La Fiscalía propone reforzar a los secretarios municipales para combatir la corrupción

LAOPINIÓN/A Coruña* : La falta de mecanismos de control en los ayuntamientos gallegos ha provocado un aumento de los casos de corrupción por parte de alcaldes y concejales. Una de las últimas tramas de adjudicaciones irregulares fue destapada esta semana en tres concellos de A Costa da Morte -Fisterra, Cee y Mazaricos- y supuso la detención de once personas, entre ellas los alcaldes de los tres municipios coruñeses, tres ediles y dos constructores. La Fiscalía Superior de Galicia tiene su propia receta para combatir los "comportamientos corruptos" de los cargos públicos. Y para atajarlo, urge una mayor implicación de la Xunta y de los concellos. Una de las causas que, a juicio del fiscal superior, Carlos Varela, explica "no pocos casos de impunidad urbanística" es el "debilitamiento de las competencias de control urbanístico" a los secretarios, interventores y tesoreros municipales. Para Varela, estas figuras deben jugar un papel "clave" en el "control interno de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales". ¿Cómo? Haciendo vinculantes los informes emitidos por los secretarios y los interventores, lo que evitaría que el Concello buscase dictámenes a medida a través de un asesoramiento externo.

Aunque evita entrar en el caso concreto de la investigación de la denominada operación Orquesta y manifiesta su "respeto escrupuloso a la presunción de inocencia" de los detenidos, el fiscal superior reconoce que el urbanismo se ha convertido en los últimos años en una "fuente de riesgo de comportamientos corruptos". "Y más todavía -añade- si al mismo tiempo no funcionan adecuadamente los sistemas de control de las administraciones públicas".

En esa labor contra la corrupción, Carlos Varela también apela a la colaboración del Gobierno autonómico, al que recuerda que es "imprescindible" que la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, mantenga una "colaboración permanente con la Fiscalía para "detectar y corregir ilegalidad urbanísticas constitutivas de delito, con independencia del color político de cada corporación".

Desde el punto de vista jurídico, el fiscal superior propone "cerrar los resquicios del ordenamiento jurídico por los que ocasionalmente puedan deslizarse las tentaciones de algunos gestores públicos para ejercitar las potestades de su cargo con fines de enriquecimiento personal".

Otra de las medidas que según la Fiscalía Superior permitiría combatir la corrupción urbanística en Galicia sería la actualización del régimen de incompatibilidades del personal de los ayuntamientos. En el punto de mira está la figura del alcalde promotor. La propuesta para evitar que un regidor, servidor público que tiene que ser un vigilante de la legalidad urbanística, pueda ser promotor ya la hizo el ex presidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño a principios de 2007 al asegurar que "iba a pasar a la historia" la posibilidad de combinar el bastón de mando municipal con el sector de la construcción. Pese a las reclamaciones del entonces líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no se introdujo modificación alguna en la ley de incompatibilidades para evitar compaginar Alcaldía y actividad urbanística. Pero con la llegada de Feijóo a la Presidencia de la Xunta, la reivindicación que en su día hacía desde la oposición quedó aparcada.

Ante los múltiples escándalos de corrupción que han saltado a la luz pública en Galicia en los últimos años, el fiscal superior también defiende la creación de cuerpos autonómicos de inspectores urbanísticos y unidades de la policía judicial en delitos de esta naturaleza.

De no reforzar los mecanismos de control internos y externos sobre el urbanismo municipal y no crear unidades autonómicas de la policía judicial, Varela alerta de que el goteo de casos de corrupción protagonizados por cargos públicos "minará la confianza de los ciudadanos en el sistema político, generando un serio problema de deslegitimación de las instituciones públicas.



* La Opinión A Coruña - 6.02.11
Foto: A Coruña, denuncias urbanísticas 2005-09 - laopinión

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El ex alcalde de Alcaucín obstaculizó la investigación sobre el urbanismo ilegal

ELMUNDO/Málaga* : La parte del sumario del 'caso Arcos' que permanecía en secreto incluye informes de la Guardia Civil en los que se revela cómo el que fuera alcalde de Alcaucín hasta febrero de 2009, el socialista José Manuel Martín Alba, no sólo no velaba porque se cumpliera la legalidad urbanística en su municipio, sino que llegó a poner en marcha «toda la maquinaria a su alcance» para obstaculizar la labor inspectora de las diferentes administraciones, y evitar que las irregularidades fueran descubiertas y atajadas. En un informe del Grupo contra la Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil que consta en el sumario los agentes recuerdan que a raíz del «caos urbanístico» registrado en la localidad axárquica, el alcalde, que llevaba en el cargo más de 20 años, trató de solventar la situación mediante la aprobación de un documento denominado ‘Innovación de las Normas Subsidiarias’, que no fue validado por el órgano provincial responsable del control urbanístico «por la cantidad de despropósitos legales que se daban» en el escrito.

«Con tal Innovación –señalan los investigadores– no se pretendía otra cosa que legalizar una pléyade de construcciones y actuaciones urbanísticas ya concluidas o iniciadas en terrenos que, o bien no eran urbanizables, o bien en ellos se estarían vulnerando los parámetros establecidos para construir».

La «manifiesta falta de colaboración» de Martín Alba con los agentes del Grupo de Medio Ambiente de la Policía adscrita a la Junta de Andalucía es otro elemento que se reseña en el informe de la Guardia Civil, donde se recuerda que en noviembre de 2007 «inicialmente no atendió las solicitudes de los agentes» que instruían un atestado. Tras ser instado de nuevo con instrucciones expresas del Juzgado de Instrucción número 2 de Vélez–Málaga, el alcalde «hizo entrega personalmente en la sede de la Policía de documentos relativos a los expedientes solicitados, pero de forma incompleta».

El comportamiento del regidor se repitió en otros atestados instruidos por la Policía por hechos similares, como la solicitud del expediente de licencia de obras relativa a la construcción que la inmobiliaria Crocasa estaba realizando en el conjunto Arco Iris, en el Puente Don Manuel de Alcaucín. Martín Alba «omitió la entrega de la documentación requerida, pese a que hay suficientes indicios para creer que dicha construcción vulnera la legalidad aplicable al caso».

Para justificar la no entrega de documentos el alcalde alegó que por los mismos hechos y en base a una denuncia de un particular se seguían unas diligencias en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga.

La Guardia Civil hace mención además al escrito del Defensor del Pueblo fechado el 9 de julio de 2008, en el que se asegura que a pesar de haberse instado desde distintas instituciones al alcalde de Alcaucín para que restituyese la legalidad urbanística respecto a las obras del Paseo de las Barriadas, el regidor «no había realizado actuación alguna en tal sentido, lo que sin duda da idea de la postura adoptada por el mentado regidor municipal, el cual hace caso omiso a cualquier requerimiento, dándole igual la institución desde donde se inste».

A juicio de los investigadores, esto «evidencia su escaso interés porque las actuaciones urbanísticas en su localidad se ajusten a la legalidad aplicable», y «su presunta connivencia con los promotores».



* El Mundo - 6.02.11
Foto: Alcaucín (Málaga) -diariosur.es

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Baleares.- El juez pide al TSJB que juzgue a Cañellas y Flaquer por corrupción

DIARIODEMALLORCA* : El juez Antoni Garcías, del juzgado de instrucción nº7 de Palma, cree que hay indicios más que suficientes para sentar en el banquillo al expresident del Govern balear Gabriel Cañellas y al exconseller de Turismo Joan Flaquer, por varios delitos relacionados con la corrupción. El tercer político que seguirá los mismos pasos será el exalcalde de Andratx, hoy en prisión, Eugenio Hidalgo. Al ser en estos momentos Joan Flaquer diputado del PP en el Parlament, y por tanto aforado, el juez ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Balears la causa para que sea esta Sala quien decida el futuro judicial de los tres personajes públicos. Sin embargo, debido a que dentro de tres meses se celebrarán las elecciones autonómicas, y Joan Flaquer ya ha anunciado que no se presentará y perderá su condición de aforado, la causa será devuelta a un juzgado ordinario. Los hechos que se están investigando se refieren al convenio a tres bandas que firmaron la empresa pública Inestur, el Ayuntamiento de Andratx y la fundación Illes Balears, presidida por el expresident autonómico Gabriel Cañellas. Este convenio permitía que el Ayuntamiento de Andratx pudiera utilizar la Torre del Castell de Sant Elm, un edificio propiedad de la fundación que cuenta con la condición de Bien de Interés Cultural (IBI).

En el auto el juez establece que "el fondo de los hechos obedece a un concierto entre Cañellas, Flaquer e Hidalgo para que llegara a la fundación importantes cantidades de dinero que debían transmitirlas entre la conselleria de Turismo del Govern balear y el Ayuntamiento de Andratx".
Los hechos se remontan al año 2006 cuando la conselleria, a Través de Inestur, firmó un convenio para, teóricamente, subvencionar un proyecto de turismo cultural en Andratx. Sin embargo, este dinero se utilizó, por parte del consistorio, para financiar una subvención a la fundación de Cañellas para celebrar en la torre de Sant Elm una serie de actos culturales. La subvención que otorgó el Govern alcanzó la cifra de 50.000 euros, dinero que permitía al Ayuntamiento disfrutar del uso del edificio.
Flaquer recibió en su despacho a Hidalgo y acordaron ambos patrocinar con dinero público este proyecto. El exalcalde afirmó que fue Cañellas quien le indicó que acudiera a visitar al conseller de Turismo y que le dio la impresión de que ambos ya habían hablado sobre los pormenores de este convenio. Sin embargo, Flaquer asegura que nunca habló del tema con Cañellas, pero que aceptó financiar este proyecto porque le interesaba potenciar el turismo cultural. Sin embargo, el juez afirma que los tres convenios que llegaron a firmarse (uno de ellos lo rubricó el alcalde Porsell) respondían a una "tapadera". Insiste en que se firmaron dichos acuerdos sin ningún estudio institucional sobre el uso y la finalidad de la posesión de la torre, ni tampoco sobre el desarrollo del turismo cultural que justificaba la Conselleria para aportar este dinero público.
El auto cita los actos que se celebraron en la torre, organizados por el Consistorio, que consistieron en el "pan caritat", la presentación de un libro y un concierto. Estos actos, según el juez, costaron más de 40.000 euros.
Aunque tanto Cañellas como Flaquer niegan que existiera esa reunión previa a la visita de Hidalgo, el juez afirma que sí existió y en ella "debieron acordar que el Inestur o la Conselleria no transferiría directamente capital a la fundación, pero idearon la manera de establecer un intermediario, a través del Ayuntamiento de Andratx". Y para hacer esta afirmación tan rotunda el juez se basa en la declaración que realizó Eugenio Hidalgo en el juzgado, quien afirmó que estaba convencido de que antes de que acudiera a pedir ayuda económica a la Conselleria, Flaquer y Cañellas ya habían hablado del tema.
El juez recuerda que el edificio que es propiedad de la fundación Illes Balears disfruta de una condición especial y no es necesario que el Ayuntamiento tenga que abonar una cantidad económica tan elevada para utilizarlo. "Hubieran podido disfrutar o usar dicho edificio para finalidades culturales, turísticas, medio ambientales y otros de carácter institucional y de manera gratuita", asegura el magistrado.
A juicio del juez que ha investigado los hechos, existen motivos para sentar en el banquillo a Gabriel Cañellas, Eugenio Hidalgo y Joan Flaquer e imputarles los delitos de malversación de caudales públicos, defraudación a la administración y prevaricación.



* Diario de Mallorca - 5.02.11
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org

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«En Galicia la corrupción es menos visual que en Levante»

LAVOZ/Entrevista* : Galicia no cuenta, de momento, con una delegación de la Fiscalía Especial Anticorrupción, aunque trabajo no le faltaría. La que genera el ladrillo, por proximidad, le toca investigarla a la de Urbanismo y Medio Ambiente, de la que es titular Álvaro García Ortiz.
-Tras las recientes detenciones de la Costa da Morte, lo primero que pensó todo el mundo es en corrupción urbanística. ¿Somos demasiado mal pensados?
-No puedo hablar absolutamente nada de lo que se está investigando.
-¿Suele ser así, o no?
-Generalizar en estos temas es muy difícil. Es evidente que en los núcleos pequeños la recalificación del suelo es una fuente de dinero y de corruptela, porque es una decisión administrativa que puede generar una plusvalía. Cuando las fuentes de financiación son otras, surgen otros elementos de corrupción, pero siempre la motivación humana es el dinero.

-Sin contar los más recientes, la Justicia ya abrió cerca de un centenar de causas contra políticos gallegos por presuntos delitos de corrupción.
-Sí, son los datos oficiales de la Fiscalía del Tribunal Superior. Pero hay que distinguir políticos municipales a pequeña escala o políticos con trascendencia.
-¿Los niveles detectados son preocupantes o no?
-Tenemos la percepción, no la certeza, de que puede haber elementos de corrupción, no solo a nivel de políticos, también de funcionarios e incluso entre los particulares. Pero la sensación que tenemos es que lo de aquí no tiene nada que ver con lo de Levante, por ejemplo.
-¿Por qué?
-Por varias razones, una de ellas estructural. La ordenación del territorio y la distribución de la propiedad en Galicia son muy diferentes. Salvo en contadísimas excepciones, no hay grandes actuaciones urbanizadoras que pueden generar una plusvalía desproporcionada. Se puede hablar de acciones individuales que también desvertebran el territorio, pero gota a gota.
-Pero ¿hay o no hay corrupción?
-Sí existe corrupción, pero tiene un enfoque diferente. Socialmente no es tan visual como en Levante, por ejemplo. Hay otra percepción social. Lo cual no quiere decir que sea menos grave y menos dañina.
-¿Se puede hablar de ladrillazo en la Costa da Morte tras el «Prestige»?
-No tengo elementos para hablar en esos términos. Es evidente que esa zona ha tenido un desarrollo urbanístico, pero de ahí a hablar de ladrillazo?
-¿Acabaron en la construcción ayudas recibidas por los daños?
-No tengo datos. Se supone que las ayudas han venido a compensar una falta de ingresos. A ningún habitante de la Costa da Morte le tocó la lotería con el hundimiento del Prestige, al contrario.
-¿Y las ayudas públicas para el desarrollo de la zona?
-Ese es otro tema, pero para controlar eso están los ciudadanos. Desde la Fiscalía no podemos entrar a hacer esa valoración. Cada uno tenemos la nuestra, pero a nivel personal.

* álvaro garcía ortiz fiSCAL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO


* La Voz de Galicia - 5.02.11
Foto: Fisterra - centros.edu.xunta.es

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Bolivia.- Santa Cruz es la ciudad clandestina

EJU* : Siete de cada diez edificaciones no cuentan con permiso de ejecución. Reglas obsoletas, falta de recursos y un crecimiento explosivo se han confabulado para convertir a Santa Cruz en una ciudad clandestina. Reglas obsoletas, falta de recursos y un crecimiento explosivo se han confabulado para convertir a Santa Cruz de la Sierra en una ciudad clandestina: sólo tres de cada diez edificaciones cuenta con permiso para construir. El dato, ofrecido por Mariano Zambrana, director de Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal cruceño, desnuda una realidad difícil de corregir. A esto, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, Rim Safar, le suma que, de todas las edificaciones ilegales, un 80% se realiza sin la participación de profesionales (son hechas por albañiles).

El colapso del edificio Málaga develó las limitaciones municipales para controlar las obras civiles, ya que la vigilancia que ejerce es tan leve, que ni siquiera puede asegurar que el 30% que presenta sus proyectos al final construye lo aprobado.

En realidad, un proyecto visado no garantiza que la tragedia del Málaga no se repita. La autorización es tan sólo una certificación de que fue diseñado por un arquitecto titulado, calculado por ingeniero inscrito en su colegio gremial y que cumple con el código de urbanismo (línea, nivel, altura, uso de suelo y ocupación de lote). Sin embargo, nadie chequea que los cálculos estructurales sean los correctos, que la estructura construida tenga la resistencia adecuada o que la edificación cuente con las medidas de seguridad necesarias. “Eso implicaría contratar dos ingenieros para que hagan el mismo trabajo”, justifica Fernando Balcázar, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles.

Así, según explica César Morón, ex miembro del directorio del Colegio de Arquitectos, la ciudad queda a expensas de la voluntad y responsabilidad del constructor. Balcázar asegura que la mayoría de los edificios privados hacen controles de resistencia de materiales, pero Safar lo duda. Considera que gran parte de los empresarios prefiere ahorrarse las pruebas de laboratorio e incluso no hay certeza de que todos tengan análisis de suelos, en una ciudad que puede presentar varios tipos de suelos en un mismo lote. Esta clase de control sólo se cumple en las obras públicas.

La inversión, comparada con lo que cuesta construir una casa o un inmueble, no es mucha. Un estudio de suelo promedio cuesta entre $us 500 y 2.000. Análisis de resistencia de hormigón se pueden conseguir hasta por menos de $us 10 por probeta.

Con el Málaga cayó también la confianza en las torres de departamentos. Según Safar, las ventas se han detenido esta semana y el sector inmobiliario ya está sintiendo el golpe. Para una ciudad en la que actualmente se edifican 70 edificios, según Zambrana, el golpe puede ser duro.

Pese a todo, ahora estamos mejor que hace dos años. Cuando Yamil Morales asumió la dirección de Control de Edificaciones se encontró que tres personas, que no eran profesionales, debían controlar la mancha urbana. Él consiguió cambiar a estas personas por 17 arquitectos que paralizaron y amenazaron con demoler 2.500 edificaciones clandestinas y fuera de norma en sólo dos años. Su éxito fue su desastre. Cuando se metió a demoler un edificio fue cesado de la Alcaldía.

Safar y Morón consideran que el problema está en lo obsoleto que ha quedado el Código de Urbanismo y Vivienda, que acaba de cumplir 20 años. Desde 2004, el Colegio de Arquitectos ha tratado de convencer al Concejo Municipal de cambiarlo, adecuarlo al siglo XXI. El Concejo, en 2010, aprobó dos ordenanzas que regulan las alturas máximas de edificios y la cantidad de parqueos obligatorios.

Morón plantea que la situación es tan compleja que no hay que alejarse mucho del centro para verla. Pone como ejemplo la zona del mercado La Ramada, donde las casas no sólo no respetan los cinco metros de retiro desde la línea de verja, sino que invaden la acera con balcones.

A esto se suma un profundo déficit de formación, tanto de cultura ciudadana, como de mano de obra calificada. Para Safar, falta mucha educación ciudadana y quiere trabajar en ello. Balcázar indica que los albañiles y los herreros son todos empíricos, que comienzan como aprendices de personas más experimentadas y luego se independizan, pero que no conocen centros que los formen ni que certifiquen su trabajo. Esto, sumado al ‘boom’ constructivo, que según cifras del Gobierno el año pasado creció un 12%, hace que actualmente se contrate a cualquiera que quiera trabajar en el gremio.

Safar y Balcázar consideran que por esto mismo es importante contar con profesionales que supervisen y guíen el trabajo de los albañiles, sobre todo en los momentos clave de las obras, como en los vaciados de zapatas, columnas, vigas y losas, que serán las que mantendrán en pie la edificación.

Consultado cómo solucionar este problema, a Zambrana sólo se le ocurren dos formas: o se cambia el código para legalizar a los ilegales, o se los obliga a acatar las normas (demoliciones), pese al costo político que esto implicaría.

Quién es quién

Proyectista

Es un arquitecto que elabora el plano de la casa sobre la base de las necesidades y preferencias estéticas del propietario. El arquitecto, además de organizar el espacio de manera funcional y estética, se ocupa de que la obra no contravenga ninguna norma. Cobra de acuerdo al tamaño del proyecto.

Geólogo

Es un profesional que examina la calidad del suelo sobre el cual se construirá una casa o un edificio. Santa Cruz tiene suelos complejos y este trabajo se hace vital para la obra. Un análisis de suelo básico, de tres puntos dentro de un lote, cuesta alrededor de $us 500.

Calculista

Es un ingeniero civil especializado en el diseño de las estructuras de la edificación. Sobre la base de los resultados del estudio de suelo, el profesional define los tipos de fundaciones, el grosor y la ubicación de las columnas y las vigas que deben sostener la construcción. También define la mezcla entre los áridos y el cemento.

Hidrosanitarios

Son ingenieros civiles especializados en instalaciones y evacuación de aguas. También intervienen especialistas en instalaciones eléctricas y, dependiendo de la complejidad del edificio, se puede requerir los servicios de ingenieros mecánicos y expertos en aires acondicionados, entre otros.

Proyecto final

Cuando los ingenieros terminaron su diseño, el proyectista debe adaptar su diseño a las necesidades estructurales de los edificios. Por norma, cualquier edificación que supere los 300 m2 debe contar con proyectos estructurales, de instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.

Constructor

Una vez la Alcaldía aprueba el proyecto presentado, se debe contratar quién construya la obra. Por norma, debe ser un ingeniero civil o un arquitecto con título y agremiación colegiada. No se puede contratar sólo un constructor civil (técnico superior), ya que debe estar dirigida por un profesional.

Fiscal de obra

Es una figura rara en la construcción privada nacional. Es un profesional que controla que los contratados por los propietarios hagan su trabajo de manera adecuada. Es una especie de auditor que constata la calidad de la construcción y se puede contratar uno por entre $us 400 y $us 1.500 por mes, dependiendo de la obra.

Inspectores

Una vez iniciada la construcción, la Alcaldía Municipal tiene la potestad de inspeccionar la obra en cualquier momento para ver si lo que se está edificando es lo que se aprobó al momento de la presentación del proyecto a diseño final. En caso de contravenciones, la comuna está facultada para demoler.

En qué se tiene que fijar

- Ladrillos. Es mejor comprarlos de empresas con trayectoria y experiencia certificadas. Si los adquiere en la calle, asegúrese de que su constructor los revise para ver si tienen el cocido, color y resistencia adecuados.

- Agregados. Son vitales para una construcción. La arena, la grava y las piedras deben ser bien seleccionadas. Es importante que no contengan impurezas y tengan el granulado adecuado (diámetro de cada partícula). En la arena es vital revisar que no tenga restos o grumos de arcilla, ya que no son buenos para el cemento.

- Dosificación. Cada cálculo de estructuras indica la cantidad de fierro, cemento, arena, agua y áridos (ripio o piedras más grandes) que debe llevar el hormigón. Es vital que este proceso sea cumplido al pie de la letra.

- Vaciados. Es importante que las losas, las vigas y las columnas sean vaciadas de una sola vez en cada uno de sus tramos. No es recomendable detener la actividad y seguir al día siguiente.

- Controles. Se recomienda que en cada etapa de la construcción de estructuras se hagan pruebas de resistencia de materiales. Hay varios centros especializados y no es caro.

- Vigilancia. En los momentos del vaciado de las estructuras es vital la presencia de profesionales que guíen a los obreros y verifiquen que no desequilibren la dosificación.

- Para comprar. Asegúrese que la casa o el departamento que va adquirir tenga planos aprobados por el municipio.

- Departamentos. Trate de comprar de empresas con experiencia y que tengan ya edificaciones (Balcázar). Si el edificio es concluido, difícilmente se vendrá abajo, salvo desastre natural (Safar). Pida los planos estructurales y verifique que las columnas están donde dice el plano. Verifique que no haya grietas grandes, que superen el espesor del reboque.

Falta voluntad política

Yamil Morales | Ex director de Control de edificaciones

A mí me entregaron la ordenanza 49/2006 y me pidieron que la cumpla, pero sólo tenía tres inspectores no profesionales en mi repartición. Me aferré al Código de Urbanismo y Obras y exigí que se contraten arquitectos para hacer ese trabajo. Llegamos a ser 17 profesionales que observamos 2.500 edificaciones en poco menos de dos años. Había edificios de gran envergadura fuera de norma y demoler uno de ellos nos costó el puesto de trabajo.

La caída del Málaga desnuda la debilidad institucional de la alcaldía y del mismo Gobierno central. El municipio es débil para legislar y falta voluntad política para hacerlo. La Fiscalía no participa como debiera en el control de edificaciones y dejan impotente a la comuna. Otra falencia que se ve es la falta de un estudio de suelos de toda la ciudad.

La Alcaldía no quiere comprometerse en la parte técnica, pese a que certifica las contrucciones y pese a que tenemos un código bastante completo, necesitamos actualizarlo, porque yo creo que Mariano Zambrana se queda corto: casi el 90% de las edificaciones son clandestinas.

Pablo Ortiz, El Deber


* EJU tv - Luz Mendoz< - 30.01.11
Foto: Así se ve ahora desde el aire la ciudad. Los arquitectos consideran que existen 150 torres. Actualmente se construyen 70 y Se estima que en una década habrá 500 - eju

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Alicante.- Ciudad planificada

JOSÉ RAMÓN NAVARRO VERA* : La lamentable gestión del Plan General de Alicante -actualmente en su última fase de aprobación-, la debilidad del documento final, precipitadamente ultimado, a lo que se ha unido recientemente las sospechas -que han recaído sobre algunas circunstancias de su tramitación-, coloca al planeamiento urbano de la ciudad en unos niveles muy bajos de legitimidad, no sólo política sino profesional. El planeamiento urbano de una ciudad no es sólo un documento técnico, ya que, en la medida que establece las condiciones urbanas en las que se desarrollará la vida futura de sus habitantes, se sustenta en una cultura de ciudad, en una manera de mirarla, de vivirla, de cuidarla, de construirla. De este modo, tiene una trascendencia que alcanza no sólo a los políticos y técnicos responsables de su redacción, gestión y seguimiento, sino también a toda la ciudadanía por el grado de implicación que se les exige. Si en Alicante asistimos a una crisis del urbanismo, ésta es triple: política, profesional y ciudadana. Las suspicacias acerca de la tramitación del plan han llevado a los partidos de la oposición a pedir la retirada del documento.

Sin entrar en ese debate, aprovecho para insistir, como ya he manifestado en otras ocasiones, que este plan es endeble urbanísticamente y sería deseable su reelaboración desde bases y desarrollos más serios y rigurosos.

Algunos de los contenidos que habría que revisar se exponen sucintamente en los siguientes diez puntos:
1. Mayor inserción y arraigo en el territorio metropolitano. Aunque desgraciadamente el planeamiento urbano se circunscribe al término municipal, muchas de las cosas que ocurren dentro del mismo se explican por lo que pasa en un ámbito espacial superior al municipal, como por ejemplo, ¿cuál es la posición del plan general sobre la ampliación del aeropuerto?
2. Justificar con rigor el dimensionamiento del crecimiento del suelo urbanizable. Frente a la disociación entre urbanismo y vivienda en el plan, deben de establecer las relaciones entre el parque de viviendas nuevo y el antiguo, la localización de suelo para vivienda pública, necesidades de rehabilitación, etcétera.
3. Definición e incorporación de operaciones estratégicas sobre espacios de oportunidad con capacidad para transformar la ciudad.
4. Reconsiderar la condición del suelo no urbanizable, aplicando sobre el mismo diferentes propuestas de contenido paisajista, agrícola, patrimonial..., en lugar de considerar a esta clase de suelo como un territorio en barbecho a la espera de ser urbanizado.
5. En lugar de una normativa de edificación genérica, introducir otra especifica desarrollada en dos niveles. El primero, destinado a la definición de todos los factores que determinan el paisaje urbano y la forma de la ciudad -lo que se conoce como Guías de Diseño-, y que incluiría alturas, tipologías, características del espacio público, etcétera. Y un segundo nivel, más minucioso, relativo a las condiciones de edificación, entre las que deberían de encontrarse las relativas al ahorro en la vivienda de recursos energéticos y de agua, entre otras cuestiones ambientales.
6. El planeamiento urbano más innovador es el que tiene entre sus objetivos reducir la huella ecológica de la ciudad, un indicador de los efectos ambientales generados por su funcionamiento. Sin embargo, el plan no introduce indicadores ambientales vinculados al crecimiento previsto en el mismo.
7. El plan general debe relacionar los crecimientos proyectados con la previsión de nuevas líneas de transporte público, en especial de una futura red de tranvías.
8. Desarrollo de un sistema coherente de espacios libres que articulen la ciudad con su entorno natural, estableciendo con claridad qué tipologías de espacios libres se han propuesto y cómo se relacionan entre ellos.
En este sentido, en el plan se grafían diez áreas naturales a las que se le asigna el carácter de parque. Sin embargo, lo fácil es utilizar el color verde en un plano, y otra cosa muy distinta es justificar por qué se ha hecho así: ¿qué criterios se han seguido para definir esos parques?, ¿cuáles son las cualidades de esos lugares?, ¿qué papel cumplen esas piezas en la estructura urbana propuesta?, ¿qué finalidad y usos van a tener y como se van a gestionar?, ¿cuáles de las áreas naturales de protección propuestas en el plan general en realidad se han delimitado para satisfacer a los promotores de nuevos desarrollos urbanizables, en previsión de lo que prescribe la ley valenciana de suelo?
9. Un fuerte compromiso con la gestión, que garantice la transparencia y la hegemonía de la iniciativa pública en las decisiones que afectan al plan.
10. Con relación a la participación pública, lo que se ha hecho en el plan de Alicante corresponde más a una "venta del producto" que a un verdadero proceso de participación.
La miseria cultural del planeamiento urbano en nuestra ciudad no sólo se circunscribe al planeamiento general del municipio, como muestra la decisión, sin ninguna reflexión territorial y urbana previa, de implantación del macrocentro comercial de Ikea en el plan Rabassa, una intervención consistente en introducir una enorme pieza comercial de 300.000 metros cuadrados en el área del plan.
La más elemental lógica urbanística exigiría la revisión y remodelación total del plan parcial de Rabassa por la alteración de la estructura de usos, equipos, actividades y viarios previstos en el inicial, así como por los incrementos de densidad puntual motivados por los aumentos de altura que va a producir la modificación impuesta por Ikea, al acumular la edificabilidad residencial desplazada por el macrocentro comercial sobre los edificios del resto del sector.
Sólo por esta última frivolidad se descalifica urbanísticamente toda la operación y, además, expresa lo que realmente es el plan Rabassa para sus promotores: un simple contenedor de suelo edificable y viviendas.


* Información - Opinión - 30.01.11

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