Imputado el vicepresidente de la Diputación de Barcelona por delito urbanístico

ELPAÍS* : La Mussolera, una masía de interés histórico de Cercs (Berga) ha llevado de nuevo ante el juez a Ferran Civil, alcalde de la localidad y vicepresidente segundo de la Diputación de Barcelona. Civil, que es el número dos de Convergència i Unió en el ente provincial, ha declarado como imputado por autorizar unas obras para convertir la masía en un alojamiento rural. La fiscalía le atribuye un delito continuado contra la ordenación territorio, castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación.

El propietario de La Mussolera solicitó en 2004 una licencia de obras para adaptar la masía al “desarrollo de actividades relacionadas con el turismo rural”. La arquitecta técnica, Maria Carme Casas, y el secretario municipal, Pau Llorens —ambos imputados también— informaron a favor del proyecto “a sabiendas de su ilicitud”, ya que la finca se encuentra en suelo no urbanizable de especial protección por riesgo geológico, según la querella presentada el pasado mes de mayo por el fiscal de delitos urbanísticos de Barcelona, Antoni Pelegrin.

En su informe, que fue avalado por el alcalde de Unió Democràtica, la arquitecta técnica dijo que las obras se ajustaban a las normas urbanísticas, pero no especificó cuáles eran de aplicación ni en qué tipo de suelo se encontraba la finca. Según el fiscal, las obras —que se terminaron de ejecutar en 2006— no fueron una simple mejora para conservar el inmueble, sino una reforma estructural. El fiscal sostiene que se hizo una calificación “conscientemente irregular” de las obras y que el alcalde, “por su responsabilidad pública, no podía desconocer” esa situación.

En una inspección a la zona, los Mossos d’Esquadra constataron la existencia de tres edificios: la antigua masía, de dos plantas, “totalmente restaurada”; un pequeño gimnasio con sala de juegos y una tercera edificación que consta de sala de estar y barbacoa. La policía no halló actividad de turismo rural en su visita. En internet, sin embargo, comprobó que los propietarios de La Mussolera la ofrecían como alojamiento rural y también como lugar para acoger reuniones de empresa y otras celebraciones.

Civil, que es responsable del área de conocimiento y nuevas tecnologías de la Diputación y vocal de la comisión ejecutiva, se acogió a su derecho a no declarar ante los Mossos. Sí lo hizo ante el juez. “Prefiero no entrar en explicar más detalles ahora, hasta que el tema esté resuelto”, respondió a este diario el alcalde, con cierto hartazgo por la cantidad de procesos e investigaciones que se acumulan contra él por su gestión en Cercs.

Con el asunto de La Mussolera, ya son tres las causas judiciales en las que Civil está imputado. La más avanzada se refiere a la autorización de tres naves industriales, en terreno no urbanizable y de interés natural. El fiscal pide tres años de cárcel y 12 de inhabilitación para el alcalde; el caso está pendiente de llegar a juicio. Otro juzgado de Berga investiga al alcalde por un presunto delito de prevaricación en la compraventa de un tren turístico del Berguedà. El Consorcio de la Ruta Minera del Berguedà, presidido por Civil, compró con dinero público la empresa que gestionaba el tren en la zona minera y luego lo revendió al consorcio a un precio mayor.

Además de las causas judiciales, la fiscalía investiga otras presuntas irregularidades urbanísticas, también relacionadas con la concesión de licencias de obras en el municipio. Incluso la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha examinado la actuación de Civil al frente del ayuntamiento. En concreto, ha investigado un contrato fallido y repleto de irregularidades firmado entre el consistorio y una empresa india, que incluyó un viaje de Civil a Delhi acompañado por su esposa y diversos cargos públicos.


* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 19 DIC 2012
Foto: Berga (Barcelona) - turismo

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Corrupción municipal

JESÚS LEÓN/Valencia* : El pasado día 9 se celebró el día internacional contra la corrupción, sin que haya oído ni leído a ningún partido político comentario alguno a la declaración del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Comunitat Valenciana, reclamando volver a depender de la Administración General del Estado, a fin de trabajar con más independencia en las administraciones locales.
Su presidente reclama que el Gobierno mantenga la reforma que había prometido el PP durante la campaña electoral, cuyo objetivo es no depender disciplinariamente de los presidentes de las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones), puesto que «no tiene sentido que nos pueda sancionar el alcalde porque es la misma persona a la que estamos controlando».

«El régimen disciplinario tiene que volver a la Administración estatal», aseguraba Javier Biosca. Como tampoco tiene sentido que les pague el sueldo el propio ayuntamiento al que están fiscalizando, añadía.
Tiene razón el presidente de este Colegio, pues resulta urgente acometer un eficaz control de estas instituciones tan cercanas a la ciudadanía para regenerar la vida pública. Si desde la base de la Administración pública se lleva a cabo un riguroso control de la actividad administrativa de los políticos en el poder, se habrá dado un ejemplo de buen hacer a las demás instituciones de mayor nivel estatal. Si por el contrario, se mantiene la actual subordinación legal de interventores, tesoreros y secretarios a los presidentes de las administraciones municipales, esto es tanto como su neutralización, al menos parcial, lo que es inadmisible. No es cierto que exista peligro de interferencia en la labor política de los alcaldes y presidentes. Esto es una burda excusa. Su labor es estrictamente técnica, no política. Y en caso contrario, para eso está el régimen disciplinario de la Administración General del Estado.
Tan múltiple es la corrupción que padecemos, que es preferible dedicarse a enunciar los instrumentos que deben servir para impedirla que describir, siquiera sea someramente, los reiterados desaguisados de toda índole que salpican la geografía española en general y la valenciana en particular.

¿Alguien puede entender que un interventor sea pagado por el ayuntamiento al que debe fiscalizar, y que pueda ser sancionado por el presidente del ayuntamiento o diputación en la que desarrolla sus servicios y ejerce sus altas facultades? Si la intervención está para controlar las finanzas de los municipios y resulta que actualmente es posible designar libremente al funcionario que ha de controlar este aspecto esencial de la administración, el nombramiento puede recaer y recae en un conocido o incluso amigo del alcalde o del presidente de la diputación. Y si esto es así, ¿puede este funcionario llevar a cabo su labor con eficacia? La respuesta es no. Debe ser absolutamente incompatible. Entonces, ¿por qué el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, tan diligente él para aplicar amnistías fiscales y recortar salarios y pensiones por doquier, es incapaz de cumplir lo prometido a estos fiscalizadores cualificados de la administración local? Sería una desazón más para la ciudadanía.


* Levante - Opinión - 15.12.12
Foto: Valencia, ayuntamiento - .wikimedia.org

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