ABC/Barcelona* : La Fiscalía de Cataluña ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción otros tres informes sobre supuestos "pelotazos" en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), dos de ellos vinculados a empresas de los detenidos en la operación Pretoria, para que investigue su relación con la trama de la corrupción.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, esa nueva documentación se añade a la que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón requirió la semana pasada al Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres sobre un convenio urbanístico firmado en el año 2005 con la empresa Niesma, que preside el presunto cerebro de la trama de corrupción, Luis García.
Este convenio mencionado por Garzón en su auto, con el que Niesma ganó al menos dos millones de euros por la recalificación de los terrenos de Can Riviere, fue denunciado por el grupo municipal SOS Llavaneres ante la Fiscalía de Cataluña, que acabó archivando al caso al no apreciar indicios delictivos en la operación urbanística.
La Fiscalía de Cataluña también archivó otra denuncia presentada en abril de 2007 por SOS Llavaneres sobre un convenio para la compra de una finca de interés público con el que una empresa de Badalona (Barcelona) habría conseguido multiplicar por ocho, gracias a una recalificación municipal, los beneficios derivados de esa operación.
La documentación sobre este caso también ha sido enviada ahora a la Fiscalía Anticorrupción por sus homólogos de Cataluña, a la espera de que SOS Llavaneres presente mañana nueva información que probaría la relación de la empresa beneficiada con el entramado de sociedades que manejaba el detenido Luis García, según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación.
Otras dos denuncias presentadas por SOS Llavaneres por irregularidades urbanísticas están siendo investigadas por un juzgado de Mataró (Barcelona) y, al margen de la evolución de esos procesos en Cataluña, la Fiscalía catalana ha remitido a Madrid documentación sobre estas causas por si se establece alguna relación con la trama de corrupción destapada en la operación Pretoria.
En esos procesos que se siguen en Mataró, y cuya instrucción aún no está concluida, el juez ha imputado al ex alcalde Víctor Ros (PP), que aún es concejal en Llavaneres por la misma formación, así como al ex concejal de Urbanismo Antonio Jiménez y a un técnico municipal.
En una de esas causas se investiga un convenio por el que el ayuntamiento vendió a Proinosa, empresa presidida por el imputado en el caso Pretoria Josep Singla, unos terrenos de la antigua zona deportiva, que posteriormente fueron recalificados para la construcción de vivienda libre, a un precio muy por debajo al del mercado, según la denuncia de SOS Llavaneres.
Por esta presunta operación irregular, el juez de Mataró mantiene imputado, además del ex alcalde, a Antonio Jiménez (PSC), al que el juez Baltasar Garzón cita en su auto de la operación Pretoria por su "estrecha relación" con el supuesto cerebro de la trama, el ex diputado Luis García.
En su auto, Garzón subraya que Antonio Jiménez, que fue gerente del Instituto Municipal de Deportes de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ha tratado con Luis García sobre varios proyectos urbanísticos de esta población, como la construcción del mercado de Fondo, aprobada en 2007.
La cuarta denuncia de SOS Llavaneres investigada por la justicia, y que ahora está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, es el convenio para la recalificación de unos terrenos donde se construirá una guardería, lo que también ha comportado la imputación del ex alcalde Víctor Ros.
* ABC - EFE - 2.11.09
Foto: LLaveneres - infomet.am.ub.es
Fiscalía Cataluña envía a Anticorrupción otros tres "pelotazos" en Llavaneres
El ´caso Arona´ apunta a los tratos de favor urbanísticos
LAOPINIÓN/Tenerife* : La posible trama de corrupción urbanística del Ayuntamiento aronero ha vuelto a tomar fuerza al quedar de manifiesto en el marco de la instrucción del caso Arona que ciertos empresarios han podido disfrutar de un trato de favor mayúsculo que les habría permitido obtener licencias para construir enormes edificios de apartamentos aunque los mismos invadieran la zona de servidumbre marítimo terrestre o aunque se ubicaran sobre parcelas destinadas pura y exclusivamente a uso comercial.
Tales tratos de favor y la posibilidad de que los mismos pudieran articularse en torno al pago de comisiones ilegales a determinados técnicos y gobernantes del Ayuntamiento de Arona, han saltado esta semana en los juzgados aroneros a colación de la declaración del ex empresario que ha reiterado que entre 1999 y 2003 fue víctima de una extorsión cuando intentó obtener una licencia para edificar un complejo residencial en Costa del Silencio.
Este ex empresario (José Ramón Ansorena) ha detallado las múltiples trabas que le pusieron para obtener esa licencia, según él, porque se negó a pagar la comisión de 45 millones de pesetas que le pidió un intermediario para comprar informes técnicos favorables y el voto de políticos.
Para reforzar su tesis de que le fastidiaron por no pagar la comisión, el miércoles citó que Pedro Suárez construyó las urbanizaciones residenciales Costa Sol, Roque del Mar, Balcón del Mar y Atlantic View en parcelas limítrofes a la suya a pesar de que las trabas urbanísticas debían haber sido las mismas para ambos (ya que tres de las parcelas de Suárez tenían el mismo uso turístico que la suya). Ansorena declaró también que ese empresario quiso comprar su parcela a pesar de las trabas municipales para su edificación.
Complicaciones políticas
Las dos declaraciones judiciales de la semana pasada en relación a la trama de corrupción urbanística que saltó en el caso Arona han dejado a al menos a dos políticos aroneros en una situación muy complicada por los testimonios que apuntan a que conocían la extorsión que estaría sufriendo la empresa Proguito y no hicieron nada. La peor parte de ese reparto de responsabilidades es para el consejero del Cabildo y concejal del PP en Arona Félix Sierra, ya que dos personas han declarado que le habían contado dicha extorsión (uno de ellos, además, le involucra en la misma). El otro aspirante a ser imputado por un delito de omisión del deber de denunciar es el actual alcalde, José Alberto González, quien además ha hablado del tema en conversaciones intervenidas.
* La Opinión Tenerife - B.SALAZAR - 2.11.09
Foto: Un ex empresario denuncia que ha recibido un agravio comparativo en materia urbanística frente a otros en los que percibe un trato de favor. Manuel Lérida, laopinion.es
Galicia: Seis de cada diez concellos carecen de plan de ordenación urbanística
LAVOZDEGALICIA* : Es un paradigma del fracaso de la ley que el Gobierno Fraga impulsó en el 2002 para tratar de ordenar el caos urbanístico del país, pero también la evidencia de los obstáculos que complican la elaboración del planeamiento municipal en Galicia, y que han convertido en una utopía su cumplimiento. Con la que será la tercera reforma de la Lei do Solo 9/2002 en marcha, como paso previo a su anunciada sustitución por un nuevo marco normativo, solo 39 concellos están al día con el mandato legal y tienen sus planes adaptados. Por contra, 198 ayuntamientos ni siquiera disponen todavía de su propio plan general (PXOM).
El mapa de la situación actual del urbanismo municipal muestra un país en construcción, con circunstancias dispares. De los 198 municipios que carecen de planeamiento, 27 no han iniciado los trámites con la Xunta para su elaboración, a diferencia de los 171 restantes. Un total de 142 de esos 198 ayuntamientos sin PXOM se rigen solo por normas subsidiarias o delimitaciones de suelo urbano. Pero en los otros 56 no hay ninguna regulación. Esta coyuntura se extiende por igual en los núcleos de la costa y en los del interior.
Por provincias, A Coruña cuenta con 49 municipios sin planeamiento, de los que 41 ya están trabajando en su redacción. Cambre, Carnota, Carral, Cerceda, As Pontes, Rianxo, San Sadurniño y Vimianzo no han realizado aún ningún trámite ante la Dirección Xeral de Urbanismo para dotarse de sus propios planes. En la provincia de Lugo, 55 municipios carecen de PXOM: 43 ya han iniciado el papeleo para subsanar ese escenario, pero los 12 restantes no. Son Abadín, Antas de Ulla, Barreiros, Cervo, Cospeito, Guntín, Láncara, Mondoñedo, Negueira de Muñiz, Outeiro de Rei, Ribeira de Piquín y Trabada.
Los concellos ourensanos sin plan general de ordenación son 58, aunque 53 están trabajando en la redacción de sus planeamientos. Los cinco que tienen esa tarea pendiente son Calvos de Randín, Carballeda de Valdeorras, Lobeira, Manzaneda y San Cristovo de Cea. En Pontevedra hay 36 ayuntamientos que carecen de PXOM, pero únicamente los de Campo Lameiro y Mondariz Balneario no han contactado con Urbanismo para adecuar su situación a los parámetros que exige la ley urbanística gallega.
Retrasos encadenados
Con la norma en la mano, los 276 concellos sin planeamiento o que no lo han adaptado al marco 9/2002 están fuera de la ley. De hecho, el plazo que estableció para esa adecuación expiró en enero del 2006. Pero los alcaldes, que han convertido en queja habitual la falta de medios para gestionar el urbanismo, no son los únicos que no cumplen. La Xunta lleva más de cinco años de demora en las directrices del territorio y supera los cuatro en el plan del litoral, que prevé aprobar al mismo tiempo.
* La Voz de Galicia - Serafín Lorenzo - 31.10.09
"Pretoria": Luigi convirtió la empresa pública Gramepark en su coto particular
ELPAÍS/Barcelona* : El presunto cerebro de la trama de corrupción urbanística destapada con la Operación Pretoria, el ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi, logró lo que a la mayoría de los ediles de Santa Coloma de Gramenet siempre se les antojó imposible: controlar la empresa pública de servicios Gramepark. Los grupos municipales de CiU e ICV nunca lograron arrancar al alcalde, Bartomeu Muñoz (en prisión), un cargo medio que pudiera estar al corriente de las adjudicaciones de la sociedad, tampoco cuando gobernaron.
Según el auto del juez, Luigi sí consiguió "dirigir la actuación" del presidente de la empresa, que hoy tiene un agujero contable de 85 millones de euros y desde 2003 ha adjudicado contratos por 30 millones a Proinosa, presidida por el empresario también detenido Josep Singla.
Gramepark, que canalizaba la adjudicación de obras públicas, es una de las piezas clave de la investigación. La sociedad era, según el auto, la plataforma en torno a la cual se efectuaron varios supuestos delitos: desde adjudicaciones irregulares hasta supuestas falsificaciones de facturas para justificar desvíos de fondos.
Gramepark nació en 1988 para construir aparcamientos. Dos décadas después, es un gigante que adjudica bloques de pisos, equipamientos, calles, plazas y escaleras mecánicas. La oposición de Santa Coloma (CiU, ICV y PP) ha visto con preocupación su crecimiento "desmesurado". Las obras que antes licitaba el Ayuntamiento ahora las adjudica la empresa. "Tiene un presupuesto de 60 millones, cuando el consistorio cuenta con 80", explica el portavoz de CiU, Manel Olivés.
Los concejales de la oposición se quejaban reiteradamente de que la empresa realizaba las adjudicaciones, sin motivo, por vía de urgencia y sin concurso. El auto de Garzón señala, además, que la sociedad actuaba al dictado de Luis García Sáez, Luigi, en las adjudicaciones de obras.
Por otra aparte, Antonio Jiménez, investigado por sus contactos con Luigi, no sólo ha trabajado para dos municipios en los que ha habido sendos pelotazos. Además de ser concejal de Urbanismo en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) y gerente del Instituto de Deportes de Santa Coloma, Jiménez fue también director de Política Territorial de Montcada i Reixac.
Entonces se aprobó una polémica modificación urbanística que permitió trasladar la fábrica Barnices Valentine del centro de la localidad a una zona verde adjunta a un polígono de la periferia. Jiménez fue impulsor de esta operación, defendida por el Gobierno de Montcada (PSC-CiU) y por el Gobierno catalán, pero que sulfuró al pueblo colindante de La Llagosta y a los empresarios del polígono que habían cedido terreno para la zona verde. El Tribunal Superior de Cataluña ha declarado nula dos veces la reclasificación de la zona verde, decisión que ha sido a su vez recurrida por Montcada y la Generalitat.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER / ARIADNA TRILLAS - Barcelona - 02/11/2009">
Foto: Santa Coloma - ciao.com
Vecinos de Santa Coloma están indignados*
* YouTube - Europa Press - 30.10.09
Las enfermedades de Ciutat Vella
ORIOL BOHIGAS* : La parte más significativa de la ciudad de Barcelona está en peligro de dejar de ser ciudad. Hablamos mucho –y con tonos críticos y reprobadores– del distrito barcelonés de Ciutat Vella. Discutimos las deficiencias, nos quejamos de ellas y, a menudo, buscamos responsables. Y siempre llegamos a la conclusión de que es un barrio que sufre alguna enfermedad, demasiado dispersa y demasiado cambiante para poder ser justamente diagnosticada y, claro está, curada.
Cuando alguien me pregunta cuáles son los problemas de mi barrio no sé muy bien qué contestar y acabo confesando una incertidumbre que aumenta la gravedad: son muchos problemas y muy variados, que parecen accesorios o anecdóticos, puntuales, pero que, en conjunto, se convierten en un malestar cívico grave. No es suficiente limpiar más y mejor, con vigilar los robos, la prostitución y la venta de drogas, con controlar el civismo de los turistas, con domesticar los top manta y los mercados clandestinos, con reformar las zonas comerciales especializadas en los repugnantes suvenires. No es suficiente dar refugio a los sin techo, con regular las acumulaciones circulatorias, con mejorar los espacios públicos, los equipamientos, los servicios, los usos y la vigilancia. No es suficiente atacar aisladamente cada uno de estos problemas si no existe una política para resolverlos todos ellos en menor o mayor medida. Para eliminarlos todos no puede aplicarse un solo remedio homogéneo, porque no se trata de una enfermedad global, sino de enfermedades con vías autónomas de desarrollo. Y esta es la contradicción: hay que atacar por partes, pero con una tal estrategia que evite un nuevo contagio con las enfermedades que todavía no han entrado en fase clínica.
Para que esto sea posible son necesarias dos decisiones. Primero: un plan estratégico formulado como consecuencia de unos estudios previos, elaborados en profundidad en todos sus aspectos, desde los económicos hasta los urbanísticos, desde los antropológicos hasta los connotadores de la historia de los usos y las implantaciones. Segundo: la organización de un sistema con autoridad municipal que aplique el plan con garantías y sin claudicaciones.
Para componer la estrategia ya disponemos de análisis y, si no los tenemos, habría que completarlos con datos nuevos y particularizados. Por ejemplo: ¿conocemos con certeza por qué se dan tantas diferencias en barrios tan próximos como el Gòtic, la plaza Reial, el Raval, el Born o el Poble Sec? ¿Cuáles son las reales ubicaciones de las mafias que regulan redes conflictivas? ¿Cuáles y dónde están los focos de delincuencia? ¿Cómo se han formado los diversos guetos o cómo se han logrado algunos equilibrios sociales? ¿Qué relación existe entre necesidades y servicios, entre habitantes y viviendas?
Buena parte de estos interrogantes tienen ya respuestas útiles o aproximadamente fiables y, por lo tanto, el tema decisivo es el de aplicar la estrategia con autoridad radical. Ciutat Vella solo se recuperará si el ayuntamiento sigue actuando allí con decisión y con las inversiones económicas que sean necesarias. Con intervencionismo de urgencia. La actual concejala del distrito se dedica a ello con muchos esfuerzos y con eficacia, pero no sé si tiene todo el apoyo que necesita y si dispone de los instrumentos de autoridad. Hay que tener en cuenta que Ciutat Vella se siente cargada de toda la significación más representativa de Barcelona y que ofrece un contenido histórico y vital importantísimo, al que hay que dedicar esfuerzos excepcionales. Hace pocos días, en una reunión de representantes de muchas instituciones barcelonesas de prestigio, con presencia del alcalde, comprobamos que hacía años que la mayor parte de ellos no frecuentaban la Rambla, refugiados en los barrios altos de la ciudad. Este es el problema: no es anormal que la Rambla, sin el calor de la ciudadanía, sea ahora el escenario privilegiado de aquellos –respetables y, a pesar de todo, bienvenidos– que solo la utilizan como un escenario circunstancial. Y quien dice la Rambla, dice toda Ciutat Vella, a pesar de estar repleta de tantos centros culturales y de tantas instituciones de la alta Administración, de las universidades, de los servicios centrales y de los residuos todavía eficaces de las promociones privadas. Y esto ocurre porque el barrio, en conjunto, no es un escenario confortable para la normal ciudadanía. Y esto significa que la parte más significativa de la ciudad está en peligro de dejar de ser ciudad.
Por lo tanto, en aquel plan estratégico, la prioridad será recuperar la confortabilidad para todos los ciudadanos. El problema es saber cómo puede lograrse ese cambio radical. Es habitual referirse a la limpieza, a la seguridad, a los servicios. Pero existe un aspecto que quizá podría ser más definitivo: la transformación de buena parte del comercio que ahora existe, imponiendo desde el ayuntamiento otro tipo de usos. Porque el comercio es el que acaba definiendo la calle. ¿Podemos conseguir un barrio normal y eficiente cuando en su eje urbano principal hay solo cuatro o cinco tiendas no sometidas a un turismo viciado por el suvenir, el fast food, el mercadillo y el cambio de moneda?
* Arquitecto.
* El Periódico - Opinión - 25.10.09
