La Laguna.- Sentencias contra Urbanismo se llevan el 32% de la inversión de Obras

Otro problema del Urbanismo actual es el pago que debe hacer frente a las sentencias judiciales condenatorias, algo ya demasiado frecuente en ciudades y pueblos del país. Esto supone para muchos municipios el no poder contar con recursos económicos para obras y servicios necesarios para la población. Dado que la justicia no dice nada de que los responsables delictivos político-empresariales paguen con su propio patrimonio los errores o fraudes cometidos, la deuda la terminan pagando, como siempre, todos los vecinos. Esto ocurre exageradamente en La Laguna (Tenerife) donde los responsables municipales de Coalición Canaria se han ido 'de rositas' una vez más.
"ELDÍA* : Casi uno de cada tres euros presupuestados para el próximo ejercicio 2015 de la Concejalía de Obras e Infraestructuras irán destinados para pagar tres antiguas sentencias judiciales impuestas contra la Gerencia de Urbanismo, un problema que lastra el desarrollo de las actividades y de trabajo del área que dirige Jonathan Domínguez.

De esta forma, el presupuesto para el área asciende a 8.695.648 euros, siendo el "castigo" de 2.782.525 euros (el 32%) para cubrir la ejecución de sentencias por expropiación de terrenos en la década anterior. Al final, Obras e Infraestructuras solo podrá disponer para sus proyectos de 5.913.123 euros.

Así está establecido en la documentación entregada a los medios de comunicación por parte del concejal de Hacienda del ayuntamiento de La Laguna, en el pleno del pasado lunes, en donde precisamente se debatieron las cuentas.

En este sentido, Domínguez señaló que se trata de sentencias de Urbanismo y que como Obras e Infraestructuras gestiona el Plan de Inversiones se cargan a este presupuesto, destacando que así son las cosas y que hay que cumplir las sentencias.

"Son sentencias de actuaciones de hace ya más de 10 o 12 años, pero no tenemos más remedio que cumplir. Se trata de terrenos vinculados a la Universidad de La Laguna (ULL) en él ámbito de Geneto-Los Baldíos y expropiaciones en San Lázaro, donde se construirá el local sociocultural, cuestiones que suman un total de 6.694.699 euros, creo recordar, y que empezamos a pagar este mismo año (1,2 millones)", aseguró.

Apuntó que "una de ellas está vinculada a la ULL, que en su momento pidió que se clasificaran terrenos para su uso en el anterior PGO, que se expropiaron y después no los gestionó, con lo que el ayuntamiento tras la denuncia de unos vecinos tuvo que asumir la carga".

"La otra está relacionada con un solar en San Lázaro que en un principio se creía que estaba expropiado y que al final no lo estaba, por lo que los vecinos denunciaron el caso en la época del exalcalde Elfidio Alonso. Al final la sentencia señaló que ese procedimiento expropiativo era ilegal", dijo.

El responsable de Obras lamentó que "al final son sentencias grandes que se están comiendo el presupuesto del área de Obras desde hace dos años".

Reconoció que es un gran problema para el área que el más del 30% del dinero no se pueda emplear, "pero hay una sentencia y tenemos que cumplirla".

¿Y por qué Obras e Infraestructuras tiene que asumir el pago de las sentencias? "Pues porque legalmente la Gerencia de Urbanismo es un organismo autónomo que lo que hace es gestionar temas urbanísticos, pero es el ayuntamiento como institución la que tiene que pagar la sentencia. Entonces el Plan de Inversiones lo gestiona Obras y por eso nos lo cargan en el presupuesto porque así está configurada la estructura presupuestaria", explicó Jonathan Domínguez con resignación.

Recordó, además, que desde su posición política ha insistido en que el área vea incrementado su presupuesto, pero existe el problema de la ley de topes de gasto de inversión a nivel estatal, por lo que no se pudo subir, aunque la intención del ayuntamiento era incrementar el presupuesto en el área de Obras para su plan de inversiones.


* El Día - 17.12.14
Foto: La Laguna (Tenerife), ayuntamiento - aytolalaguna.com

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Vecinos de Cabanas denuncian que perderán pisos “pagados legalmente”

El urbanismo coruñés sigue descontrolado en muchas zonas, como estamos viendo. Ahora es en Cabanas donde, según denuncian los vecinos, el Ayuntamiento permitió a la promotora Prominfer construir viviendas que "no cumplían las normas urbanísticas", lo cual implica el desalojo 'forzoso' previo al derribo de las ilegalidades cometidas. Lo increíble del fallo judicial, que es el desencadenante de la operación, es que el error fue municipal, no vecinal, y los responsables del ayuntamiento 'popular' no han sido penalizados por ello y tampoco facilitan ahora una solución a los afectados, que no han tenido culpa. Algo injusto a todas luces.
"ELPAÍS* : Vecinos de Cabanas (A Coruña) serán "desposeídos" el próximo 2 de enero de su vivienda en el edificio O Penso, que fue "comprada" y "pagada legalmente". Así lo ha denunciado, en un comunicado, el hijo de dos de los vecinos que se encuentran en esta situación, Rafael Pérez. Y es que, según ha relatado, el Ayuntamiento de Cabanas "permitió" construir viviendas que "no cumplían las normas urbanísticas".

De hecho, el hijo de los afectados recoge un fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para argumentar esto último: "debemos anular y anulamos la licencia municipal otorgada para la misma por acuerdo de la Comisión de Gobierno del mentado Ayuntamiento, por no encontrarla ajustada al Ordenamiento jurídico, procediendo el derribo de las partes de tal construcción no amparables por la normativa urbanística".

Por ello, el Ayuntamiento ha notificado a los propietarios de los pisos cuarto y quinto, según ha precisado Rafael Pérez, que "desalojen" sus viviendas, pues serán "demolidos". "No les va a pagar ni la mudanza y el depósito de los muebles, ni el realojo", ha remarcado.

Por su parte, el Consistorio también ha notificado al resto de propietarios del primero, segundo y tercer piso que las obras serán iniciadas "con ellos en sus viviendas". "¿Es normal que se realice una demolición con gente viviendo en sus viviendas?", se pregunta Rafael Pérez.

Así las cosas, éste ha condenado que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Cabanas y el constructor de Prominfer S.L. --que construyó la vivienda-- no hayan sido "penalizados" por la Justicia. Asimismo, sostiene que las "indemnizaciones por daños y perjuicios y por el valor de su vivienda" no serán "vistas" por algunos propietarios, pues la "mayoría" son "jubilados" y "de avanzada edad".


* El País - EP - 21.12.14
Foto: Cabanas (Coruña), vista - eltiempo

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