ELPAÍS* : El ex presidente de Baleares y ex ministro de José María Aznar Jaume Matas (PP) fue imputado ayer por presunta corrupción en relación con el caso Palma Arena (el velódromo que costó más del doble de lo previsto) y la compra y decoración de su casa palacio de Palma, de 625 metros cuadrados. La Fiscalía y Hacienda consideran que Matas ha podido incurrir en un enriquecimiento patrimonial irregular. El valor de su vivienda es de 2,47 millones de euros y él pagó menos de un milón.
El ex presidente balear comparecerá ante el juez en marzo de 2010 para responder sobre un posible delito de cohecho impropio por recibir supuestas dádivas. Asimismo, han sido imputados su mujer, María Teresa Areal; su cuñado y ex gerente del PP balear, Fernando Areal, y el presidente de Gesa-Endesa, Bartomeu Reus.
Matas manifestó ayer a través de un comunicado de su abogado que "rechaza cuantas imputaciones puedan formularse contra él, que en todo caso tienen su origen en informaciones sesgadas, parciales o abiertamente erróneas" y expresó su intención de colaborar con la Justicia. El Partido Popular se alegró de que "al fin podrá defender su honor".
La última etapa de Matas como gobernante de Baleares está enturbiada por los escándalos que investiga la Justicia, y que han dado lugar ya a cinco sentencias: cuatro ex altos cargos del PP han sido condenados a penas de cárcel. Quince políticos baleares fueron detenidos desde 2007 y cuatro consejerías del Gobierno Matas están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción. Más de una docena de dirigentes y ejecutivos gubernamentales (entre ellos dos consejeros) se hallan imputados.
Matas, ministro de Medio Ambiente de José María Aznar (2000-2003) y presidente de Baleares, con el PP, en dos ocasiones (1996-1999 y 2003-2007), tras las últimas elecciones autonómicas se fue a vivir a EE UU, tras no poder formar Gobierno, y no dio explicaciones al partido. Tampoco se interesó por sus colaboradores imputados, según lamentan varios de los afectados. Ahora, ha sido citado por el juez José Castro para que comparezca el 23 de marzo de 2010. El magistrado investiga desde el pasado agosto el presunto despilfarro ilegal perpetrado en la obra estrella del Gobierno autónomo de Matas, el velódromo Palma Arena, que pasó de un presupuesto inicial de 41 millones a 110 millones.
Matas controló el proyecto, contrató a los arquitectos García-Ruiz, por 8,9 millones, y benefició desde el Ejecutivo con contratos por más de 2,3 millones a la agencia de publicidad Nimbus. La misma firma gestionó eventos y campeonatos en el Palma Arena a la vez que trabajó en la campaña electoral de Matas en 2007. Con fondos del Gobierno, Matas logró con Nimbus entrevistas de autobombo preparadas para diarios y revistas económicos.
El juez Castro ha imputado ahora a Matas tras constatar pagos a Nimbus en dinero b manejado por el PP balear. En las pesquisas, ha hallado conexión entre el caso Palma Arena y el supuesto enriquecimiento ilícito investigado por los fiscales.
El ex tesorero del PP y apoderado de los negocios de Matas, su cuñado Fernando Areal, declaró como imputado al desvelarse que él manejó tres partidas de dinero negro para abonar parte de la campaña electoral del PP y de Matas a Nimbus, cuyo dueño, Miguel Romero, fue detenido e imputado en la causa. La esposa del ex ministro, Maite Areal, comparecerá también como imputada por sus presuntas responsabilidades en el manejo de más de 70.000 euros en dinero en efectivo en sus cuantiosas adquisiciones de joyas y muebles. Un ex consejero del PP y presidente del consejo de Gesa-Endesa, Bartolomé Reus, ha sido imputado como supuesto testaferro de los Matas en la compra de una vivienda en Madrid.
La esposa, el cuñado y un posible testaferro
- Maite Areal Montesinos, esposa de Jaume Matas, es maestra de escuela, fue asesora de educación de la Comunidad de Madrid y estuvo en nómina en una asesoría tributaria y en un hotel de Palma del que es propietario un amigo de su esposo. Está siendo investigada por su supuesto manejo de dinero negro en gastos por decenas de miles de euros en efectivo, como la compra de joyas y la decoración de la casa palacio que poseen en Palma de Mallorca.
- Fernando Areal Montesinos, cuñado de Matas, fue tesorero del PP, gerente de la fundación del partido, Antonio Maura, y apoderado de Matas en sus propiedades de Mallorca y Madrid. Fue gestor bancario de sicav (de capital variable) con fondos de empresas concesionarias del Gobierno Matas. Declaró como imputado por el pago de 71.058 euros de dinero negro a la agencia Nimbus gastos de la campaña electoral de 2007 de Matas.
- Bartolomé Reus Beltrán, empresario, inversor y ex consejero del Gobierno balear del PP, fue hombre de confianza de los ex presidentes Gabriel Cañellas y de Jaume Matas. En la actualidad es presidente del consejo territorial de la eléctrica Endesa-GESA y como tal fue titular del mayor sueldo conocido de las islas Baleares. La Fiscalía considera que es un socio/testaferro de Matas porque a su nombre figura el piso de lujo de Madrid que habita la familia del ex barón del Partido Popular.
* ELPAIS.com - Palma de Mallorca - 15/10/2009
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org
Imputado el ex presidente balear Jaume Matas por presunta corrupción
Valencia: El TSJ anula dos PAI por vulnerar la libre concurrencia
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LEVANTE* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado la adjudicación de dos programas de actuación integrada (PAI) en un polígono de Albal porque existen incompatibilidades entre la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de la Comunitat Valenciana, ya derogada aunque se sigue aplicando en los planes urbanísticos anteriores a 2006, y la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El consistorio aplicó la LRAU ya que se trata de dos PAI adjudicados en 2003, antes de la aprobación de la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV). Y el tribunal entiende que se vulneró la libre concurrencia que establece la Ley de Contratos estatal. El TSJ coincide así con las tesis que defiende la Comisión Europea que ha denunciado ante el Tribunal de Justicia Europeo tanto la LUV -heredera de la LRAU-como las empresas mixtas creadas por el Consell con un selecto grupo de constructoras elegidas a dedo para construir VPO.
Dos agrupaciones de interés urbanístico (AIU), en las que se organizaron los propietarios de suelo, interpusieron sendos recursos contra el Ayuntamiento de Albal por la adjudicación de las Unidades de Ejecución (UE) número 15 y número 18 al entender que se incurrieron "en varias infracciones legales y numerosas irregularidades". Sin embargo, el TSJ sólo les acepta uno de estos argumentos, aunque suficiente para anular la adjudicación de las obras de los dos PAI industriales.
El tribunal considera que el Ayuntamiento de Albal vulneró la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) de 1995 en lo que respecta a los principios de publicidad y libre concurrencia" "y que resultan del derecho comunitario". En concreto la sentencia alude a dos artículos de esta ley estatal que permiten anular cualquier concurso de obra pública: cuando evite recabar informes técnicos antes de decidir a quien adjudica el concurso (artículo 82.2) y en los casos previstos en el artículo 86 de la LCAP que, además del precio más barato de las obras, permite adjudicar contratos a empresas que ofrezcan mejoras tecnológicas o reduzcan los plazos de ejecución. La sentencia no concreta en cuál de todos estos casos previstos en la LCAP incumplió el Ayuntamiento de Albal. Pero sí determina que la adjudicación de las obras de los dos PAI industriales de esta población de l'Horta Sud son "contrarios a derecho", sin que el consistorio ni las empresas puedan recurrir el fallo judicial.
La CE denunció las
leyes valencianas
La Comisión Europea (CE) llevó al banquillo de los acusados la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y su antecesora (LRAU) al considerar que han incumplido dos directivas europeas al adjudicar los Programas de Actuación Integrada (PAI) conforme a estas normativas autonómicas. Estas directivas incumplidas se refieren a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (Directiva 93/37/CE) y la de adjudicación de contratos públicos de obras de servicios (Directiva 2004/18/CE). Por ello se pide al Tribunal de Justicia Europeo que sentencie el incumplimiento. Esta denuncia lleva más de un año a la espera de resolución. El proceso comenzó en 2005, cuando la CE envió la primera carta "para llamar la atención sobre la incompatibilidad de ciertas disposiciones de la LRAU con dos directivas europeas .
* Levante_EMV - JESSICA F. PEÑA - 15.10.09
Foto: Albal (Valencia) - fotopaises.com
Nuevo revés judicial a Madrid
ELPAÍS* : Al Ayuntamiento le crecen los enanos en los juzgados. No pasan dos meses sin que un juez falle en contra de alguna gran decisión tomada por el Consistorio en los últimos años. Son ya ocho sentencias desfavorables en 24 meses que han tumbado leyes, ordenanzas o remodelaciones que, según los tribunales se han hecho de manera ilegal.
En la mayoría de casos, el Ayuntamiento considera que se trata de errores formales sin consecuencias prácticas. Pero en todas las sentencias se señala que el gobierno municipal ha actuado de forma ilegal.
El varapalo más reciente es el que ha aceptado un recurso del PSOE y que anula varias partidas por valor de 77 millones de euros de los presupuestos municipales de 2005. Según el magistrado, Hacienda destinó ese dinero, obtenido a través de la venta de patrimonio público, a proyectos que, según la Ley del Suelo de la Comunidad, no podían ser financiados así. Entre estas reformas está el anillo distribuidor de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, la remodelación del intercambiador de Conde de Casal o el acondicionamiento de varias dotaciones públicas. Según la ley, el dinero del patrimonio tiene que destinarse a proyectos completos y no a complementos.
El Ayuntamiento recurrirá la sentencia y considera que, en cualquier caso, se trata de un error formal subsanable. El concejal del PSOE Pablo García Rojo cree que el fallo es sintomático de la forma de actuar del Consistorio. "La excelencia en la gestión que proclama el alcalde no es tal porque, a pesar de haber multiplicado sus cargos de confianza, hacen una gestión económico-financiera que sobrepasa los límites legales".
A este revés hay que sumar el que anuló los presupuestos de 2002 por el mismo motivo. El Consistorio alegó entonces que el problema era de la anterior Corporación. La sentencia no tendrá efectos prácticos.
Pero, a los servicios jurídicos del Ayuntamiento han llegado recientemente fallos que cuestionaban la legalidad de otras grandes decisiones que se han tomado durante los dos mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón. El último, el que anula la ampliación de la zona de parquímetros fuera del anillo de la M-30. Una sentencia del TSJM que confirma el fallo anterior de los tribunales y que se basa en una cuestión formal sobre cómo se tomó la decisión. El Ayuntamiento tuvo que enmendarse antes del verano mediante pleno para resolver el entuerto creado.
Además, un juez también anuló la nueva tasa de vados por la que se aumentaba sobre medida la cuantía de dicho impuesto. El Ayuntamiento recurrió esa decisión al Tribunal Supremo y está a la espera de la decisión final. Mientras tanto, asociaciones ciudadanas ya han iniciado campañas para no pagar el aumento de precio.
La ampliación del Plan General de Ordenación Urbana también fue anulada, así como la ampliación de Mercamadrid, la restricción al tráfico de la colonia Marconi o las obras de la M-30. Una retahíla de sentencias, cree la oposición, que retratan una manera de actuar del gobierno municipal.
* ELPAIS.com - D. VERDÚ - Madrid - 15/10/2009
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org
La pista de esquí seco de Villavieja recibe la novena resolución judicial en contra
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NORTECASTILLA/Valladolid* : Por novena vez, el proyecto de la pista artificial de esquí en Villavieja del Cerro, pedanía de Tordesillas, se topa con una resolución judicial. En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado un recurso de apelación presentado por la Consejería de Medio Ambiente y por el Ayuntamiento de Tordesillas contra la suspensión del cambio de uso forestal de los terrenos donde se proyecta Meseta Ski.
Esto supone que el TSJ reitera que se ha vulnerado la Ley de Montes, ya que no se puede modificar el uso forestal en estos terrenos que sufrieron un incendio en 1999, mientras que el reglamento impide nuevas actuaciones al menos durante 30 años. Además, este nuevo dictamen, con fecha del 30 de septiembre, considera que la creación de riqueza, que siempre se ha argumentado para realizar este complejo, no puede tener más protección que la legalidad urbanística y medio ambiental.
En este sentido, Alberto Rueda, representante de Ecologistas en Acción, recordó que en sentencias anteriores también se había puesto en duda la justificación del interés público de Meseta Ski. «Ya les dicen hasta los jueces que no hay interés público en este proyecto y ahora dicen que los intereses de creación de riqueza no pueden estar por encima del interés medio ambiental».
Esta sentencia firme es la novena en contra de las obras y los permisos otorgados, por ello, los ecologistas pidieron ayer de nuevo a la Diputación y al Ayuntamiento de Tordesillas que abandonen este proyecto en el que ya «se han dilapidado 12 millones de euros públicos». De momento, y ya es la segunda sentencia que lo recoge, tanto la Consejería, como el Ayuntamiento tendrán que pagar las costas judiciales de este proceso.
A pesar de estas sentencias, Meseta Ski aún guarda un as en la manga para seguir adelante y deposita sus esperanzas en las Cortes de Castilla y León, que podrían desatascar el proyecto declarándolo de interés regional. Los ecologistas denuncian que esta posibilidad impediría a los ciudadanos seguir luchando contra esta iniciativa. Javier Gutiérrez calificó esta opción de «añagaza jurídica» y aseveró que «es curioso que justo cuando conocemos que a la Junta le sienta muy mal el blindaje del cupo vasco porque sustrae de la actuación de los tribunales ordinarios esas actuaciones, insiste en utilizar un asunto jurídico que lo único que hace es sustraer al ciudadano para poder reclamar, lo que ya han ganado por los tribunales».
Desde la Diputación reiteran su respeto a las decisiones judiciales. Pedro Pariente, vicepresidente de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, promotora de Meseta Ski, aseguró que están «tranquilos» porque toda la tramitación de Sodeva fue correcta.
Y la alcaldesa de Tordesillas, María del Milagro Zarzuelo, aseguró: «Yo respeto el medio ambiente, pero en la situación en la que estamos ahora, respeto aún más que la gente tenga trabajo y un plato encima de la mesa».
* Norte Castilla - 15.10.09 -
CLARA SAAVEDRA
Foto: Obras de construcción de la pista, en el 2007. / F. JIMÉNEZ, nortecastilla.es
