El exvicepresidente y dos exconselleras de Camps, procesados por el 'caso Gürtel'

20MINUTOS/Valencia* : Justo el día en el que se cumple un año del arranque del juicio de los trajes, que acabó con la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa por aceptar regalos de la red corrupta Gürtel, otra de las piezas separadas ha llegado al final de su instrucción con problemas para el que fuera vicepresidente de la Generalitat con Camps, Vicente Rambla, y dos de sus conselleras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such.
El juez del TSJCV José Ceres ha dictado este miércoles un auto en el que procesa a los tres antiguos miembros del Consell, que ahora son diputados del PP en Les Corts sin atribuciones en el grupo parlamentario o en la Cámara, que Alberto Fabra les quitó por estar imputados. El magistrado aprecia en los tres casos la comisión de dos posibles delitos relacionados con las adjudicaciones de la Generalitat en la feria Fitur entre 2005 y 2009: prevaricación y tráfico de influencias. Además, aprecia cohecho pasivo en las exconselleras.

El documento judicial, muy extenso (153 páginas), hace referencia a una de las tres piezas separadas sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano que el TSJCV asumió del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las otras dos hacen referencia a posible delito electoral en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y a falsedad documental en los generales de 2008.

Cabecillas de la red

El instructor acusa de toda una serie de delitos a los presuntos cabecillas de la trama Gürtel en tanto que responsables de su división valenciana, la empresa Orange Market. En concreto, apunta a Álvaro Pérez El Bigotes, Pablo Crespo, Francisco Correa (el supuesto jefe de Gürtel), Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños. A todos ellos imputa tráfico de influencias, prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Además, procesa a cuatro empleados públicos por malversación y archiva la causa contra cinco imputados, entre ellos la exdirectora general de Presidencia Dora Ibars. El juez da 10 días a las partes para que digan si procede abrir juicio oral o el archivo de la causa. La oposición ha instado al presidente Fabra a apartar a los tres diputados procesados.

Investigarán otro informe policial

El voluminoso auto dictado por el juez Ceres incluye al final un informe policial de la UDEF. En él se afirma que el montaje del stand de Fitur 2009 se hizo presuntamente sin concurso a través de entidades públicas y privadas como el Aeropuerto de Castellón, Ciudad de la Luz, Masters Golf de Castellón, Hípica Global Champions Tour, Volvo Ocean Race, Copa del América, Fórmula 1 (Valmor Sports)... El magistrado pide investigar si se troceó y si la red acabó cobrando 425.000 euros a través de esta fórmula, como indican anotaciones encontradas por la Policía.


* 20 Minutos - J.L. OBRADOR. 12.12.2012
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org

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Sabadell.- “El concejal se repartía las comisiones con sus amigos del Ayuntamiento”

ELPAÍS/Barcelona* : Nicolás G. S. recuerda aún su trabajo en el servicio de drogas del Ayuntamiento de Sabadell. “Los pacientes me decían que empezaban casi sin querer y, luego, se enganchaban. Yo no les creía, pensaba que lo hacían por decisión propia”. Más tarde se dio cuenta de su error, cuando le ocurrió algo similar con otro objeto de deseo: “El dinero es como la droga. Si decidí denunciar los chanchullos del Ayuntamiento fue para no volver a caer en la tentación”.
A lo largo de 2009, Nicolás hizo de recadero de uno de los principales implicados en la Operación Mercurio, de presunta corrupción urbanística. Se trata de Jordi Soriano, entonces concejal del PP en el consistorio. “Soriano era la chica más guapa del baile, te enamoraba. Le habías invitado a nueve cubatas y ni te habías dado cuenta”, explica para ilustrar el poder de seducción del hombre al que los investigadores consideran el intermediario entre los empresarios y la cúpula del Ayuntamiento.

Unas 40 personas están imputadas; entre ellas, el alcalde socialista, Manuel Bustos, y tres de sus concejales. Anticorrupción investiga si los cargos públicos recibieron mordidas de hasta 120.000 euros a cambio de adjudicar obras. Nicolás sostiene que sí. Así lo denunció hace tres años ante los Mossos —ese fue el origen de Mercurio— y así lo vivió en la etapa en la que era, dice, el “perro faldero” del exconcejal del PP: “Soriano se repartía las comisiones de los constructores con sus amigos del Ayuntamiento. Decía que el reparto se hacía a partes iguales”.

Nicolás (que pide no revelar su nombre completo) conoció a Soriano mientras paseaba por la ciudad. Una amiga común les presentó. “Tropezamos unas cuantas veces más en la Rambla. Sabadell no deja de ser un pueblo grande, aquí nos conocemos todos. Un día me contó que unas empresas estaban haciendo obras y necesitaban tirar unas tierras. Me preguntó si podía encontrar un vertedero”. No lo logró. Hasta que un empresario local —que, como él, también está imputado— le dio la solución: convertir terrenos agrícolas privados en vertederos mediante una solicitud para “mejorar las fincas” del parque agrario de Sabadell. Ese es uno de los proyectos que están siendo investigados por el juez.

“El movimiento de tierras ha generado muchísimo dinero en Sabadell. El negocio era redondo. Si el constructor era listo, cobraba por dos lados: por vaciar los escombros de una obra y por rellenar con esa tierra los terrenos agrícolas”. Soriano, explica, hacía valer su influencia para que el ayuntamiento diera los permisos a las empresas afines. Por ese suculento negocio, el exconcejal del PP mantuvo una disputa con Melquíades Garrido, tío de Bustos, presidente del gremio local de constructores y también imputado. “Soriano decía que era la pata del alcalde. Yo veía que hablaba con él por teléfono a menudo. Tres años antes incluso habían veraneado juntos en un crucero”, explica Nicolás a EL PAÍS.

La relación entre Bustos y Soriano es una de las claves del caso. En su declaración ante el juez, el alcalde dijo que le conocía de los plenos: Soriano era entonces portavoz del grupo municipal. Pese a estar en la oposición, sin embargo, el PP local dio apoyo a Bustos en los asuntos que más podían perjudicarle. Ante ese pacto extraño y no escrito, el partido decidió prescindir de Soriano antes de las municipales de 2011.

En tres años, según fuentes de la investigación, Soriano pudo haberse embolsado cerca de 800.000 euros en comisiones. Si ese dinero se lo quedaba él —como sostienen fuentes cercanas a Bustos— o, por el contrario, se repartía en un “fondo común” entre políticos, cargos de confianza y funcionarios es otra de las preguntas clave. El alcalde está imputado, entre otros delitos, por tráfico de influencias y malversación de fondos. “Ahora, con el tiempo, creo que Soriano le daba a Bustos lo que quería y el resto se lo quedaba. Se usaban mutuamente”, añade el empresario arrepentido.

Mientras los movimientos de tierras seguían su curso, Soriano hizo a Nicolás una nueva propuesta: “Me dijo que él, el alcalde y otras personas de su confianza formaban un grupito que podía conseguir adjudicaciones de obras de forma legal. Al principio pensaba que todo aquello era legal. Luego vi que no”. Nicolás se dedicaba entonces a la compraventa de inmuebles, a las pequeñas reformas del hogar y al sector del ocio nocturno. Pero cuando Soriano se lo pidió, fue su mano derecha. “Le llevaba los sobres cerrados con el dinero que me daban los empresarios”, detalla.

Por las manos de Nicolás pasaron (sin quedarse) muchos billetes. Según su testimonio, los constructores debían pagar “una cantidad como anticipo para obtener una adjudicación”. Afirma que, en algunos casos, los empresarios acabaron obteniendo el premio por el que habían pagado. Pero admite que, en otras ocasiones, la cosa se complicaba: “Sé de dos empresarios que pagaron para que les dieran una misma obra”. Una vez concluidos los trabajos, añade, el empresario debía abonar el 3% sobre el importe de adjudicación.

Nicolás sostiene que sabe que se pagaron comisiones en, al menos, dos grandes proyectos: una promoción de viviendas para personas mayores en el Parc Central y las obras de ampliación del cementerio. “Como siempre, el mejor bocado eran los movimientos de tierras”. Las obras de mejora del cementerio municipal también están siendo investigadas por el juez. “Soriano decía que el alcalde quería que esos empresarios, además, patrocinasen al CE Sabadell”, el equipo de fútbol de la ciudad, añade Nicolás.

A finales de año, las cosas cambiaron: “Por indicación de Soriano, le dije a un empresario que, si no llevaba 48.000 euros, su tema quedaría parado. Aquello ya era chantaje”. Además, dice, “me sentía mal cuando llegaba a casa y miraba a mi familia”. Decidió poner fin a ese negocio sucio. Y denunciarlo. Por eso aportó decenas de documentos que obraban en su poder (correos electrónicos, expedientes de obras) a Iniciativa per Catalunya Verds y ofreció los detalles a los Mossos. Alguien le dejó una nota en su coche. “Me decía que por mi renuncia habían quedado temas parados y que lo iba a pagar”. La policía autonómica le ofreció protección. La rechazó. “Yo me he metido en esto y me da igual lo que me pase”.


* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 11 DIC 2012
Foto: Registro policial en el Ayuntamiento de Sabadell, el 27 de noviembre. / GIANLUCA BATTISTA

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