Un informe de la UDEF desvela la dependencia de varias constructoras de las adjudicaciones del PP

El caso 'Bárcenas' sigue desvelando noticias de gran calado político-empresarial, sin que la justicia se digne a 'tirar de la manta' y acusar directamente a la plana mayor del partido que ha estado cometiendo durante años graves ilegalidades de trasfondo urbanístico para conseguir elevadas comisiones. Así se sabe que algunas de las empresas que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas recibían hasta un 80% de sus contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP, hecho éste de una gravedad tal que haría actuar de inmediato a cualquier justicia no politizada como ésta. Pero aquí parece ser que los grandes delincuentes, los llamados de cuello blanco, siguen libres en la calle, mientras a los pequeños se les castiga sin más miramientos. Y a este estado de cosas 'algunos' lo llaman democracia.
"ELDIARIO* : Varias de las 15 empresas que figuran como donantes en la supuesta contabilidad B del Partido Popular elaborada por Luis Bárcenas recibieron más de la mitad de sus contratos públicos en el periodo 2002-2009 de administraciones gobernadas por el PP. En algunos casos la cifra llegó a alcanzar el 80% de las adjudicaciones procedentes de la Administración central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Así se desprende de un informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que se cruzan las adjudicaciones realizadas por el conjunto de las administraciones públicas y las gobernadas por el PP a estas 15 compañías, esencialmente constructoras, con las anotaciones manuscritas del extesorero del Partido Popular.

El documento, de 496 páginas y al que ha tenido acceso eldiario.es, fue remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el viernes.

La Udef, que confirma que todas las empresas que presuntamente entregaron fondos al PP recibieron adjudicaciones de administraciones públicas gobernadas por ese partido –algo prohibido por la ley–, divide las 15 constructoras en cuatro grupos en función del porcentaje de los contratos públicos adjudicados por el PP en los años transcurridos entre 2002 y 2009.

Según el informe, dos sociedades, Aldesa y Licuas, recibieron el 80% de sus contratos públicos de gobiernos (ayuntamientos, ejecutivos autonómicos o administración central) del PP. En el caso de Assignia (Constructora Hispánica) y Asedes, las adjudicaciones de gobiernos populares superan el 50%. La cifra es de más del 30% en los casos de Bruesa, FCC, OHL y Sacyr y de menos de ese porcentaje para Azvi, Cyopsa, Degremont, Romero Polo, Rubau, Sando y Sorigué.

Cabe señalar que durante la mayor parte del periodo analizado por la UDEF la Administración central estaba en manos del PSOE y que el Partido Popular sólo mantuvo el poder en la totalidad de los ocho años analizados en la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Murcia y La Rioja.

Dependencia del PP

Aunque la UDEF indica que "la cuantía e importe" de las adjudicaciones públicas recibidas por los presuntos donantes del Partido Popular "sigue con carácter general la tendencia de la evolución de la licitación pública en este periodo" (evolución creciente hasta la llegada de la crisis en los dos últimos años de la serie), los datos recogidos por la UDEF revelan una importante dependencia de algunas constructoras de las administraciones del PP. Una relación que lleva a que su compartamiento durante el tiempo analizado sea muy distinto al de otras empresas de su sector.
El caso más llamativo es el de Aldesa. Según recoge el informe, esta constructora pasó de recibir adjudicaciones públicas por valor de 703 y 491 millones de euros en los años 2002 y 2003 a 75 millones de euros coincidiendo con la salida del PP de Moncloa en el año 2004. Desde ese momento, el volumen facturado a la administración por esta sociedad no vuelve a superar los 201 millones de euros en todo el periodo analizado. Se da la circunstancia de que en 2002, el año de mayor número de adjudicaciones públicas a esta compañía, todas proceden de gobiernos del PP.
El origen de las adjudicaciones a esta empresa varía también de forma notable tras la derrota electoral de Rajoy en marzo de 2004. Si con Aznar en el Gobierno la mayor parte de las adjudicaciones públicas procedían de la Administración central, a partir de ese momento sus principales clientes pasan a ser gobiernos autonómicos y ayuntamientos, habitualmente en manos del PP.

Según señala el informe, las anotaciones manuscritas de Luis Bárcenas incluyen entregas de fondos con los conceptos Aldesa y J.M. Rubio (que la UDEF identifica como Juan Manuel Fernández Rubio, exvicepresidente de la compañía) en los años 2002, 2003 y 2004.

Información insuficiente para vincular donaciones y adjudicaciones

En el resumen que encabeza el informe, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal señala las dificultades para establecer vínculos entre las supuestas donaciones al PP anotadas por Bárcenas con las adjudicaciones de administraciones gobernadas por el Partido Popular a las empresas donantes.

"Para establecer una correlación entre dichas donaciones de dinero y los procesos de adjudicación pública en los que las empresas, con las que se encuentran relacionadas las personas que figuran como aportantes de fondos, tienen intereses, sería preciso disponer de información adicional que permita realizar unas inferencias lógicas a partir de un conjunto de elementos cuantitativos, temporales y subjetivos de los que en estos momentos no se dispone", indica la Udef.


* El Diario - Ander Iñaki Oliden - 17.4.13
Foto: Bárcenas con policía - eldiario



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El TSJA declara firme una sentencia que da a la Junta el suelo del Algarrobico

El caso del hotel ilegal de 'El Algarrobico' no tiene fin a la vista. Las sentencias judiciales siguen y siguen cayendo, normalmente contrarias a la empresa constructora y al Ayuntamiento de Carboneras, pero no hacen más que liar la madeja de una situación encallada y confusa, salvo que alguien con más autoridad y decisión se proponga finalmente la urgente demolición. Ahora parece ser que la Junta de Andalucía es la propietaria legal de los terrenos donde se asienta el 'mamotreto', en contra de lo que afirmaba la empresa privada, pero, en realidad, no se sabe si esta es la misma Junta que permitió su construcción por omisión de control y vigilancia. Así que todo queda flotando en el aire, una vez más.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado la firmeza de una de las tres sentencias que dan a la Junta andaluza la propiedad del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), por un importe de 2,3 millones de euros. La resolución, que desestimó el recurso de apelación del Ayuntamiento de Carboneras contra el derecho de retracto que ejerció el Gobierno que presidía Manuel Chaves en 2006, es firme en virtud de un auto de 13 de enero, aunque no ha entrado aún en ejecución, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Por otro lado, la Junta no ha solicitado la ejecución, en este caso provisional, de las otras dos sentencias dictadas en diciembre que validaron el citado derecho de retracto y que han sido recurridas en casación ante el Tribunal Supremo (TS) por la promotora Azata y la constructora Azata del Sol.

Azata formalizó el recurso el 11 de febrero mientras que Azata del Sol lo hizo a principios de abril, según han precisado las mismas fuentes, que ha indicado que en ambos procedimientos ninguna de las partes personadas, en este caso Junta y propietarias del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones, han interesado la ejecución de forma provisional.

La sentencia de la Sección Primera del Alto Tribunal que ya es firme, dictada en octubre de 2013, considera conforme a derecho el retracto ejercido por la Junta sobre cinco fincas propiedad de Azata y establece que el suelo es, por tanto, de titularidad pública.

En esta línea, designa al delegado de Medio Ambiente para que, en nombre de la Junta, formalice las escrituras de compraventa o, en su defecto, actas de pago y ocupación, así como la demás documentación necesaria para la "total inscripción" de las cinco fincas que componen los sectores ST-1 y ST-2 de El Algarrobico en "los registros pertinentes".

Apunta, con respecto a la posibilidad o imposibilidad de restaurar los terrenos a su estado primitivo, que el destino que haya de darse a los terrenos objetos de litigio "es una cuestión que se suscitará con posterioridad y a resultas del derecho de retracto".

Notorio interés medioambiental

La Junta de Andalucía adquirió por 2,3 millones de euros a la promotora en septiembre de 2006 el suelo con el objetivo, según indicó el entonces presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, de restaurar la zona para devolverla al estado anterior a su construcción y de hacer "desaparecer" el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

El TSJA subrayó en su sentencia que el interés medioambiental del paraje "resulta notorio" por estar bajo hasta seis figuras conservacionistas europeas y aludió a la sentencia que dictó la misma sala en junio de 2012, en la que se revocaba el PORN que entró en vigor en 2008 al entender que había rebajado el nivel de protección con respecto a 1994 y que este podía "hacer factible la realización de nuevas edificaciones o rehabilitación de las ya existentes".

En este punto, entraba de lleno en la controversia que ha marcado todos los procedimientos en torno al hotel y que se centra en la "más que cuestionable calificación de urbanizable de los terrenos" y hacía referencia a los planos modificados en 1997 por la Junta y en la que se basó el Ayuntamiento para dar vía libre a la construcción del hotel ya que la zona "debatida" aparecía como D2 o urbanizable ordenada.

Recordaba que el Alto Tribunal ya calificó esta sustitución de planos como "un mecanismo burdo para pasar el suelo de especial protección a no urbanizable" y consideró que "había sido una triquiñuela para hacer jugar a la inversa la jerarquización de los planteamientos urbanísticos y medioambientales, adaptando el PORN a la normativa municipal, lo que está vedado".

De hecho, poco después el mismo tribunal emitía un auto en el que se declaraba el paraje "espacio protegido no urbanizable" y obligaba a su publicación en BOJA, un pronuncionamiento que entra en contradicción con el dictado por la Sección Tercera el pasado mes de marzo en el que cataloga los sectores ST-1 y ST-2 como "urbanizables" y que ha llevado a los colectivos ecologistas y a la propia Junta a recurrirla en casación ante el TS.


* El País - EP - 22.4.14
Foto: Miembros de la plataforma Desmontando El Algarrobico, durante una protesta el pasado día 16 a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. / MIGUEL ÁNGEL MOLINA (EFE)

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