ELPERIÓDICO/Lleida* : Allí donde antes hubo viejas cabañas de ganado, las ancestrales bordas del Pirineo, ahora se erigen viviendas de alto standing, casas unifamiliares culminadas con una coqueta chimenea sobre un tejado de pizarra. A su alrededor, prados donde pastan rebaños de vacas u ovejas y espesos bosques de abetos. El sueño de paz y tranquilidad que ansía todo amante de la montaña. Tanta paz y tanta tranquilidad acabaron levantando en el Vall d'Aran las sospechas del equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, que ayer hizo pública una lista de 41 personas imputadas en presuntas irregularidades cometidas en la construcción de las bucólicas viviendas. Dos de esas personas, un exalcalde de Vielha, el socialista Joan Riu, y la secretaria del consistorio aranés entre los años 2005 y 2007, están también implicadas en un delito de prevaricación.
Los sospechosos supuestamente autorizaron, promovieron o edificaron un total de 37 casas en terrenos rústicos, en algunos casos en parajes naturales protegidos, en los términos municipales de Vielha, Es Bòrdes y Naut Aran entre el 2005 y el 2007. Esas edificaciones, erigidas en lugares antes ocupados por bordas donde se estabulaba el ganado, carecían de licencias de obra municipal y de otros permisos necesarios, informó ayer el Ministerio del Interior en un comunicado.
Fuentes próximas a la investigación indicaron que la Policía Judicial de la Guardia Civil, en colaboración con la unidad de delitos urbanísticos y de la Fiscalía de Lleida, están investigando, de hecho, un centenar de bordas del Vall d'Aran, que pueden estar incurriendo en un delito contra la ordenación del territorio, al tratarse de un suelo de especial protección.
EL CRITERIO DE LOS TÉCNICOS / El exalcalde Riu, que en la actualidad es concejal en la oposición, afirmó, en la declaración policial prestada en noviembre del 2009, que las licencias concedidas por el consistorio se otorgaron «de acuerdo con la normativa urbanística y el criterio de los técnicos municipales». Por ello, negó la existencia de irregularidades en esos trámites. Riu corroboró sus afirmaciones con documentación sobre el proceso de autorización de las obras.
Según la Guardia Civil, las viviendas investigadas no solo carecían de licencia de obra, sino también del preceptivo informe de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat y el dictamen favorable del Conselh Generau d'Aran, además de incumplir -en muchos casos- la normativa técnica en cuanto a medidas y alturas. Todas las edificaciones están situadas en suelo no urbanizable, no legalizable por su situación. Algunas se encuentran, además, en zonas incluidas en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN).
GOTEO DE DENUNCIAS / El caso se empezó a investigar a raíz de una docena de denuncias presentadas ante la Fiscalía de Lleida por la Conselleria de Política Territorial. Aunque las competencias de urbanismo están transferidas desde el 2005 al Conselh Generau d'Aran, la máxima institución de la comarca aranesa, «la Generalitat es la que habría tenido que recalificar los terrenos y, en esos casos, no se había producido la revisión», indicaron ayer fuentes del departamento. Tras esas primeras demandas, a lo largo del 2009, ayuntamientos y particulares fueron denunciando irregularidades en la rehabilitación de bordas e incluso nuevos edificios en suelo rústico del valle, bajo licencias municipales para restaurar antiguas cabañas de pastores.
El Ayuntamiento de Canejan, por ejemplo, denunció la construcción ilegal de dos viviendas en fincas rústicas, edificadas al amparo de un permiso municipal para restaurar una única borda. Algunas de las denuncias han desembocado en expedientes sancionadores de Urbanismo que, como en el caso de unas bordas en Gausac, reclaman el derribo de las casas.
* El Periódico - 28.10.10
Foto: Valle de Aran, bordas - nevasport.com
Imputadas 41 personas en Aran por construir chalets en suelo protegido
El fiscal de Brugal implica a directivos de Bancaja y CAM
LEVANTE/Alacant* : El alcance del caso Brugal trasciende a la alcaldesa de Alicante, a su antecesor Luis Díaz Alperi y al constructor Enrique Ortiz. El sumario, que contiene varios informes policiales, implica en el escándalo de presunta corrupción a un total de 21 personas. Entre ellas, al ex presidente de la CAM Vicente Sala, a la mujer de Ortiz, a directivos de Bancaja y de la propia Caja de Ahorros del Mediterráneo, así como a empleados y amigos del constructor y a un hermano de la alcaldesa de Alicante. El jefe de la elaboración del Plan General también estaría implicado en la trama, según el acusador público. Además, otro de los que están salpicados por el caso Brugal es el hijo del anterior alcalde Luis Díaz Alperi.
Informe de la Unidad de Blanqueo
La policía reclamó para poder hacer frente a la investigación los datos fiscales de 25 empresas a la Agencia Tributaria, muchas de ellas vinculadas a Enrique Ortiz. Entre estas firmas, la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UDEF pidió a Hacienda los movimientos de ingresos y pagos de la firma Salvetti Abogados y Consultores SLP, creada por Javier Gutiérrez Miguélez —colaborador externo del equipo de redactor del PGOU de Alicante— y José Luís Castedo Ramos, hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo. La investigación apunta a que esta mercantil estaría colaborando de manera irregular con Enrique Ortiz para la obtención de beneficios por parte de éste en relación a las modificaciones en el citado plan.
Entre la relación de firmas figuran también tres mercantiles –Verass Operadores Publicitarios, Obras Profesionales Alicante y Mas Pcovein– vinculadas a uno de los hijos del ex alcalde Luís Díaz Alperi, sobre las cuales Ortiz habría aportado patrimonio, tanto para su constitución y contratación como, supuestamente, para la continuación de unas obras, según consta en uno de los informes policiales adjuntos.
Entre el listado también se citan varias empresas de Ortiz, entre ellas Enrique Ortiz e Hijos, principal mercantil de contratación de obra pública del grupo Cívica.
El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales destaca que ha sido adjudicataria de carreteras y un tramo del TRAM de Alicante por parte de la Conselleria de Obras Públicas a cambio, según la Policía, de una aportación al Mar Alicante de Balonmano Femenino.
Un campeón de rallies medió entre Ortiz y la administración del PP
El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la UDEF pone de manifiesto diversas aportaciones de Ortiz a empresas de Miguel Ángel Fuster, campeón de España de Rallies, como contraprestación a su labor de intermediación entre el empresario alicantino y diferentes instancias de la administración autonómica. Asimismo, «parecen registrarse», según cita el documento, «abonos al despacho de abogados en el que trabajaría el padre de Ricardo Costa» como contraprestación a supuestas gestiones llevadas a cabo por su hijo. También se pidió información sobre empresas de Ángel Fenoll y Rafael Gregory, así como del Hércules SAD. Entre las firmas también destaca Cala Merced, filial de Ecisa y promotora de los pisos que presuntamente Ripoll adquirió como contraprestación a su presunta mediación en el Plan Zonal; o Tabarka Media y Canal 37 de Televisión, las empresas en las que, supuestamente, Ángel Fenoll inyectó dinero a instancias de Ripoll para compensar su presunto apoyo en el plan zonal de residuos.
* Levante - 26.10.10
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi (archivo) - adn
Boadilla.- Tres ex cargos del PP cobraron 780.000 euros de soborno por una obra
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PÚBLICO/Madrid* : Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla (Madrid), y dos de sus más estrechos colaboradores, el todavía diputado Alfonso Bosch y el ex directivo de la empresa local de suelo, Tomás Martín Morales, se repartieron en 2007 un soborno de 780.000 euros que, presuntamente, pagó Constructora Hispánica por una sola obra: el Parque de la Salud y el Deporte, adjudicado en 29,6 millones de euros pese a que la oferta de Hispánica no había sido la mejor valorada por los servicios técnicos municipales. Así consta en un informe policial incorporado al sumario Gürtel y al que ha tenido acceso Público.
El informe desvela cifras exorbitantes. Porque la comisión ilegal pagada por Hispánica, ahora en manos de propietarios ajenos al caso, fue aún mayor: 900.000 euros "como mínimo", dice el informe. Esa cifra equivale al 3,53% de la adjudicación de la obra sin IVA. A Panero y sus correligionarios, los tres imputados, no llegó todo el dinero: Pablo Crespo, considerado el lugarteniente de Correa en la red Gürtel, retuvo 120.000 euros.
González Panero, El Albondiguilla como lo llamaba la trama, cobró 510.000 euros. Martín Morales, uno de los hombres fuertes de Correa para sus gestiones en ayuntamientos del PP, recibió 150.000. Y Alfonso Bosch, entonces gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla, se hizo con 120.000 euros, según el informe policial.
Los archivos de la contabilidad secreta de la red corrupta han resultado, de nuevo, cruciales para tirar del hilo. El informe policial cita los denominados Caja B Actual.xls y Box V51x.ls, que reflejan la entrada de los 900.000 euros en las arcas de la trama corrupta. La red, continúa la Brigada de Blanqueo, se refería al concurso con la referencia "Neveras -2" al concurso del Parque del Deporte, "que origina el cobro de una cantidad tan elevada en concepto de comisión". El dinero para los tres políticos se entregó en mano a Tomás Martín. El archivo Box 51 lo hace constar, así como los criterios para su reparto con Panero, "Ref. Albondiguilla" y Bosch, a quien la red llamaba "Bujías", relata el informe.
Premio al empleado
El soborno, argumenta la policía, podía ser aún mayor si se computan otros 150.000 euros anotados en la contabilidad opaca de la trama el 22 de mayo de 2005 con idéntica referencia: "Neveras-2".
Según la policía, que se basa en la contabilidad de la trama, cobraron el 22 de mayo de 2007. Tres semanas antes, el 11 de mayo, el ayuntamiento había adjudicado el Parque del Deporte a Hispánica. Para la adjudicación fue clave un informe de los técnicos de Deportes que contradecía al emitido por los servicios técnicos. Lo firmó un empleado eventual, y fue él quien inclinó la balanza en favor de Hispánica. Un mes después, fue nombrado director técnico de Actividades Físico Deportivas.
* Público - 27.10.10
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
El vertedero de Torremolinos echará el cierre antes de que finalice el año
SUR/Málaga* : El único basurero al aire libre que queda en la provincia tiene los días contados. El Ayuntamiento de Torremolinos hizo pública ayer por primera vez su intención de cerrar el vertedero municipal. Lo cierto es que no le queda otra opción, ya que hay un auto del pasado 29 de enero del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº1 de Málaga que así lo ordena, pero tampoco es menos cierto que desde entonces se ha venido demorando su sellado. De momento no hay fecha fijada, pero fuentes municipales confirmaron ayer a este periódico que será antes de que finalice el año.
De esta forma se pondrá fin a un largo litigio que arrancó en 2006 con la apertura de un expediente sancionador por parte de la Delegación Provincial de Medio Ambiente con el argumento de que las instalaciones no cuentan con la pertinente autorización administrativa, carece de estudio de impacto ambiental y entraña un riesgo de contaminación para los acuíferos del subsuelo de la sierra, de donde se abastecen Torremolinos, Benalmádena y Alhaurín de la Torre. En el otro bando, el gobierno municipal del PP, con Pedro Fernández Montes a la cabeza, siempre ha defendido la legalidad del complejo esgrimiendo que todo este proceso responde a una «persecución política» por parte del PSOE. Unas palabras que ayer volvió a pronunciar en repetidas ocasiones el primer teniente de alcalde, Ramón del Cid, encargado de anunciar el cierre del vertedero, en cumplimiento de un pronunciamiento judicial que «hay que acatar». «La persecución del PSOE con el argumento del vertedero se inició nada más empezar a gobernar el PP, en 1996, mientras desde que se abrió en 1990 hasta 1995, cuando el PSOE seguía gobernando el municipio, no se produjo ni un solo problema», afirmó.
Aunque el Consistorio ha mantenido el pulso hasta el último momento, de puertas para adentro llevan meses haciendo cuentas para valorar el sobrecoste que conlleva trasladar la basura a la planta de tratamiento de Casares (está a 96 kilómetros), gestionada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y a la que llegan todos los residuos desde Manilva hasta Benalmádena (salvo Mijas, que tiene su propio vertedero).
A partir del 1 de enero de 2011
El cálculo, realizado en base a las 46.000 toneladas que se han recogido en lo que va de año, indica que el coste del servicio podría ascender a 39 euros más por tonelada o, lo que es lo mismo, 1,8 millones de euros. Un tercio será sufragado por las arcas municipales, mientras que el resto saldrá del bolsillo de los ciudadanos. Para ello, el equipo de gobierno tiene previsto aprobar hoy en pleno una modificación de la tasa de basura para que, a partir del 1 de enero de 2011, esta subida venga reflejada en el recibo, la cual será proporcional en función de cada consumo.
El anuncio del cierre del basurero fue aplaudido ayer por la delegada provincial de Medio Ambiente de la Junta, Remedios Martel, quien lamentó la «actitud irresponsable» del Ayuntamiento «durante años a sabiendas de que el vertedero es ilegal, como después ha quedado demostrado en una resolución judicial». En cuanto al encarecimiento de la tasa de basura, Martel acusó al equipo de gobierno de usar esta situación para justificar «una subida encubierta», además de recordar que el sellado del vertedero «debió llegar hace años, con lo que habrían tenido tiempo suficiente para analizar la gestión de los residuos».
* Sur - 26.10.10
Foto: Torremolinos, la Carihuela - listandalucia
Baleares.- La Fiscalía mantendrá la imputación de Maria Antònia Munar
DIARIODEMALLORCA* : La Fiscalía Anticorrupción mantendrá la imputación de la ex presidenta del Parlament balear Maria Antònia Munar en el "caso Can Domenge", sobre supuesta corrupción en la venta de un solar, cuya fase de instrucción ha pedido que se dé por finalizada. Según han informado a Efe fuentes del caso, la también ex presidenta del Consell de Mallorca y de Unió Mallorquina seguirá imputada en esta causa de supuesta corrupción que investiga la titular del juzgado de instrucción nº12 de Palma.
El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, afirmó ayer que "en pocos días" el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, decidiría si levantar o no la imputación de Munar en esta causa, así como del ex conseller de Medio Ambiente del PP Jaume Font en el "caso Plan Territorial de Mallorca".
Los fiscales Anticorrupción han pedido hoy a la jueza instructora de "Can Domenge" que dicte un auto de incoación de procedimiento abreviado, lo que daría por terminada la investigación y pasaría a la siguiente fase judicial, en la cual la Fiscalía y las defensas deberán presentar sus escritos.
En este caso se investiga un presunto cobro de comisiones en el pasado mandato por parte de miembros de UM, gracias a la venta por el Consell del terreno palmesano de Can Domenge, que se adjudicó por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.
La Fiscalía ha ultimado el escrito de acusación, en el que también están imputados el portavoz del PP en el Consell, Fernando Rubio; el ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal (UM); el ex conseller insular de Economía y ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, y el ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens (UM).
Munar y Nadal están imputados en otra causa de supuesta corrupción, el "caso Maquillaje", y serán juzgados por una pieza de la misma en la cual la Fiscalía pide para ellos una pena de 6 años de cárcel por malversación, falsedad y prevaricación.
Munar afirmó en el pasado mes de julio ante la jueza del "caso Can Domenge" que ella no cobró ninguna comisión por la adjudicación del solar, y añadió que no le constaba que "nadie" lo haya hecho.
La ex presidenta del Consell -imputada por fraude, tráfico de influencias e información privilegiada- defendió el expediente de adjudicación del solar y aseguró que estaba "convencida" de que se tramitó correctamente.
Agregó que "nadie", ni la oposición ni los demás grupos del Consell, manifestó nada en contra de las bases del mismo.
Munar dijo desconocer un primer pliego de este concurso en el que el precio inicial era de 20 millones de euros, rechazado por la Intervención del Consell.
En las condiciones finales del concurso, del que existieron hasta ocho pliegos, se establecía que el precio máximo por el que se podía enajenar Can Domenge eran 30 millones de euros, una decisión en la que Munar afirmó no haber participado formalmente.
* Diario de Mallorca - EFE - 27.10.10
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com
Recuperemos Andalucía verde.- Greenpeace
YouTube- Greenpeace - octubre 2010
A menos ladrillos, menos chorizos
ANXEL VENCE* : Una organización dedicada a medir el nivel de mangancia de los gobernantes constata en su último ranking que el número de chorizos ha dejado de crecer aquí tras varios años de pertinaz subida. España, que había caído del puesto 23 al 30 en la peculiar liga que ordena de menor a mayor los países más corruptos, consigue mantenerse esta vez; pero ello no quiere decir que hayamos recuperado la virtud y el decoro. Infelizmente, los voceros de “Transparency International” –que así se llama la benemérita ONG– atribuyen el descenso en la cifra de corruptos al derrumbe del negocio inmobiliario que tanto dinero hizo correr por arcas privadas y públicas. No se trata tanto de que haya aumentado el nivel de honradez como de que se estancase el flujo de billetes de 500 euros y, con ellos, las tentaciones en las que al parecer caían algunas de las gentes con mando en plaza de este país. A menos ladrillos, menos chorizos: tal es, en apariencia la deducción a la que han llegado los analistas de “Transparency”, estableciendo así un sorprendente vínculo entre el ramo de la construcción, el de la política y el de los embutidos.
Tampoco es que hayan descubierto América. Basta un somero vistazo a las secciones de economía y/o de sucesos de los periódicos para colegir que la construcción era hasta hace poco un terreno abonado –con billetes– en el que los corruptos florecían con mayor abundancia que el forraje. Nada más natural si se tiene en cuenta que cualquier alcalde o incluso un mero concejal del estratégico sector de Urbanismo disponían de una varita mágica capaz de obrar prodigios en las fincas. Un simple toque de la varita –o el lápiz– de recalificar era suficiente para que empezasen a crecer ladrillos y dinero en un solar hasta entonces improductivo y carente de valor.
Tales milagros requerían, como es lógico, la existencia de políticos de moral distraída que a menudo experimentaron un súbito crecimiento de su patrimonio mientras duró la década de oro del hormigón. Algunos de ellos entraron muy a su pesar en tratos con la Justicia durante ese período que, no por casualidad, coincide con el brusco descenso de posiciones de España en la clasificación de honradez de “Transparency International”.
El reflujo de aquella marea tiene su mejor expresión gráfica en el banquillo que acogió a todo un batallón de encausados por los sucesos urbanísticos de Marbella. Ahí se mezclan en alegre barahúnda los políticos, los constructores, las folclóricas y las gentes de las revistas del colorín para recordarnos que este sigue siendo, por otras vías, el país de Luis Candelas.
Con todo, la ola de mangancia que anegó España al abrirse las compuertas de la especulación podría estar tocando a su fin de ser ciertas las apreciaciones de los observadores internacionales. Del mismo modo que una vez muerto el perro se acaba la rabia, también la corrupción tendería a disminuir con el cierre del negocio que la sustentaba: o eso sostienen al menos en “Transparency” desde su dilatada experiencia en choricería mundial. Ya que no la honradez, será la necesidad la que acabe con el urbanismo basado en la ley de Mahoma, según la cual tanto gana el que da como el que toma. La mejora de posiciones de España en la liga mundial de la corrupción sugiere que se acabó lo que se daba y, por tanto, lo que se tomaba.
Por desdicha, la caída del imperio inmobiliario que ha privado de oportunidades a los corruptos se llevó también el empleo de millones de trabajadores y la ilusión –breve, pero intensa– de que este era un país próspero. A diferencia de otras naciones más aburridas e industriosas, España confió al casino de la vivienda todas sus posibilidades de crecimiento; y ahora no existe un Plan B con el que suturar la hemorragia de paro que está desangrando su economía. Siempre nos quedará, eso sí, el viejo consuelo de ser pobres pero honrados.
anxel@arrakis.es
* Faro de Vigo - Opinión - 27.10.10
