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LASPROVINCIAS* : La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha votado en contra de la aprobación de un total de 40 instrumentos urbanísticos planteados en la provincia de Castellón desde enero de 2007 por considerar que los respectivos ayuntamientos no habían acreditado la disponibilidad de recursos hídricos suficientes. En 15 de estos 40 expedientes, el organismo de cuenca ha recurrido a la vía judicial para defender su oposición al desarrollo urbanístico de unos planes que suponen la ejecución de más de 12.000 viviendas y varios campos de golf.
Los recursos contencioso-administrativos interpuestos por el Estado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) afectan a Bejís, Vall d'Alba, Vinaròs, Torreblanca, Almenara, Xilxes, Segorbe, la Pobla Tornesa, Sant Jordi, Sant Rafel del Riu, Les Useres y Fuentes de Ayódar. La respuesta judicial, sin embargo, ha tenido hasta el momento escaso éxito para la CHJ, entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que ha visto cómo hasta en diez ocasiones el alto tribunal se ha pronunciado en contra de sus pretensiones.
Unas veces por inadmisión del recurso, caso de la modificación nº7 del Plan General de Vall d'Alba, de la modificación del sector 2 de Segorbe, del Plan Parcial La Carrasca de Sant Jordi y el Plan General de Les Useres; por auto denegatorio (modificación nº11 del Plan General de Vinaròs, Plan Parcial La Foia de Torreblanca, Plan Parcial Barranc Talavera Almenara, Plan Parcial Salinas de Vinaròs y un Plan Parcial de ampliación casco urbano de Vall d'Alba) o bien porque el Estado ha desistido, en el caso del Plan General de Bejís.
El TSJ todavía tiene que pronunciarse respecto a cinco expedientes recurridos por la CHJ después de que se aprobaran en la Comisión Territorial de Urbanismo pese al voto en contra del organismo por falta de disponibilidad de agua. Los expedientes se refieren a la modificación nº10 de las normas subsidiarias de Xilxes, a la modificación nº4 de las normas subsidiarias de la Pobla Tornesa, el Plan Parcial San Rafael Golf, el Plan Parcial Sant Jordi Golf y el Plan General de Fuentes de Ayódar.
En toda la Comunitat Valenciana, el TSJ tiene que pronunciarse sobre la viabilidad de 180 planes urbanísticos, todos ellos impugnados por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Una situación que, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, Edilberto Narbón, calificó de «pique» político entre el Gobierno y la Generalitat durante su participación en las jornadas 'La estrategia y la planificación territorial en la Comunitat Valenciana' organizadas por el Colegio de Arquitectos a principios de junio en Valencia.
Tal como publicó este diario en su edición del 3 de junio, Narbón sostiene que el informe de la CHJ, que es preceptivo pero no vinculante, deberá ser «razonado» y deberá especificar la existencia de agua, la calidad, el tipo, la disponibilidad presente y futura así como las infraestructuras necesarias para transportarla.
Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente suscriben la opinión del magistrado y recuerdan que el criterio que aplica la CHJ para votar en contra de los instrumentos urbanísticos en la Comisión Territorial de Urbanismo por no acreditar la disponibilidad de los recursos hídricos no se sigue en otros organismos de cuenca, como ocurre en la Confederación Hidrográfica del Ebro, con competencias en el norte de la provincia.
* Las Provincias - 14.06.09 -
PAQUI TERCERO
Foto: PLANES. Terrenos donde se proyecta desarrollar el PAI La Carrasca, en el municipio de Sant Jordi. /JORDI MAURA, lasprovincias.es
La CHJ ha recurrido ante el TSJ 15 planes urbanísticos en Castellón con 12.000 viviendas
‘Caso Cretu’: punto y final a un esperpento urbanístico
ELMUNDO/Ibiza* : El culebrón urbanístico con más repercusión del archipiélago quedó reducido a escombros con el último muro derribado el pasado 2 de junio. La casa del afamado músico y compositor rumano, Michael Cretu, es historia. La demolición de la mansión ilegal deja tras de sí un rastro de diligencias judiciales, recursos, titulares de prensa y declaraciones, esparcidos a lo largo de 12 años de pugnas en los tribunales.
Las máquinas excavadoras que eliminaron cualquier vestigio de construcción en el monte de Santa Inés no borrarán, sin embargo, el esperpento urbanístico de una obra cuya construcción y posterior proceso de demolición quedarán en los anales de la controversia.
El despropósito se remonta a 1996, cuando el productor del grupo Enigma proyectó un coloso inmobiliario de 3.115 metros cuadrados en la cima de Can Guillem, un monte que cuenta con la máxima protección en la ley balear de espacios naturales. Cretu rebajó tres metros la altura de la montaña y alzó una especie de fortaleza de estilo árabe, valorada en 18 millones de euros, con un volumen de 7.000 metros cúbicos, más de cuatro veces de los visados en el proyecto.
El entonces alcalde de San Antonio de Portmany, el popular Antoni Marí Tur, concedió la licencia de obra a la vivienda en 1997. El grupo ecologista Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN) denunció entonces que la construcción vulneraba la ley, al estar edificada en la cima de una montaña. A partir de ahí, tanto Cretu como el propio Consistorio se embarcaron en una carrera por evitar lo que hace sólo doce días puso punto y final al caso.
Pero el GEN no tardó en actuar. En febrero de 2000, el grupo ecologista presentó una denuncia contra la licencia ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Palma. Previamente, la asociación había solicitado al Consistorio de Portmany, en 1999, la revisión del documento, al considerar que, con esta construcción, se perjudicaba notoriamente a una de las áreas con más valor paisajístico y ambiental de la isla de Ibiza.
Los ecologistas argumentaron también en su denuncia el hecho de que la construcción se hubiera ejecutado sobre la cima de una colina y en una zona protegida como área natural de especial interés (ANEI).
En 2001, la Audiencia Provincial dictaminó que la casa, a pesar de tener licencia municipal, era ilegalizable por estar construida en la cima de una montaña. El mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ratificaría esta decisión. La mansión se tenía que demoler.
Cretu, a través de su abogado, Jaume Roig, recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, que, en 2006, confirmó el derribo. Antes, en 2003, la disposición adicional decimoctava de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2004, aprobada siendo presidente del Govern el popular Jaume Matas, legalizaba las construcciones levantadas en su día sin permiso de obra por encima de una cota de 200 metros, sin rebasar la de 250, siempre dentro de la franja de los 250 metros siguientes a la ribera del mar y sin estar emplazadas en la zona A señalada en las Normas Subsidiarias dictadas por el Govern el 26 de julio de 1990.
La disposición del PP causó un gran revuelo entre los demás grupos del Parlament. Tanto fue así, que el entonces diputado de Esquerra Unida y actual conseller insular de Urbanismo, Miquel Ramon, irrumpió en la Cámara balear con una pancarta en contra de la legalización de la mansión.
La Amnistía Cretu, derogada en 2007 por el hexapartito progresista presidido por Francesc Antich, no tuvo efectos duraderos. De nada sirvió. La justicia la declaró ilegal y volvió a exigir la demolición de la casa.
El caso tomó un giro hacia la vertiente penal, poco propicia para las aspiraciones del músico y del Ayuntamiento de San Antonio. En 2003, la Fiscalía de Ibiza abrió esta vía contra los responsables de la concesión de la licencia de la mansión. El entonces primer edil de Portmany, Antoni Marí Tur, y Cretu tuvieron que declarar como imputados en un proceso que todavía no se ha cerrado. El Consistorio ibicenco continuó intentando por todas las vías legales que legalizaran la casa. El alcalde actual, José Sala, primer edil del municipio desde 2003, repitió en varias ocasiones su deseo de que el derribo no llegara a hacerse realidad.
* El Mundo - Israel Rodríguez | Ibiza - 14.06.09
Foto: Ibiza, casa Cretu - diariodeibiza.es
Gijón: Golpe judicial a un urbanismo inmune
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LNE* : «En Gijón nunca se ha visto cosa igual». Quienes suscriben son miembros de la Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes. El colectivo, en su particular lucha contra el proyecto de construir 655 pisos en la parroquia, ha sacudido los cimientos del urbanismo local. Sus averiguaciones sobre el llamado plan de Cabueñes sentarán ante el juez al que fuera arquitecto jefe del Ayuntamiento, Ovidio Blanco. Impensable en un municipio que se mantenía inmune al escándalo urbanístico.
La Plataforma de Cabueñes, respaldada por 63 vecinos, ha conseguido lo que no consiguieron tres multitudinarias «marchas verdes»: poner judicialmente en entredicho una actuación salida de las recalificaciones del último Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «Será el primer juicio de estas características que se celebra en la ciudad», sostiene Ignacio Martínez. Como especialista en temas urbanísticos, ha ayudado a la plataforma en sus investigaciones sobre la operación de Cabueñes.
Cristina Moreno, periodista de profesión, y Francisco Díaz-Cadórniga, médico endocrino, han sido la voz y la imagen de esta iniciativa vecinal sin precedentes. Detrás de sus declaraciones y de sus denuncias hay más de un año de obstinado trabajo. Basándose en la documentación recabada por los vecinos, la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias decretó el pasado lunes que se formule denuncia contra Ovidio Blanco en el Juzgado de instrucción que corresponda.
El fiscal ve indicios de tres posibles delitos: cohecho, uso de información privilegiada y tráfico de influencias. La plataforma se personará como acusación particular en el procedimiento judicial que ahora se abre para determinar si Blanco es realmente culpable de esas ilegalidades. Llegados a este punto, ni Cristina Moreno ni Francisco Díaz-Cadórniga se olvidan del «desprecio» con el que -critican insistentemente- fueron tratados por el gobierno municipal.
Quizá los subestimaron cuando, antes de trasladar el llamado «caso Blanco» a la opinión pública allá por mediados de marzo, pusieron sus sospechas en conocimiento del concejal de Urbanismo. Cuando el equipo de gobierno quiso reaccionar ya era demasiado tarde para detener la tormenta que se le venía encima. La primera semana de polémica desbordó a más de uno dentro y fuera de la Casa Consistorial.
Los documentos aportados por los vecinos revelan que, en marzo de 1992, Ovidio Blanco compró una finca en Cabueñes a la sociedad Hoyant, S. L.; que se la vendió a esa misma empresa en octubre de 1998 y que, en julio de 2004, se la volvió a comprar. A lo largo de todo ese tiempo se producen dos cambios reseñables. Por un lado, Blanco abandona el Ayuntamiento para incorporarse a Sogepsa con un contrato de servicios y ejercer la arquitectura desde la iniciativa privada. Por otro, el PGOU recalifica en Cabueñes una bolsa de suelo en la que está incluida la finca objeto de compraventa entre Blanco y Hoyant.
El terreno que el ex arquitecto municipal compró en 1992 por 7.513 euros lo vende finalmente en enero de 2006 a la promotora Reyal Urbis -una de las que intervienen en el desarrollo residencial de Cabueñes- por 617.420 euros. Blanco estaba en excedencia del Ayuntamiento de Gijón desde el 1 de enero de 2004. Aunque la Plataforma de Cabueñes matiza que, para entonces, las recalificaciones del PGOU ya estaban decididas y a punto de iniciar su primera fase de información pública.
Blanco insiste en que no cometió ningún delito. Y el gobierno de Paz Fernández Felgueroso avala su trayectoria como arquitecto municipal, aunque se desvincula de actuaciones posteriores como la que pudo haber tenido en la parroquia de Cabueñes. Es más, suya fue la iniciativa de acudir a la fiscalía. Pero esta demostración de transparencia no ha podido evitar las repercusiones políticas del caso. Ovidio Blanco ha sido, durante casi 25 años, hombre de confianza de los servicios urbanísticos municipales y el PP ya pide responsabilidades más allá de su persona. La Plataforma de Cabueñes ha puesto en tela de juicio su reputación y, en definitiva, la del Ayuntamiento.
* La Nueva España - M. SUÁREZ -14.06.09
Foto: Cabueñes (Gijón)), vecinos contra Plan - lne.es
Viaje al corazón del caos urbanístico
PÚBLICO/Málaga* : El reglamento les exige conocer al detalle la topografía de la demarcación en la que trabajan y los recursos naturales de los que dispone.Se les conoce como Seprona, aunque tras las siglas se esconde el único grupo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dedicado al Servicio de Protección de la Naturaleza; es decir, a velar, dentro de la Guardia Civil, por el cumplimiento de las disposiciones que fomentan la conservación de todos los recursos medioambientales.
Público ha pasado 24 horas de patrullaje con el Equipo de Protección de la Naturaleza de Málaga, por cuyas investigaciones, a las que dedicaron más de un año, y registros durante la denominada operación Arcos el pasado marzo fue desarticulada la trama de corrupción urbanística presuntamente integrada por el ya ex alcalde de la población malagueña de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y por otros 28 imputados.
A las ocho de la mañana, el sargento y jefe de la Patrulla Urbana del Seprona de Málaga, José Benito, realiza el briefing del día en su modesto despacho de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, mientras sujeta con una mano el frasco de un pigmento ilegal requisado durante la última inspección de un centro de belleza de la Costa del Sol.
"Fue durante una inspección rutinaria. Muchos se quedan sorprendidos cuando ven entrar en su negocio a un agente de la Guardia Civil porque nos relacionan más con actividades vinculadas a la naturaleza. En este caso, los tintes estaban etiquetados en inglés, fueron comprados a través de Internet a una empresa gibraltareña para su uso en la micropigmentación de la piel y sin autorización de la Agencia Española del Medicamento. Un peligro para los clientes, que podrían sufrir a corto plazo daños irreparables", cuenta.
Sobre el escritorio del sargento, el 80% de los expedientes corresponde a casos de delito urbanístico. "Por mi experiencia, puedo decir que, en comparación con el norte de España, en el sur existen muchísimas más casas ilegales. La cultura de construir ilegalmente y que no suceda nada se ha instalado aquí desde hace mucho tiempo y es muy difícil de erradicar. Nos hemos visto en la situación de leer los derechos a gente del campo, gente humilde en principio. Y nos preguntamos por qué esta gente lo sigue haciendo en el sur tan tranquilamente y sin miedo. La respuesta creo que es la desidia administrativa que existe", asegura Benito.
Para que la construcción de una casa se considere ilegal deben cumplirse dos requisitos: que se construya en suelo no urbanizable y que no pueda legalizarse. Sólo la patrulla urbana del Seprona de Málaga realizó en 2008 más de 2.500 actuaciones, por las que quedaron imputadas 65 personas. "La mayoría de los delitos eran urbanísticos o relacionados: falsedad documental o prevaricación urbanística en ayuntamientos".
El boom de 2006 y 2007
En la comarca malagueña de la Axarquía, a la que pertenece la población de Alcaucín, se estima que existen más de 22.000 viviendas en suelo no urbanizable, de las que más de la mitad se construyeron en los últimos diez años. Y el boom llegó entre 2006 y 2007. "En el Parque Natural de Los Montes de Málaga tenemos denunciado e imputado por delito urbanístico al dueño de una vivienda unifamiliar. El problema es que no damos abasto", añade Benito. "Necesitamos más personal para poder controlar toda la Costa del Sol".
La petición parece razonable teniendo en cuenta que sólo son nueve agentes. Hoy, como casi cada día, el sargento Benito y el cabo Pedro Pérez Pinto peinan en todoterreno los Montes de Málaga, a 20 kilómetros del centro de la ciudad. A cada paso, una parada para señalar alguna de las innumerables viviendas construidas ilegalmente, algunas sin ni siquiera licencia de obra. En el lugar donde se levantan estas casas no debería haber más que casas de aperos.
"La cultura de construir ilegalmente y que no suceda nada es muy difícil de erradicar"
"Los constructores tienen gran parte de la culpa por acceder a construir en suelos sobre los que saben a la perfección que no dan licencia", dice el cabo Pinto, mientras señala al menos tres chalés sobre los que recae en estos momentos una orden de paralización de obra por parte de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.
"El truco que usan los propietarios de las casas para no levantar nuestras sospechas es pintarlas por fuera y acabar cuanto antes el exterior de la vivienda. Dentro, sin embargo, sólo hay ladrillos", añade.
Para comprobar la situación legal de estas casas, algunas incluso construidas con grandes piscinas o con hasta cuatro alturas y garaje, el Seprona consulta las ortofotos de varios años atrás. Este procedimiento les permite saber si el propietario de la supuesta casa ilegal dice la verdad. "Muchos nos dicen que la casa ya existía antes y se escudan en que lo que están haciendo es una reforma. A través del GPS, sacamos las coordenadas de la casa, consultamos la ortofoto de la base de datos del catastro y lo comprobamos. Si hay delito, la responsabilidad es tanto del propietario como del constructor y el técnico". "Por eso caen tantos en operaciones como la de Alcaucín y otros ayuntamientos", asegura Benito.
Tatuajes
El Seprona, pese a la relevancia de su cometido, sigue siendo un cuerpo muy desconocido. Su abanico de responsabilidades es variopinto. Por ejemplo, y aunque parezca chocante, entre sus competencias está la de actuar de oficio en casos en los que las tiendas de tatuajes no cumplan con los requisitos de esterilización y de desecho por incineración controlada del material punzante usado.
Es un trabajo que realizan empresas autorizadas y que impide que se produzca la llamada contaminación cruzada. "Las agujas tocan sangre y estas, a su vez, contaminarían el medio ambiente", cuenta ItziarOrozco, propietaria de la tienda Tarántula, que los agentes acaban de inspeccionar.
Lo mismo se hace en las tintorerías, donde la contaminación proviene de percloroetileno, ese producto que hace tan reconocible al olfato estos establecimientos y cuya eliminación debe realizarse por parte de un gestor autorizado, pues es altamente tóxico y cancerígeno.
* Público - ESTHER RAMOS - MÁLAGA - 14/06/2009
Foto: Un agente del Seprona señala una vivienda supuestamente irregular - publico.es
