La mala gestión de las aguas residuales podría costar a España hasta 50 millones

AMBIENTUM* : España admite que probablemente la Unión Europea le impondrá una multa de 20 a 50 millones de euros, un cálculo que se basa en sanciones anteriores que ya se han puesto a países como Luxemburgo y Bélgica, teniendo en cuenta el tiempo de incumplimiento de la Directiva de Depuración de Aguas Residuales Urbanas, así como el número de procedimientos abiertos.
Así, el incumplimiento en cuanto a la existencia de colectores y por la falta de algunas estaciones depuradoras, ha provocado que el Reino de España esté incurso de dos procedimientos sancionadores y en una solicitud de información previa a un posible tercer procedimiento sancionador.

Respecto a la condena económica, se basa en las sanciones impuestas a Bélgica y Luxemburgo. Concretamente, Luxemburgo tiene un procedimiento abierto por 4 aglomeraciones urbanas de las 12 que tiene todo el país, en un país cuyo total del territorio nacional ha sido declarado zona sensible, mientras que España tiene un primer procedimiento abierto para 38 depuradoras.

Así, la Comisión Europea ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia Europeo las siguientes multas para Luxemburgo: Una multa coercitiva de "no menos de 2,3 millones de euros" que se ha calculado en 11.340 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia dictada en su contra en noviembre de 2006. Además, se propone una suma a tanto alzado de 1.248 euros desde el día en que se dictó sentencia hasta que se ejecute la sentencia dictada, lo que supondría 4,1 millones de euros al año por verter en zonas sensibles.

A este respecto, fuentes del MAAMA han manifestado a Europa Press que el ministro, Miguel Árias Cañete, mantuvo la semana pasada conversaciones en Bruselas con varios de sus homólogos y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, la semana pasada en Nairobi (Kenia) con la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, para explicarles que la situación ha mejorado y que, aunque va despacio, se está trabajando "a marchas forzadas". De hecho, apuntan que de los 26 puntos difíciles que había en 2010, "ahora" se ha reducido a 20 aglomeraciones urbanas.

Entre otras tecnologías a utilizar, contempla el reciclado de 650 hectómetros cúbicos al año; la desalinización mediante nuevas inversiones y estrategias; la gestión de eventos extremos y sequías así como la recuperación medioambiental y el apoyo a las empresas españolas con experiencia en agua, tanto a nivel nacional como internacional.


* Ambientum - 28.02.12
Foto: Aguas residuales - renovablesverdes

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El ex alcalde de Bollullos, imputado por cuarta vez, en esta ocasión por estafa

ELMUNDO/Huelva* : El ex alcalde del PSOE del municipio onubense de Bollullos Par del Condado, Carlos Sánchez, ha sido llamado a declarar en calidad de imputado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de La Palma, tribunal que está investigando un posible delito de estafa y prevaricación cometido por el socialista cuando presidía el Ayuntamiento, entre 2003 y 2007, a denuncia de una vecina jubilada que asegura haber sido "profundamente engañada" por Sánchez.
Según la providencia del juzgado fechada el pasado lunes, el ex regidor socialista comparecerá ante la juez como imputado el próximo 5 de marzo, declaración que forma parte de las diligencias previas abiertas por el tribunal, que decidió reabrir el caso el pasado 4 de enero tras recibir denuncia ampliatoria sobre los hechos.

La denuncia presentada por María Josefa López Valenciano contra el ex primer edil de Bollullos, a la que ha tenido acceso ELMUNDO.es, apunta a los delitos de estafa, hurto, daños, prevaricación y amenazas, ya que, según la denunciante, Sánchez le llegó a amenazar con "pasarlo muy mal" si finalmente tomaba la decisión de denunciarlo.

Según la denuncia, Josefa López heredó de sus padres, junto a su hermana, una casa construida en 1880 en la calle Calvario de la localidad, donde pretendía instalarse a pasar los años de jubilación tras regresar de Ginebra donde había emigrado. El Ayuntamiento estaba interesado desde la década de los 90 en adquirir la vivienda para demolerla y construir una plaza pública, pero nunca llegaron a un acuerdo. Así, durante años el consistorio le denegó licencia para realizar obras de rehabilitación, lo que provocó que en 2002 fuese declarada en ruinas.

En 2003, siendo alcalde Carlos Sánchez, se llega a un acuerdo verbal que sería ratificado por escrito en 2005, por el cual el consistorio se queda con la casa y a cambio autoriza a la vecina a construirse una nueva vivienda en un terreno no urbanizable bajo la promesa de que el solar sería recalificado. Además, los costes de urbanización "quedarían compensados con la cesión de su parte de la casa", valorada en poco más de 27.000 euros.

Sin embargo, tan sólo unos meses después empezaron los problemas que desembocaron en una orden de demolición de la nueva vivienda y en una multa que ya roza los 90.000 euros, que originó el embargo de su pensión. Además, el acuerdo nunca fue ratificado en pleno y la vieja casa de la denunciante fue echada abajo sin expediente de expropiación y sin previo aviso.

"Me han quitado todo lo que era de mi madre y los recuerdos de mi pasado", lamenta Josefa López en su denuncia, en la que destaca que a su hermana no le han pagado su parte y ni tan siquiera se pusieron en contacto con ella, y que, para colmo, aún le sigue llegando a nombre de su padre el recibo para pagar el IBI.

Cuarta imputación

Con esta imputación, el ex alcalde socialista de Bollullos Par del Condado suma ya cuatro. A falta de que la juez de La Palma determine si hay indicios de delito para seguir adelante con el procedimiento judicial y si es así especificar los delitos, Carlos Sánchez está imputado de prevaricación en tres causas anteriores, dos de ellas por irregularidades urbanísticas y otra por adjudicar el contrato de recogida de basuras a una empresa aún a sabiendas de que el Ayuntamiento no tenía dinero para pagarlo.

Según fuentes consultadas por este periódico, la dirección del PSOE de Huelva está tratando de "quitarse de en medio" a Sánchez y ya tiene sustituto. Sin embargo, hace tan sólo unos meses la cúpula socialista onubense, liderada por el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, defendió la candidatura de Sánchez a la Alcaldía de Bollullos para las elecciones municipales del pasado mayo, a pesar de que ya estaba imputado por irregularidades urbanísticas.


* El Mundo - José Carlos Aguado - 23.2.12
Foto: Bollullosdel Condado (Huelva) - visitingspain.es

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La empresa de la vivienda de Alcorcón entra en concurso de acreedores

ELPAÍS/Madrid* : La Empresa de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA, la empresa municipal de la vivienda) ha presentado esta mañana en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid número 6 concurso de acreedores al no poder hacer frente al pago de 266 millones de euros que tiene de pasivo. Así lo ha comentado el primer teniente de alcalde y presidente de la sociedad, Óscar Romera, que ha asegurado que las cerca de 600 casas que quedan por entregar de las cinco promociones pendientes de construir se terminarán y se entregarán a sus adjudicatarios. El PSOE, por su parte, cree que la situación de la empresa no es "tan negativa como quiere vender el PP" y que su última intención es acabar con los pisos sociales que tanta fama han dado a Alcorcón.

Según Romera, EMGIASA no tiene liquidez para hacer frente a todos los pagos y a las obligaciones derivadas de la compra e hipoteca de parcelas, en su mayoría en el Ensanche Sur. Este nuevo barrio de Alcorcón está formado por un 85% de viviendas sociales. En su opinión, el principal problema es que se han acometido obras para los que no había como el macrocentro de cultura y ocio CREA que ha supuesto un desembolso de unos 80 millones de euros y que necesita un gasto adicional de otros 40 para concluirlo y dotarlo.

"El modelo de gestión de la empresa no era malo si solo se hubiera dedicado a construir viviendas sociales. El problema es cuando se genera un deudón como el que no hemos encontrado por hacer obras faraónicas para las que no había dinero ni necesidad", ha explicado el presidente de EMGIASA. "No queríamos adoptar esta medida de pedir el concurso de acreedores pero no ha quedado otro remedio dado que solo hemos podido rebajar 66 millones en los últimos meses", ha añadido.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Natalia de Andrés, ha acusado al PP de querer desmantelar la empresa municipal sin haber aportado la documentación económica-financiera que acreditara la situación de EMGIASA. "Esto es una locura. Su principal intención es que quieren desmantelar la vivienda pública en Alcorcón, lo que no tiene sentido, sobre todo, cuando presentan unos presupuestos municipales con un superávit de 18 millones de euros", ha destacado De Andrés. Esta ha recordado que la empresa tiene un patrimonio ejecutable y libre de cargas de cerca de 200 millones de euros. "Solo se dedican a hablar de la deuda, pero no del activo ni de las cuentas pendientes de cobro. Han querido provocar la insolvencia cuando no existe", ha concluido la edil socialista.


* El País - 28.2.12
Foto: Alcorcón (Madrid), ayuntamiento - pueblos-españa.org

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La gallinita ciega o el alegre país de las maravillas de la sostenibilidad salvaje

FRANCISCO SOLER DUQUE* : Con la solución que opera el Decreto de la Junta de Andalucía que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma, la Junta ha decido convertirse en la gallinita ciega de este esperpéntico y macabro juego que se deja ayudar siguiendo las pistas de los ayuntamientos, quienes dándole vueltas y riendo le cantan: Gallinita, gallinita ¿Qué se te ha perdido en el pajar?/Una aguja y un dedal/Da tres vueltas y la encontrarás, le dicen.
Chanzas a parte, la solución arbitrada por el decreto puede calificarse de premio a la mala gestión para aquellos que teniendo la obligación de conseguir que la actividad urbanística cumpliera con los fines de: desarrollo sostenible y cohesión de las ciudades; vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales; subordinación de los usos del suelo al interés general definido por la LOUA; así como el de las edificaciones y construcciones; decidieron jugar al juego de la gallinita ciega permitiendo por omisión la construcción de 250.000 viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable en Andalucía se hayan regido por los principios de la política social y económica contemplados en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución Española, a los que por mandato de la ley urbanística andaluza está subordinada la ordenación urbanística.

Hay en el decreto un dato concreto que confirma lo que he señalado y que nos lo proporciona el artículo 17: la no computación de los terrenos ocupados por asentamientos ilegales a los efectos de determinar los límites de crecimiento superficial que impone el artículo 45 del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, en unión con los planes subregionales. Para ello parte de la ficción jurídica que tal ocupación no existe.

Inevitablemente la situación creada nos lleva a preguntarnos cómo ha quedado el Estado de Derecho en Andalucía. La respuesta no puede ser otra que: quebrado, ante el fallo generalizado de todos los mecanismos y controles previstos en la ley. Y esta quiebra no puede ser atribuida únicamente a una de las administraciones públicas implicadas pues tanto ayuntamientos como Junta de Andalucía obviando el mandato de atribución competencial conjunta que les asigna la LOUA, decidieron mirar hacia otro lado. Los primeros permitiendo tales construcciones y no ejerciendo las potestades de disciplina urbanística que tienen atribuidas o aprobándolas en otros casos mediante expedientes urbanísticos que no cumplían los requisitos exigidos por la ley, pues no es creíble que se puede invocar desconocimiento en los pequeños pueblos donde todo se sabe. Pero hablemos claro, en los pueblos en la mayoría de los casos se pregunta al alcalde, aunque sea de manera hipotética. ¿Debemos creer entonces que los alcaldes pasaban el día encerrados en sus despachos sin contacto con la realidad de su municipio? Y respecto a la Junta de Andalucía: ¿acaso nunca llegaron denuncias de los ciudadanos, acaso nunca se comentó por los alcaldes y concejales del partido en el gobierno de la comunidad autónoma en las reuniones de conmilitones la situación que se estaba viviendo en sus respectivos municipios?. Cabe pensar pues que la Junta también miró hacia otro lado y decidió no ejercer las competencias urbanísticas atribuidas.

Resulta llamativo por demás que ninguna voz, desde ningún rincón, se haya alzado pidiendo la exigencia de responsabilidades a quienes permitieron tal estado de cosas. La explicación quizás haya que buscarla en el hecho que ante la magnitud del destrozo paisajístico y ecológico y la total ausencia de los principios de ética ciudadana que han demostrado (unos y otros), no han querido coger el toro por los cuernos pensando en que sería su muerte política, cuando de haber actuado como debían podría haber constituido el primer acto de valentía de nuestros responsables políticos frente a la corrupción, la primera actitud de cambio político que está reclamando la sociedad, sin perjuicio de los muertos políticos y las condenas judiciales que se hubieren debido derivar de aquella etapa. Cabe pensar pues que tal actitud fue una mezcla de cálculo interesado y cobardía política. En uno y otro caso quienes han actuado de esta manera no merecen ocupar el cargo de representantes de los ciudadanos o representantes de las instituciones en Andalucía. Señalar además que la quiebra del Estado de Derecho que ha supuesto esta situación de rebelión institucional de nuestros representantes a los principios y mandatos de la Constitución y la traslación a los ciudadanos del mensaje que todo vale, junto con la ausencia de voces críticas que desde dentro reclamen la exigencia de responsabilidades, ahondará la pérdida de confianza de los ciudadanos en representantes políticos e instituciones.


El decreto lejos de resolver el problema como proclama la administración autonómica, lanza el mensaje de que cuando el urbanismo salvaje vuelva a ser otra vez un problema insostenible se aprobará una norma que otorgue una nueva amnistía urbanística. Así, mientras el incumplimiento de la ley salga gratis a quienes son los encargados de su implementación y disciplina, continuaremos viviendo en el alegre país de las maravillas de la sostenibilidad salvaje.


* La Opinión Málaga - 28.2.12

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Valdoviño.- El Seprona acusa a la Xunta de vaciar ilegalmente un valioso humedal

ELPAÍS/A Coruña* : La Xunta “vulneró la legalidad ambiental” en la laguna litoral de A Frouxeira durante años y por partida doble. El Gobierno gallego carece del plan de gestión obligatorio para este hábitat prioritario y autorizó vaciados artificiales sin informes que lo justificasen saltándose la normativa europea, estatal y autonómica que regula el humedal. Así lo rubrica un informe del Seprona muy crítico con la errática gestión que la Consellería de Medio Ambiente ha realizado de un espacio único y cinco veces protegido por su valía ambiental (Red Natura, LIC, ZEPA, Zepvn y Ramsar) que se ha deteriorado notablemente en la última década a base de permitir aperturas abruptas con maquinaria pesada para rebajar la lámina de agua sin estudios científicos que lo acreditasen y sin medir los riesgos.

“La Xunta no cuenta con ningún instrumento de gestión oficialmente aprobado para este humedal (en fase de elaboración)”, señala el informe del Seprona, para subrayar que con cada vaciado la Administración autónoma “ha vulnerado doblemente la normativa ambiental: por realizar actuaciones no planificadas y por no contar con dicho plan”.

En un documento de 22 páginas, la Guardia Civil achaca buena parte de la culpa del precario equilibrio que arrastra la albufera de Valdoviño a los sangrados artificiales que se consintieron para desaguar el lago, especialmente los ejecutados de 2007 a 2009, y que casi desecan un humedal catalogado por la comunidad internacional por las peculiaridades de su flora y fauna. Señalan directamente a la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Ambiente como “la autoridad responsable” de gestionar este espacio y eximen de culpas al Ayuntamiento de Valdoviño “que carece de competencias ambientales”.

El documento que ha redactado el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de A Coruña responde a la petición del juzgado ferrolano, que investiga si hubo un delito de daños durante el desborde de la laguna que del 12 de diciembre al 30 de enero anegó la carretera y el paseo marítimo y bloqueó la única pista de acceso a 17 fincas privadas con 14 viviendas y una treintena de vecinos.

El Seprona se remonta al Prestige para explicar los cambios que alteraron la dinámica de un lago que históricamente se nivelaba a través de un desagüe natural que serpenteaba por la playa hacia las rocas de A Percebelleira. Para cortarle el paso a la marea negra en 2002, la Xunta colocó una barrera de piedras que dos años después se retiró “de forma totalmente inadecuada”. Los investigadores exponen que de 2004 a 2008, el lago “ofreció un funcionamiento ecológico anómalo por las alteraciones en su ciclo hidrológico”. La situación se agravó durante los dos años siguientes cuando el Gobierno gallego consintió que las excavadoras partieran por la mitad la estrecha barrera de arena que separa el lago del mar para abrir un canal por el que se precipitó el agua en torrente.

En 2008, señalan, se produjo “un vaciado total y enérgico que destruyó 500 metros cuadrados del sistema dunar” y que condenó a la laguna a un “estado ecológico irregular”. El humedal se volvió a quedar prácticamente seco en 2009 tras una nueva chapuza medioambiental autorizada por la Consellería de Medio Rural y mal ejecutada —y pagada— por el Ayuntamiento de Valdoviño. En tres meses, el lago se sangró tres veces (26 de octubre, 20 de noviembre y 16 de diciembre de 2009) y el resultado fue tan desastroso que sublevó a los ecologistas y llegó al Parlamento gallego y a la UE a través de varias denuncias.

En 2010, y con los ambientalistas vigilando con lupa, la laguna no se tocó y a finales de 2011 se desbordó por completo ante la negativa de Medio Ambiente a intervenir en la zona. Durante mes y medio, la conselleria dejó que el humedal inundase el paseo pese a las quejas airadas de los vecinos afectados, y rectificó 49 días después para abrir una zanja inservible en la arena con maquinaria pesada.

Una ola solucionó el problema el 30 de enero abriendo un caño del lago al mar que acabó con el problema y sacó los colores a la Administración, que ya se había gastado una cantidad indeterminada de dinero público en una obra inútil. El Seprona también señala que el paseo marítimo se construyó por debajo de la cuota de inundación y Costas se plantea elevarlo.


* El País - LORENA BUSTABAD Ferrol 24 FEB 2012
Foto: Estado en el quedó el humedal de Valdoviño en enero de 2010 cuando lo secó la Xunta. / GABRIEL TIZÓN

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Fallece Manuel de Solà-Morales, maestro del urbanismo

ELPERIÓDICO/Barcelona* : Es difícil hallar en una misma persona una doble vertiente teórica y práctica tan excelente y con tanta impronta como la que ha dejado Manuel de Solà-Morales. Arquitecto urbanista, De Solà-Morales es el maestro y el padre de varias generaciones de técnicos en planeamiento. A la vez, es el autor de obras clave en la Barcelona contemporánea, como el Moll de la Fusta y L'Illa Diagonal. Su influencia se escapa de los límites de la ciudad y se expande por toda Europa, donde, merced a sus obras en Francia, Holanda, Alemania y Bélgica, entre otros países, se ha convertido en una referencia. Manuel de Solà-Morales (Vitoria, 1939) falleció ayer en Barcelona.

Miembro de una extensa saga de arquitectos, que tiene continuación en su descendencia, Manuel de Sola-Morales estudió a mediados de los años 60 en Harvard, de donde volvió llenó de nuevas ideas que iluminaron el urbanismo barcelonés. En 1968, junto con otro de los grandes nombres del planeamiento en la ciudad, Joan Busquets, fundó el Laboratori d'Urbanisme de Barcelona, un organismo clave para entender el devenir de la ciudad.

Tanto por los trabajos teóricos que se llevaron a cabo, como por las generaciones de arquitectos que, después, han tenido gran influencia, incluso, en la gestión de los asuntos técnicos.

CONTRAPLAN DE LA RIBERA / Así, es dificil entender toda la transformación y recuperación del frente litoral de los años 80 y 90 sin la aportación del Contraplan de la Ribera, la respuesta que el equipo de De Solà-Morales dio en 1974 al original plan urbanístico del área del Poblenou que el franquismo había preparado.

De Solà-Morales no ocupó nunca ningún puesto en la administración política de la ciudad. No es casual, sin embargo, que Joan Busquets, con quien fundó el laboratorio, sucediera al otro gran personaje de la historia urbanística reciente, Oriol Bohigas, al frente de los asuntos de la ciudad. En esta etapa, el Laboratori, vía Busquets, dio curso a las llamadas áreas de nueva centralidad, es decir, al deseo que en todos los distritos la calidad y cantidad del espacio público fuera comparable al del centro de la ciudad.

Manuel de Solà-Morales, catedrático de Urbanismo, fue director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona entre 1994 y 1997. Tras este periodo, se concentró en su trabajo, por toda Europa, con el objetivo de dejar una obra que fuera el legado práctico de su cuerpo téorico.

En Barcelona, su huella es apreciable, por ejemplo, en las ordenaciones de La Maquinista y de los cuarteles de Sant Andreu en la primera periferia de la ciudad, una de sus obsesiones; en L'Illa Diagonal (con Rafael Moneo) y en el Moll de la Fusta.

Este último fue el primer giro de la ciudad en la recuperación del frente litoral. Un proyecto que ahora, cuando todo el litoral es ya espacio público, quizá merece un replanteo, pero que, en los 80, supuso una especie de paso del Rubicón para Barcelona.

De L'Illa cabe decir que culminó la avenida Diagonal. Y lo hizo con un proyecto de rascacielos tumbado en el que dejó sentir su creencia en que entre el espacio público y el privado existe el espacio colectivo, típico de los centros comerciales, y basándose en eso edificó una exquisita relación entre esa gigantesca mole y la principal avenida de la ciudad.


* El Periódico de Catalunya - XABIER BARRENA - 28.2.12
Foto: LA HUELLA BARCELONESA, el Moll de la Fusta, con el desaparecido 'Gambrinus'. ARCHIVO / ÁLVARO MONGE

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Un juez investigará los contratos a dedo de la edil del PP de Málaga, Teresa Porras

ELPAÍS* : La fiscalía de Málaga ha advertido indicios de un posible delito de prevaricación en la concesión de contratos a dedo de la concejal del PP de Málaga Teresa Porras, por lo que ha remitido el caso al juzgado decano para que lo turne y se inicie la pertinente investigación judicial para esclarecerlo. La fiscalía ha conminado a que se tome declaración a la concejal y a otros responsables municipales denunciados y a que se recabe más información para determinar si hay o no responsabilidades penales.
La fiscalía ha tomado esta decisión nueve meses después de abrir diligencias de investigación sobre el asunto, denunciado por dos concejales del PSOE el pasado mes de abril, en plena precampaña para las elecciones municipales.

Las presuntas irregularidades tendrían que ver con contratos menores en distintas áreas de las que Porras fue responsable entre 2002 y 2009, hasta que el Consistorio cambió las normas internas para este tipo de adjudicaciones que no precisan de convocatoria pública justamente por un cúmulo de anomalías detectadas en distintas áreas. Un ex concejal del equipo de gobierno, Manuel Marmolejo, tuvo que dimitir por haber contratado a una empresa de un cuñado.

La investigación se centra en procedimientos negociados a los que se invitó a participar a empresas en apariencia distintas pero que en realidad pertenecían a las mismas personas. Entre los casos denunciados figuran también 28 contratos para la instalación de zonas de juegos infantiles a una sociedad de una interventora del PP.

Teresa Porras, que es concejal desde 1999 y una de los miembros del equipo de gobierno más allegados al alcalde, Francisco de la Torre, dijo ayer sentirse muy tranquila e incluso “encantada” de que se abra la investigación. “Mi honor lleva ocho años en tela de juicio y por fin va a ser un juez, el único legitimado para determinar sobre la legalidad de los contratos, quien va a examinarlos”.

Porras insistió en que “todos” los contratos realizados en las áreas que ha gestionado se han han cumplido “escrupulosamente bajo la legalidad”, e incluso “se ha llegado más lejos de lo que la normativa exige”, y afirmó que la denuncia está basada en “hechos inciertos”.

El alcalde, Francisco de la Torre, dijo igualmente estar muy tranquilo porque “las cosas se hacen muy bien en este Ayuntamiento” y respaldó de nuevo a Teresa Porras. Advirtió además de que el hecho de que el caso se remita al juzgado no implica que haya delito y se mostró confiado en que las actuaciones se archivarán como ha pasado en otros casos.

La portavoz del PSOE, María Gámez, dijo que el episodio refleja el “descontrol” en el Gobierno municipal, y que el “amiguismo empresarial” ha sido práctica común en la adjudicación de contratos por los concejales del PP, un comportamiento que consideró “censurable y poco ético”.


* El País - 24 FEB 2012
Foto: Málaga, ayuntamiento - andaluciacar.com

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Urbanismo, el talón de Aquiles de Llanes

ELCOMERCIO/Asturias* : En los últimos tiempos si hay una cuestión que se les ha atragantado a los distintos gobierno municipales de Llanes, es claramente el urbanismo. Y es que desde hace unos años los tribunales han derogado una tras otra las distintas normativas en esta materia que se han ido aprobando el concejo, hasta tal punto de que actualmente el de Llanes es uno de los pocos municipios de todo el país que carece de un ordenamiento urbanístico vigente.
La historia reciente ha hecho que los distintos colectivos del concejo desconfíen de la eficacia de sus gobernantes locales en esta cuestión, como quedó patente tras la convocatoria de la Agenda 21, que tuvo lugar esta semana y en la que se presentó a las asociaciones, a grandes trazos, el documento de prioridades que este martes será llevado a Pleno y que, salvo sorpresa de última hora, será aprobado por el equipo de gobierno socialista gracias a la mayoría absoluta que ostenta en el Consistorio.

Y es que en los últimos años han sido numerosos los varapalos jurídicos, en forma de sentencias, que se han llevado los distintos planeamientos urbanísticos del concejo. El más sonado fue el de febrero de 2011, cuando el Tribunal Supremo ratificó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de 2007, que anulaba el planeamiento urbanístico aprobado en el 2002. Este dictamen del máximo órgano jurídico del país dejó sin ordenamiento urbanístico al municipio, ya que las anteriores Normas Subsidiarias, previas a los planes generales, fueron también derogadas por los tribunales en 1997.
Aquella sentencia del TSJA anuló el plan «por su directa vulneración de la legalidad urbanística» argumentando, entre otros muchos puntos, que no se hubiese sometido a información pública las notables modificaciones que introdujo la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en el documento definitivo. Por lo que tanta o más culpa de que Llanes esté sin planeamiento tienen los que en aquel momento eran los dirigentes locales, pero también los regionales. Aquel documento, que suponía el soporte legal para la construcción de 5.000 viviendas en el municipio, quedó anulado definitivamente.
Pero es que las sentencias contrarias a las actuaciones urbanísticas llaniscas han sido casi una constante en los últimos años. En mayo de 2010 se anuló el Plan Parcial de la Talá, donde se iban a construir 480 pisos en vivienda en bloque, además de 90 chalets. Y por anular incluso anularon la adjudicación de la redacción del nuevo Plan General, que se otorgó a la empresa Malt. La sentencia más reciente se conoció hace escasas jornadas y condenaba al Ayuntamiento a pagar 500.000 euros en concepto de daños y perjuicios por demoler un chalet en Niembro que contaba con licencia de obra, pero que se estaba construyendo en unos terrenos que el Consistorio recalificó como urbanos y que los Tribunales anularon al entender que carecían de las exigencias legales reglamentarias que precisan este tipo de suelos.
Una sentencia que el Ayuntamiento recurrirá, pero que si finalmente los tribunales vuelven a dar la razón a los particulares, tendrán que pagar. Y lo harán, salvo sorpresa, con dinero proveniente de los impuestos de los ciudadanos llaniscos, que no tuvieron nada que ver en estas recalificaciones. Un hecho que duele, pero que aún lo hace más en unos tiempos de crisis como la actual en el que, por desgracia, tener un trabajo ha pasado de ser un derecho a convertirse en un privilegio. Y es que de los 14.000 vecinos censados en el concejo, 1.300 se encuentran en situación de desempleo. Y si trasladamos estos datos a la población en edad activa, nos da que el 26% de los llaniscos que podrían y quieren trabajar están en paro. Por eso la sociedad exige que los gestores de lo público, ya que su sueldo proviene de los impuestos de los vecinos, hagan bien su trabajo.
Lo que parece evidente es que los tribunales tienen puesto su foco en Llanes, en lo que a urbanismo se refiere, y no tienen previsto que los gobernantes políticos, ya sean locales o regionales, se salgan un ápice de la línea que marcan las normativas y la legalidad en este cuestiones de ordenamiento.
Técnicos municipales
El nuevo texto urbanístico comenzó a ser redactado a finales de verano por un equipo integrado, en su mayor parte, por técnicos municipales aunque también cuenta con abogados del bufete Garrigues para realizar las tareas de asesoramiento legal.
En dos días -este martes- se presenta ante el Pleno municipal para su votación el documento de prioridades del Plan General de Ordenación. Lo lógico es que el texto salga adelante ya que el PSOE tiene mayoría absoluta. Los dos partidos de la oposición están analizando estos días los cambios que se han acometido en el texto, respecto al borrador inicial, para decidir el sentido de su voto. Unas variaciones que buscan, principalmente, ajustar el documento a las distintas sentencias que se han ido emitiendo estos años contra los planeamientos llaniscos.
Entre estas modificaciones está la eliminación de los suelos urbanizables que se encontraban al sur de Nueva, donde estaba previsto construir 114 viviendas en el anterior PGO, pero también se suprime una zona urbanizable al oeste de Niembro -donde se encontraba el chalet que tuvo que ser demolido- o se borran este tipo de suelos en la zona de Buelna, justo al norte del vial ferroviario.
Colectivos de Llanes
Los principales colectivos de Llanes confían en que ésta vez vaya la vencida y que este Plan General que se está elaborando sea el definitivo, por el bien de Llanes y de sus 14.000 vecinos.
Desde el colectivo de constructores, su presidente lo dejó claro hace unas jornadas. «Pedimos a los políticos que piensen las consecuencias que se derivan de sus actos. Les pedimos que sean responsables y eficaces», exigió el constructor, quien recordó que «en España tenemos miles de ejemplos de planeamientos urbanísticos bien hechos».
El representante del colectivo de hosteleros Allares, José Vía, también reclamó a los políticos «que lleguen a un acuerdo entre todos porque eso será bueno para Llanes». Emilio Obeso, del Club Marítimo, apuntó, tras la Agenda 21, que «entendí que al hacer urbanos los núcleos rurales se potencia la vivienda en bloque en vez de la unifamiliar».
Por su parte el colectivo vecinal Avall cuestiona la legalidad del documento urbanístico que se va a llevar a Pleno. Su presidente, Domingo Goñi, ya indicó que se han puesto en contacto con la Fiscalía de Medio Ambiente para que «esté al tanto del documento porque no vamos a esperar otros 10 años».
Por el bien de todos los llaniscos sólo cabe desear suerte a los dirigentes locales para que elaboren un texto que permita el desarrollo del concejo, tanto a nivel económico como social e industrial, pero siempre bajo unos criterios de sostenibilidad y legalidad.


* El Comercio - 26.02.12 - TERRY BASTERRA
Foto: Imagen panorámica de Buelna, donde en las últimas modificaciones del PGO se han eliminado suelos urbanizables justo al norte del vial ferroviario. :: NEL ACEBAL

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Despilfarros históricos que causan vergüenza: Palacio de Congresos de Huesca

ELSOPLÓN* : Entre los diversos proyectos con los que los gobernantes quisieron deslumbrar a los españoles durante la última década, sin importarles el coste que suponían ni tener que endeudarse para ello, se encuentran ejemplos como el Palacio de Congresos de Huesca.
El edificio tuvo un coste total de 30 millones de euros, más de lo estimado. Sin embargo, debido a que Zaragoza iba a albergar la Expo, el Ayuntamiento de Huesca quiso aprovecha la ocasión y convertir el Palacio de Congresos en subsede del evento. Para poder inaugurarlo a tiempo, tuvieron que acelerar todo el proceso y aligerar el ritmo de las obras de construcción. Eso tuvo un sobrecoste de 1.600.000 euros.

La construcción del edificio surgió del Arquitecto Municipal de Huesa, Pedro Lafuente Lles. Tras aprobarse, el diseño del Palacio de Congresos salió a concurso y lo ganó el arquitecto Rafael Beneytez Durán. Creó un gran prisma rectangular, sobrio y oscuro, con fachadas de cerámica vidriada negra y pocos huecos, que sirve de base al volumen que se alza sobre el escenario.

El edificio cuenta con aparcamiento privado, una sala multiusos, cafetería, un auditorio con capacidad para acoger 791 personas, una sala de exposiciones y mirador.

La empresa Hinaco fue la que se encargó de la construcción, que tuvo un coste de alrededor de 30 millones de euros. En el presupuesto se comprenden la obra civil, las instalaciones y la urbanización del entorno.

Las obras dieron comienzo en el año 2005 y el periodo de ejecución previsto era de 30 meses. Por eso, para poder convertir el Palacio de Congresos en subsede de la Expo Zaragoza 2008, hubo que cambiar las previsiones. Supuso una complicación añadida, ya que hubo que sumar un nuevo gasto de 1.600.000 euros. De este modo, pudo ser inaugurada el 1 de julio de 2008, con la Expo ya iniciada. A sus espaldas, dejó una deuda municipal de 4.400.000 euros.


* El Soplón - 26 enero, 2012
Foto: Huesca, palacio congresos - elsoplon

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Valladolid.- La Fiscalía abre diligencias penales por el yacimiento arqueológico de La Antigua

NORTECASTILLA* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid ha abierto Diligencias de Investigación Penal contra el Ayuntamiento de Valladolid y las Comisiones de Patrimonio Cultural de Castilla y León y de Prevención Ambiental de Valladolid, que podrían haber incurrido en un delito contra el patrimonio histórico, según confirman desde Ecologistas en Acción.
La actuación responde a la denuncia presentada por Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones Vecinales e Izquierda Unida, por el “estado deplorable” de los restos arqueológicos exhumados en la Plaza de Santa María de la Antigua, vinculados a la Iglesia y protegidos como Bien de Interés Cultural por las leyes del Patrimonio Español y de Castilla y León.

Las excavaciones realizadas desde 2006 en esta Plaza han sacado a la luz las únicas evidencias constructivas de época romana en la ciudad de Valladolid, junto a la necrópolis medieval de la Iglesia de la Antigua, el patio de un palacio renacentista bajo el que se presume la existencia de otros restos medievales y romanos, la bóveda del cauce del río Esgueva y la manzana de edificios del siglo XVIII que se mantuvo en pie hasta hace cuarto de siglo.
Para los ecologistas, el “excepcional interés arqueológico” de estos restos “por cuanto constituyen un testimonio único e insustituible para conocer la historia de la ciudad de Valladolid”, en palabras del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valladolid, obliga a la investigación, consolidación y puesta en valor del yacimiento, según establece el Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico, la legislación española de patrimonio y el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid.
Según denuncian en un comunicado, tras la última campaña de excavaciones, realizada en 2009, el yacimiento arqueológico ha sido completamente abandonado, presentando la Plaza en la actualidad un aspecto “degradado, cubierta de malas hierbas y con materiales de construcción y basura esparcida por todo el recinto. La valla metálica que delimita el área de excavación está en ocasiones abierta, permitiendo el paso de cualquier persona, y aparecen parcialmente exhumados y expuestos al tiempo meteorológico restos constructivos en el área donde se ha identificado el patio del palacio renacentista”.
Todas estas actuaciones pueden ser constitutivas de un delito contra el patrimonio histórico, en el que estaría incurriendo el Ayuntamiento de Valladolid, como titular de la Plaza y responsable del abandono del yacimiento arqueológico, así como del proyecto de aparcamiento subterráneo que para la agrupación “amenaza con destruirlo en su integridad”. Según detallan, también podrían cometer el mismo delito las autoridades y funcionarios públicos que han informado favorablemente el expolio del yacimiento, entre los que se ha denunciado a los miembros de las Comisiones de Patrimonio Cultural de Castilla y León y de Prevención Ambiental de Valladolid, que han dado su visto bueno al aparcamiento subterráneo.
Las organizaciones denunciantes han puesto estos hechos en conocimiento del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS), solicitando su intervención, y van a divulgar la crítica situación del yacimiento arqueológico y el comportamiento de las autoridades de Valladolid y Castilla y León entre las entidades que en el ámbito nacional e internacional se preocupan de la conservación del patrimonio.
Con el objetivo de movilizar a la sociedad de Valladolid frente a este atentado contra la conservación de nuestro patrimonio cultural, se ha convocado a asociaciones y organizaciones ciudadanas a una reunión el próximo miércoles 29 de febrero en la Federación de Asociaciones Vecinales, en la que se propondrán distintas acciones como la presentación de alegaciones colectivas, una concentración de protesta y la realización de actos informativos en barrios y asociaciones.


* El Norte de Castilla - 25.02.12 - ICAL
Foto: Valladolid, protesta no excavaciones La Antigua - google

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Un juez investiga el urbanismo de Sanxenxo

LAVOZ/Pontevedra* : Tres denuncias de particulares han sido suficientes para que el Juzgado nº2 de Cambados haya decidido abrir una investigación sobre el urbanismo en el Concello de Sanxenxo. La unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil visitó esta semana la Casa Consistorial para hacerse con los expedientes de estos tres casos. El objetivo de esta investigación es el de averiguar si, tal y como aseguran los denunciantes, los técnicos municipales han otorgado licencias de forma irregular.
Los agentes visitaron el Concello el pasado jueves por la mañana para revisar tres expedientes urbanísticos. Se trata de obras que han sido muy polémicas y sobre las que, en algunos casos, ya hay sentencias judiciales. La primera de ellas se refiere a unos chalés construidos en la parroquia de Dorrón y que, según explicó ayer la oposición municipal, no cumplen con la normativa de estar separados cincuenta metros del cementerio municipal.

Otros chalés son también los protagonistas del segundo expediente que han revisado los agentes. En este caso, se ubican en el camino a la playa de Bascuas y presentan problemas porque carecen de un acceso a la vía pública. Este mismo defecto presenta el tercer expediente, el que se refiere al edificio de la calle Progreso. Una sentencia ordena derribar este inmueble por carecer de acceso, pues para entrar es preciso atravesar una propiedad anexa.
Las tres denuncias que ahora se investigan no fueron presentadas al mismo tiempo ni por los mismos denunciantes. Todas ellas llegaron al juzgado antes del otoño, pero la brigada de Delitos Urbanísticos estaba centrada en otros casos.


* La Voz de Galicia - M. A. VIILAGARCÍA - 26.2.12
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es

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¡A buenas horas…!

JOAN OLMOS/Valencia* : Ahora que tanta gente parece caer del burro, ahora que las obviedades alcanzan el grado de reconocimientos sublimes, ahora que la crisis muestra su peor cara y se vuelve contra todos nosotros, ahora que parece que todos están contra el despilfarro y la corrupción, es el momento para revisar y sacar enseñanzas del pasado inmediato. En este mismo diario, entre 2001 y 2007, es decir, durante el período de gestación y desarrollo de la gran crisis que padecemos, un grupo de una veintena larga de profesionales, con el incómodo nombre de Terra Crítica, vino desgranando lo que se veía venir: Contra viento y marea, a base de recoger no pocas descalificaciones y de granjearse la desconfianza de tirios y troyanos y, cómo no, del duopolio de partidos que viene alternando el gobierno de este país. Echar la vista atrás resulta un ejercicio esclarecedor, solo si no se olvidan o marginan determinados episodios, gusten o no gusten.

Ahora que las hemerotecas están al alcance de un clic en nuestro ordenador personal, podemos ver y leer, por ejemplo, lo que ese modesto colectivo dejó caer, domingo tras domingo, en las primeras páginas de este diario que lo acogió en aquellos años: www.terracritica.org. Así apuntamos desde lo general en Estatuto triste, Escola valenciana i societat sostenible, Por la dignidad de los servicios públicos, Línea 1: Caso abierto y cómo no, Canal 9: Una televisió pública segrestada. O en lo social: La respuesta a la inmigración, Contra la violencia, tolerancia cero, Las tareas de la cultura. En lo ambiental: El cambio climático que nos viene, Cofrents i els seus incidents, Árboles para el planeta. El urbanismo ocupó un protagonismo especial: Infraestructuras para el desastre, La huerta que se nos va, ¿Urbanismo o malversación del territorio?, Turismo contra territorio, ¿Corrupción urbanística o corrupción del urbanismo?, AVE y PHN: Un debate electoral contaminado, El AVE contra territorio, La vivienda social y la recuperación de la urbanidad, La cara oculta de los PAI. Y también la ciudad: Puerto de Valencia: Chantaje permanente, La València de Barberá: Ni sostenible ni global, La Ciutat com a negoci, Mestalla: La perplejidad del ciudadano ante el penalti, El lado oculto de la Copa 07, ¿Sociópolis? No, gracias.
Y así, hasta casi cuatrocientos dardos en la diana de un país en buena parte ajeno al desastre que, dicho sea de paso, resultaba fácil predecir. No hace mucho, un recién estrenado conseller declaraba que prefería vender el Palau de les Arts a cerrar un hospital. Una buena metáfora sobre la caída del burro.
Mirar hacia delante requiere una gran dosis de realismo, pero resulta imprescindible, en medio de tantos recortes injustos, en medio de decisiones políticas que no van a resolver los graves problemas, hacer autocrítica, apostar de nuevo por un fortalecimiento del tejido social, de la ciudadanía más consciente de su fuerza para encauzar la situación. No saldremos de esta, por ejemplo, señor ministro Cañete, eliminando los mal llamados obstáculos de la legislación ambiental, ni relajando la ley de Costas, ya de por sí marginadas sin recato en los últimos años.
Volver a leer Urbanismo y austeridad, de Campos Venuti, puede resultar una buena guía para revisar errores, remendar daños y empezar a apuntar en la buena dirección. Apostar por los proyectos de la pequeña escala, la que afecta a la mayoría de los ciudadanos —vivienda para todos, transporte sostenible para todos, buenos servicios públicos para todos, aire limpio para todos— es una buena manera de colaborar a mantener el estado del bienestar y recuperar empleo fiable. Y al mismo tiempo, pensar con sensatez qué hacer con todo el patrimonio construido en el pasado tiempo de los faraones. No veo otra salida.
Última hora. Alguna cosa no previó Terra Crítica: Que volverían los tiempos oscuros a nuestras calles, como en el Cabanyal (2010), o ahora en el centro de la ciudad.


* Levante - Opinión - 25.2.12
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net

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Un ex alcalde de Aranjuez se enfrenta a 37 años de inhabilitación

EUROPAPRESS/Madrid* : El fiscal de Medio Ambiente Emilio Valerio ha mantenido este viernes su solicitud de 37 años de inhabilitación especial para cargo público para el alcalde de Aranjuez entre los años 1995 y 2003, José María Cepeda (PP) por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
Cepeda y varios ex ediles del PP se han sentado durante esta semana en el banquillo de los acusados por favorecer contratos de obras municipales a varias constructoras. Entre los procesados, figura el ex concejal de Urbanismo, Jesús Ramón Cepeda; el ex edil de Hacienda, Miguel Ángel Gálvez; el arquitecto José Ángel Lazareno; el aparejador Jesús Antonio Segado y el abogado Jesús Iglesias Ortega.

En la última sesión, el fiscal ha mantenido su petición de penas para los procesados al estimar que los hechos están acreditados de forma "clara y nítida". Además, ha solicitado que el ex regidor pague una multa de 36.000 euros.

En su informe, Valerio ha atribuido a Cepeda y su entonces equipo la obtención de importantes beneficios económicos a través de procedimientos "ilícitos", aludiendo por ejemplo a la concesión de licencias.

El pasado lunes, Cepeda negó presuntos favores a constructoras para resultar adjudicatarias de obras del Ayuntamiento ribereño al asegurar en el juicio que no era de su competencia, ya que delegaba en el concejal de Urbanismo.

El fiscal Emilio Valerio les acusa de crear una trama económica que favoreció a diferentes constructoras entre 1998 y 2001. Además, se les acusa de conceder licencias urbanísticas que vulneraban la legalidad, entre otras cuestiones.

En el punto de mira está el proyecto de construcción de 32 viviendas unifamiliares en la finca Granja de los Faisanes y una obra que se realizó en el Ayuntamiento, que contaba con un presupuesto de 128 millones de pesetas y se elevó a 500 millones de pesetas. Según el fiscal, el 95 por ciento de las adjudicaciones caían en Maconsa.

En su declaración, el exregidor dijo que delegaba las cuestiones urbanísticas a su concejal, al igual que hacía con respecto a otras materias. "Ellos saben cómo tienen que contratar y si tienen dudas, recurren a sus técnicos", apuntó.


* Europa Press - 24.2.12
Foto: Madrid, audiencia Provincial - EP

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El desahucio, el drama social que protagoniza la crisis económica

20MINUTOS* : La crisis y el alza desmesurado del desempleo han provocado que solo en 2011 más de 40.000 familias hayan perdido sus casas en un desahucio, un drama para los afectados que la banca deja como último recurso en caso de impago.
La crisis y el alza desmesurado del desempleo han provocado que solo en 2011 más de 40.000 familias hayan perdido sus casas en un desahucio, un drama para los afectados que la banca deja como último recurso en caso de impago. Todo lo posible para evitar llegar a la ejecución hipotecaria, una medida que no es positiva ni para los clientes, que pierden su vivienda, ni para las entidades, que aumentan su exposición al "ladrillo" y suman a su cartera un nuevo activo inmobiliario que hay que provisionar.

El Ejecutivo presentó esta semana un programa de medidas para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social, que se completa con un código de buenas prácticas que adoptarán las entidades de forma voluntaria.

Entre estas propuestas se incluye la posibilidad de que las familias que se encuentran en el "umbral de la exclusión", que tengan a todos sus miembros en paro y hayan agotado su prestación por desempleo puedan saldar su deuda con el banco entregando su vivienda, lo que se conoce como "dación en pago".

Además, el Gobierno ha propuesto que las familias que se encuentren en la anterior situación también puedan salvarse del desahucio, en tanto que aboga porque se permita un periodo de carencia para que, ante un embargo, los afectados puedan seguir ocupando el inmueble "un tiempo prudencial" de al menos dos años.

Los bancos defienden su predisposición

Las entidades alegan que desde hace tiempo ya luchan contra este drama social buscando soluciones a medida para los clientes.

El Banco Santander ya anunció en 2011 una moratoria de capital de tres años a partir de agosto para aliviar la situación de los clientes con causas objetivas de problemas económicos, como estar en paro o haber sufrido una caída de sus ingresos de más del 25 % y que tengan dificultades transitorias en el pago de las hipotecas de la vivienda habitual.

Además, ofrece la posibilidad de alargar el vencimiento del crédito para compensar el periodo de carencia sin cambiar las condiciones financieras del préstamo, ni durante el periodo de carencia, ni al finalizar el mismo.

Unas medidas a la que se han acogido en los seis últimos meses 8.000 familias, según fuentes de la entidad. El importe de dichas hipotecas afectadas alcanza los 1.300 millones de euros. Además, desde 2008 el Santander ha refinanciado 4.000 operaciones hipotecarias por 4.200 millones.

El BBVA también explicó a finales de año que más de 40.000 familias han podido mantener sus viviendas gracias a los planes llevados a cabo por la entidad. Según los datos de finales de año, el BBVA ha ayudado a 108.000 familias, de las cuales 45.000 corresponden a hipotecas.

Entre otras medidas, el BBVA permite aplazar dos cuotas hipotecarias para sumarlas al importe pendiente del préstamo, con un máximo de diez, durante la vida del crédito; posponer hasta el 30% el capital al vencimiento de la operación o aumentar hasta 40 años el plazo de la hipoteca.

Bankia ha flexibilizado desde 2009 las condiciones de los créditos a 100.000 clientes con dificultades de pago, de los que el 50 % de dichas operaciones son hipotecas.Además, el 85% de los clientes que negocian "consigue una solución definitiva y evita entrar en mora", explicó la entidad.

Para las entidades es mejor llegar a acuerdos con los clientes que quedarse con sus viviendas y más ahora cuando la reciente reforma financiera ha endurecido las provisiones inmobiliarias.

En este sentido, un estudio de la consultora Oliver Wyman alerta de que la "dación en pago", que implica saldar la deuda con la entrega de la vivienda, podría provocar un encarecimiento de las hipotecas por los mayores costes de financiación y un descenso en la concesión de créditos.


* 20 Minutos - EFE. 25.02.2012
Foto: Imagen de una protesta contra un desahucio en Parla (Madrid). (JORGE PARÍS)

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El alma del megacasino, investigado por corrupción

DIAGONAL* : La construcción de Eurovegas incluirá una relajación de las leyes de juego y la creación de un paraíso fiscal de facto. Su impulsor, que pertenece al ala ultra de los republicanos, está negociando las condiciones con las administraciones catalana y madrileña para decantarse por una de las dos regiones.
Sheldon Adelson, magnate del juego al que Esperanza Aguirre baraja dar barra libre para levantar un megacasino a imagen y semejanza de Las Vegas en Madrid, está bajo sospecha en EE UU por violar presuntamente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y mantener conexiones con el crimen organizado, informa Reuters.

La agencia de noticias internacional añade que, de prosperar la investigación criminal del Departamento de Justicia y la Securities Exchange Commission, ésta podría poner en entredicho al candidato republicano ultraconservador Newt Gingrich, al que Adelson y su mujer habrían donado 10 millones de dólares para su campaña. Recientemente, Adelson anunció que firmaría grandes cheques a Mitt Romney también... si ganaba las elecciones.

Calificado por la prensa estadounidense como “el americano detrás del ala derecha israelí”, Adelson, de origen judío, apoya con fanatismo a Israel. Su mujer es israelí y recientemente dijo que su hijo adolescente iría al país para convertirse en francotirador para el ejército israelí. Hace meses que ronda en los medios la noticia de que el magnate Sheldon Adelson tiene en mente plantar en España la pata europea de su imperio del juego. Para ello habría tanteado instalarlo en Barcelona y Madrid. En esta última, ya han sonado la propia capital, Alcorcón, El Molar, Getafe y Leganés.

En Madrid, el dueño de Las Vegas Sands negocia la implantación de su megacasino (que contaría con 12 resorts, 36.000 habitaciones, nueve teatros, tres campos de golf...) con formas de auténtico tahúr. Ha planteado a las administraciones regional, central y local una serie de reivindicaciones que incluyen, entre otras, el regalo de casi seis millones de metros cuadrados, privilegios fiscales y laborales, cambios en las leyes antiblanqueo, una relajación de las leyes del juego, permitir a los menores acceder a los casinos o fumar en sus instalaciones.

Lo cual supone convertir su complejo en una isla fiscal y legal. Recientemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reconoció estar dispuesta a acometer cualquier modificación legislativa o reglamentaria que haga falta “dentro de sus principios” para que Eurovegas se pueda levantar en Madrid. Sheldon Adelson visitó Barcelona el 22 de febrero y asegura que está "ultimando detalles" para la construcción de Eurovegas. No obstante, Artur Mas, el presidente de la Generalitat catalana, reconoció que Madrid tiene "más papeletas" para ser la ciudad elegida. Su homóloga madrileña, Esperanza Aguirre, recordó que ella ya se ha reunido con Adelson él cinco veces.

EL MOLAR HACE SU APUESTA

El Ayuntamiento de El Molar ha ofrecido un terreno de 2,3 millones de metros cuadrados urbanizables para albergar el Megacasino. El consistorio espera que suponga un empujón para solucionar el paro en la región. Los sindicatos dudan de la creación de empleo, ya que el 50% de la plantilla ya está cerrada independientemente de dónde se instale.

LAS BAZAS DEL SUR

Además de Madrid, la primera ciudad en postularse para albergar el complejo de Adelson fue Alcorcón. Los Verdes de esa ciudad rechazan la propuesta y prevén un aumento de la delincuencia si se construye. Otros ayuntamientos que se han postulado para recibir el “premio” son Leganés, Getafe y Navalcarnero.


* Diagonal - F. FAFATALE (MADRID) - 22.2.12
Foto: LAS VEGAS. Adelson pretende levantar una ciudad del juego en Europa. / Foto: Justin Brown.

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Almería.- Urbanismo encuentra en el alquiler de patrimonio una nueva vía de ingresos

ELALMERÍA* : En tiempos de crisis y con el parón de la construcción hay que ingeniárselas como sea. La Gerencia de Urbanismo ha detectado una nueva vía de ingresos a las arcas municipales que compense el descenso de las licencias de obras y con la que, además, propiciar la creación de empleo, mediante la concesión demanial de suelo. Es decir, su alquiler para la apertura de negocios, por ejemplo. La Junta de Gobierno aprobó ayer tres de estas iniciativas.
Son el local situado en el promontorio del desdoblamiento de la N-340, el local localizado junto al Anfiteatro de la Rambla Federico García Lorca y una parcela destinada a equipamiento deportivo en el barrio de Villablanca.

El objetivo con la concesión de estos espacios es el de "promover iniciativas comerciales, hosteleras, culturales y deportivas que contribuyan a dinamizar la actividad económica y crear empleo", siendo esta premisa, junto a la mejora del canon y las condiciones del proyecto a ejecutar, cuestiones determinantes a valorar en la adjudicación.

La parcela de Villablanca uenta con una superficie total de 2.754 metros cuadrados, de los que 1.377 serán edificables. La concesión es por 40 años y el canon mínimo mensual de 450 euros, al alza. La empresa adjudicataria deberá construir y explotar las instalaciones deportivas. Con esta concesión el Ayuntamiento pretende, "además de obtener unos ingresos económicos, desarrollar un espacio hoy baldío y sobre el que los vecinos han pedido una actuación", destaca el concejal de Urbanismo, Pablo Venzal.

El local situado bajo el promontorio del bulevar de la 340, con una superficie útil de 290 metros cuadrados, también saldrá en breve a licitación tras aprobarse ayer las condiciones técnicas y administrativas para su concesión por veinticinco años. Los licitadores deben especificar en sus ofertas el canon anual, siendo el mínimo mensual de 580 euros. Al adjudicatario del espacio le corresponderá la ejecución de obras. En cuanto al local de la Rambla, de 43,65 metros cuadrados útiles, el Ayuntamiento lo saca a concesión por 25 años siguiendo también el procedimiento de concurso al alza, estableciendo un canon mínimo de 570,61 euros al mes.


* El Almería - 18.2.12
Foto: El promontorio completa los locales de la N-340, en la imagen.- elalmeria

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Santa Cruz.- Avisan de que el Gobierno no puede legalizar el ´mamotreto´

LAOPINIÓN/Tenerife* : La Audiencia Provincial ha advertido de que el Gobierno de Canarias no puede legalizar el edificio de aparcamientos de Las Teresitas, conocido como mamotreto. Así lo señala el juez Joaquín Astor en un auto en el que rechaza una petición del letrado de la exconcejal de Urbanismo, Luz Reverón, para que la Dirección General de Urbanismo se pronuncie sobre si el mamotreto se puede mantener o si hay que demolerlo.
"Los informes periciales solamente son pertinentes cuando la comprensión de un aspecto de la realidad requiere de conocimientos científicos o artísticos. Sin embargo, las valoraciones jurídicas corresponden aquí en unas diligencias previas como estas al juez de instrucción", señala el magistrado en un auto al que ha tenido acceso este diario.

El abogado de Luz Reverón, imputada por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística, señaló ayer que el auto cierra la puerta a la presentación de un nuevo informe del Ejecutivo regional que clarifique la situación de este inmueble incluido en el proyecto de reurbanización de Las Teresitas.

Tanto las obras del aparcamiento como el resto de las contempladas en el diseño del arquitecto Dominique Perrault han quedado paralizadas por este proceso judicial del mamotreto y el que se lleva contra el exalcalde y otras 11 personas, entre políticos, empresarios y funcionarios, por la operación de compra-venta de la playa. El letrado de Reverón, Alfonso Delgado, añadió que el auto de la Audiencia no se puede recurrir e informó de que prevé que el juicio comience después del próximo verano.

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, había señalado que tras la aprobación del nuevo deslinde de Las Teresitas sería posible proceder a la autorización del edificio de aparcamientos y centro comercial. Según él, el nuevo deslinde aprobado por Costas en 2009 sitúa este inmueble en zona de servidumbre y, por lo tanto, bajo la titularidad del Gobierno de Canarias. El juez, sin embargo, precisa ahora que será la Justicia, con los informes ya incluidos en la causa entre los que se incluyen los del propio Ejecutivo, la que determine el futuro del mamotreto.

Tras una denuncia interpuesta por la Asociación de Amigos de la Playa de Las Teresitas, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y el PSOE, la Fiscalía inició hace tres años una investigación en la que concluye que el edificio "incumplía la normativa urbanística". La Fiscalía entiende que el mamotreto invade el dominio público e incumple los parámetros legales relativos a volumen de ocupación máxima permitida y superficie.

Servidumbre

El edificio de aparcamientos y centro comercial se empezó a construir sobre el terreno del campo de fútbol de San Andrés, tanto en la servidumbre de protección del Gobierno canario como en 1.223 metros cuadrados de dominio público de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

Nunca se contó con la preceptiva licencia para desarrollar los trabajos sobre los dos ámbitos, argumenta la Fiscalía en su acusación. En el caso del organismo estatal, al final decidió no iniciar los trabajos después de que a mitad de 2007 el Tribunal Supremo anulara la operación de compraventa de todo el frente de Las Teresitas.

El juez, a petición de la fiscal de Medio Ambiente, Inmaculada Violán, mantiene como imputados a los exconcejales nacionalistas Luz Reverón (directora insular de la Administración General del Estado en La Gomera por el PP), Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domingo Pastor, así como a los técnicos Epifanio Gómez, Loreto Ariz y Candelaria Benítez. Para todos ellos Violán solicita 18 años de prisión y el pago de su propio bolsillo de los gastos que acarree el derribo del mamotreto.

El Ayuntamiento capitalino no podrá tocar el edificio mientras no haya sentencia judicial en el proceso que se sigue en el juzgado de instrucción número dos de Santa Cruz, debido a que el edificio es en sí mismo una prueba vital en el proceso. El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, tendrá que esperar a la sentencia para llevar a cabo su intención de demoler el inmueble.

El Consistorio estudia la posibilidad de conservar la parte subterránea de la construcción para destinarla a plazas de aparcamientos, debido a la necesidad de un parking en la zona. José Ángel Martín ha explicado que está pendiente de lo que determine la Justicia sobre la posibilidad de mantener la zona baja del inmueble.

Martín ha señalado que la Fiscalía dejó claro que el mamotreto se construyó sin permiso ni autorización alguna y que las obras ni siquiera se detuvieron después de que la sentencia del Supremo que anuló la compraventa del frente de la playa.


* La Opinión - DANIEL MILLET - 24.2.12
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es

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Cartagena.- Imputan al exedil Saura por autorizar 23 casas en una zona inundable

LAOPINIÓN : Fidel Saura abandonó la concejalía de Urbanismo hace más de nueve años, pero ahora tiene que rendir cuentas ante el Juzgado de Instrucción nº2 por autorizar la construcción de 23 viviendas en una zona inundable en el año 2003. La fiscalía le ha imputado por un presunto delito de prevaricación, al adoptar una decisión a sabiendas de que es injusta.
Los hechos se remontan a 2003, cuando el entonces edil de Urbanismo dio el visto bueno a la urbanización de 23 viviendas en las inmediaciones de la rambla de El Pericón, en La Aljorra. Los dúplex se construyeron sin dificultades, pero cuando sus propietarios los habitaron comenzaron a surgir problemas ya que cada vez que se producían lluvias fuertes la zona se inundaba causando múltiples desperfectos a las casas.

«En 2009, fue la primera gran inundación y, desde entonces, cada vez que llueve tenemos problemas. La Confederación Hidrográfica del Segura advirtió de que esta zona era inundable, pero el Ayuntamiento no hizo caso», destaca uno de los vecinos que se han presentado como acusación particular en esta causa.

El partido político Socialistas por Cartagena presentó la documentación relativa a este caso ante la fiscalía, donde detectaron indicios de irregularidades y decidieron imputar a José Fidel Saura. El exedil tendrá que declarar el lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena. Los vecinos indicaron a esta redacción que el Ayuntamiento también ha llevado a cabo diversos estudios en la zona constatando que es inundable debido a su cercanía a la rambla. «No entendemos por qué autorizaron la construcción si sabían que no se podía», destacó un vecino.


* La Opinión - MAR GÓMEZ - 23.1.12
Foto: Cartagena, inundación rambla 09 - sisimurcia

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Sevilla.- El TSJA tumba el diseño urbanístico del solar del antiguo cine de verano

DIARIODESEVILLA* : Una sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha declarado nulo el estudio de detalle que se aprobó en el año 2009 para desarrollar uno de los espacios libres que quedan en el casco histórico de Camas: el solar del antiguo cine de verano y las zonas adyacentes donde, además de unas 200 viviendas, estaba prevista la apertura de nuevas calles, importantes por tanto para el Consistorio y la ordenación del tráfico en el municipio. En el fallo se da la razón a una propietaria minoritaria de los suelos que presentó el recurso, basándose en que el estudio de detalle de la demoninada Actución Urbanística en Suelo Urbano, AUSA-13, incluía mayor edificabilidad de la contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), algo que la ley no permite y que podría comprometer su patrimonio en caso de que el fallo hubiera llegado ya cuando se hubiera hecho la inversión.

Según los datos que maneja el abogado José Manuel Ramírez Mora, que representa los intereses de esta propietaria, aunque la sentencia no se detiene en hacer el cálculo, el aumento de tres a cuatro alturas en manzanas distintas a las previstas en el PGOU conllevaría un incremento de la edificabilidad de entre 1.200 y 5.000 metros cuadrados. El Estudio Detalle fue aprobado por el Pleno en la etapa de gobierno de Juan Pazos.

La sentencia tiene fecha del 9 de enero. Los abogados no pidieron en su momento la suspensión cautelar del estudio de detalle, pero el hecho de que no se haya construido ha evitado mayores complicaciones, como la necesidad de demoler. Para el gobierno local, que dirige el socialista Rafael Recio, el fallo no conlleva un especial perjuicio. Los promotores son privados. Fuentes de Urbanismo destacaron que, dado que la promotora que tenía el 90% de la promoción está "desaparecida" -el Ayuntamiento no logra si quiera contactar con ella-, consideran más interesante incluso que unos nuevos promotores puedan desarrollar su propio estudio detalle y confían en que se materialice pronto un cambio en la propiedad del grueso del suelo para que el proyecto pueda desbloquearse.

El regidor, por su parte, mostró su preocupación por que un solar en el centro "quede baldío". Teniendo en cuenta que ya se han producido algunos problemas por el abandono del espacio, aseveró que "estarán encima de la aplicación de las ordenanzas en cuanto a higiene y salubridad". Recio consideró además que, dado que hay que afrontar un nuevo estudio de detalle, éste puede recoger una mejor solución a los problemas y necesidades del municipio en cuanto a bolsas de aparcamientos y de movilidad y regulación del tráfico.


* Diario de Sevilla - TRINIDAD PERDIGUERO - 20.2.12
Foto: Sevilla, solar antiguo cine -diariosevilla

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La contrarreforma ambiental del PP

DIAGONAL* : Industria elimina las primas a las energías renovables Los intereses de las eléctricas se imponen en un Real Decreto que acarreará la destrucción de empleo en el sector de las energías limpias.
Más ladrillo: Fomento anuncia 3.500 kilómetros más de autovías. El Estado español se aleja con estas medidas de sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Como un torrente. Dos periodistas de El País y Público ironizaban, la mañana del 1 de febrero, sobre la velocidad a la que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, explicaba cuál va a ser su programa al frente del Ministerio. Ese mismo día aparecían en su página web, con una edición también apresurada, las 66 propuestas que Arias Cañete va a tratar de desarrollar en su segunda etapa como ministro.
Las respuestas de los grupos ecologistas a la batería de propuestas de Miguel Arias Cañete han sido de franco rechazo. Así, Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace España, describía la acción del Gobierno como un “desmantelamiento del Estado del bienestar medioambiental”. En Ecologistas en Acción se subraya que estas medidas profundizan las archisabidas políticas desarrollistas: más ladrillo, a través de la construcción de infraestructuras y la puesta en cuarentena de la Ley de Costas de 1988, y más contaminación, al priorizar la recuperación económica por encima del cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero asumidos en Kyoto.

Las respuestas de los grupos ecologistas a la batería de propuestas de Miguel Arias Cañete han sido de franco rechazo. Así, Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace España, describía la acción del Gobierno como un “desmantelamiento del Estado del bienestar medioambiental”. En Ecologistas en Acción se subraya que estas medidas profundizan las archisabidas políticas desarrollistas: más ladrillo, a través de la construcción de infraestructuras y la puesta en cuarentena de la Ley de Costas de 1988, y más contaminación, al priorizar la recuperación económica por encima del cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero asumidos en Kyoto.


* Diagonal - PABLO ELORDUY - 22.2.12
Foto: Arias Cañete, ministro de MA - genoveses

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Cádiz.- Medio Ambiente cuestiona el "nuevo Algarrobico"

PÚBLICO* : El Ministerio de Miguel Arias Cañete ha echado un rapapolvo al Plan Las Aletas, bautizado por los ecologistas de WWF como "el nuevo Algarrobico de Andalucía", que pretende construir un macropolígono industrial en una zona de 387 hectáreas de marismas, 266 de ellas en suelo público de la bahía de Cádiz protegido por la Ley de Costas. El proyecto, impulsado en 2007 por los entonces ministro de Economía y presidente de la Junta de Andalucía, los socialistas Pedro Solbes y Manuel Chaves, ya fue tumbado por el Tribunal Supremo en 2009, al no encontrar justificada la invasión del dominio público marítimo-terrestre. Sin embargo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo unas modificaciones y lo volvió a presentar a información pública dos días antes de las elecciones generales del 20-N para combatir el paro en la provincia de Cádiz.

Ahora, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ve justificación para que el proyecto siga ocupando más de 300 hectáreas, "dada la previsible evolución de la actividad económica a corto y medio plazo debido a la actual crisis", y pide que se reduzca su superficie o se fragmente. Según el departamento de Cañete, que responde a consulta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro, que ha heredado el proyecto socialista, con estos condicionantes económicos es "previsible" que no esté "suficientemente justificada la necesidad de ocupar terrenos dentro del dominio público marítimo-terrestre". El informe recuerda que las marismas en las que se pretende construir el macropolígono, con una inversión de más de 830 millones de euros, son una zona de paso de aves migratorias procedentes del norte de África y algunas de ellas nidifican allí. La cigüeña negra y el águila pescadora, en estado "vulnerable" según el Catálogo Español de Especies Amenazadas, están censadas en la zona.

El documento, elaborado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y firmado el 3 de enero de 2012, se llega a preguntar "si tiene cabida una infraestructura más de este tipo en un entorno donde existen varios complejos similares cercanos", en los puertos de Algeciras, Huelva, Sevilla y Málaga, entre otros. Para el Ministerio de Cañete, es "esencial" estudiar si el Plan Las Aletas tiene cabida para "evitar el peor de los escenarios posibles: la paralización y abandono de las actividades después de haber realizado las obras, con la consiguiente ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre".

Sólo economía
El documento, divulgado ayer por WWF, destaca que la construcción del polígono en las marismas implicaría la desaparición del hábitat de multitud de aves presentes en el cercano Parque Natural Bahía de Cádiz y el deterioro de los fondos marinos, un ecosistema protegido por la UE, debido al previsible incremento del tráfico marítimo. En pleno debate sobre la reforma de la Ley de Costas, el informe afea que sólo se haya tenido en cuenta "el rendimiento óptimo de la ocupación en términos de objetivos económicos".

Para la abogada de WWF Rita Rodríguez, que ya consiguió frenar el plan en el Supremo, el nuevo proyecto es "ambientalmente insostenible, jurídicamente muy cuestionable y un dineral económicamente". La ONG pide al Consejo de Ministros que no apruebe el macropolígono, como sí hizo el Ejecutivo de Zapatero en 2007.


* Público - MANUEL ANSEDE 23/02/2012
Foto: Zona que estaría afectada por el Plan Las Aletas.-WWF

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Valencia.- Al menos 14 detenidos por el fraude de las subvenciones de Blasco

ELPAÍS* : Al menos 14 personas fueron detenidas el jueves en Valencia en una operación de la Fiscalía de Delitos Económicos contra una trama de corrupción que habría saqueado cerca de 9 millones de euros de las subvenciones a la cooperación internacional de la Generalitat Valenciana en 2008 y 2009, mientras Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, era consejero de Solidaridad y Ciudadanía y Francisco Camps presidía el Gobierno autonómico. Entre los detenidos están el director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y el que fue jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, ambos personas de confianza de Blasco. Están acusados de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.
La policía registró la sede de la antigua Consejería de Solidaridad, hoy de la dirección general de Cooperación, que depende de la Consejería de Justicia y Bienestar Social.

La investigación incluye al que fue secretario general de la consejería de Blasco, Alexandre Català, y llevó a la detención de César Augusto Tauroni y su hermano Arturo, personas sospechosas de dirigir la trama organizada en torno a la Fundación Hemisferio (antes llamada Entrepueblos), y a Marcial López López, presidente de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes).

Sendas denuncias de la diputada socialista Clara Tirado y de Mireia Mollà, de la Coalició Compromís, ante la Fiscalía Anticorrupción en octubre de 2010 dieron origen a la investigación. A media tarde, cuando el número de arrestados ya superaba las 10 personas, fuentes jurídicas advirtieron de que la operación seguía en marcha y que se esperaban nuevas detenciones.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció la destitución de Felip como director general y de Alexandre Català como actual subsecretario de la Consejería de Sanidad. La oposición, sin embargo, apuntó a Blasco, del que el portavoz socialista, Jorge Alarte, pidió la dimisión. Este, a su vez, dijo que las subvenciones fueron tramitadas "de forma impecable" y aseguró estar convencido de que la detención de Felip era “un error".

Blasco, que recibió la noticia en plena sesión de control al presidente de la Generalitat, tardó casi una hora en salir del hemiciclo y arremetió contra las informaciones publicadas sobre la trama, en especial contra EL PAÍS. El actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, quien proclamó, cuando se hizo pública la denuncia de la diputada Tirado, que si se detectaran irregularidades en las subvenciones y se viera obligado a dar explicaciones se iría a casa, lo negó y sólo se mostró dispuesto a dimitir si se ve directamente implicado en el proceso judicial. El exconsejero añadió que si le alcanzaran a él las imputaciones, por su condición de aforado, tendría que ser trasladado el caso al Tribunal Superior de Justicia. Sobre la posibilidad de que Josep Maria Felip lo involucre en sus declaraciones, respondió que es “un hombre honesto”.

Una de las denuncias que originaron el caso, la presentada por la socialista Clara Tirado, reveló que la Fundación Cultural y de Estudios Sociales había destinado 447.000 y casi 500.000 euros, respectivamente, de sendos proyectos de cooperación para facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua por importe de 833.000 euros cada uno, a la compra de dos entresuelos con garaje en Valencia. El análisis de la documentación que los socialistas y Compromís llevaron a la fiscalía ha dado lugar a varios informes que obran en la investigación judicial. Uno de ellos desmonta la versión que el consejero Blasco dio finalmente por buena respecto a las subvenciones otorgadas a la Fundación Cyes (no confundir con el grupo empresarial Cyes).

El informe examina tanto el expediente inicial como el rectificado y dado por bueno por la Generalitat, que habría desestimado como justificantes las facturas de la compra de los pisos, pero, en lugar de reclamar la devolución del dinero, pidió otras facturas.

La Fundación Cyes presentó entonces facturas emitidas en Nicaragua que, según la investigación, son “simplemente increíbles”.

En uno de los informes, se explica que una de las facturas presentadas hace referencia a “jornales de trabajo y rehabilitación de vías de acceso en caminos vecinales” por un importe de más de 90.000 euros. El documento explica que tomando como base el salario medio mensual de la zona y el tipo de cambio, esta cantidad equivaldría “al trabajo a jornada completa de 1.967 personas durante un mes”.

La investigación estima que de los dos proyectos subvencionados, con 833.000 euros cada uno, sólo llegaron a Nicaragua 43.000 euros, 21.000 de uno y 22.000 del otro.

Además, sostiene que aún en el caso de admitir como buenas estas facturas emitidas desde aquel país (“que son calculadas directamente en euros y no en córdobas nicaragüenses”, tal como indica el informe), el gasto realizado con cargo a la subvención sería de 306.000 euros de los 833.000 concedidos, con lo que la diferencia, unos 530.000 euros, debería haberse reintegrado en las arcas públicas. Un reintegro “del que no hay constancia en el expediente examinado”.

El informe indica también que los proyectos contemplaban la realización de servicios de asesoramiento y consultoría “por un importe diez veces superior al coste de las actividades programadas” y de costes indirectos “por un importe de más de tres veces” que las mismas actividades. Estos servicios, que se encargaban a la empresa Arcmed, “representan un porcentaje de la actividad subvencionada” y vulneraban la prohibición de contratar con intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje, según la Ley General de Subvenciones.

La investigación que llevó a las detenciones y el registro de dependencias de la Generalitat ha sido desarrollada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Valencia. Al frente de la misma se encuentra el fiscal Jesús Carrasco, que es al mismo tiempo fiscal Anticorrupción y que indagaba la trama de cooperación desde que fue denunciada en octubre de 2010. Fuentes jurídicas indicaron que, después de solicitar varias prórrogas para desmenuzar la compleja trama, el fiscal había finalizado las pesquisas hace pocas semanas en lo relativo a la primera denuncia que recibió, presentada por la diputada socialista Clara Tirado.

Carrasco estaba valorando la conveniencia de esperar o no hasta después de los días festivos de fallas para actuar, según las mismas fuentes, para evitar que hubiese un vacío en las operaciones que tenía previstas llevar a cabo. Finalmente, se decidió por adelantarla.

La segunda denuncia conectada con el caso, la presentada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, está todavía en una fase no concluida, indicaron fuentes jurídicas. El motivo es que mientras la primera denuncia se refería a unos hechos concretos, la siguiente fue acompañada de una abrumadora cantidad de datos producto, señalaron, de volcados informáticos realizados desde dentro de la entonces Consejería de Cooperación y Solidaridad. El fiscal también habría apreciado en ella indicios de delito.

La operación se ha llevado a cabo a través del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, según informó el Tribunal Superior de Justicia.

La noticia de la detención de Josep Maria Felip conmocionó el pleno de las Cortes Valencianas. La oposición reclamó enseguida que el presidente Alberto Fabra tomara medidas y cargó contra Blasco. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, exigió la destitución de Felip, que se produjo horas después, y también la de “la autoridad que le nombró, que es el que se sienta en el hemiciclo detrás del señor Fabra, el señor Blasco, su portavoz parlamentario”. Lo mismo hicieron Compromís y Esquerra Unida.


* El País - ADOLF BELTRAN / MARÍA FABRA / IGNACIO ZAFRA Valencia / Castellón 23 FEB 2012
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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La Xunta mete viviendas en el Campus do Mar de Vigo

ELPAÍS* : El Consello da Xunta aprobará hoy el plan sectorial de la ETEA, sede del Campus do Mar, con un núcleo residencial que no estaba previsto en el proyecto inicial que informó el Ayuntamiento de Vigo hace tres años, lo que constituye un hecho “de extrema gravedad”, según el alcalde, Abel Caballero, que denuncia una afección impropia sobre el trazado urbanístico de la ciudad.
La inclusión de la zona residencial con carácter de uso complementario, según fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, es consecuencia de las alegaciones y posteriores negociaciones con los vecinos de la zona, que así lo pidieron. El Ayuntamiento no presentó ninguna alegación, pero Caballero afirmó ayer que el plan no debería incluir uso residencial y, por no dárselo a conocer, afeó las invocaciones a la cooperación del presidente Núñez Feijóo.

Los cambios introducidos en el documento del plan sectorial que aprobará hoy el Consello da Xunta “no suponen modificaciones sustanciales en los usos del Campus do Mar, con lo que no es necesario volver a someterlo a información pública”, según la Xunta. Con la inclusión del uso residencial, el plan vuelve al proyecto de Zona Franca que anuló la Xunta bipartita para implantar en el recinto la Cidade do Mar, a su vez anulada por la actual Xunta, hasta que surgió el proyecto análogo del Campus do Mar.

El ámbito, según la Xunta, mantendrá su edificabilidad actual de 14.000 metros cuadrados para usos académicos, municipales y sociales. Cada promotor (Universidade de Vigo, Ayuntamiento y Xunta) definirá su propio ámbito y deberá hacer su proyecto concreto. A la Xunta le corresponden los usos sociales, en los que prioriza los socioasistenciales y los socioculturales antes que los residenciales, y todos ellos como consecuencia de las alegaciones y posterior diálogo con los vecinos, según la misma fuente autonómica.

Así, se acordó retirar todos los edificios que se vayan a construir a la zona más alejada del litoral, para evitar su efecto pantalla. Consistirán en un geriátrico, una guardería, un centro social y un núcleo de viviendas cuyo número aún no se ha concretado pero que podrían ser entre 40 y 50.

Sospechando que iba a edificarse un área residencial, según indicó ayer Abel Caballero, el Ayuntamiento reclamó a la Xunta, en diciembre pasado, que le volviese a remitir el plan sectorial con los eventuales cambios que hubiera introducido. No tuvo respuesta, por lo que lleva “tres años sin saber nada de las intenciones” del Gobierno gallego para la ETEA. Aunque el plan sectorial es competencia autonómica, el regidor vigués denunció que “no se conoce ninguno que haya sido hecho en contra de un Ayuntamiento”.

Por eso censuró las invocaciones del presidente Feijóo a la cooperación —el martes, en la toma de posesión de Teresa Pedrosa como delegada de la Zona Franca— e ironizó con su “desconocimiento serio de esta ciudad” por anunciar la Xunta que va a abrir el recinto de la ETEA. “Lleva ya tres años abierta, hemos hecho un paseo marítimo y regenerado una playa, por ahí han pasado y pasan miles de vecinos”, enunció. “Feijóo no conoce esta ciudad, no la sigue ni de oídas”, concluyó.


* El País - PRIMITIVO CARBAJO Vigo 22 FEB 2012
Foto: Vigo, universidad - asturgalicia

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