La manifestación contra la corrupción reúne en Valencia a miles de personas

ELPAÍS* : El lema Contra la corrupción y por la transparencia ha reunido esta tarde en Valencia a miles depersonas en una marcha de protesta por el centro de la ciudad. Los organizadores, la plataforma Col.lectiu contra la Corrupció, ha cifrado en 60.000 los asistentes, que se han manifestado en rechazo de la situación política en la Comunidad Valenciana, con un presidente, Francisco Camps, y varios ex altos cargos del PP imputados por supuesto cohecho pasivo impropio en relación con los regalos de la trama Gürtel. Durante la marcha, que ha comenzado pasadas las 18.00, los participantes han mostrado pancartas con lemas como No a la corrupción, Camps dimisión o carteles con muñecos recortados en forma de chorizo con las figuras del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; Alvaro Pérez El Bigotes; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el coordinador de Economía en las Cortes, Ricardo Costa, y el propio jefe del Consell.

Asimismo, un estandarte al frente de la marcha mostraba un lazo negro en señal de duelo por las víctimas de la corrupción. También se han escuchado eslóganes como "Camps dimisión", "Te quiero un huevo, quiero un traje nuevo", "No nos mires, a ti también te roban" o "El president a Picassent".

Al inicio de la protesta se ha registrado un incidente, cuando un pequeño grupo de una decena de personas ha enarbolado pancartas contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ha provocado las protestas de los asistentes, que les han acusado de "provocar".

Entre los manifestantes se encontraban dirigentes políticos socialistas, como el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, acompañado de la secretaria provincial del partido en Valencia, Carmen Martínez, o el portavoz socialista en la cámara autonómica, Ángel Luna. Asimismo, también han estado presentes en la marcha el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, y las diputadas del grupo Mònica Oltra y Mireia Mollà.

La portavoz del colectivo organizador, Reyes Matamales, ha señalado que su organización denunciará la corrupción "sea del partido que sea", aunque ha admitido que en este caso "es del PP y de Camps". "Queremos unas instituciones transparentes y que el PP dé explicaciones a los ciudadanos y a la oposición de la -presunta-financiación ilegal y de dónde están nuestros impuestos", ha agregado.

Alarte ha indicado ante los medios que, independientemente del número de ciudadanos congregados hoy en Valencia, está seguro de que "en sus casas hay miles"de valencianos que "tampoco les gusta lo que ven". Por ello, ha pedido que las instituciones "vuelvan a funcionar bajo criterios de honestidad y honradez". Por su parte, Enric Morera ha señalado que el objetivo de la marcha es "pedir la regeneración democrática" de las instituciones valencianas, por lo que, ha insistido, "los partidos no deberían llevar en sus listas imputados y tránsfugas".

La manifestación, convocada a las 18.00 horas en la plaza de San Agustín de Valencia, se ha dirigido hasta el Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la calle de San Vicente, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, desde donde la marcha ha girado hacia la calle de las Barcas para desembocar en el Parterre y en la plaza de Alfonso el Magnánimo, sede del máximo órgano judicial de la región, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto titulado No a la corrupción. Camps dimisión.

Fuentes policiales han confirmado que mientras la cabecera de la marcha se situaba frente al TSJCV, la cola de la misma permanecía todavía en la calle de las Barcas, aunque no han precisado cifras.

El manifiesto, con referencias al caso Gürtel, proclama la "defensa de la democracia" en la Comunidad Valenciana y advierte de que está "acosada por el cáncer de la corrupción y el abuso de poder". En este sentido, insiste en que la corrupción, "lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido, con los sucesivos gobiernos del PP, en una práctica sistemática". Tambiéndenuncia la supuesta "connivencia de la Generalitat con la mayor trama de corrupción conocida en la era democrática" de España. Esta situación, han lamentado los organizadores, está "colapsando la vida pública, los recursos financieros y el patrimonio natural y cultural" de la Comunidad y "amenaza" el futuro.

El PP valenciano intentó parar la protesta en los juzgado, donde denunció que tenía "fines delictivos" y el único propósito de "injuriar" a Camps. Por ello, solicitó la suspensión cautelar de la manifestación, lo que el juzgado desestimó por considerar que era "urgente", dado que la convocatoria circulaba desde febrero en las redes sociales.

En un comunicado emitiro hoy, el vicesecretario de Organización del Partido Popular valenciano Valenciana, David Serra, ha asegurado que la manifestación ha sido "catalanista e independentista, y en contra de la Comunidad Valenciana". Serra ha criticado que el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, y los partidos de la oposición se hayan "querido exhibir con orgullo al lado de aquellos que siempre están en contra de esta tierra, de sus ciudadanos y de sus intereses".

A su juicio, la oposición demuestra una vez más que "no están preparados para velar por los intereses de los valencianos", ya que para ellos "lo más importante es la salir en la foto abanderando una campaña de insultos e injurias para hacerse de notar".


* El País - 26.03.11
Foto: Asistentes a la manifestación contra la corrupción durante la marcha por el centro de Valencia - elpais

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Palma.- El juez envía a Matas al banquillo y la Fiscalía pide ocho años de prisión contra él

EUROPAPRESS* : La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión para el ex presidente del Govern, Jaume Matas, por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración, en el marco de la pieza del caso Palma Arena que investiga la contratación presuntamente irregular del periodista Antonio Alemany, con el objetivo aparente de que fuese su asesor externo. Ésta será la primera vez que el principal imputado de la causa se sentará en el banquillo de los acusados, después de que el juez haya dictado la apertura de juicio oral por estos hechos. El Ministerio Público ha presentado esta mañana su escrito de calificación ante el titular del Juzgado de Instrucción nº3, José Castro, después de que la pasada semana el magistrado dictase un auto para poner fin a la instrucción de la pieza nº2 y transformar las diligencias previas a procedimiento abreviado.

En su resolución, el magistrado señalaba que fue el propio Matas el impulsor de la contratación de Alemany y quien propuso la adjudicación de este contrato a la agencia de comunicación Nimbus, a fin de simular la contratación directa del periodista por un total de 110.200 euros entre los años 2003 y 2005.

Unos hechos por los que el juez decretaba que continuase el proceso penal no sólo contra Matas y Alemany sino también contra el entonces director general de Comunicación del Govern, Joan Martorell, el administrador de Nimbus, Miquel Romero, la ex directora del gabinete de Matas, Maria Umbert, y la ex secretaria general técnica de la Conselleria de Relaciones Institucionales, Dulce Linares, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la administración.

Así, a lo largo de 14 páginas y mediante un minucioso relato de los hechos, el juez explica cómo Matas, en agosto de 2003, convocó en su despacho del Consolat a Romero, quien ya había sido gestor de la campaña electoral del PP ese año, para proponerle que participase en un concurso para la adjudicación de un 'contrato de consultoría' pese a que, tal y como aseveró en su día el responsable de Nimbus, Matas le instó a "ceder el contrato a Antonio Alemany" como condición para que su empresa resultase adjudicataria -con un beneficio del 5 por ciento del precio-.

A partir de ahí, "se hacía necesario adornar la contratación con todas las posibles formalidades legales", según el magistrado, quien de forma paralela hacía referencia a los 272.243 euros concedidos por el Govern aparentemente para la creación de la Agencia Balear de Noticias (ABN), perteneciente a Alemany, pese a que en realidad habrían sido invertidos en la creación de un digital proclive a la acción del Govern del PP -Libertad Balear-.

Finalmente, la resolución mencionaba el contrato menor por 11.550 euros que Martorell cursó para la elaboración de entrevistas y reportajes para su posterior publicación en la prensa deportiva nacional. Un importe que habría sido adjudicado a la empresa de Alemany Consultores de Información de Baleares, pese a "no existir la menor constancia de que el objeto del contrato se haya realizado, igual que se ignora en qué medios de la prensa deportiva nacional".

Un contrato sobre el que debía ser interrogado Matas esta semana al considerar la Fiscalía que el ex presidente no había sido inquirido por esta cuestión y ante la posibilidad de que Matas pudiera alegar indefensión. Finalmente, el imputado pidió no comparecer al apuntar que "por extensión" ya había declarado sobre este aspecto cuando ya fue hace un año interrogado por la contratación de Alemany.

* Europa Press - 25.03.11
Foto: Palma, exPresident Matas - EP

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Gondomar aparta a funcionarios para poder dar licencias de obras

ELPAÍS/Pontevedra* : El Ayuntamiento de Gondomar está concediendo licencias urbanísticas sin el visto bueno de la secretaria municipal ni de la técnica de la materia, y con el aval de un asesor jurídico externo contratado ex profeso con este cometido. Lo que para el BNG constituye un nuevo escándalo y la "disolución" de facto del Gobierno local, para el alcalde, el popular Martín Urgal, se trata de una forma de reactivar el sector de la construcción y crear puestos de trabajo en una localidad que lleva más de cinco años sin edificar vivienda nueva. A través de una resolución rubricada por el regidor el pasado 18 de febrero, ambas funcionarias han sido apartadas de sus funciones en materia urbanística.

Cuatro días después, se firmaba un contrato de asesoría jurídica con el abogado José Martínez Torea, con duración de seis meses y por el que percibirá 17.500 euros. La interventora había emitido anteriormente un informe desfavorable sobre la idoneidad de esta contratación, en el que constataba que ya se habían contratado sus servicios para asesoramiento urbanístico.

Según el Bloque, al Ejecutivo local "no le gusta" cómo realizaban su labor estas dos funcionarias, algo que se puso de manifiesto durante un pleno de hace unos meses, en el que el teniente de alcalde, el tránsfuga socialista Alfonso de Lis, arremetió contra la secretaria y la acusó de "obstruccionista". Sin embargo, el regidor asegura que no tiene "nada en su contra" y justifica esta decisión en que sus servicios son más necesarios en Intervención, para agilizar el pago de las facturas pendientes del Ayuntamiento.

Ante esta situación, argumenta, lo más adecuado era contratar un abogado que le asesore y complemente la labor del aparejador y del arquitecto municipal. Con este nuevo cuadro ha empezado a dar licencias para "arreglar tejados" y para la construcción de "casitas unifamiliares", pero no edificios. De este modo, prosigue, se puede generar empleo en el sector de la construcción. Con el plan general anulado por sentencia judicial y el nuevo en fase de elaboración, el Gobierno salido de la moción de censura de 2009 rescató las Normas Subsidiarias de Planeamento de 1991, avalado por un informe jurídico de la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

Por el contrario, el nacionalista Antón Araúxo considera que se trata de un nuevo escándalo con el que se pretende "engañar a los ciudadanos". A su juicio, estas licencias son nulas de pleno derecho, y recuerda que por una actuación similar la justicia condenó a su predecesor, Carlos Silva, actualmente inhabilitado, y a toda su Junta de Gobierno. La diferencia estriba en que las licencias concedidas por Silva sí contaban con el informe de los técnicos municipales, aunque fuese contrario. "Ahora ni eso", remacha Araúxo.

Así, lamenta que se vuelva a la "inseguridad jurídica" en la vida municipal, y se pregunta quién va a custodiar ahora los expedientes de urbanismo, una tarea que corresponde a la secretaria. En su opinión, "se ha disuelto el Ayuntamiento" y se ha actuado con "irresponsabilidad". "Es como si un alcalde, porque no le gusta que la policía local ponga muchas multas, manda a los agentes a ver llover y contrata a Prosegur", añade.

Además, explica que han llevado el caso ante la Consellería de Presidencia, la Fiscalía de la Audiencia Provincial y la Subdelegación del Gobierno, por un posible delito de prevaricación. De hecho, advierte que el alcalde, al que tacha de "monicreque que firma lo que le manda" De Lis, se está jugando ir a la cárcel. "Que me pongan una docena [de denuncias], fíjate si tengo miedo", respondió Urgal.


* El País - 26.03.11
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org

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El juez imputa a la alcaldesa de Orihuela y su gobierno por adjudicar una obra después de ejecutarla

ELPAÍS/Alicante* : Un juez de Orihuela ha imputado por supuesta prevariación, malversación de caudales públicos y falsedad a la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP, y a siete ediles más de su junta de gobierno, por adjudicar una obra (la remodelación de una plaza) después de ejecutarla e inaugurarla. Según una denuncia del Grupo Municipal de Los Verdes, la adjudicataria de la contrata por un importe 34.380 euros fue la firma Ronis 2, propiedad de un miembro de la dirección local del PP y familiar de la concejal de Cultura, Josefa Ferrando. La imputación de Lorente y sus siete ediles (Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Lidón, Manuel Abadía, Araceli Vilella, Ginés Sánchez, David Costa y Antonio Rodríguez Murcia) se produce a raíz de una denuncia de Los Verdes en los juzgados por los supuestos delitos antes mencionados en las obras de remodelación de una plaza en la partida rural de El Escorratel.

La plaza se inauguró el 4 de julio de 2008, y la junta de gobierno aprobó la adjudicación el 25 de julio de 2008.

Según Los Verdes, con motivo de la inauguración, la alcaldesa anunció que las obras habían costado 48.000 euros, "aunque luego se adjudicaron por 34.380 euros", puntualiza Manuel Culiáñez, concejal de Los Verdes.

Lorente y los ediles imputados aún no han comparecido ante el juez, ya que han recurrido la resolución del juzgado ante la Audiencia de Alicante y esta todavía no se ha pronunciado.

La alcaldesa Mónica Lorente ha sido implicada en el caso Brugal (trama vinculada al negocio de la basura) por la Policía y el fiscal, pero no ha sido ni arrestada ni imputada por el juez. Mientras, tres de los ediles ahora acusados en la causa de la plaza (Manuel Abadía, Antonio Rodríguez y Ginés Sánchez) fueron arrestados y sí están imputados en el sumario de Brugal.

El gobierno popular de Orihuela ha replicado a la denuncia que en las obras de la plaza en la partida rural de El Escorratel se "han cumplido todos los aspectos fundamentales y básicos de la normativa vigente en materia de contratación". En un comunicado, el concejal de Contratación, David Costa (PP), ha indicado respecto a este asunto que se garantizaron "los principios básicos de transparencia y concurrencia previstos para el procedimiento de contrataciones".

El edil popular ha afirmado que "en ningún momento se han malversado fondos", como así queda acreditado en el expediente de la obra denunciada por Los Verdes, en el que se refleja que, "en diciembre de 2007", un técnico de la Concejalía de Infraestructuras justificó y valoró "las obras necesarias para la plaza de El Escorratel" en una memoria.


* El País - 25.03.11
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com

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De la indignación a la acción

PÚBLICO* : De la indignación a la acción. Hace un mes salía a la venta en España ¡Indignaos!, un librito que se levantaba contra la indiferencia de los ciudadanos ante el retroceso de las democracias modernas, un llamamiento ante la pasividad: "La peor actitud es la indiferencia", pedía a los más jóvenes el autor del panfleto, Stéphane Hessel, de 93 años. Y como si cogiera el testigo, un nuevo libro trata ahora de dar un paso más a favor del grito de guerra, más allá de llevarse las manos a la cabeza: se trata de Reacciona, que Aguilar editará en unas semanas. Reacciona es una obra coral, coordinada por la periodista Rosa María Artal, en la que han participado representantes de diferentes generaciones y ámbitos profesionales: José Luis Sampedro, Federico Mayor Zaragoza, Baltasar Garzón, Juan Torres López, Àngels Martínez i Castells, la propia Artal, Ignacio Escolar, Carlos Martínez Alonso, Javier López Facal, Javier Pérez de Albéniz y Lourdes Lucía. Como dice Hessel, encargado aquí de prologar el tomo, "es tiempo de democracia genuina"; "es hora de actuar".

El sistema está enfermo

Los convocados tenían un objetivo: "Dirigirnos a la sociedad en general, y a los jóvenes en particular, intentando concienciar y provocar una reacción frente a las medidas neoliberales impuestas como única salida posible a la crisis", escribe Sampedro. Arma de doble uso, Reacciona mezcla el lenguaje didáctico con uno más práctico que apela al lector y le da herramientas para enfrentarse a unas medidas que afectan a su calidad de vida. Porque "es una falacia hablar de crisis financiera únicamente. La crisis es política. La crisis es del sistema de vida occidental". Según Sampedro, "estamos viviendo en pleno ocaso del mundo en que vivieron nuestros padres", debido a "un afán de saqueo propio de las hordas bárbaras" de manos de los financieros culpables de la crisis. Como dice Artal, "el sistema en el que vivimos está gravemente enfermo". El resultado es demoledor.

El prólogo de Hessel marca de manera indirecta los tres ejes que recorren el libro. El primero sería el contexto mundial de la crisis, con especial atención a lo peculiar del caso español, la burbuja inmobiliaria, el recorte de derechos sociales y las pensiones y las penosas condiciones laborales. Un mundo donde los organismos supranacionales han sido despojados de todo valor ("Europa está en coma, como así lo demuestra su apatía ante los grandes problemas", escribe Sampedro). Donde las naciones han dejado el camino libre a una economía que no es productiva sino que hace de la especulación su principal actividad y que promueve el tráfico de toda índole (drogas, armas, patentes, personas). Donde se siguen sin erradicar, tal y como se prometió ante la crisis, los paraísos fiscales y donde el secreto bancario sigue blindado. Donde los valores democráticos se han sustituido por otros capitalistas.

En su texto, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla Juan Torres López se centra en las mentiras más divulgadas y efectivas sobre la crisis, lanzadas con un objetivo: "La desmovilización ciudadana ante el reforzamiento del poder de los de siempre". Mentiras como "nadie pudo prever la crisis". "Muchos economistas adelantaron lo que iba a ocurrir", escribe Torres López. Pero las autoridades "se cruzaron de brazos" porque "lo que buscaban no era servir a los intereses públicos sino a las grandes empresas".

Por encima, la mentira más gorda: "Hay que salvar a los bancos". Para Torres López, los bancos han conseguido que se apliquen "medidas liberalizadoras que venían esperando conseguir desde hace años a pesar de que no tenían nada que ver con los problemas que habían originado la crisis": financiación a costa de derechos sociales, del mercado de trabajo, de las pensiones y de los servicios públicos.
Una sociedad anestesiada

Otro eje de Reacciona es el político, que pretende combatir la apatía ante la actitud de gobiernos y partidos. Se coincide en una fecha fundamental, "el gran antecedente de esta crisis": la políticas privatizadoras de Reagan y Thatcher: a partir de entonces, "los valores democráticos, los principios éticos por lo que tantos habían luchado, hasta dar su propia vida, la justicia social en primer lugar, se sustituyen por el mercado", según Federico Mayor Zaragoza, director general de la Unesco desde 1987 hasta 1999 y exministro de Educación y Ciencia.

En la privatización centra su texto Àngels Martínez i Castells, doctora en Ciencias Económicas y profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelona: desde Carlos Solchaga, "quien inició en 1985 la oleada privatizadora" a nuestros días. "Las privatizaciones facilitaron el camino de la mundialización poniendo en pocas manos (privadas) las empresas más rentables, los recursos fundamentales para el funcionamiento del sistema, el agua, el gas, el petróleo". Para Martínez i Castells, algunas privatizaciones de empresas públicas son "un robo con desfalco que debería figurar en el Código Penal".

Baltasar Garzón se centra en la corrupción en un contexto político donde la propaganda y la manipulación de los partidos "anestesian la memoria de los ciudadanos para conseguir el olvido o, al menos, la condescendencia" ante sus actos. Garzón pide un "contrato de los políticos con los ciudadanos" para rendir cuentas de su actuación.

Y si Garzón pide atención para que "los jóvenes y los niños conozcan desde las escuelas los hechos históricos" ocultados en España durante 40 años y Martínez i Castells hace "un llamamiento concreto a las mujeres", el periodista y columnista de Público Ignacio Escolar se dirige a "la generación estafada": "Esta nueva gran depresión ha infectado una fractura generacional que expulsa del sistema, hacia la miseria, a esa juventud a la que pomposamente se llamó ‘la generación mejor preparada de la historia de España' y que hoy vive de sueldos mileuristas y de la caridad familiar".

Escolar refleja estadísticas y datos escandalosos: los jóvenes españoles se tendrán que jubilar a los 67 en una España con "récord absoluto de paro juvenil del mundo civilizado: un 40,06 % en enero de 2011" y un salario medio por debajo de los 16.000 euros. Ello, dice Escolar, nos puede llevar a lo que el presidente del Foro de Davos, Klaus Shwab, avisó a finales de 2010: "La situación en España podría derivar en una nueva revolución juvenil, en un nuevo mayo del 68".
Revolución y redes sociales

El tercer eje se refiere a la responsabilidad de los medios de comunicación y el papel de nuevas herramientas sociales. Para Rosa María Artal, los medios no han conseguido convertirse en "remedio" contra la crisis. Lo contrario: "Su consigna prioritaria: trivializar, fabricar productos asequibles que rentabilicen la inversión". Unos medios que se han vaciado de crítica e información y se han llenado de opiniones y de notas de prensa de los partidos políticos, que se han acostumbrado a las ruedas de prensa sin preguntas.

Como todos los integrantes de Reacciona, Artal no duda del papel de internet en este escenario: "Por primera vez en la historia, toda la humanidad puede estar -y terminará estando- comunicada". Las redes sociales tienen sus riesgos (los medios caen "en la frivolidad de convertir en noticia una conversación de Twitter") y no derrumban gobiernos por sí, pero "con un balance positivo podemos afirmar que internet sí representa ¡un inmenso peligro!: la sociedad habla entre sí, al instante si quiere. Los minoritarios poderes establecidos tiemblan y quieren cercenarlo". ¿Y Wikileaks? "Otro ejemplo que ha evidenciado también la deriva del periodismo actual, que no investiga, ni se enfrenta seriamente al poder para servir a la sociedad, como manda su misión".

Reacciona se completa con dos capítulos centrados en la ciencia, a cargo de Carlos Martínez y Javier López Facal, profesores de investigación del CSIC, y en la cultura, por el periodista Javier Pérez de Albéniz ("la destrucción de la educación pública es el problema número uno de este país, de cualquier país, por encima incluso del paro, del terrorismo, de la corrupción política").
Y se cierra con la jurista

Lourdes Lucía, para quien "vivimos una auténtica contrarrevolución social". Frente a armas de dominación masiva como el miedo, el individualismo, el fomento al desprecio a la política y la democracia ("es mejor que los ciudadanos no participen, no pregunten, no controlen") y el omnipresente dinero, apunta, dispara y acierta: "Es necesario cambiar la lógica del máximo beneficio individual [...]. La atomización del trabajo, la precariedad de las condiciones laborales nos conduce al aislamiento, al enfrentamiento y a la indiferencia [...]. Hay que recuperar la comunicación directa con los demás, vernos, hablar y actuar unidos".


* Público - 25.03.11
Foto: Imagen de un manifestante con un cartel en la pasada huelga general.- publico

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Hospital grande, ande o no ande

JOAN OLMOS* : Cuando las grandes decisiones urbanísticas se toman sin tener en cuenta sus efectos sobre el equilibrio de la ciudad y el bienestar de la gente, ocurren estas cosas. Como en los sesenta, cuando se creó el campus de la Politécnica alejado del eje universitario que se estaba desarrollando en el entonces denominado paseo de Valencia al Mar. O más recientemente, cuando se construyó el edificio de los juzgados en una zona con baja accesibilidad. El argumento de que todos estos equipamientos exigen parcelas muy grandes, y por tanto difíciles de encajar en la trama urbana, no resulta muy convincente. En cuanto al nuevo hospital La Fe, parece que no son tiempos para seguir construyendo grandes centros, en una época de elevado gasto sanitario y continuos cambios tecnológicos, sino de crear eficaces redes hospitalarias, primando la asistencia primaria y las políticas de salud pública. En este modelo descentralizado, que va instalándose en Europa, los hospitales especializados no necesitan tanto espacio. Por otro lado, el gran tamaño implica una gestión más complicada, que afecta a la calidad del servicio y aumenta la despersonalización.

Como señala el arquitecto J. J. Santos Guerras, «el hospital no debía figurarse inhumano o amenazante, no debía aparecer como el alarde o demostración de poder de una organización central».
El nuevo hospital no reúne buenas condiciones de accesibilidad. En el enorme espacio ocupado (casi 20 hectáreas de huerta), el edificio principal no es permeable, lo que obliga a realizar grandes rodeos para andar de un sitio a otro, con merma de la operatividad y del humor del personal sanitario. Encajado entre el (mal llamado) Bulevar Sur y las vías del ferrocarril, el medio urbano resulta muy poco grato. Por el contrario, un entorno urbano agradable y dinámico aportaría ventajas físicas y psicológicas a las personas que trabajan o acceden al hospital. Por difícil que parezca, el margen para mejorar la situación es todavía importante, si se retoman las promesas de integración paisajística de la huerta. Con 6.000 personas trabajando en el centro y centenares que acuden como pacientes, familiares o acompañantes, el recinto es un importante nodo en la movilidad urbana. Pero basta con abrir la web del nuevo hospital, plano incluido, para comprobar que los medios más razonables de desplazamiento, es decir, andando, en bici o en transporte colectivo, resultan poco recomendables. Este último, improvisado, no cubre las necesidades de un área de influencia tan extensa como la del citado hospital, alejado de la red metropolitana. Así que no resulta extraño que las 1.600 plazas de aparcamiento para coches ya se están quedando escasas.
En otros países, y de manera obligatoria, se exigen planes de empresa para racionalizar el acceso a los grandes centros de producción o de servicios, con el menor coste económico, social y ambiental. Se trata de evitar que cada trabajador viaje solo en su coche al trabajo. Para ello se crea, por un lado, transporte de empresa, que incluye lanzaderas hasta las estaciones de ferrocarril y subvenciones al transporte público. Por otro, se dan facilidades para ir en bicicleta y se fomenta el uso compartido del coche, reservando plazas de aparcamiento para estos casos. En nuestro caso, además, habría que acercar la estación del ­ferro­carril próxima al hospital y prolongar la línea de metro desde la plaza de España, que cubriría de paso una zona urbana hoy desatendida (Ausiàs March, Malilla) y aproximaría a los trabajadores que eligieron vivir en el barrio del antiguo hospital de la avenida de Campanar.
Los problemas estructurales son de difícil solución, pero en la accesibilidad se pueden mejorar notablemente las condiciones actuales: basta con tomar nota de las experiencias suficientemente ­contrastadas y, al menos, paliar los fallos de una decisión tomada de manera poco meditada. Todos saldrían ganando, tanto el personal sanitario como los enfermos y familiares que acuden al hospital, a los que no es cuestión de añadir más penalidades.
* Ingeniero de Caminos. Profesor de Urbanismo. Universidad Politécnica de Valencia

* Levante - Opinión - 26.03.11

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