BAHÍADECÁDIZ* : Al hilo del presunto incumplimiento de la normativa urbanística municipal en el caso del restaurante-mirador previsto en la plaza de Santa María del Mar, como claro ejemplo de la “nefasta” actuación del Ayuntamiento, la Plataforma por un PGOU Alternativo asegura que la conversión de Valcárcel en un hotel privado “ya nos alarmaba de esta rampante enajenación de bienes públicos a manos privadas que padece la ciudad”.
La polémica en torno a este proyecto continúa, avivada por las declaraciones del adjudicatario, Pablo Grosso, y tras la amenaza de IU de, si se otorga finalmente la licencia, denunciar dicho acto administrativo “porque sería ilegal”.
La Plataforma por un PGOU Alternativo también se ha mostrado contraria a la instalación de un kiosco-restaurante-mirador en la glorieta de Santa María del Mar y apoya a todos los vecinos que se manifestaron cívicamente en la plaza el pasado martes 13 de mayo, y que tienen intención de hacerlo sucesivos martes.
Para este colectivo es especialmente grave que se quiera permitir la instalación de este establecimiento hostelero despreciando lo contemplado en el Plan General en cuanto a los metros cuadrados y características de estas instalaciones en espacios públicos: 260 m2 frente a los 20 que marca el PGOU vigente y una instalación que tiene de todo menos “provisional”.
“Conceder a un empresario privado por 15 años, ampliable a 20, un espacio emblemático público como es la plaza Santa María del Mar, con la mitad de la financiación a cargo del Ayuntamiento (o sea, con nuestros dineros), es intolerable”, apuntan desde esta Plataforma en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, como días atrás hicieron partidos como PSOE, IU o PA.
“La conversión de la residencia Valcárcel en un hotel privado de 5 estrellas ya nos alarmaba de esta rampante enajenación de bienes públicos a manos privadas que padece la ciudad de Cádiz con este Ayuntamiento”.
Para la Plataforma por un PGOU Alternativo, “es saludable desde el punto de vista democrático y participativo que los ciudadanos muestren su disconformidad con las actuaciones públicas que subordinan el bien común a intereses privados. La Plataforma exhorta a todos los gaditanos a que exterioricen su rechazo manifestándose todos los martes a las 20.30 horas en la misma plaza, hasta conseguir la anulación de la concesión”.
POLÉMICAS DECLARACIONES DE GROSSO
Al respecto de las protestas ciudadanas, han tenido eco estos días unas declaraciones del restaurador gaditano Pablo Grosso, adjudicatario de este proyecto municipal, donde apuntaba frases como “me da igual que se manifiesten; esto no cambia el proyecto”, o “allí sólo se han juntado hippies y gente mayor, no creo que hubiera muchos del barrio”.
A raíz de ello, y entre distintas reacciones, las secciones sindicales Autonomía Obrera-SAT y CGT en el Hospital ‘Puerta del Mar’, consideran que estas manifestaciones demuestran que: “No que es un buen restaurador, que en nuestra opinión y en la de muchos profesionales del sector con años de experiencia, es pésimo”; “No que quiera crear puestos de trabajo, ya que tenemos conocimiento de la explotación a la que se ven sometidos la mayoría de trabajadores/as eventuales que trabajan para él”; “No que quiera dinamizar la calle, puesto que lo único que pretende es llenarse los bolsillos hasta que revienten”; “No que esté preocupado por el turismo de Cádiz, sino más bien por el estado de su cuenta corriente”.
Para estos sindicatos, lo único que demuestra Pablo Grosso es “el desprecio más absoluto hacía los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los que se encuentra el derecho a manifestación. Este individuo, con una actitud más propia de un cargo de la falange en pleno franquismo que de un empresario del siglo XXI, se permite el lujo de despreciar a los manifestantes llamándolos hippies y gente mayor”.
CGT y Autonomía Obrera apuntan al empresario que “debe saber que porque la Ilustrísima Alcaldesa le haya tocado con la varita mágica del enriquecimiento fácil y rápido, vamos a permitir que construyan el maldito restaurante sin que le cueste sudor, lágrimas y muchos, muchos dolores de cabeza”.
IU DENUNCIARÁ LA LICENCIA SI FINALMENTE SE OTORGA
En otro sentido, Izquierda Unida ha vuelto a criticar el silencio del Ayuntamiento en el caso de la concesión del restaurante. Para el portavoz del Grupo Municipal de IU, Sebastián Terrada, ha señalado que “el Sr. Romaní no puede limitarse a decir que el proyecto cumple con el PGOU, sino que tiene el deber de demostrar como y no callarse como viene haciendo hasta ahora”.
Por su parte, la alcaldesa, Teófila Martínez, defendía el pasado viernes que se tratará de una instalación municipal avalada por los técnicos, que ocupará el 7 por ciento de la plaza, y que ya en 1994 el PSOE en el Gobierno local entonces pretendió llevar a cabo un proyecto parecido en la zona.
No obstante, Terrada repite que “el proyecto de esta instalación, que tendrá un gran exceso de superficie construida con respecto a lo que determina el PGOU, se tuvo que ceñir a lo exigido en el pliego de condiciones, incluido el documento técnico, realizado por el Ayuntamiento, por lo que imaginamos que el empresario se ajustaría a lo exigido en dicho pliego”, añadiendo que “es el propio Ayuntamiento el que ha cometido un error grave a sabiendas de que se estaba conculcando lo recogido en el plan vigente”.
La formación de izquierdas apunta a que si se otorgara finalmente la licencia al proyecto de instalación, ello sería contrario a la legislación actual sobre ordenamiento urbanístico. Sebastián Terrada considera “especialmente grave que otorgara la licencia porque incurriría en una infracción grave contra el ordenamiento urbanístico, recogida en la Ley Andaluza de referencia; en este sentido cabe recordar que la administración municipal debe ser la que vele por el estricto cumplimiento de la normativa urbanística”. El portavoz de IU, se pregunta además “¿qué confianza se puede tener en un gobierno municipal cuando exige al resto de ciudadanos que cumpla con los previsto en el PGOU u Ordenanzas Municipales que tengan que ver con el urbanismo, si es el primero que no lo cumple?”.
Terrada asegura que si se otorgara la licencia, denunciará este acto administrativo porque sería ilegal. “No vamos a consentir que el Ayuntamiento haga lo que le quiera y se salte la legalidad vigente por lo que tomaremos las medidas necesarias para que no ocurra esta circunstancia”.
* Diario Bahía de Cádiz - 19.05.2008
Foto: Una de las vistas desde la plaza /Eulogio García, diariobahiadecadiz.com
La Plataforma por un PGOU Alternativo alerta de la “privatización” creciente de los espacios públicos en Cádiz
Crac en Viveiro: las promotoras ya no invierten
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ELCORREO/Lugo* : ¿Puede una ciudad vivir sin ley? Conocemos más de un territorio que se ha movido durante años en la anarquía urbanística: Vigo. Ahora la polémica llega desde Viveiro, tras la orden de demolición ratificada por el Tribunal Supremo para dos edificios de Lodeiro. Nos encontramos ante la punta del iceberg: la falta de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que ordene las construcciones.
Cuando el socialista Melchor Roel se convirtió en alcalde de Viveiro, le comunicó a la Consellería de Política Territorial "la caótica situación urbanística". ¿Medida de la Xunta? Tumbó la aprobación inicial del PXOM. ¿Y reacción empresarial? Las promotoras ya no invierten en la villa. Antes, las constructoras dejaban al año casi dos millones de euros en licencias urbanísticas. Tras el KO al plan, la inversión anual no pasa de 200.000. Según el portavoz del PP, Guillermo Leal, "desde hace cinco años los empresarios reconocen que no quieren invertir sin ley".
Según el Gobierno local, el PXOM podría aprobarse en 2011. ¿Qué ocurre con las 118 familias de Lodeiro? Según las sentencias, sus pisos se construyeron sin estudio de detalle cuando gobernaba el PP. Los populares afirman que "el proyecto tuvo el beneplácito de técnicos del Ayuntamiento". Los grupos municipales acordaron regularizar la obra en 2004. Pero con la intervención de la Xunta, este y otros proyectos quedaron outlaw. Como en una peli del Oeste.
CUESTIÓN DE ALTURAS
¡Que se nos cae la vivienda!
Una de nuestras pesadillas: nuestra casa se viene abajo, como en un terremoto índico. Y en Viveiro puede ocurrir por dos motivos. Por sentencia judicial de demolición, en el caso de los dos edificios de Lodeiro que no respetaron las alturas, o por peligro de derrumbe, como en el barrio de O Celeiriño, donde el mal estado de los inmuebles obligó al realojo de varias familias.
Anoche, la Junta de Portavoces debatía sobre la situación de Lodeiro. El PP apuesta por "un acuerdo rápido con la Xunta para defender a los vecinos, regulando la situación como ya se hizo en Vigo". Desde el BNG, José Antonio Goas reconoce que "todo foi culpa da política á carta do PP cos promotores, pero hai que apoiar ós veciños". Este periódico intentó sin éxito hablar con Roel .
* El Correo Gallego - PATRICIA HERMIDA - 20.05.2008
Foto: Desde aquí vemos Viveiro, territorio sin ley en materia urbanística/ a.a. - elcorreogallego.es
La Audiencia Provincial de Málaga revoca la fianza de Roca en el 'caso Malaya'
ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Málaga ha decidido hoy dejar sin efecto la fianza de un millón de euros impuesta por el juez del caso Malaya, Oscar Pérez, al presunto cerebro de la trama de Corrupción, Juan Antonio Roca. Esta decisión judicial no altera la situación en la que se encontraba Roca.
Aunque fue puesto en libertad el pasado 14 de abril, tras pagar la fianza, apenas una semana después, el 23 de abril, volvió a ser encarcelado por otro caso por el que está imputado, el caso Saqueo I.
Desde ese nuevo ingreso, se encuentra en prisión al no haber abonado la fianza que se impuso en ese caso. El juez mantiene de este modo la situación de prisión preventiva provisional ya prorrogada por otros dos años más. En un auto, la Sección Primera de la Audiencia estima los recursos de apelación interpuestos por el fiscal, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y revoca parcialmente la resolución del instructor del caso, que el 27 de marzo permitió eludir la prisión provisional mediante el pago de una fianza carcelaria.
En el auto, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial
argumenta su decisión en el "evidente riesgo de fuga" existente, que se refleja en el "nivel de vida económico exhibido por el procesado, susceptible, al parecer, de ser mantenido en el extranjeo". La Sala destaca también "la entidad, naturaleza y gravedad de los hechos y de las penas que pueden imponerse al presunto culpable", la supuesta "participación esencial" de Roca en ellos y la trascendencia social" de los mismos. El tribunal asegura que, ante dichas circunstancias, "pocos casos habrá" como éste en el que se justifique la excepcionalidad de la medida de privación de libertad hasta el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva permitido.
"Elevado" riesgo de fuga
Recuerda el auto que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Oscar Pérez, reconoce en el auto impugnado el "elevado" riesgo de fuga del procesado, pese a lo cual "considera conveniente suavizar la medida de prisión provisional mediante la fijación de una fianza que prudencialmente fija en un millón de euros". "Pero la Sala no comparte tal criterio", señala el auto.
Los hechos, junto con la "acumulación de frentes procesales
abiertos" "hace razonable y de sentido común que se incrementen de manera lógica y humana las expectativas de fuga" del ex asesor urbanístico, según el auto. Subraya también que el patrimonio del ex asesor está sometido a intervención judicial y "existe la sospecha de que pueda disponer de dinero en el extranjero suficiente para alentar la idea de fuga".
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Málaga - 20/05/2008
Foto: Marbella, zona hotel Guadalpín - elpais.com
Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid ve ilegales unas construcciones de Alcarràs
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LAMAÑANA/Lleida* : La Fiscalía de Lleida denunciará la construcción de nueve viviendas adosadas edificadas sobre un vial de un polígono industrial del municipio de Alcarràs. Esta denuncia se ha producido después de que la Acusación Pública leridana enviase el caso a la Fiscalía especial de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid para poder certificar si existían suficientes motivos para la imputación como un delito urbanístico.
Tras revisar la documentación desde Madrid se ha dado luz verde para querellarse contra el promotor por vulnerar, presuntamente, las normativas urbanísticas.
La duda generada en la Fiscalía de Lleida la provocaba que si bien en un primer momento la construcción se efectuó en un vial y por lo tanto no respetaba la normativa urbanística, ahora el Ayuntamiento de la localidad pretende modificar el Plan de Ordenación Urbanística haciendo desaparecer el susodicho vial y convirtiendo el lugar donde están los nueve adosados en suelo urbanizable. Desde la Fiscalía especial de medio ambiente y urbanismo se ha considerado que la construcción debe perseguirse penalmente.
Con éste ya son tres los casos de edificaciones irregulares que la Fiscalía decide enviar a los juzgados. De las cuatro edificaciones que investigó la acusación pública en un primer momento sólo un caso quedó archivado. Se trataba de una nave que tiene una parte de 40 metros cuadrados que podría estar destinada a vivienda. Pese a ello Fiscalía ha considerado que la construcción no vulnera las normativas urbanísticas.
Junto al caso relacionado con la ocupación del vial también se ha enviado a los tribunales otros dos casos. Por un lado se ha construido en suelo agrícola una especie de vivienda donde debería haberse instalado un almacén agrícola. El otro caso es el de una nave, posiblemente destinada para una granja, construida en suelo rústico.
Fiscalía comenzó a investigar las presuntas irregularidades tras recibir varias denuncias de particulares que ponían sobre la pista de los hechos. Al parecer, en las inmediaciones de la localidad están proliferando las casas y los chalets unifamiliares en zonas rústicas donde la licencia municipal sólo se ha concedido para levantar un almacén agrícola.
Como consecuencia de esta larga investigación, llevada a cabo conjuntamente con la Unidad Especial de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Lleida, que entró en funcionamiento hace un año, las pesquisas están dando sus primeros frutos y a finales de febrero se tomó declaración a un vecino de Alcarràs por uno de estos presuntos delitos urbanísticos.
La vulneración de la normativa está reflejada en el artículo 319 del Código Penal, que hace referencia a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. Atendiendo al Código Penal se podrán imponer penas de prisión de entre seis meses y tres años, multas de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para la profesión entre seis meses y tres años a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no urbanizable, pudiéndose llegar a la ordenación por parte del juez de la demolición de la obra.
Según ha podido saber este diario, las investigaciones están muy avanzadas y no sería estraño que en los próximos días se destapara algún otro caso irregular.
* La Mañana - Lleida - Alfonso L. Congostrina 2008-05-20
Foto: Alcarràs (Lleida) - wikipedia.org
El Gobierno se opone a un plan en Villena que invade un cauce
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ELPAÍS/Alicante* : La delegación del Gobierno impugnará la aprobación por parte de la Generalitat del proyecto urbanístico previsto en la partida del Cascante de Villena por no acreditar la existencia de agua suficiente para abastecer este nuevo desarrollo y por invadir el dominio público hidráulico en la Rambla del Cementerio.
Los terrenos en la cabecera de la rambla no han sido clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, según el Ministerio de Medio Ambiente. Es más, de acuerdo con la información gráfica del proyecto, "los terrenos correspondientes a los cauces pretenden ser ocupados por actuaciones urbanísticas", añade Medio Ambiente. Por ello, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha emitido un informe desfavorable.
El proyecto, denominado modificación puntual n.º 19 Cascante del PGOU de Villena, recibió el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante el pasado 15 de febrero. De llevarse a cabo, el proyecto inmobiliario, proyectado sobre más de 900.000 metros cuadrados de suelo, elevaría la población de Villena en más de 5.000 personas. El organismo de cuenca estima en 398.000 metros cúbicos anuales la demanda adicional que implicaría el desarrollo y ocupación de este proyecto, donde están previstas unas 1.700 casas. La CHJ encuentra además "contradicciones" en cuanto a la procedencia del agua. Por todo ello, los abogados del Estado piden primero la suspensión provisional del acuerdo de Urbanismo y si eso no se produce, lo impugnarán, según fuentes de la delegación.
El terreno afectado por la modificación está calificado en el PGOU de Villena como "urbanizable no programado", pero los propietarios de los terrenos solicitaron al Ayuntamiento que se programara la parcela y aumentara la edificabilidad que tenía, que era de 10 viviendas por hectárea.
El Ayuntamiento planteó en su día una serie de contraprestaciones para la recalificación, como que se aumentara el número de VPO y que los dueños cedieran a la Corporación el pozo Sierra Príncipe (que mana 25 litros por segundo de agua mineromedicinal) para embotellar, así como una masía antigua que estaba prevista como sede universitaria. La reprogramación de la parcela se aprobó en un pleno municipal en 2006 y estaba pendiente del visto bueno de la Generalitat.
* ELPAIS.com - C. V. / E. M. - Valencia / Alicante - 20/05/2008
Foto: Villena (Alicante) - wikipedia.org
Los okupas del Patio Maravillas presentan hoy 150 firmas para evitar su desalojo
20MINUTOS/Madrid* : Los okupas que, desde hace casi un año, gestionan el centro social del Patio Maravillas, ubicado en el antiguo colegio de Malasaña, presentan hoy 150 firmas de autoinculpación ante el juzgado de instrucción nº48 de Plaza de Castilla, en el que el propietario de la parcela, Arnáiz Consultores, los ha denunciado, y aseguran que no dejarán el "espacio de encuentro" que han creado.
"Después de años de abandono por parte de la empresa propietaria Arnáiz Consultores, la decisión de una multitud de personas y colectivos sociales ha hecho posible que, entre sus paredes, se gestionara de manera participativa un centro social en el barrio y abierto a toda la ciudadanía", alegan los okupas.
Conciertos, exposiciones, talleres
Yes que ellos aducen que durante los últimos once meses han conseguido gestionar de manera colectiva un centro social en el barrio de Malasaña donde se han tratado los principales temas de la actualidad global y local: la precariedad, la cultura libre, las fronteras y el barrio.
Por ello, aseguran que "el Patio es y seguirá siendo un espacio de encuentro, reflexión, creación y producción social no mercantilizada, para cientos de personas del barrio y de toda la ciudad, un espacio donde respirar en medio del infierno de la realidad cotidiana, donde reapropiarse de la vida, donde experimentar colectivamente, desde el apoyo mutuo y la autogestión, que hay otras formas de hacer las cosas".
"A lo largo de todo este tiempo se ha convertido en un autentico equipamiento social donde infinidad de actividades han tenido lugar: conciertos, exposiciones, talleres, proyecciones, conferencias... y también ha sido un rincón de juego para pequeños, una oficina de derechos sociales, un jardín, un laboratorio fotográfico, un taller de bicis, un espacio para la reflexión política compartida en torno a los diferentes conflictos que atraviesan nuestras vidas", continúan los okupas.
Apoyados por la FRAVM
En su manifiesto, concluyen mostrándose seguros de que "proyectos como el del Patio son necesarios, imprescindibles en Madrid, una ciudad dominada por la generación de dependencia y sumisión al interés privado, por la lógica mercantil y por unos poderes públicos cómplices de la especulación inmobiliaria y de la construcción de las múltiples fronteras internas que nos impiden acceder a las vidas que deseamos".
Como colofón, los gestores del Patio Maravillas piden "que no se produzca ningún desalojo más, ni del Patio ni de ningún otro espacio okupado, y que la okupación deje de ser considerada un delito para ser entendida como una expresión del conflicto político producido por la negación sistemática de derechos fundamentales y vías para la participación activa de la ciudadanía".
En la entrega de firmas, prevista para el mediodía, los representantes del Patio Maravillas estarán acompañados por miembros de la Asociación de Vecinos de Malasaña-ACIBU y por el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y vecinas de Madrid (FRAVM), Ignacio Murgui.
* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 19.05.2008
Foto: Una imagen del centro cultural okupado - 20minutos.es
Málaga sí que se vende, el alcalde se ocupa de ello
ELOBSERVADOR* : Quienes creían que Málaga no se vendía se equivocaban. Málaga se ha vendido, se está vendiendo y así seguirá por lo menos hasta 2011, fecha en la que, según ha comprobado El Observador en el Plan de Estabilidad presupuestaria presentado por el alcalde, Francisco de la Torre, el Ayuntamiento confía en haber ingresado en sus arcas más de 176 millones de euros a base de firmar convenios urbanísticos.
Un dinero que la corporación espera arrancar a promotores y grandes empresas a cambio, básicamente, de dejarles construir más o construir lo que quieran. Las cuatro torres de Comarex en Carretera de Cádiz, la central térmica de ciclo combinado de Gas Natural en Campanillas y las tres torres de Telefónica en Martiricos son algunos de los acuerdos en los que el PP confía para que la deuda del municipio no sea asfixiante. Un capítulo de ingresos en el que también figura una previsión de 54 millones de euros por parte de Endesa, un pago por el que la compañía eléctrica obtendría el permiso legal para construir una central térmica, que sería la segunda de Málaga, en la desembocadura del río Guadalhorce.
UNA vez que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, el Ayuntamiento ha previsto que los convenios urbanísticos aporten a las arcas municipales 12 millones de euros en 2009, 81.5 millones de euros en 2010 y 82.74 millones de euros en 2011. La cifra total, 176 millones de euros, se incluye en el Plan de Estabilidad Presupuestaria presentado recientemente por la corporación del Partido Popular en el Consistorio malagueño.
ESTE plan responde a la llamada Ley de Estabilidad que sacó adelante el último gobierno de José María Aznar para equilibrar las cuentas de las administraciones locales. Su aplicación en Málaga llega tarde, descubre cómo el presupuesto municipal se ha venido maquillando descaradamente los últimos años y lo más importante, reduce a la mitad las inversiones municipales entre 2009 y 2011. Ante este duro ajuste, el gobierno municipal se aferra a los fondos europeos, los convenios urbanísticos y la venta de suelo.
LA responsable de Economía del grupo municipal socialista, Inmaculada Pérez de Guzmán, afirma a EL OBSERVADOR que sobre los convenios urbanísticos “ya han saltado todas las alarmas. Se sabe como empiezan pero no como acaban. Hay que explicarlos, justificarlos, dotarlos de contenido, decir para qué se va utilizar el dinero y cómo va a llegar al Ayuntamiento. Además, deben ser aprobados en pleno. Sin embargo, el alcalde nos tiene acostumbrados a la falta de transparencia, previsión y control en esta clase de acuerdos, que de ser excepcionales se han convertido en habituales”.
LOS convenios urbanísticos son acuerdos de la administración local mediante los que se recalifica un terreno, se le da un nuevo uso o nuevas posibilidades, por ejemplo, un aumento de edificabilidad. Se han convertido en una de las formas habituales de financiación de las corporaciones municipales. “Los convenios generan desigualdad facilitando el enriquecimiento de los propietarios de suelo con capacidad para pagar las reclasificaciones, en detrimento no sólo del interés público sino también del de aquellos propietarios, que en igualdad de circunstancias urbanísticas, no tienen la capacidad económica”, sostiene Inmaculada Gómez, asesora jurídica de Ecologistas en Acción: “Este urbanismo de compraventa genera desigualdades, es tremendamente injusto y provoca una absoluta desconfianza en el ciudadano, que comprende que su modelo de ciudad, la racionalidad que debe presidir el crecimiento urbano y las auténticas necesidades de la población, son decididas en los despachos de los concejales de Urbanismo y convierte el planeamiento en una potestad en manos de unos cuantos euromillonarios”.
BASTA recordar lo sucedido en la parcela donde antaño se ubicaban los depósitos de Repsol, y en la que durante décadas se prometió un gran parque para disfrute de los malagueños, para entender cómo un convenio entre unos promotores, en este caso la constructora granadina Comarex, y la administración local que dirige Francisco de la Torre acaba de un plumazo con el sueño verde y lo sustituye por cuatro edificios. A cambio, eso sí, de 80 millones de euros. La democracia y el planeamiento de la ciudad se pervierten y desaparecen. ¿Si 80 millones son cuatro torres, para cuánto dan los 176 millones?
ATENDIENDO al plan de ajuste aprobado en solitario por el grupo municipal del PP, en estos 176 millones caben, entre otras cosas, las torres de Telefónica en Martiricos (donde estaba Citesa), la central térmica de ciclo combinado de Gas Natural en Campanillas o el acuerdo por el que a cambio de 2.6 millones de euros, los propietarios de Málaga Wagen levantarán en el lugar donde se ubica actualmente el concesionario de automóviles un bloque de 16 plantas con zócalo comercial cuando los edificios de al lado tienen ‘sólo’ ocho alturas (en este convenio, por cierto, se ha computado suelo de titularidad privada, calles y zonas públicas adyacentes para permitir este aumento de edificabilidad).
PERO sin duda, el punto más inquietante del plan de ajuste del PP es el que prevé que Endesa pague dos partidas, una de 48 y otra de 6 millones de euros, por un convenio urbanístico. La compañía eléctrica ya ha hecho pública su intención de construir una central térmica a orillas del río Guadalhorce, que sería la segunda instalación de este tipo que tendría que soportar la ciudad. El grupo municipal del PSOE va a pedir explicaciones concretas sobre este punto.
LA alarma social que crean centrales térmicas contaminantes como la que se construye actualmente en el río Campanillas, de Gas Natural o ésta de Endesa, han provocado la constitución de plataformas ciudadanas para frenar estos proyectos. (Puede visitar http://malaganotermicas.blogspot.com)
POR otra parte, hay que tener en cuenta que la Ley Andaluza del Suelo ha establecido que el 75% del dinero que se obtiene por convenios urbanísticos o venta de suelo se tiene que dedicar a la construcción de Viviendas de Protección Oficial y sólo el 25% de los ingresos restantes se pueden desviar a inversiones de mejoras de infraestructuras. Además, desde enero de 2006, los ayuntamientos andaluces tienen prohibido disponer del dinero que cobran por anticipado por convenios urbanísticos hasta que no esté aprobado definitivamente el planeamiento correspondiente y existan por tanto garantías de que se puede ejecutar lo firmado.
* Revista El Observador - 15/05/08
2ª Parte
Decía el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), que quizás se estaba metiendo “en un charco” cuando en el último Salón Inmobiliario de Madrid (Sima) pidió una bajada de los precios de vivienda “rápida e inmediata” para afrontar la “dura crisis” inmobiliaria y paliar el frenazo de las ventas. Y sí, efectivamente, De la Torre se metió en un charco y volvió a demostrar que una cosa es lo que dice -que bajen los precios de la vivienda- y otra lo que hace -hacer que suban-. Ejemplo: el Ayuntamiento de Málaga ha sacado a subasta una parcela con un precio de salida de 10.080 euros el metro cuadrado; si se hacen 25 viviendas de renta libre en este mismo suelo, tal y como está previsto, cada casa costará 570.000 euros. Esto es un botón, el paquete completo viene recogido en el plan de ajuste presupuestario que ha presentado el Consistorio para adaptarse a Ley de Estabilidad. Según este documento consultado por EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, el alcalde prevé 125 millones de euros de ingresos por venta de suelo municipal. Seguro que se queda corto: en los últimos años el Ayuntamiento ha vendido el patrimonio público al doble del precio en que inicialmente lo tasó.
LA venta de patrimonio público en la que tanto empeño ha puesto durante su mandato el alcalde de Málaga Francisco de la Torre se va a mantener mientras el popular ocupe el sillón de primer regidor. Las cifras que maneja el Partido Popular en concepto de ingresos por venta de suelo son estas: 25 millones de euros en 2008, 25 millones de euros en 2009, 25 millones de euros en 2010 y 50 millones de euros en 2011. Bote total: 125 millones de euros, que son junto a los 176 millones de euros previstos de ingresos en convenios urbanísticos y el mantenimiento de las ayudas de la Unión Europea, la gran esperanza del PP para que el plan de ajuste presentado ‘sólo’ rebaje a la mitad las inversiones municipales en la ciudad.
¿SON de fiar estas previsiones? Si atendemos a lo que nos tiene acostumbrados De la Torre, definitivamente no. En 2007 presupuestó 38 millones de euros de ingresos en concepto de venta de suelos y acabó vendiendo terrenos por 80 millones de euros, un 209% más de lo anunciado. Una partida, la de 2007, a la que hay que sumar los 48.5 millones de euros de 2006 y los 21 millones de euros que en 2005 se ingresaron en el Ayuntamiento de Málaga por este mismo concepto. Da un poco de vértigo pensar cuál será la pobre herencia y el estrecho margen de actuación que dejará a futuros gobernantes este proceso de privatización acelerada que echa por la borda la herencia de bienes municipales.
¿SABEMOS qué parcelas son susceptibles de enajenar? ¿Se han cuantificado estos suelos debidamente? No y no, pese a ser una de las peticiones expresas realizadas por el consejo de intervención municipal, el gobierno local del PP no ha informado de nada, actitud que también han denunciado los grupos de oposición. Esta información -privilegiada, preciada, útil y potencialmente muy rentable al ser la que marca el desarrollo del negocio inmobiliario- se mantiene en secreto
“LA venta de suelo tal y como la plantea el alcalde es inadmisible y denunciable como fuente de financiación -explica la responsable de economía del PSOE, Inmaculada Pérez de Guzmán-. Vende mucho suelo pero compra muy poco, al no contrarrestar, está esquilmando los recursos del Ayuntamiento: Y además, hay que especificar a qué se dedican esos ingresos. Sin embargo, Francisco de la Torre redistribuye ese dinero como le da la gana, no hay ninguna transparencia en este sentido”.
POR su parte, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, ha denunciado en esta misma línea basándose en los informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía que el Ayuntamiento no gestiona adecuadamente “el 83% de los ingresos que recibe por venta de suelo”. Un hecho que a juicio de Brenes supone “un fraude de ley”.
NO hay que perder de vista que el 25% de los ingresos obtenidos por un ente local como el Ayuntamiento a través de convenios urbanísticos y venta de suelo se pueden traducir en inversiones; el 75% restante debe ir destinado por ley a la construcción de Viviendas de Protección Oficial.
DURANTE los últimos años, las ventas de parcelas de titularidad municipal han supuesto pingües ingresos a la corporación malagueña. En no pocas ocasiones los precios de tasación con los que se pusieron a la venta se han duplicado. El diario El País informó de cómo dos pastillas que salieron a subasta en 18.8 millones de euros acabaron adquiriéndose por 34.9 millones de euros. El aumento del precio del suelo y su habitual conversión en viviendas de renta libre conllevan automáticamente una subida del precio de las casas. Estos casos son los que convierten al alcalde Francisco de la Torre en el mayor especulador de Málaga y la capital andaluza con la política de vivienda pública más desastrosa de toda la comunidad. Del Instituto Municipal de la Vivienda, ya hablaremos más extensamente la semana que viene.
* Revista El Observador - 16/05/08
