PÚBLICO* : Un informe de la Oficina Antifraude (ONIF) de Hacienda incorporado al sumario de la Gürtel y que permanecía secreto hasta ahora aporta un dato revelador sobre la potencia de la red corrupta y el carácter simbiótico de su relación con distintas administraciones regidas por el PP. Basándose en la contabilidad interna de la trama y en los documentos hallados en los registros, el informe cifra en 12,3 millones de euros los sobornos pagados entre 1999 y 2007. Buena parte del dinero fue a parar a políticos del PP identificados en el sumario con nombres y apellidos. Pero otra porción tuvo por beneficiarios a personas o entidades "desconocidas". El circuito funcionaba con el esquema clásico: la red recibía comisiones ilegales de quienes buscaban la obtención de un contrato público. Como conseguidores, Correa y los suyos mediaban de manera decisiva. Y destinaban un porcentaje de cada comisión a sobornar a los responsables directos de la adjudicación del contrato o a cargos políticos con capacidad de influencia.
"Para obtener contratos"
Durante el periodo analizado por el informe, los nueve años comprendidos entre 1999 y 2007, la red captó 27 millones de euros en comisiones ilegales. Hacienda avisa de que ese cálculo de ingresos está hecho a la baja, dado que la trama no siempre anotaba las entregas recibidas. Pero, aun tratándose de una estimación conservadora, resulta exorbitante: 27 millones de euros equivalen a 4.500 millones de las antiguas pesetas. Es decir, equivalen al presupuesto anual del ayuntamiento de una localidad próspera con 35.000 habitantes.
El informe no ofrece dudas sobre por qué se pagaban a la red las citadas comisiones: "La razón principal de la realización de las entregas (...) es la obtención de contratos con diversas Administraciones Públicas". Entre los principales pagadores de comisiones, la ONIF cita a directivos de FCC, Teconsa, Sufi y Constructora Hispánica. El informe sugiere que también Isolux pagó. Aunque sus autores carecen de datos concluyentes para afirmarlo de manera tajante, recuerdan los vínculos de esta empresa con el grupo de Correa, especialmente a través de su participación en la sociedad Real Estate Equity Portfolio.
El informe recalca que todas las empresas citadas en el anterior párrafo "han sido adjudicatarias de importantes contratos de obras y prestaciones de servicios con entidades públicas de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León".
Fechado el 30 de julio de 2009, cuando la investigación estaba aún en su primera fase, el estudio de Hacienda divide los nueve años analizados en tres trienios: 1999-2001, 2002-2004 y 2005-2007. El periodo más boyante tanto para el grupo de Correa como para sus políticos afines fue, sin duda, el segundo: entre 2002 y 2004, la trama recibió 26 entregas de comisiones que sumaron 14,1 millones de euros, de los cuales repartió entre políticos 7,7 milones. En el primer trienio estudiado por Hacienda, la red captó 4,4 millones en comisiones y distribuyó sobornos por 1,2 millones.
Y entre 2005 y 2007, logró 8,1 millones, de los que destinó 3,2 para premiar a quienes desde el poder orientaban concursos y contratos a dedo en favor de las empresas patrocinadas por la Gürtel. Al desgranar los datos sobre ese último trienio, los expertos de Hacienda hacen una acotación importante: la tabla de ingresos computados por el informe no incluye "entradas en efectivo que pudieran corresponder a ingresos no declarados fiscalmente o gastos ficticios cuyo pago se simula".
Sólo comisiones y cohecho
"Sólo se han incluido prosigue el texto entregas que pudieran corresponder a gestiones de intermediación ante autoridades públicas". En resumen, el estudio ni siquiera aborda todo el dinero negro que manejó la trama sino sólo aquel que captó mediante comisiones ilegales y destinó luego a un doble objetivo: nutrir sus arcas y pagar sobornos.
El informe señala de nuevo como sobornados habituales al grupo de imputados del PP de Madrid: los alcaldes Arturo González Panero, Guillermo Ortega, Ginés Rodríguez y Jesús Sepúlveda; el ex consejero y diputado autonómico Alberto López Viejo y sus compañeros de escaño Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Y, también, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, el ex diputado al Congreso Jesús Merino y el ex eurodiputado Gerardo Galeote.
Hacienda destapa un dato ignorado hasta la fecha: que Jesús Sepúlveda, ex alcalde del rico municipio de Pozuelo de Alarcón, habría cobrado "una asignación mensual fija" de la red corrupta "durante un periodo dilatado de tiempo". Sólo en 2002, Sepúlveda recibió por ese sistema 51.000 euros. Durante el primer semestre del año, los pagos ascendieron a 3.000 euros. Los números de la contabilidad oculta de la trama sugieren que Sepúlveda cobró incluso una paga extra de 6.000 euros en julio. Y a partir de ahí, se instaló en los 6.000 euros. Sepúlveda trabaja ahora para el PP desde la sede central de la madrileña calle Génova.
También el ex eurodiputado Gerardo Galeote estaba a sueldo de la red, según los documentos internos utilizados por Hacienda para el informe. A partir de octubre de 2000, cobró cada mes una cantidad fija. Primero recibía 1.500 euros. Luego, y al igual que le ocurrió a Sepúlveda, su sueldo se dobló. Galeote no está imputado. Y también él trabaja en la sede central del PP como asesor de Mariano Rajoy.
El estudio de Hacienda no cuantifica el daño infligido a las administraciones cuyos rectores cometieron cohecho. Cifrar el perjuicio que sufrieron las arcas públicas resulta casi imposible. Pero ese daño existió, dado que aquellos contratos en cuya tramitación medió la red de Correa no se otorgaron a la oferta más favorable para el interés común sino a la de quienes estaban dispuestos a pagar sobornos.
* Público - 5.12.10
Foto: Francisco Correa, presunto jefe de la trama Gürtel', en uno de sus desplazamientos hasta el Tribunal Superior de Madrid. - EFE
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ELCONFIDENCIAL/Almería* : Otro Algarrobico. Aún sin impacto nacional, pero con mucho más graves consecuencias medioambientales. Playa Macenas, en el municipio almeriense de Mojácar, promovido por Med Group, es un macroproyecto de 1.400 viviendas, dos hoteles y dos campos de golf ubicados íntegramente en suelo protegido del LIC de Sierra Cabrera. A pesar de carecer del más mínimo informe medioambiental, uno de los campos de golf ocupa íntegramente la rambla de Macenas, para lo cual se ha transformado su cauce “con más de un millón de metros cúbicos de escombros”, según denuncia a El Confidencial Jaime del Val, presidente de la organización ecologista Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense. No acaban aquí las irregularidades de este complejo urbanístico.
El riego de los campos de golf es ilegal (se hace con agua potable). “Aun no existiendo otra fuente en las inmediaciones, el riego con agua potable sería ilegal en cualquier caso, pero teniendo en cuenta que no se usa y que solo sirve a modo de gigantesco cartel publicitario nos encontramos ante un abuso ilegal y obsceno de los recursos hídricos para una población de entre 16.000 y 30.000 habitantes, con el riego intensivo que se hace en los meses de verano”, remarca Del Val.
Las asociaciones ecologistas han presentado una treintena de denuncias en los juzgados ante la Junta de Andalucía pero el Gobierno andaluz incumple sus propios decretos de riego de los campos de golf. En Playa Macenas hay uno de 18 hoyos ya en funcionamiento y el otro aún se encuentra sin construir. “Han tomado zonas comunes y no han respetado para nada el enclave. Cambiaron las carreteras de acceso a las playas y en un área sin servicios, alcantarillado, sin agua y sin luz”, señala a este diario una vecina del entorno.
La crisis de Med Group ha tocado de lleno a este proyecto. Las obras llevan dos años paradas por la crisis. Un grupo de propietarios quieren deshacer sus contratos por incumplimiento de la promotora. El futuro hotel se encuentra en situación muy similar al del Algarrobico, con aproximadamente la mitad del espacio ocupando la servidumbre de protección marítimo terrestre, según la planimetría de la Dirección General de Costas y de acuerdo con la ley de 1988.
Un informe jurídico de Paz Andrés Sáenz de Santa María, catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo, y Abel La Calle Marcos, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Almería, también critica cómo la no evaluación de impacto ambiental incumple “el deber de difundir y consultar al público el estudio de evaluación de impacto ambiental y los informes institucionales pertinentes, en un plazo razonable a fin de dar al público interesado la posibilidad de expresar su opinión antes de que se conceda la autorización”.
El estudio añade que aunque se ha sometido a información pública el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización de la actuación de Playa Macenas, “el público no ha podido tener acceso al estudio de sus efectos ambientales, alternativas estudiadas y el resto de los aspectos objeto de evaluación ambiental, ni ha podido expresar su opinión sobre ello”.
* El Confidencial - 6.12.10
Foto: Mojácar (Almería), urbanización Macenas - ideal
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PÚBLICO* : El Gobierno de Esperanza Aguirre sabía que Marketing Quality Management (MQM), la empresa que organizaba los actos institucionales de la Comunidad de Madrid (CAM) en 2007 y 2008, era en realidad una pantalla para que la trama Gürtel siguiera operando en Madrid, según se desprende de un informe policial de junio de 2010 incorporado al sumario. El informe concluye que MQM trabajaba para esta comunidad sólo como "sociedad instrumental" para ganar contratos que en realidad acababa asumiendo directamente la trama. Según el documento, era el equipo de confianza de Alberto López Viejo que, tras estallarel escándalo se dio de baja del PP y ahora es diputado del Grupo Mixto en la Asamblea quien "definía las pautas a seguir" en todo el proceso, desde la contratación al cobro.
MQM se quedaba supuestamente con una comisión del 11% a cambio de presentarse a los concursos y emitir facturas, siempre con la supervisión del equipo de López Viejo. En uno de los emails que incluye el informe, de junio de 2007, una trabajadora de MQM dirigía este mensaje a Julia Valladares, su contacto en Presidencia: "Este es el desglose tal y como hablamos en nuestra reunión. Está por contrato todo lo que señalamos y lo demás englobado en facturas no superiores a 12.020 euros. (...) Las seis facturas adicionales adjuntas serán emitidas por MQM a menos que me indiques lo contrario. Recibe un cordial saludo y espero tu respuesta para emitir definitivamente todas las facturas".
La mayoría de estos trabajos tenían la cobertura legal de un contrato marco que MQM ganó el 26 de abril de 2007. Pero este contrato para montaje y desmontaje de los actos institucionales tenía truco, según la documentación que la policía se incautó en la sede de Diseño Asimétrico, una de las marcas de la trama en Madrid: "Si bien el concurso fue adjudicado únicamente a MQM, este fue realizado íntegramente por Diseño Asimétrico, al que se le subcontrata la realización de todas las obras/servicios".
Antes de las elecciones
El 27 de abril, el día después de adjudicarse el contrato a MQM, el responsable de esta empresa suscribía un "contrato privado" con Diseño Asimétrico en el que "el contratista se compromete a encargar al subcontratista todos los servicios/obras objeto del contrato de adjudicación señalado anteriormente".
La adjudicación y el acuerdo inmediatamente posterior se rubricaron justo a las puertas de las elecciones autonómicas de 2007, cuya campañaarrancó el 11 de mayo. El contrato preveía un gasto de 250.000 euros para todo el año, pero entre el arranque de la campaña y el 28 de junio MQM remitió a la consejería de Presidencia de la Comunidad un total de 20 facturas relacionadas con el contrato por un importe de 383.000 euros, según consta en un documento de noviembre de 2008, en el momento de liquidación del contrato, que acabó extendiéndose también a ese año. En sólo dos meses, y coincidiendo con las elecciones, ya se había consumido el 150% de lo firmado para todo el año.
Facturación cruzada
En el informe policial que ahora se conoce al levantarse el secreto de sumario se señala además que MQM y Diseño Asimétrico tenían acuerdos de "facturación cruzada" y que la empresa dirigida por la trama asumía como propia deuda que formalmente era de MQM.
"Hay una serie de actos que aunque la Comunidad de Madrid factura a MQM realmente es Diseño Asimétrico quien finalmente cobra", sostiene la policía. Y añade, en referencia a los archivos incautados durante el registro de la sede de Diseño Asimétrico: "Se relacionan una serie de facturas por servicios prestados a la Comunidad de Madrid por la empresa DiseñoAsimétrico (en relación con MQM) que coinciden con los servicios pendientes de facturar por la empresa MQM a la Comunidad".
Este sistema de "facturación cruzada" y de acceso a contratos del Gobierno de Aguirre a través de empresas pantalla no funcionaba sólo con MQM, sino que incluía a otras firmas, como las del Grupo Rafael.
El informe policial incluye un documento interno de la trama de Correa en el que se detalla cómo ante la dificultad de que MQM emitiera una factura para el acto de entrega de la Medalla de la Comunidad a los príncipes de Asturias, montado por la trama, se pretendía que fueran el Grupo Rafael, Dimo o Impacto quienes emitieran la factura correspondiente.
"Julia [López Valladares, de Presidencia] comentó que MQM sólo puede facturar una inferior a 12.000 euros y el resto otras empresas, y en ello estamos (hay una de Dimo y otra de impacto), pero el resto tiene que ser de Grupo Rafael, ya que nosotros con nuestras empresas también estamos facturando otras que MQM no quiere", escribía un miembro de la trama.
La misma firma de la publicidad fantasma
2,7 millones
Entre 2006 y 2008, MQM obtuvo 2,7 millones de euros de la Comunidad de Madrid. El contrato más importante fue el del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), que le reportó 1,25 millones por la campaña publicitaria ‘Made in Madrid’, que nunca se realizó.
Denuncia de Montiel
El contrato de la publicidad fantasma de MQM con el Imade fue descubierto por Reyes Montiel, hasta el mes pasado diputada de IU y hoy próxima a Equo. Montiel llevó el contrato a Anticorrupción, que a su vez lo ha remitido al sumario del ‘caso Gürtel’. La fiscalía ha solicitado la imputación del gerente de MQM.
SWAT SL
El Imade eligió a MQM por sugerencia de Swat SL, empresa que también se coordinaba con la ‘Gürtel’ y que, según documentos aportados al sumario, organizó adjudicaciones en Majadahonda.
* Público - 5.12.10
Foto: La trama montó el acto de entrega de la Medalla de la Comunidad de Madrid a los príncipes de Asturias en 2007. - EFE
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ELPAÍS/Pontevedra* : Por más que el Ayuntamiento de Sanxenxo ha intentado pleitear para evitarlo, el edificio ilegal construido en la Rúa Progreso está condenado al derribo. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica una anterior de un juzgado de Pontevedra, y desestima los recursos para intentar salvar el inmueble. Se trata de un edificio de la promotora Construcciones Balboa y Chan, SL, que consiguió una licencia de la gerencia de Urbanismo en 2006 para cambiar otra y que permitía construir un edificio compuesto por dos bloques. El problema es que uno de los inmuebles del complejo carece de salida a un vial y hay que acceder a él por el otro, que da a la calle Progreso. El juez reconoce que este último "podía merecer el otorgamiento de la licencia directa, dado que cumplía las exigencias singulares ahí previstas y tenía la consideración de solar".
Sin embargo, el que no da a ninguna calle, incumple las normas urbanísticas, según explica la sentencia. "El sólo hecho de agrupar físicamente dos parcelas en una sola unidad no determina que se deje sin efecto una ordenanza a favor de la otra", argumenta el magistrado, quien añade que "ya se otorgue una licencia o ya dos, debe cumplirse la normativa urbanística en su conjunto, lo que no sucedió con la licencia que el 14 de junio de 2006 otorgó la Xerencia Municipal de Urbanismo", en referencia al segundo inmueble.
Pero el Ayuntamiento de la localidad costera está empeñado en buscar una solución para legalizar el inmueble. Por eso, plantea hacer un vial que pase entre las dos construcciones y llegue al edificio que no lo tiene. Entiende que así se podría solucionar el problema.
En una nota de prensa remitida el jueves, explica que "dada la firmeza de la sentencia conocida por la Administración local, los propietarios de estos inmuebles y el Ayuntamiento de Sanxenxo buscan la forma de conseguir un acceso alternativo al segundo edificio que posibilite su legalización". El consistorio explica que ambos edificios están situados dentro de suelo urbano consolidado.
La sentencia, sin embargo, no tiene posibilidad de recurso y el magistrado del TSXG condena a las partes vencidas, el Ayuntamiento de Sanxenxo y Construcciones Balboa y Chan a pagar las costas del proceso, que se inició con el recurso que presentaron a la sentencia del 28 de mayo de 2009 dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra.
* El país - 4.12.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
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LEVANTE/Valencia* : El Ayuntamiento de Ontinyent ha empezado a notificar esta semana sanciones que pueden alcanzar los 150.000 euros, a los propietarios de chalés construidos en suelo no urbanizable del término municipal. Los decretos llevan la rúbrica de la alcaldesa de la ciudad, Lina Insa, del PP, y en ellos se informa al propietario del terreno que en base a la nueva Ley Urbanística Valenciana, se le ha iniciado un expediente sancionador por haber construido en una zona donde no estaba permitido por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por el momento se tiene constancia de la recepción de una decena de notificaciones, aunque desde la asociación de afectados se estima que debido al número de expedientes abiertos en estos últimos años, el número de multas puede alcanzar el centenar. La cuantía total de la multa va en función del valor del inmueble y del espacio de suelo ocupado. Expertos urbanistas consultados advierten de que estas sanciones económicas no anulan las órdenes de derribo decretadas durante los últimos meses por parte del concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa.
Hay que tener en cuenta, señalan las mismas fuentes, que para restituir la legalidad urbanística infringida es necesario demoler las construcciones realizadas y devolver la parcela a su estado inicial (por una lado está la sanción administrativa, que es la demolición, y por otra la económica, la multa. "Es como si te engancha la grúa el coche por aparcar mal: primero pagas la sanción porque ha infringido el código de circulación y luego el coste del enganche", han advertido las mismas fuentes.
Desde la asociación de afectados se ha anunciado su intención de iniciar algún tipo de movilización para exigir al equipo de gobierno de Lina Insa que "cumpla su compromiso" con los propietarios del diseminado, que en el anterior mandato se convirtieron en el principal ariete opositor al gobierno progresista de Ontinyent. Desde el equipo de gobierno actual se insiste en que se están buscando fórmulas legales para evitar derribos y sanciones a las construcciones del diseminado. Por el momento, el ayuntamiento lleva encargados estudios urbanísticos por importe de 1,2 millones de euros. El informe que debería dar respuesta a los chalés ilegales no se conocerá hasta después de las elecciones.
Destinan 400.000 euros para "legalizar" chalés consolidados
El último pleno del Ayuntamiento de Ontinyent aprobó la publicación de los documentos urbanísticos que permitirán ordenar el suelo urbanizable del diseminado. La elaboración de este documento ha costado 400.000 euros y, según el equipo de gobierno, permite iniciar "la legalización" de unas 2.000 viviendas de zonas próximas al casco urbano que están "consolidadas" y sobre las que no pesa ningún expediente sancionador. Según se expuso en el pleno, de los 4,5 millones de metros cuadrados que abarca el estudio, el 75% corresponde a terrenos con viviendas consolidadas y sólo en el resto podría existir alguna edificación expedientada y cuyo proceso administrativo deberá seguir su curso. Los textos elaborados serán sometidos a exposición pública durante 45 días. Los planes parciales establece la parcela mínima en 2.000 metros cuadrados, si bien a partir de 1.000 m2 se considerará legal siempre y cuando las parcelas colindantes estén edificadas". Además, establece una edificabilidad de 300 m2 por cada parcela de 2.000 m y aquellas casas ya consolidadas podrán aumentar su construcción en un 20 por ciento. Por parte de la oposición se ha reclamado esta semana que se convoque la comisión que debe acometer los trabajos para dar una solución a los expedientes en suelo no urbanizable.
* Levante - 5.12.10
Foto: Decenas de chalés de Ontinyent están construidos en terrenos no urbanizables - levante
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ELPAÍS/Ourense* : Alegría y vitalidad. Esas fueron las características que Antonio Palacios quiso que destacaran en la Iglesia de la Veracruz en Carballiño, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Consellería de Cultura. Aún así, a pesar de la supuesta protección de la que goza, las obras en su entorno pueden pasar por alto la voluntad del arquitecto. "Palacios buscaba la luz, la alegría y la vitalidad; lo que se pretende hacer no tiene nada que ver con la idea del arquitecto", explica Rafael Otero, profesor de arte de O Carballiño experto en la obra de Palacios. Felipe Senén, experto en Historia del Arte, considera que no se trata de seguir las pautas de Palacios de forma estricta, sino de "buscar un diálogo con la arquitectura monumental y brutalista del arquitecto con nuevos idiomas, sin provocar ni herir su esencia original".
El proyecto en el que recae toda la polémica fue aprobado en la época del bipartito por la Consellería de Medio Ambiente. Según el concejal de Obras Públicas, Manuel Amil, el objetivo era "adecentar" el entorno de la iglesia. Para ello, se convocó un concurso de ideas que ganaron dos arquitectos vigueses: Javier Franco y Vicente Pintos. Consiste en transformar un prado y una plaza que rodean la iglesia en una imitación de un camposanto. Todo ello utilizando placas de hormigón y cerrado por un muro del mismo material. Se pretende hacer referencia a una iglesia tradicional gallega, con el cementerio al lado del templo.
Amil explica que se trata de un proyecto legal, "cuenta con todas las autorizaciones de la Dirección Xeral de Patrimonio". De este modo, considera que el rechazo se debe al carácter innovador de la idea, pero lamenta que la población ha demostrado este rechazo "a destiempo", pues las obras ya comenzaron en enero.
La Plataforma do Entorno da Veracruz es la que emite la mayor parte de las protestas. De ella forman parte algunos expertos en la obra de Palacios. Rafael Otero es uno de ellos. Cuestiona el uso del hormigón en los alrededores del monumento, así como la construcción de un muro que rodee la iglesia. "El uso de este material choca con los materiales usados por Palacios y el muro restringe el acceso y la visibilidad del monumento", cuenta Otero. Felipe Senen, otro de los integrantes de la plataforma, no cree que se tengan que limitar los materiales que se emplean, pero hay que saber utilizarlos con armonía y "para eso están los genios".
La plaza de la iglesia es otro de los elementos que ha causado polémica. Para algunos debería ser inseparable del monumento, de hecho, forma parte del perímetro de protección del bien. Desde el Ayuntamiento insisten en que la obra ha pasado por todos los procedimientos administrativos pertinentes y que el rechazo se debe a cuestiones de gustos, no de legalidad.
Las grietas que han aparecido de un tiempo a esta parte en las paredes del templo también preocupan a la población del pueblo ourensano. Algunos culpan a la empresa encargada de realizar las obras, Misturas Obras e Proxectos, SA, de utilizar maquinaria pesada y dudan de la formación y experiencia de los empleados para trabajar en los alrededores de un monumento de este tipo. EL PAÍS se puso en contacto con miembros de la empresa para recoger su versión, pero no quisieron hacer declaraciones. Convencido de que estas fisuras se deben a las obras, Rafael Otero presentó a título personal una denuncia. "Estoy seguro de que las vibraciones que emite la maquinaria pesada que utilizan no pueden ser absorbidas por las paredes de la iglesia, por eso hay fisuras y grietas", explica.
Tras todas las críticas subyace la idea de que estas obras se deben al simple utilitarismo. Senén explica que el fin de los trabajos es construir un vial al lado del monumento. Senén se remite al tópico de "la cultura no vende" para explicar la situación. Defiende que "la cultura es la marca de identidad frente a la uniformización global, en este sentido, O Carballiño está siendo un ejemplo de lo que no debe ser por la insensibilidad de los poderes públicos".
Por el momento, la plataforma promete seguir reivindicando el respeto por la idea original de Palacios. Tienen previsto concentrarse en el entorno de la iglesia de la Veracruz el próximo miércoles para que tanto las autoridades locales como las autonómicas paren las obras. Continuará.
* El País - 5.12.10
Foto: LAs obras rodean un Bien de Interés Cultural- elpais
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