Los despropósitos del Ministerio de Fomento, bajo el mando de A.Pastor, parece que no tienen límite. A medida que nos acercamos a las elecciones se cometen todo tipo de despilfarros sin sentido; es lo que está ocurriendo con el AVE gallego o, ahora, con la autovía del Pirineo. A pesar de que la parte aragonesa está paralizada hasta que no se resuelva el contencioso administrativo del 'peaje en la sombra', la ministra dio el visto bueno a la autovía en el lado navarro, con el consiguiente coste económico sin utilidad del nuevo eje. Seguimos estando, lamentablemente, ante una pésima gestión de los recursos públicos en infraestructuras de transporte.
"ELDIARIO*: El Gobierno de Navarra asegura que el retraso de las obras de la Autovía del Pirineo en la parte aragonesa no le perjudica. Se olvida del coste del recurso presentado en el contencioso – administrativo por la empresa que gestiona la autovía mediante el sistema de peaje en la sombra porque el número de vehículos que circulan por ella es menor de lo previsto porque no ha finalizado la obra o que no se haya beneficiado del “potencial de atracción industrial, de inversiones y de turismo” que, según el propio gobierno, iba a favorecer la carretera.
En una respuesta a Geroa Bai el ejecutivo asegura que en ningún caso el retraso de las obras por parte del Estado, encargado de acometer el trazado en la parte aragonesa, perjudica a la Comunidad Foral. Cuestión puesta en duda por Manu Ayerdi, parlamentario que ha realizado la consulta y que considera que esta afirmación “es una forma de esconder su incapacidad en la gestión y no darse cuenta de que esto era un eje y tenía que haber habido un convenio en el que estuvieran delimitados los plazos”. El Gobierno asegura que la obra se llevó a cabo por intereses propios de Navarra, únicamente con “vocación interna”.
Para Ayerdi una cuestión que tiene “poca credibilidad” ya que para mejorar la comunicación con determinadas zonas de Navarra no se realiza una “autovía impresionante” sino que se habría desdoblado o mejorado la carretera existente. Además, parece que olvida el Gobierno todos los beneficios que la vía a tener cuando se anunció su construcción, como favorecer las inversiones en Navarra o mejorar el atractivo turístico de la Comunidad, cuestiones que no han sucedido porque la obra está sin terminar.
Las críticas del grupo nacionalista están avaladas, además, por otra afirmación vertida por el ejecutivo y es que no consta ningún convenio formal en el que el Estado y Navarra se comprometieran a acometer su parte de la infraestructura con una planificación y unos plazos concretos. Cuestión que lleva a preguntarse a Manu Ayerdi por qué entonces se acometió el final de la autovía con la fórmula del peaje en la sombra en lugar de esperar a tener disponibilidad presupuestaria, como está haciendo el Estado en la parte que falta.
Peaje en la sombra
El tramo navarro, ya finalizado, terminó de construirse con la fórmula del peaje en la sombra, puesto en duda por la Cámara de Comptos, que segura que “había alternativas” más económicas para Navarra. Entre otras, como defiende el propio Ayerdi, haber construido el último tramo “en la medida que hubiéramos podido”. “Nos hemos comido un peaje en la sombra que no habría sido necesario, igual que llegamos hasta la venta de judas por presupuesto ordinario, podíamos haber llegado hasta Aragón”.
Una tercera cuestión, que “preocupa” a Geroa Bai es la dilatación en los plazos del tramo aragonés y es que, muchos de los tramos que quedan por construir no están ni proyectados, se encuentran parados, o manejan tiempos de ejecución que van más allá de 2017, por lo que la conexión real entre Pamplona y Jaca, todavía tendrá que esperar.
* El Diario - Celia Bustamante - 1.5.15
Foto: Uno de los tramos navarros de la autovía del Pirineo entre Liédena y Yesa.- el diario
El Gobierno huye hacia adelante con la autovía del Pirineo
Pamplona.- ¿Y ahora qué hacemos con este pabellón de 60 millones?
Siguiendo con los despilfarros delictivos que han llenado este país de obras inútiles, llevándose, además, las arcas públicas con las que se deberían haber atendido otras necesidades sociales, llegamos a Navarra, que tiene casi terminado desde hace 20 meses un moderno recinto multiusos para acontecimientos deportivos y culturales pero no lo inaugura porque no lo ve viable. El gobierno de la Comunidad sigue a lo suyo, mientras se han dilapidado fraudulentamente casi 60 millones y nadie parece ser responsable ahora, ni siquiera la justicia lo encuentra.
"ELPAÍS* : Cada mañana, personal del Gobierno de Navarra acude de forma rutinaria al pabellón Reyno de Navarra Arena de Pamplona como el que va a su vieja casa familiar ya deshabitada para comprobar que todo sigue en orden y que nada ha dejado de funcionar por la falta de uso. Encienden y apagan todas las luces, recorren los enormes pasillos y pasan un rato en alguna de sus salas. A la espera de deportistas, ellos y los vigilantes de seguridad son los únicos ocupantes de un imponente recinto multiusos que aguarda a oscuras desde hace casi dos años su inauguración. Después de 58 millones gastados, la Administración foral no sabe qué hacer con él.
El proyecto, víctima ahora de la crisis, se aprobó en 2008 como una respuesta a las primeras dificultades económicas. “El viejo y anhelado deseo”, como lo definió la actual presidenta navarra de UPN Yolanda Barcina, entonces alcaldesa de Pamplona, se incluyó en un potente plan de obra pública de 4.500 millones para la Comunidad, siguiendo el modelo nacional del Plan E de Zapatero. Ningún grupo político se opuso a él en el Parlamento (solo la formación nacionalista NaBai e IU se abstuvieron) y aquella fue la ocasión para desempolvar la idea de un gran pabellón, aunque corregido y aumentado.
Un año antes el Ejecutivo foral había anunciado un recinto para unas 6.500 personas dirigido, principalmente, al San Antonio, que se había colado en la elite europea del balonmano bajo el patrocinio de cementos Portland en los años locos de la construcción. Pero a la Administración esa nueva infraestructura no le pareció suficiente y pocos meses después dobló su apuesta con más aforo (hasta 12.000), una pista auxiliar con frontón incorporado y palcos vips, con la intención de acoger también espectáculos culturales. "En todos los pabellones que visitamos en España y en Europa para coger ideas nos recomendaron que no nos quedáramos cortos, que esto era para 50 años", explica Nacho Arbeloa, máximo responsable de infraestructuras deportivas de Navarra. En total, 60 millones de presupuesto, de los que se han gastado 54 en levantar el edificio más cuatro en urbanizar la zona.
Sin embargo, el San Antonio desapareció por el camino. Pinchó la burbuja inmobiliaria, se quedó sin sponsor y murió en 2013 ahogado por las deudas, con la obra casi terminada. Su declive transcurrió en paralelo a la construcción del Reyno de Navarra Arena. El resto de clubes de la ciudad, lejos de la elite, no atraen a sus encuentros a más de 2.000 personas de media y los eventos culturales, el otro eje, tampoco ofrecen de momento garantías suficientes para impulsar su apertura.
“Queda por ejecutar el 10%, aunque hay partes a las que hemos renunciado. Creo que con 1,5 millones más lo podríamos abrir”, detalla Arbeloa. Pero no se abre y no hay señales de que eso vaya a ocurrir a corto plazo, sobre todo con las elecciones autonómicas de primavera en el horizonte. En septiembre de 2009 se puso la primera piedra y en mayo de 2013, con dos años de retraso, la obra quedó acabada al 90%. Desde entonces el recinto aguarda cerrado y vallado el último empujón. La vigilancia y mantenimiento cuestan 250.000 euros anuales.
El plan de gestión, entregado en 2009, ha quedado "obsoleto" y "arrollado" por las circunstancias económicas, reconoce IDOM, la empresa que lo realizó. ¿Cuando pase la crisis volvería a ser viable? "No lo sé, habría que repetir el estudio. Hoy, por ejemplo, ya no existe el San Antonio, y las demandas y costumbres de la gente también han podido cambiar", responde Ángel Vázquez, responsable de todo el proyecto de asesoría.
“Es una patata caliente y hay que tener valentía para abrirlo. Desde el punto de vista de la cuenta de explotación, no creo que sea viable, y si vamos a los gastos de amortización, mucho menos, pero una infraestructura pública también genera empleos indirectos en la hostelería y en otros sectores”, apunta Roberto Jiménez, parlamentario del PSN, grupo que dio su voto favorable al edificio. “Si pudiéramos volver a 2008, nadie tomaría esa decisión, pensábamos que la crisis tendría un recorrido menor”.
Lo que sí parece claro es que el Ejecutivo ha descartado la gestión pública, que era la idea original, y explora ahora la opción público-privada. “Hemos hablado con empresas y les parece un recinto interesante, pero tendrían que ver las condiciones exactas del concurso que saquemos”, cuenta Nacho Arbeloa. Un concurso que de momento no tiene fecha. ¿Era esta la máxima prioridad en infraestructuras deportivas en Navarra para gastarse 60 millones? "Bueno... [sonríe] Nuestro mapa de instalaciones es muy completo, aunque empieza a tener carencias de mantenimiento", responde sin querer entrar en más detalles. EL PAÍS se ha puesto en contacto con el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, encargado de encontrar una salida para el pabellón, pero ha rechazado hacer declaraciones.
Situado junto al estadio de Osasuna, su fachada blanca compuesta por 933 cubos que se iluminan destaca sobre el resto en una zona con poca vida en las calles más allá de los domingos de fútbol. Dentro, una pista central para 10.000 personas y otra auxiliar para 3.000 más un avanzado sistema de gradas, hoy cubiertas con plásticos negros, que se extienden, se repliegan, se giran y hasta se esconden bajo el suelo dan la opción de celebrar casi cualquier deporte bajo techo.
Ahora, los principales clubes de la ciudad disputan sus partidos en el Anaitasuna, un vetusto pabellón con unos 3.500 asientos que encaja en sus necesidades reales. Su propietario, el balonmano Anaitasuna, de la liga Asobal, descarta en cualquier caso irse de casa. "Nuestros socios no lo entenderían. Además, siempre nos pareció excesivo el Navarra Arena. Ni en el mejor momento del San Antonio hubo una demanda tan grande de aforo", asegura Ángel Azcona, su gerente.
El Planasa de baloncesto y el Xota de fútbol sala sí dan por hecho su traslado cuando llegue el momento. “La mayoría de clubes recibimos subvención y entendemos que el Gobierno nos invitará a jugar allí”, opina Javier Sobrino, presidente del Planasa. El gerente del Xota, Carmelo Villamarín, se lamenta, sin embargo, de la "pérdida de ambiente" que sufrirán con la mudanza a una infraestructura que triplica a la actual.
En conciertos, la capacidad alcanza los 12.000 espectadores. "Es un edificio con buena acústica y bien preparado, pero deberá competir con Bilbao, San Sebastián o Zaragoza. A los promotores nos surgen posibilidades y luego todo depende de qué lugar nos ofrezca mejores condiciones y de las ayudas públicas", comenta Jokin Zamarbide, responsable de IN & OUT, la principal empresa organizadora de conciertos con base en Pamplona. La crisis, añade, ha dejado al sector en horas bajas y deja una crítica sobre el pabellón: "Antes hubiera cubierto la plaza de toros, donde cabe más gente y solo se usa en Sanfermín".
Un buen ejemplo de esta obra hecha a lo grande es su frontón, ubicado en uno de los fondos. Solo está previsto que se use un día al año, en alguna de las tres finales importantes de la pelota vasca (Manomanista, por parejas y Cuatro y Medio) aprovechando su capacidad para 3.000 personas. Las dos empresas organizadoras de partidos, Aspe y Asegarce, se muestran encantadas, pero aclaran que "en ningún caso sustituiría en los partidos de cada fin de semana al Labrit", una de las catedrales de este deporte y situado en el centro de Pamplona. Un frontón para una tarde y un pabellón, de momento, para nadie.
* El País - LORENZO CALONGE - 8.2.15
Foto: Vista interior del pabellón Reyno de Navarra Arena, en Pamplona. / LUIS AZANZA
Navarra.- Los arquitectos piden paralizar el proyecto de ley de urbanismo
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Ya se ha comentado en numerosas ocasiones en este blog la necesidad de que los técnicos de urbanismo (arquitectos) se pronunciaran más sobre ciertos asuntos que les afectan, a ellos y a los ciudadanos a cuyo servicio están. Solo se han empezado a oir algunas voces cuando la crisis/estafa ha estallado en toda su dimensión, pero nunca antes y, desde luego, este es un 'debe' en la actividad profesional. En Navarra han alzado ahora la voz ante la nueva Ley de Urbanismo que se está cociendo, y que parece no resolver los problemas de la anterior y define una ordenación territorial que es 'privilegio para unos pocos y un problema para muchos'.
"DIARIODENAVARRA* : El Colegio de Arquitectos Vasco Navarros han pedido en el Parlamento de Navarra que se paralice temporalmente la tramitación del proyecto de ley de urbanismo para tratar de solucionar las "aristas" que han visto en el texto. En opinión de Teodoro Ronco, vocal de la Agrupación Vasco Navarra de arquitectos urbanistas de Navarra, "esta ley no resuelve las carencias de la ley anterior", ha defendido que se ciña a los "problemas concretos" de Navarra y criticado que sea "desreguladora" al dejar "demasiadas cosas al albur de la negociación entre promotores y Ayuntamientos".
En lo que se refiere al urbanismo, esta agrupación considera que el proyecto impulsado por la Fundación Laboral de la Construcción no resuelve la "sensación de corruptelas", el "despilfarro" y un urbanismo que es "privilegio para unos pocos y un problema para muchos".
Por eso han reclamado más transparencia y que la participación ciudadana esté más regulada y se permita desde el comienzo de la tramitación, una mayor eficiencia energética y que no se fomente el uso del coche, y que se tenga en cuenta que no es lo mismo la ciudad de Pamplona que una localidad como Leoz.
Su petición de paralizar el proyecto sólo ha tenido en la comisión parlamentaria de Fomento el apoyo de I-E, partidario de un debate "sosegado, técnico y preciso" ante una ley "tan importante", ha dicho Txema Mauleón.
Para Juan José Lizarbe, del PSN, el proyecto de ley es mejorable pero ha rechazado que sea una ley desreguladora, sin descartar que "quizá haya que regular más".
El representante de Bildu, Koldo Amezketa, se ha mostrado de acuerdo con las propuestas de los arquitectos y considerado que hay que reformar la ley de 2002 "pero de una forma integral, con cuidado".
En la misma línea, Txentxo Jiménez, de Aralar, ha apoyado "hacer una buena ley", al tiempo que ha entendido que se puede tramitar en esta legislatura porque, ha dicho, "si vamos a cobrar 5 meses más, hagamos algo para merecernos el sueldo".
Por el PP, Eloy Villanueva también se ha mostrado favorable a aprobar una ley, algo "urgente" para "arreglar muchos aspectos relacionados con el urbanismo".
Por último Raquel Garbayo, de UPN, se ha comprometido a trasladar las propuestas presentadas por los arquitectos al departamento de Fomento del Gobierno de Navarra.
* Diario de Navarra - EFE - 30.10.14
Foto: Pamplona, Parlamento de Navarra - Ngoni (wikipedia.org)
La 'carrera de pillos' en la que la Iglesia siempre gana
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Que la Iglesia está interesada desde siempre en los bienes terrenales es algo que sabíamos, solo hay que recordar el escándalo del Banco Ambrosiano (Vaticano) en Italia. Aquí en en este país también y, pasito a pasito, se ha ido haciendo con un patrimonio extensísimo, que afecta no solo a los bienes inmuebles de su propiedad sino, incluso, al suelo donde se asientan. El registro de esos terrenos a su nombre se ha ido haciendo en silencio, con el consentimiento de las autoridades competentes, por supuesto, y ahora nos encontramos con que no solo las grandes catedrales, iglesias o ermitas están a su nombre, sino también casas parroquiales, locales, cementerios, prados, terrenos circundantes, etc.
"ELDIARIO* : Las inmatriculaciones son una "carrera de pillos". El primero que registra un pedazo de tierra que hasta ahora no era de nadie, gana. El que llega segundo al despacho del registrador tiene que demostrar que el primero se equivoca. Esos términos usa el catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro Torres, cuando explica cómo la Iglesia católica ha sido la más rápida, durante años, en el maratón de las inmatriculaciones. Y también, la más silenciosa.
Si no fuera porque en el año 2007 un investigador navarro, revolviendo en la historia de su pueblo, se topó con que el terreno en el que se levantaba su parroquia estaba inscrito a nombre de su respectivo arzobispado, no se habría levantado la liebre. "Pura casualidad", recalca Pascual Larunbe, portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, creada a raíz de ese hallazgo.
"Al solicitar un par de notas simples, nos dimos cuenta de que era un asunto muy grave. Es lo que nosotros llamamos un escándalo monumental", recuerda Larunbe. Ermitas, iglesias, catedrales, basílicas, locales parroquiales pero también casas, atrios, cementerios, frontones, viñas, pastizales, prados, garajes... inscritos a nombre del Arzobispado de Pamplona y Tudela.
La única ocasión en la que se ha conseguido un listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia sucedió en Navarra en el año 2008. El grupo Izquierda-Ezkerra solicitó esa información a la presidenta del Parlamento autonómico, Elena Torres (PSOE). Ella cursó la petición al Ministerio de Justicia, presidido en ese momento por Mariano Fernández Bermejo (PSOE). Justicia trasladó el requerimiento a los registros de la propiedad correspondientes y, en cuatro meses, se obtuvo la respuesta: 1.087 bienes inmatriculados entre 1998 y 2007, de los cuales, un 80% son lugares de culto. No obstante, la información quedó incompleta, pues el Registro de la Propiedad número 3 de Pamplona se negó a proporcionarla.
El 'making of' de Navarra
"Si cada comunidad autónoma hiciera lo propio –propone Pascual Larunbe–, sabríamos de cuántos bienes estamos hablando en todo el Estado". Y se atreve a un cálculo, grosso modo: "Si en Navarra sólo conocemos 1.000 a partir de 1998, échale al menos otros 1.000 por las casas parroquiales de los más de 600 concejos navarros que puedan haber sido inmatriculados antes de ese año. Ahora multiplica 2.000 por las 50 provincias españolas, por decir algo. En todo el Estado deben de ser miles y miles, y económicamente no se puede valorar porque a la casa del cura le puedes poner un precio pero no a una catedral".
"Estamos reivindicando bienes públicos", añade. "A los ciudadanos les interesa saber qué está pasando con las ermitas y las casas de sus pueblos porque son ellos los que las han pagado". El patrimonio que la Iglesia está registrando a su nombre va desde la ermita de Santa Engracia en el pueblo zaragozano San Mateo de Gállego hasta la Mezquita-Catedral de Córdoba; desde las 29 fincas de pastos, viñas y olivares del pueblo navarro de Eslava hasta la mismísima catedral gótica de Tudela.
Pero la propuesta de Pascual Larunbe no está funcionando y la vía política se ha bloqueado con el Gobierno del PP. "Nosotros hicimos un calco del sistema navarro", admite Jorge A. García, presidente de la asociación aragonesa Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL). Ni las Cortes de Aragón ni la Mesa del Congreso de los Diputados pudieron cursar las peticiones de la Chunta Aragonesista.
Primero, el Ministerio de Justicia se declaró no competente y después aseguró que la responsabilidad de la publicidad de los datos es de los registradores. De postre, criticó que la manera en la que se obtuvo el listado navarro no era "el procedimiento propio" y que prueba de ello era que uno de los registradores se negara.
Tras la pista del IBI
De oca a oca, MHUEL se dirigió al Registro de la Propiedad. "Nos dijeron que carecemos de legitimación para pedir esa documentación" explica García. "Son contestaciones que hacen ruborizar", opina el portavoz de esta asociación en defensa del laicismo, cuyo objetivo ahora es "la concienciación" de cada ayuntamiento. "Con el tema de la exención del IBI se pueden detectar inmatriculaciones, pero tienen que ser los ayuntamientos los que saquen esa información si tienen voluntad política de hacerlo". Izquierda Unida y Chunta Aragonesista pidieron al Ayuntamiento de Zaragoza que lo hiciera, pero con la negativa del PP y la abstención del PSOE, la moción no salió adelante.
En Valencia, un tercer caso. La coalición Compromís registró dos proposiciones no de ley en las Cortes Valencianas. En la primera de ellas afirmaba que "algunos de estos bienes (casas y tierras) están siendo vendidos por el Arzobispado, obteniendo unos cuantiosos beneficios", por lo que la diputada Mònica Oltra instaba a la Generalitat a que consiguiera a través del Ministerio de Justicia un listado de inmatriculaciones realizadas por el Arzobispado de Valencia.
Un portavoz de Compromís recuerda que "la Mesa de Las Cortes, con mayoría del PP, la inadmitió por ser ofensiva con la Iglesia". "Hay que destacar –añade– que Juan Cotino, muy vinculado a la Iglesia católica, es el presidente de Les Corts y de la Mesa".
La Diócesis de Valencia ha inmatriculado, al menos, las ermitas de la Muntanyeta (Alberic) y la de la Virgen del Lluch (Alzira), además de la Fortaleza de Xàbia, "una torre defensiva mantenida y reformada por los ciudadanos con fondos públicos municipales", recalca la proposición. En la segunda de ellas se pedía que la Dirección General de Patrimonio tomara la iniciativa de inmatricular para "conservar el patrimonio valenciano en poder del pueblo".
eldiario.es ha preguntado al gabinete de prensa del Ministerio de Justicia por qué esta cartera no proporciona o facilita el acceso a la información sobre inmatriculaciones y su respuesta es la misma que en la vía política: diríjanse al departamento de prensa del Colegio de Registradores.
Desde el Colegio aclaran que "cada registrador tiene la facultad de elegir si proporciona o no esta información" . Al ser "jurisdiccional", unos pueden pensar "que prevalece el derecho a la información sobre la protección de datos, o no ". Esa independencia explica que la registradora del número 3 de Pamplona denegara la información al Ministerio de Justicia, una decisión que, según Pascual Larunbe, podría tener que ver con que se trata de "una conocida miembro del Opus". "Ya está bien que una registradora incumpla su deber profesional de proporcionar una documentación que es pública y ha sido solicitada en toda regla", se queja.
"El Registro de la Propiedad es independiente de la política", explica una portavoz del Colegio, "actúa con criterios de su jurisdicción y no con criterios políticos". Preguntados por si en el hipotético caso de recibir una orden del Ministerio de Justicia podría el Colegio de Registradores recabar de todos los registros de España las inmatriculaciones de la Iglesia católica en el conjunto del Estado español, la respuesta es sí, el Colegio podría hacerlo.
Perder el juicio
Ser el más rápido en "la carrera de pillos" no asegura la victoria. Xabier Iltzarbe cuenta con "bastante rabia y desilusión" la historia de la ermita de su pueblo, Garísoain (Navarra), del cual él es el alcalde. Alertado, Iltzarbe comprobó que la ermita de Nuestra Señora del Pilar no estaba inmatriculada, así que la inscribió a nombre del concejo de su pueblo. Al darse cuenta el obispo, demandó al municipio reclamando la propiedad de la ermita. El juicio, en los Juzgados de Primera Instancia de Estella-Lizarra, se celebró en 2011 y lo perdió el Arzobispado. Pero no contento con el resultado, lo recurrió en la Audiencia Provincial. La apelación cambió el sentido de la sentencia y concedió a la Iglesia la titularidad de la ermita. La prueba decisiva fue la aportación de un título de propiedad a nombre de la Diócesis sobre el terreno que la circunda.
"Somos un pueblo pequeño –relata Iltzarbe–, y ahora tenemos que pagar las costas del juicio, pero no tenemos dinero porque ya estamos pagando un crédito que pedimos para hacer un frontón". La paradoja llega a la hora de buscar financiación para pagar las costas judiciales: "Le hemos ofrecido al obispo un trato para vender un terreno urbanizable que tenemos a medias la Diócesis y el Ayuntamiento y, si lo vendemos, sacaríamos de ahí el dinero para pagar el juicio que hemos perdido contra ellos".
En opinión del alcalde, este ha sido "un juicio político" que no pensaban que iban a perder. "En Navarra, tanto la Iglesia como el Opus tienen mucho poder" y, "si se da batalla, es de ciudadanos de a pie, de concejos, pero no de la élite, que sigue siendo muy derechona".
Diez años para reclamar
Mejor acabó el juicio del obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, sobrino del expresidente de la Conferencia Episcopal, contra 53 vecinos de la aldea de Ribadulla (A Coruña) que inmatricularon un campo. El denominado "campo da festa" o "campo do cruceiro" es un terreno rústico que la Diócesis quería vender junto a una casa parroquial. Pero los vecinos fueron más rápidos. El juez de Arzúa los absolvió.
Pero esta batalla, explican los que la libran, no puede ser de los David contra el gran Goliat. Carmen Urriza, de la Plataforma Navarra, reclama que sin un inventario general "no sabemos de lo que estamos hablando" y que, aunque en Navarra el tiempo para reclamar una inmatriculación es de 20 años, en el resto del país es sólo de 10. Para la Mezquita de Córdoba, por ejemplo, el plazo se cumple en 2016.
"Las inmatriculaciones son inconstitucionales"
Gracias al art. 206 de la Ley Hipotecaria y al art. 304 del Reglamento Hipotecario, los obispos quedan equiparados a otros funcionarios públicos de las diferentes administraciones a la hora de certificar que un bien es suyo, con el objetivo de inmatricularlo.
Inmatricular significa inscribir un bien inmueble, por primera vez, en el Registro de la Propiedad. Y aunque es cierto que la inmatriculación no da automáticamente la propiedad del bien, a la larga sí la otorga si nadie la cuestiona.
Sólo un funcionario público a cuyo cargo esté la Administración del Estado, la provincia o el municipio puede emitir certificaciones de dominio. Pero el art. 304 del Reglamento Hipotecario recoge que, cuando los bienes son de la Iglesia católica, el diocesano –obispo o arzobispo– puede hacerlo también. Por eso las diócesis están inmatriculando sin freno, incluyendo templos gracias a la reforma hipotecaria que hizo el Gobierno de Aznar en 1998. Hasta esa fecha, los templos no eran susceptibles de ser inscritos en el Registro de la Propiedad.
Para el catedrático Alejandro Torres, los citados artículos de la Ley Hipotecaria de 1966 son inconstitucionales, pues van en contra del principio de laicidad del Estado. "Si ninguna confesión tendrá carácter estatal", el profesor Torres se pregunta "¿cómo es que los obispos pueden emitir unos certificados de dominio que les equipara a los notarios?".
Según estos expertos, los artículos que respaldan esta masiva campaña de inmatriculaciones son inconstitucionales porque van no sólo contra el principio de laicidad del Estado, sino también contra el de igualdad, pues concede a la Iglesia un privilegio que no tienen las demás confesiones.
* El Diario - Elena Cabrera - 30.3.14
Foto: La ermita de Santa María de Eunate es una joya románica construida en el siglo XII que aparece en el listado de 1.087 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica en Navarra. / Foto: Roberto Cacho Toca (CC)
El Constitucional suspende la ley navarra que permite expropiar viviendas a los bancos
Navarra aprobó esta ley para evitar así los numerosos desahucios injustos causados por la codicia bancaria. Pero una vez más el Gobierno central acudió presto a ayudar a sus colaboradores financieros en la especulación inmobiliaria y presentó un recurso ante el Constitucional en septiembre contra la ley navarra. Ya ocurrió este mismo año en Andalucía, por lo que era fácil adivinar la respuesta del Tribunal, siempre sentenciando a favor de lo que ordena el gobierno 'popular'. Esperemos, como último recurso, que desde Europa les llamen la atención una vez más.
"EFE* : El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido esta tarde de forma cautelar la ley navarra de la vivienda que prevé expropiar casas a bancos para evitar desahucios. Según han informado este martes fuentes del Constitucional, esta decisión se ha tomado al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno en octubre contra la ley navarra 'antidesahucios'. La ley fue aprobada el pasado 27 de junio por el Parlamento de Navarra con el voto en contra de UPN y PP y el apoyo del PSN, Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos.
El pasado mes de julio, el pleno del TC también suspendió de forma cautelar el decreto andaluz sobre desahucios, que autorizaba la expropiación temporal de inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. En la providencia notificada sobre la ley "antidesahucios" navarra, el pleno del TC da traslado de su decisión a la comunidad foral para que en el plazo de 15 días se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas. Conforme a la legislación, ha dado también traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso, al Senado y al Parlamento de Navarra.
Suspensión también para "terceros"
En aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la resolución indica que para las partes del proceso se suspende la aplicación del precepto impugnado desde la fecha en la que se interpuso el recurso del Gobierno (14 de octubre de 2013). La providencia añade que "para los terceros", la suspensión será efectiva desde el día en que la suspensión aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno recurrió los artículos 1, 2, 5, 6 y 7 de la citada ley navarra al alegar que invadía competencias del Estado e invocó el artículo 161.2 de la Constitución para que se produjera su suspensión. El Ejecutivo consideró que no puede integrarse el contenido esencial del derecho de propiedad privada desde las competencias sectoriales de vivienda ni tampoco de urbanismo, al menos cuando se esté afectando a la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Así, alegó que el artículo 149.1.1 de la Constitución reserva al Estado tal competencia, así como su artículo 149.1.8 le otorga la competencia en materia de legislación civil. También argumentó el Gobierno que la ley recurrida define los criterios para definir una vivienda como deshabitada basándose "en presunciones y meros indicios", como la denuncia de un vecino, que son contrarios al principio de presunción de inocencia que rige el procedimiento administrativo sancionador.
Presunciones legales sin admitir prueba del contrario
Al atribuir valor probatorio a indicios y estableciendo presunciones legales sin admitir la prueba del contrario se infringen los artículos 24.2 y 25, y el 149.1.18 de la Constitución, argumentó también el Gobierno. Igualmente vio inconstitucional el Gobierno la regulación como infracción muy grave de las personas jurídicas no dar efectiva ocupación a la vivienda, por establecer una responsabilidad penal y administrativa sancionadora al margen del principio de culpabilidad. Para el Ejecutivo, la norma discrimina además "arbitrariamente" a las personas jurídicas al regular la expropiación del derecho de uso de la vivienda a entidades financieras o a sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de archivos, y no al resto de propietarios como inmobiliarias o fondos de inversión.
* 20Minutos - EFE - 12.11.13
Foto: Protesta PAH (archivo) - 20minutos
Euskadi, Navarra y La Rioja: cinco aeropuertos en un área del tamaño de Yibuti o Belize
Siguiendo con los despilfarros autonómicos en aeropuertos, son de destacar los de estas tres Comunidades que, en el pentágono que forman sus cinco infraestructuras de transporte, apenas viven 3,1 millones de habitantes a los que se suman la cercanía de las instalaciones de Santander o Biarritz. Un disparate público colosal en el que prima más la política (mala) que el raciocinio de recursos. Aquí cada uno va por libre y todos quieren ser más grandes y costosos que el de al lado. Un ejemplo lamentable de este país autonómico, egoísta en vez de solidario.
"ELDIARIO* : País Vasco, Navarra y La Rioja: 3.156.000 habitantes y cinco aeropuertos en una extensión de 22.670 kilómetros cuadrados. Sobre un mapa, formaría un pentágono en el que la terminal de Bilbao-Loiu queda a tan solo 72 kilómetros de la de Vitoria-Foronda, que a su vez está a 110 kilómetros del edificio de pasajeros en Logroño-Agoncillo, que dista 98 kilómetros de la nueva terminal en Pamplona-Noain, situado a 100 kilómetros del aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia, separado por 110 kilómetros de Bilbao-Loiu, que, por cierto (saliendo ya del pentágono) queda a solo un centenar de kilómetros de la pista de Santander-Parayas.
Como todo lo anterior le ha debido parecer algo parecido a un trabalenguas que mezcla edificios, pistas, nombres y distancias kilométricas no muy largas, iremos por partes.
Vitoria-Foronda
En los años 50 el aeródromo de Vitoria se llamaba “General Mola”, tenía un barracón de madera, un hangar metálico y una peculiaridad: su pista se cruzaba con la carretera Nacional I, (Madrid-Francia por Irún), por lo que tenía un paso a nivel con barreras que se bajaban cuando los aviones despegaban o aterrizaban. Ese curioso cruce nunca supuso un serio conflicto, puesto que el tráfico aéreo de la zona era escaso.
El desarrollismo de la década de los 60 hizo que la Cámara de Comercio de Álava se empezase a plantear un desarrollo aeronáutico serio, por lo que pidió a la Diputación Foral que considerase la construcción de un verdadero aeropuerto para la zona, eligiéndose Foronda, en la planicie de Álava como lugar idóneo para llevar a cabo el proyecto, que ocupaba terrenos de ocho municipios diferentes. Uno de estos pueblos, Otaza, fue derruido totalmente al quedar dentro de los terrenos del plan director.
Las obras del nuevo aeropuerto de Foronda se iniciaron en 1976 con bastantes trabas por parte de la Subsecretaría de Aviación Civil, a pesar de que la totalidad de la inversión la hizo la Diputación Foral: 2.700 millones de pesetas en cuatro años, para tener lista una de las mejores instalaciones aeronáuticas de la península, pensada para ser el gran aeropuerto central de su hinterland: pista de 3.500 metros, una flamante torre de control, el mejor sistema de aterrizaje por instrumentos de España y todas los servicios listos para ser operativo.
El aeropuerto se inauguró el 16 de febrero de 1980 y fue uno de los últimos actos de Carlos Garaikoetxea como presidente del Consejo General, semanas antes de ser nombrado oficialmente lehendakari del Gobierno Vasco. Garaikoetxea recibió en la pista de Foronda un Falcon 20 que transportaba al entonces ministro de Transportes, al responsable de Aviación Civil y al director general de OAAN, la organización predecesora de Aena. Tras la visita al aeropuerto, las autoridades se trasladaron a la ciudad para firmar la transferencia de la titularidad de instalaciones terrenos y edificios desde la Diputación al Ministerio, una condición impuesta por la normativa vigente para poder poner en funcionamiento la instalación: algo así como un “ustedes pagan, pero la propiedad y gestión ha de ser nuestra o no se abre”. Una situación cuanto menos curiosa para la recién inaugurada comunidad autónoma.
Las instalaciones de Vitoria convencieron a varias aerolíneas nacionales e internacionales que volaban a Bilbao, y también a Aviaco, la única operadora que lo hacía en San Sebastián, con lo que decidieron ir traspasando vuelos hacia el nuevo aeropuerto, con unas teóricas mejores condiciones meteorológicas y una pista mucho mayor.
En ese momento de goteo de aviones hacia el sur, empezó un serio enfrentamiento entre Álava y Vizcaya, tanto en el terreno político (a pesar de estar alineados alrededor del PNV) como en el económico, con las empresas de Bilbao y San Sebastián presionando para que las compañías reconsiderasen ese cambio, sobre todo Iberia, que había traspasado el grueso de sus vuelos, material y personal en Euskadi a Foronda y que tuvo que recular al cabo de unos meses porque los pasajeros vizcaínos y guipuzcoanos no querían volar desde allí, y por supuesto por la influencia de algunos empresarios de peso.
A mitad de los 80, Foronda, llamado a ser el gran aeropuerto del Norte, con un área de influencia sobre cinco comunidades autónomas, gracias a una buena red de autovías y autopistas, había perdido casi todos sus vuelos. Desde entonces nunca se ha recuperado y de hecho, hoy día, no tiene vuelos de pasajeros. En el ejercicio 2012, cuando aún se ofrecían, solo pasaron 24.300 pasajeros por su terminal provisional, que acabó siendo la definitiva. Las perspectivas para este año son aún peores al no haber compañías interesadas en volar allí.
En los años 90, para paliar la triste estampa de aeropuerto de primera clase infrautilizado, se apostó por la especialización en carga aérea a través de una empresa ad hoc: VIA “Vitoria International Airport”, con la participación de Aena y todas las instituciones locales. La sociedad hizo un buen trabajo, consiguiendo atraer a importantes compañías de paquetería e incluso llegaron a aterrizar los aviones más grandes del mundo en misiones tan peculiares como la de llevar el primer papel moneda a las nuevas repúblicas bálticas, impreso en sus primeras remesas por la legendaria marca alavesa de naipes Heraclio Fournier.
Al margen de anécdotas puntuales, durante muchos años, buena parte del pescado fresco consumido en España llegaba a las pistas de Foronda a bordo de jumbos cargados de productos perecederos procedentes de Surafrica, Namibia o países suramericanos, que enseguida se embarcaban en camiones rumbo a toda España.
En los últimos años Zaragoza fue ganando terreno en ese mercado tan especializado y atrajo a buena parte de los operadores de Vitoria, lo que provocó un bajón en el número de toneladas de carga aérea gestionadas allí, que en los últimos meses se ha recuperado algo. Con el negocio de las mercancías a medio gas y el de pasajeros parado, el aeropuerto ha perdido incluso su PIF, Punto de Inspección Fronteriza, y Aena ha incluido a Vitoria dentro de un plan de eficiencia que se aplica a aeropuertos con menos de 500.000 pasajeros anuales, reduciendo el personal de 132 a 26 (las operadoras de otros servicios también han ajustado plantillas) y a un horario muy limitado de apertura. Sindicatos, partidos de todos los colores e instituciones se echan la culpa, mientras uno de los aeropuertos más jóvenes del Estado languidece.
San Sebastián-Hondarribia
Construido en la desembocadura del Rio Bidasoa, en la frontera franco-española, Hondarribia (Fuenterrabia ) tiene probablemente una de las aproximaciones más espectaculares del país: el aterrizaje por la pista 04 y los despegues por la 22 pasan sobre Hendaya y en muchos casos los aviones que llegan o salen también acaban sobrevolando la espectacular bahía de La Concha.
El aeropuerto de Guipúzcoa, pegado al casco urbano del pueblo que le da nombre, abrió en verano de 1955, siendo su primera terminal una antigua fábrica de conservas. Desde el primer momento, el Gobierno francés fue muy vehemente con el uso de esta nueva instalación, que afectaba directamente a su territorio al sobrevolarlo, por lo que España y Francia tuvieron que negociar el uso limitado de sus instalaciones, que hasta 1992 incluyó la prohibición del uso de reactores en vuelos regulares.
Curiosamente el pacto de 1992, firmado por los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países y aún vigente, contemplaba un número limitado de operaciones de aviones British Aerospace BAE 146 y McDonnell Douglas MD-88, aparatos que hace años ya no se ven por el lugar. Este acuerdo obliga a que entre las diez de la noche y las siete y media de la mañana, el aeropuerto no tenga actividad.
En la actualidad las cifras de pasaje no son precisamente alentadoras, siendo menores que las de hace una década. En 2007 se alcanzó el record de usuarios con 466.500 pasajeros, pero el año pasado quedó en 261.500. Esto hace que Hondarribia esté también en el llamado “grupo III” de aeropuertos, como Vitoria, y el plan de eficiencia haya recortado un tercio de su plantilla, pasando de 53 a 35 trabajadores con empleos que desaparecen, como los señaleros, encargados de controlar el estado de las pistas o de dirigir a los aviones a sus lugares de estacionamiento, algo –todo sea dicho- no demasiado difícil en un aeropuerto de bolsillo, con una terminal cómoda, algo “demodé” pero entrañable y ajustada a sus necesidades, que actualmente solo tiene vuelos a Madrid con Iberia Regional/Air Nostrum y a Barcelona con Vueling.
Por cierto, a tan solo 25 kilómetros de Honbarribia está, ya en territorio francés, el aeropuerto de Biarritz, que mueve más de un millón de pasajeros anuales a 13 destinos internacionales. En su aparcamiento es habitual ver muchas matriculas españolas, al ser una alternativa para vascos y navarros en sus desplazamientos hacia ciudades como París, Bruselas, Ginebra o Londres.
Bilbao-Loiu
Sondika empezó su historia precipitadamente en 1948, con unas instalaciones bastante precarias, pero con la urgencia de los propietarios de la legendaria “Aviación y Comercio S.A.” (Aviaco) fundada en Bilbao ese mismo año. Al cabo de unos meses, el aeródromo se cerró por falta de instalaciones y pasajeros.
La apertura oficial del aeropuerto, ya con los medios necesarios para su correcto funcionamiento la presidió Francisco Franco, el 20 de junio de 1950. Inicialmente no se llamaba Sondica, sino “Carlos Haya” en recuerdo a un célebre piloto e inventor local.
Las dos grandes fases de desarrollo del lugar fueron los últimos años 60, con grandes mejoras e inversiones para permitir una mayor operatividad, seguridad e incrementar el número de vuelos. Por entonces, las instituciones, cámara de comercio, bancos y cajas de ahorros locales se lanzaron por su cuenta a convocar un concurso de cara a encontrar un nuevo emplazamiento para el aeropuerto. Curiosamente, el plan elegido fue uno que siguió ubicando las instalaciones en el mismo lugar, pero construyendo una pista nueva, más larga que la existente y con 19 grados de diferencia, que permitía los aterrizajes instrumentales con baja visibilidad, algo que no era menor en un lugar que siempre ha tenido meteorología comprometida.
Los mundiales de fútbol de 1982 se aprovecharon para modernizar la terminal (el estadio de San Mamés fue co-sede de grupo de la primera fase con Valladolid) y por entonces se batió un récord: 120 vuelos en un solo día, motivado por el debut de Inglaterra y Francia en el campeonato el 16 de junio de aquel año. Ganó Inglaterra por tres a uno. Por entonces el gran Bilbao también había ganado su batalla aeroportuaria con Vitoria, volviendo a tener la práctica mayoría de los vuelos comerciales en el País Vasco.
En 1990, el aeropuerto llegó al millón de pasajeros/año, un crecimiento que obligó en los años siguientes a ampliar la terminal a base de añadidos e incluso habilitar como sala de llegadas un antiguo hangar para helicópteros, los destinados a llevar personal a la plataforma de Repsol en alta mar. Todas esas medidas fueron provisionales, ya que al lado contrario de las pistas se empezaba a allanar el terreno para la gran ampliación del aeropuerto, coronada por una terminal diseñada por Santiago Calatrava.
El arquitecto valenciano creó en medio de las campas de Loiu un edificio blanco llamado “La Paloma”, que costó 90 millones de euros y fue inaugurado en noviembre de 2000 con la presencia del príncipe Felipe, los ministros Birulés y Álvarez Cascos, el lehendakari Ibarretxe, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y por supuesto Santiago Calatrava, que dijo que el aeropuerto “era un mensaje de amor a esas tierras”, a lo que el alcalde, extasiado pero solemne, respondió: “Ahora solo falta el vuelo a Nueva York”.
Nadie duda de la singularidad y plasticidad de la terminal, pero Calatrava obvió un detalle que no era menor: en una ciudad con unos 180 días de lluvia al año, dejar a las personas que esperan a los pasajeros a la intemperie no fue una idea muy acertada: la sala de llegadas estaba en un espacio abierto. Otro problema fue la cubierta del edificio, que enseguida tuvo problemas de filtraciones y goteras. Por otro lado, el día a día evidenció que la belleza estética de algunos elementos chocaba con el confort. Ajeno a polémicas y sobrecostes, el arquitecto e ingeniero dejó bien atado por contrato que cualquier variación en el edificio la tenía que hacer él, con lo que al cabo de unos años fue su estudio el encargado de modificar los defectos encontrados en la terminal y en la actual ampliación, que alarga los brazos –digamos que las alas de la paloma- dejando de nuevo al edificio terminal en un punto central.
En 2003 pasaron por Bilbao 2,3 millones de pasajeros y cuatro años después, esta cifra creció hasta 4,2, cayendo en los cuatro ejercicios siguientes, pero recuperándose en 2012, cuando llegaron o salieron de la terminal de Calatrava 4,1 millones.
Pamplona-Noain
La semana de San Fermin de hace 101 años llevó la aviación por primera vez a Navarra, cuando en 1912, tres aviadores franceses realizaron una serie de vuelos de exhibición sobre la ciudad. Sesenta años después, también durante las fiestas mayores de la ciudad, aterrizó el primer avión comercial de pasajeros en Pamplona: un Fokker 27 de la compañía Aviaco, que llegó desde Barajas al aeropuerto de Noain, una instalación financiada enteramente por la Diputación Foral, pero que para abrirse al tráfico aéreo debió integrarse obligatoriamente en el OAAN, que como ya se apuntó, era el organismo predecesor de Aena.
En 1973 se construyó un edificio terminal de ladrillo visto, con una torre de control del mismo estilo y se amplió la pista de vuelo hasta los 2.200 metros, una distancia más que suficiente para los Caravelle, DC-9 y Fokker que cubrían las rutas con Barcelona, Santander o Madrid. Con el tiempo, las instalaciones fueron retocadas, sobre todo en aspectos técnicos, para asegurar la regularidad de los vuelos y minimizar los desvíos o cancelaciones debidos a meteorología adversa.
La superación de los 100.000 pasajeros/año a finales de los años 80 hizo factible derribar parte de la terminal antigua en 1991 para edificar un nuevo edificio de unos 3.000 metros cuadrados, que atendió sin problemas el crecimiento de usuarios a partir del año siguiente, una época en la que apareció una incipiente pero breve competencia a Iberia y Aviaco, las únicas presentes en Pamplona por entonces, con una peculiar compañía: Líneas Aéreas Navarras, una de las muchas aerolíneas regionales que aparecieron como setas en los primeros tiempos de liberalización aeronáutica en España, que en su gran mayoría tuvieron corto recorrido.
La terminal fue reformada hasta doblar su capacidad en coincidencia con el pico máximo de pasajeros: medio millón en 2007. Desde entonces la cifra no ha dejado de caer hasta quedarse en 190.000 en 2012.
A pesar del serio descenso en pasajeros y número de vuelos, se ha construido una nueva terminal de 12.000 metros cuadrados llena de esculturas, inaugurada en 2010, un edificio que costó 25 millones de euros. Además se levantó una nueva torre de control, que costó cinco millones más aunque aparentemente no se levantó lo suficiente, quedando demasiado baja, impidiendo a los controladores tener la visibilidad adecuada sobre el campo de vuelo.
Así, cuando el ministro José Blanco inauguró la terminal y el remate de todas las obras, por cerca de 50 millones de euros, se dio el paradójico caso de que Noain era doble: dos terminales –una cerrada a cal y canto, sin uso alguno, solo con unos tristes carteles de "no operativa, diríjase a la otra"- y dos torres de control. Todo eso para unos escasos vuelos a Barcelona y Madrid junto a algún vuelo de temporada.
Mientras Noain va perdiendo pasajeros, la sucesora de Blanco, Ana Pastor, garantizó la semana pasada a la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, que Pamplona y Navarra tendrán también su tren de alta velocidad a Madrid.
Logroño-Agoncillo
Agoncillo es un pueblo de 1.100 habitantes, construido sobre un terreno plano y fértil junto al río Ebro a unos 10 kilómetros al este de Logroño, donde en 1928 se inauguró un pequeño aeródromo militar de escasa actividad. De hecho, hasta inicios de los años 90, los pilotos del aeroclub de La Rioja fueron prácticamente los únicos usuarios de sus pistas.
En 1994, las FAMET, Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y la Guardia Civil basaron allí algunos helicópteros y los terrenos pasaron a depender del Ministerio de Defensa, permitiendo que los aviones del aeroclub y otros aviones civiles visitantes pudieran seguir usando las pistas de terreno natural en las proximidades de las instalaciones militares.
Dos años después, el Gobierno de La Rioja, presidido por Pedro Sanz, planteó que su comunidad autónoma no podía ser la única de España sin aeropuerto (a pesar de la proximidad de Pamplona, Zaragoza, Bilbao…) y consiguió que en septiembre de 1998 se declarase Logroño-Agoncillo como "aeropuerto de interés general", lo que ponía en marcha un trabajo de cinco años y 18 millones de euros para su construcción.
La terminal del aeropuerto fue inaugurada por José María Aznar hace diez años. Es un edificio de 4.000 metros cuadrados. Fue construida con piedra arenisca de pitilla, con interiores en mármol y madera de cerezo, mientras que para el revestimiento de la torre de control se eligió granito gris de Riaño. Desde esa torre se dirigió el primer aterrizaje de un avión comercial en Logroño, el Saab 340 de Iberline Express, una empresa española, con capital riojano, que alquiló con capital parcialmente riojano un bimotor a una compañía sueca.
La aventura aérea de esa aerolínea duró solo unos meses, a pesar de que el Gobierno regional pagaba indirectamente por los asientos vacíos comprando paquetes de billetes para los desplazamientos de funcionarios de esa Comunidad Autónoma a Madrid, adonde se programaron tres vuelos diarios. Posteriormente hubo una nueva intentona local, llamada Rioja Airlines que también fracasó, siendo únicamente Air Nostrum la que ha operado con regularidad en ese aeropuerto, aunque incluso durante algunas etapas por baja demanda suspendió sus enlaces.
Las cifras que arrojan las estadísticas del aeropuerto son muy humildes y de hecho en 2012 usaron Agoncillo tan solo 19.200 personas, esto es, una media de 52 pasajeros al día, en una terminal capaz de manejar 350 pasajeros por hora. La reivindicación localista en forma de aeródromo es ahora una instalación prácticamente olvidada por los habitantes de La Rioja.
* El Diario - Javier Ortega Figueiral - 1..2013
Foto: Logroño, aeropuerto - aena
Navarra.- Cadáveres urbanísticos de la crisis
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Igual que en el resto del país, en Navarra también se construyó desaforadamente y sin sentido en los años pasados. Muchos edificios y urbanizaciones son testigos de este salvajismo en la Ordenación del Territorio, mientras otros proyectos, afortunadamente, no llegaron a realizarse nunca debido a la creciente crisis.
"NOTICIASDENAVARRA* : Los cinco años que la crisis lleva recortando servicios y presupuestos en los ayuntamientos han visto también cómo numerosos proyectos quedaban abandonados en los cajones municipales, olvidados unos, aparcados otros a la espera de que pase la tormenta y lleguen mejores condiciones económicas o los créditos bancarios vuelvan a fluir. Algunos son el reflejo perfecto de los males que han traído al país hasta esta situación, grandes promociones urbanísticas que con la desaparición del efecto burbuja inmobiliaria han desacelerado o incluso perdido interés. En la lista de lo que se podría llamar cadáveres urbanísticos se encuentran lo mismo proyectos de iniciativa privada que pública a los que la situación actual ha devuelto a la realidad".
Desde el año 2000 la Ribera fue terreno abonado para proyectos industriales, muchos irreales y sobredimensionados, y de construcción que se fueron diluyendo cuando los créditos desaparecieron de las ventanillas de los bancos.
Un campo de golf rodeado de viviendas cerca de Fontellas, un enorme parque de 12 hectáreas y 2,5 kilómetros de longitud en Ribaforada, una urbanización con hotel de 200 habitaciones y una residencia de ancianos en Fitero, un polígono industrial y una ciudad del transporte en Cortes, un gran camping en Ablitas, y un conglomerado de grandes proyectos en la capital ribera como Sementales, la calle Mauleón, el parque del Queiles o la creación de un centro de interpretación de la historia de Tudela en el cerro de Santa Bárbara son solo retratos de una época que pasó y que jalona de esqueletos y antiguos proyectos la geografía ribera.
GRANDES PROYECTOS
Urbanizaciones, campos de golf y campings
Uno de los ejemplos más claros es el de la urbanización que unos empresarios rusos (AFK Systems) proyectaban construir en 175.000 metros cuadrados entre Fitero y Baños de Fitero y en el que en 2006 habían invertido ya alrededor de un millón de euros. Según explica el alcalde de Fitero, Pachi Yanguas, se realizaron todos los trámites necesarios como la modificación del plan parcial, la reparcelación y el proyecto de urbanización, pero todo se detuvo cuando llegó el momento de tener que pedir la licencia de obras. Pese a ello, Yanguas asegura que "las cuentas con el Consistorio están saldadas porque tuve que ir a Madrid a cobrar un cheque de 600.000 euros que nos enviaron". Los 400 apartamentos, 50 unifamiliares, el hotel con 200 habitaciones, la residencia de ancianos para 120 personas, el centro comercial y el área deportiva se diluyeron al igual que el campo de golf de 9 hoyos que Ayuntamiento y Gobierno soñaron durante varios años.
Una urbanización similar, pero más centrada en el turismo, se pensó y diseñó también para la localidad ribera de Milagro bajo la denominación de Ciudad de Vacaciones. El proyecto, de la firma vasca Antal, preveía construir alrededor de 1.300 viviendas en distintas tipologías, además de un embarcadero en un lago artificial junto al río Aragón con un nuevo puente peatonal y una zona deportiva. La superficie a ocupar era de 600.000 metros cuadrados y también albergaría una residencia para la tercera edad y varios hoteles. Tuvo el visto bueno del Ayuntamiento y del Gobierno, pero desde el año 2010 no se volvió a saber de ello.
Dentro de ese sabor a Marina D'Or y a Marbella que se pretendía dar a la Ribera, otro exponente más era el campo de golf y urbanización de lujo que se proyectaba junto a El Cerro y que iba acompañado de otra promoción de unifamiliares cerca de Fontellas. Las obras de la primera fase se preveía que se iniciaran en 2012 y de hecho el Gobierno foral aprobó la modificación definitiva del PSIS en enero del pasado año. La idea hablaba de construir 1.157 viviendas, un hotel, un campo de golf de 18 hoyos, un apartahotel, guardería, entidades bancarias y supermercado, una obra que se preveía realizar en dos fases, con un coste estimado de 20 millones de euros. El proyecto abarcaba dos zonas, el cerro de Valpertuna y Los Pinos, y contaba también con el visto bueno de todas las administraciones. El precio de las viviendas oscilaba entre los 168.000 y los 600.000 euros.
La lucha política que se dio en el Ayuntamiento de Ribaforada antes de la crisis tuvo también una víctima que fue el proyecto de un enorme parque junto al Canal Imperial de 2,5 kilómetros de longitud y 21 hectáreas. Presentado en 2008 como el gran proyecto de la legislatura, en 2011, con dinero del Plan E, urbanizaron 700 metros con un coste de 193.000 euros. El alcalde, Jesús María Rodríguez (PSN), nada más entrar en el Ayuntamiento en julio de 2011 anunció que "el parque es una de las inversiones que no fue acertada porque genera mucho gasto corriente. Implica meter personal de jardinería, de limpieza y gasto de agua... No es el momento para este tipo de proyectos".
Con mucha más polémica nació el proyecto de un gran camping junto a la Laguna de Lor. Después de una fuerte oposición vecinal ante la idea inicial de crear una urbanización, cuando el proyecto se transformó en camping logró la aprobación de Medio Ambiente y se iniciaron las obras en mayo de 2011. Promovido por Promociones Urbanas Mendianike tenía previsto ocupar una superficie de 117.000 metros cuadrados junto a este entorno natural y el camping iba a contar con 100 bungalows de 85 metros cuadrados cada uno, además de 267 parcelas para caravanas y autocaravanas, y acampada libre para tiendas. En total se esperaba la llegada de 1.700 personas y contaría con zona deportiva, bar-restaurante, supermercado, área de juegos, sala de reuniones e Internet, despacho médico y aparcamiento. Hoy en día está comenzada la urbanización, se han colocado farolas y algunos bungalows pilotos además de las paredes de uno de los frontones que se pensaba construir y que ahora está rodeada de cardos y olivos. El cierre del acceso a créditos que los bancos han llevado a cabo en toda España ha hecho que las obras estén totalmente paralizadas y abandonadas desde hace meses.
La construcción de calles en mitad de un terreno yermo es una de las señales de ciertos excesos urbanísticos. Uno de los ejemplos más claros es el del polígono industrial de Cortes, uno de los últimos que construyó el Gobierno de Navarra y que se inauguró en febrero de 2011. Desde entonces, las calles con sus aceras y farolas ven cómo pasa el tiempo. Junto a ese polígono también estaba proyectada la construcción de una ciudad del transporte que fue aprobada en 2010 y tenía una extensión de 800.000 metros cuadrados, con un presupuesto de 60 millones de euros. Nunca se ha vuelto a saber de ella.
las claves
· Corazón de Jesús. Se realizó un proyecto para crear un centro de interpretación en el Cerro de Santa Bárbara que explicaría el origen de Tudela desde la cuna de la ciudad, aprovechando sus murallas.
· Calle Mauleón. Urbanización de unas calles abandonadas entre el Corazón de María y la Torre Monreal. Se iba a crear un ascensor urbano y a adecentar el entorno.
· Sementales. Emblema del proyecto político de UPN durante dos legislaturas. Adjudicó a dedo el proyecto a Rafael Moneo para crear una casa de cultura de forma que la ciudad tuviera un legado del renombrado arquitecto tudelano. Pagó más de 600.000 euros por el proyecto y el Ejecutivo le dio un préstamo de 12 millones. Finalmente se ha abandonado ante la imposibilidad de llevarlo a cabo.
· Parque del Queiles. Era el núcleo de la nueva urbanización del Queiles. Se pagaron cientos de miles de euros en expropiaciones, el proyecto se pagó y el coste de las obras se multiplicó casi por dos hasta más de 3 millones de euros. La idea lleva años abandonada.
· En el cajón. El Ayuntamiento de Tudela ha gastado más de un millón de euros en proyectos que no ha llevado a cabo y tiene almacenados.
* Noticias de Navarra - FERMÍN PÉREZ-NIEVAS - 30.5.13
Foto: Ribaforada (Navarra), aérea - turismo
Cuando la Iglesia registra a su nombre los edificios que han levantado los vecinos
Varios ayuntamientos en Navarra denuncian que la Iglesia ha registrado como de su propiedad bienes construidos con dinero o colaboración pública. Son casos evidentes de especulación urbanística al confundir el Patrimonio público con el privado.
"ELDIARIO* : Los consistorios reunidos en la Comisión de Ayuntamientos de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro vuelven a hacer un llamamiento a las entidades locales para reclamar al Arzobispado de Pamplona los bienes que este lleva inscribiendo a su nombre desde el año 1998, en lo que miembros de la plataforma consideran un "auténtico expolio" de patrimonio público".
En el origen de este conflicto que enfrenta al Arzobispado con algunos ayuntamientos y que se repite en todo el estado, está la percepción sobre la propiedad de muchos bienes sin inmatricular (primera inscripción de un bien en el Registro de la Propiedad) que, hasta su registro por parte de la Iglesia, los pueblos consideraban como comunes.
Uno de los ayuntamientos que conforman la comisión integrada en la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro es el del Valle de Baztan, regido por Garbiñe Elizegi. Considera que desde siempre, "el dinero que se ha invertido en la construcción y arreglo de las casas parroquiales o las iglesias del valle ha sido de los pueblos, bien a través de las aportaciones de los vecinos o del trabajo en auzolan".
Este auzolan, como se conoce en Navarra al trabajo comunitario llevado a cabo por los vecinos y vecinas, es el que está detrás de la limpieza de bosques municipales o la recogida de leña, pero también de la restauración de las casas de las hacedoras, el mantenimiento de cementerios o la construcción de muchas ermitas navarras. Eso, sumado a las aportaciones públicas a través de subvenciones, como por ejemplo, los 321.345 euros concedidos por el Gobierno de Navarra para la rehabilitación de la ermita de San Martín en Izagaondoa, o a la documentación histórica sobre la titularidad de los bienes, lleva a muchos consistorios y poblaciones a considerar parte de estos propiedad municipal.
Y eso aunque nunca los hubiesen inscrito en el Registro de la Propiedad, ya que los lugares de culto como ermitas o iglesias no podían ser registrados por nadie hasta 1998, cuando se reformó la Ley Hipotecaria. Por otro lado, en el caso de fincas, bosques o viviendas porque, según Pascual Larumbe, de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, "hubo una cierta desidia o inercia sociocultural. La casa del cura era como la casa del maestro, que seguro que en muchos sitios sigue sin inmatricular. Todo el mundo sabe que es una casa mantenida por el pueblo".
Sin embargo, fue el Arzobispado de Pamplona quién registró todos ellos a partir de 1998, gracias a los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria que rige que la Iglesia Católica, a la que atribuye la misma potestad que a las administraciones públicas, "cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan". Para ello, y de forma unilateral, solo tiene que emitir ella misma, a través de los diocesanos, a los que equipara así a funcionarios públicos, un certificado de propiedad para registrarlos, a pesar de carecer de otros documentos que prueben su titularidad. El coste de este procedimiento ha sido hasta ahora de entre 25 y 30 euros. Los términos de esta reforma de la Ley Hipotecaria vinieron precedidos, según Larumbe, de un "evidente pre acuerdo del Gobierno de Aznar y la Conferencia Episcopal".
Según esto, y contrariamente a la opinión del ayuntamiento, la Iglesia se considera propietaria, solo en el valle del Baztan de doce parroquias, ocho ermitas, una basílica, dos fincas y un arbolado que registró a su nombre hasta 2007. En toda Navarra se han producido más de mil registros o inmatriculaciones de bienes de este tipo, Unas inmatriculaciones con las que según Elizegi, la Iglesia "se está apropiando indebidamente de patrimonio público", cosa que, además, ha hecho "a escondidas".
"Que lo decida un juez"
Ante esto, los ayuntamientos se han dirigido tanto al Gobierno de Navarra como al propio Arzobispado para reclamar la anulación de estas inmatriculaciones y el registro de los bienes a nombre de los municipios. Eso hizo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Otsagabia al que el Arzobispado recibió con un "que lo decida un juez".
Sin embargo, una reclamación por vía judicial puede suponer para un pequeño consistorio más de 5.000 euros, como los que ha tenido que afrontar el pueblo de Garisoain, de apenas una treintena de vecinos, para recuperar la ermita del Pilar. La Audiencia Provincial de Navarra acaba de fallar en contra de la primera sentencia que atribuía la propiedad al Concejo, pero van a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Navarra ante lo que consideran "un litigio entre la cúpula de la Iglesia y sus feligreses", según Javier Ilzarbe, hasta ahora presidente del Concejo.
El próximo 9 de abril, todos estos consistorios estarán presentes en la asamblea que, a instancia de la Comisión de Ayuntamientos de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, se ha organizado con el objetivo de acordar "una estrategia común". Una asamblea en la que quede claro, una vez más, según Larumbe, que "lo importante es el corporativismo municipal, que haya una voz unánime sobre que no estamos atacando a nadie sino tratando de recuperar lo que nos han robado. Y eso es competencia directa de los ayuntamientos".
"Muskilda es nuestra"
También en Navarra, el Patronato de Muskilda y la Villa de Otsagabia están a punto de presentar la demanda judicial por la que reclaman la propiedad municipal de esta ermita que el Arzobispado de Pamplona inscribió a su nombre. Este caso no está dentro de aquellos reclamados por la plataforma, por su especial idiosincrasia, pero también se inscribe en la política de inmatriculaciones que el Arzobispado lleva desde 1998.
Sin embargo, la alcaldesa de Otsagabia es rotunda, "Muskilda es nuestra", afirma Marisa Sáez. Considera que este caso es diferente al de la mayor parte de las inmatriculaciones reclamadas por la plataforma, porque "la ermita se rige por un patronato desde hace 600 años. La Iglesia se ha querido meter en Muskilda desde hace tiempo, pero hay sentencias hasta de 1600 que dicen que la ermita es del pueblo que la construyó y la mantuvo en auzolan". La ermita se levanta en terreno municipal y las llaves las tiene la hacedora o ermitaña. El consistorio paga anualmente a un párroco por el culto.
Ante el litigio se muestra optimista, porque considera que tienen "muchas pruebas" de la propiedad municipal de Muskilda. Pruebas que ocupan más de mil folios y que espera que sean las necesarias para que los tribunales les den la razón frente al Arzobispado en un caso "que es muy sangrante y que le duele en el alma a todo el pueblo".
* El Diario - Jara Calvo - 30.3.13
Foto: Protestas frente al Arzobispado de Pamplona / EFE
Pamplona.- Acabar con la huerta para hacer un museo de la huerta
En su web dedicada al parque fluvial del Arga, el Ayuntamiento de Pamplona afirma plantearse “la recuperación de este hábitat natural como un objetivo prioritario, integrando el entorno fluvial del Arga en la ciudad no sólo como un espacio público de ocio sino como motor de un urbanismo racional y sostenible”. Mientras el ayuntamiento defiende esto en el mundo virtual, en el mundo real asistimos el jueves 12 de septiembre, y por orden de Juan José Echeverria, concejal de Urbanismo de este equipo de Gobierno, a la destrucción, otra vez, de una huerta comunal en el meandro de Arantzadi, una de las escasas zonas fluviales del río Arga en donde todavía se practica una horticultura ecológica que viene alimentando a la ciudad desde hace cientos de años. Las primeras lechugas, cebollas y tomateras fueron aplastadas a finales de agosto. Los bulldozers estacionados en la zona acabaron con estas plantaciones cuando el Consistorio de Iruñea inició las obras del proyecto de urbanización del meandro, aprobado por el pleno en 2009 con una total falta de participación ciudadana en su elaboración y tramitación.
La presencia de la policía ante la oposición vecinal se hizo más patente las primeras semanas y especialmente desde que el colectivo Arantzadi Auzolanean (Arantzadi trabajando en comunal) decidió continuar con la labor agrícola de la zona, tarea destinada a desaparecer en el proyecto municipal. El resultado de esta oposición ha sido la represión, además de la destrucción de las huertas. Doce personas siguen detenidas al cierre de esta edición, acusadas de desobediencia y resistencia a la autoridad.
Arantzadi Auzolanean comenzó en junio con un acto de “expropiación” de las dos hectáreas de tierras de la familia Aldaya, ahora propiedad del municipio igual que el resto del terreno: “Le comunicamos al Ayuntamiento que desde entonces la zona quedaba exenta de las obras y que íbamos a empezar con la recuperación de la huerta”, comenta Alberto, un agricultor del colectivo. “Para mediados de julio ya había una huerta en producción, a finales de julio y principios de agosto empezamos la distribución de parte de la producción al comedor social París 365”.
A pesar del destrozo inicial, el 1 de septiembre se organizó una “fiestacción” en la misma huerta destruida “y movimos unas siete toneladas de tierra para volverlas a poner en su lugar original. Todo eso a carretilla y pala y con el trabajo de la gente. Fue emocionante, por aquí pasaron centenares de personas”. Arantzadi Auzolanean continúa su labor todas las mañanas. Mientras, la policía municipal ha vallado la zona y prohibido el paso: “A pesar de los obstáculos la gente circula diariamente, sobre todo muchas personas mayores que conocen el meandro, de los barrios de la Rotxapea y de la Txantrea, pero también vecinos de todas las edades, niñas y niños, gente que tiene familia hortelana y con alguna aproximación al tema, y también gente que jamás en la vida se había acercado a una huerta. Entramos en la zona de obras y trabajamos la tierra, y de vez en cuando hacemos salidas y paramos las máquinas que trabajan en esta zona”.
“Empezamos a juntarnos por una convocatoria de Ekologistak Martxan a toda la gente que nos interesaba el parque”, apunta Teo, arquitecto y miembro de Arantzadi Bizirik (Arantzadi Vivo), un grupo abierto formado por personas y colectivos de distinta índole que mantienen como vínculo común la preocupación por poner en valor y salvaguardar en lo posible la actual fisonomía y características de Arantzadi. “Cuando hicieron el proyecto ya hubo gente que empezó a escribir en la prensa diciendo que aquello no estaba muy claro. Por nuestra parte, hemos analizado las posibilidades de hacer un parque público que mantuviese las huertas productivas, ecológicas, para vender en los mercados de la comarca.
Que se amplíe el uso de huertas a 150.000 m2 (ahora hay unos 130.000), manteniendo la estructura actual de caminos, rebajando setos para contemplar las huertas, con 25.000 m2 de pradera arbolada para libre acceso y manteniendo las huertas sociales. Teniendo en cuenta, además, que es uno de los pocos espacios fértiles que todavía se conservan y que ha sustentado la alimentación de la ciudad durante siglos. Hablamos de agricultura en pleno centro urbano, un privilegio para la ciudad que se debe conservar y no destruir”.
El proyecto municipal no sólo obvia esta realidad sino que la ataca, destruyendo 85.000 m2 de huertas productivas y colocando en su lugar 65.000 m2 de bosque inundable, 20.000 de jardines convencionales, 3.000 para micro huertas particulares y, lo que es más absurdo, mil metros cuadrados para un “museo de la huerta” de hormigón, gestionado por la fundación privada Fundagro, con un coste de nueve millones de euros y 300.000 euros más al año de mantenimiento.
De dicho coste se han gastado ya cinco millones mediante crédito y no hay más fondos para continuar. “La iniciativa es ahora de Arantzadi Auzolanean. Tienen otras maneras de seguir defendiendo lo mismo, pero les apoyamos por completo”, apunta Teo. La lucha por defender un meandro vivo continúa. La próxima cita es el viernes 14 a las 9.30 "cerca de la huera de Beroiz para protestar al paso de los políticos" que acudirán al museo de la Huerta.
* Diagonal - HELENA BENGOETXEA / IRUÑEA - 13.9.12
Foto: LA LUCHA POR LA TIERRA. Vecinos y vecinas siguen cultivando la tierra a pesar de la prohibición policial. / Foto: Ekinklik. .................................... Leer más...
Informes con la firma de un geólogo muerto avalaron ambulatorios y casas
Se trata de viviendas unifamiliares, naves industriales o muros. En algún caso un centro de salud, como el de Zabalgana en Vitoria. “Es un tema muy grave porque estamos hablando de seguridad. La empresa que trabaja de forma irregular se está llevando todo el mercado porque sus presupuestos son un 30% más baratos que otras”, alerta Virginia Ormaetxea, secretaria del Colegio de Geólogos de Euskadi.
El Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) detectó una serie de irregularidades en los informes realizados por Industria de Perforaciones Cantábricas, SL, con sede social en Getxo (Bizkaia), que también opera como IPC Estudios Geotécnicos. El colegio pudo notificar el fraude a algunos de los promotores, pero no a las Administraciones, que una vez estas han dado el permiso de edificación son los arquitectos y promotores los responsables en solicitar una repetición del estudio si detectan una irregularidad. “Además, nos consta que en muchos casos la propia Administración está concediendo permisos faltando el informe geotécnico”, señalan desde el colegio vasco.
El ICOG presentó el 14 de octubre de 2010 una querella criminal en los juzgados de instrucción de Madrid —que se encuentra en fase de instrucción— contra la empresa Industria de Perforaciones Cantábricas por la presunta participación en delitos de usurpación del estado civil, intrusismo, falsificación documental en documento público y estafa. Son tres las personas querelladas; la administradora única de la empresa, el gerente y el responsable de sondeos y ensayos. El modus operandi consistía en la utilización de la firma de tres geólogos colegiados, dos de ellos sin tener constancia de que se estaba utilizando su nombre para firmar los supuestos informes geotécnicos irregulares y un tercer técnico a quien usurparon la firma mientras estuvo dos años de baja enfermo de un cáncer e incluso una vez fallecido.
Según la denuncia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los hechos que motivaron la presentación de la querella fueron a raíz de que Perforaciones Cantábricas presentara unos estudios geotécnicos para ser visados con la firma del geólogo C. J. F-R. El detonante que puso en alerta a los geólogos ocurrió el 10 de febrero de 2010 cuando llegaron al ICOG cuatro copias del estudio geotécnico para el proyecto de cimentación de un muro en Labraza (Ávila); tres copias estaban supuestamente firmadas por el colegiado C. G. y otra supuestamente por C. J. F-R. Pero no podía haber sido este último dado que había fallecido dos meses antes, el 8 de diciembre de 2009. Fue en ese momento cuando el colegio se puso en contacto con C. G., que informó de que no había realizado ni firmado tal estudio geotécnico.
“Se detectó que había informes técnicos que no cumplían la calidad exigida por el código de edificación. Nos pusimos en contacto con el colegiado que los firmaba y comprobamos que llevaba muerto varios meses, incluso cuando llamamos a la empresa nos dieron a entender que seguía vivo”, señalan fuentes del Colegio Oficial de Geólogos.
A la vista de las irregularidades detectadas, el ICOG decidió encargar un dictamen a un perito calígrafo para el análisis de las firmas de los estudios geotécnicos en los que se analizan el agua, la roca y el suelo. De las conclusiones periciales se desprendió que se podría haber cometido falsificación de la firma de C. J. F-R en 14 estudios geotécnicos presentados al colegio para su visado entre marzo de 2008 y febrero de 2010. El ICOG aclara en este punto que los estudios pasaron los controles, “eran aceptables y pasaron los mínimos requeridos”, y por eso fueron visados.
Pero IPC, que declinó responder a las preguntas de este periódico, ha seguido dando rienda suelta a sus falsificaciones. Desde que se emite un informe geotécnico hasta que se lleva a cabo la edificación de un inmueble pueden pasar hasta dos años. “Tiempo suficiente para que la empresa barra el sector de una comunidad y pasarse a otra antes de que salten las alarmas del supuesto fraude”, denuncian los geólogos vascos.
Ante la aparición de nuevos informes fraudulentos, el ICOG se vio obligado a ampliar la querella a nuevos hechos. “Nuestro problema es que a los 14 meses de haber interpuesto la querella sabemos que siguen operando de forma irregular y la justicia va muy lenta”, señala el ICOG.
La Universidad de Navarra también vivió hace cinco años un episodio similar. IPC subcontrataba al laboratorio de edificaciones de la Escuela Superior de Arquitectura para elaborar informes. Fue cliente asiduo entre 2003 y 2007 hasta que el laboratorio detectó ciertas irregularidades y dejaron de trabajar para la empresa. El fraude no llegó a materializarse en una demanda y se saldó con un acuerdo entre los abogados de cada parte.
“A través de un cliente nos dimos cuenta de que IPC falsificaba los ensayos con copias y typex. Utilizaban la hoja con nuestro encabezamiento y cambiaban los datos y los parámetros de los estudios. Desde entonces, dejamos de trabajar con ellos”, explica el geólogo Antonio Aretxabala, director técnico del laboratorio de edificaciones y geólogo, a quien suplantaron la firma en varias ocasiones.
“Sin los visados es la ley de la selva”
La importancia del visado de un estudio geotécnico radica en que este asegura que profesionales competentes han constatado que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción.
El Colegio Oficial de Geólogos ha podido detectar las acciones irregulares de IPC porque hasta la aprobación del Real Decreto 1000/2010 el visado de estudios geotécnicos —unos 100 euros— era obligatorio; una certificación que avalaba el cumplimiento del código técnico de edificación. “Con los visados había cierto control pero a partir de ahora será la ley de la selva”, aseguran desde el ICOG.
Desde el 1 de octubre de 2010 los estudios geotécnicos han dejado de ser obligatorios. “Si un colegiado incumple, aplicamos el código deontológico y lo podemos sancionar y de hecho ya lo hacemos. Ahora no hay control, cualquier profesional puede firmar un estudio porque nadie los va a supervisar”, inciden.
El ICOG cree que hay que exigir responsabilidad, recuperar los visados geotécnicos y si hay algún problema en los edificios, resultado de la mala práctica profesional, que haya una responsabilidad civil y penal al geólogo y al colegio. “La Administración no lo puede controlar todo y además no lo hace.
El objetivo es que los ciudadanos estén protegidos, que no haya empresas que se salten todas las normas”.
Los geólogos afirman que un buen informe geotécnico permite ahorrar dinero al promotor. Si no se hacen los proyectos del edificio con un coeficiente de seguridad adecuado, el proyectista no confía en ellos y se diseñan las cimentaciones con unos coeficientes de seguridad demasiado altos que requiere una mayor inversión económica.
* El País - ISABEL LANDA LÓPEZ San Sebastián 10 MAR 2012
Foto: El estudio geotécnico del centro de salud de Zabalgana, en Vitoria, en la imagen el pasado 1 de marzo, llevaba la firma falsificada. / LINO RICO
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Despilfarros históricos que causan vergüenza: Aeropuerto Pamplona – Noain
La modernización se centraba en pequeñas ampliaciones, nuevos mostradores y la construcción de una nueva torre de control.
El ex ministro de Fomento, José Blanco, a través de Aena, invirtió la montante cantidad 44 millones de euros en las actuaciones de ampliación y modernización de este aeropuerto. Los millones fueron destinados a incorporar nueve mostradores de facturación y uno nuevo para equipaje especial. También se añadió una nueva puerta de acceso a los aviones.
La ampliación más importante fue la del aparcamiento. Se crearon 118 nuevas plazas de parking. Además de la plataforma de vuelo.
El campo de vuelos también aumentó la longitud de la pista en 200 metros para que pudieran operar aeronaves de mayor envergadura, facilitando la apertura de nuevas rutas a destinos más lejanos. Aunque ese objetivo se ha visto truncado en más de una ocasión a consecuencia de la niebla que impedía volar.
Asimismo, se construyó una nueva torre de control y se llevaron a cabo reformas en la central eléctrica.
Por último, en el proyecto se incluyó la insonorización de 54 viviendas.
Pese a que las reformas no fueron de gran envergadura, costaron ni más ni menos que 44 millones de euros.
* El Soplón - 20.1.12
Foto: Pamplona, aeropuerto niebla - elsoplon
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La falta de demanda paraliza el polígono de Urdiain-Alsasua
Los planes de hace un año se truncaron, sin embargo, la semana pasada con la propuesta de la COT adoptada fundamentalmente por la "falta de demanda de empresas" en un período de crisis como el actual, según enfatizó ayer un portavoz del departamento foral de Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Industria y Empleo. Aunque la COT no deja de ser un órgano consultivo, sus planteamientos sirven de orientación en las decisiones del Gobierno foral, en este caso, para dejar sin efecto el PSIS del polígono.
Como precisan fuentes del Ejecutivo, una segunda razón del nuevo giro se encuentra en "la oposición de particulares" a su desarrollo, expresada en la interposición de recursos a la fase de expropiación. Como tercer elemento en el cambio propuesto aparece "la oposición de los ayuntamientos a la ubicación de determinadas empresas", de acuerdo a las mismas fuentes.
Más de 10 años de gestión
En los más de 10 años de gestión desde que en octubre de 1999 el Ayuntamiento de Alsasua solicitase a la entonces consejera de Indutria, Nuria Iturriagagoitia, una reunión para agilizar los trámites y ejecutar el polígono, la mayoría política de esta localidad ha expresado su apoyo continuo a la infraestructura. Mayores trabas se han hallado en el consistorio de Urdiain durante los mandatos de agrupaciones de la izquierda abertzale, que llegaron a reclamar la paralización del proceso administrativo.
La dotación industrial, conocida en Alsasua como polígono de Zangitu por el topónimo del paraje, había sido planificada en dos partes, coincidentes con los límites municipales: 647.139 metros cuadrados en Urdiain y 290.558, en Alsasua. Su ejecución, reclamada con insistencia por UGT y empresarios, trataba de paliar la falta de suelo industrial en esta última localidad.
EL PROCESO
1 Octubre de 1999 El Ayuntamiento de Alsasua solicita una reunión urgente a la consejera de Industria, Nuria Iturriagagoitia, para agilizar la tramitación y ejecución del polígono.
2 Mayo de 2001 Informe positivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro ante el temor de crecidas del río Burunda que puedan inundar la zona de actuación.
3 Julio de 2001 Declaración del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal.
4 Julio de 2001 El Gobierno anuncia el inicio de la construcción en 2004 con 4.500 millones de pesetas de inversión.
5 2001 Ecologistas cuestionan el polígono por el riesgo de desaparición de la ribera natural del río Burunda.
6 Noviembre de 2001 Urdiain, regido por la izquierda abertzale, exige la paralización.
7 Año 2002 UGT y empresarios respaldan el polígono.
8 Diciembre de 2004 Urdiain rechaza la "imposición" del polígono.
9 Octubre de 2008 Declaración de utilidad pública del polígono de Urdiain-Alsasua a efectos expropiatorios.
10 Abril de 2010 El Ayuntamiento de Alsasua solicita a Príncipe de Viana que acelere los trámites de definición del área de protección tras el hallazgo de un yacimiento arqueológico en Zangitu.
11 Marzo de 2011 Licitación de la urbanización de la primera fase de sector-2 (Urdiain).
* Diario de Navarra - NATXO GUTIÉRREZ - 31.1.12
Foto: A la derecha, terrenos afectados por el polígono Urdiain-Alsasua. DN.
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Las sociedades urbanísticas centran las sospechas de la comisión de investigación de Egüés
La comisión de investigación del Ayuntamiento de Egüés reanudará mañana su actividad con el foco puesto en las sociedades municipales creadas para gestionar y promover urbanísticamente diversas parcelas y dotaciones de Sarriguren y Ripagaina. La oposición cuestiona el procedimiento seguido en algunos expedientes, y en especial en la adjudicación para construir 138 VPO en Ripagaina.
El Ayuntamiento constituyó en 2004 la sociedad pública Andacelay y ésta tiene el 51% de capital de sendas sociedades mixtas con el mismo socio privado (Nasipa) para promover vivienda pública y dotaciones.
Proyecto cuestionado
Andacelay realizó en agosto de 2010 el pliego de condiciones para la contratación de las obras de construcción de 138 viviendas de protección oficial en las parcelas A.1.1, A.1.2 y A.1.3 todas ellas en la parcela A1 del PSIS de Ripagaina. El importe de licitación fue de 13,98 millones, IVA excluido.
Se presentaron tres ofertas: FCC Construcción, Acciona Infraestructuras y Nasipa. FCC quedó excluida por no cumplir el ratio de solvencia económica requerido en los pliegos.
En acta de Consejo de la Sociedad de 26 de octubre de 2010 se acuerda, según las puntuaciones derivadas del concurso público, adjudicar a Nasipa, SL -el socio privado de la empresa mixta- la construcción de las 138 VPO, por un importe de 11,9 millones, IVA excluido, con una baja en torno al 15%.
El contrato para la construcción lo firmaron el 24 de diciembre de 2010 un representante de Egüés 21-II vinculado a Nasipa, en el papel de promotor, y el apoderado de Nasipa, en el papel de constructor. Y acto seguido firmaron otro contrato para aumentar en 411.204 euros el precio del proyecto constructivo porque surgieron "unidades de obra no previstas en el proyecto".
La oposición va a exigir en la comisión de investigación que se justifiquen estos acuerdos y el modo de formalizar los contratos. Dudan que el consejo de Andacelay haya velado por el interés general y de que el procedimiento fuera el correcto. El consejo lo preside el alcalde, Josetxo Andía, y lo completan otros tres concejales de UPN y un técnico.
Los informes de Comptos
La Cámara de Comptos ha cuestionado en tres informes (2006, 2009 y 2010) el funcionamiento y la transparencia de la sociedad urbanística municipal (Andacelay SL) y las dos sociedades creadas a partir de ésta para la gestión y promoción de vivienda pública en Sarriguren (Egüés 21 SA y Egüés 21-II SL).
Básicamente cuestiona que "la gestión del urbanismo, actividad típicamente municipal, por medio de sociedades municipales de titularidad pública o mixtas, puede derivar en un menor grado de transparencia y control de esta área básica de la gestión municipal en la que están involucrados importantes recursos económicos".
En el informe de Comptos correspondiente al ejercicio de 2006, ya se cuestionaban los procedimientos seguidos por Egüés 21, al considerar que no se aplicaba la legislación. Recomendaba que se cumplieran "estrictamente" "los principios rectores de la contratación pública, es decir, la igualdad de trato, transparencia de los procedimientos, concurrencia, objetividad y publicidad".
Cuestionaba que una de las parcelas (3A9) no se tenía que haber enajenado directamente a Egüés 21, participada al 49% por un socio privado, sino mediante concurso o subasta. También que la licitación pública de la parcela no se anunció en el BON, se tramitó como procedimiento negociado y que en el pliego se hablaba de promoción y no de construcción.
En la auditoría referente a 2009 analizaba las actuaciones de promoción de viviendas de la sociedad municipal, además de otras, como el edificio de oficinas municipal o las piscinas lúdico recreativas de la ciudad deportiva de Sarriguren. "Una empresa pública municipal con un capital de 4.000 euros y sin medios propios de gestión ha acometido la realización de inversiones por un importe estimado de 7,5 millones de euros, y de la misma dependen dos empresas mixtas dedicadas a la promoción y construcción de viviendas. Esta actividad la desarrollan las empresas mixtas en las parcelas del patrimonio municipal del suelo adquiridas a la empresa pública municipal que, a su vez, las había obtenido por cesión gratuita del Ayuntamiento". De nuevo incidía en que se debían extremar los controles de transparencia y rigor.
Y por último, en 2010, analiza el contrato ahora cuestionado por la comisión de investigación y reitera al consistorio que : "No constan que los servicios municipales de urbanismo y de control interno ejerzan un seguimiento adecuado sobre el desarrollo y ejecución de las mismas; así mismo, la citada sociedad carece de medios propios para ejercer esa labor. Sin olvidar que, los recursos financieros que dispone la misma, proceden de los ingresos de la venta de parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo recibidas gratuitamente del Ayuntamiento".
CLAVES
Andacelay La sociedad Andacelay SL fue constituida el 8 de octubre de 2004, con un capital social de 4.000 euros, íntegramente suscrito y desembolsado por el Ayuntamiento. Andacelay SL recibió las siguientes parcelas cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento para la promoción de viviendas protegidas: en 2005, la 3B-4 de Sarriguren; en 2006, la 3A-9 (a, b y c) de Sarriguren; en 2008, las A-1.1, A-1.2 y el 55,72 % de la A-1.3, resultantes del proyecto de Reparcelación de PSIS de Ripagaina. Estas parcelas fueron posteriormente enajenadas a las sociedades mixtas.
Egüés 21 El 5 de julio de 2005 se constituyó la sociedad Gestión y Promoción Egüés 21, SA. El capital social se fija en 300.000 euros, suscrito en un 51% por Andacelay, SL y el 49% por un socio privado (Nasipa tras un concurso al que se presentaron tres empresas). El corretaje de gestión a favor del socio privado es del 4%. Esta sociedad adquirió a Andacelay SL la parcela 3B-4 de Sarriguren en 2005 para la promoción de 48 viviendas de VPT y en 2007, la parcela 3A-9 de Sarriguren para la promoción de 114 viviendas de VPT y 48 viviendas de VPO.
Egüés 21-II El 29 de marzo de 2010 se constituyó la sociedad Gestión y Promoción Egüés 21 II, SL. El capital social se fija en 3.100 euros, suscrito en un 51% por Andacelay, SL, el 48,97% por Nasipa y el 0,03% por Egüés 21 SA. El corretaje de gestión a favor del socio privado es del 2%. Su objeto social está relacionado especialmente el desarrollo, promoción, y construcción de vivienda en el ámbito del PSIS de Ripagaina (parcelas A.1.1, A.1.2 y A.1.3). Andacelay se encargó del pliego de condiciones del concurso para adjudicar la construcción de 138 VPO en esas tres parcelas. Al concurso se presentaron tres ofertas (FCC, Acciona y Nasipa). Esta última fue la elegida.
* Diario de Navarra - 15.1.12
Foto: Una vista reciente de la urbanización de Sarriguren, en el valle de Egüés.- diariodenavarra
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