Viñeta Forges, Gürtel pirámides - elpais 13feb11
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Ecologistas demanda a Gallardón por un delito contra el medio ambiente
El delito del que acusan a Gallardón y Botella está castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. El portavoz de esta organización, Paco Segura, que ha presentado la denuncia a las 11.00 los juzgados de plaza de Castilla, ha explicado que, tal y como reconoció la propia Botella, Madrid superó en 2010 los límites legales de contaminación para el dióxido de nitrógeno (NO2). La organización argumenta que, de acuerdo con los datos del Consistorio, 18 de las 24 estaciones de medición rebasaron el valor tope anual de este gas irritante de las vías respiratorias que producen principalmente los vehículos de motor, fijado en 40 microgramos por metro cúbico, y registraron un valor medio de la red de 44 microgramos.
Además, seis estaciones rebasaron el valor límite horario de NO2 en 2010 en más de 18 ocasiones. La estación de Fernández Ladreda registró 76 superaciones del valor límite horario de NO2, cuatro veces por encima de las superaciones permitidas; y la estación de Ramón y Cajal, además de registrar 68 superaciones del valor límite horario, registró dos superaciones de los 400 microgramos por metro cúbico. Para la organización ecologista, "nada de esto fue fortuito o imprevisible", ya que desde el año 2001, cuando entró en vigor en la UE la actual legislación sobre calidad del aire, "Madrid viene superando los límites legales para este contaminante sin que se tomen las medidas adecuadas para evitarlo. Por ello, si no se adoptaban actuaciones más drásticas de reducción del tráfico, era esperable que en 2010 volviéramos a superar los límites legales, y así ha ocurrido", indica la organización.
La estrategia que nunca se aplicó
Segura se ha mostrado indignado con Gallardón, al que acusa de mantener una actitud "inmoral" en este "grave problema que afecta a todos los ciudadanos". Ecologistas espera que, con esta denuncia penal, se tomen medidas contra estos responsables políticos "para que se consiga cuanto antes lo que desde hace años es una quimera: respirar aire limpio en Madrid". "Confiamos en que la vía judicial prospere, si no, qué otro recurso nos queda", ha añadido el portavoz.
¿Ha hecho algo por el aire el Ayuntamiento? Hace cinco años, presentó un ambicioso documento de 267 páginas que recogía todas las acciones relacionadas con la contaminación a las que se comprometía hasta 2010. Sin embargo, esta llamada Estrategia local de calidad del aire, que debía haber entrado en vigor en 2008, fue aplazada por Botella a 2010, que pasó sin novedades al respecto. Entre las medidas del documento, la más ambiciosa era la creación de "zonas de emisión baja", es decir, limitaciones de acceso a los vehículos más contaminantes a determinadas áreas del centro, entre ellos los paseos de Recoletos y Prado, las rondas, las calles de Bailén y Ferraz, el paseo de Pintor Rosales, Génova... Además, el alcalde planteó construir una red de aparcamientos disuasorios de los que nunca más se supo.
El año nuevo comenzó con Botella -que niega que la calidad del aire sea mala, en contra de los que opina la ministra del ramo, Rosa Aguilar- admitiendo que se superaron los límites legales de contaminación. El anticiclón que cubre la Península desde hace 11 días, sumado al ambiente preelectoral, ha hecho que la contaminación se sitúe en un primerísimo primer plano, no sólo en Madrid. Barcelona y Valencia están siendo investigadas también por el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher. El año comenzó también con el cambio de algunas estaciones de medición a lugares menos contaminados y la supresión de otras, medida que el Consistorio justifica en la directiva europea. Sin embargo, Vercher considera que es un ardid para enmascarar la polución. Vercher mandó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil a que instalara sus propias estaciones en algunos de los lugares ignorados por el consistorio. El resultado, según Vercher, es que apenas se ha dado "una mejora de la calidad del aire", en contra de lo que aseguran Gallardón y Botella. Hasta la ministra Aguilar también reprendió a Madrid "por hacerse trampas al solitario".
¿Qué hacemos con los coches?
El Ayuntamiento alega que no es cierto que en estos años no hayan tomado medidas. Sus portavoces, con el alcalde a la cabeza, citan en genérico "el impulso de las energías renovables" y "el fomento del transporte público". Hablan también del estacionamiento regulado, de los cargadores en superficie para coches eléctricos -una opción con mucho futuro pero poco presente- de la costosa reforma de la M-30 y de la peatonalización de calles como Fuencarral y la Red de San Luis. Gallardón no quiere ni oír hablar de limitar el tráfico. Alega razones económicas, pero a nadie se le escapa que es una medida que sería acogida con júbilo por los preocupados por el medio ambiente pero que sentaría fatal a gran parte de los ciudadanos en vísperas del 22-M. La asociación reclama el cierre al tráfico de algunas calles, entre otras medidas, ya que a su juicio, pedir a los ciudadanos que cojan menos el coche, como rezan los luminosos de la M-30 desde hace dos días, "no basta".
Un problema regional
Pero a Ecologistas no le preocupa solo del aire de Madrid, porque el problema se extiende al resto de la región. La asociación presentó ayer el informe La Calidad del Aire en la Comunidad de Madrid 2010, que adelantó el día anterior este periódico. El estudio concluye que Leganés y Coslada también superan los límites legales de contaminación establecidos por la UE. Leganés (a 11 kilómetros al suroeste de la capital y con 189.424 habitantes) registró una media anual de 44 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2, un gas irritante producto del tráfico), igual que la ciudad de Madrid.
Coslada (al este y con 90.280 habitantes) sobrepasa aún más los límites y llega a 46 microgramos. El informe también denuncia que los altos índices de contaminación de Madrid elevan la mortalidad y los ingresos hospitalarios entre los ciudadanos en un 5%.
* El País - 11.02.11
Foto: Madrid, polución atmosférica - madridiario
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Ayamonte.- Las pesquisas se centran en la ocupación de zonas verdes y primera línea de playa
El dilatado espacio temporal que abarca la investigación incluiría el proceso de compra-venta de los terrenos y fincas donde se asienta Isla Canela, muchos de los cuales provocaron protestas, expropiaciones a los colonos que ocupaban la isla , cambios de uso del suelo de turístico a residencial y de rústico a urbanizable además de multiplicarse el valor de muchas de las parcelas que se comercializaron durante los años previos al boom inmobiliario que ha culminado, de momento, con la construcción de más de 10.000 viviendas (4.000 de ellas en el entorno del paraje protegido de la Isla) en la Puerta de España.
La investigación que mantiene abierta el Juzgado número 3 de Ayamonte deberá revisar ahora decenas de planos municipales y procedimientos urbanísticos para determinar si existen irregularidades.
La lupa judicial repasará las denuncias que a lo largo de los últimos 17 años se han ido acumulando desde partidos políticos, particulares y grupos ecologistas.
Una de las zonas más problemáticas se refiere a las construcciones en primera línea de playa y ocupación de zonas verdes que fueron denunciadas por Ecologistas en Acción. Alguna de estas causas fueron archivadas al no encontrarse pruebas de las supuestas ilegalidades pero han servido para desenredar el tejido urbanístico que ahora trata de aclarar el Juzgado después de años de cambios de titulares.
Las denuncias de Ecologistas incluían advertencias sobre cambios de calificaciones urbanísticas ideadas supuestamente para conseguir la construcción de viviendas en zonas verdes. Las asociaciones ecologistas locales, Ojo con el Guadiana, también llegaron a criticar la pasividad de la Junta, que no actuó en muchos de los procedimientos urbanísticos municipales. Y eso que Ecologistas denunció el incumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En uno de los escritos que se presentó en su día ante la Fiscalía se resumía que "lo que hicieron los promotores de la recalificación fue redactar un estudio de detalle, que cambia la situación física de las manzanas y zonificación contempladas en el Plan Parcial vigente y además disgrega y desplaza una zona verde de 148.000 metros cuadrados situada en primera línea de playa, en fragmentos o trozos, en contra del interés general, para permitir en dicha zona la construcción de edificios residenciales, todo ello eludiendo cualquier control por parte de la Administración".
Esta denuncia tipo de Ecologistas no fue tenida en cuenta y el Consistorio atendió la licencia de obras que había pedido la promotora Isla Canela SA.
A raíz de estas denuncias, la Junta de Andalucía comienza a interesarse por el ordenamiento urbanístico ayamontino pero no es hasta el 15 de junio de 2010 cuando cuestiona la legalidad del Estudio de Detalle relativo a las parcelas centrales de Isla Canela, en concreto la zona UE-1A del Plan Urbano del Centro de Interés Turístico. En su resolución, la Dirección General de Urbanismo llega a requerir al Consistorio la revisión de un Pleno municipal celebrado en 2004, en el que se dio luz verde a una de las causas urbanísticas abiertas en la urbanización. La Guardia Civil ya estaba tras la pista del 'caso Isla Canela'.
* Huelva Información - 12.01.11
Foto: Protesta de los colonos de Canela en 1998 contra los desalojos de fincas agrícolas que ocupaban y que luego desarrolló Iscasa.- huelvainformacion
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El alcalde de Mondariz certifica una construcción deportiva inexistente
Se trataba de construir dos pistas: una de tenis y la otra, de multideporte, en una área aproximada de 2.050 metros. Había que preparar el terreno (3.016 euros), realizar el firme de las pistas (9.960), montar los cierres (4.133), pintar (2.033), aplicar el microaglomerado en caliente tipo M-10 con betún convencional y, sobre él, la pintura acrílica (14.150), más redes, porterías y otros complementos, hasta llegar a los citados 49.766 euros, de los que Deportes finalmente aportó el 80% y el resto, el Ayuntamiento.
Todo ello se redujo, al cabo, en un remozamiento de las pistas que ya existían en otro enclave próximo. En la fiscalización de la obra, sin embargo, el 12 de noviembre pasado, la interventora municipal se limitó a constatar dos irregularidades: que ningún técnico municipal firmase el proyecto y, por otra parte, que no se había solicitado, con carácter previo a la contratación, la oferta de tres proveedores para la realización de la obra, requisito imprescindible para acceder a la subvención, según la propia convocatoria de la Secretaría Xeral para o Deporte. Ninguna de las dos cosas se corrigió.
La obra fue realizada por Construcciones Vale, de Salvaterra de Miño, que presentó la factura en el Ayuntamiento el 9 de noviembre. Ante los reparos de la interventora, tres días después, el alcalde puso la burocracia municipal a toda máquina.
Un día agitado, ese 12 de noviembre. Con esa fecha, Julio Alén recepcionó la obra, aunque no firmó el acta de recepción (pese a estar encabezada con su nombre y ser él mismo el responsable del deparmento municipal de Obras); sí firmó, en cambio, la orden de pago a Construcciones Vale por el trabajo realizado e incorporó al expediente -para remedar la concurrencia de otras dos empresas a la adjudicación, como señalaba la interventora- las respuestas de Movexvial e Indepo Construcciones Deportivas, remitidas cuando la jornada funcionarial ya había vencido (a las 15.19 horas) desde el mismo número de fax, con el mismo texto y tipografía y que difícilmente podían compensar los reparos señalados por la interventora, ya que ambas empresas indicaban textualmente "no estar en disposición de realizar las obras mencionadas por la brevedad del plazo".
Los concejales del BNG han confirmado in situ "que no se llevó a cabo la construcción de ninguna pista deportiva nueva", sino que meramente se pintaron las existentes, se instaló una red nueva en la pista de tenis y se repararon dos puertas de acceso. Con lo cual instan a la Fiscalía a investigar el paradero de los 49.766 euros que no se utilizaron para la construcción de las dos pistas, objeto único de la subvención concedida por la Secretaría Xeral para o Deporte.
Un gasto de 24.000 euros en champú
Mucho se lava en Mondariz. El Ayuntamiento gastó en el último año más de 36.000 euros, según las facturas remitidas por un conglomerado de empresas que, en números redondos, suman 24.000 euros en champú de vehículos y detergentes; 6.000 euros en jabón y toallitas para secar las manos, y otros 6.000 en ambientadores de vainilla a pilas y bolsas de basura. Todo ello, supuestamente consumido en la nave-almacén del Ayuntamiento para la limpieza de su parque de vehículos.
Ese gasto supera los 35.000 euros del contrato por la limpieza de todos los edificios municipales (ayuntamiento, pabellón de deportes, centro de salud, escuelas infantiles, plaza de abastos, campo de fútbol y centro social), que incluye los gastos de personal y de los productos de limpieza.
El BNG ha comprobado que el precio del champú, toallitas y ambientadores está inflado entre el 250% y el 650% sobre los comunes del mercado. Las facturas, con una cadencia casi quincenal y por importes de unos 1.000 euros, son emitidas por un conjunto de siete empresas domiciliadas no en Mondariz, ni en O Condado, sino en Madrid, Barcelona, Cantabria y Vitoria. En algunas aparece el propio alcalde, Julio Alén, como "ordenante", aunque en la mayoría figura el capataz municipal, José Codeceda González, quien demanda el suministro. Y todas las facturas, con idéntica estructura formal, con independencia de logotipos y de las empresas que las remitan, señalan como "canal de cobro" tres cuentas domiciliadas en la sucursal del Banco Popular en la calle Tuset de Barcelona.
El regidor, Julio Alén, está emplazado por el BNG a explicar todas estas circunstancias para limpiar su gestión antes de mayo.
* El País - 11.02.11
Foto: Mondariz (Pontevedra), balneario - orbisv
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Málaga.- El caso de la piscina de Puerto de la Torre salpica al edil de Urbanismo
Según la cadena Ser, uno de los extremos que aparece en la documentación entregada al juez del caso tiene que ver con la adquisición por parte del concejal de Urbanismo del todoterreno propiedad de uno de los adjudicatarios de la piscina. Díaz admitió que le compró el coche a ese empresario y aseguró que dispone de toda la documentación que acredita que lo pagó, y que en total fueron 26.000 euros.
En la documentación en poder del juez también se recogen unas obras realizadas en una de las viviendas del concejal de Urbanismo. Se trata de una reforma, por valor de unos 10.000 euros, que llevaron a cabo unos trabajadores que días antes eran operarios de Urbacon, Desarrollos Urbano, una empresa vinculada al presunto mediador en la adjudicación de la piscina.
El concejal reconoció que el supuesto mediador fue quien le recomendó los trabajadores que realizaron las obras en su casa. Díaz negó que existiera trato de favor en la concesión de esta piscina y aseguró que difícilmente pudo darse irregularidad alguna cuando sólo una oferta se presentó al concurso público. "Antonio López sobre todo es amigo de mi hermano. Tenía una relación bastante cercana, lógicamente, por extensión. Yo también tenía conocimiento de ello, pero no hay ninguna relación entre el procedimiento de adjudicación y mi posible conocimiento", dijo el edil a la emisora. El concejal, además, negó que le animara a concursar: "El señor López tiene ya constancia de que va a salir el concurso de piscinas en tanto en cuanto que ya tenía algunas adjudicaciones de fundación deportiva, en concreto en la piscina de Malasaña y El Torcal con temas de socorrismo. Por tanto él, que se mueve en este mundo de gestión deportiva, lógicamente tiene conocimiento de que se está terminando una piscina y que va a salir la gestión a concurso como la de Cruz de Humilladero. Entonces él se interesa y viene a la Gerencia, como todo el mundo que está interesado, recoge el pliego, lo estudia y ya valora presentar las ofertas".
* Málaga Hoy - 11.02.11
Foto: Inauguración de la piscina de Puerto de la Torre, en marzo de 2009.- malagahoy
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Argentina.- Ladrillos sin concursos
Como viene ocurriendo en Córdoba hace muchos años, el Parque Las Tejas, al igual que muchas otras grandes obras públicas, fue el producto de una arbitrariedad oficial. Arbitrariedad en el sentido de que nuevamente una repartición gubernamental tomó la decisión de cómo será una obra pública con la que deberán convivir durante décadas o por el resto de sus vidas los habitantes de una ciudad. Esto sin haber abierto el juego para que la versión final sea un producto participado.
Albañilería pública. Córdoba es una provincia donde los proyectos de las grandes obras públicas no son concursados. Es una provincia donde los mejores emprendimientos los realizan, muchas veces, quienes tienen mejor capacidad de lobby o cuentan con llegada directa al poder. Pese a los ejemplos de otras ciudades y países, que convocan a amplios concursos públicos cuando deciden realizar una gran obra, Córdoba parece impermeable.
Lo que suena como un reclamo sectorial, propio de arquitectos que velan por asegurarse trabajos o para que se reparta mejor la torta de los fondos oficiales, en realidad revela una manera de administrar los recursos públicos. Habla sobre qué tan democrática es una sociedad y sobre la calidad de la participación de la que gozan sus habitantes.
Hoy, la capital provincial está envuelta por el entusiasmo de la nueva albañilería sustentada con dineros públicos. Donde estaba la vieja Casa de Gobierno ahora comenzará a brotar el Parque Las Tejas. Junto a la estación ferroviaria Mitre, surgirán la torre de 12 pisos y los dos nuevos puentes del Centro Cívico del Bicentenario. A pocos metros, se inaugurará la nueva Terminal de Ómnibus y, a unas cuadras de allí, nacerá el nuevo Archivo Histórico y Centro de Interpretación, que vendrán al mundo del ladrillo acompañados por un faro luminoso de 90 metros de altura.
Siempre en la misma zona de la ciudad, donde el precio del metro cuadrado hace años que parece no tener techo, la anterior administración, del mismo signo político, inauguró el nuevo Museo de Bellas Artes Emilio Caraffa, el Museo Superior de Bellas Artes Evita, el Museo de Ciencias Naturales y el Paseo del Buen Pastor. Antes de que el actual gobernador se vaya, se espera que alcanzará su cota la pulsión que llevó a adoquinar con pórfido patagónico todo el recorrido histórico de la zona céntrica de la ciudad, más la avenida Yrigoyen. El pórfido también cubrirá la plazoleta Vélez Sársfield, el nudo vial frente al Patio Olmos, la zona del monumento al Dante, en el parque Sarmiento, y el área bohemia del Paseo de las Artes.
Casi todas estas obras, que insumieron o insumirán un presupuesto global de varios cientos de millones de dólares, no fueron concursadas. Casi todas fueron realizadas por estudios o por profesionales que ganaron las obras ya sea por una decisión personal de los funcionarios o por su cercanía con los grupos empresarios que las propusieron y construyeron. Desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia, su presidente, Jorge Monti, y su secretaria general, Rosa Santillán, señalan que el concurso es el mejor mecanismo para avanzar sobre las obras de interés público. “El concurso –destacan– es un mecanismo democrático que permite la libre participación, garantiza la transparencia y la ecuanimidad, y otorga grandes oportunidades a los profesionales más jóvenes, junto con aquellos de mayor experiencia”.
Sin leyes. Córdoba no cuenta con un mecanismo legal que asegure esa transparencia y participación a la hora de construir las grandes obras públicas. Diferente es lo que ocurre en Buenos Aires, donde existe una ley de transparencia de la contratación pública de servicios profesionales de arquitectura, paisajismo, urbanismo e ingeniería civil, llamada precisamente “ley de transparencia”. También en la tercera gran urbe argentina, Rosario, las prácticas apuntan a favorecer la realización de concursos.
En la nación, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea) cuenta hace cuatro años con un reglamento de concursos, al que podría adherir cualquier gobierno cada vez que resuelve construir una gran obra pública. Ese reglamento hace hincapié en que las obras no deben lesionar el patrimonio arquitectónico ni urbanístico, tema que ha sido una discusión constante en Córdoba en los últimos años, a partir de las polémicas que provocaron algunos emprendimientos.
Un grupo de jóvenes arquitectos trabaja hace tiempo para fortalecer el consenso de que Córdoba debe contar con su propia ley sobre transparencia. Algunos anteproyectos ya están circulando para ser propuestos ante la Legislatura. “En la situación actual, los cordobeses no tienen noción sobre cómo se va a llevar adelante el crecimiento de la ciudad. Uno ve nuevos desarrollos, pero no sabe qué tipo de proyecto tienen en mente quienes lo realizan”, dice el arquitecto Joaquín Alarcia. “Es necesario pensar en una continuidad que vaya más allá de los gobiernos y todos tenemos que tener presencia en este tipo de decisiones, no sólo el Gobierno y los desarrollistas privados”.
El estudio cordobés más activo en los últimos emprendimientos es GGMPU Arquitectos, cuya cara más conocida es el arquitecto Jorge Morini. Este estudio está vinculado a la empresa Electroingeniería y asombra la lista de grandes obras que diseñó en los últimos tiempos: el Centro Cívico del Bicentenario, el Museo de Bellas Artes en el ex Palacio Ferreyra, la nueva Terminal de Ómnibus, el Atelier de la Ciudad de las Artes, Tribunales II, etcétera. Desde el estudio, no quisieron opinar sobre el tema de esta nota.
Ganar “tiempo y dinero”. Adrián Manavella, profesor de Diseño Arquitectónico V, sostiene que “los concursos de arquitectura, si están bien organizados, son el mejor modo de tener la propuesta más conveniente para resolver una necesidad relacionada con algún problema de habitabilidad. Hacen falta especialistas que, en las instancias previas, definan el problema con perfecta claridad, contar con bases bien redactadas y con jurados reconocidos y asegurar que el concurso estará protegido por los mecanismos de control y anonimato que garanticen la equidad de la competencia”.
Para Manavella, el concurso “genera el escenario por excelencia para la compulsa de ideas. Las gestiones gubernamentales que apelan a este sistema con éxito disipan las dudas sobre la transparencia y la calidad de las decisiones”.
Desde el Gobierno provincial, en las últimas semanas repitieron varias veces los dichos del ministro de Obras Públicas, Hugo Testa, quien no sólo pasó por encima la falta de concurso, sino también la ausencia de licitación para obras millonarias como el Parque Las Tejas. “Ganamos tiempo y dinero”, explicó el ministro. Testa elogió que el Gobierno asumiera “rápidamente la ejecución de la obra sin tanto proceso burocrático”, porque “la papelería también tiene su costo”.
La arquitecta Inés Moisset, coordinadora de la Maestría en Diseño de Procesos en la UCC, recalca que “la ciudad es un asunto de todos y las decisiones sobre su funcionamiento deben ser debatidas por sus ciudadanos. ¿Cómo se define dónde es necesario un parque? ¿Hace falta abrir una calle en tal sitio? La definición de problemas, prioridades y recursos se puede canalizar a través de mecanismos de participación ciudadana. En ciudades como Porto Alegre o Rosario se ha avanzado muchísimo en eso. En Colombia, la inversión estatal en arquitectura va a los sectores con más necesidades. En Buenos Aires, está el proyecto para transformar la Villa 31 en un barrio, surgido como investigación dentro de la UBA y se lleva a cabo a través de una ley de la ciudad que instrumenta una mesa de gestión participativa”.
Por ahora, los concursos siguen siendo una rara avis que confirma la regla. El futuro Archivo Histórico y su faro que se levantará en el Parque Sarmiento, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, el Centro Cultural de la UNC frente al Colegio Monserrat, la Plaza de la Capitalidad que debía construirse junto al complejo Capitalinas, son algunas de las escasas iniciativas concursadas, que hasta ahora han sido gotas arrojadas a un mar de ladrillos con formas y tamaños decididos de antemano.
* La Voz - Sergio Carreras - 6.02.11
Foto: Córdoba (Argentina), construcción - lavoz
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