Durante este fin de semana, cerca de un centenar de expertos han debatido sobre la corrupción urbanística en las II Jornadas sobre Delincuencia Urbanística organizadas por Ecologistas en Acción*. Los expertos coinciden en la necesidad de adaptar la normativa penal a este nuevo tipo de delincuencia asociado a importantes tramas de corrupción y blanqueo de dinero. Las paralizaciones cautelares y la demolición de construcciones ilegales se consideran imprescindibles como mecanismo disuasorio. De las diferentes intervenciones se concluye que la complejidad de las tramas que se esconden tras la actividad urbanística ilícita dificulta enormemente su investigación. En parte se ha llegado a esta situación porque no funcionan los mecanismos de prevención, bien por falta de medios, bien por implicación con la actividad ilícita (servicios de inspección y de disciplina urbanística de ayuntamientos y Comunidades Autónomas, etc).
Para frenar esta tendencia es necesario poner en marcha mecanismos disuasorios y que impidan la ejecución de proyectos que dejan sin valor las sentencias posteriores, aunque anulen dichos proyectos. En este sentido la demolición de las construcciones ilegales y las paralizaciones cautelares son imprescindibles.
A pesar de que existen actuaciones ilegales puntuales como construcciones aisladas en suelo protegido, estas no son el peligro principal. El grave problema son las grandes proyectos modelo “resort”promovidos por grandes empresas constructoras que cuentan con las licencias y autorizaciones administrativas pertinentes. Estos transforman el paisaje, destruyen el territorio y crean ciudades que nada tienen que ver con la cultura y arquitectura tradicional.
En estos grandes proyectos, en ocasiones, la complicidad de las administraciones locales y autonómicas dificultan la actuación penal, dado que los proyectos han superado todo un procedimiento reglado. Sin embargo, las licencias, informes favorables, etc se conceden de forma irregular y forzando la interpretación de las diferentes normativas urbanísticas y ambientales.
Ante esta situación el Código Penal se manifiesta claramente insuficiente y requiere ser actualizado a una realidad compleja y a una sofisticada delincuencia.
Los expertos valoraron positivos los avances producidos en los últimos años como la creación de la figura del Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, la nueva Ley de Suelo, las modificaciones introducidas en la Ley de Aguas en las que se requieren informes de las Confederaciones Hidrográficas, la Ley de Evaluación de Planes y Programas, la Ley de acceso a la información y a la justicia.
A pesar de ello y para que estas leyes tengan una aplicación real sobre el terreno se requiere más medios económicos para crear fiscalías de medio ambiente en todas las provincias. Al frente de ellas, debería haber, al menos, un fiscal especializado y con dedicación exclusiva. Este número debería incrementarse en las zonas con mayor población y más actividad urbanística. Igualmente se requiere una mayor formación, en la materia, de jueces y tribunales.
*Ecologistas en Acción - 14 de mayo
La delincuencia urbanística requiere un trato especializado
Zarpazo del Supremo al alcalde de Sta. Cruz de Tenerife
A.F.delaGándara.- Canarias7* : "El Ayuntamiento de Santa Cruz no compró Las Teresitas por lo que valía, sino por lo que una parte interesada en favorecer al vendedor le dijo que valía. Esta es, en síntesis, la realidad que ha destapado el Supremo con una sentencia que anula la operación y coloca a Miguel Zerolo y a su equipo en un complejo laberinto jurídico. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo hizo pública ayer la sentencia que declara contraria al ordenamiento jurídico la operación de compraventa llevaba a cabo por el Ayuntamiento de Santa cruz de Tenerife el 18 de septiembre de 2001 para la adquisición del frente de playa de Las Teresitas.
El fallo declara nulo el contrato que permitió que los terrenos pasaran a manos del Ayuntamiento por 8.750 millones de pesetas (52.588 euros), al apreciar que tal cuantía derivó de una tasación de la Caja General de Ahorros de Canarias. Esta entidad, dice el Supremo, estaba «relacionada e interesada en la operación, por cuanto tenía hipotecadas las parcelas» a la sociedad que figuraba en el contrato como vendedora.
La Sala recuerda que, a la hora de cerrar el trato, el Ayuntamiento contaba con tres tasaciones de las parcelas: una de la Universidad Politécnica de Cataluña aportada por la Junta de Compensación y los vendedores de las parcelas que elevaba su valor s a 12.740 millones de pesetas; otra elaborada por la firma Tinsa, a instancias de la Caja General de Ahorros, que valoraba el suelo en 10.500 millones de pesetas, y una tercera, encargado por la Gerencia de Urbanismo municipal a Sociedad de Tasación S.A., de 7.789 millones de pesetas.
Sólo vio uno.
Según el Supremo, el informe de valoración con el que el Ayuntamiento justificó su opción final no fue «un estudio comparativo de las tres tasaciones que obran en el expediente, sino, más bien, una ratificación del informe emitido por la entidad Tinsa, sin referencia alguna a las otras dos valoraciones, teniendo, además, en cuenta la diferencia de 5.000 millones de pesetas entre dos de las tasaciones».
Añade la Sala que el Ayuntamiento justificó esta elección porque la tasación de Tinsa ya había sido «contrastada», pues había servido de base para el crédito concertado en su día por la parte vendedora. Explica que tan operación había sido «la adquisición por la entidad Inversiones Las Teresitas S.L. de la totalidad del parcelario de la Junta de Compensación por importe de 5.500 millones de pesetas, con base en crédito hipotecario por aquella concedido a ésta».
Por ello, el Supremo establece que el precio de compraventa de las Teresitas «no ha contado con el informe pericial» que exige el artículo 11 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales «ni con un sistema de fijación que acredite la corrección del mismo de modo fehaciente, por lo que, en consecuencia, no resulta cumplido el principio de buena administración».
«El informe de Valoración que hemos analizado no cuenta con las exigencias necesarias para constituir un elemento objetivo de control administrativo en el trámite de determinación del precio de la compraventa que nos vemos obligados a anular», finaliza la sentencia.
El interventor avisó del error y nadie le hizo caso
La sentencia del Supremo subraya que un mes antes de que el Ayuntamiento presidido por Zerolo cerrara el contrato que ahora ha sido anulado, el servicio de intervención municipal avisó del error que se les venía encima.
Sin atreverse a apreciar la nulidad del acto, el 16 de julio de 2001 el interventor advertía de lo resbaladizo del informe de valoración unilateral: «hubiera sido más correcto desde el punto de vista de la idoneidad», exponía el técnico, «que dicho informe estuviera suscrito por un arquitecto de la Administración urbanística (bien en exclusiva, o mejor, conjuntamente, con los profesionales que rubrican el presente informe), lo fundamental es que se trate de expertos en relación del área de conocimientos sobre el que informan». Según la Sala, este informe es el de «mayor rigor jurídico y económico» de todo el expediente.
El fallo del Alto Tribunal obedece a la estimación parcial del recurso interpuesto por la Asociación Coordinadora Ecologista Popular El Rincón contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ canario que en abril de 2003 desestimó el recurso presentado por el colectivo contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento santacrucero que el 23 de julio de 2001 dio su conformidad al texto del convenio sobre Las Teresitas. La Sala rechazó el recurso al entender que los ecologistas impugnaban un acto de trámite y no una decisión finales, criterio que ahora ha corregido el Supremo.
*Canarias7.es - 12/05/2007
Foto: Tenerife - Playa_de_las_Teresitas /Rémi Stosskopf /wikipedia.org
En Andalucía se triplican los delitos de urbanismo y se duplican los de Medio Ambiente
CanalSur* : "La Fiscalía especial andaluza para delitos de Medio Ambiente y Urbanismo pidió hoy la creación de Unidades Adscritas formadas por expertos para colaborar en la investigación de las denuncias, que en 2006 se duplicaron en asuntos de Medio Ambiente y se triplicaron en Urbanismo. El fiscal coordinador andaluz, Luis Carlos Rodríguez, presentó hoy en rueda de prensa su Memoria Anual, en la que recoge que los delitos en materia de Medio Ambiente en toda Andalucía pasaron de los 224 investigados en 2005 a 425 en 2006, y los de Urbanismo de 348 en 2005 a 925 en 2006.
El tercer pilar de esta Fiscalía especial, los delitos contra el Patrimonio Histórico, pasaron de 35 en 2005 a 40 en 2006, aunque en ese año se incluyó la llamada Operación Thertis contra el expolio arqueológico, que investiga un juzgado de Marchena (Sevilla) y que, con sus 300.000 piezas intervenidas, ha sido la mayor operación de este tipo desarrollada en España y en Europa, según Rodríguez León.
El fiscal coordinador andaluz dijo que la creación de Unidades Adscritas es una necesidad "evidente e irrenunciable" para el trabajo de estos fiscales, que contarían así con equipos especializados integrados por expertos en Urbanismo, Medio Ambiente, Toxicología y Patrimonio, junto a policías y representantes del SEPRONA de la Guardia Civil.
Esta Fiscalía especial comenzó en funcionar en 2003 y el aumento de los asuntos encomendados "son un claro exponente de la confianza que han generado y la eficacia de su intervención", según Rodríguez León.
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, dijo en la presentación de la Memoria que, en el caso de esta provincia, los fiscales de Urbanismo y Medio Ambiente han sufrido un incremento de carga de trabajo del 110 por ciento en el último año y en la actualidad son responsables del 60 por ciento de las diligencias de investigación de la Fiscalía sevillana.
El fiscal especial destacó entre los casos de 2006 la Operación Malaya en Marbella y el caso de la provincia de Sevilla, donde "todas las grandes urbanizaciones ilegales están siendo investigadas".
A su juicio, el hecho de que muchos alcaldes o concejales estén imputados en las diligencias abiertas refleja "una falta de medios en localidades pequeñas pero también una cierta pasividad" porque "las corporaciones tratan con vecinos a los que ven todos los días y es humanamente más difícil la persecución de esos delitos".
Entre los asuntos más destacados de 2006, Rodríguez León destacó el derribo del hotel El Algarrobico de Almería y la lucha contra los expolios de buques hundidos en la provincia de Cádiz.
En Córdoba, la Memoria resalta el "acoso urbanístico" a Medina Azahara y la sierra de Córdoba, así como la investigación de la subasta de vigas de la mezquita en la casa londinense Christie's.
En la provincia de Granada, la Fiscalía destacó los problemas de la sobreexplotación de canteras y acuíferos, así como la investigación sobre la destrucción de la rotativa del antiguo diario "Patria".
El uso de cebos envenenados en la sierra de Aracena y el impacto ecológico del nuevo puente España-Portugal son los aspectos más destacados en Huelva, y de Jaén Rodríguez León destacó que es la provincia con mayor sensibilidad judicial en materia de Medio Ambiente, pues de 32 sentencias registradas en 2006, solo 6 fueron absolutorias y dos de ellas fueron revocadas luego por la Audiencia.
En Málaga, junto a la Operación Malaya, Rodríguez León destacó el caso de la localidad de Tolox, de 2.000 habitantes, donde existen 17 promociones de viviendas con un total de 2.000 viviendas que "son todas ilegales".
Finalmente, en la provincia de Sevilla la Fiscalía destacó los 215 expedientes abiertos en 2006 en materia de Medio Ambiente, que incluyen la consideración del ruido como contaminación acústica, así como la campaña contra las urbanizaciones ilegales.
*CanalSur Informativos - 14/05/2007
Foto: Tribunal Justicia Andalucía en Granada /junta andalucía
"Mi socio dice que no paga 24 millones de pesetas"; "Vale, yo voy a pararle la obra"
F.MERCADO.- El País* : "La investigación judicial del caso Alhaurín el Grande, una supuesta trama en la que participarían el alcalde de esta localidad malagueña, Juan Martín Serón (PP), y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra (PP), para cobrar comisiones ilegales a cambio de licencias, incluye una grabación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que evidencia la presunta corrupción. En esa grabación, el socio de un promotor comunica al concejal de Urbanismo que no van a pagar la comisión de 121.600 euros que se les reclama a través de una firma vinculada a Serón por ser ilegal. Ante su negativa, el edil de Urbanismo, amén de recordar que tampoco era legal la licencia urbanística que tenía concedida, le plantea una clara amenaza: "Entonces yo voy a parar la obra". El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga, 21.000 habitantes), Juan Martín Serón, y su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, fueron detenidos horas después de la conversación que el segundo mantuvo en su despacho oficial con un promotor con un proyecto en el municipio. Este último la grabó, con permiso judicial, como denunciante y testigo protegido.
En esa conversación, el edil de Urbanismo recordó cómo el alcalde avaló esta operación ilegal -"Me dijo: 'Juan, tú tiras para adelante que con P. [el empresario extorsionado] no hay ningún problema"- y explicó a su interlocutor, el promotor, que desde el Ayuntamiento habían hecho esfuerzos, más allá de la ley, para cambiar los informes técnicos de forma que éste pudiera continuar las obras, con la condición de que pagase una comisión de 121.600 euros.
Ante la negativa del promotor a pagar la comisión, el concejal de Urbanismo le amenazó con revisar la licencia concedida y paralizar las obras "porque las cosas cuando se hablan se mantienen". La comisión exigida debía abonarse a una empresa vinculada al alcalde, según la investigación judicial.
Durante la conversación grabada por el promotor, el concejal de Urbanismo le detalló cómo habían tenido que cambiar informes técnicos negativos por otros positivos para que pudiera hacerse la obra. El edil, según la investigación, llamó inmediatamente al alcalde, Juan Martín Serón, para informarle del fracaso de la reunión con el promotor.
Tras tener constancia de las irregularidades registradas en la cinta, la policía lo puso en conocimiento de la juez que investigaba el caso, quien ordenó la detención del edil y del alcalde.
Los arrestos se produjeron a las 18.30 del pasado 18 de enero, cuando los dos cargos municipales salían de una cafetería de Marbella tras asistir a una comida-mitin protagonizada por el presidente del PP, Mariano Rajoy. Los detenidos quedaron en libertad un día después, tras depositar 100.000 euros de fianza impuesta a cada uno por la juez, que les imputó sendos delitos de prevaricación y cohecho.
Comparece el promotor
Un promotor inmobiliario, cuyo nombre responde a las siglas J. B., compareció días después como testigo ante la juez que investigaba el caso de corrupción de Alhaurín el Grande. Este promotor fue el que, supuestamente, rehusó pagar la comisión a cambio de una licencia de obra.
Sin embargo, negó a la juez que hubiera sido el denunciante del caso y desmintió haber hecho la grabación que desembocó en la detención de ambos ediles. J. B. declaró durante poco más de media hora. A la salida del juzgado, el promotor, dueño de una empresa de fontanería, rehusó hacer declaraciones amparándose en el secreto de sumario.
El 18 de enero por la mañana fue la última vez que el edil de Urbanismo exigió al promotor dinero por la licencia urbanística, aunque hubo anteriores contactos, también grabados con autorización judicial y del fiscal anticorrupción. Pero esa última conversación, a la vista de su grave y elocuente contenido, fue el detonante para que esa tarde ambos ediles fueran detenidos.
El alcalde, Juan Marín Serón, declaró tras quedar en libertad bajo fianza: "Hemos podido meter la pata, nos habremos equivocado, pero la mano nunca la hemos metido. Nos han detenido, nos han registrado y no han encontrado absolutamente nada. Otra cosa es que a lo que hayan encontrado le quieran dar otra interpretación". El alcalde culpó de su detención al Gobierno socialista: "Los etarras están en la calle y los humildes, detenidos. Ésta es la política de Zapatero".
El PP responsabilizó a la Fiscalía General del Estado de las detenciones de militantes del PP que luego quedaban libres y censuró que la operación policial se desarrollara tras la comida en Marbella presidida por Rajoy.
Según los investigadores, la detención se practicó con el conocimiento de la juez y de la forma más adecuada para que la imagen del regidor no se viera afectada. "No sólo se esperó a la conclusión del acto, sino también a que acabaran las copas. La decisión se adoptó por un jefe policial que se encontraba junto a la juez y al fiscal en los juzgados".
En Alhaurín el Grande gobierna el PP con mayoría absoluta. En las elecciones municipales de 2003, los populares consiguieron el 60% de los votos y 11 de los 17 ediles. En los dos mandatos anteriores, la hegemonía fue del PSOE. Serón repite como candidato a alcalde por el PP.
EL 'CASO ALHAURÍN EL GRANDE'
- El alcalde y el edil de Urbanismo fueron detenidos acusados de cohecho y prevaricación y quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros.- Horas antes de las detenciones el concejal exigió una comisión de 121.600 euros al socio de un promotor. La conversación fue grabada.- El alcalde guardaba 63.000 euros en metálico en su casa y 7.000 en el despacho municipal.
*ELPAIS.com - Madrid - 14/05/2007
La policía impide la acampada por la vivienda digna frente al Museo del Prado
20minutos/EFE* : "Unas fuertes medidas de seguridad impidieron que ayer por la tarde se llevara a cabo en Madrid, en concreto frente al Museo del Prado, una "sentada-acampada" de jóvenes para reclamar a las distintas administraciones una vivienda digna. Convocados por la "Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna", los manifestantes, alrededor de un centenar, se fueron dando cita a las 18.00 horas en los aledaños del Museo del Prado, para llevar a cabo su protesta.
Sin embargo, no pudieron ni siquiera llegar al lugar previsto, frente a la "puerta Murillo", debido a las fuertes medidas de seguridad que había en la zona y que impedían el acceso de los jóvenes que tenían intención de participar en la misma.
Por este motivo, los manifestantes decidieron trasladarse a las inmediaciones del Centro de Arte Reina Sofía, donde tampoco se les permitió ni concentrarse ni instalar las tiendas de campaña.
Los organizadores habían anunciado su intención de permanecer acampados en las proximidades del Museo del Prado hasta que se celebraran las elecciones municipales y autonómicas, el próximo 27 de mayo.
Un portavoz de la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna Raúl de la Fuente lamentó, en declaraciones a los periodistas, que se impidiera celebrar este "acto pacífico", cuyo único objetivo, comentó, es exigir a las administraciones viviendas dignas.
Según señalaron los organizadores, la Delegación del Gobierno en Madrid había prohibido esta protesta argumentando que se podría enmarcar en un acto electoral, algo que ellos negaron al asegurar que no solicitaban el voto para ningún partido.
Los convocantes de la protesta decidieron llevar a cabo a última hora una asamblea con todos los asistentes para pensar lo que harán a partir de ahora, aseguraron las mismas fuentes. Según indican en su página web: madrid.vdevivienda.net, finalmente acamparon en Ciudad Universitaria.
*20MINUTOS.ES / EFE. 14.05.2007
