LAPROVINCIA/GranCanaria* : Los juzgados siguen marcando la pauta política en Telde. Una querella presentada por el actual grupo de gobierno (NC, PSOE y CCN) contra la segregación y subasta de una parte de la parcela P-1 de La Mareta, junto a la fachada sur de Alcampo, se ha saldado con una nueva imputación al ex alcalde Francisco Valido. Al ex regidor del PP se le imputa un presunto delito de prevaricación al encabezar la Junta de Gobierno que en 2005 bendijo esta operación y con esta son ya cuatro las causas en las que está inmerso si se recuerdan Faycán, Calero y el edificio de Jinámar. En estas dos últimas, al igual que en el caso de La Mareta, su alusión en los juzgados obedece al papel jugado como miembro de un órgano, el de la Junta de Gobierno, del que formaban parte otros ediles.
De hecho, en esta última causa también se les imputa el cargo de prevaricación a los ex concejales José Suárez (PP) y Raquel León (Ciuca), al igual que a los ediles Carmelo y Guillermo Reyes, también de Ciuca. El ex titular de Urbanismo acumula ya también imputaciones en siete casos y todos ellos han sido citados a declarar la próxima semana ante la jueza Natalia Bayoll, que lleva el asunto en el juzgado número 4 de la ciudad. En realidad, Valido acudió ayer a la citada sede judicial para solicitar que se pospusiera su interrogatorio con el ánimo de estudiar el expediente.
Tras este trámite, el ex alcalde señaló que se sentía de nuevo "triste al ver cómo se sigue judicializando la vida política de Telde". Valido afirmó tener "la conciencia tranquila porque todo lo que aprobé en Junta de Gobierno se hizo con informes técnicos y jurídicos favorables".
"Me gustaría que se hablase de cosas positivas. Parece que la política se hace ahora en los juzgados y cada vez tengo menos ganas de volver al ruedo. Si me he metido en esto ha sido para hacer cosas, no para pelearme con todo el mundo", concluyó.
Nunca llegó a desvelar qué quería hacer en estos terrenos, los mismos en los que se concentró la mayor parte de la edificabilidad de la parcela matriz, pero cuando pidió licencia para realizar los movimientos de tierras se la denegaron. Luego cambió el gobierno y el tripartito entendió que la división de la parcela se había hecho de forma ilícita. La subasta se anuló tras una revisión de oficio en 2008. Y ahora el gobierno ha llevado el caso a los tribunales.
* La Provincia - 30.10.10
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DIARIODEJEREZ* : A la tercera, fue la vencida. Ayer por la mañana prestó declaración, ante la titular del Juzgado 1 de El Puerto, el jefe de Licencias del Ayuntamiento de El Puerto, Fernando Jiménez Fornell, en calidad de imputado en una supuesta trama para la regularización de viviendas ilegales que la Guardia Civil puso al descubierto con la Operación Tequila. El funcionario municipal, que está imputado en la causa junto al ex alcalde portuense, Hernán Díaz, el ex edil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, y su novia, la delineante del área Milagros Trigo, dos arquitectos y varias personas más, hasta un total de 12, había sido citado anteriormente en dos ocasiones para prestar declaración, no haciéndolo finalmente.
Su abogado había solicitado la suspensión de su comparecencia ayer, alegando que tenía que declarar en otro Juzgado por otro asunto, si bien la magistrada rechazó la petición.
Según los agentes del Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil (que realizaron la investigación, tras una denuncia de Izquierda Unida), la supuesta trama articulaba todos los permisos a través del estudio de arquitectura Tec, al frente del cual está la novia de Jiménez Fornell.
Arquitectos que trabajaban para Tec (como Isabel Ruiz Vázquez y Arturo Márquez Bailón, también imputados) hacían los proyectos de legalización, que recibían después informes favorables del jefe de Licencias, entonces también jefe de Disciplina. Urbanística. Luego, Díaz o Rodríguez, según la investigación, concedían las licencias o legalizaciones requeridas: firmándolas o por silencio administrativo, tras dejar pasar tres meses, entre 2004 y 2007.
* Diario de Jerez - 30.10.10
Foto: Ayuntamiento- wikipedia
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LNE* : Un grupo de vecinos de El Muselín se manifestó ayer con varias pancartas en la glorieta situada junto a la Casa del Mar para denunciar «el expolio» de su barrio que, según dicen, prevé el Plan General de Ordenación (PGO). Los afectados arremetieron de este modo contra el proyecto municipal de convertir a largo plazo la ladera que habitan en una zona verde. El colectivo de residentes, presidido por Ángel Piñera, retomó de esta forma sus movilizaciones tras presentar, el pasado día 22 de noviembre, un conjunto de alegaciones contra el planeamiento urbanístico del Ayuntamiento. En estos escritos denunciaron «la falsedad» de los informes geológicos que aconsejan eliminar esta zona residencial por supuestos peligros de derrumbe.
Los residentes en El Muselín fundaron hace unos meses su asociación vecinal para defender sus intereses frente a la política urbanística que impulsa el Ayuntamiento. Desde entonces, han mantenido varias reuniones con responsables del área de Urbanismo sin llegar a ningún acuerdo. Por este motivo, y con el objetivo de dar mayor fuerza a sus demandas, decidieron integrarse en la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural «Les Caseríes» y, hace unos días, presentaron alegaciones al PGO. En estos recursos contradicen los estudios que el gobierno local esgrime para la eliminación del barrio, al recalificarlo como sistema general de espacio verde, y que fueron elaborados por David Villar García y Geocivil. A cambio, se ofrece la posibilidad de realojar en nuevos pisos a los actuales moradores de las propiedades afectadas. «Un intento de exterminarnos», según defiende la organización presidida por Piñera.
Frente a estos informes, los afectados han encargado los suyos propios, de los que se desprende que no existe riesgo de desprendimiento en la mayoría de los taludes analizados. Además, entienden que las grietas en algunas viviendas de El Muselín se deben a «su antigüedad», ya que tienen más de un siglo. De esta forma, pretenden evitar que «acaben con nuestras casas sin darnos una explicación al respecto».
La protesta de ayer se suma a las numerosas que han protagonizado durante los últimos meses los habitantes del barrio, especialmente en actos públicos en los que participan miembros del gobierno local o para frenar las excavaciones que una empresa llevaba a cabo en una de las laderas próximas al barrio con el propósito de transportar material de relleno a las obras de ampliación de El Musel. Aunque las pancartas fueron retiradas poco tiempo después por varios agentes de la Policía Local, la asociación tiene previsto continuar con sus quejas en un futuro inmediato. De esta forma, pretende evitar que un espacio habitado desde hace décadas se convierta en un parque.
* LNE - 31.10.10
Foto: Cuatro de los manifestantes sostienen una pancarta en la glorieta que da acceso al puerto de El Musel. lne
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LAOPINIÓN/Málaga* : Un empresario de Estepona ha asegurado ante el instructor del caso Astapa, contra la corrupción en dicho municipio, que no se le concedió licencia para la construcción de un aparcamiento porque se negó a pagar los 200.000 euros que le pidió uno de los imputados en la trama. Según el tomo 37 del sumario, al que ha tenido acceso Efe, este empresario solicitó en 2001 una licencia para construir un aparcamiento para camiones en la zona conocida como Los Polvitos. A finales de enero de 2003 se le concedió el citado permiso, por lo que inició las obras, que fueron interrumpidas en agosto de ese mismo año por decreto del Ayuntamiento.
El empresario ha expresado que no le fue concedida la licencia porque se negó a aportar los 200.000 euros que le pidió el primo del ex alcalde Antonio Barrientos y miembro del gabinete de alcaldía, Carlos Barrientos, imputado en esta causa por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Ante esta paralización, la empresa recurrió y después de que desde el departamento municipal de Disciplina Urbanística se le diera la razón, se le volvió a conceder la licencia que finalmente el Ayuntamiento extinguió en noviembre de 2004 lo que motivó una reclamación administrativa aún está pendiente de resolución.
* la Opinión Málaga - 31.10.10
Foto: Estepona (Málaga), derribo hotel Prasa (archivo) - diariosur.es
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LAVOZ/A Coruña* : La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) confirmó ayer la demolición de una vivienda unifamiliar en el lugar de Os Areos, en la parroquia carballesa de Noicela, debido a que se encontraba en suelo de protección del espacio natural de Baldaio, «polo que incorría nunha infracción de carácter moi grave», explica el comunicado difundido por la Xunta. Los propietarios del edificio realizaron el derribo de forma voluntaria, después de un largo proceso administrativo iniciado en el año 2003 y que acarreó desde entonces el pago de tres multas coercitivas por un total de 4.000 euros.
«A primeira das resolucións -señalan desde la Administración autonómica- data do 29 de setembro do 2003, e nela indicábanse a suspensión de obras e a incoación de expediente como consecuncia dunha denuncia formulada polo Concello de Carballo, momento -aclara- no que o interesado podería interpoñer un recurso de reposición se estaba en desacordo co ditame», algo que, según se desprende de la nota oficial, no hizo.
En febrero del 2004, la APLU emitió una nueva resolución que declaraba las obras ilegalizables «por resultar incompatibles co ordenamento urbanístico, e ordenou a demolición das mesmas. Esta resolución xa foi firme -señala- por non ter presentado o interesado un recurso de reposición nin contencioso administrativo». El 18 de mayo del 2004, finalizado el plazo de tres meses para que se ejecutase la demolición, se impuso la primera sanción, por importe de 1.000 euros, a los promotores de la vivienda. «Nese tempo, o Servizo Provincial de Urbanismo procedeu a comprobar se se repuxera a legalidade, comprobando que a demolición era incompleta», explican desde la Xunta.
En octubre de ese mismo año, La Voz de Galicia publicó una información sobre infracciones urbanísticas en la zona costera en las que, precisamente, se hacía alusión al reciente derribo de la casa de Os Areos, que, por lo que se desprende de la actuación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, no llegó a completarse. De hecho, y según el comunicado difundido ayer, el 29 de diciembre del 2006 se impuso otra multa de 1.000 euros a los propietarios. La tercera y última, por importe de 2.000 euros, data del 17 de marzo del 2009. «Finalmente, a APLU dispuxo a execución do inmoble, procedéndose á mesma e obténdose a comprobación por parte da unidade de Policía adscrita á comunidade autónoma de Galicia o pasado 2 de agosto deste mesmo ano», concluye la versión de la Xunta.
En esa misma zona, según confirmaron desde la Oficina Técnica Municipal de Carballo, existen otros muchos expedientes abiertos por infracciones similares, por lo que parece probable que antes o después tenga que procederse a la demolición de otras construcciones ilegales.
* La Voz de Galicia - 31.10.10
Foto: La imagen de archivo corresponde a la obra ejecutada en el 2003 - la voz de galicia
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ELPAÍS* : Empresarios implicados en el caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja) se financiaron con fondos ocultos en paraísos fiscales para llevar a cabo sus operaciones, vinculadas básicamente con la creación de firmas tapadera para optar a contratas. En este apartado, de acuerdo con un escrito del fiscal anticorrupción incluido en el sumario, destacan las operaciones realizadas por el industrial Ángel Fenoll, cabecilla de la trama, y Rafael Gregori, empresario de automoción y amigo de José Joaquín Ripoll. Gregori, según la policía, actuó como intermediario de los muñidores de la trama: Ripoll, Fenoll y el contratista Enrique Ortiz.
El fiscal asegura que tanto Fenoll como Gregori recurrieron a fondos ocultos en paraísos fiscales, en concreto en Suiza. El ministerio público señala al menos tres casos: la constitución de una firma para gestionar la UTE adjudicataria de la contrata del plan zonal, la falsificación de dos empresas por parte de Fenoll para hacerse con la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela, y la creación de otra sociedad entre Fenoll y Gregori para optar a adjudicaciones de obra pública. El ministerio público estima que el volumen de esas operaciones financieras ronda los 10 millones.
Por otra parte, las diligencias del caso Brugal referente a la pieza que investiga supuestas irregularidades en la financiación de la Fundación del Hércules revelan, al menos otras cuatro irregularidades. Según el fiscal, estas ilegalidades están relacionadas con la Diputación, "y más en concreto con el diputado provincial de Infraestructuras, Carlos Mazón [en la actualidad, Mazón es director general de la Cámara de Comercio de Alicante]".
En este apartado el informe policial destaca el presunto desvío de dinero de Hércules CF a su propia fundación "para eludir el embargo al que está sometido desde la Hacienda". El Hércules tenía una deuda de 16 millones (sumados los pagos pendientes a la Seguridad Social y Hacienda). La entidad ha saldado la deuda mediante un préstamo avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas.Otra de las irregularidades que revela el informe policial sobre la financiación ilegal de la Fundación del Hércules es que el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, supeditaría una subvención por un importe de 90.000 euros a la entidad "a que Rafael Gregori continúe en ella". En el período de estas escuchas, finales y principios de 2009, Gregori era el presidente del organismo.
El informe también recoge que Ripoll habría conseguido que Enrique Ortiz aportaría 100.000 euros a la Fundación, "siempre y cuando se le concediesen cosas que habría pedido, lo que pudiera estar referido a adjudicaciones potestad del ente provincial", precisa la diligencia judicial.
Y la tercera irregularidad es un intento de crear un entramado de empresas similares "a las de Arosa" para financiar la Fundación en firmas "que Rafael Gregori conoce, citando entre tales empresarios a José Enrique Garrigós Ibáñez y a Federico Moncunill Gallo". Esa operación supuestamente estaría impulsada por Gregori y Mazón. Según el fiscal, estos hechos podrían acarrear "responsabilidades penales en los presuntos delitos de, al menos, cohecho y tráfico de influencias".
Mientras, según informa Europa Press, la policía inició gestiones a raíz de una conversación mantenida entre Jorge Sanz, asesor financiero de Ángel Fenoll con un interlocutor denominado Antonio. En la grabación, este último se jactaba de poder obtener "información privilegiada, directamente desde la oficina del consejero" de Educación, acerca de dónde se situarán las escuelas infantiles.
El informe, señala que el asesor financiero de Ángel Fenoll hablaba con una persona pendiente de identificar, que a su vez hacía referencia a que esa mañana había estado con el padre de una diputada autonómica, parlamentaria (Yolanda García) que durante "casi diez años" fue la "mano derecha" de Alejandro Font de Mora. Esta persona explica al asesor de Fenoll que llama por teléfono en ese momento porque por la mañana estaba delante el padre de la parlamentaria.
La conversación entre Jorge Sanz y Antonio transcurre así:
Antonio. Oye, que esta mañana no te lo he querido comentar porque estaba este hombre aquí delante, pero te lo quería comentar ahora.
Jorge. Dime.
A. Vamos a ver este, Ramón, su hija es diputada de la Generalitat, sí bueno de ahí, de la Generalitat de las Cortes Valencianas, ¿vale?
J. Sí
A. Y ahora mismo ella se ha tirado casi diez años siendo la mano derecha de Font de Mora.
J. ¿De cómo?
A. Del Font de Mora.
J. No te oigo nada.
A. Del Font de Mora, Font de Mora. Jorge, Jorge ¿te has conectado el silencio?
J. No, me he ido al despacho más grande, que este es el calabozo que tiene luz, el otro no tiene luz. Este es interior.
A. Pues nada, escúchame, la hijita de Ramón la han hecho diputada en la última movida esta, diputada de las Cortes Valencianas.
J. Ajá.
A. Ese es el conseller de Educación y Ciencia, vale. Entonces lo primero que vamos a hacer, ya verás como salga, es preparar las escuelas infantiles no los colegios públicos. En los colegios públicos hay una UTE, ahí que está Ortiz metido, es semiestatal y tal ¿vale? Bueno ahí se reparten el bollo antes de haber hecho el presupuesto. Ya se han hecho la repartición de beneficios, pero a lo que no se meten ellos es a las escuelas infantiles.
J. Pues vale un montón.
A. Hay que hacer un montón porque hay que escolarizar a un montón de niños. Bueno entonces como vamos a funcionar, información privilegiada directamente desde la oficina del conseller, despacho del conseller: dónde van las escuelas infantiles con ocho meses, seis meses, cinco meses de antelación, antes de que lo sepan los alcaldes.
La Consejería de Educación calificó ayer de "absurdo" que el tal Antonio pudiera disponer de "información privilegiada", ya que este departamento "no construye escuelas infantiles". "Educación construye colegios y están todos en el plan CreaEscola: no es ningún secreto", añadió.
Por otro lado, José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal por cinco supuestos delitos, ha defendido que los políticos son "personas honradas" y ha pedido celeridad a la justicia "porque sospechar se puede sospechar hasta del lucero del alba".
* El País - 30.10.10
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
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CASTELLS, Manuel; HALL, Peter* : La estructura de ciudades y regiones está siendo profundamente modificada y condicionada en su dinámica de crecimiento por la interacción de tres grandes procesos históricos: la revolución tecnológica, la formación de una economía global y el surgimiento de una forma informacional de producción económica y gestión. Las tecnópolis, centros planificados para la promoción de la industria de alta tecnología, son la realidad de estas transformaciones fundamentales, que redefinen las condiciones y los procesos del desarrollo local y regional. Al generar los materiales básicos de la economía informacional, las tecnópolis constituyen las minas y fundiciones de la era informacional y, sin embargo, han recibido menor atención que sus equivalentes de la economía industrial.
Tecnópolis es la primera investigación completa del desarrollo planificado en todas sus manifestaciones: parques y ciudades de la ciencia, tecnópolis nacionales y programas de tecnocinturones. Los estudios individuales, del Silicon Valley a Siberia, del Corredor M 4 a Corea y Taiwan, refieren cómo se inician las tecnópolis, cómo cobran forma, qué es lo que cada una se esfuerza por conseguir y hasta qué punto lo consigue.
Al abarcar un gran número de conceptos distintos, y unos cuantos mitos, Tecnópolis extrae lecciones de sus éxitos y de sus fracasos, sugiriendo pautas de acción a los planificadores y urbanistas nacionales, regionales y locales de todo el mundo.
* Observatorio de prácticas artísticas y ciudadanas - 19.10.10.10
Foto: Tecnópolis del mundo (Libro M.Castells) - Observatorio Prácticas Artísticas
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