LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía ha enviado un escrito al juzgado de Instrucción nº4 de Vélez Málaga en el que interesa la apertura de juicio oral contra el ex alcalde de Benamocarra José Díaz García (PSOE) y cinco antiguos concejales del equipo de gobierno por un supuesto delito de prevaricación urbanística cometido en la concesión de 53 licencias de obra en otros tantos expedientes. La acusación pública pide tres años de prisión y 15 de inhabilitación para el ex regidor, mientras que solicita idéntica pena de prohibición para cargo público en el caso de los ex concejales, aunque, eso sí, exige para ellos que se les imponga un castigo de dos años de cárcel. Los ex ediles acusados son los siguientes: Antonio Miguel Zamora Fernández, Eduardo Gutiérrez Fernández, José Chica Fernández, José Ocón Ocón y Daniel Gordo Fernández.
Todos ellos formaban parte, junto a José Díaz, de la comisión de gobierno que otorgó las licencias para la realización de distintas obras, ya se trate de viviendas unifamiliares contrarias a planeamiento, o de aumentos de edificabilidad, reparaciones de techos, demoliciones de viviendas o edificación de almacenes, casas de aperos u obras de cerramiento y techado, la realización de una balsa –en este caso no había proyecto que garantizase una ejecución segura– o hacer un simple cuarto de baño en el patio.
Unanimidad
Según consta en la calificación, los acusados, mayores de edad y sin antecedentes penales, «y como miembros de las sucesivas comisiones de gobierno del Ayuntamiento de Benamocarra entre 1997 y 2003, han votado favorablemente, o acordado mediante decreto, la concesión de licencias de obra contrarias a las normas urbanísticas vigentes, a sabiendas de su injusticia».
En los 53 expedientes a los que hace referencia el ministerio fiscal, los miembros de la comisión de gobierno concedieron las licencias «por unanimidad», eludiendo seguir las instrucciones que incluyeron en sus informes el arquitecto técnico municipal y el secretario de la corporación, quienes, en todos los casos analizados por la Fiscalía, se opusieron a la concesión de los distintos permisos.
En uno de los expedientes, un habitante de la localidad pide licencia de construcción de una vivienda unifamiliar (plantas baja y primera) el 13 de abril de 1998. Ésta le fue concedida, el 12 de mayo, por unanimidad de la comisión de gobierno, «pese al informe jurídico desfavorable del secretario municipal y el del arquitecto técnico». ¿Por qué no se le otorgó? «Por sobrepasar la edificabilidad máxima, ejecutar una planta más y no cumplir la normativa sismorresistente», explica el acusador público.
Expedientes
En algunos casos, las peticiones de permisos de obra no cuentan ni siquiera con proyecto técnico. Otro vecino reclama, el 3 de marzo de 1999, licencia para la construcción de una casa de aperos y piscina, que se le concede por unanimidad y con informes desfavorables, «aun cuando adolece de proyecto técnico de profesional competente». Otro solicita, el 5 de mayo de 1999, permiso para levantar una vivienda con bajo y tres plantas. Se le da luz verde a la licencia, aun cuando hay informes técnicos y jurídicos desfavorables y no tiene proyecto técnico, ni estudio de seguridad, supera la altura máxima permitida y ocupa la vía pública sin haber solicitado permuta.
Uno de los solicitantes sobrepasó, indica el ministerio público, la edificabilidad permitida en más de 200 metros cuadrados.
El ex regidor socialista, que dirigió el pueblo desde 1989 hasta 2003, también es acusado por la presunta concesión de ocho licencias de obra con el objetivo de edificar otras tantas viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, según el fiscal, hechos que se han unido a este proceso pese a ser objeto de otra investigación.
* La Opinión Málaga - 10.12.10
Foto: Benamocarra (Málaga) - juntadeandalucia.es
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HOY/Cáceres* : La alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, ha sido citada a declarar como imputada en el caso de presunta corrupción que instruye el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de la capital del Jerte. La primera edil placentina tendrá que declarar el próximo día 14 de enero. Elia María Blanco se convierte así en la séptima imputada en la investigación judicial que se abrió a principios del pasado octubre con la declaración del interventor del Ayuntamiento, Roberto del Olmo. Después le siguieron en su paso por la Casa del Deán, sede de los juzgados placentinos, los concejales Blas Raimundo, Enrique Tornero y Francisco Barbancho, así como el constructor José Antonio Romero Vega, al que se han adjudicado todas las obras que conforman la investigación: la pista de motocross y autocross, el aparcamiento de las huertas de la Isla, la reforma de la cubierta de la piscina climatizada y el mantenimiento de la Ciudad Deportiva.
Supuestamente en todas estas obras se fraccionaron los pagos para evitar sacarlas a concurso y así adjudicarlas directamente a Romero Vega, histórico militante socialista. Tras el constructor el juez elevó a seis los imputados, llamando a declarar al secretario del Ayuntamiento, Antonio Santibáñez. La ronda de declaraciones llegó en principio a su fin el pasado viernes, día 3 de diciembre, con el arquitecto y la aparejadora con más años de servicio.
Los dos técnicos acudieron en calidad de testigos y aseguraron ambos que desconocían las obras investigadas porque no participaron en ninguna de ellas.
Todos los que han declarado hasta ahora, imputados y testigos, han dejado claro ante el juez que quien estaba al frente del Ayuntamiento de Plasencia en las adjudicaciones de las obras investigadas era la alcaldesa Elia María Blanco, a excepción del aparcamiento de la Isla. Fue el alcalde en funciones, el concejal de Hacienda Francisco Barbancho, el que firmó el decreto de adjudicación de esta obra.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 firmó la providencia por medio de la que cita a la alcaldesa el pasado día 3, el mismo en el que declararon los dos técnicos municipales como testigos. La comparecencia de la alcaldesa era esperada por algunos de los implicados en este proceso judicial al entender que es la primera edil placentina la que ha firmado la mayoría de las órdenes de pago al constructor, la última persona en realidad que interviene en el proceso de adjudicación.
Todos los imputados que hasta la fecha han declarado ante el juez han dejado constancia de que Elia María Blanco era la alcaldesa cuando se llevaron a cabo las supuestas adjudicaciones irregulares, porque se evitó el concurso público fraccionando su coste. De ello, también presuntamente, dejó constancia al menos en algunas de esas adjudicaciones el interventor en las observaciones que realizó alertando de ese fraccionamiento, según declaró el pasado octubre ante el juez.
Es más. Roberto del Olmo, según ha podido saber este periódico, dijo al magistrado que tanto los concejales de Obras, Deportes y Hacienda -los tres imputados- como la alcaldesa tenían conocimiento del fraccionamiento merced a las observaciones efectuadas por él. Y que, además, habló directamente del asunto con Enrique Tornero, Francisco Barbancho y Elia María Blanco.
Consecuencias políticas
En cualquier caso, la imputación de la alcaldesa, como la de los demás, sólo persigue en un periodo de instrucción ofrecer a la persona las máximas garantías de defensa, permitiendo con esta calificación que acuda al juzgado en compañía de un abogado.
Será una vez culmine la instrucción, cuando el juez determine si archiva el caso o, por el contrario, abre juicio oral y en este segundo supuesto si mantiene o no la calificación a los imputados y testigos hasta la fecha. Pero más allá de las consecuencias jurídicas que pueda tener la imputación de la alcaldesa, puede que sí las tenga políticas. El PSOE de Plasencia debe elegir a su candidato a las próximas elecciones municipales de 2011 entre los días 7 y 27 de enero. Son unas fechas, por tanto, en las que la que podría ser la candidata oficial, la actual alcaldesa Elia María Blanco, deberá acudir a declarar al juzgado como imputada en el caso de presunta corrupción.
* Hoy - 9.12.10
Foto: Plasencia (Cáceres), ayuntamiento - hoy.es
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IDEAL* : El dicho popular dice que el que no tiene cabeza, tiene pies, porque le cuesta a uno volver sobre sus propios pasos para concluir lo que ha olvidado en el camino. Y eso es, precisamente, lo que le ha pasado al Ayuntamiento de Almería que, en su alegría por haber conseguido ya el suelo necesario para que Costas siga ampliando el paseo marítimo, y en su urgencia por remitirle la relación de las parcelas afectadas sobre las que puede actuar, ha olvidado enviar al departamento dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino el documento de transmisión de la titularidad. Un requisito, han informado a IDEAL fuentes ministeriales, 'sine qua non' para el inicio de los trámites para llevar a cabo la primera fase de la actuación, que se desarrollará en el futuro hasta el delta del río Andarax.
Fue el pasado 11 de noviembre cuando el concejal de Urbanismo de la capital, Juan Megino, escrituraba la última propiedad necesaria para ejecutar la primera fase de prolongación del paseo marítimo y, acto seguido, mandaba tanto a la Subdelegación del Gobierno en Almería como a la Dirección General de Costas el certificado, firmado por el edil, de la propiedad -datos sobre las fincas registrales incluidos- de todos los terrenos necesarios para las obras. «Hoy mismo se ha remitido certificación ante Costas comunicando que el Ayuntamiento ya es titular de la totalidad de las fincas contempladas en el proyecto, por lo que la Administración estatal tiene vía libre para ejecutar el proyecto de prolongación», explicaban desde la gerencia de Urbanismo, al tiempo que informaban de la suma de más de 4,8 millones de euros que ha costado a las arcas municipales la adquisición de las 11 propiedades vinculadas al proyecto.
Secretario por concejal
Sin embargo, declaran desde Costas, lo que necesitan para iniciar el expediente no es la firma del concejal sino «un certificado del secretario del Ayuntamiento» ratificando la cesión del suelo o, de lo contrario, el departamento gubernamental no podrá darse por enterado de la disponibilidad de los terrenos para actuar.
La Dirección General de Costas ha remitido ya, de hecho, al Ayuntamiento de Almería el correspondiente escrito informándole del defecto de forma y recordándole la necesidad de solventar la información que se le ha requerido a la mayor brevedad, con el objetivo de no demorar esta incidencia más de lo estrictamente necesario.
Y es que, ya al día siguiente de cursar el edil de Urbanismo su escrito y de declarar públicamente sentirse «muy satisfecho» por la «finalización de un trabajo complejo» en el que se han empleado muchos meses de negociaciones pero que «finalmente está dando sus frutos», con la confianza en la «buena predisposición de Costas para agilizar la contratación de los trabajos», desde el departamento gubernamental reiteraron su compromiso de ampliar el paseo marítimo, aunque sin dar fechas concretas.
Ésa fue, de hecho, la promesa realizada el pasado mes de enero por la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Alicia Paz Antolín, durante el encuentro que mantuvo en Madrid con el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, y el propio concejal de Urbanismo.
El proceso administrativo, recordaban entonces a IDEAL, «ya se ha iniciado», aunque el proyecto debe pasar ahora a los servicios de intervención para poder liberar los pagos necesarios. Un trámite que se prolongará durante un tiempo indefinido todavía. No obstante, incidían desde la Subdelegación en que los plazos no son siempre los esperados.
Y, de hecho, los representantes municipales tampoco han cumplido con el compromiso realizado ante Antolín de que los terrenos estarían liberados un mes después de celebrarse el encuentro entre las dos partes en Madrid puesto que no ha sido hasta noviembre que el Ayuntamiento de Almería ha concluido el proceso expropiatorio de parte del proyecto para extender el paseo marítimo hasta el delta del río Andarax.
* Ideal - 9.12.10
Foto: Propiedades adquiridas por el Ayuntamiento para la ampliación del paseo marítimo.- ideal
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LAVILLADEPASTRANA/Guadalajara* : El Ayuntamiento torea al juzgado. Esto es lo que parece deducirse a tenor de lo que sigue: Copia del oficio dirigido por el Juzgado de Instrucción Nº3 al Ayuntamiento de Pastrana con fecha 26 de abril de 2010: "En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia (D.P. 400/2010) me dirijo a Vd a fin de requerirle de que remita a este Juzgado testimonio del procedimiento de infracción urbanística iniciado a instancia de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, debido a la construcción de varios chalets adosados por parte de la sociedad SOCOMFA en la zona de las Heras del Albaicín, dicho procedimiento se dirige contra la promotora y los técnicos de la obra. Firmado el Secretario
La cuestión subsiguiente, sabido que el ayuntamiento no ha contestado, es ¿por qué? Un ejemplo más del cumplimiento del Ayuntamiento con las Instituciones. Y la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla la Mancha, como zorra por rastrojo, intentando que el Alcalde les conteste por el tema de las devoluciones de contribuciones del Corral de Moriros cobradas de más a unos cien vecinos. Hay quien se pasa por la entrepierna sus obligaciones Institucionales, parece.
Pulsa para acceder al documento de solicitud (2010-12-02)
* la Villa de Pastrana - 10.12.10
Foto: Pastrana (Guadalajara) - spain.info
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LAVOZDEGALICIA* : Incapacidad. Edificaciones como el Teatro Principal de Tui languidecen en el abandono más absoluto, a pesar de su interés arquitectónico y constructivo. La Administración insta sin éxito al mantenimiento de los edificios singulares. Poca incidencia. El patrimonio arqueológico sufre incluso la acción de la propia Administración en sus proyectos de infraestructuras. Una explotación de kiwi arrasó este año en Oia un petroglifo, pero la Fiscalía archivó el caso. En aras de la seguridad. La vivienda más antigua de Betanzos se demolió por supuesta peligrosidad, pese a ser un bien protegido. Cientos de casas de los cascos antiguos caen en Galicia sin conocerse qué pueden albergar en su interior.
Amenaza al Camino. Un millón de metros cuadrados destinados a un polígono industrial amenazan en O Pino la integridad del Camino. El caso está en los tribunales, pero otras agresiones rebajan el nivel de la ruta jacobea en Galicia.
Un atentado contra el patrimonio artístico y cultural acaba de costarle la inhabilitación al alcalde de Melón. A 75 metros del monasterio de Santa María, el esqueleto de un pabellón de deportes evidencia la falta de sensibilidad que aún sufre Galicia respecto a la conservación de sus bienes artísticos, que, como en el caso del regidor condenado, se suele justificar alegando desconocimiento respecto a la importancia de los elementos agredidos.
El urbanismo y la construcción son los principales enemigos de la perviviencia de esos bienes, motivando más denuncias que los robos o la venta ilegal de arte. La Administración gallega registra cada semana seis denuncias por atentados contra el patrimonio artístico, aunque son muchos más los casos que no llegan a trascender.
En el último año la Xunta tramitó 324 denuncias por daños en el patrimonio artístico y cultural, 94 de ellas motivadas por desperfectos originados en bienes inventariados y con algún grado de protección; otras 94 en alguna de las cinco rutas del Camino de Santiago; 83 más en yacimientos arqueológicos; 36 en elementos etnográficos como cruceiros, hórreos o espacios de interés, mientras que otras 17 se produjeron por causas diversas, como el robo de piezas, circunstancia esta que solo motivó tres denuncias.
Bienes de interés
Arquitectos especializados en conservación advierten de que uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los técnicos, promotores y constructores, y que acaban motivando muchos de los destrozos, es el desconocimiento de posibles bienes de interés en zonas en las que se inician nuevas edificaciones.
Los expertos reclaman por ello la urgente publicación de un catálogo, como los existentes en otras comunidades, en el que se incluya todo el patrimonio arquitectónico y en el que se reflejen incluso elementos del interior de los inmuebles de zonas de interés.
Las escasas oficinas municipales de conservación existentes en Galicia dan cuenta, según sus técnicos, del hallazgo de elementos destacables como escaleras singulares, artesonados, puertas y otros objetos notables que van desapareciendo por desconocimiento de quien otorga licencias de derribo o rehabilitación.
Consultas abiertas
Dicho catálogo es considerado una herramienta vital para el futuro del patrimonio artístico, y aunque la Xunta cuenta con un germen de esa publicación, todavía no está disponible de forma abierta para quien quiera consultarla.
Ayuntamientos y empresas pueden acceder a ella, pero la Administración autonómica reconoce que aún no cuenta con la especificidad y grado de contraste necesarios para mostrarse a todo el público y convertirse en una guía perfecta para proteger el patrimonio.
La dejadez y la especulación son otros de los grandes males que preocupan a los expertos en patrimonio, que apuntan a las escasas herramientas que la Administración local dispone para evitar que los propietarios dejen caer edificios singulares ubicados en espacios de demanda urbanística. Las multas de baja entidad y lo proceloso de los expedientes disciplinarios acaban por no frenar las agresiones al patrimonio.
* La Voz de Galicia - 9.12.10
Foto: La estructura de un pabellón de deportes, permitida por el Concello y paralizada por la Xunta, devalúa el entorno del monasterio de Santa María, en Melón - lavozdegalicia
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GRANADAHOY* : Ecologistas en Acción pide al Ministerio Público que investigue si se trata de un presunto delito contra el Patrimonio Histórico cometido por la Delegación de Cultura y el Ayuntamiento de la capital. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada dio licencia hace años a la promotora Teconsgra para que llevase a cabo la demolición de un bloque ubicado entre las calles Málaga y Silencio de la capital, en pleno centro, para la construcción de un edificio de apartamentos y locales comerciales. Como es pertinente, la Dirección General de Bienes Culturales autorizó una excavación arqueológica preventiva que terminó el 3 de abril de 2009 que, para sorpresa de los técnicos, sacó a la luz la línea principal de una muralla defensiva "que atraviesa el solara de oeste a norte, la muralla barbacana y una tercera línea defensiva perpendicular a ambos muros de la medina medieval zirí del siglo XI".
El informe llevado a cabo recomendaba proteger lo encontrado y conservarlo, ya que los restos estaban "muy afectados por la humedad". A día de hoy, esos restos no está protegidos o lo están deficientemente, por lo que Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito contra el patrimonio histórico del que considera responsables, entre otros, a la Delegación Provincial de Cultura y al Ayuntamiento de Granada.
En concreto, según el texto de la denuncia, el 21 de julio de 2009, la Delegación de Cultura resuelve que se proteja la estructura "hasta que se tomen las medidas de conservación y consolidación, con geotextil y grava en la parte superior de la muralla como en las zonas más degradadas y que la excavación sea techada para impedir que la lluvia pueda afectar los restos arqueológicos". Además, se propone su puesta en valor "dada la importancia que tiene recuperar parte del trazado de la ciudad medieval". De dicha resolución se informó "al jefe de Servicios de Bienes Culturales al promotor de las obras, al arqueólogo director de la excavación, al Ayuntamiento de Granada y a la Dirección General de Bienes Culturales".
Cinco meses después, el colectivo ecologista advierte a Cultura que la excavación no está techada y que las lluvias podrían afectar los restos. La respuesta de la Delegación, ya en febrero de este año, es que se ha determinado que "la cubierta con lona podría ser perjudicial para su secado y decide que quede sin cubierta, aunque protegido con geotextil y un mortero de cal". Además, Cultura apercibió al promotor de la obra para que estableciera las medidas oportunas de protección "de forma urgente".
El 30 de septiembre de este año, Ecologistas en Acción remitió sendos escritos a Cultura y al Ayuntamiento porque "la lona que protege la excavación está hecha jirones y los restos podrían verse afectados de nuevo por la lluvia".
Según la denuncia, se ha incumplido tanto la primera resolución de Cultura como las medidas de urgencia dictadas meses depués. Además, los restos murarios "están expuestos a las lluvias" a pesar de todo y "todo parece indicar que las secuencia de hechos se van a repetir", con precipitaciones cuantiosas como la del pasado domingo. Cabe destacar también que la muralla de la medina está protegida en su totalidad como Bien de Interés Cultural (BIC) y que la Ley de Patrimonio Histórico prevé un perímetro de protección de 50 metros.
Por todo ello, Ecologistas en Acción solicita al fiscal que abra diligencias informativas para que investigue los hechos denunciados y los autores de los mismos. El colectivo pide que, en concreto, se profundice en la actuación del promotor de la obra, el arqueólogo director de la excavación, la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Granada y la Dirección General de Bienes Culturales, por si lo relatado en la denuncia pudiera considerarse un delito contra el patrimonio histórico español.
* Granada Hoy - 8.12.10
Foto: Estado de los restos aparecidos en el centro de la ciudad.- granadahoy
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