«Querían vender hasta una calle»

SUR/Marbella* : La merma del patrimonio de la ciudad durante la 'era GIL' no se limitó al desvío de cantidades millonarias de las arcas municipales para beneficiar a unos pocos, tal y como establece la sentencia del 'caso Saqueo'. El caos, la falta de control y las anómalas actuaciones durante cerca de tres lustros de los gobiernos gilistas generó también la pérdida de decenas de parcelas e inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Marbella que, de manera irregular, pasaron a manos particulares. La documentación hallada por el actual Ejecutivo local a lo largo de la presente legislatura recoge diversas fórmulas por las que bienes del Consistorio se encontraban ocupados por terceros. Entre ellos, convenios en los que se otorgaron fincas con valoraciones erróneas, adjudicaciones que se mantenían a pesar de haberse extinguido el plazo y dejado de abonar el canon, acuerdos en los que se realizaban promesas de entrega de un bien no definido y se permitía la ocupación de otro o concesiones basadas en la mera palabra de un concejal.

«Querían vender hasta una calle de Nueva Andalucía, operación que finalmente no se formalizó», relata el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero.
«Fue una gestión descontrolada durante quince años», destaca el edil, que ayer dio a conocer un acuerdo marco para la recuperación de bienes de titularidad pública. El Ayuntamiento ya ha recobrado en los últimos tres años un importante número de parcelas e inmuebles de su propiedad que se encontraban en manos privadas. Así ha sucedido con distintas fincas en Las Chapas y Nueva Andalucía o con los terrenos donde se asienta la nave de servicios operativos municipales, en la carretera de Ojén. Sin embargo, el nuevo protocolo de actuación nace tras descubrir la existencia de bienes que pertenecían al Consistorio y han sido inscritos por terceros en el registro de la propiedad.
«Nuestro umbral de asombro parecía que no podía superarse, pero la verdad es que seguimos hallando fórmulas por las que particulares se benefician de forma ilícita del patrimonio público», indicó Romero, que explicó que el equipo de Gobierno ha detectado dos parcelas en primera línea de playa de San Pedro Alcántara, que, a través de un proceso denominado inmatriculación, fueron inscritas en el registro de la propiedad a favor de terceros.
Acciones judiciales
Las actuaciones del Ayuntamiento para recuperar este tipo de bienes estarán marcadas, según señaló el portavoz municipal, por la antigüedad de la inscripción en el registro. En el caso de que haya tenido lugar en los dos últimos años, se llevarán a cabo gestiones registrales. Si la inmatriculación es anterior, el Ejecutivo local recurrirá a los tribunales. «Que nadie piense que por tener una inscripción antigua puede quedarse con bienes públicos», advirtió el edil.
Romero apuntó que el anuncio constituye además «un mensaje a navegantes» para «todas aquellas personas que de forma directa o indirecta pudieron pensar que aquel negocio podría salir bien y que se podía disfrutar del patrimonio de los ciudadanos de Marbella de forma gratuita». El concejal destacó además que los bienes de titularidad municipal son «imprescriptibles», por lo que, «pase el tiempo que pase, nadie que posea un bien público puede llegar a ser su propietario».



* Sur - 5.01.11
Foto: La parcela donde se asienta la nave de servicios operativos es uno de los bienes recuperados - sur

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El Superior anula una urbanización junto a las termas de Lugo

ELPAÍS* : Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anula un proyecto de urbanización en las inmediaciones del parque Rosalía de Castro en Lugo que carecía de un informe de Cultura necesario porque la zona colinda con las termas romanas. Estaba programada la construcción de seis bloques de nueve plantas. La resolución se refiere únicamente a la urbanización y no entra en detalles sobre las licencias de construcción, aunque se trata de una obra que ya está paralizada cautelarmente por decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, al haber observado que se produjeron varias "transgresiones". La "más flagrante", el hecho de que falten "los perceptivos informes sectoriales", paso previo a la aprobación del proyecto de urbanización y la concesión de licencias.

En la sentencia, el alto tribunal gallego ratifica una decisión anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lugo, por lo que también se obliga a retrotraer las actuaciones de urbanización que ya se hubieran ejecutado y que consisten en la apertura de una calle.

El TSXG apunta que el Ayuntamiento de Lugo no podría haber ignorado que cuando en el ámbito o colindancia de la urbanización se encuentren bienes catalogados o inventariados tiene que intervenir "el departamento autonómico competente en materia de protección del patrimonio". La sentencia agrega que está "probada", con informes técnicos, la "colindancia" con los contornos de protección de las termas romanas, declaradas conjunto histórico-artístico en 1931 e incluidas en el Inventario de Bienes Culturales. El texto precisa que la urbanización colinda con otro bien inventariado, aunque no catalogado, como el inmueble en el que en su día se ubicó el Sanatorio Portela.

Por todo ello, el TSXG desestima el recurso de apelación planteado por el Ayuntamiento y el promotor de la obra y anula el acuerdo municipal que aprobó la urbanización de esa zona.

El Ayuntamiento asegura que solicitará a Cultura el informe "de forma inmediata" salvo que no resultase aconsejable "para los intereses generales". Además, la asesoría jurídica municipal está estudiando la sentencia.



* El País - 5.01.11
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv

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Las Palmas.- La compensación por la biblioteca supera el millón, más que la comisaría

CANARIAS7* : La compensación económica a que podría dar lugar el mantenimiento de la biblioteca pública del Estado será mayor que la indemnización que recibieron los vecinos afectados por otro caso similar, el de la Supercomisaría, que fue algo más de un millón de euros. En todo caso, el Ayuntamiento no descarta pedir que la sentencia sea declarada inejecutable. El Ayuntamiento tendría que poner sobre la mesa una cantidad superior a lo que recibieron los afectados por la construcción del edificio de la Supercomisaría para compensar la pérdida de visión y de zonas verdes que han padecido los vecinos del edificio San Telmo con la biblioteca general del Estado. Sería por tanto una cifra superior al millón de euros la que habría que aportar para alcanzar un acuerdo, algo que no se ve imposible desde el lado de los vecinos, según pudo saber este periódico.

En todo caso, ni siquiera eso puede salvar a la biblioteca general del Estado de la piqueta porque, según confirmaron fuentes judiciales, cualquier persona, aún sin ser parte del proceso, puede reclamar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a demoler de manera inmediata el edificio. Así consta en la reciente jurisprudencia del Alto Tribunal en materia de urbanismo.
En todo caso, el concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento, Néstor Hernández, explicó ayer que se quiere «ahondar en la posibilidad de demostrar al Supremo la imposibilidad material de ejecutar la sentencia y del grave perjuicio que ello ocasionaría al interés público».


Sin embargo, esta inejecutabilidad de la sentencia es lo que acaba de dilucidar el Tribunal Supremo, reiterando la obligación de que se demuela el edificio de manera inmediata. Así queda reflejado en la sentencia cuando los magistrados dicen que «no procede declarar inejecutable la sentencia en virtud de un planeamiento aprobado con posterioridad al pronunciamiento en la instancia de dicha sentencia con la finalidad de impedir la ejecución de aquélla».

Capital cultural. El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Alberto Delgado, calificó ayer de «despropósito» la iniciativa de tirar un edificio como la biblioteca pública del Estado, de cuya gestión se encarga el Gobierno de Canarias, sobre todo en un territorio limitado como el del Archipiélago, donde hay una falta de suelo considerable. En este sentido, el representante del Ejecutivo autónomo señaló que «en caso de que se llegue a la solución extrema de la demolición, nuestra obligación junto al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento será la de buscar una alternativa momentánea». Y aclaró que eliminar este «magnífico edificio» podría dañar también la imagen de la ciudad de cara a la capital cultural europea.




* Canarias 7 - 5.01.11
Foto: Las Palmas, biblioteca del Estado - canariasahora

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Valencia.- El Ágora no encuentra su destino

LEVANTE* : Igual se convierte en pista de tenis que en pasarela de la moda. La gran plaza pública cubierta de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia, seis años después de la presentación del proyecto, no tiene aún definido su uso. Mientras, durante estas fiestas se ha transformado en un espacio para los más pequeños con el programa de actividades "Navidad en el Ágora". Su superficie elíptica de unos 5.0000 metros cuadrados, con un coste hasta la fecha de 90 millones de euros -según adelantó Levante-EMV y que el Síndic de Comptes calculaba en 67 millones a 1de septiembre de 2009 -, ha estado albergando en los últimos días un taller infantil, un mercadillo, una pista de patinaje y los espectáculos para niños "Gormiti" y "Lazy Town en la aventura pirata", un entretenimiento para menores de ocho años que ayer estuvo lleno a rebosar -incluidos los puestos de recuerdos- en su dos únicas sesiones y cuyo escenario se quedaba pequeño ante las enormes dimensiones del edificio.

Sin respetarse los plazos de terminación de las obras del Ágora, creado por el arquitecto Santiago Calatrava, su inversión inicial era de 41,3 millones de euros por lo que el presupuesto se ha duplicado desde la presentación en 2004, debido a los rediseños y modificaciones a los que acostumbra su autor. La intención era que estuviera finalizado en 2007 para entregar allí los trofeos de la Copa del América. Incumplida esta fecha, el "Open 500" de tenis se realizó en octubre de 2009 en este edificio inconcluso. La apertura en falso y provisional llevó a cerrar la instalación para proseguir con los trabajos que hoy están, todavía, sin acabar. Falta la colocación de las lamas que conformarán las dos grandes alas que coronarán la estructura de este centro tan polivalente.
Un año después, en noviembre pasado, tuvo lugar en este mismo Ágora la segunda edición del "Open 500" de tenis para, después, ser el escenario de la "Copa de España de la Burn Freestyle 2010 -un espectáculo de acrobacias con motos- y para febrero próximo está anunciada la "Valencia Fashion Week" o semana de la moda valenciana.
Política que ya presumían en Cacsa cuando, en 2006, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, colocó la primera piedra. Sus responsables comunicaban en una nota que para rentabilizar la elevada inversión del último de los edificios de este complejo arquitectónico, se alquilaría el Ágora para "actos públicos o privados, congresos, convenciones, convites y exposiciones".
De esta forma, el que se ha convertido en el auditorio más grande de Valencia y el más costoso, con un aforo que supera las 5.000 personas sentadas y una altura de 70 metros, tiene un destino indeterminado y sin un criterio artístico concebido. A Cacsa, con tal de llenar y sumar asistentes al recinto, le es indiferente una obrita para entretener a los niños que un acontecimiento deportivo mundial.
Y para estos cometido ya existen desde hace años en la ciudad otros espacios como el Palau de les Arts, el de la Música o el de Congresos, multitud de teatros e instalaciones deportivas.
De hecho, el edificio, situado entre el Puente del l'Assut de l'Or y l'Oceanogràfic cuya cupula azul destaca sobre el entorno blanco, suma una inversión de 90 millones de euros, pero todavía quedan por colocar las dos grandes alas, cuyas lamas se encuentran en la explanada trasera del Ágora, y cuya complejidad técnica está obligando a multitud de comprobaciones. Lo que lleva a preguntarse si el presupuesto está cerrado.
Cientos de padres y niños, pese al frío de la tarde, aguardaron una larga cola para disfrutar del espectáculo en el que no quedó una silla vacía. Lo mismo se podría haber producido en cualquier otro teatro ya existente sin gastar el millonario presupuesto.



* Levante - 5.01.11
Foto: Cientos de familias abarrotaron ayer el Ágora para disfrutar con el espectáculo musical de "Lazy Town" - levante

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El TSJ confirma la paralización parcial de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria

NORTECASTILLA* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León confirmó ayer la suspensión cautelar de parte de las obras de urbanización del sector 1 de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) de Soria que decretó el pasado 11 de noviembre, en respuesta a los recursos presentados por la Junta y por Ade Parques Tecnológicos y Empresariales. Asimismo, los jueces instan a la administración autonómica a establecer medidas de protección de las masas arbóreas; de los cauces, acuíferos y humedales, y del suelo urbanizable de especial protección de esa zona del Soto de Garray hasta que se resuelva el recurso presentado por la asociación ecologista Centaurea sobre la orden de la Consejería de Medio Ambiente del 10 de febrero de 2010 que aprobó el proyecto de actuación del sector 1 de la CMA, informa Ical.

El auto de la Sala señala que únicamente hay una «suspensión parcial en tres extremos en concreto». Así, en el caso de las masas arbóreas, se prohíbe cautelarmente la tala o eliminación de una serie de árboles singulares y áreas boscosas. También se prohíbe realizar actuaciones conducentes a la degradación o desecación de ciertos humedales. Por último, se establece la suspensión inmediata de las obras de construcción de colectores sobre suelo no urbanizable dentro del ámbito de actuación.
A este respecto, el auto indica que la realización de obras que inicialmente no estaban previstas en el proyecto ni en los instrumentos de ordenación que le servían de cobertura hace necesario el mantenimiento de las medidas cautelares.



* Norte de Castilla - 6.01.11
Foto: Soria, ciudad medio ambiente - ecologistas en acción

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Ciudadanos, abogados y transparencia

BELTRÁN GAMBIER* : El ciudadano de hoy ya no puede limitarse a votar; tiene que prestar atención al modo en que sus gobernantes administran y gestionan los dineros públicos. Por eso, es un reto para los sistemas democráticos la mejora y el aumento de los niveles de participación ciudadana en los asuntos de interés público. Para ello es necesario el conocimiento de los mismos. El derecho a la información, que está garantizado constitucionalmente, viene a satisfacer esa necesidad cívica. Pero no basta con que los derechos existan. El ciudadano común no está preparado para enfrentarse a la maquinaria burocrática con una mirada controladora. Puede sucumbir en el intento. Tratándose, pues, de nuevas herramientas democráticas, los ciudadanos deben recibir la instrucción necesaria para hacer uso de ellas o ser debidamente asistidos. En ese afán pueden ser auxiliados por abogados que deseen acompañar este sano ejercicio cívico en beneficio de toda la comunidad a través de una colaboración 'pro bono', sin cobrar honorarios. Si miramos el panorama español, cabe celebrar como una gran noticia el todavía flamante convenio suscrito entre el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y Transparencia Internacional España (TIE) en julio, que tiende a marcar una tendencia muy novedosa en la vida cívica. La idea que subyace tras él tiene, naturalmente, la pretensión de extenderse a otras jurisdicciones de España.

En este sentido, el decano del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, Nazario Oleaga, me acaba de transmitir su apoyo a la idea y su interés de firmar cuanto antes un acuerdo similar; espera, además, respuesta de otras colegios pertenecientes al Consejo Vasco de la Abogacía. A través de este tipo de acuerdos se pretende fomentar un activismo concreto de los ciudadanos en torno a cuestiones vinculadas con la tarea de administración y gobierno mediante el ejercicio de su derecho a la información con asistencia letrada. Es importante subrayar que el ciudadano o la organización que requiera valerse de este convenio no necesariamente debe carecer de recursos económicos. Es más, es casi seguro que ello nunca ocurra. Esto no tiene nada que ver con el turno de oficio. Se trata de que un ciudadano responsable se comprometa con una labor cívica en interés de todos -más allá de su interés personal directo- y que para ello cuente, insisto, con un auxilio letrado 'pro bono'. De este modo, TIE actúa fomentando la transparencia que se genera con este tipo de acciones y el ICAM, cumpliendo el tantas veces proclamado rol social de la abogacía, registrando a los letrados que deseen sumarse a este tipo de acciones. Esta experiencia que está dando sus primeros pasos en Madrid supone que los casos que se están analizando tengan que ver con las administraciones públicas con sede en su ámbito territorial. En otras palabras, los ciudadanos pueden estar interesados en cuestiones gestionadas por el Ayuntamiento, por la Comunidad de Madrid y por la Administración central del Estado.
No hay limitación conceptual para proponer las cuestiones que se desean conocer y que integran el derecho de los ciudadanos. Será labor del abogado interviniente evitar que se pidan informaciones que puedan resultar fácilmente obtenibles a través de los boletines oficiales. Se trata, más bien, de informaciones cuya complejidad en la obtención resulte manifiesta. La lista de temas posibles podrá construirse a partir de los cometidos de las diferentes administraciones (cultura, sanidad, trabajo, fomento, industria, hacienda, educación, etcétera). Tanto una cuestión vinculada con la gestión urbanística o la conservación del patrimonio cultural como el texto de un contrato relacionado con los servicios públicos pueden caer en el ámbito de esta labor que se pretende fomentar. El ciudadano podría querer conocer, por ejemplo, los detalles de un procedimiento licitatorio o de una contratación directa accediendo al expediente respectivo.
Los casos podrán ser planteados, a través de una simple petición de información, en la sede de las propias administraciones, y luego continuar, si fuere menester, en el ámbito judicial cuando hubiera silencio o actos denegatorios.
Es oportuno señalar que TIE viene trabajando en España con una herramienta denominada Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) para medir el nivel de trasparencia, ante los ciudadanos y la sociedad, de más de un centenar de consistorios a través de una encuesta que contiene 80 indicadores vinculados con: (a) la información sobre la corporación municipal, (b) las relaciones de los ciudadanos con la sociedad, (c) la transparencia económico financiera, (d) la transparencia en las contrataciones de servicios, y (e) la transparencia en materia de urbanismo y obras públicas.
El Ayuntamiento de Bilbao ha obtenido este año, junto con los ayuntamientos de Gijón, Ponferrada, Puerto de Santa María, Sant Cugat del Vallés y Sabadell, el Premio de Transparencia Municipal 2010. Repite, así, los excelentes resultados que obtuvo en 2008 (primer puesto) y en 2009 (segundo). El propósito evidente de esta acción de TIE es fomentar la cultura informativa de las corporaciones locales. Si los ciudadanos no observan aquello que los ayuntamientos ponen a su vista, la transparencia no sirve de nada.


* BELTRÁN GAMBIER | ABOGADO. COFUNDADOR DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL ESPAÑA, MIEMBRO DEL CTE. EJECUTIVO


* Diario Vasco - 5.01.11


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