FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) da un ultimátum al Concello para adaptar la urbanización de O Piricoto a su entorno natural. La sala de lo contencioso-administrativo comunicó el martes a la Concejalía de Urbanismo que dispone de un plazo de un mes para cumplir la sentencia de derribo "total o parcial" dictada por el alto tribunal gallego en mayo de 2006 para rebajar el impacto paisajístico del edificio sobre el parque de Castrelos. La providencia dictada el 16 de marzo insta al gobierno local "a redactar el correspondiente proyecto de demolición según lo ordenado por esta sala en los autos de febrero y julio de 2009, [...] a fin de que en el plazo de un mes se inicien las actuaciones necesarias para la debida ejecución de la sentencia". Los servicios jurídicos municipales analizaban ayer por la tarde la posible respuesta al auto del TSXG, pero desde el gobierno local ya se adelantó que no se presentará recurso de súplica y que se va a ejecutar la sentencia pendiente de aplicar desde hace cinco años.
Preguntado por la resolución, el alcalde, Abel Caballero, se limitó a garantizar que "este gobierno cumple siempre con la justicia. Las etapas de resistencia a la legalidad se acabaron", puntualizó.
La resolución del Tribunal Superior no entra a valorar ninguna de las medidas correctoras planteadas por el Concello de Vigo en junio del pasado año y se ciñe a instar a la administración local a cumplir con la sentencia "de demolición total o parcial" sin concretar cual de las dos opciones debe aplicarse. El auto informa adicionalmente a los afectados de que el Tribunal Supremo rechazó el 29 de diciembre de 2010 los recursos de casación interpuestos por la comunidad de propietarios para paralizar el proceso.
Cegada esta última vía y ante el apremio del alto tribunal gallego, la Concejalía de Urbanismo empezará en los próximos días a redactar el proyecto de derribo que debe presentar en el plazo de cuatro semanas. Por ahora elude concretar los términos en que se dará cumplimiento a la orden de derribo, aunque todo apunta a que se buscará una opción que afecte lo menos posible al centenar de viviendas construidas sobre la colina de Castrelos.
La propuesta más detallada de la que disponen por ahora los técnicos municipales es la redactada por el arquitecto Javier Vizcaíno en junio de 2010 a petición del Concello y que se remitió al Tribunal Superior para que analizase si los cambios que introduce son suficientes para otorgar nueva licencia al inmueble y legalizarlo.
Su informe, sobre el cual el TSXG no se pronuncia en su último auto, propone rebajar el impacto visual del edificio, con 37.670 metros cuadrados construidos, eliminando el piso superior de la veintena de dúplex cubriéndolo con un manto vegetal y de forma complementaria liberar la planta baja que ahora ocupan garajes y trasteros y "acercar el conjunto a una edificación sobre pilotes". Su segundo planteamiento, desaconsejado por los servicios jurídicos municipales, planteaba demoler el bloque central de los tres existentes "para dar mayor permeabilidad al inmueble".
Con independencia de cómo se reduzca la edificabilidad de O Piricoto, el gobierno local tendrá que indemnizar a los propietarios porque el edificio recibió licencia municipal en 1991, anulada anulada por el Tribunal Superior por "inadaptación de la edificación autorizada al ambiente circundante" tras una denuncia de la asociación de vecinos de Castrelos. Desde entonces la administración local y los propietarios han presentado sucesivas iniciativas para intentar paralizar el proceso, pero han agotado la vía del Supremo y ahora también del TSXG .
Tras conocer la última resolución de este último, FARO se puso en contacto con los propietarios de las viviendas, pero estos desconocían el contenido del documento y no valorarán las novedades jurídicas hasta que hoy analicen la situación con su abogado.
* Faro de Vigo - 24.03.11
Foto: Vigo, edificio Piricoto ilegal a derribar - lavozdegalicia.es
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LAOPINIÓN* : La concejala de Sostenibilidad y Servicios del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, que utilizó contratos menores para adjudicar durante los últimos años decenas de obras a través de procedimientos irregulares, usó el mismo método en contratos negociados, de mayor importe, donde la ley exige llamar a tres empresas. Al menos en tres ocasiones, Porras utilizó estos contratos para ofrecer obras a empresas con lazos familiares o societarios.
Un ejemplo en uno de los expedientes
En uno de los expedientes de contratación se suceden además diversas irregularidades, como que tres empresas (Excavaciones El Copo, Hermanos Peral Henares y Floragreen) remitieran su «proposición económica» un día antes de que oficialmente recibieran el escrito del Ayuntamiento de Málaga invitándolas a presentar ofertas y el pliego de condiciones, según la documentación a la que a tenido acceso La Opinión de Málaga.
Se da la circunstancia de que las tres empresas enviaron su «propuesta económica» desde el mismo fax a otro de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga el 1 de diciembre de 2005 a las 15.56, 15.56 y 15.57 horas.
Sin embargo, no es hasta un día después, el 2 de diciembre de 2005, cuando el jefe del servicio de Parques y Jardines remite a las tres empresas una copia del pliego de condiciones económico administrativas que regirán para la contratación de un procedimiento negociado de las obras de ajardinamiento de la mediana en la calle Corregidor Francisco de Molina. En la carta, sellada como urgente, se les da, sin embargo, de plazo hasta el 9 de diciembre para presentar las ofertas por un valor de 59.971,11 euros.
Es decir, según los documentos analizados por este periódico, las tres empresas conocían de antemano las características y presupuestos del concurso, pues remitieron su contestación un día antes de que se les informara por los cauces estipulados por la ley.
Pero lo más insólito es que las tres empresas en los escritos que enviaron desde el mismo fax y con un minuto de diferencia databan sus propuestas con fechas de principios de noviembre. Es decir, un mes antes las tres sociedades conocían ya las características, precio y número de expediente de un concurso público negociado que oficialmente se comunicó el 2 de diciembre.
Concretamente, Hermanos Perales fechó su propuesta el 3 de noviembre; Excavaciones El Copo, el 4 de noviembre, y Floragreen el día 7 de ese mismo mes.
En esos escritos las tres empresas aseguran ya en noviembre haber «recibido el pliego de condiciones» para la contratación de la obra de ajardinamiento de la mediana, aunque el pliego de condiciones no se les envió hasta el 2 de diciembre.
Posteriormente, el 2 de diciembre, cuando «oficialmente» el Ayuntamiento les envía el pliego de condiciones, las empresas vuelven a remitir sus escritos, que son idénticos en estilo, con el mismo contenido, formato y extensión, pero esta vez en la fecha sí figura el 2 de diciembre.
Otras supuestas irregularidades
A todas estas anomalías se suman otras. Según el informe de adjudicación firmado por el responsable entonces del área de Parques y Jardines, el día 2 de diciembre de 2005 se enviaron a las empresas Excavaciones El Copo, Hermanos Peral Henares y Floragreen los escritos solicitando ofertas para una contratación, tres sociedades que estan vinculadas por lazos comerciales y familiares.
Una última particularidad del caso es la rapidez con la que oficialmente se resuelve el contrato. En el mismo informe de propuesta de adjudicación fechado el 2 de diciembre se recoge que se había convocado a tres empresas, que habían remitido ese mismo día las propuestas, que habían recibido también ese día las ofertas de las empresas y se adjudica a una de ellas, Excavaciones El Copo. En un solo día, el área de Parques y Jardines que dirige Teresa Porras realizó todo el papeleo.
Además, existen otros dos procedimientos negociados donde se habría vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público al haber solicitado en cada caso ofertas a tres empresas vinculadas entre sí.
Uno de ellos se refiere a la realización de obras de adecuación en instalaciones, del año 2005, y con un presupuesto de 57.000 euros.
El Ayuntamiento solicita ofertas a las empresas Micaren, Morblanca y Antonio Capablanca. Esta última es dueña al 50% de Morblanca y ambas están vinculadas con Micaren. Las tres ofertas son presentadas por Antonio Capablanca cuya empresa obtiene finalmente la adjudicación.
Un tercer caso se refiere a un contrato de adquisición de elementos de jardinería, también del año 2005 y con un presupuesto de 60.000 euros, que en esa fecha era el tope económico máximo para un contrato negociado. En este caso, al igual que en los anteriores, las tres empresas a las que se les solicitó oferta están vinculadas por lazos comerciales y tienen accionistas y administradores comunes.
* La Opinión Málaga - 24.03.11
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu
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EUROPAPRESS* : El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha reprochado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que no quiera "reflexionar" sobre cómo facilitar el pago de las hipotecas, y ha considerado que saldar esta deuda con el banco al entregar la vivienda sería "introducir justicia" a la Ley Hipotecaria. "Zapatero no quiere pararse a reflexionar, con una Ley Hipotecaria totalmente injusta", ha lamentado Sánchez en declaraciones a Europa Press, para después acusar al presidente de "proteger" los intereses de la banca. "Los bancos hincharon las tasaciones de viviendas para ganar más, y fueron los principales causantes de la crisis", ha recordado. Además, el portavoz de Facua ha advertido de que por la escalada del paro y la restricción del crédito "numerosas familias" se encuentran en situación de "extremo riesgo" de impago por sus elevadas deudas.
Según informaron a Europa Press fuentes de ERC, después del pleno del Congreso, Zapatero y el secretario general de ERC, Joan Ridao, hablaron de este tema y el presidente del Gobierno ofreció la posibilidad de promover la creación de una subcomisión de estudio en el Congreso donde se analicen posibles medidas, entre ellas la opción de resolver el pago de la hipoteca entregando la vivienda.
Frente a esta negociación, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha enfatizado los argumentos de Zapatero y ha afirmado que "desde luego no está en el propósito" del Ejecutivo abordar una medida del calibre de forzar a las entidades a aceptar que la sola entrega de la vivienda sirva para saldar el préstamo.
* Europa Press - 23.03.11
Foto: Bloques viviendas construcción - diariodemallorca.es
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LAVOZ/Cádiz* : El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial en 2009 contra el exgerente de Urbanismo de Sanlúcar, Alfonso Rodríguez, por autorizar la apertura del centro comercial Multiocio de la localidad cuando todavía no tenía licencias, con las obras sin concluir y con problemas de suministro eléctrico. El edificio estuvo en estas condiciones durante meses (sin electricidad, desde diciembre de 2004 a marzo de 2005 , y sin permisos hasta septiembre de 2005). El responsable de Urbanismo fue condenado por un delito de prevaricación a una pena de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además, fue obligado a pagar dos indemnizaciones de 6.000 euros a dos vecinos de la calle Nao Victoria, donde se situaba el centro de ocio, que se quejaron de las molestias de las obras y el ruido de dos generadores instalados para dotar al edificio de suministro eléctrico y que según la sentencia, funcionaban en algunas ocasiones hasta las tres de la madrugada.
En la sentencia de la Audiencia se absolvió a Rodríguez de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por esos ruidos (que la Audiencia no considera, en todo caso, probados).
El Supremo ha tardado casi un año y medio en dar respuesta al recurso de casación que interpuso la defensa de Alfonso Rodríguez, y que finalmente ha desestimado.
Según recogía la sentencia del tribunal provincial en 2009, el edificio fue inaugurado con la asistencia de «autoridades municipales, ya que fue instada y forzada por la presión municipal sobre la empresa constructora y titulares del multicine». El objetivo era que en la Navidad de 2004, Sanlúcar tuviera unos cines y oferta de ocio. Uno de los vecinos que deberán ser indemnizados denunció los hechos ante la Policía, por el ruido que provocaban los generadores y en enero de 2005 el técnico jurídico del departamento de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Sanlúcar abrió un expediente para cerrar el centro de ocio. Dicho expediente tenía que ser firmado por Rodríguez para que se llevara a efecto, pero éste evitó rubricarlo durante meses. El mismo técnico notificó la existencia del decreto de clausura hasta en cuatro ocasiones, sin que se diera curso legal a éste, a pesar de que Rodríguez conocía los problemas que generaba. De hecho, el exgerente llegó a reunirse con los vecinos afectados, a los que dijo que estudiaría el asunto y pidió comprensión porque, según les explicó, los cines «daban empleo a muchas personas».
* La Voz Digital - 24.03.11
Foto: Sanlúcar (Cádiz), desembocadura_Guadalquivir - elpais
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LEVANTE/Alicante* : La Policía considera acreditado que la red Gürtel destinó parte de los fondos obtenidos por el contrato para organizar los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006 a la compra de una finca en La Nucia con la que, una vez recalificada, pretendía obtener más de un millón de euros. Así lo afirman los investigadores policiales en un informe que explica que la trama pretendía realizar negocios inmobiliarios en La Nucia bien mediante la adquisición de este terreno para su posterior venta recalificado, bien mediante la adquisición de participaciones del PAI (Proyecto de Actuación Integrada) Pie de Monte para ceder posteriormente el derecho urbanizador a una sociedad de la red. En concreto, el informe, al que ha tenido acceso EFE, indica que la compra de esta parcela de secano de 12.000 metros cuadrados, y de terreno en principio yermo, estaría destinada a la especulación inmobiliaria mediante la aprobación de un plan urbanístico que autorizara su edificación, permitiendo obtener el doble del precio que pagó por su adquisición a un ciudadano holandés.
Los cálculos de posibles beneficios que había hecho el considerado número dos de la red, Pablo Crespo, según la documentación incautada en 2009 en el piso de Madrid que utilizaban como "lugar de seguridad" para ocultar la información de sus operaciones, era de 1.134.360 euros (o 1.890.600 euros, ya que el auto habla de las dos cantidades).
No obstante, la operación planeada por la red supuestamente dirigida por Francisco Correa no llegó a desarrollarse debido a la paralización de otros proyectos urbanísticos en dicho municipio debido a la "escasez hídrica" en la región.
El informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), fechado el pasado día 2 y que ya está en poder del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, analiza también la "operativa de blanqueo" de capitales que la trama llevó a cabo con este negocio.
Así, dice que la compra de la finca se financió con los fondos recibidos por la adjudicación a la empresa Teconsa del contrato de la Radio Televisión Pública Valenciana para la retransmisión de los actos organizados con motivo de la asistencia del Papa al V Encuentro Mundial de las Familias en Valencia en 2006.
En concreto, 600.000 euros fueron entregados por Apogee Telecomunicaciones S.A. a través de una factura ficticia que Wild Electronics emitió a Teconsa, mientras que otros 230.000 euros fueron entregados por medio de una factura que emitió Castaño Corporate a la misma sociedad que, según la Policía, actuó como canalizadora de la red Gürtel, la "verdadera gestora" del evento.
En ese esquema especulativo, Castaño Corporate -cuyo administrador único, Jacobo Gordon, también está imputado en la causa- fue la que formalmente adquirió la finca por 756.240 euros, dando opacidad a los verdaderos interesados en la compra, asegura el informe policial.
La UDEF añade que el método utilizado para la canalización de los fondos consiste en la elaboración de facturas falsas por parte de las sociedades de la red beneficiarias de los mismos y que permiten a Teconsa, que actúa como sociedad pantalla, desgravarse 36.800 euros en concepto de IVA, además de los 200.000 euros que obtuvo como comisión.
Del material examinado, la Policía deduce que este "episodio" no fue el único intento de la organización de especular en La Nucia y recuerda la "amistad" que Correa traba con Bernabé Cano, alcalde del municipio alicantino (PP), en el que hay en marcha hasta tres Programas de Actuación Integrada.
Uno de ellos, es el PAI Pie de Monte, cuya urbanización Correa intenta que se adjudique a la constructora Begar de José Luis Ulibarri, otro de los imputados, con quien pretendía repartirse los posibles beneficios, aunque esta operación también se frustró finalmente.
* Levante - 22.03.11
Foto: la Nucía (Alicante) - diarioinformacion.com
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ELPAÍS/Girona* : Un juzgado de Blanes (Selva) investiga una trama presuntamente dedicada a cometer estafas hipotecarias mediante una sutil e imperceptible maniobra jurídico-financiera. Diez personas declararán a partir de hoy ante el juez, en calidad de imputadas, por esos hechos. Entre ellas hay algunas vinculadas a dos entidades financieras (Caja Madrid y Banco Popular), además de abogados y un subastero. El caso arrancó a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano perjudicado, Joaquim Batlle, por una supuesta estafa relacionada con la hipoteca de una finca de lujo de Lloret de Mar. La investigación de la Guardia Civil, sin embargo, ha ido engordando con el paso de los meses y engloba ahora varias transacciones cuya cuantía todavía está por fijar, pero que podría superar el millón de euros. Los implicados en la trama obtenían grandes beneficios económicos gracias, en primer lugar, a la información privilegiada de la que disponía Pablo G. C. por su condición de jefe de recuperaciones de Caja Madrid en Cataluña y encargado, por tanto, de las relaciones con los clientes morosos, según los investigadores.
El imputado tenía "acceso a todos los créditos hipotecarios", según los informes de la Guardia Civil, y cuando detectaba que un cliente tenía impagos de su hipoteca, alertaba a dos abogados externos a la entidad: Luis O. G. y Eduardo C. C.A instancias del jefe de recuperaciones, los dos abogados imputados interponían una demanda judicial para pedir la ejecución de la hipoteca. En ese punto radicaba la presunta estafa ya que, de forma paralela a ese proceso, Pablo G. C. cedía el crédito a sociedades cuyos propietarios son, precisamente, los abogados externos de Caja Madrid. El siguiente paso consistía en paralizar la subasta que, como consecuencia del juicio, tenía lugar. Para ello, Luis O. G. y Eduardo C. C. "utilizaban poderes de un solo uso que nunca aparecen en el registro mercantil", precisan los informes del instituto armado en los que se basa la investigación judicial.
Esta estrategia permitía, según fuentes del caso, que el juez no se percatara del cambio de situación: desconocía la doble condición de los abogados, que en vez de actuar en beneficio de Caja Madrid lo hacían en el propio. La maniobra no acababa ahí: el crédito era revendido, una vez más, a otra sociedad. La empresa final es propiedad del subastero implicado en estos hechos, Josep Maria G. R., que pagó 30.000 euros a los abogados por la cesión de crédito. El último paso es claro: el inmueble se acaba vendiendo a terceras personas "con beneficios para todos los intermediarios", que actúan "en connivencia", precisan los investigadores. El mayor perjudicado es "el primer propietario de la vivienda".
Pablo G. C. fue jefe de recuperaciones durante 12 años, hasta octubre de 2009, según declaró él mismo ante los agentes. La entidad se ha negado a facilitar datos sobre su situación laboral por encontrarse el caso en proceso judicial.
El caso que ha destapado la investigación comenzó en 2005, cuando la empresa de Batlle firmó una hipoteca y un contrato de intenciones con una clienta de Caja Madrid que era titular de un préstamo hipotecario. Por problemas económicos, no pudo hacer frente a las cuotas, por lo que fue objeto de una demanda de ejecución. Se trata de una casa ubicada en la urbanización La Mogoda de Lloret, cuyo valor de tasación es de 451.000 euros. La empresa se puso en contacto con Pablo G. C. para paralizar la subasta, pero el imputado dijo que no podía hacer nada porque ya había cedido el crédito a otra mercantil. La propietaria lo ignoraba todo, según consta en la denuncia. El subastero reclamó 300.000 euros a la propietaria para cancelar deudas bajo la amenaza de subastar la finca. Tuvieron que pagar.
Además de los citados, el juez tomará declaración como imputados por un presunto delito de estafa a Miquel C. M., Joan B. C. (ambos apoderados del Banco Popular), José Francisco M. F. (apoderado de Caja Madrid), Fidel L. F. (abogado)., Jorge F. E. (administrador de una de las empresas investigadas) y Marina K. En sus declaraciones ante la Guardia Civil, los implicados negaron los hechos.
* El País - 24.03.11
Foto: Hipotecas, montaje fotos - 20minutos.es
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