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LAVERDAD/Alicante* : El Parlamento Europeo de Bruselas ha sido la última instancia hasta la que el presidente del partido para Orihuela Costa Claro, Robert Houliston, ha hecho llegar la nueva petición respaldada con las 7.000 firmas recogidas en la campaña 'Salvad Cala Mosca', en contra de la construcción de 1.500 viviendas en este espacio litoral hasta ahora el único virgen de la zona. Con la atención fijada en la actual legislación que sobre el Medio Ambiente se rige en la Unión Europea y tras la nueva petición presentada desde Claro se asegura que «en Bruselas se ha mostrado un máximo interés por lo que van a recabar más información de los estamentos implicados».
Claro califica de «abusivo» el proyecto que el gobierno municipal de Orihuela quiere llevar a cabo en el litoral «en el último reducto verde que existe en la costa oriolana donde se encuentran especies protegidas de fauna y flora» y que a raíz de las denuncias efectuadas «se ha forzado la modificación del proyecto por orden expresa de la Conselleria de Agua, Urbanismo y Vivienda, para tratar de justificar lo injustificable y para preservar las vulneradas plantas y caracolillos, catalogadas así por la propia Generalitat y la alcaldesa de Orihuela», explican desde Claro.
Ahora los promotores «tratan de justificar este abuso ecológico que no respetaron antes de urbanizar la parcela de Cala Mosca queriendo preservar la flora, por lo que proponen una siembra de semillas».
* La Verdad - 11.05.10
Foto de archivo de una protesta contra la urbanización. :: T. S., laverdad.es
Claro presenta en Bruselas 7.000 firmas para salvar Cala Mosca
Chile: Mall en un terreno no apto
LANACIÓN/Santiago* : En el Plan Regulador de Las Condes se describe el área E-e1, que corresponde a Edificación Especial Nº 1: Equipamientos. Estos sectores están constituidos por los terrenos y las edificaciones destinados a complementar las funciones urbanas básicas, según lo fijado en la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), instrumento normativo de mayor jerarquía vigente desde 1994.
El área E-e1 de esa comuna está conformada por tres tipos de equipamientos; uno de ellos es el denominado “equipamientos comunales culturales”, donde se listan todos los colegios, escuelas y centros de estudios localizados en el territorio jurisdiccional de la comuna. Uno de los anteriores es el Colegio Nuestra Señora del Pilar, que ocupa un amplio terreno de tres hectáreas que enfrenta la calle Martín de Zamora por el norte y Avenida Cristóbal Colón por el sur, más hacia el oriente de la Avenida Américo Vespucio. Estas tres vialidades están muy congestionadas, sobre todo en horas de mayor flujo vehicular, lo que es padecido por quienes viven en sus inmediaciones y conocido por los técnicos del sector transporte.
Hace tres años las monjitas españolas dueñas del establecimiento educacional decidieron venderlo y así llamaron a una licitación, a la cual llegaron varias empresas constructoras interesadas en ese terreno. Pero al conocerse las restricciones del uso del suelo, todas ellas, por razones entendibles, se desistieron de seguir conversando con la congregación religiosa. Sin embargo, uno de los atraídos por el paño, vocablo que se utiliza en el ámbito inmobiliario, tomó la decisión de comprar para construir un supermercado tipo Jumbo y un mall con todos los ornatos que invitan al consumo.
El comprador fue Cencosud, sociedad controlada por el audaz y a la vez simpático Horst Paulmann, empresario que se caracteriza por sostener que “la carga se arregla en el camino”. Vale decir, este influyente hombre de negocios, chileno por decisión parlamentaria, tomó una decisión muy arriesgada, porque los tipos de edificaciones previstos están prohibidos en las reglas del juego urbanístico vigente en Las Condes. ¿En Alemania, Paulmann hubiera tenido este mismo comportamiento? Naturalmente que no, porque en ese país, como en todos los países serios, son inaceptables las prácticas que ponen en entredicho el sistema económico de libre mercado.
No conocemos el precio del terreno pagado por el único interesado, pero si hubiera existido competencia abierta en la demanda, obviamente que el valor de transacción hubiera sido más elevado, con el beneficio implícito para las religiosas vendedoras. Suponemos que Paulmann ya tenía acordada la modificación urbanística con los mandamases de Las Condes o bien especuló, estimando que esas autoridades iban a consentir en autorizar tales cambios que hacían posible su obra.
La prensa ha informado que el proyecto contempla la construcción de cines, restaurantes, estacionamientos subterráneos, infinidad de tiendas chicas, medianas y anclas, con una inversión de 30 millones de dólares y Cencosud, especialista en marketing, ya ha estado convenciendo a los vecinos para que, en una próxima consulta restringida a un cierto perímetro, “aprueben” las bondades de esta intrusión en el barrio. Las juntas de vecinos C-14, C-2 y C-11 de Las Condes, presididas por Rafael Arteche, Carola de Orte y Enrique Cisternas, respectivamente, ya han expresado su decidida oposición no sólo a la consulta no vinculante, prevista para los primeros días de junio, convocada por el alcalde Francisco de la Maza, por considerarla insuficiente y meramente propagandística, sino al mall porque, según ellos, si se realizan las obras irremediablemente se empeorarán las condiciones de vida de los residentes aledaños a la intervención y por ello han llamado a expresar uno no rotundo al proyecto.
Este negocio privado de retail necesita que el uso de suelo de las tres hectáreas se transforme en equipamiento comercial y servicios en el Plan Regulador Comunal y para ello Cencosud, apoyado con recursos municipales, ha efectuado infinidad de actos comunicacionales para convencer a los votantes de las maravillas del proyecto, que ahora se llama amigablemente Jardines de Colón.
Coherente con lo anterior, las azoteas de las edificaciones están proyectadas con cubiertas verdes y no se conocen todavía, por razones obvias, las medidas de mitigación vial, que deberán considerar, entre otras tantas, los ensanches de calles Martín de Zamora y Colón para dar paso al aumento vehicular y básicamente para admitir las circulaciones diarias de los colosales camiones que transportarán las mercaderías que allí se venderán.
Recordemos que estos grandes centros comerciales llamados malls se masificaron más allá de los suburbios de las ciudades de EEUU, después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando el uso de los automóviles en las excelentes carreteras que se construían por todos lados. En Chile, malos copiadores, se levantan en las zonas densificadas para facilitar el acceso a ellos.
La consulta limitada a un ínfimo número de votantes será inocua y no le asignamos valor, porque el asunto de fondo es lo impresentable de que un municipio, servicio público, proceda de acuerdo a las premuras de un actor privado que sabe motivar a quienes ejercen la administración del Estado. A Paulmann no le importa que ese barrio se desnaturalice, porque él tiene otros intereses y lo asombroso es que el concejo municipal de Las Condes consienta en hacer lo que aquél desea.
He aquí la diferencia entre los países desarrollados, que tienen políticas urbanas que buscan el bien colectivo, y Chile, que continúa con sus “trajes a la medida” para algunos pedigüeños.
* Fundación Defendamos la Ciudad
* LaNación.cl - 11.05.10
Foto: lanacion.cl
El ex alcalde de Gondomar será juzgado hoy por un presunto delito de falsedad documental
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LAVOZ/Pontevedra* : Carlos Silva Mariño vuelve a sentarse hoy en el banquillo de los acusados para rendir cuentas por un presunto delito de falsedad documental de certificados cometido durante los años en los que ocupó el cargo de alcalde de Gondomar. La Fiscalía pide para él dos años de cárcel y su inhabilitación para ser miembro de la corporación durante el mismo período. Se da la circunstancia de que el antiguo regidor del PP ya está condenado por prevaricación urbanística e inhabilitado, si bien se mantiene activo en la política puesto que ha recurrido la sentencia.
El imputado firmó presuntamente al menos en tres ocasiones certificados de obras ilegales haciendo constar que sobre las mismas no se había incoado ningún expediente de reposición de la legalidad urbanística. Estos informes sirvieron a sus beneficiarios para registrar como obra nueva viviendas construidas sin licencia y darles así apariencia de legalidad.
Realizó estas gestiones empleando folios con el escudo del Concello de Gondomar, pero de espaldas a la secretaría general del Ayuntamiento, que es la encargada de emitir toda clase de documentos oficiales.
Informe jurídico
Un informe jurídico interno del Concello realizado a instancias del Seprona, que llevó a cabo las investigaciones, señala que la firma de estos certificados se hizo de espaldas a la legalidad vigente y que de los mismos no existe ninguna copia en las dependencias de urbanismo.
El acusado basará su defensa en el desconocimiento que tenía de aquellos polémicos informes. «Firmaba más de un centenar de papeles al día y he de suponer que todo debía de estar debidamente fiscalizado con anterioridad», declaró poco después de declararse la fecha del juicio.
Carlos Silva Mariño está citado a las once de la mañana de hoy martes para asistir a la vista oral en el juzgado de lo penal número 1 de Vigo.
* La Voz de galicia - 11.05.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Vecinos denuncian que Adif cierra ilegalmente un camino público en Los Molinos y que les impide acceder a la estación
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QUÉ/Madrid* : Los afectados emprenderán acciones si la empresa y el Ayuntamiento no les da soluciones. La plataforma Salvemos la Sierra denunció hoy que Adif cerró la semana pasada el acceso al histórico camino público que une Los Molinos con Navacerrada y que sale de la estación de Los Molinos atravesando la finca de El Chaparral, cerrando "ilegalmente" un camino público y dejando "encerrados" a los vecinos de la zona.
Por su parte, Adif aseguró que el proyecto constructivo y las actuaciones que realizaron para la supresión del paso a nivel situado en el P.K 14/226 de la Línea Villalba-Segovia, el afectado, fueron consensuadas con el Ayuntamiento Los Molinos.
Esto, a juicio de la organización, además de ser una "usurpación" de un bien y un derecho público, ha estado a punto de convertirse en una "tragedia" cuando el pasado miércoles, una vecina jubilada, imposibilitada de recorrer esos tres kilómetros por la carretera, decidió caminar junto a las vías para intentar entrar por otro lado y estuvo a punto de ser arrollada por un tren al que no vio y que le pasó a menos de un metro provocando su caída.
Desde hace dos años, vecinos que viven al otro lado de la estación de Los Molinos, vienen realizando gestiones ante el Ministerio de Fomento y Adif, quienes, según la Plataforma, les dijeron que la supresión del paso de vehículos a través de la estación de Los Molinos no afectaría al paso peatonal que comunicaba con la red de caminos públicos de la finca El Chaparral.
Finalmente, explican que una vez construida una pista alternativa para vehículos, que da acceso a El Chaparral por el norte, Adif ha cerrado con llave el portón que había puesto para delimitar un aparcamiento de la empresa concesionaria Mafevi, que tiene desde hace unos tres años instalaciones en la estación de Los Molinos.
Ese portón, cerrado desde la semana pasada, impide el acceso peatonal desde la estación a El Chaparral, donde hay varias viviendas (cuatro casas habitadas, dos más deshabitadas) y una residencia con 37 habitaciones. Ahora los vecinos, algunos de edad avanzada, si quieren llegar a las mismas desde la estación, o viceversa, se ven obligados a hacerlo en vehículo o, si no lo disponen de él, a recorrer más de 3 kilómetros por la carretera M-614, "con el consiguiente peligro e incomodidad".
Así, la plataforma señaló que esa carretera "carece de arcén peatonal y les expone a la intemperie, en una zona de vientos y frío en invierno y fuerte insolación en verano, cuando antes podían hacerlo caminando unos 250 metros".
Por otro lado, el Ayuntamiento de Los Molinos, "que es la institución encargada de dar la licencia de obras y velar por la integridad de la red de caminos públicos vecinales, a pesar de haber sido avisado, no ha defendido el derecho de paso consuetudinario a través de ese camino", denuncian.
Para la Coordinadora Salvemos la Sierra, "no es casualidad ni descuido" lo que ha pasado, pues el monte de El Chaparral viene siendo "objeto" desde hace más de veinte años "de intentos de urbanización y de construcción de una carretera que lo atraviese, para justificar después su reclasificación".
Además, señalan que se da la circunstancia de que el concejal de Urbanismo de Los Molinos es propietario de una finca en su interior y "él mismo afirmó, este jueves 9 de mayo, en el Pleno municipal que le parece bien, como propietario, que se cierre ese camino para que la gente no acceda al Chaparral y que él había estado cada semana con el técnico responsable de la obra viendo y controlando su desarrollo, contradiciendo las palabras del alcalde que dijo en el Pleno desconocer ese cierre y prometió actuar al respecto".
Como vecinos de la Sierra, aseguran, son conscientes de que promotoras, al hacerse con grupos de fincas colindantes, han procedido después a cerrar los caminos que las comunicaban o rodeaban, "apropiándose así de una propiedad pública". "La red de caminos vecinales y vía pecuarias de la comarca de la Sierra es uno de los bienes públicos más valiosos que tenemos", apuntaron.
Por esto, las organizaciones que forman la coordinadora Salvemos la Sierra, entre ellas la Sociedad Caminera del Real de Manzanares, manifestaron su solidaridad con los vecinos afectados y anunciaron que si Adif y el Ayuntamiento de Los Molinos no les da una solución inmediata, emprenderán las acciones necesarias para que el camino de Los Molinos a Navacerrada siga siendo de uso público.
CONSENSUADO CON EL AYUNTAMIENTO
Adif explicó que estas actuaciones fueron consensuadas con el Ayuntamiento de Los Molinos y que consistieron en la instalación de un vial por el monte de la Jarahonda desde el Paso a Nivel hasta el depósito de agua del Canal de Isabel II, y su conexión con la carretera M-614 que parte de la Residencia 'Hermanos de San Juan de Dios'.
En un comunicado, la administradora explicó que antes de comenzar las obras, Adif solicitó la conformidad del Ayuntamiento a las soluciones de supresión proyectadas, a lo que éste respondió favorablemente.
Actualmente, las obras se encuentran terminadas y el paso a nivel cerrado al tráfico de personas y coches. Además, se ha construido un portón para el acceso del personal de mantenimiento de Adif, que, según denuncian, fue vandalizado la semana pasada. Posteriormente, fue reparado dicho portón, "y nuevamente vandalizado durante el fin de semana".
Asimismo, Adif señaló que el acceso a la Residencia 'Hermanos de San Juan de Dios' se hacía anteriormente a través de la carretera M-614, dado que no existía camino entre el paso a nivel y dicha residencia.
Esta actuación responde al compromiso de Adif de mejorar la seguridad en el ferrocarril, con actuaciones de supresión de pasos a nivel, mejora de la protección de los mismos y campañas de sensibilización. En concreto, forma parte del Plan de Supresión y Mejora de Pasos a Nivel puesto en marcha por el Ministerio de Fomento en 2005 con un presupuesto total de 1.320 millones de euros.
Este Plan prioriza las actuaciones en función del nivel de riesgo de cada paso y coordina su ejecución tanto con los diferentes titulares de los viales (ayuntamientos y comunidades autónomas, fundamentalmente) como con los nuevos trazados previstos en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). En virtud del Plan de Supresión y Mejora de Pasos a Nivel, en el año 2012 se habrán eliminado 1.931 pasos a nivel.
* Qué - EP: - 11.05.10
Foto: Los Molinos (Madrid), ayuntamiento - madridiario.es
El Consell es responsable civil en el 'caso Catral', según un experto
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ELPAÍS/Alicante* : El Consell y el Ayuntamiento de Catral podrían ser responsables civiles de los daños causados a los dueños de las 1.272 casas ilegales levantadas en la huerta de este municipio de La Vega Baja. Esta posibilidad jurídica ha sido corroborada por un catedrático de Derecho Administrativo y Urbanístico de la Universidad de Alicante consultado por la Asociación Europea de Consumidores de Urbanismo (AECU), entidad que llevó el caso a los tribunales en 2004.
Seis años después, ante el estancamiento de la investigación judicial y el anuncio del Ayuntamiento, gobernado por el PP, de repercutir en los dueños de las casas los gastos de la regularización de las viviendas ilegales, el colectivo se plantea recurrir a la vía de lo contencioso-administrativo para que sean el Consistorio y el Consell los que asuman ese coste. De acuerdo al criterio del mencionado catedrático, El Ayuntamiento de Catral es responsable "como poder público local, y autoridad urbanística competente", precisa una nota de AECU. Mientras, el Consell también es responsable y puede ser demandado, ya que tiene competencia subsidiaria y superior concurrente. "Ambos son responsables civiles subsidiarios al menos por omisión al no aplicar las medidas prevista en la legislación urbanística valenciana y por consentir e incluso a animar de facto el urbanismo salvaje", añade el comunicado.
Legalización
Según AECU sólo existen dos vías para la legalización de una infracción urbanística, la demolición o cambiar la ley para su regularización. "En Catral, el Ayuntamiento y el Consell han optado por esta segunda opción, pero cargando al comprador engañado casi todos los costes de la legalización", explica la entidad. Los propietarios de las casas, en su mayoría residentes ingleses, denuncian que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, pretende repercutirles el coste de la "regularización" de viviendas, alrededor de unos 20.000 euros por dueño. Los afectados también resaltan la impunidad en la que permanecen hasta ahora los, a su juicio, verdaderos responsables de las casas ilegales: los promotores y constructores.
La proliferación de casas ilegales en Catral motivó que el Consell interviniera el planeamiento del municipio en octubre de 2006. El ejecutivo valenciano ya ha devuelto las competencias urbanísticas al Ayuntamiento, pero aún no se ha aprobado el proyecto para regularizar las casas.
* ELPAIS.com - 10.05.10
Foto: Catral (Alicante), casas ilegales - C.Lucas (El Mundo)
