La Fiscalía dice que alcaldes y ediles entorpecen el derribo de casas ilegales

DIARIODECÁDIZ* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz afirma que uno de los principales problemas a los que se enfrenta es la falta de colaboración de los Ayuntamientos cuando debe ser cumplida una sentencia que ordena demoler una vivienda construida ilegalmente. Con demasiada frecuencia, señala, alcaldes y concejales de Urbanismo plantean serios problemas. Hasta tal punto, que en ocasiones la Fiscalía se ve obligada a advertirles de que cometen un delito si continúan con su labor de entorpecimiento del derribo acordado por una resolución firme.

La lamentación de la Fiscalía gaditana, que deja en un lugar nada plausible a los Ayuntamientos de la provincia, está recogida en la Memoria de 2009 de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico del TSJA.

Al hilo de esa queja, la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz insiste en alertar sobre algo que ya advirtió en su día el anterior fiscal de ese departamento, hoy asesor del ministro de Justicia, Ángel Núñez: la creación de lobbies defensores de lo construido ilegalmente.

Con ocasión de los denominados procesos de regularización de viviendas ilegales, aunque no sólo en tales casos, los propietarios de construcciones ilegales constituidos en asociaciones "se convierten en auténticos grupos de poder que tratan de imponer la línea que deben seguir los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística", anota la Fiscalía.

Tales grupos, agrega, "no sólo exigen la legalización de sus edificaciones, muchas de ellas incursas en procedimientos penales, sino que, con base en su supuesta incapacidad para hacer frente a los gastos, además tratan de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos (proceso que en estos casos es especialmente gravoso precisamente porque la edificación se ha hecho al margen de toda previsión) se finalice con fondos públicos".

La Fiscalía sostiene que esos grupos que organizan manifestaciones en las que se reivindica la inobservancia de la legalidad urbanística, "ante la pasividad del resto de los ciudadanos, acaban en muchas ocasiones imponiendo sus planteamientos".

Pese a esos aspectos negativos, la Fiscalía señala que en general, siguiendo la tendencia que comenzaba a marcarse en 2008, "puede decirse que durante 2009 se ha reducido considerablemente la actividad edificatoria ilegal".

Lo achaca a varios factores. Por un lado, dice, a "los beneficiosos efectos preventivos generales que está suponiendo el notorio incremento en el número de sentencias condenatorias de los Juzgados de lo Penal y la Audiencia Provincial, que acuerdan además la demolición de lo ilícitamente construido". Por otro, a "un mayor grado de cumplimiento -aunque continúan existiendo lamentables excepciones- por parte de los Ayuntamientos de sus obligaciones de traslado al fiscal de los casos que presenten indicios de delito". La crisis económica también se ha dejado sentir en este ámbito, de suerte que son menos las construcciones que se inician, anota la Fiscalía.





* Diario de Cádiz - 26.05.10
Foto: Derribo de una vivienda ilegal en Chiclana, el pasado diciembre.- diariodecadiz.es

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Caso Gürtel. El juez ve indicios de delitos en el Consell

LEVANTE/Valencia* : El juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, acordó este miércoles la inhibición parcial a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la investigación que sigue para su unión a las diligencias previas que se instruyen en dicho tribunal por un presunto delito de cohecho impropio, según un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Además, el juez ve indicios cree que otros hechos de la facturación de Orange Market podrían constituir delito electoral vinculado a las elecciones de 2008.

Tal y como recoge en el auto el juez, al parecer esta decisión está encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración Pública Valenciana.

Además, el magistrado ve indicios de delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad Valenciana el 27 de mayo de 2007, de financiación irregular en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana y cohecho propio por regalos percibidos por cargos de la cúpula de Francisco Camps. También, halla indicios de delitos contra la Hacienda Pública y advierte que de que los informes de la Agencia Tributaria se desvela que otros hechos de la facturación de Orange Market desvelan un posible delito electoral vinculado a las elecciones de 2008, las elecciones generales.

Asimismo, destaca en el auto las numerosas irregularidades en la contratación de las empresas dirigidas por Francisco Correa y la Administración Valenciana durante los años 2004 a 2009, las que podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación.

La inhibición se realiza después de que el Supremo reabriera la causa contra Camps y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

DELITOS ELECTORALES

El juez pide la acumulación de los delitos electorales sobre las elecciones celebradas en la Comunidad valenciana el 27 de mayo de 2007. Esgrime que estos delitos están vinculados con el pago de servicios prestados por Orange Market al PPCV durante la campaña electoral de los citados comicios. "La deuda que el citado partido habría contraído con la mercantil se habría abonado de forma opaca en efectivo por aquél, sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria", señala el magistrado en el auto.

Pedreira también añade que "esa deuda del PPCV --en cuantía de, al menos, 345.200 euros--, habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market a sus sociedades". "Facturas que, en consecuencia, reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles y que de acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa, se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al PP de la Comunidad Valencia en cuanto cancelan una deuda de éste".

IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN Y COHECHO PROPIO

No obstante, en el auto, se solicita la acumulación al TSJCV por causa de conexidad de los delitos investigados contra la Administración pública cometidos en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana. En concreto, el juez alude a un informe de la unidad de auxilio judicial del 13 de abril de 2010 en el que se ponen de manifiesto diversas irregularidades en dicha contratación, en cuyos expedientes intervinieron algunos de los imputados en el procedimiento que se sigue en Valencia.

Indica que las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías de la Generalitat valenciana. Entre otros datos, la intervención expone la preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el Gabinete del Presidente.

Además, el juez se refiere a un informe de la AEAT de 6 de mayo de 2010 que pone de manifiesto diversas irregularidades en la contratación, contabilización y facturación entre Orange Market S.L. y el PP de la Comunidad Valenciana. "La participación de Ricardo Costa Climent en estos hechos podría determinar una diferente valoración jurídica de los regalos percibidos por el mismo, y que son objeto del procedimiento tramitado ante el TSJ de Valencia".

PLANTEA COMPROBAR RELACIÓN ENTRE REGALOS Y CAMPS

Por otra parte, consta en el auto el avance producido en los últimos meses en el análisis de la documentación hallada en los registros practicados y en la documentación remitida por distintos entes públicos, ofrece "nuevos datos y determina una valoración nueva de los hechos objeto de esta causa en orden a la atribución de la competencia".

Así, resalta que "la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento" de Valencia impone "su investigación conjunta con la contratación de Orange Market S.L., tanto con el PP de Valencia como con la Administración de dicha comunidad autónoma", a fin de "comprobar la posible relación entre los regalos investigados en el procedimiento tramitado ante el TSJ de Valencia y los cargos que ocupaban en el PP y en la Generalitat valenciana Rafael Betoret; Víctor Campos; Ricardo Costa y Francisco Camps".

DELITOS CONTRA LA HACIENDA

Asimismo, el juez cita de nuevo el informe de la unidad de auxilio judicial de la AEAT de 6 de mayo de 2010 para corroborar los datos y conclusiones expuestos por la unidad de auxilio judicial de la UDEF, de 31 de julio de 2009, respecto a la facturación en el años 2007, de la mercantil Orange Market S.L. al PP de la Comunidad Valenciana.

El instructor entiende que los hechos expuestos podrían ser constitutivos de dos delitos electorales sancionados por el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General; de delitos contra la Hacienda Pública por el IVA y el Impuesto sobre Sociedades de 2007 de la sociedad Orange Market S.L. y de delito de falsedad documental.

"Una de las personas que aparece como partícipe en estos delitos es Ricardo Costa Climent", a quien se le imputa en Valencia la percepción de regalos por parte de responsables de Orange Market. Por esas dádivas, uno de los delitos que se le imputan es el de cohecho.





* Levante-emv - 26.05.10
Foto: Barberá, Camps y la esposa de éste, Isabel Bas, el sábado en un acto en Valencia- CARLES FRANCESC - elpais.com

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La Fiscalía ve un nuevo urbanismo ilegal con casas prefabricadas

ELCORREOWEB/Andalucía* : La red de fiscales especializados en delitos urbanísticos destaca, en su memoria de 2009, una mayor conciencia en los ayuntamientos para perseguir y denunciar las construcciones ilegales. Frente al descenso de 2008 por la crisis del ladrillo, las causas incoadas han aumentado, en parte por ese mayor control. Sin embargo alertan de nuevas estrategias para burlar la legislación en materia de ordenación del territorio y en concreto aluden a la "proliferación" de auténticas urbanizaciones de casas prefabricadas con vocación de permanencia incluso en espacios protegidos como el Parque Natural del Estrecho.

El fiscal delegado de medio ambiente, urbanismo y patrimonio de Cádiz reseña la "creciente tendencia de colocar casas prefabricadas de importantes dimensiones en zonas del Parque Natural y en terreno no urbanizable" no fijadas al terreno sobre plataformas de hormigón pero equipadas con infraestructuras de agua y luz que hacen su movilidad "relativa" e indican una "vocación de permanencia" cuyo fin es "eludir las consecuencias penales". "El efecto práctico es que el uso de la casa es permanente y con vocación de permanencia futura y el impacto medioambiental que este tipo de viviendas está representando es muy importante", concluye.

Su colega de Huelva alerta del "aumento de supuestos donde se colocan casas prefabricadas de madera o similar en parcelas de suelo rústico" y alude a casos en la playa de Matalascañas y al "ejemplo más extremo" detectado por el Seprona de "una finca en Villalba del Alcor donde existían más de una decena de estas casas y se estaban empezando a construir piscinas".

La memoria insiste en reclamar unos criterios homogéneos entre tribunales a la hora de enjuiciar estos delitos -el fiscal de Córdoba alude a un intento fracasado en su provincia- porque la heterogeneidad actual genera "incertidumbre e inseguridad jurídica". Y denuncia la falta de medios personales y técnicos como peritos para hacer informes sobre causas muy complejas.

Pero su principal crítica es que, si bien hay más disponibilidad en los jueces a ordenar la paralización cautelar de edificaciones bajo sospecha, llegan tarde con las obras casi culminadas.

Las condenas que incluyen la orden del derribo son aún escasas y las que se dictan son difíciles de ejecutar. Son prácticamente inexistentes los casos en los que el promotor o propietario condenado se hace cargo, especialmente los extranjeros que las tienen como segundas residencias por la dificultad de hacerles llegar los avisos y fallos judiciales. La Fiscalía también revela que los ayuntamientos tienden a dilatarlo y eludir hacerlo.

La memoria destaca la frecuente implicación de alcaldes y concejales en este tipo de delitos y da cuenta exhaustiva de casos como el de Atarfe (Granada) -cuyo regidor burla la ley usando el instrumento del estudio de detalle para modificar los planes parciales- o la imputación de cuatro regidores de Jaén por prevaricación o la omisión del deber de perseguir el delito. Pero advierte "cierto retraso en el enjuiciamiento" de delitos cometidos por autoridades o que afectan a promociones múltiples de viviendas. El fiscal de Almería da un dato:en 34 procedimientos abiertos con 14 alcaldes implicados y seis autoridades municipales aún no hay ningún regidor enjuiciado.

El ministerio público también ve en los regidores "modus operandi" coincidentes para modificar el planeamiento sin control en base a determinados intereses e, incluso, para legalizar construcciones doblegándose a la presión ejercida desde grupos de propietarios constituidos en auténticos "lobbys".





* El Correo web - 26.05.10
Foto: Las infraestructuras de las casas prefabricadas indican su voluntad de permanencia. - El Correo


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Lanzarote: Una llama contra la corrupción

LAPROVINCIA* : El pueblo está harto de tantos corruptos". Una frase escrita sobre un enorme rollo de papel, que será entregado por los miembros de la plataforma ciudadana Jable en el Ayuntamiento de Arrecife y en el Cabildo de Lanzarote, resume el sentir de los más de 1.000 lanzaroteños que en las últimas semanas han firmado el manifiesto en el que se exige a las instituciones y a los partidos que aparten de sus puestos a todos aquellos cargos y trabajadores públicos que sean imputados por la justicia tras detectar indicios racionales de haber cometidos algún delito en el aprovechamiento de su función.

Lanzarote vivió ayer su particular aniversario del inicio de la operación Unión contra la corrupción. La recogida de firmas por la plataforma cívica Jable (creada a raíz de la concentración ciudadana del pasado 30 de abril después de la nueva fase de la operación Unión), la presentación de una nueva asociación contra la corrupción urbanística y la vigilia ante los Juzgados de Arrecife convocada por Alternativa Ciudadana para pedir "que no se apague la llama de la justicia" fueron los tres actos organizados por estos colectivos para celebrar esta especial efemérides.

Los miembros de Alternativa Ciudadana hicieron ayer un llamamiento a la movilización de los lanzaroteños. "Ahora les toca a ellos situar políticamente a esos personajes que han hecho tanto mal a lo largo de muchos años y que hay que reflexionar para erradicar de la Isla ciertas formas de hacer política. Ahora toca que los ciudadanos confirmen esa voluntad en los próximos comicios de 2001", señalaron.

Por su parte, los integrantes de la plataforma Jable agradecieron la labor desempeñada por los fiscales Ignacio Stampa y Javier Ródenas y "nuestro respeto y admiración por el trabajo del magistrado César Romero Pamparacuatro, juez titular del juzgado número cinco de Arrecife, extensiva a los funcionarios de su juzgado, por habernos regalado una oportunidad de futuro para nuestros hijos al terminar con el manto de impunidad que cubría los delitos asociados a la corrupción en Lanzarote".

Dentro de la presentación de la asociación Transparencia Urbanística, que tuvo lugar anoche en Arrecife, se llevó a cabo una mesa redonda titulada Cómo afecta la corrupción al bolsillo de los ciudadanos en la que participaron el ex eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, el presidente de Federación Española de Asociaciones de Defensa de los Derechos Humanos y en contra de los Atropellos Urbanísticos y Medioambientales, Enrique Climent y el presidente de la asociación Transparencia Internacional-España, Jesús Lizcano.





* La Provincia - 26.05.10
Foto: Una llama contra la corrupción - laprovincia.es

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Los 'pelotazos' urbanísticos daban a la trama Pretoria una media de 10 millones por operación

LAVANGUARDIA/Barcelona* : El ex alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y el presunto cerebro de la trama de corrupción, Luis García, Luigi, lamentaron en una conversación telefónica que "el Montilla no les da nada" y que para ellos sería preferible que ganara las elecciones catalanas Artur Mas. La conversación, que aparece en el amplio sumario del caso Pretoria, fue grabada el 13 de marzo de 2009, siete meses antes de que el juez Baltasar Garzón ordenara su detención, entre otras personas, en relación con una trama de corrupción urbanística y política en Catalunya.

Aparentemente preocupados por la lentitud con que se estaban cerrando las operaciones que llevaban entre manos, Muñoz y Luigi hablan de "a ver si esta semana cierran algún tema, que ya toca" y el ex alcalde dice que ha tenido una "idea genial", que sería "cargarse el campo de fútbol y poner El Corte Inglés".

En ese momento, se refieren al presidente de la Generalitat, José Montilla, y aseguran, según la transcripción de la converesación de la policía, que "el Montilla no les da nada, que lo mejor es que gane el Mas éste y nos darán más cosas".

Diez millones por operación

'Luigi' cobró ocho millones de euros por su intervención en operaciones inmobiliarias de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. Así consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción de 22 de octubre de 2009, apenas unos días antes de la detención de los implicados en la trama. Luis García fue diputado del PSC durante varios años, partido del que fue finalmente expulsado.

Sin embargo, los 'pelotazos' urbanísticos que orquestraban los implicados reportaban una media de diez millones de euros cada una que iban a parar a los intermediarios y no a los consistorios. Según un informe de la Guardia Civil que se recoge en el sumario del caso, las operaciones inmobiliarias se realizaron entre 2002 y 2009 y seguían siempre un mismo patrón: se parte de un planeamiento urbanístico, "se adjudica por concurso o no una obra a una determinada empresa, esta obra cambia de adjudicataria, se recalifica el terreno en beneficio de esta empresa y en detrimento de los intereses municipales" y se vende a un precio muy superior al constructor que finalmente realiza la obra, un procedimiento que no duraba más de un año.

Como ya adelantó 'La Vanguardia', 'Luigi daba el visto bueno a todas las empresas adjudicatarias de concursos, tratando siempre de que fuera alguna conocida por él. Según estas conversaciones, el ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, otorgaba "un papel relevante" a 'Luigi' en las adjudicaciones de concursos, hasta el punto que daba instrucciones a Manuel Dobarco -ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma y ex presidente de Gramepark- para que informara a 'Luigi' de todos los concursos y todas las empresas que concurrían, sin poder realizar ninguna adjudicación "sin su visto bueno".

Mismo 'modus operandi'

El 'modus operandi' tenía tres variantes: la primera consistía en obtener una comisión de entre el 3% y el 5% por conseguir una determinada obra para una empresa gracias a información privilegiada. Eran trabajos de demolición y similares que formaban parte de un proyecto más complejo dentro del urbanismo de Santa Coloma.

La segunda variante se centra en el ámbito autonómico, con los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. En una ocasión, Prenafeta se llevó "suculentas" comisiones por la compra por parte de Incasòl, organismo que depende de la Generalitat, de unas fincas de la constructora Espais, de otro de los imputados Lluís Casamitjana. En el informe policial se explica que en este caso Prenafeta intercedió "en varias ocasiones" con el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, y con el ex gerente del Incasol Emili Mas, también imputado.

La última variante, prosigue el documento, corresponde a "desarrollos urbanístico de gran calado", donde una empresa o unión temporal de empresas son adjudicatarias de una obra y posteriormente las acciones o participaciones de éstas pasan a ser controladas a través de otras empresas por 'Luigi'. Entonces se recalifica el terreno y el ex diputado "busca y obtiene 'cualificados' inversores que tras la recalificación obtienen un jugoso beneficio cuando se vende el proyecto" a un tercer empresario también conocido y controlado por la trama.

De este modo, proyectos por los que un ayuntamiento ingresaba unos 10 millones de euros pasaban a venderse en poco menos de un año por el doble, beneficios que no recaían en el consistorio sino en Luis García --que luego repartía "a veces sí y a veces no"--, también a Lluís Prenafeta para que repartiera al 33% con Alavedra y García, y a distintas autoridades como el ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, que se embolsó con una sola operación un millón de euros.

Blanqueo de capitales

El delito de blanqueo de capitales --que se imputa a varios de los participantes de la trama-- deriva de las comisiones obtenidas. Así, según la Fiscalía, este blanqueo se realizaba de dos modos distintos. Por un lado, la adquisición de obras de arte o la reinversión de las comisiones en otras operaciones y, por el otro, las inversiones en paraísos fiscales, como las Islas Caimán.

De hecho, la Guardia Civil intervino 164 obras de arte en el domicilio de Luis García, en la calle Portaferrissa de Barcelona, otros 68 cuadros en el domicilio de la sociedad Capital City Consulting, en la calle Valencia, en presencia del cuñado de García, Wenceslao Manzanares; y otros 24 cuadros en el que consta como domicilio de la mujer de García, en la calle Guitard.

Según ese informe incluido en el sumario, los ex altos cargos de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra habrían cobrado otros 637.590 euros en cada uno por comisiones por dichas operaciones urbanísticas en municipios del área metropolitana de Barcelona, si bien algunas fuentes aseguran que las comisiones reportaban una media de diez millones de euros que iban a parar a los intermediarios y no a los consistorios.

Asimismo, el ex director del Plan Metropolitano de Barcelona, Genís Carbó, también imputado en la causa, se embolsó cerca de 244.000 euros en comisiones, según revela el informe de la Fiscalía, basado en las investigaciones de la Guardia Civil y las escuchas telefónicas de los imputados.

En la operación Niesma, se estima que hubo "un trato de favor" del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres hacia la empresa Niesma porque se aceleraron trámites de modificación del plan urbanístico, favoreciendo sus intereses en la compraventa de los terrenos. El negocio que hizo la trama en la operación Badalona está muy relacionada con la modificación puntual del plan especial Marina Badalona llevada a cabo por el Ayuntamiento.

Prenafeta tenía cuadros por valor de 13 millones de euros

Una tasación hallada en el domicilio de Prenafeta durante un registro refleja que el ex político de CiU tenía cuadros valorados en al menos unos trece millones de euros.

En su declaración ante el juez, incluida en el sumario de este caso, Prenafeta (cuyo nombre aparece en la transcripción como Luis Pera Zeta) asegura que no se trata de una tasación, sino "de una posibilidad de valor", aunque, instantes después, afirma que esa posibilidad -2.200 millones de pesetas por los cuadros- es fruto de la tasación "de alguien".

El ex secretario de Presidencia en los gobiernos de Jordi Pujol explica además al juez que se trata de una valoración por la mitad de los cuadros que posee, y que en parte proceden de herencia y de compras hechas en los últimos años.

LOS DETENIDOS:
Bartomeu Muñoz
· Seis años en Santa Coloma
· Substituto de Manuela de Madre (2002)

Lluís Prenafeta
· Prenafeta deja la política (marzo de 1990)
· Asesor de Pujol (mayo de 1990)
· "Ganaré después de muerto, como el Cid" (marzo de 1990)

Macià Alavedra
· Conseller de Pujol
· Alavedra dimite (julio de 1997)

Luís García
· Acusado de estafa (1999)




* La Vanguardia - 26.05.10
Foto: Barcelona, detenidos operacion Pretoria - lavanguardia.es


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CajaSur: Una herencia enladrillada en la Costa del Sol

SUR/Málaga* : CajaSur se lanzó sin reservas a los brazos del boom inmobiliario. A comienzos de la última década la Costa del Sol era un polo de atracción para inversores de medio mundo, y desde la vecina provincia de Córdoba se orquestó una verdadera invasión de empresas promotoras. La entidad controlada por la Iglesia no se limitó a financiarles la construcción de viviendas en la costa malagueña -que lo hizo, y mucho-, sino que se embarcó en aventuras empresariales junto a Prasa, Arenal 21, ÑXXI y Noriega, entre otras firmas cordobesas del ladrillo.

Las cosas se torcieron para el negocio del ladrillo, pero CajaSur no supo retirarse a tiempo. Hoy acumula cientos de pisos y chalés sin vender a lo largo de toda la costa malagueña, pero sobre todo en la franja que va de Benalmádena a Manilva. Unas viviendas que son herencia de hipotecas ejecutadas a promotores morosos y de actuaciones desarrolladas por sus propias empresas participadas.
Quermes, la inmobiliaria propiedad de CajaSur a través de la cual está intentando vender su 'stock' de vivienda, oferta en su página web un total de 157 inmuebles ya construidos en distintos puntos de la provincia. La mayor parte se encuadra en dos grandes promociones claramente pensadas para el turismo residencial: Benalmádena Golf y Residencial Duquesa, en Manilva. Ambas pertenecen a Prienesur, antes llamada Arenal Sur 21, la sociedad que CajaSur montó a medias con Rafael Gómez 'Sandokán'. Tras promover más de dos mil pisos en la Costa del Sol, la entidad cordobesa tuvo que comprar en 2006 el 50% del capital que no controlaba, obligada por el Banco de España. Lejos de conseguir venderla en seguida, como era su intención, la caja ahora intervenida ha tenido que seguir desembolsando grandes cantidades de dinero para mantener a flote Prienesur.
No ha sido ésta la única 'joint venture' de CajaSur en Málaga. Fruto de su activa política de participaciones empresariales nacieron también Prasur, montada a medias con Prasa, de la que la caja cordobesa consiguió salir el año pasado; ÑXXI Selwo-Estepona (al 50% con ÑXXI), que tras edificar un conjunto de alrededor de 70 viviendas en Benahavís se declaró recientemente en concurso de acreedores; o Gabialsur (también al 50% con otro promotor), artífice de la inacabada urbanización San Rafael del Mayorazgo en la capital malagueña, que también está en suspensión de pagos.
Residencias
Pero CajaSur no se ha limitado poner ladrillos en la Costa del Sol. El negocio de los geriátricos también ha captado su atención. De la mano de Prasa se embarcó en Sanyres Sur, una cadena de centros de la tercera edad que tenía la vocación de convertirse en el líder andaluz de su sector, y cuyos planes de expansión se han visto frenados por la crisis. Hace unos meses, la firma -de la que CajaSur posee un 33% del capital- cerró una de sus dos residencias en Marbella, donde también ha dejado en el aire la construcción de un tercer centro que tenía previsto. Además, ha descartado por ahora construir un segundo centro en Málaga capital, donde ya cuenta con uno en El Limonar -que se suma a los de Benalmádena y Puerto Banús-.
Por otra parte, CajaSur participa, al igual que Cajamar o Unicaja, en la sociedad de inversiones malagueña M Capital, que cuenta entre sus sociedades participadas a Antequera Golf o Multiservicios Sirio.

SUS NEGOCIOS EN MÁLAGA
Prasur. Sociedad que creó a medias con la promotora cordobesa Prasa para edificar viviendas en Málaga, Huelva y Madrid. CajaSur vendió su parte a Prasa en 2009.
Prienesur. Pertenece al 100% a CajaSur después de que el Banco de España le obligara a adquirir el 50% que pertenecía a Arenal 21. Tiene dos grandes promociones en Benalmádena y Manilva.
ÑXXI Selwo-Estepona. Promotora creada al 50% con ÑXXI que llegó a edificar un conjunto residencial en Benahavís antes de declararse en concurso de acreedores.
Gabialsur. Participada al 50% por CajaSur, afronta un proceso concursal sin haber podido terminar la urbanización San Rafael del Mayorazgo, en Málaga capital.
Sanyres Sur. CajaSur tiene el 33% en esta cadena de centros geriátricos liderada por Prasa.
M Capital. Sociedad de inversiones con sede en Málaga de la que CajaSur posee un 16,76%.




* SUR - 25.05.10
Foto: Estepona (Málaga), demolición hotel de Prasa - diariosur.es

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