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ELPAÍS/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el planeamiento urbanístico del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès, también conocido como parque del Alba, donde se ubica el sincrotrón. Dos sentencias, del 19 y 27 de enero de 2010, dictaminan que el plan no fue sometido a evaluación ambiental y que se vulneraron las leyes urbanísticas y de protección del patrimonio. La Generalitat, que insistió en que "la sentencia no es firme", ha recurrido al Tribunal Supremo y asegura que los defectos en el planeamiento fueron "de forma". Tanto el Ejecutivo catalán como el Ayuntamiento sostuvieron que las obras no pararán.
La sentencia del TSJC anula la modificación del Plan General Metropolitano en el ámbito del Centro Direccional, así como la del plan parcial del Centro Direccional, aprobados en 2005. El dictamen argumenta que ninguno fue sometido a evaluación ambiental, según establece la directiva europea 2001/42/CE. Un portavoz del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas señaló ayer que la ley española que recoge esta directiva es de 2006 y que los planes se aprobaron antes. Pero el tribunal recuerda que la ley era retroactiva y que, además, existía una ley autonómica que regulaba la evaluación ambiental.
La segunda vulneración legal que recoge el tribunal hace referencia a la Ley de Urbanismo, ya que cuando se recalifican zonas verdes, se debe contar con la aprobación de la Comisión Jurídica Asesora. Antoni Morral, alcalde de Cerdanyola cuando se aprobó el plan, reconoció ayer que este paso se lo habían saltado. Por ello, la sentencia anula "el plan parcial por carencia de cobertura jurídica".
Finalmente, la sentencia señala que se vulneró la Ley del Patrimonio Cultural Catalán, en el caso de la masía de Can Xercavins, un edificio catalogado como Bien Cultural de Interés Local. El TSJC afirma que el planeamiento urbanístico no mantiene la protección de la masía y que "inclusive se prevé que cabe lisa y llanamente su derribo".
* ELPAIS.com - 5.06.10
Foto: El parque del Alba de Cerdanyola del Vallès en el que destaca el edificio singular del sincrotrón.- elpais.com
El Tribunal Superior anula el plan urbanístico del parque del sincrotrón de Cerdanyola
ARCA:Limitar la acción pública daría más impunidad a alcaldes y constructores
ABC/Cantabria* : La asociación ecologista ARCA cree que la propuesta de limitar el plazo para ejercer la acción pública y poder impugnar en los tribunales construcciones que se consideran ilegales es "una patada" a la jurisprudencia y daría "mayor impunidad legal" a los alcaldes y a los constructores. La posibilidad de limitar el plazo de ejercicio de la acción pública a dos meses a partir del término de las obras se recoge en el borrador de reforma de la Ley del Suelo y del Plan de Ordenación del Litoral (POL) que, según publica "El Mundo Cantabria", ha propuesto el Gobierno al grupo de trabajo sobre las sentencias de derribo.
Hasta ahora, la Ley del Suelo de Cantabria permitía ejercer la acción pública dentro de los plazos generales establecidos por la legislación sobre prescripción de infracciones (cuatro años para infracciones muy graves, tres para graves y uno para leves).
Además, ese borrador de reforma de la Ley del Suelo también contiene un mecanismo que permitiría a los ayuntamientos dejar sin efecto órdenes de derribo dictadas por el impacto paisajístico de la urbanización.
En declaraciones a Efe, el presidente de ARCA, Gonzalo Canales, ha considerado que las posibilidades que se incluyen en ese borrador son "una patada" a la jurisprudencia y al urbanismo.
Canales ha incidido en que la acción pública, tal y como está establecida, es "una garantía" para asegurar que el urbanismo no se haga "a lo bestia".
Este portavoz de ARCA ha subrayado que rebajar los plazos para ejercer la acción pública a dos meses tras el fin de las obras supone que "si no se mira todos los días el Boletín Oficial, no se puede recurrir".
La asociación ecologista considera que, en caso de salir adelante, esa modificación en los plazos supondría "prácticamente eliminar" el derecho constitucional al acceso a la Justicia y de ejercicio de la acción pública.
A su modo de ver, se trata de una medida que tendría, como consecuencia principal, "dotar de una mayor impunidad legal a los alcaldes y a los constructores" que, para este colectivo, son "los máximos responsables" de la inseguridad jurídica en el urbanismo.
Además, ARCA critica las medidas de la propuesta para dejar sin efecto las órdenes de derribo por impacto paisajístico, puesto que, a su entender, "dejan el paisaje de Cantabria sin ningún tipo de protección".
Para esta asociación, se trata de "una decisión de gran calado" y "nada coyuntural", que va en contra de los preceptos del Convenio Europeo del Paisaje.
"Con la modificación propuesta si un paisaje de gran valor es agredido con una construcción declarada ilegal, la fórmula para legalizar es terminar de destruir el paisaje añadiendo otras construcciones colindantes", advierte.
Gonzalo Canales ha criticado también que el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (COTU) -en el que está presente ARCA- no conoce ese borrador de reforma legislativa que ha publicado la prensa.
Y ha criticado que ARCA no esté en el grupo de trabajo que está estudiando esas propuestas, pese a que es parte en los procesos que han dado lugar a sentencias de derribo. EFE
* ABC- EFE - 5.06.10
El cerco contra el urbanismo ilegal salpica otra vez a Casabermeja
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MÁLAGAHOY* : En menos de un año el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga ha destapado tres casos de presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Casabermeja. El último ya está en manos del juzgado y de la Fiscalía de Medio Ambiente y podrían estar implicadas cinco personas entre las que se encuentran el ex alcalde del municipio Andrés Lozano Pino (IU), y el actual primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Antonio Valeroso (IU).
Ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación, mientras que al edil responsable en materia urbanística también se le imputa el delito de falsedad documental. El ex secretario municipal y dos funcionarios también han sido denunciados por la Guardia Civil de un presunto delito de falsedad documental, según informaron a este periódico fuentes judiciales. Las diligencias del Seprona, que fueron presentadas en el juzgado y la Fiscalía de Medio Ambiente el pasado 26 de mayo, se refieren a la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable en 2003. Fue en junio de ese año cuando la Guardia Civil levantó y presentó acta en el Ayuntamiento del municipio por la presunta irregularidad que había detectado en una inspección rutinaria.
El entonces alcalde de Casabermeja y el edil de Urbanismo tuvieron conocimiento de la existencia de esa vivienda en esa fecha, aunque según las mismas fuentes no fue hasta abril de 2005 cuando el Ayuntamiento abrió un expediente sancionador contra el propietario al que también denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente por un presunto delito urbanístico. El propietario de la casa fue incluso juzgado, aunque finalmente resultó absuelto. Sin embargo, y al parecer, los agentes del Instituto Armado descubrieron durante la investigación que el expediente sancionador que el Ayuntamiento abrió en 2005 contra él presentaba algunas irregularidades, ya que presuntamente se habían incorporado alegaciones e incluso dado la conformidad a la sanción antes de se iniciara oficialmente.
Fuentes judiciales explicaron que se cree que los responsables municipales podrían haber negociado previamente con el dueño de la vivienda el pago de una sanción económica a cambio de poder seguir con la construcción levantada de forma ilegal en suelo no urbanizable. En este caso, el promotor supuestamente habría pagado una multa de unos 25.000 euros al Ayuntamiento antes de que éste le denunciara ante la Fiscalía.
Pero no sólo se inició el expediente sancionador dos años después de la primera denuncia del Seprona, sino que la Guardia Civil constató que el Ayuntamiento no abrió ninguno para el restablecimiento de la legalidad urbanística ni de paralización de la obra. Es el motivo por el que fuera alcalde del municipio entre 1995 y 2007 podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación por omisión, mientras que al edil de Urbanismo se le imputa también el presunto delito de falsedad documental al aparecer en el expediente administrativo como juez instructor. Los dos funcionarios presuntamente involucrados eran el instructor y el secretario del mismo.
Es la tercera denuncia que pesa sobre Valeroso por hechos similares. La primera fue presentada por el Seprona a principios de julio del año pasado y había otras seis personas implicadas. La segunda se sucedió sólo tres semanas después y el caso se saldó con otros seis presuntos implicados por otro delito urbanístico.
* Málaga Hoy - 5.06.10
Foto: Vista del municipio de Casabermeja.- malagahoy.es
El jurado considera por unanimidad culpables a los dos ex ediles de Gondomar y al arquitecto acusados de cohecho
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20MINUTOS/Pontevedra* : El jurado popular declaró hoy por unanimidad culpables a José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura de Gondomar (Pontevedra), y a Alejandro Gómez, ex edil de Urbanismo, así como al arquitecto Francisco Borja Ramilo Méndez, por tres delitos de cohecho, al haber pedido hasta 540.000 euros a tres promotores a cambio de facilitar la inclusión de convenios urbanísticos en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de esta localidad.
Los miembros del jurado consideraron probado que, tanto los ex ediles como el arquitecto participaron en estos hechos, basándose en los testimonios de los testigos y de los acusados y en las grabaciones realizadas en el transcurso de la investigación. Asimismo, estiman probado que Mosquera y Ramilo colaboraron con la Justicia desde el principio del proceso.
Precisamente por ello, el fiscal rebajó su petición de pena para estos dos acusados y, en el caso de Mosquera, solicita una multa de 135.000 euros —inicialmente pedía 1,9 millones de euros—, y para el arquitecto de 70.500 —al principio solicitaba que fueran 720.000 euros—. En el caso de Alejandro Gómez, que durante todo el juicio negó su relación con las extorsiones, mantiene una multa de algo más de un millón de euros.
En el caso de los ex concejales, el ministerio público también solicita que sean suspendidos para ejercer empleo o cargo público por seis años, mientras que para Ramilo Méndez pide que no pueda ejercer como arquitecto para la Administración pública durante un período de 15 meses. Además, en caso de que no abonen las multas, pide un arresto sustitutorio de un día por cada 100 euros impagados hasta un máximo de un año.PRUEBAS
El jurado recordó en su veredicto que tanto Mosquera como Ramilo admitieron su culpabilidad y, en el caso de Alejandro, le consideran también culpable porque el propio Mosquera "le delató". También consideran como prueba de culpabilidad las grabaciones telefónicas en las que el ex edil de Cultura confirma la participación de Gómez, y las manifestaciones de los Guardias Civiles, que apuntaron que "Mosquera hablaba siempre en plural" y que había ejercido como "cabeza de turco" y "recadero" de su compañero de Corporación.
Finalmente, el jurado desestimó la posibilidad de que se pida indulto para los encausados y considera que tampoco se debe estimar la condena condicional o suspensión de pena.RECURSO
El abogado defensor del ex edil de Urbanismo ya anunció su intención de recurrir la sentencia —que deberá hacerse pública en un plazo máximo de diez días—. En todo caso, de imponerse pena, solicitó que se hiciera 'al tanto', es decir, que se multe a Alejandro Gómez con la misma cantidad de dinero que supuestamente pidió —540.000 euros—.
El letrado manifestó en declaraciones a los medios que "había material para absolverle —a su patrocinado—", y consideró "lógico" el veredicto del jurado, al tratarse de personas que "no saben como funciona la vida municipal". Además, explicó que llegará "hasta donde haga falta" con el recurso porque, según apuntó, cree en la "inocencia" de Alejandro Gómez.
Otro de los argumentos en los que basará su recurso será el hecho de que, en su opinión, "se vulneraron derechos fundamentales" en los procedimientos de la Guardia Civil para realizar las escuchas telefónicas —determinantes en la acusación y en el veredicto—.
Por su parte, el propio Gómez afirmó que seguirá intentado demostrar su inocencia "hasta el final". "Sigo sintiéndome inocente", concluyó, aunque evitó responder cuando los periodistas le preguntaron cómo, siendo edil de Urbanismo, no tenía conocimiento de que se estaba pidiendo dinero a promotores con los que había firmados convenios urbanísticos.
* 20 Minutos - EP - 5.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - revistafusion.com
"Tenemos ahí 1,5 millones"
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ELPAÍS/Barcelona* : El ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme y de la empresa pública de urbanismo de Tordera, Francesc Xavier Surinyach, aparece mencionado en varias conversaciones registradas por la Guardia Civil el año pasado. De él hablaba el presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi, quien tenía el contacto telefónico de Surinyach en la agenda de que se incautó la Guardia Civil.
La primera conversación que hace referencia a Surinyach fue registrada el 9 de marzo de 2009, cuando Luigi recibió una llamada de Juan Alfonso de Sanz Santos, que según el Registro Mercantil es socio del imputado. La llamada es corta y en ella De Sanz Santos solo le pregunta si "hace mucho que no ve a Surinyach, porque tiene pendiente que le pague lo de Sant Daniel", en referencia a una zona de Tordera que, según fuentes municipales, está en proceso de urbanización.
Diez días más tarde, Luigi vuelve a recibir una llamada de De Sanz Santos.
De Sanz Santos. ¿Surinyach ha dado señales de vida?
Luigi. Hablé ayer con él, me ha dicho que aún no tiene el dinero.
D. S. S. Dile que me llame, tenemos ahí 1,5 millones de euros y se pueden hacer unos pagarés, pero que me llame.
De Sanz Santos y Luigi se encontraron el día que convinieron, pero no con Surinyach, que estaba en Menorca, según otra conversación. Más tarde sí pudo quedar, de acuerdo con otra llamada:
L. Mañana he quedado con Surinyach en Barcelona.
D. S. S. El de Oca ha mandado para allá a Julio, el jefe de obra que tenían, y se han encontrado con él [Surinyach] y le han dicho que no se moverían de allí hasta que cobrasen. Al final han podido hablar con él, y dando explicaciones que en unos días les iban a pagar algo.
L. Mañana estaré con él.
D. S. S. Como cosa personal, me sienta mal que ni me contesten al teléfono, sobre todo Surinyach. Entiendo que Juan Felipe pueda estar cabreado.
L. Juan Felipe no está nada cabreado, solo dice que si no tiene nada que decirte, pues que ya te llamará. El otro sí.
D. S. S. Llevo llamándolo dos meses todos los días [a Surinyach]. Lo cogeré aparte y le diré: "Oye, Xavier...".
L. Tiene las dudas razonables dado que, como está el mercado de crédito, de que al Ayuntamiento y a la TUA [Tordera Urbanística Actúa] les den el dinero que están negociando.
* ELPAIS.com - 4.06.10
Foto: Tordera (Barcelona) - pueblosespana.es
Mar del Plata.- “Sería un escándalo nacional que el municipio premie a quien no ha cumplido con otras licitaciones"
0223/Argentina* : Lo afirmaron vecinos de la anterior y de la actual terminal de ómnibus reclamaron este jueves al intendente Pulti que “deseche” el proyecto elaborado por Emprendimientos Terminal SA para llevar a cabo la puesta en valor del edificio de Alberti y Sarmiento, al resaltar que de la iniciativa es parte el permisionario de la nueva estación, Néstor Otero, a quien acusan de “incumplimientos reiterados” en la explotación del espacio de San Juan y 9 de Julio. Exigen que se le revoque la concesión del lugar. “Somos dos barrios los que estamos sufriendo profundas modificaciones socio-culturales no queridas ni deseadas y que hasta ahora, han sido negativas para ambos por la influencia ejercida por Otero, con cuantiosas pérdidas de fuentes de trabajo y valor de las propiedades”, expresaron.
En las últimas horas, comerciantes y habitantes de la zona de la ex terminal de ómnibus, constituidos en Junta Vecinal, unieron sus reclamos con los de los vecinos de la actual estación: mientras primeros manifiestan su descontento por el estado de abandono en el que quedó el predio de Alberti y Sarmiento, los otros denuncian desde diciembre del 2009 que el barrio se convirtió en un caos. Ambas problemáticas que aquejan a los dos sectores tienen un nombre en común, Néstor Otero, concesionario del nuevo espacio e integrante del grupo empresario Emprendimientos La Terminal, conglomerado económico que junto a otros dos grupos empresariales pugna por quedarse con la remodelación del histórico Edificio Dormal.
De esta manera, Daniel Rubio, Alejandra Rubianes, Horacio Novas y Ana María del Canto, elevaron una carta al intendente Pulti expresándole su “firme oposición a que se le otorgue la remodelación de la ex terminal a la firma Emprendimientos La Terminal SA que posee a Otero como Director Suplente y financista del Arquitecto Gerónimo Mariani”.
Al fundamentar tal postura, los particulares subrayaron la gran cantidad de percances que padecen con el desempeño del empresario “como concesionario de la nueva terminal de ómnibus la cual, a 7 meses de haber sido abierta al público, continúa prestando un servicio deficiente y generando múltiples inconvenientes a los usuarios y vecinos”.
Además, pusieron en consideración el “presente el pedido en curso para que se le revoquen varias de las concesiones que posee por incumplimientos varios de los pliegos de bases y condiciones y a las ordenanzas municipales vigentes”.
En ese orden, los ciudadanos aseveraron que “el Proyecto Mariani-Otero ya era nocivo para los intereses del barrio por el impacto ambiental y socio-económico negativos que provocarán su construcción en etapas (con casi 5 años en obras - sin pagar canon), su enorme cantidad de locales (más de 200), por un local ancla (violatorio de la ley de Grandes Superficies y con destino incierto), dudosa restauración del edificio histórico y escaso o casi nulo espacio para la cultura y la recreación gratuita de nuestros vecinos”, tras lo cual calificaron de “alto riesgo patrimonial, social y cultural, que dicha empresa resulte declarada iniciadora y, peor aún, adjudicataria de la obra” por estimar que “han quedado vulnerados la calidad e idoneidad del posible oferente y también su posible solvencia económica”.
“No podemos correr el riesgo de que el lugar quede abandonado a las resultas de un trámite judicial que le es ajeno. Tampoco podemos correr el riesgo de que la obra quede paralizada por falta de financiamiento o por inhabilitación de su financista. Nuestro patrimonio histórico (declarado como tal), constituido por el Edificio Dormal, podría resultar destruido, máxime cuando esa empresa prevé su restauración recién en la segunda etapa del Proyecto (dentro de 3 años)”, argumentaron.
A su vez, enfatizaron que ambos barrios “ya se encuentran en estado terminal, generado por un traslado anticipado que beneficio solamente a ese señor y daño a cientos de miles de turistas, vecinos de las calles San Juan, 9 de julio, Chaco, Pampa, Misiones, Italia y aledañas de manera permanente”. “Merecíamos mejor suerte”, apuntaron.
En ese orden, puntualizaron que Otero “tampoco cumplió con las promesas que le hizo a los comerciantes del interior de la ex terminal” ya que “ninguno de ellos pudo reubicarse en la nueva estación, y el personal que contrató ya fue despedido al finalizar la temporada. Muchas familias quedaron sin trabajo”.
Y destacaron que “sería un escándalo de nivel nacional que el municipio premie a quien no ha cumplido con los pliegos de otras licitaciones ni con los compromisos locales o de buena vecindad. Nada permite suponer que en este caso lo hará”.
“Otero ya ha declarado que no debe rendirle cuentas a nuestro Concejo Deliberante y que no está obligado a cumplir con nuestras ordenanzas municipales, además de que tampoco ha pagado el canon por el espacio que está usufructuando. Es impensable entregarle otro espacio público. Nosotros exigimos que nuestro nuevo vecino, que tendrá en sus manos la gran transformación urbanística de esta zona, a la cual está irrescindiblemente ligado nuestro futuro, posea antecedentes intachables, compromiso social, sea promotor de la cultura y respetuoso de las leyes que nos permiten vivir en sociedad”, señalaron más adelante.
“Somos dos barrios -dos caras de una misma moneda- los que estamos sufriendo profundas modificaciones socio-culturales no queridas ni deseadas y que hasta ahora, han sido negativas para ambos por la influencia ejercida por el Sr. Otero, con cuantiosas pérdidas de fuentes de trabajo y valor de las propiedades. Por esto le pedimos al Intendente que oiga nuestros reclamos, tome las decisiones adecuadas, deseche el Proyecto Mariani-Otero y apoye el reclamo para que le sea revocada la concesión de la nueva terminal de ómnibus por incumplimientos reiterados”, concluyeron los vecinos.
* 0223.com - 3.06.10
