Sueños de grandeza rotos en la cultura valenciana

A estas alturas poco se puede decir ya del inmenso despilfarro delictivo ocurrido en los últimos 15 años en la Comunidad Valenciana. El partido popular que ha ocupado casi todas las poltronas del poder ha hecho y deshecho lo que le ha venido en gana durante este tiempo, sin casi oposición debido a las mayorías absolutas conseguidas. La consecuencia urbanística de esto ha sido la corrupción generalizada e ingentes cantidades gastadas inútilmente en obras y urbanizaciones faraónicas. Tarde o temprano esto se acaba pagando y ahora en la Comunidad solo se ven deudas por todas partes. No obstante, los altos cargos culpables del delito parecen haber escapado de una justicia débil y politizada. Lamentable.
"ELPAÍS* : Cuando la Comunidad Valenciana estaba de moda, al que osaba cuestionar los grandes proyectos de la política cultural era tildado de provinciano y antipatriota. Si se decidía construir una ópera o unos estudios de cine, lo que podía ser una buena idea, las nuevas infraestructuras debían ser las más impactantes y rutilantes. Eran los tiempos en que lo valenciano estaba a la vanguardia del mundo, según el argumentario reiterado por la Generalitat. Hoy, aquellos sueños de grandeza se han roto o se han transformado en una pesadilla para el Consell y para el contribuyente.

La Ciudad de la Luz de Alicante, que costó más de 250 millones de euros, sigue parada, generando gastos y ningún ingreso, a la espera de que las autoridades españolas y europeas resuelvan los aspectos técnicos de la venta del complejo cinematográfico o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie favorablemente al recurso presentado por Ciudad de la Luz para no devolver las ayudas públicas. El último director autóctono que intentó rodar en el complejo alicantino, el castallense Eugenio Mira, se fue con la música de Grand Piano, protagonizada por Elijah Wood, a otra parte.

Como buena parte de los profesionales del audiovisual (y de otros sectores culturales), que deben salir para buscarse la vida. Y todavía más cuando el que tenía que ser el verdadero motor de la industria, como ha sucedido en otras comunidades autónomas, como la catalana, la vasca o la gallega, se ha eliminado. Incluso el nombre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ha sido borrado de las señales de indicación de tráfico.

Canal 9, sin embargo, ya nada podrá hacer por “promocionar el star system” de los profesionales de la cultura valenciana, escritores, autores teatrales, actores, músicos, como propuso en 2004 el entonces (y efímero) consejero de Cultura y Educación, Esteban González Pons. “Tengo el sueño de un programa que promocione” a los profesionales valencianos, afirmó Pons. Un sueño que fue a parar al bulevar de los sueños rotos, con la idea de quedarse.

Sobre todo, tras la determinación de la Generalitat de acabar con las emisiones de Canal 9 y Ràdio 9, fundamentada en que la nulidad del expediente de regulación de empleo (ERE) y la readmisión de un millar de trabajadores comportaba un coste insostenible para las depauperadas arcas valencianas. Lo repitió el pasado viernes el presidente valenciano, Alberto Fabra, del PP, sin entrar en quién fue el causante de haber inflado la plantilla, que cobra unos 190.000 euros al día de permiso retribuido con las puertas cerradas del Centre de Producció de Burjassot.

Fabra también se refirió al desprendimiento del mosaico cerámico (trencadís) que recubre 8.000 metros cuadrados de la gigantesca fachada del Palau de les Arts. La ópera afronta su tercera gran crisis en sus ocho años de andadura, tras el hundimiento de su plataforma escénica y la inundación de sus dependencias situadas bajo el nivel del antiguo cauce del río Turia.

El presidente sostuvo que la prioridad es la seguridad del público y condicionó la reapertura del Palau (que ha suspendido el estreno de su ópera Manon Lescaut, de Puccini, en febrero) a las conclusiones del informe del Instituto Tecnológico de la Construcción. Un informe encargado sólo a raíz de la caída de cascotes de trencadís el pasado 26 de diciembre, cuando se trata de una consecuencia lógica de los abombamientos o arrugas detectadas desde hace meses en el cascarón del impactante edificio diseñado por Santiago Calatrava, que costó 478 millones de euros. Ayer se veía el caparazón de acero sin revestimiento de trencadís en otra zona localizada más abajo del primer desprendimiento, en la misma fachada.

Algunos trabajadores del Palau temen lo peor. El ejemplo de RTVV es muy reciente, la situación financiera de la Generalitat está al borde del colapso y el ERE de la plantilla de la ópera, aunque al final se pactó, no se ha llegado a cerrar del todo. Fabra apuntó una posible solución para continuar la temporada, que pasa por abrir la entrada por una fachada ya asegurada, mientras se interviene sobre la otra.

El continente (sólo el mantenimiento y apertura cuestan 3,2 millones de euros al año) sigue condicionando el contenido del Palau de la Arts, dirigido por Helga Schmidt. En el plano artístico ha logrado el reconocimiento de los aficionados y de la crítica. Tanto por la calidad de sus montajes (sus Otello y La Bohème de la temporada pasada acaban de recibir tres premios Campoamor), como por el sonido de su apreciada orquesta.

Sin embargo, la ópera no ha resuelto sus graves problemas de financiación, la Sindicatura de Comptes ha vuelto a poner algunos peros a la gestión en su informe de 2012. El Ministerio de Cultura sigue sin entrar en el patronato de su fundación y la Consejería de Cultura ha anunciado el nombramiento de un administrador.

El espacio anexo al Palau de les Arts sirve, también, de albergue de un proyecto cultural y educativo inicialmente destinado a residir en otro inmueble de ensueño, que finalmente se disolvió como azucarillo en las aguas resultantes de la explosión de la burbuja financiera, inmobiliaria y de la SGAE. Cuando Francisco Camps mostró en 2007 la maqueta de la sede europea de la Berklee College of Music de Boston, ésta se iba a alojar en un espectacular edificio de 100 metros de altura y 27 plantas, diseñado por Antón García Abril, y ubicado en suelo público. Con un coste de 95 millones de euros, podría haber ofrecido clases a 1.000 alumnos y residencia a 250 personas.

Estos días la Berklee arranca el segundo trimestre de su segundo curso en Valencia y Europa, con alumnos de todo el mundo y profesorado tanto internacional como autóctono, pero, eso sí, en un espacio muy distinto y de dimensiones más ajustadas.

Tal es el magnetismo y la necesidad de cubrir los distintos espacios del Palau de les Arts, que cuando se anunció el cese del Teatre Talía como teatro público, en la Consejería de Cultura se barajó la programación de esta céntrica y antigua sala, dedicada básicamente al teatro valenciano, pasara a la sala Martín i Soler del coliseo operístico. Fue una ensoñación impracticable que quedó en nada, del mismo modo que de la Ciudad de las Artes Escénicas que se anunció en Sagunt solo queda una nave restaurada pero vacía, cuya intervención ha costado 23 millones de euros, según constaba en el pasivo de la fundación del mismo nombre que aún en 2010 se fundió en la Fundación de las Artes y ahora desaparece con ésta.

Como desaparece la Fundación de la Llum de les Imatges, encargada de restaurar y promover el patrimonio eclesiástico valenciano con una inyección de más de 100 millones de euros. Ha sido la única línea política que se ha mantenido como un objetivo prioritario y continuado de la línea política en materia cultural de los diversos Gobiernos de la Generalitat.

La Ciudad de las Artes Escénicas, que Eduardo Zaplana anunció en 2000 para compensar a Sagunt de la virtual pérdida de la Ciudad de la Luz, que se fue finalmente a terrenos de Aguamarga de Alicante, llevaba asociado también un gran proyecto residencial. De la actividad teatral que se iba a desarrollar en los chalets y demás instalaciones de la antigua gerencia de Altos Hornos queda un fantasmagórico recuerdo en el que la representación de Las Troyanas de Irene Papas es una imagen cara e imperecedera.

La antigua nave siderúrgica saguntina acogió en 2007 el último suspiro de la Bienal de Valencia, otro proyecto que se inscribía en los sueños de grandeza de la Generalitat bajo los auspicios de la antigua secretaria autonómica de Cultura y hoy directora el IVAM, Consuelo Ciscar. De hecho, ya desde su primera edición de 2001 se la comparaba desde instancias organizadoras con la centenaria Bienal de Venecia. Ni los millones de impactos mediáticos ni los centenares de miles que visitantes a la Bienal de Valencia (según los balances oficiales que contrastaban completamente con la venta de entradas y el vacío de los espacios expositivos) impidieron que la Generalitat eliminara el encuentro entre las artes dirigido por el italiano Luigi Settembrini.

Aquellos espectáculos ya son recuerdo, mientras hoy el paro afecta a la mayoría de la profesión teatral (entre el 80 y el 90%), como recuerda en su último boletín la Associació d’Actors i Actrius del PV; el teatro valenciano apenas cuenta para los premios Max, donde brilló con luz propia años atrás, y un recinto como El Musical de El Cabanyal languidece, tras haber sido un revulsivo en la escena valenciana. “Se apostó por los contenedores para vender imagen exterior, en lugar de los contenidos”, subraya Toni Benavent, vicepresidente de Avetid, la asociación más representativa de las compañías y salas valencianas. “Si se hubiera hecho al contrario, estaríamos jodidos por la crisis, pero no tanto, porque si algo tenemos aquí es talento”. ¿Sol Picó y Carles Santos tendrían la proyección que tienen si se hubieran quedado aquí?, se pregunta.

Sobreviven las iniciativas independientes y privadas razonables e imaginativas, ajustadas a la penuria económica presente y reviven iniciativas públicas que probablemente nunca debieron dejarse, como el Circuit Teatral repuesto por Culturarts, que intenta sacar a flote la política cultural. “Es bueno que se recupere”, reconoce Benavent, “pero volvemos al punto de partida, tras perder dos años y con la mitad de presupuesto que hace cinco”.

La mitad de su presupuesto ha perdido también en apenas cinco años el IVAM, otrora buque insignia de la cultura valenciana. Su deriva expositiva le ha alejado de la primera fila de los centros españoles, como ponen de manifiesto las recientes clasificaciones de las mejores muestras del 2013, publicadas recientemente en los principales medios escritos de comunicación. Fiar sus sueños de grandeza a la puesta de marcha de su proyecto de ampliación, diseñado por los ahora Premio Pritzker Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, que forman el equipo Sanaa, se antoja como un ejercicio inane de nostalgia.

El atractivo y discutible plan de cubrir con una piel metálica de 30 metros de altura el actual edificio duerme en el cajón del olvido desde su presentación en 2003. Ni la coyuntura económica ni las prioridades políticas apuntan a un despertar del proyecto.

De modo que el IVAM se ha quedado sin ampliación y sin contar con su subsede del Centre del Carme, un espléndido complejo arquitectónico renacentista y barroco, cuya restauración está incompleta y que se ha quedado en tierra de nadie, como una suerte de cajón de sastre con capacidad para albergar todo tipo de exposiciones.

El que continúa sin contar con un continente en consonancia con su contenido es el Museo de Bellas Artes de Valencia San Pío V, de titularidad estatal y gestión autonómica. Sin embargo, el inicio de la quinta fase de ampliación este mismo año es, sin duda, una de las mejores noticias en materia cultural que se han producido en el último decenio. Ahora bien, se ha rebajado la ambición del proyecto para ahorrar costes suprimiendo el cambio de su actual acceso, justo frente a una vía de incesante tráfico rodado, por una entrada noble a través de los jardines de Vivero. La Administración asegura que se hará en el futuro, lo que sería un sueño de justicia más que de grandeza.


* El País - FERRAN BONO / JUAN MANUEL JÁTIVA - 8.1.14
Foto: Alicante, ciudad de la luz - elpais

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Un exedil de Urbanismo del PNV en Lezo será juzgado por prevaricación

Continúa la corrupción urbanística en el País Vasco, por más que los ciudadanos allí parezca que no valoren tanto esta lacra pública como en otras autonomías. Ahora es el caso de Lezo (Gipuzkoa) donde un concejal de Urbanismo del PNV es imputado por un delito continuado de prevaricación ocurrido hace 10 años (diez). Una vez más la justicia ha estado demasiado lenta y así no hay forma que estos cargos públicos sean condenados ejemplarmente, siempre además que no haya prescrito el delito.
"DIARIOVASCO* : El exedil de Urbanismo de Lezo entre los años 2003 y 2007, Jesús María Martiarena (PNV), será juzgado a principios de año en San Sebastián acusado de un delito de prevaricación por adjudicar presuntamente "de forma directa" unas obras de excavación y la redacción del proyecto de un aparcamiento en esta localidad. El exconcejal se enfrenta a una petición de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa, que le imputa un delito continuado de prevaricación.

Los hechos tuvieron lugar en la legislatura comprendida entre los años 2003 y 2007, período en el que Lezo fue gobernado por el PNV y EA en coalición.
La siguiente legislatura, la localidad fue dirigida por ANV, formación que se hizo con la Alcaldía y que denunció lo sucedido ante la Fiscalía, según han señalado hoy a EFE fuentes del caso.
El Ayuntamiento de Lezo, que en la actualidad está gobernado por la coalición abertzale Bildu, ejerce la acusación particular en este caso y también reclama nueve años de inhabilitación para el procesado.
El caso se remonta al 24 de noviembre de 2003 cuando, según el escrito de acusación del Ministerio Público, la Comisión de Gobierno de la localidad aprobó un documento para "la normalización de cinco procedimientos de contratación", tras lo cual presuntamente el procesado adjudicó dos de estos proyectos "de forma directa", a pesar de que tenía "pleno conocimiento" del "procedimiento legal para las adjudicaciones".
El documento recuerda que entre las atribuciones del procesado se encontraba la aprobación de proyectos de obras y servicios que no excedieran de 30.000 euros, así como de suministros y contratos de asistencia técnica que no rebasaran los 12.000.
En este contexto, el encausado habría adjudicado "de forma directa" las obras de excavación de la parcela municipal conocida como Salva, del Polígono 107, "sin tramitar expediente administrativo de contratación" de los trabajos, "sin oferta pública" y "sin aprobación previa del órgano del gobierno municipal competente que era la Junta de Gobierno Local".
El documento de la Fiscalía aclara que el presupuesto presentado por la adjudicataria de esta excavación "ni siquiera permitía conocer las características de la obra, ya que no existía estudio previo o aproximado del gasto total", que en todo caso excedió "notablemente" de los 30.000 euros, ya que las dos facturas que presentó al Ayuntamiento posteriormente, en 2006, ascendieron a 56.524,19 euros y a 36.339,22 euros.
Asimismo, el concejal presuntamente adjudicó "directamente" a otra empresa la redacción del proyecto básico de construcción de un aparcamiento en el área de Arraitoki, así como la urbanización de la zona, que supuso un desembolso de 66.928,71 euros, más 5.116,09 "de gastos de PCV".
Los "honorarios" de esta empresa fueron pagados por el consistorio el 14 de junio de 2007, dos días antes de la fecha fijada para la constitución de los nuevos ayuntamientos surgidos de las elecciones locales celebradas el 27 de mayo de aquel año y que auparon a ANV a la Alcaldía de Lezo.
El escrito de la Fiscalía concreta que, "al igual que en el supuesto anterior, no hubo resolución municipal para tramitar" el citado expediente de contratación, no existió concurso público" ni se comunicó al órgano competente por la cuantía del desembolso.


* Diario Vasco - EFE - 7.12.13
Foto: Lezo (Gipuzkoa) - caminosantiago



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