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INFORMACIÓN/Alicante* : La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm debatirá el próximo lunes una propuesta para autorizar a las dos torres que se construyen en la Punta Llisera de Benidorm, a escasos metros del mar, a realizar la acometida eléctrica. El grupo municipal del PP en la localidad manifestó ayer que la licencia para dotar de energía eléctrica a los edificios ha sido solicitada por Edificaciones Calpe, promotora del proyecto, y el expediente se presentará a la comisión "a propuesta de Jaime Llinares, el concejal que hace cuatro años anunció un acuerdo del Ministerio de Medio Ambiente para adquirir la parcela y evitar la construcción de las torres de Punta Llisera".
Este proyecto, que lleva por nombre Gemelos 28, consta de dos torres de 22 alturas a escasos metros del mar, aunque sus obras han estado durante meses paralizadas después de que el Gobierno central anunciara, días antes de las municipales de 2007, su intención de expropiar el solar para incorporarlo al dominio público marítimo-terrestre y crear un parque público. Este anuncio, no obstante, chocó contra los intereses y recursos interpuestos por la mercantil, filial del grupo Ballester y que además disponía de varios fallos judiciales avalando la licencia de edificación, que le fue concedida antes de la aprobación de la Ley de Costas. Finalmente, en abril de 2009, Costas anunció que desistía de continuar con los trámites de expropiación, aludiendo al "interés general" y a los procesos judiciales en contra de la misma.
El grupo del PP, por medio del edil José Ramón González de Zárate, señaló ayer que su partido "nunca" se creyó "las mentiras de Navarro, Llinares y los dirigentes del PSOE", de los que dijo que ahora "les toca tragarse el sapo y todas las promesas que hicieron cuando aún eran oposición", y recordó que serán ellos quienes "van a tener que viabilizar ahora el suministro eléctrico a los edificios que decían que no se iban a hacer".
* Información - 19.06.10
Foto: Las torres de Punta Llisera, al fondo, captadas ayer desde la playa. - diarioinformacion.com
Benidorm.- Urbanismo propone dar licencia de luz a las torres de Punta Llisera
El Gobierno de Madrid reconoce que ha gastado 100 millones de euros en el Campus de la Justicia
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ELPAÍS* : El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, reconoció ayer que el Gobierno regional se ha gastado 100 millones de euros en el Campus de la Justicia. El Gobierno regional pretendía construir una gran ciudad de la justicia en el noreste de la capital, en Valdebebas, pero ha tenido que congelar el proyecto por la crisis económica. El plan del Ejecutivo regional queda en suspenso a pesar de que ya está construido, "hasta el 90%", el edificio destinado al Instituto de Medicina Legal. El titular de Justicia aseguró durante una comparecencia en la Asamblea de Madrid que aún está pendiente la rescisión de diferentes contratos "lo que costaría entre seis y 12 millones de euros".
Granados, que compareció a petición propia para aclarar la gestión del Ejecutivo regional en el Campus de la Justicia, explicó que de esos 100 millones "el 95% corresponde a inversión. Eso está ahí y corresponde a todos los madrileños", proclamó durante la sesión plenaria. El consejero hacía referencia a las obras de urbanización y canalizaciones que se han realizado para preparar la zona.
El consejero regional también se refirió a los elevados gastos de publicidad que se han conocido estos días. La Cadena Ser informó durante la semana pasada que el acto de la primera piedra de la Ciudad de la Justicia costó 1,4 millones de euros en publicidad. Granados confirmó el dato y negó que fuera su responsabilidad. "Le doy mi palabra de honor que jamás un gasto de publicidad ha pasado por la junta general de accionistas" de la empresa pública que gestionaba el proyecto y en la que estaban los miembros del Gobierno regional. Granados justificó que los gastos de publicidad le correspondían a la empresa concesionaria. En este caso Begar, una de las firmas vinculadas supuestamente con la trama Gürtel.
* ELPAIS.com - 18.04.10
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
Roca gastó 200 millones en ocho años aunque ganaba 50.000
LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía Anticorrupción solicita, en su escrito de acusación, treinta años de prisión para el ex asesor de Urbanismo del Consistorio marbellí Juan Antonio Roca como presunto cerebro del «caso Malaya». Juan Carlos López Caballero le endosa los delitos de blanqueo, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho pasivo. Asimismo, reclama para él 44 años de inhabilitación y multas por más 810 millones de euros.
En total, hay 95 personas que se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del 27 de septiembre. Todos se enfrentan a una suma total de 509 años de cárcel. Marisol Yagüe, ex alcaldesa, se enfrenta a 20 años, así como a 57 de inhabilitación y a una multa de cuatro millones de euros. Para el ex alcalde Julián Muñoz se piden diez años de privación de libertad, 23 de inhabilitación y una multa de 400.000 euros. A la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos se le solicitan doce años de cárcel, 23 de inhabilitación y 700.000 euros de multa, mientras que los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, los que más sobornos pagaron presuntamente, podrían pasar, cada uno, 16 años entre rejas y hacer frente al pago de 23 millones de multa.
En cualquier caso, no son las peticiones de cárcel lo que más sorprende del escrito, conformado por 585 páginas, sino el detallado relato de hechos que realiza el fiscal del modus operandi de Roca. Así, asegura López Caballero que la moción de censura que descabalgó del poder a Muñoz, en agosto de 2003, sólo se debe «a las expectativas de obtención de beneficio del ex asesor». Yagüe encabezó el gobierno, pero quien se comportaba como «el verdadero alcalde» era el cartagenero. Éste cocinó el golpe con la inspiración de Jesús Gil, ya apartado del poder.
El fiscal indica que Roca tenía «una posición de dominio» sobre la corporación gracias «al soborno sistemático de sus integrantes», disponiendo a su antojo de la voluntad de «las autoridades municipales». Los pagos los hacían distintos promotores y toda actuación urbanística «debía contar con el visto bueno» del Jefe. Negociaba con ellos los nuevos parámetros urbanísticos, concediéndoles más edificabilidad, cambiando los usos permitidos en ese suelo y modificando la clasificación de las parcelas. «Este urbanismo a la carta propició una alteración total de la realidad urbanística de Marbella», y no tenía otra base legal que su acomodación a los proyectos normativos sin eficacia jurídica, como el nonato PGOU de 1998. Todos los ediles actuaban así, «sin cuestionarse la legalidad», aprobando aquello que se les decía. Eran, aclara el acusador público, «meras marionetas» en sus manos. Aglutinó frente al alcalde electo «a quienes hasta entonces habían sido enemigos irreconciliables».
Entre los promotores destacan Rafael Gómez Sandokán, José Ávila Rojas, Andrés Liétor, Carlos Sánchez o Cristóbal Peñarroya. Las expectativas de negocio fueron para ellos inmensas siempre que pasaran supuestamente por caja.
Roca recibe 33,34 millones de euros de diecinueve constructores en concepto de sobornos, destinando a los funcionarios y ediles 5,26 millones, todo ello entre 2002 y 2006. Él se queda, explica López Caballero, con la parte más sustanciosa. Toda esta información se obtiene gracias a la incautación, el 29 de marzo de 2006, del archivo contable de Maras Asesores, la sociedad guía del todopoderoso murciano. Muchos de los concejales serán pagados a través de sobres y según su jerarquía, percibiendo más quien mayor poder detenta.
Ascensión imparable
Juan Antonio Roca llega a Marbella en 1991, momento en el que está sin empleo. Dos de sus constructoras pasan serios aprietos, pero su suerte cambiará el 22 de mayo del 92, cuando entra a trabajar en Planeamiento 2000 y la Gerencia de Obras y Servicios. Desde 1997 hasta 2005, su capacidad de gasto será de 200 millones de euros y su patrimonio, inmenso. Invierte en ese periodo 136 millones en la compra de bienes inmuebles, es dueño de una cuadra de caballos de pura raza, cuyos 100 ejemplares han sido tasados en 400.000 euros. Las reses bravas están valoradas en 120.000.
Se gasta, en el mismo periodo, 27 millones de euros en cuadros y otros objetos de arte; posee además una amplísima colección de antigüedades, joyas y relojes. Disfruta de varias fincas, tales como La Morisca en Cádiz; La Loma, en Murcia o La Talega, en Cartagena. Dispone de inmuebles –chalés, casas y locales– en Marbella, Sevilla, Madrid, Sotogrande, Mallorca e Ibiza, y ha adquirido varios palacios para destinarlos a hoteles y lugares de eventos tales como el de Saldaña, el de Villagonzalo y el de Tepa.
Presume de tener un hotel en El Rocío y otro en Los Alcázares (Murcia), promueve diversas urbanizaciones y fue propietario de yates, un avión y un helicóptero. El barco Thoroughbred le costará 2,7 millones de euros, y más de un millón la aeronave. Asimismo, dispone de vehículos y turismos de más de 300.000 euros, algunos de ellos antiquísimos, y carruajes por valor de 3,5 millones de euros.
Coquetea con el cine y el deporte, y es aficionado a la caza mayor: se gasta en esa década portentosa 200 millones de euros en todo ello, pero, según Anticorrupción, «este patrimonio no puede justificarse sobre la base de rentas lícitas conocidas», ni por las suyas ni por las de su mujer, María Rosa Jimeno. Un dato curioso: su vivienda en el edificio marbellí Poseidón, del que él es el propietario, está alquilada. Paga 1.202 euros.
Así, «en ningún caso puede concluirse que la unidad familiar Roca-Jimeno gozó de una capacidad de ahorro suficiente como para poder acumular el patrimonio del que disfruta: con una renta disponible, en ocho años, en torno a los 50.000 euros al ejercicio, fue capaz de efectuar adquisiciones y atender a gastos por 200 millones de euros». Todo esto, deduce López Caballero, proviene de los sobornos. Además, sus bienes aparecen en su mayor parte a nombre de diferentes personas jurídicas. Él no aparece en ningún momento. Un abanico de alrededor de 100 sociedades encierra su mayor secreto. Todo gracias a su posición «de poder».
Concluye el fiscal que «constituyó una verdadera organización», integrada por 15 testaferros que gestionaban su patrimonio como si de una empresa se tratara, amén de otros nueve ayudantes para cerrar negocios concretos y menores. Todos ellos ayudaban «al reciclaje de los fondos» ilegales.
Se creaban sociedades como tapadera para adquirir y reciclar bienes, tanto en España como en el extranjero, de forma que se hacía invisible su patrimonio y se orquestaban trasvases continuos de fondos para «lavar» y reintroducir en el circuito legal el beneficio obtenido.
De la estructura nacional se encarga el despacho Sánchez Zubizarreta & Soriano Pastor, creando «sociedades pantalla», y en el extranjero el abogado Juan Hoffman. Todas las sociedades se rigen por el principio de caja única, de forma que se hacen transferencias continuas entre unas y otras.
Algunas de estas mercantiles se utilizarán para adquirir o negociar con bienes municipales. La contabilidad de Maras permite poner en el centro de la diana al bufete.
* La Opinión Málaga - 18.06.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
El alcalde de Castro de Rei presionó a la secretaria para amañar contratos
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ELPAÍS/Lugo* : El alcalde de Castro de Rei, Antonio Valiño, y sus concejales Antonio Balado -como el regidor, también del PSdeG- y Roberto Lorenzo, de Terra Galega, amañaron adjudicaciones para premiar con obras a empresas afines, bien por conocer a sus propietarios o bien porque se trataba de constructoras del pueblo que creaban puestos de trabajo o financiaban actividades del ayuntamiento como las fiestas o el equipo de fútbol.
Así se desprende del informe de la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía que figura en el sumario de la Operación Rei, 2.000 folios que incluyen pinchazos telefónicos al alcalde y a estos dos ediles, todos imputados por la juez que instruye la causa. Las escuchas dejan al descubierto constantes presiones del regidor y algunos de los concejales, sobre todo Balado y Lorenzo, a la secretaria municipal, María Josefa Fernández, para que hiciese la vista gorda ante las irregularidades que se repiten en los procesos de contratación de obras y personal en este municipio.En la instrucción que dirige la titular del juzgado número 3 de Lugo constan los expedientes de más de una veintena de obras en este municipio lucense en las que se repite el mismo procedimiento: el alcalde y los ediles deciden de antemano la constructora a la que adjudicar los trabajos y luego se le pide a ésta que busque otras dos firmas para dar apariencia de legalidad al contrato negociado sin publicidad.
Según el informe de la policía, esta forma de actuar vulnera el artículo 153 de la Ley de Contratos del Sector Público y los principios de transparencia y concurrencia que deben prevalecer en todo procedimiento negociado. Sirva como ejemplo el expediente de contratación de pistas deportivas en Castro de Riberas de Lea. El gobierno local invita a tres firmas para que opten a la adjudicación de los trabajos, pero sólo se presenta una de ellas, Construcciones J. Isidro, SL, que acaba obteniendo el contrato. La policía sospecha que en este caso, como en otros, hubo "artimañas previas a la adjudicación". Y cita una conversación mantenida el 9 de enero de 2009 por el alcalde Juan Valiño y el concejal Antonio Balado. En ella el regidor señala: "Hay que poner varias [obras] juntas para que pasen de 50.000 euros para que [la Diputación de Lugo] nos pague el proyecto, pero no debe pasar de 200.000 para que nosotros podamos jugar con ellas a la hora de adjudicarlas, [...] se las vamos a dar a quien nos dé la gana". La policía está convencida de que "esta conversación resume básicamente toda la operativa de la contratación en Castro de Rei, la cual es evitar obras por concurso, reduciendo o fraccionando la cuantía del contrato, para poder dárselo finalmente a la empresa que deseen utilizando torticeramente el procedimiento aun a sabiendas de que si se desarrollara un concurso las condiciones para el concello podrían ser más ventajosas".
En otro de los pinchazos, el alcalde de Castro de Rei habla con el edil de Terra Galega (Tega) Roberto Lorenzo, a quien avisa: "La cuestión es que, entonces, lo de las carreteras lo que tenemos es que decidirlo y después decirle al que tengamos pensado que pida otras dos ofertas, que pida no, que nos diga a quién mandamos la invitación". El propio regidor, en esa misma charla que tuvo lugar el 27 de febrero de 2009, desvela sus planes para intentar convencer a la secretaria municipal de que cuele en una junta de gobierno que ya ha tenido lugar tres nombres de tres empresas como si ya hubiesen sido invitadas.
En una conversación posterior, también grabada por la policía, es el concejal de Terra Galega quien le comenta al alcalde que la funcionaria municipal se niega a admitir como válidas las ofertas entregadas fuera de plazo por varias de las empresas a las que tanto él como el alcalde pretendían beneficiar. Tras enterarse, el alcalde llama a la secretaria municipal para que interceda en favor de las citadas constructoras: "El problema es que todos los que nosotros teníamos interés en las obras son los que no lo entregaron a tiempo".
La secretaria se pregunta entonces si es que los dirigentes de esas constructoras "no saben leer". El sumario destapa otras presuntas irregularidades como las que se deducen de otra conversación de Valiño con el mismo edil de Tega en la que ambos hablan de adjudicar una obra a diversos empresarios. El alcalde subraya que dos de ellos, "los Pico de Cospeitos", van "en la lista del PSOE".
Entre los supuestos tratos de favor del gobierno municipal de Castro de Rei no sólo los hay a empresas, también a personas. Las escuchas recogen, por ejemplo, el interés de Lorenzo en contratar a determinados trabajadores para un programa de cooperación local: "Nosotros queríamos coger al Cachimbas y al Gitano, pero en teoría...". Su interlocutora le corta: "Son justo lo opuesto, porque no tienen experiencia en el mercado ganadero". Cuando la resolución de las plazas, concedidas según un baremo, no les satisface, el alcalde trata de presionar a la secretaria municipal, que le responde: "Desde luego, yo no cambio el acta. En el próximo proceso de selección llamas a alguien de la Diputación y lo hacéis... A mí ya me extrañaba que no hubiera jaleo, que nadie me tocara la tecla". El alcalde replica: "Pensábamos que nos ibas a decir..." A lo que la secretaria interrumpe: "Si vais a querer a alguien y caciquear, yo no quiero participar. Llamáis a un secretario de aquí al lado".
* ELPAIS.com - 18.06.10
Foto: Castro de Rei (Lugo), ayuntamiento - calasanz-val.org
Xixona reta a Medio Ambiente y cierra las puertas a las basuras de Castelló
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LEVANTE* : La solución a las basuras de Castelló, no sólo huele mal, sino que quema en las manos de la Conselleria de Medio Ambiente y de la Diputación de Castelló. El retraso -más de siete años- de la planta de Cervera, que debía dar servicios a los municipios del norte de Castelló, y el inminente cierre del vertedero de Vilafranca mantienen a las basuras de Castelló huérfanas. El secretario general de la Conselleria de Medio Ambiente, Jorge Lamparero, retomó ayer la opción alicantina y anunció, en una reunión con alcaldes en la diputación para hablar del Plan Integral de Residuos (PIR), que la basura de la zona norte se acumulará, en un primer paso, en una planta de transferencia provisional en Benicarló, para después darles salida hacia el vertedero de Xixona.
Esta medida se prolongaría durante meses, pendientes de que vea la luz la planta de Cervera.
Lamparero apuntó que la tramitación para habilitar esta instalación es sencilla y que los trámites ya están superados. Asimismo, justificó su traslado a Xixona "porque la empresa pública Vaersa dispone de una planta en esta localidad", rechazando así otros municipios como Villena, que también se habían barajado como posibles receptores de los residuos de Castelló.
Oposición de Xixona
Ante este anuncio, la reacción del Ayuntamiento de Xixona no se ha hecho esperar y su alcalde, el socialista Ferran Josep Verdú, ha mostrado su total rechazo a esta opción al calificarla de "aberrante" y de "total despropósito". Verdú advierte que el ayuntamiento no va autorizar este tipo de "barbaridad" porque la planta de tratamiento de residuos está construida sobre terrenos municipales, "cedidos bajo unos condicionamientos que no permite a Vaersa hacer lo que le de la gana".
El primer edil ha afirmado que es inviable esta opción "ya que nuestra planta está construida para gestionar y tratar sólo la basura de la zona 14 y parte de la zona15", no la de Castelló. Verdú ha recordado a la conselleria que es "ilegal" llevar los residuos a Xixona porque va en contra del Plan Zonal de la Ley de Residuos aprobada por el gobierno autonómico del Partido Popular y ha advertido que no se van a quedar inmóviles ante esta decisión.
El alcalde socialista, quien ha aclarado que no ha recibido ninguna notificación a este respecto por parte de la conselleria, ha recalcado la negativa total a aceptar los residuos de la zona norte de Castelló y ha apuntado que hace un año envió a la Policía Local para evitar la entrada de camiones que no procedían de estas zonas fijadas por ley.
Planta de la Vall d'Uixó
Pero no es este el único frente abierto en la provincia. En su intervención Lamparero explicó que la recogida y tratamiento de la zona sur de Castelló pronto estará resuelto, ya que está previsto que después del verano entre en funcionamiento la planta de Algimia, además de anunciar avances en la tramitación del vertedero de la Vall d'Uixó. "Los trámites de esta planta están adelantados y antes del verano tendremos la autorización ambiental integrada", apunta Lamparero, quien ha obviado señalar cual será la ubicación definitiva de esta planta de gestión de residuos.
En otro orden de asuntos, el PIR prevé en la Comunitat Valenciana la creación de tres plantas de valorización energética, como alternativa a las plantas incineradoras, aunque todavía se desconoce la ubicación de las mismas y si la provincia de Castelló albergará alguna de estas instalaciones ambientales.
* Levante-emv - 18.06.10
Foto: Xixona (Alacant), vertedero - levante-emv.com
Dos años de prisión para el ex juez Urquía por cohecho y prevaricación
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ELPAÍS/Málaga* : El ex magistrado Francisco Javier de Urquía recibió ayer su segunda condena por recibir sobornos mientras dirigía el Juzgado de Instrucción nº2 de Marbella (Málaga). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le notificó una sentencia en la que le considera culpable de cohecho y prevaricación continuada y le condena a penas totales de dos años de prisión, 17 de inhabilitación y multas por valor de 114.000 euros. Urquía, de 31 años, podrá recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJA cree probado que, en abril de 2007, Urquía cobró 60.000 euros de Azan Khan, un imputado en el caso Hidalgo, que instruía él ex juez, a cambio de dejarle en libertad bajo fianza tanto a él como a su esposa y a su hijo. Según la sentencia, Arnaud Albouhair, un amigo íntimo de Urquía, recibió el dinero de manos de un sobrino de Khan llamado Tariq cuando aquel ya estaba en prisión, donde ingresó el 20 de abril de 2007.
Tras el pago, el 2 de mayo de 2007, Urquía revocó los autos de prisión dictados 15 días antes con el argumento de que Khan iba a ser juzgado por los mismos hechos en Bélgica, su país de residencia, lo que va contra el principio jurídico de no ser juzgado dos veces por la misma causa. La sentencia considera prevaricatorio el auto de libertad provisional bajo fianza porque Urquía no comprobó ni acreditó en ningún momento que los hechos imputados -el blanqueo de 136 millones de euros- fueran idénticos en ambos países.
La nueva sentencia del TSJA, de 154 folios, absuelve, sin embargo, al ex juez Urquía de otros delitos de prevaricación y cohecho estudiados en la otra pata del juicio: el intento de extorsión al empresario hotelero David Shamoon a cambio de levantar los embargos que pesaban sobre sus empresas, también por el caso Hidalgo, y otros favores judiciales. Arnaud Albouhair y el también amigo del juez Urquía Igor Mier contactaron con el entorno de Shamoon y le ofrecieron solucionar sus problemas en el juzgado que dirigía Urquía a cambio de entre cinco y ocho millones de euros.
Según la sala, "no consta" que las "numerosas gestiones" realizadas por Mier con el hijo de Shamoon, Daniel, y las que de forma paralela llevó a cabo Albouhair "fueran encargadas o siquiera conocidas" por Urquía o que obedecieran a un "plan urdido" entre el entonces magistrado y sus dos amigos. Albouhair, hijo de Olivia Valere, dueña de una de las discotecas más lujosas de Marbella, contactó con Shamoon a través de Philippe Junot, uno de los ex esposos de la princesa Carolina de Mónaco.
La Fiscalía y las acusaciones particulares, en especial la ejercida por David Shamoon, consideraban que Urquía había prevaricado al embargar las sociedades del empresario y al nombrar a un administrador judicial para sus hoteles que cobraba 63.350 euros mensuales. Esta cantidad se interpretaba como una presión de Urquía para que Shamoon accediera a pagar a sus amigos para aliviar su situación. Sin embargo, la sala "no puede valorar como injusto" el auto de bloqueo de los bienes de Shamoon ni el nombramiento del administrador judicial, que además contó con el visto bueno del fiscal.
El ex magistrado, que ahora ejerce la abogacía en su Alicante natal, ya fue condenado por el Supremo en marzo de 2009, por recibir 73.800 euros del ex asesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca. Era la recompensa por haber prohibido la emisión de un programa de televisión que indagaba en el inmenso patrimonio del cerebro de la corrupción en Marbella.
* ELPAIS.com - 18.06.10
Foto: Marbella, jueces Urquía y Torres (archivo) - J.Lanza (SUR)
