Puebla de Lillo.- El fiscal imputa al constructor por el derribo de la Casa de los Escudos

DIARIODELEÓN* : El expediente sobre el derribo de la Casa de los Escudos de Puebla de Lillo, presentado por el Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo al Juzgado de Instrucción de Cistierna, solicita la declaración como imputado al titular de la empresa promotora Oriental Resorts, S.L. Además la denuncia de la fiscalía va también contra cuantas personas puedan resultar con responsabilidad penal en los hechos. El Ministerio Público señala en su escrito que el constructor debe considerarse «como autor de los hechos toda vez que es la persona que ha ordenado la realización del derribo de la casa, todo ello sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción de la causa se puedan determinar que existen otros partícipes o copartícipes en los hechos denunciados».

A la denuncia presentada por el Fiscal ante Juzgado de Cistierna acompaña además un total de 285 documentos que conforman el expediente así como la declaración de testigos y un perito. Uno de los informes señala que en los escudos se aprecian deterioros en forma de golpes y desprendimientos pequeños. «Así mismo el resto de materiales no almacenados, mampostería, piezas escuadras y parte de los enrejados de forja junto con los de otra construcción colindante que posiblemente fuera de otro palacio, se han arrojado a una improvisada escombrera sin posibilidad de discriminación y, por tanto, de recuperación».

Dentro de la documentación se encuentran las denuncias presentadas por un particular, por la asesoría jurídica de la Junta de Castilla y León y por Izquierda Unida.

Los hechos se inician el 18 de agosto de 2009 cuando el Ayuntamiento de Puebla de Lillo concede licencia urbanística a la entidad Oriental Resorts para construir un hotel y un spa en el edificio blasonado de Puebla de Lillo conocido como Casa de los Escudos. Entre los meses de octubre de 2009 y enero de 2010 la empresa procedió al derribo total del edificio sin que exista autorización por ningún organismo competente.

Este edificio blasonado de Puebla de Lillo se encuentra protegido. Tras el hecho se sucedieron la exigencias de responsabilidades políticas y judiciales sobre un derribo que no cuenta con licencia.





* Diario de León - 1.08.10
Foto: Lugar donde se encontraba la Casa de los Escudos de Puebla de Lillo.- diariodeleon.es

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"La corrupción en el franquismo era de calderilla si se compara con la actual"

LEVANTE/Entrevista a Rafael Arnanz* : En 39 años ha sido secretario de dos diputaciones y ocho consistorios de toda España. El último, el Ayuntamiento de Valencia, donde se jubiló como secretario general en 1991 tras 15 años de servicio. Rafael Arnanz (Zaragoza, 1927), doctor en Derecho y académico de la Real Academia de Jurisprudencia propone cambiar el Código Penal y la legislación local para combatir la corrupción municipal, a su juicio la "más importante". Rafael Arnanz se jubiló como secretario general del Ayuntamiento de Valencia en 1991, pocos meses después de asumir Rita Barberá la vara de mando. Dejaba atrás 39 años como secretario municipal, 15 de ellos en Valencia y otros 9 en Sagunt y Puçol, en ocho ayuntamientos repartidos por toda la geografía española y las diputaciones de Girona y Tarragona.

Cuando está cerca de cumplir los 83 años, nació en Zaragoza en noviembre de 1927, este doctor en Derecho y Ciencias Políticas ha publicado tres libros y más de 150 trabajos de investigación en Derecho. El último de ellos en la separata "Cuestiones actuales de la Jurisdicción en España" de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la que es académico. En este artículo propone introducir cambios en el Código Penal y la legislación local para luchar contra la corrupción en ayuntamientos y diputaciones.

Desde sus 39 años como secretario municipal ¿cómo ve la evolución de la corrupción en la Administración Local?

Es como una mancha de aceite que cada vez se extiende más y que parece que no va a tener fin. Y esto, contando ahora, que con la crisis se supone que tiene que haber una contracción, sobretodo en el urbanismo, que es lo que más afecta al ámbito municipal. Pero cuando se recupere la economía volverá a incrementarse aún más la corrupción. En el ámbito municipal es, según mi opinión, en el que se da la mayor corrupción porque es donde se maneja el urbanismo.

Eso le lleva a calificar este país como "La España del maletín"

Ese ha sido el instrumento para llevar los sobornos y las cantidades que se dedican a esto. Supongo que en la época de la peseta haría falta un mundo para equiparar las cantidades que se manejan ahora con las de entonces. Un mundo, sí, esa maleta antigua que por su enorme tamaño era como un mundo.

Y en esa geografía de la corrupción, la Comunitat Valenciana parecen tener un papel estelar con el presidente Camps imputado en el caso de los trajes, con una solicitud del fiscal de 15 años de prisión para el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y ahora con su homólogo en Alicante, Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal.

Ha coincidido que ahora con el asunto Brugal se ha redondeado el mapa y ya ha habido una homologación en este sentido. Lo que quizá haya es un agravamiento en algunos momentos, como por ejemplo el caso Polop. Este asunto es un cambio cualitativo porque ahí hay un homicidio dentro del propio partido de uno que era alcalde, presuntamente instigado por otro que quería sucederle. Es estremecedor. También supone un cambio cualitativo el tono no ya crispado, sino envenenado, que se utiliza a veces, y hasta de pésima educación, como lo de "hijo de p..." de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Y en este "y tú más" en que se enzarzan los dos grandes partidos ante la corrupción, ¿quién se lleva la palma?

Hombre, establecer el "quantum" es muy difícil. El PSOE no se ha librado ni se libra de esto. Lo que si que hay es un estudio que dice que las fianzas que se han pedido para el caso Gürtel casi suman más de la cantidad que, digamos, se "distrajo" en el caso Filesa, el más paradigmático de los socialistas. Las cifras cada vez son mayores. Ya sin ir al caso Matas, que ha sido un telón de fondo temporal de lo aquí ya llevamos añas atrás en Castelló, con el caso Fabra. Por que aquí también se han aumentado los costes de muchas obras públicas. Este es otro de los asuntos graves, además del urbanismo.

Como secretario ha convivido con la dictadura y con la democracia. Existe la imagen de que había más corrupción en la Administración franquista, pero usted opina lo contrario.

Aquella España era, no sólo más gris y plomiza, sino indudablemente más pobre. Esa puede ser una posible explicación. Los casos que se daban entonces, como el de Vilá Reyes o Matesa -el escándalo financiero más importante de finales del franquismo-, eran de calderilla si se comparan con cualquiera de los actuales, sin necesidad de recurrir a los más grandes. ¿A qué se debe esto? ¿A que somos más ricos? No sabría explicarlo. Tal vez tenga que ver con eso que habla el sociólogo polaco Zygmunt Bauman del "estado líquido". Que no es la liquidez económica, sino de las relaciones humanas en las que se han perdido todos los valores. Así, por ejemplo, cuando recordamos que a Pi i Margall le parecía caro ir a comer al restaurante Lhardy de Madrid a cargo del erario público, parece que estemos hablando de políticos de otra galaxia. No ya del siglo XIX, sino de un señor que ha venido de otro planeta.

¿Por qué afirma que sale barato ser un político corrupto?

Porque en la mayor parte de los casos, lo difícil es echarle el guante al dinero que sustraen. Creo que se tendría que cambiar el Código Penal para que las penas aumenten o disminuyan en función de lo que se reintegre a las arcas públicas. No estoy proponiendo una amnistía fiscal, simplemente que la pena que corresponda se module de acuerdo con la cantidad defraudada que se devuelva al Estado o a la corporación municipal o autonómica.

La sociedad en general, tal vez, no castigue la corrupción, ya que vemos como algunos políticos sacan incluso más votos tras ser imputados, como el mismo Fabra.

Marañón decía que "cada uno tiene el gobierno que se merece". Es increíble, pero hay como una insensibilización social o, quizás, habría que llamarlo pasotismo ante la corrupción política. A lo mejor puede ser que tenga que ver con el fútbol. En la época de Franco ya se decía aquello de "panem et circenses", donde el circo que mantenía entretenida a la población era el fútbol. Y ahora estamos con mucho más fútbol. ¡Todos los días hay en la televisión partidos históricos!. Tal vez influya tanto fútbol en este desapego de la gente ante la corrupción o, quizás, sea una forma del pueblo de anestesiarse ante este problema.

Presenta como un "agujero negro de la corrupción" que los alcaldes puedan nombrar y cesar a secretarios e interventores.

Eso no lo digo yo solo, sino también Alejandro Nieto, un gran experto en Derecho Administrativo que fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La independencia que deben tener el secretario y el interventor para que haya un control en los ayuntamientos se pierde si te nombra y desnombra el mismo a quien tienes que, sino vigilar, procurar que su actuación se adecue a la legislación municipal. Yo no digo ya que ahora sea el Gobierno de Madrid quien los nombre, porque supongo que eso ya es irreversible, pero sí que se efectúe desde los ejecutivos autonómicos de acuerdo a una terna de candidatos y el nombramiento se haga por méritos.

Otra de las modificaciones a la Ley de Régimen Local que propone es que tanto el secretario como el interventor recuperen la obligación de la advertencia de ilegalidad en los casos de grave incumplimiento de la ley.

Esa obligación se introdujo durante la dictadura de Primo de Rivera. Luego la mantuvo la República y también el régimen franquista. Entonces se debía dar cuenta de las infracciones graves al gobernador. Ahora, por supuesto, si se recupera dicha función de advertencia, en todo caso, se debería informar a la Fiscalía Anticorrupción.

También plantea que secretarios e interventores vuelvan a tener la potestad de paralizar decisiones municipales si tienen dudas sobre su ilegalidad.

Esa facultad de dejar sobre la mesa un expediente si se dudaba sobre su legalidad existió hasta principios de los años 80. Era una medida extrema que yo la tuve que utilizar una vez en el Ayuntamiento de Valencia. Fue el 9 de abril de 1979, en la última reunión de la Comisión de Urbanismo del consistorio predemocrático. Iba un expediente que proponía la construcción de cuatro torres de apartamentos en el Saler análogas a las que ya había. Pedí que quedará sobre la mesa amparándome en esa disposición. El expediente ya paso a la nueva corporación democrática y jamás se construyeron.

Todas estas medidas merman la autonomía municipal. ¿Cree que esa autonomía es mala?

No. El problema es la falta de controles. Ahora solo hay un control judicial, a través del contencioso-administrativo y otras vías judiciales que son largas y caras. Debe de haber un control interno en los ayuntamientos que ahora, en cierta manera, no existe desde el momento en que el alcalde a quien tienes que asesorar y controlar te puede cesar. Si que existe el control externo, el judicial, pero en este caso no estamos hablando de prevenir sino del fait acomplí, del hecho consumado, ante el que sólo un posible contencioso defiende al vecino de las arbitrariedades municipales.

También piensa que deberían suprimirse las diputaciones.

Parece que es redundante y duplicante que existan estando los gobiernos autonómicos. Ortega y Gasset llamaba a las diputaciones "ese torpe tatuaje de la piel de España", un tatuaje que ya se ha quedado como definitivo. Jordi Pujol lo intentó, pero se encontró con que no podía porque está en la Constitución. Por eso creo que en España se sacraliza demasiado nuestra Carta Magna ante la posibilidad de introducir cambios. En este sentido opino que habría que recordar aquello que decía Jean-Paul Sartre, que "las cosas son para el hombre, no el hombre para las cosas". Es decir, que la Constitución debería ser para el ciudadano, no al revés.





* Levante-emv - RAFEL MONTANER - 1.08.10

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Sanxenxo.- Una burbuja inflada desde la política

ELPAÍS/Pontevedra* : La desmesura alcanzada por la construcción en Sanxenxo recibió el empujón definitivo con la redacción de un documento que, paradójicamente, ofreció una buena oportunidad de poner orden y sensatez al desarrollo urbanístico de una localidad plagada de segundas residencias, donde el número de viviendas vacías duplica al de ocupadas en cuanto agosto termina y los turistas hacen la maleta hasta el verano siguiente. A principios de 2003 el Ayuntamiento aprobó su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El plan, redactado a toda prisa para llegar a punto a los tiempos de la burbuja, terminó por convertirse en la legitimación de la marbellización de la localidad.

El PXOM de Sanxenxo da luz verde al desarrollo de una treintena de suelos urbanizables y a la construcción, en total, de 13.454 viviendas. Dos años antes de la redacción del polémico documento, el recuento del censo registraba 13.706 viviendas ya construidas en la localidad.

Es decir, el plan contempla duplicar el parque inmobiliario de un ayuntamiento cuya población se mantiene estable y viene creciendo desde los ochenta al lento ritmo de un millar de habitantes por década.

Ahora, los mayores desarrollos previstos en el plan han dejado el paisaje del municipio salpicado de proyectos frustrados, máquinas paradas y obras que avanzan imperceptiblemente tras años de construir a velocidad de vértigo.

Si se entra a Sanxenxo desde Poio, por la carretera de la costa, no tardan en aparecer los primeros desmontes sobre el mar. Donde hace unos años se localizaba una gran zona forestal que se hundía en la ría, se dibujaron en los planos del PXOM tres suelos urbanizables, los de A Granxa, Os Cotos y Festiñanzo en los que se prevé la construcción de más de 1.000 viviendas.

En A Granxa puede verse el trazado de la futura urbanización sobre la tierra que ha quedado tras deforestar los terrenos. Cuándo se terminará el complejo es una incógnita. Lo único terminado es la época de las presiones a los pequeños propietarios de lo que antes había sido suelo protegido y las revalorizaciones en porcentajes de cuatro cifras.

Unos kilómetros más adelante, en Miraflores, el desplome de Fadesa en 2008 dio una de las primeras señales de aviso del final de los días de vino y rosas de la especulación. La constructora tenía previsto edificar allí, sobre unos terrenos que han sido adquiridos finalmente por Caixa Galicia, más de 400 viviendas.

En Noalla, al otro extremo del municipio, se diseñó lo que se ha convertido en un símbolo de la destrucción ambiental de Sanxenxo. En las dos bolsas de suelo de Monte Faro se contempla la construcción de casi 3.000 viviendas de lujo alrededor de un campo de golf. Aquí fue Caixanova la que heredó parte del enredo de un delirio faraónico con varias denuncias en los juzgados por su inviabilidad ambiental.

Cuando una de las promotoras iniciales de este proyecto, la valenciana Sedesa, apareció en el sumario del caso Gürtel se visibilizó una muestra del complejo entramado de vínculos entre la política y el sector inmobiliario tejidos en Sanxenxo durante los años del bum.

Su regidor entre 1999 y 2007, el ahora candidato por el PP al bastón de mando de Pontevedra, Telmo Martín, encarnó con su doble ocupación de alcalde y promotor esta concepción de la gestión municipal como un desenfrenado despliegue de planos sobre la mesa.

Tanto descuidó su entorno Sanxenxo en la última década que su mayor atractivo turístico, la playa de Silgar, perdió buena parte de su arena con la construcción del puerto deportivo y tuvo que ser regenerada. Bajo el edificio Herpi, una de esas primeras aberraciones edificadas en los setenta, otra playa, la de A Carabuxeira, también sufrió los cambios en las corrientes.

Martín creó durante su mandato varias empresas de gestión municipal. Una de ellas, Ínsula Sanxenxo, nació en 2006 con el objetivo de promover la creación de vivienda protegida en el municipio. Desapareció el pasado año sin que el bum haya dejado en la localidad ni un solo piso de protección oficial.

Su sucesora en el cargo, Catalina González, ha declinado, a través de su departamento de prensa, hablar para este reportaje. Aducen que en Sanxenxo, sobre urbanismo, "no hay nada que contar".




* El País - 1.08.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es

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Madrid.- La asociación vecinal de Prosperidad se niega a abandonar su local

DIAGONAL* : De poco han servido para la Comunidad de Madrid las reuniones mantenidas con los responsables de las consejerías de Educación y de Hacienda, las concentraciones de protesta o las adhesiones de personalidades con la entidad vecinal. Ignorando todo esto pero, sobretodo, el hecho de que la asociación lleva más de 35 años trabajando en el barrio de forma complemante altruista, el Gobierno de Esperanza Aguirre le comunicó ayer que el próximo sábado 31 de julio iniciará “el procedimiento de recuperación posesoria” de su local. A tal fin, vuelve a demandar a la organización ciudadana la entrega de las llaves de su sede, algo que ésta no tiene ninguna intención de hacer.

Gloria Cavanna, presidenta de asociación de 2000 a 2009, recuerda que “en un acto público, el 5 de julio entregamos las llaves del local a los vecinos de Prosperidad, que son los que lo usan a diario, y éstos optaron por no consignarlas a la Comunidad de Madrid, así que no lo vamos a hacer ahora. Resistiremos ante el desalojo pues consideramos que es necesario un local público para seguir con las actividades en el barrio”, remacha.

En una auténtica carrera contra el reloj, Valle-Inclán acaba de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Consejería de Educación, actual propietaria del inmueble, que tras ceder a la asociación el local situado en el número 51 de la calle Luis Cabrera durante cinco años, se apremia ahora en recuperarlo con objeto de obtener liquidez. Por ende, el colectivo ciudadano ha lanzado una campaña de recogida de firmas on-line (http://noaldesalojoavvalleinclan.org) y convoca a los vecinos y vecinas a protestar todos los sábados de este mes de agosto a las 12h en la plaza de Prosperidad.

La amenaza de desalojo de la sede vecinal se remonta al pasado 15 de junio. A pesar de que funcionarios del Gobierno regional habían garantizado la renovación de la citada cesión, Valle-Inclán recibió ese día una carta en la que la Comunidad de Madrid le instaba a la entregar las llaves del local antes del pasado 5 de julio. El colectivo no sólo no lo hizo sino que, en ese periodo, recabó centenares de adhesiones ante una medida medida que “constituye un nuevo ataque al movimiento vecinal y un recorte más de los derechos sociales de la ciudadanía con el pretexto de la coyuntura económica”, según Cavanna. Además del PSOE e IU y de organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) (de la que forma parte), la FAPA Giner de los Ríos, ATTAC Madrid o la Asamblea de Movimientos Sociales de Madrid, personalidades como Carlos París, presidente del Ateneo de Madrid o Federico Mayor Zaragoza, presidente de la fundación Cultura de Paz y ex director general de la Unesco han mostrado su apoyo cerrado a la entidad ciudadana frente a una “decisión incomprensible e injustificable” de la Comunidad de Madrid, en palabras de este último. Entre las innumerables solidaridades recogidas en estos días, hay que destacar el sostén contínuo de la Escuela Popular de Prosperidad, que se encuentra en el número 19 de la misma calle en la se ubica la sede de Valle-Inclán. Precisamente "La Prospe", después de varios años de batalla, consiguió sortear de manera existosa la amenaza de desalojo que pendía sobre su local.

Según Gloria Cavanna, la orden del Gobierno regional "es un ataque más al movimiento vecinal y requiere una respuesta. El desalojo es un nuevo recorte a los derechos sociales que afecta a toda la ciudadanía. No sirven los criterios puramente monetaristas ni el pretexto de la crisis, el local es imprescindible, por lo que seguiremos movilizando a los vecinos, denunciando lo que consideramos es obstaculizar la labor de esta asociación en su justa lucha por tener un barrio cada día mejor”.

La amenaza que pende sobre Valle-Inclán no es un hecho aislado. Tal y como informó el pasado 30 de junio Nacho Murgui, presidente de la FRAVM, “Hacienda ha dado orden de poner a su disposición todos los locales de las asociaciones de vecinos propiedad de las consejerías, pero ha cometido el error estratégico de comenzar el ataque por la parte más difícil, una asociación que tiene fuerza, presencia en el barrio, capacidad de movilización, y que va a poner muy difícil este primer asalto”. “Aquí nos jugamos mucho. No podemos permitir que con la excusa de la crisis hagan lo que les da la gana”, concluyó el representante ciudadano.




* Diagonal - 29.07.10
Foto: Concentración contra el desalojo de la asociación vecinal, el pasado 5 de julio.- diagonalperiodico.net

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El equipo de Camps avisa de que seguirá si es "condenado"

PÚBLICO* : Justo en el mismo día y, por poco, coinciden hasta en la hora. El portavoz del Grupo Popular en Les Corts valencianas, Rafael Blasco, afirmó este martes que Francisco Camps “debería continuar” en su cargo “aunque fuera condenado” por su implicación en el caso Gürtel. Y, mientras tanto, Mariano Rajoy decía a los suyos, reunidos en el último comité ejecutivo nacional del curso que celebraba su partido, que habrá que esperar a ver qué pasa con los procesos judiciales abiertos para adoptar cualquier decisión.

“El president debería seguir en cualquier circunstancia”, dijo Blasco de forma rotunda durante un almuerzo con periodistas. Después resaltó que se trataba de su opinión personal y aseguró que, en cualquier caso, no pensaba que ese extremo llegara a producirse. “Creo que no va a ser condenado porque tengo una absoluta confianza en su inocencia como la inmensa mayoría de los valencianos”, matizó.

En cualquier caso sus declaraciones ya habían causado estragos en el PP nacional. “¿Quién es Blasco?”, destacaban con sorna. Más de un dirigente conservador minusvaloró a su compañero de filas. Algunos llegaron incluso a decir que no se podían tener en cuenta sus palabras porque cuando Blasco habla “no se sabe si realmente dice lo que piensa”. En la sede del PP creen que tanto él como Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, han “malmetido” mucho contra el jefe del Consell.

En la dirección nacional mantenían que ese podía ser “el pensamiento” del conseller pero se negaban a suscribirlo. Además insistían en que el líder del PP había dicho exactamente lo contrario. “Él ha pedido esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos”, señalaba un diputado. Otro lo recordaba así: “Ha dicho que con los temas de corrupción confiamos en la Justicia y que vamos a ver qué ocurre”. Cada uno lo expresaba a su manera pero en el fondo la idea era la misma: Camps permanece en cuarentena. “Todo está pendiente. No le hemos dado un sí rotundo e incondicional”, confesaban en el PP.

En mayo, Rajoy derrapó en su cierre de filas con Camps. El líder del PP comentó en una entrevista que su barón iba a ser cabeza de lista en las próximas elecciones “diga la Justicia lo que quiera”. El Supremo se iba a pronunciar sobre el tema de los trajes y, con ello, Rajoy venía a decir que le daba igual que lo imputaran.

El jefe de la oposición siempre se ha arrepentido de la expresión que empleó y unos días después incluso llegó a reconocerlo en público. En una reunión con los máximos dirigentes de su partido admitió que había sido “desafortunada” y sostuvo que no iba a volver a decir cosas que se pudiesen “malinterpretar”.
“Confiar en la justicia”

Por lo visto ha aprendido la lección y ahora prefiere mantener la cautela. Por eso iniciará el curso político en Santiago de Compostela cuando el año pasado lo hizo en la Plaza de Toros de Valencia. Y, por eso mismo, ha pospuesto la designación de candidatos a la vuelta del verano esperando a que los tribunales se pronuncien.

En rueda de prensa, le preguntaron a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por la situación que vive el partido en la Comunitat Valenciana donde cuentan, además de con Camps, con los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, imputados. “Vamos a esperar y confiar en la actuación de la Justicia”, dijo repitiendo el estribillo de su jefe.

Además tuvo que defender que el código ético se aplica “a todo el mundo por igual” cuando le preguntaron por qué se había suspendido de militancia al ex secretario general de los conservadores valencianos, Ricardo Costa, por atrincherarse en sus cargos y no se hacía nada contra Fabra, al borde del banquillo por delito fiscal, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. “No tienen absolutamente nada que ver los dos casos aunque haya personas interesadas en mezclarlos”, defendió Cospedal.
La tapadera de Fabra

Por su parte, el portavoz del grupo Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, denunció que Fabra y su familia mantienen activa una empresa que se utilizaba para ocultar pagos, informa Toni García de Dios. El nombre de la empresa es Carmacas, creada por el presidente de la Diputación de Castellón en el año 2000 y que desde el año 2004, cuando se descubrió la presunta trama de blanqueo de dinero no obtiene beneficios. Una empresa sin actividad, pero que continúa dada de alta, con un capital cercano al millón de euros y una persona contratada a la que paga 36.000 euros al año, según la documentación a la que ha tenido acceso Mulet.

La Fiscalía Anticorrupción cree que esta podría ser su tapadera. Según Mulet, en estos años “se está produciendo una descapitalización de Carmacas, se va distribuyendo el patrimonio que se ha ido consiguiendo en los años de bonanza, antes de que estallase el caso Fabra”.

Además también se conoció que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado un recurso interpuesto por Fabra quien consideraba que diversas informaciones publicadas en la revista Interviú referentes a las investigaciones fiscales sobre su patrimonio constituían delitos de revelación de secretos oficiales e información privada. Pero la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca que informar sobre el patrimonio de una “autoridad” no es delito.





* Público - 31.07.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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