramitó el proyecto también era presidente de la Comisión de Urbanismo.
Los ecologistas solicitaban la declaración del jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, José Angel Arranz, y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente en Avila y vocal de la Comisión Territorial de urbanismo de Avila en la época en la que ocurrieron los hechos, Juan Manuel Pardo.
La providencia emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 no llama a declarar a estos dos últimos, pero sí atiende a la solicitud de Centaurea, que pedía al juez la declaración como testigos de tres funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente.
Se trata de Sabas Yagüe, jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente en la época en que ocurrieron los hechos; José Ignacio Molina, jefe de Especies Protegidas de la Consejería, y Alfredo Martín, técnico de Evaluación de Impacto Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Todos ellos han sido llamados a declarar el próximo 10 de abril, a partir de las 10.30 de la mañana en esta instancia judicial que ordena practicar estas diligencias 'sin perjuicio de otras que pudieran acordarse en vista del resultado de las que ahora se acuerdan'.
Además, el Juzgado requiere a la Consejería de Medio Ambiente, al Servicio Territorial de Fomento, al Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y a la Sociedad Montes de Las Navas que remitan la documentación que, a juicio de los ecologistas, 'no han entregado' hasta la fecha.
Esta providencia es emitida un día después de conocer que La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha decidido paralizar cualquier trabajo encaminado a la construcción de la 'Ciudad del Golf', hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación presentados en esta instancia judicial.
El proyecto incluía la construcción de 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en 210 hectáreas de terreno en una zona protegida.
El presidente de Centaurea, Carlos Bravo, elogió hoy, en declaraciones a Efe, la 'celeridad' con la que tanto la Fiscalía como el Juzgado están actuando en este caso.
Desde su punto de vista, ambas instancias 'avanzan correctamente' para que 'cuanto antes, se resuelva esta situación, ya que están en juego espacios naturales con políticas de especulación urbanística y cacicadas en Castilla y León, como la Ciudad del Medio Ambiente -Soria-'.
En este contexto, se mostró esperanzado en que con estos testimonios 'se pueda empezar a conocer la verdad' y 'se concreten los delitos penales' que se hayan podido cometer.
*Terra Actualidad - EFE 16-03-2007
Foto: habitat cigüeña negra /forocastellano
Políticos de ladrillo
Mª.DOLORES F.-FÍGARES* : "Hemos tardado, pero ahora nos estamos dando cuenta de para qué se meten en la política un grupo de ciudadanos, bastante numeroso al parecer. Una vez que han sembrado las verdes praderas de la Vega granadina y los secanos de otros pagos de urbanizaciones bien macizas de volúmenes de cemento, de extensos centros comerciales, empiezan a saltar los escándalos urbanísticos, al calor de la primavera en flor y las próximas elecciones municipales. Cada día aparecen nuevas noticias, saltan nombres de personas y de pueblos, donde presuntamente se cometen las tropelías y los incautos ciudadanos que creíamos que a la política se iba a servir al bien común y no a enriquecerse lo más pronto posible, no paramos de ponernos las manos en la cabeza, aunque vamos perdiendo nuestra capacidad para la sorpresa.
Lo malo es que les pase lo mismo a los esforzados reporteros que sacan a la luz de los periódicos los asombrosos datos y un buen día den por saturado el cupo del periodismo de investigación y nos dejen otra vez a oscuras. Eso sería una tragedia, porque se ha comprobado que lo que más les duele a esos políticos de ladrillo es verse de protagonistas en este tipo de historias, ante el escarnio general.
Por debajo de los cimientos, de los tabiques, de las estructuras, asoman las tupidas redes de influencias montadas, los clanes pueblerinos que funcionan como mafias y se cuelan en los partidos, repartiendo a diestro y siniestro algunas migajas de los pingües beneficios obtenidos bajo cuerda.
Poco a poco van cayendo los nombres de una lista que se hace larga y casi nadie se extraña de que sean así las cosas, como si la corrupción se hubiese ganado la comprensión y hasta el prestigio. Muchos lo sabían, o lo temían, casi nadie se extraña y, sin embargo, ahí seguían, impunemente, haciendo oídos sordos a las advertencias de unos técnicos continuamente desautorizados.
Cabe preguntarse por qué nadie hizo nada cuando todavía el daño a los intereses públicos, al paisaje, a la cordura, aún no estaba hecho. Está quedando claro que hay un vacío de poder y de autoridad, ya que comprobamos que nadie pone freno a los desmanes cuando aún es tiempo. Así se ha visto en el caos de Marbella, que nadie se explica cómo no actuó la Junta de Andalucía, en este y en otros casos flagrantes. Quizá no existan los medios jurídicos y administrativos necesarios para que la transparencia de las gestiones se vea garantizada de manera suficiente. Pues que se busquen y se pongan en acción cuanto antes. No sólo nos estamos jugando todo un modelo de ética ciudadana, sino la propia credibilidad de los partidos políticos, que ya se están viendo salpicados por los escándalos.
Pero lo más triste es que no parece que estén aprendiendo la lección. Como émulos de lo que hacen sus patrones en la política nacional, la única reacción que vemos en los partidos es la de lanzar a los adversarios ese infantil recurso del «y tú más», que es el grito guerrero que usan los niños de cinco años, cuando se pelean en los recreos del colegio. En vez de ese intercambio sin fin de acusaciones, más vale que se dediquen a diseñar procedimientos de depuración en sus propias estructuras y sean capaces de garantizar a los ciudadanos que nadie que sea sospechoso de corrupción tendrá la osadía de presentarse antes las urnas, a que los votantes respalden sus trapicheos.
*idealdigital, Granada - miércoles, 14 de marzo de 2007
Un pueblo de Toledo planea 20.000 viviendas a 15 kilómetros de la macrociudad de Seseña
J.LAFUENTE/LL.MARTÍNEZ* : "La comarca toledana de la Sagra va camino de convertirse en la del ladrillo. En Illescas, localidad de 17.000 habitantes a 30 kilómetros de Madrid, el Ayuntamiento (PSOE) está tramitando un inmenso proyecto urbanístico: la recalificación de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo, 560.000 de los cuales son protegidos, para construir más de 20.000 viviendas (60.000 habitantes). Sería la segunda macrociudad en la zona después de que hace más de un año el promotor Francisco Hernando, El Pocero, consiguiera que le recalificaran un secarral en Seseña para levantar 13.000 viviendas en edificios de 10 alturas.
La zona que une Madrid con Toledo es muy apetecible para los promotores urbanísticos: grandes extensiones de suelo rústico y barato que, con una recalificación de por medio, pueden albergar viviendas en una zona relativamente próxima a la capital. Tras el ejemplo de Seseña (13.000 viviendas para un municipio de apenas 9.000 habitantes con problemas de abastecimiento de agua), llega Illescas. El alcalde socialista de esta localidad, José Manuel Tofiño, asegura que su caso "no es comparable". Aunque el proyecto que se está tramitando supone la construcción de más de 20.000 viviendas, Tofiño argumenta que se harán "de forma moderada, en unos 30 años".
Los cuatro Programas de Actuación Urbanística (PAU) que desarrollan la macrociudad prevén un 80% de edificios de cuatro y cinco alturas y el resto de hasta 10 plantas. El enclave elegido para la futura Illescas está separado del casco urbano por la vía del ferrocarril. El alcalde alega que la nueva urbanización le viene de perlas para enterrar los raíles y lograr que el pueblo de toda la vida y las futuras casas estén integradas "sin barreras que las separen". El espacio que ocupan los raíles se transformará en una ronda de circunvalación. Bajo tierra, se instalará una doble vía que permitirá que el tren de cercanías llegue a Illescas.
Soterramiento
Del soterramiento de la vía férrea se encargarán cuatro entidades. Las mismas que, según el convenio firmado en 2005 con el Ayuntamiento, ya se han postulado como agentes urbanizadores para desarrollar los PAU cuando estén aprobados. Para IU, estas sociedades serán las únicas beneficiarias de la operación. La coalición lamenta que el asfalto "se lleve por delante" cientos de miles de metros de suelo protegido "por su valor ecológico". También reprocha que se tramite un proyecto "descomunal" sin que el municipio haya aprobado todavía un Plan de Ordenación Municipal. Ecologistas en Acción y la asociación de vecinos Al-Sagra respaldan estas críticas.
El concejal de Urbanismo de Illescas, Pedro Caballero, se defiende: "Todo es legal, ordenado y transparente". Lo argumenta diciendo que el proyecto fue aprobado en un pleno municipal por unanimidad y que la zona protegida no tiene "tanto valor ecológico" como dice IU. Otra ventaja que ve la corporación es que los promotores construirán los equipamientos y servicios públicos necesarios.
Sobre la petición de IU de declarar nulo el convenio urbanístico, el Gobierno municipal recuerda que las instituciones superiores ya se encargarán de revisar o corregir lo que haga falta. Mientras, el Ministerio de Fomento ha encargado un estudio informativo sobre el soterramiento de la vía, "el primero en una ciudad de tamaño medio que se financia en España", destaca el concejal.
Respecto al modelo de la nueva Illescas, Tofiño defiende que es "asequible y sostenible". "No será un enjambre", alegó el edil, que no teme que Illescas se convierta en una ciudad dormitorio. Será una ciudad en toda regla. El Ayuntamiento prevé dedicar otros 14 millones de metros cuadrados a industrias y servicios.
El proyecto tiene todavía mucho camino que recorrer. Falta que la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo lo apruebe y que el pleno municipal le dé el visto bueno definitivo. La última palabra la tendrá la nueva corporación que salga de las elecciones.
*ELPAIS.com - Madrid - 16/03/2007
Foto: Terreno protegido en Illescas- J. L.
Manifestación en Segovia contra la especulación urbanística y en defensa del medio ambiente
*La Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia, dio a conocer un Manifiesto que será la tabla reivindicativa de la manifestación, que se celebrará en Segovia el día 17 de Marzo, sábado, a las 8 de la tarde y que partirá de la Avenida Fernández Ladreda. La Plataforma hace un llamamiento a todos los colectivos sociales, políticos, vecinales, culturales, sindicales, deportivos y conservacionistas, “y sobre todo a los ciudadanos, para que se movilicen ahora que aún estamos a tiempo, y les digamos a quienes nos gobiernan, que este no es en absoluto el modelo de desarrollo que queremos para Segovia”.
Los cuatro ejes de la movilización, que en el fondo están todos ellos interrelacionados son:
- Por la declaración ya del Parque Natural del Guadarrama. En toda su extensión y no sólo en las cumbres.
- Contra el desarrollo urbanístico salvaje y la especulación inmobiliaria en Segovia y su alfoz.
-Contra la privatización de las aguas públicas, no a las concesiones de agua del Río Cambrones.
- En defensa de ''Las Calderas’’, no al Proyecto de pantano en el río Cambrones.
La Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia viene constatando desde hace tiempo “una creciente preocupación de los ciudadanos, por una serie de proyectos urbanísticos que amenazan de manera muy seria nuestro medio natural, y sobre todo, que no se entienden necesarios y mucho menos se entiende que traigan ni progreso ni desarrollo”.
“Toda la problemática urbanística de Segovia y su alfoz, hay que enmarcarla en la tan añorada declaración del Guadarrama como Parque Natural, que en primer lugar se demora de manera deliberada, dando tiempo a que los especuladores tomen posiciones y aseguren por la vía de planes urbanísticos sobredimensionados, terrenos para seguir construyendo en los próximos 100 años”.
Además, agrega la Plataforma, “la tan cacareada declaración de Parque Natural, no va a ser una figura jurídica de protección integral de la sierra, sino que prácticamente se reduce a la línea de cumbres. Como dijo el consejero autonómico de turno, hace algunos meses, ese espacio natural será, sobre todo un parque de cumbres y de oportunidades”.
“Crecimiento Cero”
“Así pues, podemos olvidarnos de que la declaración de Parque Natural venga a poner orden en el desorden urbanístico de la falda de la sierra. La suma de los planes urbanísticos proyectados por Segovia, Palazuelos, La Granja, y otros municipios de esta zona, es decir del pie de monte del Guadarrama, prevén la construcción de 30.000 nuevas viviendas, en una provincia que lleva dos siglos con crecimiento cero en lo relativo a población”.
Además, de las 100.000 viviendas que más o menos hay en la provincia de Segovia, menos de la mitad están ocupadas de forma permanente, es decir como primera residencia. “Así pues, esta explosión de ladrillo, no tiene otra finalidad que la meramente especulativa, o a lo sumo servir de segunda residencia; o por pura lógica, si estas viviendas finalmente se habitan, otras quedarán vacías”, denuncia la Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia.
De acuerdo al Manifiesto, “además del destrozo paisajístico que supondría este 'tsunami' urbanístico, uno de los principales problemas que trae aparejado es la necesidad de cantidades ingentes de agua para dar servicio a estas viviendas, y sobre todo a jardines y piscinas. No parece por el momento que ningún ayuntamiento haya sido capaz de presentar el menor aval hídrico a estos planes urbanísticos”.
“Es increíble que mientras en otras zonas del estado se están paralizando urbanizaciones por falta de informes hidrológicos que garanticen la necesaria existencia de agua, en Castilla y León y en concreto en Segovia, se siguen haciendo planes urbanísticos a todo pasto sin informes sobre el suministro de agua potable, es decir sin la menor consulta sobre el tema a la Confederación Hidrográfica del Duero”, agrega.
La Plataforma recuerda la obligatoriedad de que cualquier nuevo plan urbanístico, ha de solicitar un informe sobre recursos hídricos a la confederación hidrográfica correspondiente, está regulado de forma taxativa en la Ley de Aguas Art. 25 apartado 4. En este sentido, un auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, de fecha 16-01-2007, paralizaba un plan parcial en el municipio de Ador (Valencia), por ''no aportar informe hídrico de la Confederación Hidrográfica del Jucar''.
“A duras penas pasamos los veranos”
“No hay que ser muy listo –afirma la Plataforma en su Manifiesto-, para darse cuenta que en lo relativo al suministro de agua potable, hoy por hoy con la población que existe en el entorno de Segovia, a duras penas pasamos los veranos a costa de restricciones, por lo tanto es una completa irresponsabilidad planificar 30.000 viviendas y algún que otro campo de golf, sin saber de dónde va a salir el agua”.
La Plataforma también critica a los “desalmados” que “comienzan a pedir la construcción de nuevas presas y embalses”. Ha comenzado ya a pedirse con bastante insistencia la construcción de un pantano en el Cambrones, en la zona de''Las Calderas'' “Desde luego –dice la Plataforma- si dejamos que destrocen Las Calderas, estaremos sepultando bajo el agua uno de los valles más emblemáticos de nuestro entorno”.
Para la Plataforma, también resulta significativo “que algunos ayuntamientos como Palazuelos o Tres Casas, que ahora reclaman el pantano del Cambrones, no les haya preocupado en su momento, que parte del caudal de ese mismo río se privatizara, adjudicándose su explotación a la embotelladora Bezoya-Pascual. Por cierto, proceso de adjudicación que como hemos venido denunciando, ha estado plagado de presuntas (pero claras) irregularidades, chapuzas y chanchullos. Prueba de ello, es que el Procurador del Común ha admitido a trámite nuestra denuncia, que está actualmente en fase de estudio”.
Ante este estado de cosas, la Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia hace un llamamiento a todos los colectivos sociales, políticos, vecinales, culturales, sindicales, deportivos y conservacionistas, “y sobre todo a los ciudadanos, para que se movilicen ahora que aún estamos a tiempo, y les digamos a quienes nos gobiernan, que este no es en absoluto el modelo de desarrollo que queremos para Segovia”.
*GLOCALIA - 09/03/2007
La UCE demanda medidas que faciliten el acceso a la vivienda frente a la especulación
Efe* : "La Unión de Consumidores (UCE) demandó este jueves una Ley de Sobreendeudamiento Familiar que proteja a los más endeudados por el incremento de los tipos de interés y un conjunto de medidas que faciliten el acceso a la vivienda frente a la especulación y la corrupción existente en varios municipios. Estas son algunas de las propuestas electorales de política municipal de consumo que la UCE espera ver incorporadas en los programas de los distintas formaciones políticas para los comicios del 27 de mayo y que la organización presentó este jueves, Día Mundial de los Consumidores.
El secretario general de la UCE y presidente de la asociación en Andalucía, Juan Moreno, explicó en Sevilla que los ciudadanos, en su condición de consumidores y usuarios, deben ser el eje principal de las políticas que se desarrollen en los municipios.
La UCE exige políticas "prioritarias" en materia de empleo, vivienda, urbanismo sostenible, políticas sociales, protección de medio ambiente e igualdad.
Respecto a la vivienda, la asociación alertó sobre el espectacular descenso en la construcción de viviendas de protección oficial, por lo que hizo un llamamiento a los gobiernos locales para emprender políticas activas que contribuyan a controlar el alarmante precio de la vivienda.
Según dijo Moreno, "hay que orientar las ordenanzas fiscales locales en apoyo de la promoción de las políticas de alquiler de viviendas vacías del municipio, impulsando las agencias de fomento del alquiler".
Los ayuntamientos deben programar y desarrollar políticas activas de dotación de suelo a fin de que los precios sean compatibles con el uso social al que van destinado, por lo que la UCE defiende la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que reserva el 30 por ciento del suelo a vivienda protegida.
Para evitar la corrupción, la Unión de Consumidores exige un reforzamiento de los mecanismos de gestión transparente del urbanismo y de toda la información relativa a la política del suelo y la vivienda.
*El Confidencial, Jueves, 15 de marzo de 2007
Foto: Sentada vivienda digna 15 Mayo 2006 /bloj
El juez Torres recrimina a la Junta beneficios por obras ilegales en Marbella
EsperanzaCODINA* : "La insistencia de la Junta de Andalucía por personarse como acusación particular en el caso Malaya -fórmula prevista para que una parte perjudicada pueda defenderse en un procedimiento- no sólo ha caído en saco roto, sino que ha provocado que el juez instructor del sumario, Miguel Ángel Torres, recrimine al Gobierno andaluz que ha sido "beneficiario" de los ingresos tributarios "de todas las licencias ilegales" concedidas en Marbella hasta que se inició la operación, hace casi un año.
Después de eso, ha vuelto a denegarse la petición formulada por la Administración autonómica.
El magistrado, en un extenso auto dictado en noviembre de 2006, incluido en la última parte del sumario que ya no está bajo secreto, concluye que la Junta no es una parte perjudicada en este proceso contra la corrupción, que supera los 90 imputados, sino que, teniendo en cuenta "sus amplias competencias", en concreto en materia urbanística, "su situación está más próxima" a la responsabilidad civil. Añade entonces que ha sido "beneficiario" de los ingresos por impuestos que ha generado la concesión de licencias ilegales por parte del Ayuntamiento, gobernado por el GIL y sus herederos durante 15 años, de 1991 a 2006.
Antes, al inicio de la resolución, argumenta el magistrado que no está negando a la Junta el derecho a personarse en la causa, ya que puede hacerlo como acusación popular. Lo que rechaza "con rotundidad" es que el Gobierno andaluz "ostente la condición de ofendida o perjudicada" en este caso.
El auto también recuerda que la Fiscalía considera "ajustada a derecho" esta decisión debido a que esta Administración pública "no es titular de los bienes jurídicos afectados" por las actividades delictivas que se investigan y no sufre las consecuencias del delito "de forma inmediata y directa". El juez asegura que comparte los argumentos del Ministerio Público y añade que "la posición de la propia Junta se asemeja más a la de tener un cierto grado de responsabilidad en la situación creada en Marbella".
Precisa después el magistrado que hay que tener en cuanta que el caso Malaya no intenta esclarecer las actuaciones ilícitas que han podido cometer los diferentes gobiernos locales de Marbella entre 1991 y 2006, sino "una serie de actos presuntamente delictivos" entre agosto de 2003 -cuando se produjo la moción de censura contra Julián Muñoz- y marzo de 2006, por lo que "no pueden invocarse perjuicios" relacionados con delitos en general o con procedimientos penales o contenciosos.
Sobre la alegación de la Junta de que ha tenido que asumir las competencias de Planeamiento en Marbella, crear una oficina para los asuntos relacionados con esta materia y pagar el contrato para elaborar el PGOU, Torres argumenta que es una decisión "de carácter político" que "no tiene relación directa" con la actuación de los imputados.
El juez quiere dejar claro que este procedimiento nada tiene que ver con los contenciosos que ha planteado la Junta por las construcciones ilegales en el municipio, con la nulidad de las licencias, ni con las posibles demoliciones de inmuebles, algo que, dicho sea de paso, Miguel Ángel Torres considera algo "improbable".
Sobre las alegaciones relacionadas con el hecho de que la Junta no ha podido construir equipamientos públicos, señala que si el municipio se ha visto privado de una serie de parcelas, "será el propio Ayuntamiento el perjudicado, no la Junta", y que por eso el Consistorio sí que está personado como acusación particular.
*diariodecadiz.es, Jueves, 15 de Marzo de 2007
Foto: Viviendas ilegales "Banana Beach" en Marbella /info
La Junta de Aragón paraliza un campo de golf y 800 viviendas
J.L.G.* : "El departamento de Obras Públicas de la Junta de Aragón ha ordenado a un promotor valenciano detener el complejo San Agustín Golf Club, una macrourbanización en el municipio turolense de San Agustín (unos 150 vecinos y limítrofe con Castelló) que prevé contar con 800 casas de madera que conformarán un complejo junto con un campo de golf. El proyecto se está comercializando a través de Internet con la venta de parcelas, pero carece de licencia y se sitúa sobre suelo rústico.
De hecho, ni siquiera figura en un PGOU que aún no ha sido revisado por el Gobierno autonómico.
Según informaron desde la Junta de Aragón a este periódico, se trata de un aviso a la promotora, que todavía no ha comenzado a edificar -se observan «movimiento de corte urbanizador, como una caseta como reclamo y explanaciones» -, pero que ya está vendiendo parcelas. «Se le ha enviado al alcalde del municipio y al promotor una resolución para que paren el proyecto porque no tiene base legal» , señalaron. Por su parte, el alcalde del municipio, Alejandro Peña, reconoció estar trabajando en el reordenamiento del municipio y afirmó que por el momento no ha «visto ningún proyecto» sobre su mesa para construir una urbanización y un campo de golf. Por ello, aseguró que han solicitado a la promotora que retire los anuncios de la red. El empresario que está detrás de la operación es el promotor valenciano Vicente Orts, administrador único de la empresa Ciudades de Otoño, mercantil que figura como vendedora de las viviendas en el modelo de contrato que se ofrece en la página web. Según el registro mercantil, esta empresa tiene sede en el municipio balear de Santa Eulalia, aunque en la página web figura con sede en Valencia. En el punto de información desde donde se comercializan las viviendas señalaron que no tienen «nada que decir» al respecto, a preguntas de este periódico para contrastar la información.
Lo cierto es que el sitio de Internet anuncia el plan e informa sobre posibilidades de comprar estas viviendas de madera. Se ofrecen dos modelos de habitáculo, de 206.000 y 296.000 euros, «casas importadas de Finlandia y construidas con tronco macizo de pino nórdico», con un campo de golf como reclamo principal diseñado por «un prestigioso equipo de arquitectos suecos» y «asesorados por la que será directora de la Escuela de Golf San Agustín Hellen Alfredssons, capitana del equipo nacional sueco» .
«No nos interesa este modelo»
Entre los atractivos que se destacan en la comercialización de estas viviendas está la cercanía de las pistas de nieve de Valdelinares y Javalambre. Pero, sobre todo, sus buenas comunicaciones, ya que San Agustín se encuentra en el límite con la provincia de Castelló y a 4 kilómetros de la futura Autovía Mudéjar, que conectará Teruel con Valencia en apenas 50 minutos.
En este sentido, desde Obras Públicas de la Junta destacaban que, precisamente ahora, con la mejora de la accesibilidad «hay que tener claro» el modelo de ocupación. La nueva autovía va a favorecer la vertebración de esta provincia caracterizada por la emigración de sus jóvenes, pero también puede generar un crecimiento urbanístico que coja a contrapié a la autoridades. «Es difícil aprobar 800 casas de golpe: estos desarrollos no nos interesan» , señalaron. «Estaremos vigilantes y si siguen obrando sin respaldo legal habría que llevar el expediente al fiscal de la audiencia» .
Desde la Junta de Aragón tienen claro que la saturación de la costa de la Comunitat Valenciana puede dirigir a los empresarios del ladrillo a los límites de Aragón. «O lo cortamos desde el principio o el problema se va de madre» , concluyeron.
*LEVANTE-EMV, Martes, 13 de marzo de 2007
Foto: San Agustín /infoaragon
¿Ciudad del medio ambiente?
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Viñeta de Ramón - El País, 14 de marzo de 2007