Palma.- El juez citará de nuevo a Matas para que justifique el proyecto de la ópera

DIARIODEMALLORCA* : El juez Castro volverá a llamar a declarar al expresident Jaume Matas, de nuevo como imputado. Y lo hará para que esta vez explique la intervención personal que tuvo en la contratación del arquitecto Santiago Calatrava, cuyos trabajos de diseño para transformar la principal entrada marítima de Mallorca costaron 1,2 millones de euros que se abonaron con fondos públicos. Matas ya tuvo la oportunidad de referirse a este tema en su primera comparecencia ante el juez, de la que salió con una fianza de tres millones de euros para evitar que ingresara en prisión. El expresident, al ser preguntado sobre este asunto, solo mencionó una frase: "Lo volvería a hacer". Sin embargo, cuando se le interrogó sobre el anteproyecto que elaboró Calatrava, el juez aún no había reunido toda la documentación sobre el expediente de contratación que realizaron los técnicos del Govern. No se conocían, por ejemplo, las reuniones previas que había tenido Matas con el arquitecto, ni los métodos que empleó para vestir administrativamente su contratación.

El arquitecto explicó el viernes ante el juez que conoció a Matas en un hotel de Roma. El editor Pere Serra actuó de enlace, pero el arquitecto asegura que en este encuentro en ningún momento se habló de elaborar un estudio para transformar el aspecto del Moll Vell de Palma. En la conversación solo se habló de realizar futuros proyectos de colaboración entre el arquitecto y el Govern balear, pero no se concretó ninguno de ellos.
No fue hasta el mes de febrero de 2007, aprovechando la visita de Calatrava a Palma para inaugurar una estatua en es Baluart cuando Matas mantuvo una larga entrevista con el reconocido arquitecto. En esta reunión, que duró más de tres horas, Matas le mostró personalmente el terreno del Moll Vell donde había planeado realizar una gran obra, y le habló del edificio de la ópera.
La fiscalía Anticorrupción interpreta que Matas utilizó al arquitecto con un fin únicamente electoral, y que pretendía que el anteproyecto que mostraba la gran transformación de la bahía de Palma iba a servir como un gran reclamo electoral, que le iba a beneficiar como candidato del PP a la presidencia del Govern. La actuación de la Junta Electoral, tras la denuncia del PSOE, impidió que Matas pudiera cumplir su sueño electoral. Calatrava se enteró de que se había prohibido su presentación pública cuando ya había pisado el aeropuerto de Palma. A las pocas horas se volvió a Suiza.
Fuentes próximas a la investigación dan por hecha la imputación de Matas en esta nueva pieza que está investigando el juez Castro, que deriva de la causa matriz del Palma Arena. En esta ocasión, el expresident podría ser acusado de delito electoral, prevaricación, fraude a la administración y cohecho. De momento no se ha fijado una fecha a su nueva declaración, pero se acordará la próxima semana.



* Diario de Mallorca - 13.02.11
Foto: Palma - maqueta Ópera Calatrava - diariodemallorca

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La Justicia anula las licencias que el Concello de Ribadumia concedió a dos urbanizaciones

FARODEVIGO* : La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de anular las cuatro licencias concedidas hace media década por el Concello de Ribadumia a los promotores de dos urbanizaciones de viviendas que empezaron a construirse en el ayuntamiento. Se trata de la conocida como "Residencial Ribadumia", que se encuentra en el lugar de Rabuñade –en la carretera general que une Ribadumia con Barrantes–, y "As Mimosas", que está a las afueras de esta última localidad, en la carretera de Barrantes a Cobas (Meaño). En la época del bipartito, la Xunta de Galicia paralizó ambas obras, al considerar que el Concello de Ribadumia había concedido las licencias de modo irregular. La Consellería de Política Territorial, que entonces dirigía la socialista María José Caride, frenó los trabajos alegando que la Lei do Solo vigente en aquel momento impedía la construcción en los núcleos rurales de más de tres chalés adosados juntos.

En el caso de "Residencial Ribadumia" la urbanización se compone de aproximadamente unas 40 viviendas, distribuidas en tres bloques de adosados. "As Mimosas", por su parte, no llegó a levantarse pero todavía permanece en la entrada a la finca el cartelón de la obra, en el que figura una ilustración de lo que presumiblemente sería el bloque, y que estaría compuesto de dos filas de chalés.
El Concello de Ribadumia defendió en todo momento la legalidad de ambas actuaciones, y arguyó que los técnicos municipales habían realizado informes positivos en este sentido. Sin embargo, los magistrados de lo Contencioso-Administrativo del TSXG dan la razón a la Xunta de Galicia –que siguió con el pleito tras la llegada al poder en Santiago del Partido Popular–, y anulan las licencias.
Las partes conocen la sentencia desde hace apenas 72 horas. En el caso de la ganadora, la Xunta, ha remitido el fallo a sus servicios jurídicos, para que determinen su alcance y cómo ejecutar ahora el mandato judicial. Lo que han querido dejar claro desde la actual responsable de Urbanismo en Galicia, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, es que la sentencia no obliga a la demolición de las construcciones, ni total ni parcial. "Lo que indica la sentencia es que las licencias del Concello de Ribadumia fueron mal dadas", explicó ayer un portavoz autorizado de la Consellería que dirige Agustín Hernández.
Además, se produce la circunstancia de que las licencias son anuladas porque el TSXG juzgó el pleito basándose en la Lei do Solo que estaba vigente en el momento en que el ayuntamiento otorgó los permisos. No obstante, esta norma ha cambiado y el actual texto que regula la construcción en Galicia establece que la limitación de un máximo de tres chalés adosados solo se aplica a los considerados como núcleos rurales tradicionales. El objetivo de esta medida es que no se "desvirtúe" la tipología de construcciones y paisaje de determinadas aldeas con especial interés etnográfico o arquitectónico. De este modo, si los núcleos de Rabuñade y Barrantes no tienen la consideración de "tradicionales", las licencias supuestamente "mal concedidas" con la anterior Lei do Solo, se ajustarían a la legalidad con la actual.
No obstante, la Xunta declina realizar ninguna valoración, ni avanza qué puede pasar con las viviendas mientras sus asesores jurídicos no emitan el correspondiente informe. En el caso del "Residencial Ribadumia" ya están terminados dos de los tres bloques, así como los espacios comunes, en los que hay amplios jardines y un parque infantil. En la tercera fila, tan solo está construida la estructura de los chalés. En "As Mimosas" lo único que hay por ahora es la cimentación y unos pilares desnudos.



* Faro de Vigo - 13.02.11
Foto: Chalés adosados de "Residencial Ribadumia", en Rabuñade.- farodevigo

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La política tiene precio en Lanzarote

ELPAÍS* : A tenor de los últimos acontecimientos podría pensarse que la política en Lanzarote es un polvorín, pero las apariencias engañan. Es algo más complejo. La ideología es variable como muestra lo sucedido en la última semana: se ha creado un nuevo partido, Opción Por Lanzarote (OPN), compuesto de socialistas descontentos, cuya primera decisión ha sido coaligarse con el Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL). Al mismo tiempo, el comité local del PNL en Yaiza ha decidido pasarse a Coalición Canaria (CC). Para cerrar el círculo, un concejal de Haría, de Coalición Canaria, ha decidido nutrir las filas del PNL. Estas escaramuzas no son nuevas en la isla, donde 30 cargos públicos (el 21% de un total de 138) han abandonado sus puestos en la presente legislatura. Claro está, la mayoría no lo ha hecho voluntariamente. Los dos últimos casos de corrupción suman ya más de 100 imputados. En la nómina no faltan integrantes de todos los partidos políticos; entre ellos, 11 alcaldes y exalcaldes. Para una isla con siete municipios, el dato no es irrelevante.

Quien siga de cerca la política en Lanzarote hace tiempo que habrá agotado su capacidad de asombro. Es habitual que haya varios alcaldes en un mismo municipio a lo largo de una legislatura. Mociones de censura, transfuguismo, compra de votos. Y no es de extrañar que los sumarios judiciales inunden de imputados algunas sagas familiares. Sin ir más lejos, José Francisco Reyes, alcalde de Yaiza, está imputado por varios delitos. Su mujer y tres de sus cuatro hijos lo están por blanqueo de capitales. El cuarto hijo se salva porque tiene menos de 10 años. Marido y mujer, padres e hijos, hermanos, sobrinos, la relación familiar/imputado es inigualable. No hay nada parecido en España. Para aclararse en el confuso mapa político de Lanzarote se hace necesario algo más que un árbol genealógico. Hace falta una brújula: los cambios de afiliación política (caso de lo sucedido esta semana) forman parte del ecosistema local.

La corrupción urbanística es el argumento del deterioro político. Nada que no haya sucedido en otros puntos de España. Sin embargo, ha alcanzado niveles casi insostenibles en una isla que se había caracterizado por su defensa de la naturaleza. Los movimientos ciudadanos, apoyados en algún caso por el artista César Manrique, habían conseguido en los años ochenta que la isla fuera pionera en la normativa de ordenación del territorio. Fueron años en los que Lanzarote irradiaba una imagen de turismo sostenible, hasta el punto de ser declarada reserva de la biosfera por la Unesco. Sin embargo, esas conquistas medioambientales fueron perdiendo fuerza bajo la presión del urbanismo: las 50.000 plazas hoteleras en 2001 se convirtieron en 72.000 en 2006. Como sucedió en otros lugares, la economía se volcó hacia el turismo y la construcción, de forma que, entre 1996 y 2006, la tasa de crecimiento de la población ha sido 10 veces superior a la media española. En 20 años, Lanzarote ha duplicado sus habitantes.

Bajo esa presión, la corrupción ha hecho el resto. La isla paradisíaca es un hervidero en los juzgados, con más de 30 contenciosos que han dado lugar a sentencias que declaran ilegales la mitad de las camas hoteleras, realizadas con fondos europeos que han de devolverse. Y para remate, una responsable de la Unesco afirma en Financial Times que Lanzarote corre el riesgo de perder su título de reserva de la biosfera.

Durante los noventa y los primeros años del nuevo siglo, Lanzarote había asistido a algunos escándalos (Operación Yate, entre ellos) que hacían presagiar cómo la vida política en la isla estaba contaminada por la corrupción, pero la gran eclosión tuvo lugar días antes del 5 de junio de 2008. Carlos Espino, consejero del Cabildo por el PSOE, se había mostrado muy combativo con respecto a la concesión de una única licencia para un proyecto con más de 1.000 viviendas denominado Costa Roja. De hecho, había llevado el caso a los tribunales. Es en ese contexto cuando el promotor del proyecto, Luis Lleó, pretende desbloquear la cuestión enviando a una tercera persona, Fernando Becerra, a convencer a Espino. O, dicho de otro modo, a pedirle precio a Espino. Para situar la cuestión en sus justos términos, hay que significar que Fernando Becerra es miembro de una familia con pedigrí político. Él es afiliado al PP, su hermano Ubaldo es miembro del PIL y su otro hermano, Juan Carlos, es presidente del PNL. Una de tantas sagas como abundan en la isla.

Fernando le propone a Carlos Espino celebrar una reunión y le anticipa cuáles son sus intenciones, pero no cuenta con que Carlos Espino acuda a la Guardia Civil y el caso entre en el Juzgado número 5, donde hace un par de meses acaba de llegar un joven juez con ganas de trabajar, César Romero Pamparacuatro. Se toma entonces la decisión de que Espino acepte la reunión en su despacho para proceder a su grabación con respaldo judicial. La cita se establece para el 5 de junio de 2008. Arranca la Operación Unión.

Fernando acude confiado y desde el primer momento explica a Espino qué es lo que debe hacer para desbloquear el asunto de Costa Roja. "Hombre, podemos amarrar si quieres a Coalición y al PP. A Coalición es muy fácil", le dice para tranquilizarle. La conversación es larga y resulta esclarecedora. Fernando le recomienda a Carlos Espino que acepte un dinero (no detalla la cifra) para asegurarse un futuro tras la política. Le recomienda que, mientras tanto, simule que sigue siendo un hombre modesto.

-Mira, aquí te dan caña cuando estás en política; una vez que ya no estás, ¿quién va a decir nada? (...) Entonces tú estás en política, tú debes ser un tío modesto (...) aunque tengas mil kilos. (...) Eso es un consejo que te doy, tú sigue haciendo lo mismo... y cuando te digan algo, pero si yo tengo el mismo coche cochambroso de siempre y la misma camisa del barato de 10 euros.

Según avanza la conversación, Fernando le propone otros planes, le plantea un futuro espléndido.

-El plan general, si lo agarras tú eso, entonces ya te puedes retirar 10 veces, te retiras 10 veces, en una legislatura, ¿eh?, cuatro años, un tío listo, cantidades que ni te imaginas con el plan general de Arrecife puedes trincar con una operación de esas.

Y le aconseja cómo disfrutar el dinero tras el retiro de la política.

-Tú después tienes que crear tu empresita, claro, hombre, mi hermano la tiene, cada uno crea su empresita, tú tienes la empresa privada cuando termines tu legislatura, (...) lo que sea, cualquier cosa, un pequeño restaurante, una cafetería con un socio. Pides al banco 10 o 12 millones de pesetas, que te los dan, y ya está; pero, claro, ahí tú tienes 400 kilos para blanquear, ahí lo blanqueamos, pum pum, y vas generando beneficios, y eso ya es legal, cuando blanqueas tú declaras a Hacienda, pagas y todo tiene... la empresa ha generado tanto, tal, en hostelería es muy fácil blanquear dinero porque ¿cuánto vale un cortado, eh?

A lo largo de la conversación, Fernando muestra sin reparos sus conocimientos de las alcantarillas del sistema. Está claro que es un intermediario y se ofrece para trabajar para Espino. Da nombres, pone ejemplos, cuenta casos. No se libra ningún partido.

-Es más, te digo una cosa, esta operación, si sale, va a salir de puta madre, ya lo verás. Cuando tú te encuentres con una cosa de esas, si quieres, voy yo y lo arreglo, o sea, tú no tienes ni que aparecer (...). Así es como lo hace todo el mundo. Mira mi hermano, jamás se ha sentado con nadie a negociar nada, jamás, nunca jamás, jamás, jamás con un empresario siendo consejero de Turismo (...). La parte extraoficial la hacía otra persona, que es la que se reunía en privado con la empresa y le decía mire tal, tal, tal, pum, así es como se hacen las cosas.

La conversación es un buen hilo del que comenzar a tirar. El juez tiene una lista por donde empezar y solicitar nuevas intervenciones telefónicas. La madeja crece y la operación estalla en mayo de 2009 con las primeras detenciones. Entre ellas está la de Dimas Martín, el gran personaje de Lanzarote, el fundador del PIL, exsenador y expresidente del Cabildo. Durante todo este tiempo, Dimas Marín ha estado en la cárcel por otros procesos judiciales. Casi no hay operación de envergadura en la que no esté imputado. Y desde la cárcel ha sabido mantener su extenso poder.

Pero la Operación Unión es solo el principio. La madeja sigue dando hilo y nace la Operación Jable. Además de asuntos urbanísticos, hay otras cuestiones que facilitan el tránsito del dinero de unos bolsillos a otros. La contrata de basuras, por ejemplo, donde aparece una empresa, Urbaser, cuya sede central está en Madrid y cuyo gerente en Lanzarote, Jacinto Álvarez, facilita una prueba de gran valor al juez: un diario.

No lo hace voluntariamente, claro. Días antes de ser detenido, alguien le avisa de que puede haber registros. El hombre toma sus precauciones y retira documentación de su casa y su oficina. La mete en el coche y la esconde en un edificio en obras, sin caer en la cuenta de que sus pasos están siendo vigilados. Cuando los agentes entran en su casa días después, se muestra muy tranquilo. Incluso se permite hacer un corte de mangas a los fotógrafos que esperan en la calle cuando es introducido en un coche: pensaba que le conducirían a prestar declaración. Su cara de sorpresa es mayúscula cuando se da cuenta de que el vehículo policial se dirige hacia la casa en obras, en donde recopilan 27 cajas con documentación.

Y entre esas cajas está un diario. Por la razón que fuere, quizá por exceso de celo, Jacinto Álvarez había anotado uno por uno los regalos y entregas de dinero que hace a políticos y funcionarios. Y además adornó sus notas con comentarios. Así, califica como "la trincona" a la alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz. Describe cómo le regala a ella un Rolex, un bolso de Louis Vuitton, un viaje para toda la familia a Marraquech, a la que acude su hermana Carolina (de nuevo las sagas familiares), juez y en esos momentos viceconsejera de Justicia del Gobierno canario. La policía se limita a cotejar esa información con los locales donde se adquirieron los regalos. La prensa local facilita la tarea: el Rolex aparece omnipresente en la muñeca de Isabel en muchos actos públicos y así lo muestran las fotografías.

La suma de ambas operaciones, cuyos sumarios todavía conservan gran parte bajo secreto, describe con precisión el mapa de la corrupción en la isla y, sobre todo, cómo no se libra del contagio ningún partido político. En un informe, la Guardia Civil califica al PIL como una organización destinada a extorsionar a los empresarios y el juez imputa a sus dirigentes por asociación ilícita. Que su líder, Dimas Martín, estuviera en la cárcel no fue un obstáculo para el partido político.

Dimas Martín merece capítulo aparte. A pesar de su extensa biografía penal, no ha dejado de ser el hombre más carismático de Lanzarote. Dimas suma cuatro condenas, que juntadas todas ellas agrupan 12 años de cárcel y más de 20 de inhabilitación. Ha sido condenado tres veces por cohecho, una por desobediencia a la autoridad, otras por malversación de fondos públicos, fraude a la Hacienda Pública y un delito contra la Seguridad Social. Está pendiente de juicio por delito contra el patrimonio, y ahora la Operación Unión suma en su expediente nuevas imputaciones. Su llegada a la política en 1983 no pudo ser más significativa: accedió a la alcaldía de Teguise gracias al voto de un tránsfuga del PSOE. Años después (año 2000), la tercera de sus condenas fue ratificada por el Supremo: quedó probado que había comprado el voto de un concejal del PP por 12 millones de pesetas por abstenerse en la votación que convirtió en alcaldesa a una compañera de partido.

A pesar de las condenas, Dimas Martín consiguió hacerse una imagen de político rebelde y evitar que el PIL perdiera vigor. Su partido ha gobernado en coalición con el PSOE o participado en pactos con otros partidos. Su estancia en la cárcel no ha ido acorde a las condenas: el Gobierno del PP llegó a indultarle y los favores le han otorgado el tercer grado. De una u otra manera, decisiones procedentes de Madrid terminan salvándole el pellejo a Dimas Martín.

Y es Madrid la que ha vuelto a decidir sobre el futuro de estas operaciones. El juez que ha llevado estos casos (como sucediera en su momento con el juez Torres en la Operación Malaya) estaba a la espera de un destino definitivo. Ese destino llegó cuando aún no había terminado la instrucción. Obligado a dejar el juzgado, solicitó una prórroga que se le concedió. Tres meses. También había solicitado que se le adjudicara otro juez para descargarle de trabajo, petición que fue denegada. La prórroga acabó en septiembre y solicitó una nueva. El caso ha estado parado desde entonces a la espera de respuesta porque daba la impresión de que el Consejo del Poder Judicial era reticente a concederla a pesar del visto bueno del Tribunal Superior de Justicia. La respuesta llegó esta misma semana: se le conceden tres meses más y no parece que vaya a permitirse una nueva prórroga. Demasiado poco tiempo para que el juez Romero pueda seguir sus pasos hasta el final, según los investigadores. De nuevo, un balón de oxígeno a Lanzarote, mientras el PIL sigue presente en todas las instituciones.



* El País - Reportaje - 13.02.11
Foto: Dos guardias civiles durante la intervención del Cabildo de Lanzarote, el 19 de abril de 2010.- elpais

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Almería.- Costas accede a derribar "cuanto antes" las viejas casas de la playa

ELALMERÍA* : La Dirección General de Costas anticipará los primeros trabajos para la prolongación del paseo marítimo de Almería con el derribo de las viejas casas de la playa que aún quedan en pie. La antelación de la entrada de máquinas a las propias obras responde a la petición que el concejal de Urbanismo, Juan Megino, ha hecho al subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés Heras, y a la Dirección Provincial de Costas, apremiándoles a abordar el derribo de las edificaciones de la playa afectadas por la primera fase del proyecto, después de que el Ayuntamiento de Almería consiguiera hacerse con la titularidad del suelo y haya certificado la disposición de las parcelas ante los responsables ministeriales. La petición se debe a que Urbanismo quiere evitar la entrada de okupas en las cinco viviendas pendientes de demolición, mientras que no empiecen las obras de prolongación de la primera fase que ampliarán el paseo marítimo de la capital hasta el Centro Municipal Zoosanitario.

Heras ha mantenido los pertinentes contactos y la Subdelegación ha informado que Costas asumirá la solicitud "lo antes posible", ya que la primera fase del proyecto continúa sus pasos administrativos oportunos y se desconoce aún la fecha de inicio de las obras.

El Consistorio capitalino ha invertido más de cinco millones de euros en la consecución de los terrenos de la primera fase del proyecto, una cantidad que supera el coste total de las obras, valoradas en cuatro millones cuando en 2002 Costas presentó el proyecto, y que será sobrepasada por las expropiaciones pendientes de la segunda fase.

Engloba once parcelas, que se encuentran en manos de un único propietario, con 60 hectáreas y una gasolinera en funcionamiento, que ha reclamado ante los tribunales el pago de 70 millones de euros aproximadamente por la expropiación.



* El Almería - 12.02.11
Foto: Urbanismo ya procedió al derribo de dos viviendas de la playa.- elalmeria

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El candidato del PP en Gondomar promueve obras en el municipio

ELPAÍS/Pontevedra* : Erre que erre. El "desconocido" Fernando Guitián Guitián, al que Rafael Louzán ha promovido como cabeza de lista del PP en Gondomar, es administrador de una promotora inmobiliaria que mantiene empantanada una urbanización de seis chalets en el propio municipio que aspira a gobernar. La licencia para esa obra fue concedida por el exalcalde prevaricador Carlos Silva y su junta de gobierno en octubre de 2006, al amparo de un plan general anulado por el Tribunal Supremo, lo que la convierte, cuando menos, en alegal. Además, los datos de la licencia concedida no coinciden con los que señala la propia promotora en su oferta de ventas. La descomposición del actual Gobierno de tránsfugas de Gondomar difícilmente podrá encontrar ningún paliativo. De ahí que Rafael Louzán, presidente provincial del PP y muñidor primordial de la moción de censura que lo situó en el poder, acallara la propuesta local de elegir al cabeza de lista para las elecciones de mayo entre los dos candidatos que publicitaron sus intenciones: la portavoz municipal, Natalia Salgueiro, y el secretario local del partido, Manuel Dacosta.

Louzán, aun considerando que sus concejales de Gondomar no podrían ser acusados a día de hoy de transfuguismo, tuvo que hacer uso de su autoridad para recordar que en el PP no cabían las primarias y que la elección de los candidatos es competencia exclusiva de la dirección provincial. Así apareció el otro día con Fernando Guitián como tercera vía.

Guitián no es militante formal del PP y aún no sabe -cosa rara- si encabezará la lista como independiente o se afiliará antes al partido. Tampoco era militante formal Martín Urgal, el actual alcalde (vespertino), quien ha evitado participar en los actos de presentación del nuevo candidato. Urgal era una persona popular en el vecindario y a Guitián apenas lo conoce nadie. Pero ambos comparten, además de su relativo distanciamiento de la militancia partidaria, una deriva urbanística análoga que contamina su dedicación a la política en un ayuntamiento definido en los últimos años por las corrupciones de ese signo, a las que tampoco se ve mayor voluntad del PP en poner coto y transparencia.

A Urgal y Alfonso de Lis, alcalde matutino y socio socialista en la operación de transfuguismo, se les destaparon edificaciones manifiestamente ilegales que aún esperan una solución. De Guitián se ha ocultado su condición de empresario inmobiliario y que una de sus promociones, en el propio municipio, permanece estancada. El actual candidato del PP es administrador de Valsiluan Inversiones SL, registrada en febrero de 2007 y con domicilio social en Vigo. Guitián comparte ese cargo con José Luis Candeira, administrador a su vez de otras empresas inmobiliarias de Vigo, Madrid y Cantabria. Valsiluan promovió, en la parroquia de Peitieiros, la construcción de seis chalés que forman la urbanización Solmiñor, la cual, prácticamente acabada, traslada ahora una impronta de abandono, con cerca caída y sin ningún morador.

La licencia para esa obra, según el cartel que aún figura en la entrada, fue otorgada el 3 de octubre de 2006 -tres meses antes de constituirse la empresa- por la junta de gobierno que presidía Carlos Silva y que desoyó la reiterada prohibición de tramitar tales licencias por haber anulado el Tribunal Supremo el plan general de urbanismo que las amparaba. En esta medida, Solmiñor sufre de alegalidad, ya que no ha sido legalizada por ninguna normativa posterior. Pero hay otros detalles que mosquean al vecindario. La licencia fue otorgada para construir en una parcela de 5.155 metros cuadrados seis viviendas unifamiliares "de planta baja y 1ª planta de unos 185 metros cuadrados de superficie total". La oferta de Solmiñor para la venta señala "viviendas completamente independientes de tres plantas con una superficie construida de 200 metros cuadrados sobre parcelas de 500 metros cuadrados". No es lo mismo.

A la urbanización le faltan las calles y los aparcamientos, pero la obra fue abandonada hace algo más de un año, según las fuentes consultadas por este periódico, por no encontrar compradores de las viviendas.
Una carrera en el entorno de Copasa

El currículo de Fernando Guitián facilitado por el PP enfatiza en su condición de ingeniero industrial, con numerosos cursos de actualización y especialización formativa. De 46 años de edad, el grueso de su carrera profesional lo ha desarrollado en la empresa Copasa, donde fue jefe de obra de diversos trechos de varias carreteras y, luego, supervisor de las depuradoras de San Cibrao das Viñas, Ponteareas y Vilalba. También fue jefe de obras de la depuradora de Vigo -una chapuza histórica de ejecución, como han acreditado media docena de auditorías, con consecuencias nefastas y que aún perduran- y del saneamiento integral de Gondomar. Entre 1999 y 2000 fue gerente de Geseco, también perteneciente al grupo Copasa y que es la concesionaria de la recogida de basuras en Gondomar.

Desde 2001 a 2006 fue director de producción de Construcciones Conde S.A. y, desde la última fecha, socio-director de Hacemos Dirección de Proyectos, empresa que el currículo oficial vincula con "diversas actividades relacionadas con la ingeniería y la arquitectura". Ninguna mención en ese currículo, sin embargo, a Valsiluan Inversiones S.L., la promotora inmobiliaria que creó con José Luis Candeira en 2007, con un capital de 20.000 euros que, a los tres meses de la creación, ampliaron a 220.000 euros, según datos registrales.

Guitián se presenta como "candidato de consenso", sin experiencia política, cosa que no le parece importante, y con la aspiración de poder formar un "gobierno fuerte".



* El País - 13.02.11
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es

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Murcia.- «Tenemos más de 400 denuncias por corrupción. El 80% acabarán archivadas porque, aunque haya muchas sospechas, no habrá pruebas»

LAVERDAD* : Después de cinco años como Fiscal Superior de Murcia, en los que ha hecho de la lucha contra la corrupción su estandarte y orgullo, acaba de ver renovada la confianza de la Fiscalía General. Lo cual quiere decir que hay López Bernal para otros cinco años. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Pero serán sólo cinco años. Más que suficientes para jubilarse y disfrutar, si el Diablo así lo quiere, de un tiempo dedicado a la familia y a su pasión más secreta: escribir con la sola compañía del silencio, las estrellas y un gin-tonic. Respondiendo a un impulso, del que quizás más tarde se arrepienta, extrae de un bolsillo una cuartilla y lee un texto que hace corroerse de envidia al periodista por la magistral perfección con que enlaza las palabras. Luego no le permitirá publicar el relato, pero para entonces el plumilla ya le habría robado cuatro frases: «Mi madre siempre me dijo que creyera en algo». «Sólo el olvido asesina los sueños». «Hace ya sesenta años que empezó la función y todavía no domino el personaje». «El viejo lobo de raído pelaje seguirá aullando a la luna nueva». Quizá con ellas, piensa el ladrón de letras, esté queriendo contar algo de sí mismo. Quizás sólo sean cuatro frases sin sentido.

-Imagino que, si ha vuelto a optar al cargo de Fiscal Superior, ello sólo puede ser por una de estas dos razones, o por ambas: porque está satisfecho de lo que ha hecho en estos últimos cinco años, o porque aún está insatisfecho.
-Estoy satisfecho con algunas cosas, e insatisfecho con otras. Lo he pedido para acabar con el compromiso que asumí hace cinco años y para dejar una Fiscalía más avanzada en especialización, medios y personal de lo que estaba cuando la cogí.
-¿Cuál era ese compromiso?
-Intentar hacer una justicia lo más transparente e igualitaria posible, y que el fiscal llegue por igual a todos los extremos de la sociedad.
-¿Sigue teniendo la sensación de que la Justicia parece pensada sólo para perseguir a los más débiles, a los más desfavorecidos?
-Sí, lo sigo pensando. La Justicia no está suficientemente preparada, ni tiene los medios ni las estructuras necesarias, para perseguir a la delincuencia más importante, que es la que tiene todo tipo de recursos a su disposición. Eso no ocurre con otras personas...
-...que no tienen la misma capacidad de defenderse.
-Claro. La gran delincuencia cuenta con grandes medios, magníficos abogados y asesores de todo tipo... Y nosotros, en cambio, necesitamos más medios, más asesores, más policías, más unidades especializadas en la lucha contra la delincuencia organizada...
-Algo se ha avanzado, ¿no?
-Indiscutiblemente. Desde la Fiscalía General del Estado se ha hecho una apuesta muy decidida por la especialización, que es inexcusable. Eso es un auténtico hito. Pero, para que sea todo lo eficaz que debe ser, tiene que llevar aparejada una especialización de la Judicatura.
-Hace cinco años, al tomar posesión del cargo, aseguró que nada le frenaría ante un político si estuviera convencido de que había hecho algo ilegal. ¿Se ha tenido que frenar al final por algo?
-No. Ni yo ni mis compañeros. La Fiscalía no es sólo su jefe; es un grupo de gente trabajando en la misma dirección. Y le puedo asegurar que nada nos ha hecho variar de rumbo. Y que nada nos lo hará cambiar.
-¿Recuerda cuántas denuncias por presunta corrupción, hablo de denuncias, no de causas judiciales ya abiertas, habían llegado a Fiscalía cuando se hizo cargo de la jefatura?.
-Pues no. Como no me lo diga usted...
-Me permito recordárselo. Había cuatro: La Zerrichera, otra sobre la adjudicación del aparcamiento de San Esteban, una de IU contra el entonces alcalde, Manuel Sanes, de La Unión, y otra contra el ya ex alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero, que es la que acabó dando origen a la 'Operación Ninette'. ¿Cuántas denuncias tenemos ahora?
-Bastantes más (se ríe).
-Eso ya lo sé. Pregunto el número.
-No puedo saberlo exactamente. Hay una veintena de causas de ese tipo abiertas en los juzgados.
-Hablo de denuncias de ciudadanos o instituciones que llegan a Fiscalía por supuesta corrupción.
-Pues..., ahora mismo..., podría haber..., en total..., cuatrocientas..., cuatrocientas y pico.
-Seguimos avanzando. Eso demostraría que hay muchas personas que se están animando a denunciar asuntos sospechosos que antes permanecían ocultos. Al menos ahora existe la oportunidad de analizar si hay materia delictiva.
-Vienen muchas personas a denunciar. Por eso vamos a tener que aumentar el número de fiscales, porque estamos muy por encima de lo que podemos asumir.
-¿Algún ayuntamiento se libra de haber sido denunciado?
-(Vuelve a reír). Imagino que alguno se libra. Debe de haber muchos que se han librado hasta ahora.
-¿Muchos? Eso sí que no lo creo.
-¿Cuántos ayuntamientos hay? ¿Cuarenta y cinco? No creo que haya más de veintitantos denunciados.
(Le llama en ese momento el Fiscal Superior de Madrid, de nombre, también, Manuel. El Manuel de Murcia le agradece la felicitación y responde: «Yo estoy contento, pero mi familia está muy cabreada. En fin, no me voy a quejar ahora...»).
-Le iba a preguntar si considera que estos años han servido para lanzar un aviso a navegantes, en especial a aquellos funcionarios o cargos públicos que hayan podido tener la tentación de incurrir en comportamientos desviados.
-Creo que haber presentado denuncias o querellas por esas causas siempre tiene un efecto preventivo. Si en algún momento hubo una sensación de impunidad, pues es bueno que algunos teman que todo pueda llegar a saberse si es que han hecho algo mal. Yo tengo muy presente una anécdota de un amigo, una anécdota triste, que vio cómo una serie de personas, quizás ejecutivos, apostaban a que en la Región nadie actuaría jamás contra la corrupción. Me pareció lamentable. Eso es tener una visión muy negativa de los murcianos, que no es la que yo tengo.
-Lo que parece evidente es que esas personas perdieron su apuesta.
-Sí la han perdido, sí.
-¿Queda mucho por limpiar?
-Quedan procesos, unos cuantos procesos. Pero esto no se soluciona sólo con procesos penales; hay que hacer modificaciones legislativas para evitar que esas cosas ocurran. Lo que no quiero es que se establezca la imagen de que ser funcionario es igual a ser corrupto. Sería muy injusto. Hay funcionarios corruptos en cualquier administración u organismo.
-¿También en la Fiscalía?
-(A juzgar por su cambio de expresión, la pregunta no le hace la menor gracia). Espero que no. Yo no los conozco. Pero si alguien los conoce, agradecería que me diera nombres.
-¿Ha logrado usted quitarse de encima el estigma de que su actuación está guiada por motivaciones políticas?
-Para la gente bienintencionada, sí. Hay un sector de gente malintencionada para los que no. Pero ellos saben que lo que dicen es mentira y sólo buscan intoxicar a base de repetir las mismas idioteces. Recientemente se ha vuelto a publicar que mi mujer es letrada del PSOE, aunque les consta documentalmente que no ha llevado asuntos del PSOE desde quince o veinte días antes de que yo tomara posesión como fiscal jefe, en enero de 2006. Para entonces ya había presentado la renuncia.
-Usted sabe que hay un dossier que apunta a que vive en una casa construida ilegalmente.
-Sí, claro que lo sé. Es absolutamente cómico. Este ayuntamiento me ha certificado que no se ha violado norma urbanística alguna en mi casa y que jamás se ha abierto un expediente sancionador. Quien dice eso, lo hace sabiendo que es mentira y con la única intención de desprestigiarme como fiscal jefe de una institución que persigue la corrupción. Lo que me apena e indigna es que los delincuentes a quienes investigan los fiscales estén investigando a los fiscales que los investigan. Que se estén metiendo en nuestro ámbito más íntimo. Pero, a la vez, me da alegría que después de lo que me han investigado, hasta meterse en mis narices, lo único que me achacan es que entré en mi casa sin cédula de habitabilidad. Si eso es todo lo que han encontrado, pues es un orgullo. Igual podrían haberme acusado de ser bajito y calvo.
-De lo que sí se le puede acusar con razón es de no tener un solo pelo negro en la cabeza. ¿Es la edad o las preocupaciones?
-La edad. Bueno, y las preocupaciones. Hace un tiempo todavía me quedaba alguno...
-Pero el hecho de que le estén investigando no puede haberle cogido por sorpresa...
-No. Por supuesto que era previsible. Y además les invito a que sigan haciéndolo. La gente decente seguirá estando con esta fiscalía, y los indecentes no me importa dónde estén.
-La sensación generalizada en la sociedad es que los asuntos de corrupción responden fielmente a la expresión: arrancada de caballo, parada de burro. Que entran los UCO en los ayuntamientos, se llevan la documentación, detienen a los concejales o alcaldes, se les toma declaración y encantados de habernos conocido y hasta nunca.
-Soy consciente de que esa sensación existe, y en muchos casos se alienta esa idea, que tiene una parte de verdad. Pero los tiempos mediáticos no son los de la justicia. Analizar la documentación intervenida en un registro lleva muchísimo tiempo y nos faltan unidades especializadas. Y es verdad que por eso hay varios asuntos paralizados.
-Hay causas que llevan años durmiendo el sueño de los justos.
-Hay causas muy paradas, es verdad.
-A la Zerrichera, o al 'caso Ninette', por ejemplo, no se les ve la punta por lado alguno, pese a los años que llevan abiertos.
-Nos faltan medios. Medios humanos, técnicos... Eso es así. No tenemos un grupo especializado de policías y expertos adscrito a la Fiscalía.
-Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De diez o doce agentes e inspectores bien formados en materia fiscal y en derecho administrativo y urbanístico?
-Estamos hablando de eso, sí. De un grupo que pudiera llevar cuatro o cinco grandes investigaciones a la vez. En eso radica el problema. Los fiscales estamos teniendo que asumir investigaciones que son propias de esos especialistas.
-Este año van a empezar a salir sentencias de casos relevantes de corrupción, como 'Tótem' o 'Limusa'. ¿Va a servir para que los ciudadanos se convenzan de que estos asuntos no eran sólo humo?
-Eso esperamos. Y vendrán unos cuantos juicios más de esa índole este año, y también el siguiente. Van a ver que esto era mucho más que el arreón inicial.
-¿Hay base para condenar?
-Nosotros nos ceñimos a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. Si acusamos es porque estamos convencidos de ello. Pero los jueces pueden llegar a otra conclusión y hay que respetarlo, aunque eso no quiere decir que no puedan equivocarse. Unas veces se equivocan ellos, y otras, nosotros.
-Quizás ellos, los jueces, sean especialmente garantistas, ¿no?
-No. Tanto como nosotros, que archivamos el 80% de las denuncias que nos llegan. Hay muchos casos en que, habiendo sospechas muy serias, tenemos que archivarlos porque no disponemos de pruebas.



* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 13.02.11

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