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Ecologistes en Acció del País Valencia* considera escandaloso e inaudito el auto aclaratorio del TSJ de la Comunidad Valenciana donde se le da la vuelta al auto anterior que aceptaba nuestra petición de suspensión cautelar del Plan Parcial PAU 21 de Orihuela. No encontramos otra explicación a esta sorprendente rectificación que las supuestas presiones ejercidas por la empresa urbanizadora sobre el Tribunal Superior de Justicia, que han conducido al ridículo con este auto “aclarador” y contradictorio, que cambia el sentido del fallo anterior, con la excusa de “una serie infortunada de circunstancias informáticas”, por la cual se “coló” un fallo que correspondía a otro procedimiento judicial.
La empresa GMP Nueva Residencial SL (compradora de la Torre del BBVA del Paseo de la Castellana de Madrid), que pertenece a la familia Montoro, con relaciones económicas con Ricardo Romero de Tejada, exnúmero 2 del PP madrileño, pidió una rectificación del fallo porque, según ellos, encontraban contradicciones significativas, y a partir de aquí se revisó el expediente y entonces se dieron cuenta del “error” informático.
Ante esta situación, Ecologistes en Acció del País Valencià presentará un recurso de suplica ante el TSJ, donde se pedirá la nulidad del auto “aclaratorio”, ya que según el art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial nunca una aclaración puede suponer un cambio en el sentido del fallo judicial. También se solicitará de nuevo la suspensión cautelar del Plan Parcial PAU 21 porque no está garantizado el abastecimiento hídrico al sector por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura ni de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
Posteriormente, si este recurso no prosperara, se presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial para que se abra una investigación tras la emisión por parte de la sala de lo Contencioso Administrativo, sección 1, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), de estos dos autos contradictorios sobre el PAU 21 de Orihuela, un plan urbanístico que se está ejecutando en el corazón del futuro Parque Natural de Sierra Escalona. Ambos autos están dictados por Edilberto Narbón Lainez como presidente y por los magistrados Juan Luis Lorente Almiñana y Carlos Altarriba Cano (ponente).
Desde ámbitos jurídicos se ha comentado que no existen precedentes en los últimos 25 años de una actuación judicial como esta y nos han trasmitido su sorpresa ante una situación inédita en la jurisprudencia, ya que un auto aclaratorio, no puede cambiar el sentido del ya emitido, sino puntualizar o aclarar ciertos aspectos oscuros o rectificar errores numéricos.
En resumen, consideramos un auténtico escándalo judicial esta situación que supone un duro golpe para la credibilidad del sistema judicial valenciano, así como para el medio ambiente del País Valenciano.
* Ecologistas en Acción - País Valencià 3 de julio
Foto: Foto aérea del pau21, cedida por Amigos de Sierra Escalona (ASE) /ecologistasenaccion.org
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Escandalosa rectificación del TSJCV sobre el PAU 21 de Orihuela
Casi la mitad de los ayuntamientos catalanes no tienen reservas de suelo público
C.Blanchar.- El País/Barcelona* : "El síndic de greuges, Rafael Ribó, pidió ayer a los ayuntamientos catalanes que hagan un mayor uso del patrimonio público de suelo para construir vivienda social. Ribó presentó en el Parlament un informe de vivienda realizado a partir de las quejas recibidas y de una encuesta de la fundación Un Sol Món, de Caixa Catalunya, que afirma que el 46,2% de los 41 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes preguntados no ha constituido su patrimonio municipal de suelo y vivienda.
El 48,7% de los ayuntamientos encuestados sí tiene reservas para edificar vivienda pública y el 5,10% no respondió. Inventariar el suelo procedente de las cesiones (el 10% que deben entregar los privados) y ponerlo a disposición de políticas públicas de vivienda es una obligación de los ayuntamientos de acuerdo con la nueva Ley de Urbanismo, apunta el director de Ordenación del Territorio y Relaciones Locales del Síndic, Matias Vives. Antes, recuerda, los consistorios solían vender este suelo.
La razón que explica que casi la mitad de los ayuntamientos no cumplan con esta obligación es que todavía trabajan con Planes Generales de Ordenación Urbana antiguos y no tendrán que realizar las reservas hasta que redacten los nuevos Planes de Ordenación Urbana Municipal. El síndic también instó a los consistorios para que agilicen los trámites y para fijar calendarios en la vivienda social.
Ribó, que el año pasado ya emitió un informe centrado en el asedio inmobiliario, afirmó que el estudio de 2007 obedece a que el asunto de la vivienda "es una preocupación social" y a que las quejas al respecto aumentan "año tras año". Recibió 132 en 2005 y 207 en 2006. El síndic comparó los problemas de la vivienda con la percepción del paro que se tenía en los años ochenta. "El derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución y en el Estatuto, pero hoy es un derecho inaccesible para mucha gente", dijo.
En opinión del síndic, para resolver el problema "es precisa una implicación seria de todos los actores, desde las administraciones hasta los privados". La voluntad del informe de 2007, El derecho a la vivienda: obstáculos y límites, es "incidir en las políticas públicas". Ribó insta a las administraciones para que potencien el alquiler social, que implanten una ventanilla única de solicitudes, que den prioridad al sorteo como forma de adjudicación y que apuesten por la rehabilitación y el control del parque de viviendas existente. Algunas de estas medidas están previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda que está en el Parlament, pero Ribó declinó ayer comentarla precisamente porque está en trámite.
* ELPAIS.com - Barcelona - 05/07/2007
Cáritas denuncia «la especulación que impide el acceso a una vivienda digna»
N.Bolado.- ElDiarioMontañés* : "Las diferentes agrupaciones de Cáritas Parroquiales de Torrelavega, se han unido para dar un paso adelante y denunciar públicamente la «carencia de viviendas dignas» para determinados grupos sociales y presentar un manifiesto «para reivindicar el derecho a una vivienda digna, una necesidad básica que, sin embargo, no es accesible para muchas personas de nuestro entorno». Cáritas recuerda «que el derecho a un hogar es un elemento constitutivo de la dignidad de todo ser humano». Para promover este manifiesto, Cáritas de Torrelavega emprende una campaña. Desde esta institución de la Iglesia se añadió que «el acceso a una vivienda digna, por desgracia, es un derecho que para muchas personas está siendo negado. Esta situación -agregan- la padecen colectivos como el de los inmigrantes, cierto tipo de matrimonios, personas jóvenes, adultos solteros, minorías étnicas, mujeres con cargas familiares y, en general, todos aquellos que tienen dificultades para acceder o para mantener una vivienda adecuada», se puntualiza en el manifiesto.
«Aunque es cierto que en el mundo entero se ha levantado un clamor que exige justicia ante esta situación, también observamos que se están produciendo enormes beneficios derivados de la especulación urbanística. Esta situación es un insulto a la dignidad de la persona», se resalta. Ante lo que se consideran «una injusta realidad», las agrupaciones parroquiales de Cáritas de Torrelavega se han unido para promover una campaña mediante este manifiesto que recoge cinco acciones concretas de solidaridad y denuncia.
En el primer punto se pide el acceso a una vivienda digna como un derecho constitucional para los colectivos más vulnerables. En el segundo punto se solicita «el compromiso de las administraciones locales y autonómicas para la creación de una oferta seria y efectiva de alquiler social destinada a los sectores más vulnerables y empobrecidos».
Tercera propuesta
La tercera propuesta resalta la necesidad de «colaborar en la sensibilización pública para frenar y controlar el peso desmesurado del entramado financiero constructor que favorece la compra de la vivienda como inversión especulativa, en lugar de como un valor de uso».
Impulsar entre la comunidad cristiana iniciativas solidarias de alquileres asequibles para las personas y familias más desfavorecidas es el cuarto punto del Manifiesto de Cáritas que, por último, pide «mejoras de las condiciones de habitabilidad de las viviendas antiguas situadas en los centros históricos de las ciudades, principalmente de aquellas ocupadas por personas mayores y por población de escasos recursos», concluyen.
Esta agrupación recordó que Cáritas está formada por una amplia red internacional, con 162 Cáritas nacionales, más de 5.000 parroquiales y 68 diocesanas, que tienen como principal objetivo la ayuda al desarrollo integral de la dignidad humana de todas las personas que se encuentran en situación de precariedad social.
Por este motivo, «las Cáritas de Torrelavega -añaden- creemos adecuado insistir en la campaña que desde la Navidad pasada se viene proponiendo a nivel nacional bajo el lema general 'Los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo'», campaña que se desarrolla en dos etapas.
Desde Cáritas se recuerda que en la pasada Navidad se puso el acento «en el derecho a la vivienda digna como elemento constitutivo de la dignidad de todo ser humano y en el día del Corpus se incidió en el derecho a la educación como elemento fundamental para el desarrollo».
* El Diario Montañés - 5 de julio de 2007
Las abuelas del Ventorrillo resisten
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P.ÁLVAREZ.- El País/Madrid* : "Vecinas de entre 62 y 85 años del barrio de Embajadores se unen contra una inmobiliaria para evitar que las echen de la corrala en la que viven desde hace décadas. "Si me voy será muerta". Luisa Martín, 82 años, se sienta en una silla en su casa de menos de 20 metros cuadrados. Delante, un televisor junto a una nevera vieja. Una fina pared separa el electrodoméstico de un vestidor al que hay que entrar de lado. Otro tabique y su habitación. Junto a la cama, un váter a motor que instaló tras décadas usando el baño común del patio de la corrala. Cuando falla la corriente, la cisterna no funciona. Y nada más. O nada menos. Luisa Martín lo considera su único hogar posible. Una carta tipo de la inmobiliaria que ha comprado la corrala donde vive le pide que se marche. "Le requerimos", solicita la misiva, que la invitaba a dejar el piso "completamente vacío, expedito, libre de enseres" antes del 13 de junio.
Todo lo contrario. En su casa no cabe un alfiler. Y su historia no sería más que otra más en un vecindario antiguo desalojado para convertir el inmueble en un lugar nuevo. Pero no es la historia de siempre. Y no lo es porque Luisa Martín ha dicho no. "De aquí no me voy", repite.
No está sola. Otras cuatro vecinas, con edades comprendidas entre 62 y 85 años, han rechazado marcharse de la corrala, construida en 1900 en la calle del Ventorrillo (Embajadores). Aseguran que están en lucha. "Hemos aguantado una guerra, una posguerra y ahora aguantaremos esto", comenta enfadada la más veterana, Ernestina Salcedo, de 85 años. "Estamos dispuestas a recoger firmas, pondremos pancartas o lo que haga falta, pero nos quedamos", prosigue.
Las abuelas del Ventorrillo han contratado abogados, están dispuestas a salir en televisión, han pedido ayuda al Defensor del Pueblo y apelan al apoyo del barrio. "En el mercado nos conoce todo el mundo, a mí me dan ánimo todos los días", dice Luisa Martín. Ella llegó a la corrala en plena Guerra Civil, en 1937. Eran otros tiempos. "He vivido aquí con mis padres, mis tíos, mis sobrinos y con mis hijos, soy gata de pura cepa y pertenezco a este barrio", explica del tirón. Paga renta antigua (75 "euros", detalla), como la mayoría de las familias que aún ocupan el edificio, no más de una quincena.
Vive sola. Tiene seis nietos y cuatro biznietos, pero prefiere que vayan de visita antes que instalarse con ellos. "No quiero incordiar. Que hagan su vida, que disfruten, que son jóvenes".
Entre las puertas y ventanas de los pisos clausurados con ladrillos, los puntales del patio, los sacos de obra y los tablones de madera, las mujeres del Ventorrillo juegan a la vida normal. La misma que comparten desde hace décadas. Su ropa sigue colgada en las cuerdas, a pesar del polvo. La corrala "está en rehabilitación", según el Ayuntamiento. El edificio pertenece al Conjunto Histórico de la Villa de Madrid y tiene protección "estructural".
Los muros son intocables. También la fachada, cubierta de arriba abajo por una red verde desde hace meses. "Salimos a la calle con miedo, ese armatoste no nos deja ver los coches", añade Ernestina Salcedo. La responsable de la reforma, la inmobiliaria Sistema 23, declina especificar su proyecto. En su página web, ofrecen alquileres de estudios por un mínimo de 600 euros mensuales. "Está claro que tienen que hacer negocio, pero se puede buscar una solución intermedia, dejar a las vecinas allí los años que les queden". Es la reflexión de José Antonio Fernández, el abogado contratado por la familia de Luisa Martín.
Fernández quiere llevar al juzgado el caso de su clienta. Piensa que tiene posibilidades de ganar. Pero hace todo lo posible para que la anciana mantenga los pies en el suelo. "Para una mujer de su edad, estar pendiente de una demanda no es plato de buen gusto, pero tiene que estar preparada por si la desalojan y yo le recuerdo cada vez que hablamos que eso puede ocurrir". Aunque no se lo recordaran, a Luisa no se le olvida. "Como mal y duermo poco, lo único que quiero es quedarme aquí", repite.
La que más ánimos da es Ernestina, que está "de vuelta" en este asunto. La veterana llegó a la corrala en 1982. Antes vivía a pocos metros, en la calle de Mira el Sol, una perpendicular, en la que le ocurrió algo parecido.
Una inmobiliaria compró el edificio y se tuvo que marchar. Resistió siete años. "Nos echaron porque se iba a caer, pero sigue en pie 20 años después. Desde mi balcón veo mi antigua casa", explica. De fondo se escucha el ajetreo de los obreros, que derriban las paredes y clausuran las puertas de los bajos, ya vacíos. Pertenecían a vecinos que llegaron a algún tipo de acuerdo con la inmobiliaria, que no ha respondido a las llamadas de este
José Antonio Martínez, de 65 años, es uno de los vecinos que accedió a irse. Se acaba de jubilar y en menos de una semana se traslada a Ávila, con su familia. "A mí no me dan nada, me han perdonado dos meses de alquiler", cuenta.
A Juanita Fernández le ofrecieron 12.000 euros, dos millones de pesetas. No los quiere. Prefiere su vecindario "de toda la vida", dice bajito mientras se ajusta las gafas. Tiene 62 años, es la más joven del grupo de resistencia. Trabajaba de costurera y ahora vive con una pensión de 500 euros, de los que 33 son para el alquiler de su casita.
Lleva en la corrala desde 1969. "Este polvo me mata", añade en la puerta de su vivienda, impregnada del olor del repollo que hierve en la cacerola. Los "malabarismos" que hace para llegar a fin de mes justifican su dieta. "Hoy y mañana, repollo, otro día tocará huevo". Es la única que se emociona a ratos, a punto de soltar una lágrima. Las demás aprietan los dientes.
Como Ángela Guallart, que tiene 73 años y lleva un mes con mal cuerpo. "Me estoy poniendo enferma", se queja. A ella le ofrecieron cambiar su piso por un alquiler en Cuatro Caminos. Su casa está en la última planta. "Me dijeron que ofreciera la cantidad que pudiera, cuando les dije que unos cien euros, ya no hubo respuesta", añade.
Su pensión roza los 500 euros. Vive puerta con puerta con sus dos hijas. La menor y su nieta, por un lado. La mayor por otro. Toda la familia en la misma planta. La historia se repite en el caso de María Solís, que tiene 74 años y rostro amable. Casi es la hora del almuerzo. La mujer aparece con un trozo de pan para Ernestina que, con el revuelo, ha olvidado comprarlo. "Para eso estamos", dice sin más.
Es la más tímida, se esconde detrás de sus vecinas para las fotos. También la más antigua en el portal. Su abuela era la portera de la finca, en la que ella nació y por la que correteó de niña con sus cuatro hermanos. La misma por la que ahora juega su nieta.
Las cinco han compartido sus vidas en la corrala. Las alegrías de antaño cuando el patio se llenaba de visitas en la verbena de San Cayetano, con los niños y la música.
Las penas, las enfermedades, la viudez, los almuerzos, las confidencias. Ahora comparten una lucha. Pelean para que las dejen en su casa, en el lugar que han elegido para vivir y morir en paz.
* ELPAIS.com - 02/07/2007
Foto: Las vecinas de la corrala del Ventorrillo - C. M. /El País
