Mallorca.-El juez imputa a la ex consellera Julve por el pago de las facturas infladas

DIARIODEMALLORCA* : El juez Enrique Morell, que instruye el denominado caso Cloaca, ha imputado a la ex consellera del Consell de Mallorca Catalina Julve, de Unió Mallorquina, por su presunta implicación en este nuevo escándalo de corrupción. Esta citación como imputada responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera, basándose en las declaraciones de los implicados en el caso, que la máxima responsabilidad de estas irregularidades aterriza en la figura de la actual portavoz de UM. Los fiscales mantienen que Julve estaba informada de que el Consell estaba pagando miles de euros, a través de facturas infladas, por trabajos que no se hacían, y que ella autorizó y firmó la contratación del empresario Simón Galmés por un trabajo que apenas hizo, pero por el que cobraba 9.000 euros al mes. El juez llamará a declarar a Julve proximamente para que pueda explicar todo el rosario de presuntas irregularidades que se han descubierto en el departamento que dirigía.

Esta decisión se produce el mismo día que el juez tomó declaración a los dos funcionarios implicados en la operación Cloaca, que afecta al sistema de recogida selectiva de residuos de Mallorca. Ambos funcionarios volvieron a implicar al ex director insular, Guillem Riera, quien fue detenido por este caso.
La funcionaria Maria Morey mantuvo ayer ante el juez que en el departamento de residuos siempre se siguieron las indicaciones políticas. Negó que el sistema de cobro de facturas infladas, en las que se abonaban a las UTE toneladas de residuos que no se ha-bían recogido, fuese a iniciativa de los funcionarios, sino que se trató de una decisión política. Y esta orden vino del ex director insular, quien impuso –según la imputada– a los funcionarios que abonaran las facturas a pesar de que se sabía que se pagaban trabajos que no se habían realizado.
A pesar de ello, la funcionaria interina, que es economista pero que no actúa como tal, nunca tuvo la certeza de que se estaba cometiendo una irregularidad. La mujer, defendida por el abogado Josep de Lluís, explicó que el Consell no podía pagar las facturas que presentaban las otras empresas, contratadas por los ayuntamientos, que se encargaban de la recogida de basura puerta a puerta por distintos municipios de Mallorca. Y no podían pagar este dinero porque la institución insular no tenía suscrito ningún contrato con estas empresas, por lo que no consideró ilegal que se abonara las facturas a las UTE que tenían encomendada la labor de esta recogida. La funcionaria explicó que hasta hace poco no conocía al empresario de Portocristo, Simón Galmés, que había sido contratado para que se encargara de controlar a las UTE. Tampoco conocía su sueldo.
Argumentos parecidos sostuvo ante el juez el otro funcionario, Gabriel Perelló. Al igual que su compañera, y tal como ya había hecho en su declaración policial, insistió ante el magistrado que se limitó a cumplir órdenes superiores. Perelló, que fue defendido por el abogado Bartomeu Oliver, sostuvo que el sistema de facturación de las UTE fue una imposición política, y afirmó que fue el ex director Guillem Riera quien le ordenó de qué forma debía tratar a las empresas concesionarias.
Al funcionario, que fue detenido en las oficinas del Consell de Mallorca, se le mostraron una serie de facturas infladas que recogen las cantidades de residuos que se han pagado pero que no se han recogido, y en las que figura su firma. El ingeniero del Consell reconoció su rúbrica, pero insistió una vez más que los datos que reflejaban estos documentos públicos le fueron indicados por su superior jerárquico, en este caso el ex director insular, quien también fue detenido el pasado jueves y al día siguiente puesto en libertad.
El funcionario también desmintió al ex alto cargo de UM, quien mantuvo ante la Policía que apenas conocía de vista al empresario de Portocristo que se llevaba una mensualidad de 9.000 euros por controlar el trabajo de las UTE contratadas para recoger los residuos. Afirma Perelló que fue Riera quien le presentó personalmente al empresario Simón Galmés y le dio órdenes para que trabajara con él, y qué tipo de relación laboral debía mantener con el dueño de esta empresa.
Por otra parte, Unió Mallorquina negó ayer, a través de un comunicado, "de forma rotunda y taxativa" su relación con este caso, y rechaza que el partido hubiera recibido financiación ilegal a través de la recogida de residuos. UM sostiene que se trata de irregularidades administrativas.



* Diario de Mallorca - 19.01.11
Foto: Operación Cloaca - diariomallorca