ELPAÍS/Málaga* : La Audiencia de Málaga resolvió el pasado miércoles una de las últimas incógnitas que quedaban por despejar del famoso caso Malaya contra la corrupción marbellí: la fecha del juicio. El próximo 27 de septiembre, a las 10.00, el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y otros 94 procesados se sentarán en el banquillo por el caso de corrupción municipal más famoso del país. Junto al ex asesor de Urbanismo, acusado de amasar ilegalmente un patrimonio valorado en al menos 50 millones de euros, están citados tres ex alcaldes de Marbella, concejales de diferentes formaciones, empresarios y abogados.
La vista tendrá tres ausentes huidos de la justicia (los ex concejales marbellíes Carlos Fernández y Javier Lendínez, y el empresario Carlos Llorca). Además, en los cuatro años largos que han transcurrido desde que se desató la operación policial han fallecido tres imputados: el ex edil Victoriano Rodríguez y los empresarios Emilio Rodríguez Bugallo y Eduardo Ramírez.
En un auto, notificado ayer, la Sección Primera de la Audiencia sobresee la acusación contra el policía local marbellí Alfonso Mendoza Bellido. El agente estaba acusado, junto a un policía nacional y un guardia civil cuyas imputaciones también han sido archivadas, de comprobar las matrículas de vehículos que seguían a Roca en las bases de datos para ver si estaba siendo objeto de vigilancias policiales.
Entre los que sí irán a juicio figuran ex concejales, como Marisol Yagüe, Julián Muñoz o Isabel García Marcos, que supuestamente avalaban decisiones urbanísticas irregulares al tiempo que se llenaban los bolsillos con sobres de dinero negro que les proporcionaba Roca.
También están los testaferros -generalmente abogados y economistas como Manuel Sánchez Zubizarreta o Montserrat Corulla- que gestionaban y ocultaban los bienes de Roca en una tupida maraña societaria.
Otro grupo lo componen los promotores inmobiliarios, como José Ávila Rojas, o los directivos de Aifos, acusados de pagar sobornos para obtener licencias de obra y jugosos convenios urbanísticos. En la nómina de procesados también figuran proveedores de bienes como obras de arte, relojes de lujo, o billetes de lotería premiados que supuestamente permitían a Roca blanquear sus ganancias ilícitas.
La vista durará un año aproximadamente, según la Audiencia, y dada su magnitud tendrá prioridad sobre otras causas que se enjuician ahora en la Ciudad de la Justicia malagueña, como el caso Minutas y Ballena Blanca.
Para que celebre el juicio se han tenido que hacer algunos cambios sobre el procedimiento habitual. A partir de hoy, el fiscal y las acusaciones particulares -Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado- disponen de 30 días para presentar sus escritos de calificación. Posteriormente, las defensas de los 95 procesados contarán con un periodo similar para entregar sus escritos de defensa.
"Si los plazos fuesen sucesivos exigirían 10 años para la instrucción y 10 años para la calificación (30 días por 116 partes para instrucción y otros tantos para calificación)", explica el auto, un tiempo "disparatado e inasumible" por el tribunal. El trámite habitual es que se determine la fecha de juicio después de que las partes hayan presentado sus escritos de acusación y defensa. Sin embargo, en esta ocasión la sala adelanta este trámite al auto de apertura para que la pléyade de abogados "no tenga cubierta sus agendas con otros señalamientos".
30 causas derivadas
Los flecos se investigarán por separado. Al mismo tiempo que la Audiencia Provincial ha acordado la fecha en la que arrancará el juicio por el
caso Malaya
ha decidido hacer caso a las peticiones del Ministerio Fiscal para que se abran una treintena de nuevos procesos penales derivados del
caso Malaya,
tal y como reclamó el delegado de la Fiscalía Anticorrupción Juan Carlos López Caballero en su escrito de conclusión del sumario. Esas investigaciones abordarán la actividad de varios empresarios y marchantes de arte que tenían negocios con Juan Antonio Roca; más de una veintena de operaciones urbanísticas en las que supuestamente hubo pagos a Roca y que, sin embargo, no habían sido aún denunciadas en los tribunales; o las pesquisas sobre una "subred de blanqueo" en los que estarían implicados familiares de Jesús Gil, entre otras. López Caballero también pidió que se investigara un presunto delito de alzamiento de bienes contra Óscar Benavente, presunto testaferro de Roca, por la transmisión de una vivienda cuando ya había arrancado el caso.
Cronología del caso
- Noviembre 2005. El juez Miguel Ángel Torres abre las diligencias de investigación.
- 29 de marzo de 2006. Primera fase. Una veintena de detenidos, entre ellos, el ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca; la alcaldesa, Marisol Yagüe; la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos; siete abogados y una decena de empresarios.
- 1 de abril de 2006. Juan Antonio Roca ingresa en prisión.
- 7 de abril de 2006. Disolución del Ayuntamiento de Marbella.
- 27 de junio de 2006. Segunda fase. Una treintena de detenidos, entre ellos el alcalde en funciones, el ex futbolista Tomás Reñones, una decena de ediles del GIL, promotores inmobiliarios y empresarios.
- 19 de julio de 2006. Tercera fase. Detienen al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y a directivos de la promotora Aifos. La esposa de Muñoz, Mayte Zaldívar, su hermano y el director de una sucursal bancaria serán detenidos meses después.
- 14 de marzo de 2007. Cuarta fase. Detenidos familiares de Juan Antonio Roca: su esposa María Rosa Jimeno, su hija, María Roca y el cuñado Antonio Jimeno.
- 1 de mayo de 2007. Detenidos Pedro Román y su hija.
- 3 de mayo 2007. Arrestan a la tonadillera Isabel Pantoja.
- Julio de 2007. Primer auto de procesamiento, con 86 imputados.
- Marzo de 2009. 17 nuevos imputados.
- Enero de 2010. Cierre del sumario.
- Febrero de 2010. La Audiencia resuelve los recursos contra los autos de procesamiento.
- Mayo de 2010. La Audiencia abre juicio oral por el caso Malaya. El tribunal decide sentar en el banquillo a 95 procesados y fija el juicio para el 27 de septiembre.
* ELPAIS.com - 21.05.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
El tribunal del 'caso Malaya' sienta en el banquillo a 95 procesados
Cabanas: El Superior ordena al Concello derribar la primera fase de O Penso antes de 2012
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordena al Concello de Cabanas a derribar la primera fase del edificio O Penso, también conocido como Elpidio, antes del 31 de diciembre de 2011. El auto emitido el pasado treinta de abril acepta el plan de etapas para la ejecución del derribo presentado por la Administración local y le obliga a cumplir con la sentencia del año 1996, confirmada en 2001, por la que el Ejecutivo tiene que demoler la primera fase de este inmueble por incumplir la normativa urbanística del municipio.
Además, el TSXG le obliga a que informe de forma periódica sobre su evolución, "con certificación de las unidades de obra demolidas y documentación gráfica" en las primeras semanas de los meses de julio y octubre de este año; en febrero, junio y octubre de 2011, "así como en la semana siguiente a su demolición".
También advierte de que el incumplimiento de estos plazos informativos conllevará una multa de 1.200.000 euros al alcalde, Germán Castrillón Permuy, "multa que se le impondrá por igual importe si no cumple con la demolición antes del 31 de diciembre de 2011".
El auto señala que el Ayuntamiento ha adjudicado las obras de demolición a la empresa Applus Norcontrol S.I.U pero el concejal de Iniciativa Veciñal Cabanesa (IVC), Juan María Campos, asegura que por el momento los trabajos para demoler la primera fase de este edificio no han comenzado. Ya a principios del pasado mes de abril, el grupo mixto, integrado por el Partido Socialista e IVC, denunció que el Gobierno local no había previsto en los presupuestos municipales de 2010 una cantidad de dinero para realizar el derribo.
El grupo mixto de Cabanas condenó la actuación de la Alcaldía "por su implicación en el proyecto de ejecución de las sentencias, tratando de burlar a la Justicia con estudios y alternativas de reposición inasumibles por ser la sentencia firme".
* La Opinión Coruña - 22.05.10
Foto: Fachada principal del edificio Elpidio, también conocido como O Penso. / la opinión
La ex alcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz acumuló un patrimonio de tres millones
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : La ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, detenida en el marco de la Operación Jable y en prisión preventiva desde hace un mes, acumuló al menos un patrimonio de tres millones de euros durante su mandato en la alcaldía. Déniz fue alcaldesa entre el año 2000 y 2007. Accedió a la alcaldía en las filas del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) por una moción de censura, repitió mandato por esas siglas en 2003, y en 2005 se pasó a las filas de Coalición Canaria (CC), donde milita actualmente. La ex alcaldesa es profesora de educación secundaria.
La investigación ha detectado un aumento considerable del patrimonio de Déniz. Entre sus propiedades constan una casa en Playa Honda, un bungaló en la playa de Famara, una casa y una finca en Los Valles (todas ellas en Lanzarote), una casa en Las Palmas, varios coches y un yate regalado por un empresario lanzaroteño.
Además, según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Déniz recibió regalos por valor al menos de 20.000 euros, entre ellos un reloj de la marca Rolex y bolsos. Varios de estos regalos los habría aportado el empresario Jacinto Álvarez, gerente de Urbaser, también encarcelado en la actualidad de forma preventiva.
Una de las tramas principales investigadas en la primera fase de la Operación Jable tiene que ver con Urbaser. Se investiga el presunto pago de 300.000 euros por la renovación del contrato de limpieza y recogida de basura municipal a esta empresa en 2002. De esos 300.000 euros, la mitad habría ido a parar a Déniz y la otra mitad al entonces secretario local de Arrecife del PSOE, Miguel Ángel Leal, imputado en la causa y cuya esposa, Nuria Cabrera, era concejal de urbanismo en ese momento por ese mismo partido.
PABELLÓN DE ARGANA. Otra de las tramas investigadas en relación con Déniz es la construcción del pabellón deportivo de Argana Alta por parte de la constructora FCC. En este caso, el juez sigue la pista de un viaje pagado por esta empresa a Déniz y su familia (incluida su hermana la Vicenconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz) a Marruecos en noviembre de 2005.
FCC nunca había trabajado para el Ayuntamiento de Arrecife y partir de esa fecha se le encargan varios contratos, ente ellos el del pabellón de Argana. La obra se adjudicó por algo más de ocho millones de euros, un ocho por ciento menos de lo licitado inicialmente.
En octubre de 2006 se aprobó en pleno un modificado del proyecto inicial para incluir el proyecto eléctrico, que costó exactamente el ocho por ciento de la cantidad adjudicada al principio. El pabellón, además, se inauguró con material de gimnasio de segunda mano.
La instalación eléctrica se encargó a una empresa, Gamma 3, cuyos administradores son tres de los detenidos e imputados en esta causa: Julio Romero, Manuel Spínola (ingeniero del Cabildo) y el jefe de la oficina técnica municipal Rafael Arrocha, también encarcelado. Esta empresa también habría recibido otros encargos de las administraciones locales.
ASESORA. La ex alcaldesa dejó su acta de concejal tras perder las elecciones de 2007 y fue contratada como asesora en materia de formación por parte de la Academia Canaria de Seguridad, adscrita a la Consejería de la que forma parte su hermana. Déniz cobraba cerca de 70.000 euros anuales brutos.
En su declaración ante el juez del Juzgado número 5 de Arrecife, tras su detención el pasad 19 de abril, según fuentes consultadas por esta agencia, María Isabel Déniz negó todas las acusaciones que se le imputan.
* La Provincia - ACN - 21.05.10
Foto: Arrecife (Lanzarote), operación urbanística - laprovincia.es
Condenan al Valencia a pagar 18 millones de euros
LEVANTE* : El Valencia ha sido condenado a pagar 18 millones de euros a la empresa Hoteles Lao Garriga HLG por la rescisión del contrato que ambas partes firmaron en 2001 para la construcción de un hotel de 115 habitaciones junto al actual Mestalla en la esquina de la Avenida de Aragón. A los pocos meses de firmar el contrato surgió la posibilidad de reclasificar la parcela del viejo Mestalla y construir un nuevo estadio.
Ambas partes rescindieron el contrato pero Lao Garriga exigió los 18 millones de penalización.
Las negociaciones se dilataron y tras la llegada de Juan Soler acabaron de romperse, a pesar de que Lao Garriga propuso como indemización 3,5 millones y una parte del terciario del futuro estadio. Lao y Garriga emprendió una batalla judicial que ahora ha visto su sentencia. Según informó anoche Ràdio 9, la sentencia firme obligaría al Valencia a provisionar en breve en sus cuentas los 18 millones aunque puede recurrir al Tribunal Supremo o negociar con la empresa cómodos plazos de pago.
* Levante-emv - 7.05.10
Foto: Valencia, nuevo estadio y hotel 20 alturas - levante-emv.com
El Ejido adjudica más obras a un imputado por corrupción
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ELPAÍS/Almería* : El Ayuntamiento de El Ejido volvió a adjudicar ayer obras al empresario José Carlos Lirola, uno de los principales imputados en la trama de corrupción que se investiga en el municipio. Dos de las empresas que administra han sido elegidas para ejecutar actuaciones por valor de 1,53 millones de euros. "¿Por qué no se va a adjudicar a Lirola?", preguntó la portavoz del equipo de gobierno, Adela Cantón. "Se deben dar unos motivos legales que, hasta la fecha, no se dan", defendió. Lirola y sus hermanos Gabriel y Francisco Javier lograron eludir en diciembre su ingreso en prisión por presunto cohecho y tráfico de influencias tras abonar fianzas de 50.000 euros.
La UTE formada por Movimientos de Tierra Hermanos García Motril y la sociedad mercantil Contenedores Lirola, administrada por los tres hermanos que se han visto implicados en el caso Poniente, ha resultado elegida provisionalmente para desarrollar el proyecto de conducciones de saneamiento de la costa a la depuradora de la Cañada de Ugíjar, que cuenta con un importe de 1,24 millones. A Ingeniería y Obras Lirola, la junta de gobierno local le adjudicó también, por 293.961 euros, el proyecto de vallado, limpieza y obras en el parque arqueológico Ángel Aguilera.
Sobre esta sociedad mercantil, creada por el empresario meses después de su arresto por la intermediación en la compraventa y el arrendamiento de terrenos, recayeron ya la pasada semana cuatro obras del Plan E valoradas en 243.520 euros. Entre estos trabajos se encontraban algunos como la conexión con fibra óptica y la dotación de suministro eléctrico de distintos edificios municipales.
"Para que una persona no pueda hacer contrataciones debe estar condenada por sentencia firme, lo que no ocurre en este caso", insistió la portavoz de un equipo de gobierno que cuenta con un alcalde titular, Juan Enciso, encarcelado, y un regidor sustituto, Ignacio Berenguel, imputado por su supuesta implicación en la trama de corrupción. Los Lirola son sospechosos de haber participado mediante el supuesto pago de comisiones de hasta 1,8 millones para ser privilegiados en los contratos con Elsur.
Cantón se refirió también a la propuesta formulada el miércoles por el PSOE de El Ejido sobre una moción de censura. Para prosperar, requeriría del respaldo de tres ediles del Partido de Almería, fundado y presidido precisamente por Enciso. "No sé qué cuentas habrá hecho", ironizó a este respecto Cantón. Inmediatamente, advirtió de que el actual equipo de gobierno se seguirá manteniendo en sus puestos. "Y no vamos a cambiar", agregó antes de respaldar por enésima vez a su líder.
El "apoyo incondicional" de Cantón se produjo el mismo día que se cumplían siete meses de la intervención del Ayuntamiento y del arresto de 20 personas, entre ellas Enciso, quien continúa en prisión.
* ELPAIS.com - 21.05.10
Foto: El Ejido (Almería), ayuntamiento - costatropicalinformacion.info
Alcoy: La entrega de las viviendas de Serelles lleva tres años de retraso
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INFORMACIÓN/Alicante* : Las primeras viviendas de la zona de Serelles, del total de 1.500 previstas inicialmente, debieron haberse entregado hace ahora tres años, según ha puesto de manifiesto un informe remitido a un juzgado de Alcoy, en el contexto de un proceso complementario. Hay que significar que la promotora Luxender lleva ya 19 meses en suspensión de pagos y sin que los trabajos de urbanización y construcción, que se dejaron inacabados, hayan avanzado un ápice en todo este tiempo.
El proyecto "estrella" del gobierno del PP de Alcoy, adjudicado en solitario en el pleno del 29 de julio de 2005, contemplaba la construcción en 3 fases de 1.500 viviendas en la zona de Serelles, un proyecto del que solamente se ha impulsado la primera, con un total de 500 casas, entre adosadas y unifamiliares. Las obras comenzaron, pero la crisis del ladrillo cogió de lleno a la promotora, la firma Luxender SL, que se vió obligada a declarar concurso de acreedores (suspensión de pagos) el 27 de octubre de 2008. El pasivo acreditado ante el juzgado alcanzaba los 30 millones de euros.
La crisis de la empresa impactó de lleno en los compradores de las viviendas, que se vieron con importantes cantidades pagadas y unas casas que no se podían habitar, a pesar de que algunas estaban prácticamente terminadas. Algunos propietarios, según ha sabido este diario, optaron por ejecutar sus avales, una operación que en el caso de la CAM se desarrolló satisfactoriamente, pero que en el de Caja de Ahorros de Galicia se complicó, debido a que se negó a hacerlo, aduciendo que la urbanización estaba terminada y que, por tanto, no había lugar al reintegro de las cantidades avaladas.
Uno de los implicados recurrió judicialmente la negativa de Caja Galicia, en un proceso que ha llevado el abogado Carlos Abad, también gerente de Urbanismo de Mutxamel, y ahora la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcoy ha fallado en favor de que se ejecute el aval. Esta resolución "puede ser muy importante para los demás compradores en la misma situación", explicó Abad.
En concreto, según refleja la sentencia, este comprador requirió la ejecución aduciendo, a través de un acta notarial, que había expirado el plazo de entrega de las viviendas -en su caso, dos- y "no habían sido entregadas". También se habían incumplido las fechas que se habían concretado en los avales y las fijadas en los contratos de compraventa, algo que, según el fallo, había quedado acreditado a través de documentos de "carácter oficial".
Por su parte, la entidad financiera aportó un "documento de parte", elaborado por un arquitecto, que, a través de una fotocopia, se articulaba como "certificado final de obra", pero que, según el juzgado, "carece de los requisitos necesarios para ser calificada como tal". Por todo ello, se ha decretado el pago del aval, que en este caso, era de 62.583 euros, más 466 por intereses legales y 15.000 más por los intereses que pudieran devengarse durante la ejecución y las costas.
La sentencia del Juzgado número 3 de Alcoy, de cualquier manera, no es firme y puede interponerse un recurso de apelación, que podría acabar conduciendo a la intervención de la Audiencia provincial, como suele ocurrir en este tipo de procesos.
* La Provincia - 20.05.10
Foto: La maqueta con el aspecto que debía tener Serelles - diarioinformacion.com
El día de Reyes
ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ* : En el Ayuntamiento de Telde no hay nadie más honrado que yo. Puede haber gente que sea igual de honrada, pero ¿más honrados que yo? No hay nadie". Lo dijo Guillermo Reyes a este periódico el 16 de noviembre, seis días después de que explotase otro caso más de presunta (siempre presunta) corrupción en la ciudad de los faycanes: el caso Calero. El concejal más controvertido que ha pisado su salón de plenos en la última década, capaz de generar amores y rencores a partes iguales (o casi), andaba esos días muy molesto por la forma en la que los medios habían enfocado las declaraciones del imputado Francisco Valido, detenido entonces en aquella trama.
La afirmación de Reyes, recogida en la portada de LA PROVINCIA / DLP del día siguiente y en una extensa entrevista, dio pie a un amplio debate en la calle. ¿Héroe o villano? Algunos le acusaron de soberbio y prepotente; otros lo defendieron por hacer "lo que siempre ha hecho: decir la verdad sin tapujos".
Lo que está claro es que, al menos seis meses después (y tal vez antes), la Policía Nacional no comparte necesariamente estas opiniones: ni las del edil ni las de sus seguidores. El ex concejal de Urbanismo ha sido detenido cuatro años después de que corriesen los rumores por San Juan sobre un inminente arresto que nunca se llegó a producir a la sombra de Faycán o de Doramas. Cayó Torres, cayó Valido, cayó el PP en peso, cayeron decenas de funcionarios, empresarios, familiares, el jefe de servicio de Urbanismo... pero Reyes nunca tuvo que dejar sus huellas dactilares en comisaría ni elegir un colchón para tumbarse un rato sobre baldosas oscuras.
Todo lo más fue citado a declarar por una cédula de habitabilidad -la del ático de la casa del ex asesor Francisco Gordillo- y en su comparecencia voluntaria y sin esposas ante el juez García-Sotoca se vio arropado por decenas de seguidores a las puertas del juzgado. Allí acusó a la policía de "montar un circo", lo que le valió la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, que, por cierto, fueron archivadas. Y allí también denunció la existencia de una oscura mano negra, movida de forma tenebrosa por partidos en vísperas de las elecciones.
Este jueves pululaba con su traje claro por la calle adoquinada de San Juan. Estaba en lo suyo, fiscalizando el trabajo desde la oposición, revisando expedientes, citándose con los vecinos de Jinámar. Pero le tocó. Fue su día. El día de Reyes. Ni la prensa ni el pueblo: ahora será un juez quien dé su opinión sobre el inicio de este texto...
* La Provincia - Opinión - 21.05.10
