ELPAÍS/Alicante* : La investigación de los contratos de basura adjudicados en la provincia de Alicante ha puesto al descubierto el supuesto pago de comisiones ilegales. En este caso se trataría de pago en especie: dos pisos, valorados entre 800.000 y un millón de euros, supuestamente entregados a José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación Provincial de Alicante, por la adjudicación de un negocio multimillonario al empresario Enrique Ortiz, implicado también en la financiación ilegal del PP a través de la trama Gürtel, e indirectamente, al industrial Ángel Fenoll, imputado también en el caso Brugal.
El informe policial que figura en el sumario apunta a que "la contraprestación" a favor de Ripoll "se vería materializada en dos viviendas unidas de la promoción inmobiliaria ubicada en la Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante a desarrollar por la promotora Calamerced".
El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incorpora una serie de conversaciones telefónicas mantenidas entre distintos intermediarios y el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, que ocupaba además el cargo de presidente del Consorcio para el desarrollo del Plan Zonal de Gestión de Residuos de la zona de la Vega Baja, desde el que se adjudicó el contrato de las basuras.
Los investigadores sostienen que esas conversaciones demuestran que Ripoll negoció con intermediarios de los empresarios que se llevaron el contrato de basuras el cobro de una contraprestación, en este caso, dos viviendas, que incluso visitó en compañía de su esposa, que también se preocupó por los pisos.
La primera conversación que destaca el informe policial y que, como el resto, está incorporada al sumario del caso, se refiere a la mantenida por Rafael Gregori, intermediario entre los empresarios adjudicatarios del negocio de las basuras, y el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, en relación con los dos pisos que supuestamente iba a cobrar a cambio de favorecer una determinada adjudicación.
Rafael Gregori: (que ha llamado al teléfono de la mujer de Ripoll y habla con el presidente de la Diputación Provincial): Oye, vamos a ver. Me hace falta que me digas las letras de los pisos que queréis.
Joaquín Ripoll: Espérate que te lo mire y te lo digo.
Rafael Gregori: Míralo y me lo dices.
Joaquín Ripoll: Espérate, que lo tengo aquí al lado.
Rafael Gregori: Porque había varios quintos, ¿no?
Joaquín Ripoll: Sí. Yo creo que eran, a ver.
Rafael Gregori: Eran dos que eran de distinto ascensor, creo, ¿no?
Joaquín Ripoll: Sí, eran dos que eran de distinto acceso, que eran el D y el E.
Rafael Gregori: El D y el E, ¿no?
Joaquín Ripoll: El D y el E, sí.
Rafael Gregori: Vale. El cinco D y cinco E.
Joaquín Ripoll: Cinco D y cinco E. D, de dedo y E, de España.
Rafael Gregori: Muy bien. Venga, pues yo te los dejo guardados.
Joaquín Ripoll: Venga, de acuerdo. Hasta luego.
Rafael Gregori: Venga Joaquín, un abrazo, hasta luego.
El intermediario habla después con su hermano José y tratan el tema de los pisos y se refieren al jefe, en relación a su padre, que forma parte del consejo de administración de la inmobiliaria que promueve los pisos que supuestamente iban a regalar a Ripoll. Los hermanos coinciden en que, antes de comprometerse, tienen que tener claro el negocio.
José Gregori: Oye, tienes que pensar una cosa Rafa, que se ve que éstos le están apretando ya al jefe para los pisos de....
Rafael Gregori: No, ya, ya me lo ha dicho, pero yo se lo he dicho al jefe, que a su momento, tío.
J: Eh, vamos a asegurarnos eso, ¿no?
R: Y si no, no hay pisos.
J: Antes de comprometernos.
R: José, yo hasta que no tenga el tema claro, no hay (no se entiende).
J: No vayamos a comprometernos nosotros con más pisos, ¿no?
R: José, tranquilo, ya lo hablamos mañana, ¿eh?
J: Venga, pues nada, ¿eh?, mañana nos vemos.
R: Lo comentamos mañana y ya te digo lo que quiero.
J: Muy bien.
R: Venga, hasta luego
El intermediario vuelve a hablar con el presidente de la Diputación Provincial de Alicante.
Rafael Gregori: Joaquín.
Joaquín Ripoll: Rafa, buenos días.
R: Llamé ayer a Margarita y no me lo cogió.
J: Bueno, yo hablo con ella y luego quedamos, oye, ¿podíamos ver los pisos?
R: Claro, coño.
J: ¿Los podemos ver mañana?
R: Claro que sí.
El intermediario Rafael Gregori trata sobre el tema de los pisos con la mujer de Ripoll, Margarita de la Vega.
Gregori le dice que habló con su marido Joaquín Ripoll y con Enrique Ortiz, el empresario al que se adjudica el contrato de las basuras, y quedaron a las diez para cenar en Petrel, que él le recoge a las 21.30.
Margarita de la Vega: Oye, por cierto, que además yo quería hablar contigo porque los pisos esos, le he preguntado que si ya los tenemos y me ha dicho que sí.
R: Vamos a verlos mañana, dice.
M: Ah, es que yo quiero verlos.
R: Eh, vamos a verlos mañana.
M: Que él ya mire a ver si se puede o con otra cosa, ah, ¿ves como le aprieto? En el fondo no hay nada más que pegarle para que reaccione.
R: Vamos a... vamos a... vamos a verlos mañana.
M: Ah, vale, vale, vale, es que le he dicho, oye, ¿esto cómo está, qué pasa y qué tal?, vale, vale, estupendo.
R: De momento los tenemos comprados.
M: De momento los tenemos comprados , bueno, je, je.
R: De momento.
M: Espero que no los tengamos que vender, je, je.
R: Veremos a ver lo que tenemos que hacer, je, je, de momento sí.
M: Efectivamente, vale, vale.
R: Yo voy a organizarme hoy para verlos mañana.
Durante aquellos días, los funcionarios del grupo de Delincuencia Económica de Alicante establecieron un dispositivo de Vigilancia en las inmediaciones de la vivienda situada en la Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante, en última fase de construcción. En ese momento, identificaron plenamente a Rafael Gregori y José Joaquín Ripoll, acompañados de sus respectivas esposas, accediendo al edificio situado en dicha Avenida, entre las calles Tucumán y Catedrático Ferré Vidiella.
El informe policial adjunta fotografías de la visita que realizaron al inmueble. Y aporta conversaciones del industrial Ángel Fenoll, que tuvo una participación activa para beneficiarse del negocio al vender un terreno propio que había comprado por 800.000 euros por cuatro millones de euros a Enrique Ortiz para que construyera allí la planta de tratamiento de la basura.
Ángel Fenoll: Rafa.
Rafa: Ángel.
Á: ¿Ha firmado ya o no?
R: Vamos a ver, le he dicho, he dicho lo siguiente, ¿no?, oye, que hoy cambian lo de los limoneros, ¿eh?, y los limones los recogerán cuando paguen, después de Navidad.
Á: Si, o...sí, un tema solo, un punto.
R: Exactamente, el cambio de los limones.
Á: Vale, vale, vale, y ya está, ¿eh?
R: Y los limones los recogerán cuando paguen.
Á: Exactamente, si no pagan los limones nada, ni un punto, ¿eh?, nada, nada.
R: Eso está dicho ya, ¿eh?
Á: Está dicho, ¿no?
R: Sí.
Á: Vale, vale, vale, muy bien, vale, vale. Esperemos que sea así, ¿no?, no nos vaya...
R: Si no, no, es así seguro.
Á: Que los limones están colgados.
R: No, no y además es que no los recoge que no le dejo yo recogerlo, ¡coño!
Á: Exactamente, eso es.
R: Y si mañana firma, y si mañana firma pues oye, ya.... recogerá los limones después.
Á: Claro, ¿sabes?, se le puede dar más plazo.
R: Claro.
Á: ¿Sabes?, están baratos, están cayéndose del suelo
R: (risas). Venga.
Á: ¿Eh?
R: Está todo arreglado.
Á: Vale.
* El País - 10.09.10
Foto: José Joaquín Ripoll (izquierda), presidente de la Diputación de Alicante, y el empresario Ángel Fenoll.- elpais.com
Intermediario: "¿Qué pisos quieres?" Ripoll: "Dos de distinto ascensor, D y E"
Zamora.- El TSJ declara ilegal el «Edificio Villalar»
LAOPINIÓN* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha revocado la licencia concedida en 2005 al denominado «Edificio Villalar», un inmueble de viviendas, garajes, locales y trasteros promovido en las calles Villalar, San Antón y Toril de Benavente por la constructora para la que trabajaba el entonces edil de Urbanismo del PSOE, Justo Fernández Valverde. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso -Administrativo acaban de pronunciarse en sentencia firme y han resuelto que la licencia no se podía conceder porque el proyecto del edificio incumplía el Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente «al estar afectado por la suspensión del otorgamiento de licencias derivado de esa aprobación inicial».
El TSJ estima por completo el recurso de apelación presentado por el arquitecto del «Edificio Mercantil», Román Ávila, que desde marzo de 2005 denunció que la polémica licencia -llamada «exprés» porque el equipo de Gobierno socialista la otorgó en unos pocos días- conculcaba el Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente.
Como consecuencia del incumplimiento, los magistrados anulan el acuerdo de concesión de licencia adoptado por el Ayuntamiento el 1 de marzo de 2005 y los decretos de Alcaldía de 20 de diciembre de 2005 y 27 de diciembre de 2006 que no accedieron a la solicitud de revocación de la licencia planteada formalmente por Ávila.
La sentencia, de nueve folios, razona en uno de sus fundamentos el carácter reglado de las licencias urbanísticas, «de manera que han de concederse si lo solicitado es conforme a la legislación y al planeamiento urbanístico aplicable y denegarse en caso contrario», y al respecto recuerda que en este supuesto, al haberse producido la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas, «únicamente podía concederse la licencia litigiosa si lo solicitado fuera conforme con las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal (NSPM) y con las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUB) aprobado inicialmente», lo que no ocurrió, como en su día denunció el demandante.
Los «otros incumplimientos» del PGOUB
También hace hincapié el Alto Tribunal de la región en el hecho de que la conformidad o no con las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Benavente había de hacerse en función de lo previsto en el proyecto presentado para el que se concedió la licencia por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Gobierno y no respecto de lo ejecutado, en contra de lo que dice la sentencia apelada. La resolución del TSJ recuerda en este sentido que la obra no estaba terminada cuando se solicitó la revocación de la licencia el 2 de noviembre de 2005 por parte de Ávila. De hecho el certificado final de obra no fue visado hasta el 7 de junio y el 3 de agosto de 2006.
«Llegados a este punto es claro que el proyecto presentado no se ajustaba al PGOU aprobado inicialmente por lo que no era procedente el otorgamiento de la licencia litigiosa por el Acuerdo municipal de 1 de marzo de 2005, lo que determina que el mismo haya de ser anulado», dice la sentencia a renglón seguido antes de enumerar los incumplimientos acreditados del proyecto.
El TSJ reitera en varias ocasiones a lo largo de la sentencia que no «no es necesario» que el tipo infracciones urbanísticas sean mas o menos graves en este caso «para que la licencia deba ser anulada, pues no podía concederse al no ajustarse lo proyectado a la normativa del PGOU aprobado inicialmente, lo que es suficiente para la anulación de esa licencia y de los demás actos impugnados, y ello aunque no se considere acreditada la vulneración del PGOU».
Al respecto, el TSJ tiene en cuenta el informe pericial para concluir también que, además de las infracciones acreditadas de manera precisa, el proyecto presentado para el que se concedió la licencia de obras también incumplía ese PGOU en otros aspectos.
* La Opinión de Zamora - 10.09.10
Foto: Imagen del denominado «Edificio Villalar» tomada ayer al mediodía. El Tribunal Superior de Justicia acaba de revocar la licencia que permitió su construcción.- laopiniondezamora.es
El arquitecto del Palau pone en aprietos al edil García-Bragado
ELPERIÓDICO/Barcelona* : El arquitecto Carles Díaz, empleado del despacho de Óscar Tusquets y que durante 30 años ha trabajado para el Palau de la Música, admitió ayer ante la jueza Miriam de Rosa Palacio que es el autor del manuscrito que fijaba el camino a seguir para que la operación urbanística por la que se pretendía construir un hotel impulsado por Fèlix Millet se hiciera sin publicidad y en base a unos criterios sospechosos. El documento, fechado en marzo del 2006 (antes de que se iniciara los trámites) resume una conversación entre el arquitecto y el entonces responsable municipal de Urbanismo de Barcelona, Ramon García-Bragado.
El manuscrito, hallado en el despacho de Jordi Montull, mano derecha de Millet, es una de las principales pruebas de la fiscalía, hasta el punto de que fue usada por la jueza para imputar a García-Bragado, al gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, y al mismo arquitecto Carles Díaz. El documento apunta a que los ideólogos del proyecto del hotel, desde el punto de vista de la tramitación administrativa, son el teniente de alcalde y el gerente de Urbanismo, ya que se indica en el mismo escrito que García Bragado y Massaguer habían acordado los pasos que se debían realizar para la recalificación de uso del solar donde iba a ir el equipamiento hotelero.
El documento, titulado «Plan especial entorno Palau de la Música», detalla que el convenio que debía firmarse entre la Generalitat y la entidad cultual debía hacerse «sin publicidad» (así ocurrió), y que posteriormente se tenía que rubricar otro acuerdo a tres bandas, con la participación del Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, para realizar este tramite se debía solicitar a la Administración autonómica un dictamen positivo sobre el hotel.
LOS PARTIDOS / «Antes de enviar a la Generalitat (Departament de Cultura) hay que enviar copia a Ramon García-Bragado para que de el visto bueno y avise a Cultura que es muy urgente hacer el informe favorable», dice el texto. Y añade: «Es necesario que Fèlix Millet tenga políticamente [esta palabra está subrayada] el trámite controlado ante TODOS [en mayúsculas] los partidos políticos».
Díaz declaró ayer durante una hora y media como imputado ante la jueza que investiga la operación urbanística, que al final fue paralizada, y ha reconocido la conversación con García Bragado, que este el miércoles negó haber mantenido. Montull, por su parte, declaró también ayer que había recibido el manuscrito que se halló en su despacho de manos del arquitecto.
El arquitecto, defendido por el abogado Cristóbal Martell, reconoció que fue él quien redactó el manuscrito, pero precisó que no se trataba de una transcripción literal de la conversación que había mantenido con García-Bragado, sino que el texto incluye reflexiones suyas. Fuentes jurídicas explicaron que Díaz afirmó que al referirse a que el convenio entre la Generalitat y el Palau se debía hacer «sin publicidad» quería decir que no tenía que ser sometido a información pública.
LA OCULTACIÓN / No obstante, según fuentes de la acusación, Montull interpretó que la firma del convenio debía permanecer oculta, por lo que el Palau, a diferencia de la difusión de otras actividades, no informó del acuerdo, rubricado el 8 de marzo del 2006, unos días después de establecerse la hoja de ruta.
La fiscalía sostiene que resultaba clave para que «la operación especulativa» entorno al hotel tuviera éxito que el convenio con la Generalitat permaneciera escondido durante la tramitación urbanística. El hecho es que no fue ni aportado al expediente que tramitó el ayuntamiento para la modificar el uso del solar.
* El Periódico - 7.09.10
Foto: Barcelona, interior Palau_Musica - eldebat.cat
Andratx.- Hidalgo pacta un acuerdo con el fiscal sobre todas las causas pendientes
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DIARIODEMALLORCA* : Eugenio Hidalgo, ex alcalde de Andratx por el PP, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía anticorrupción para declararse culpable, o ser exculpado en todas las piezas separadas del caso Voramar, la presunta trama de corrupción urbanística, que tiene pendientes. Fruto de ese pacto fue ayer la sentencia de conformidad rubricada por Hidalgo, quien aceptó dos penas de un año de cárcel, tres multas y varios años de inhabilitación por cobrar sobornos de un constructor, prevaricar en su favor y destruir documentos públicos.
Tal como adelantó DIARIO de MALLORCA el pasado miércoles, Hidalgo ha cambiado de estrategia jurídica y ha decidido declararse culpable a cambio de una importante reducción en sus futuras condenas para limitar el número de años de estancia en prisión. El Código Penal reduce la duración de la reclusión al triple de la condena mayor en causas con un tronco común, como el caso Andratx.
Hidalgo, hasta el momento, ha sido condenado a sendas penas de un año de prisión por prevaricación urbanística y de tres años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. También ha sido sentenciado a penas pequeñas, en algunas causas por injurias relacionadas con el caso Andratx y absuelto por el Tribunal Supremo de prevaricación. Desde el 28 de diciembre del año pasado se halla ingresado en la cárcel de Palma y periódicamente es excarcelado para declarar como imputado o testigo o asistir a juicios.
El principal implicado en la trama de corrupción urbanística, defendido por M. Zapata y Manuel Murillo, ha negociado con la fiscalía anticorrupción y el Ayuntamiento de Andratx, representado por Isabel Fluxà y Josep de Luis, para arreglar su situación procesal y pasar el menor tiempo posible en prisión. Ayer Murillo enmarcó en esa estrategia la conformidad ante la sala segunda de la Audiencia por cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación urbanística y destrucción de documentos urbanísticos. Todo ello para favorecer al constructor Manuel Zapata, con el que, entre 2001 y 2006, hizo varios suculentos negocios urbanísticos en Andratx.
Murillo señaló que su cliente es la persona de Balears "que más duro está pagando por delitos urbanísticos" y añadió que, tras sopesar las posibles condenas en las piezas que Hidalgo tiene pendientes, le han aconsejado que pacte. Fuentes próximas al caso Andratx han explicado que al ex alcalde le será retirada la imputación en algunas piezas y en el resto pactará penas menores de multa, cárcel o inhabilitación.
Ayer el que también fuera durante años edil de urbanismo en Andratx, se conformó con dos penas de 1 año de prisión, tres multas por un total de 9.300 euros y el pago de otros 31.023 euros, la cantidad a la que ascendió el soborno recibido de Manuel Zapata. Este constructor, defendido por Plabo Mas, se reconoció culpable de pagar sendos sobornos a Hidalgo y a Jaime Gibert, el ex celador municipal de obras de Andratx. Zapata pactó una pena de un año de prisión, que le será sustituida por una multa de 7.200 euros; otra multa de 3.600 euros; otra de 480 euros y el abono de 31.023 euros, la cantidad del soborno. Gibert, representado por Juan Luis Matas y que en su día pactó un acuerdo para todo el caso que no conlleve su ingreso en prisión, admitió ayer haber sido sobornado. Pagará una multa de 1.500 euros y otros 18.000 euros.
* Diario de Mallorca - 10.09.10
Foto: Hidalgo, Gibert y Zapata, ayer en el banquillo.- diariodemallorca.es
El ex alcalde de Xeresa ingresará en prisión tras ver rechazado su último recurso
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LEVANTE* : La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el último recurso presentado por el ex alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà, para evitar cumplir la condena de un año de prisión por delito medioambiental.Fluixà, el primer alcalde condenado por delito ecológico en la Comunitat Valenciana, deberá ingresar en prisión en los próximos días. Ayer, Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción, avanzaba que si Fluixà no se persona "voluntariamente" para cumplir la sentencia, "pediremos la ejecución y que la Guardia Civil vaya a buscarlo". Según aseguran, el caso de Xeresa debe servir de "ejemplo de que ha pasado el tiempo en el que las autoridades tenían carta blanca para hacer lo que quisieran con el territorio con la excusa de generar ingresos para el municipio".
Tras una denuncia de Ecologistas en Acción por los aterramientos-consentidos por Fluixà- que se estaban produciendo en el marjal de La Safor, se inició un proceso judicial que desembocó en septiembre de 2009 en una condena de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El alcalde fue condenado como autor responsable de un delito de prevaricación medioambiental en concurso ideal con el delito contra el medio ambiente a las penas de veinticuatro meses de multa a razón de 50.000 pesetas por día y a ocho años de inhabilitación. La sentencia incluía también la condena a un año de prisión por un delito contra el medio ambiente.
Fluixà recurrió al Tribunal Supremo y luego al Constitucional con objeto de revocar la condena o no cumplirla. En septiembre de 2009 y con todos los recurso agotados, Ciprià Fluixà pidió la suspensión de la pena de prisión y una reducción de la multa impuesta en la sentencia condenatoria. La sala accedió en un auto de 19 de diciembre de 2009.
Sin embargo, Ecologistas en Acción presentó un recurso en el que acreditaba que el condenado no había declarado los ingresos familiares- su mujer es funcionaria- ni los de la empresa de su propiedad.
En otro auto posterior de fecha 2 de diciembre, la sala comprobó la existencia de estos ingresos no declarados, aceptó el recurso ecologista y declaró nulo el acuerdo que habría rebajado la condena de Fluixà.
El ex alcalde de Xeresa fue condenado únicamente a un año, por lo que la práctica jurídica aplicable en estos casos por los tribunales es "suspender" la ejecución del ingreso en prisión. Sin embargo, el auto de la Audiencia recuerda que Fluixà ya fue condenado con una pena de multa por hechos similares a los que obligan ahora a su ingreso en prisión y destaca "el nulo esfuerzo del Sr. Fluixà dirigido al cumplimiento de las penas impuestas". La Audiencia tampoco acepta rebajar la multa impuesta.
"No creo que vaya a la cárcel pero siempre llevaré el sambenito
El ex alcalde de Xeresa, Ciprià Fluixà, señaló ayer, en declaraciones a Levante-EMV, que desconocía "totalmente" la existencia de un auto judicial que puede llevarle a prisión en cuestión de días por haber permitido, hace una década, el aterramiento del marjal en su término municipal. Por ese motivo, evitó cualquier valoración del mismo. Fluixà, en cualquier caso, mostró su escepticismo y dudó de que "ningún juez vaya a mandar a prisión a alguien por una condena de un año", dado que, por sus informaciones, siempre tendría la posibilidad de permutar esa condena con una multa o por trabajos en beneficio de la comunidad. Justamente en ese proceso estaba trabajando su abogado Javier Boix, que representa también, entre otros, al presidente de la Generalitat Francisco Camps, en el caso "Gürtel".
Siempre desde la cautela por el desconocimiento de la última resolución judicial sobre el caso, el ex alcalde de Xeresa concluyó que, si finalmente el recurso que presentó para cambiar la prisión por una multa o trabajos sociales ha sido desestimado, será "porque la justicia española es así, y a mí me corresponderá llevar siempre el sambenito".
* Levante - 9.09.10
Foto: Xeresa (Valencia) - casaturismorural.com
Santa Cruz.- Indicios de delito en los imputados del ´caso mamotreto´
LAOPINIÓN/Tenerife* : La fiscal de delitos Medioambientales, Inmaculada Violán, considera que del conjunto de investigaciones llevadas en el conocido como caso mamotreto se desprenden ya "suficientes indicios de criminalidad" contra la totalidad de los imputados por la presunta comisión de un delito de ordenación del territorio. Las personas investigadas por una supuesta prevaricación urbanística son la actual concejal de Urbanismo, Luz Reverón, el anterior responsable de este área y teniente de alcalde, Manuel Parejo, el concejal de Obras, Norberto Plasencia y el anterior responsable de este área, José Domingo Pastor, hoy retirado.
Aparte están también formalmente imputados los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, Loreto Ariz, Epifanio Gómez y Candelaria Benítez. La juez, Sonia Martínez Uceda, por su parte, ha asumido la petición de la fiscal y ha solicitado los antecedentes penales de todos los imputados lo que se ha interpretado como el paso previo a su acusación formal.
La magistrada también recoge la petición de que la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias remita una copia literal y testimoniada de los informes técnicos y jurídicos que se hubiesen evacuado hasta la fecha por los técnicos de este Departamento. La fiscal indica que ni en el dictamen pericial ni de los informes elaborados por los peritos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apnum), "se desprenden con claridad los cálculos de los excesos cometidos en cuanto a edificabilidad y ocupación del edificio proyectado".
Por lo tanto, la fiscal pide, y así lo asume también la juez, que el Gobierno de Canarias remita copia literal y testimoniada de los informes técnicos y jurídicos que se hubiera evacuado hasta la fecha por los técnicos sobre este proyecto. Los documentos deben abarcar aspectos relativos a la normativa urbanística de aplicación, tales como los parámetros de alineaciones, coeficiente de edificabilidad y ocupación de la parcela en la que se asienta el mamotreto y demás edificaciones y construcciones contempladas en el proyecto de urbanización de la playa de Las Teresitas.
Las acusaciones sobre la parcialidad de los informes emitidos por el Apnum no son nuevas. En el propio Parlamento de Canarias, la portavoz socialista, Gloria Gutiérrez, fue clara al manifestarse en este sentido. Han sido varias las ocasiones en las que técnicos de este Departamento tuvieron que ir a declarar ante la magistrada y la fiscal, ya que éstas no consideraban suficientes las explicaciones ofrecidas. La Fiscalía, en las diligencias previas, dos años y medio después de haberse iniciado las investigaciones, señala que todos los imputados, tanto los concejales como los técnicos, "tramitaron, informaron o aprobaron las obras contenidas en el proyecto".
Añade que estas actuaciones "no fueron oportunamente informadas por el servicio correspondiente, sobre aspectos relativos a su adecuación al planeamiento en vigor, y que se tramitó sin que fueran solicitadas ni obtenidas las correspondientes autorizaciones por parte de la Consejería de Política Territorial ni de la Dirección General de Costas".
Dominio público
La gravedad de los hechos vendría dada porque el citado proyecto contemplaba obras de edificación y otra serie de construcciones en zona de dominio público marítimo-terrestre y de servidumbre de protección, y entre ellas el edificio conocido como mamotreto. La fiscal cree probado que si hubiese continuado la construcción de este edificio habría llegado a ocupar 1.223 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, además de la totalidad de la servidumbre de protección, incluida la de tránsito, según el informe elaborado en su momento por Costas.
La fiscal apunta que si bien el proyecto se empezó a ejecutar comenzando por las obras de la cabecera de la playa y más concretamente por el mamotreto, éste se vería luego interrumpido por los requerimientos que hizo Costas.
En esta paralización tuvo también mucho que ver la sentencia del Tribunal Supremo (TS) del año 2007 que anuló la compra de los terrenos y afectó a su disponibilidad. En estas fechas, sin embargo, el edificio se había levantado parcialmente, ocupando la servidumbre de protección en al menos 6,5 metros cuadrados de ancho a lo largo de todo el frente o fachada.
"Al día de la fecha, se ha producido ocupación efectiva de servidumbre de protección-marítimo terrestre", concluye la fiscal. A principios de julio, la juez emitió un auto a través del cual consideraba que este edificio no era autorizable y por lo tanto descartaba la petición del abogado defensor de Reverón para que el Ejecutivo autónomo emitiera un informe sobre su posible legalización.
* La Opinión Tenerife - 9.09.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es
