LAVERDAD/Albacete* : Nuevo varapalo, esta vez judicial, a la construcción de la macrourbanización de la Losilla. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Albacete ha anulado el plan de reparcelación aprobado por el Ayuntamiento de Chinchilla por considerar que no están garantizados los recursos hídricos para la construcción de esta macrourbanización.
Lo que anula el juzgado es la resolución de alcaldía, aprobada el 27 de noviembre del 2007, en la que se aprobaba definitivamente el proyecto de reparcelación del área de reparto número 1 (APR-1, La Losilla) del Plan de Ordenación Municipal de Chinchilla, tras la denuncia interpuesta por Izquierda Unida en abril del 2008.
La Comisión Provincial de Urbanismo emitió en febrero del 2006 el informe favorable al plan de la Losilla, aunque lo condicionó a la resolución de varios factores, entre ellos a que contara con un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el que se expresara claramente si existían recursos hídricos suficientes para atender las necesidades de una macrourbanización de más de 1.800 chalés.
Pero según la resolución judicial, el Ayuntamiento de Chinchilla desoyó los requerimientos de la Comisión Provincial de Urbanismo y aprobó en el pleno municipal el 30 de mayo del 2006 el Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) con los votos del equipo de gobierno socialista y del PP en la oposición «ignorando la existencia de recursos hídricos suficientes para garantizar el abastecimiento a todo el área de reparto». Entonces el Ayuntamiento aportó una escritura con una opción de compra de la Finca de la Morena con dos pozos que aseguraban que garantizarían el suministro de agua, «obviando de manera incomprensible la condición que para tal aprobación le venía impuesta de manera vinculante».
En la sentencia, el juez incluso se muestra irritado con el Ayuntamiento porque «a pesar de los intentos por sostener lo contrario no existe hasta la fecha ningún informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar dando cumplimiento a lo interesado por la Comisión Provincial de Urbanismo». Explica además que el único informe que se presenta por parte del Ayuntamiento chinchillano es uno del 12 de abril del 2007 en el que la Confederación asegura que no se puede pronunciar sobre la existencia de recursos hídricos para La Losilla porque los pozos de la Finca de la Morena pertenecían al término municipal de Albacete y no al de Chinchilla.
Ilegalidad de todo el PAU
Lo que anula el juez es el decreto del Ayuntamiento que aprueba definitivamente el proyecto de reparcelación pero considera que toda la aprobación del PAU debe ser considerada nula, ya que no se habían solventado los problemas remarcados por la Comisión Provincial de Urbanismo.
Para ello, como reconoce que no tiene competencias para hacerlo, plantea elevar, cuando la actual resolución sea firme, una cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para que se declare la nulidad de todo el PAU.
Izquierda Unida se opuso desde el principio a la construcción de La Losilla «porque suponía una modificación encubierta de Plan de Ordenación Municipal de Albacete», tal y como recordó ayer durante la valoración de la sentencia la portavoz izquierdista en el Ayuntamiento de Albacete, Rosario Gualda.
La edil de IU recordó que en un principio el Ayuntamiento de Albacete también se opuso a la construcción de esta macrourbanización «por los graves perjuicios que tendría para la ciudad» en la fase de consulta interadministrativa que era obligatoria ya que La Losilla se ubicaba en el límite con el término municipal de Albacete, pero poco a poco esa oposición desaparición según IU porque la urbanización «estaba amparada e impulsada» por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por el entonces consejero de Urbanismo, Alejandro Gil «y financiada por CCM, que por actuaciones como esta fue intervenida por el Banco de España», aseguró el coordinador provincial de IU.
Esta urbanización supondría triplicar la población de Chinchilla que sumaría más de 7.000 nuevos vecinos a los apenas 2.300 habitantes con que contaba cuando se inició su tramitación allá por el 2003.
La portavoz izquierdista en el Ayuntamiento de Albacete recordó que su formación siempre había considerado La Losilla como un «pelotazo urbanístico» porque «se había ahí para evitar la construcción de viviendas de protección oficial» (la normativa regional sólo obligaba a construirlas en localidades mayores de 10.000 habitantes).
Amparado por la Junta
El coordinador provincial de la formación izquierdista mostró ayer «una doble satisfacción» tras conocer la sentencia porque se «ha conseguido frenar el modelo de desarrollo impulsado por la Junta que busca beneficiar a unos pocos promotores, aunque sea a costa de perjudicar al medio ambiente» por un lado y por otro «que conseguimos que se cumplan las leyes».
Aguilar anunció que su formación estudiará en los próximos días si inicia un proceso para pedir responsabilidades de tipo político y penal «por una supuesta prevaricación, ya que se aprobó el proyecto a sabiendas de que no había recursos hídricos».
Se da la circunstancia de que el proyecto se encuentra paralizado por la actual situación económica ya que, como admitió uno de los promotores, Sebastián Moreno, a este diario hacía falta un crédito de 60 millones de euros para llevarla a cabo y no encontraban una entidad que lo financiara.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ya rechazó en marzo del 2009 el recurso presentado por IU a todo el PAU «por defectos de forma, sin entrar al fondo del asunto».
La sentencia ha provocado «sorpresa y extrañeza en el Ayuntamiento de Chinchilla» que recuerda que la Confederación Hidrográfica del Júcar ya ha tramitado el cambio de uso del agua, de uso agrícola a uso residencial, de unos derechos que tenía el agente urbanizador.
Así lo explicó ayer a este diario el concejal de Urbanismo chinchillano que aseguró que la resolución incluso está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 12 de agosto de este mismo año. Ballesteros aclaró que lo que se ha hecho es un cambio de uso de las aguas cuyos derechos ostentaba el agente urbanizador por 985.000 metros cúbicos de agua, «aunque para La Losilla sólo harían falta 655.000». Además, recordó que el agente urbanizador ha renunciado incluso al 15% que tiene que ceder al Estado.
«Alguien nos tendrá que explicar esto», argumentó Ballesteros que aseguró estar «muy tranquilo» porque «desde el principio hemos actuado con mucho rigor».
* La Verdad - ELÍAS JIMÉNEZ - 6.10.09
Foto: Chinchilla - turismoenalbacete.com
Chinchilla: La justicia anula el plan de reparcelación de La Losilla por no tener garantizada el agua
La investigación implica al Gobierno de Castilla y León en la trama Gürtel
ELPAÍS* : Después de tocar Madrid, Valencia y Galicia, la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa alcanza al Gobierno de Castilla y León, también del PP. Un nuevo informe policial remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid implica a José Manuel Fernández Santiago, actual presidente del parlamento de Castilla y León y ex consejero de Fomento, en una adjudicación amañada con reparto de comisiones ilegales.
La constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3% del contrato, descontándole el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió el botín entre dirigentes del PP, entre ellos el tesorero, Luis Bárcenas.
Otro de los beneficiados es T. O., unas siglas que la policía investiga desde febrero y que podrían corresponder a Toti, el sobrenombre por el que se conoce a Fernández Santiago, consejero de Fomento cuando se produjo la polémica adjudicación de la variante a Teconsa.
La investigación policial de este caso arrancó en febrero, cuando se halló una carpeta de color azul registrada como "R-16 Documento 02" en poder de José Luis Izquierdo, contable de la trama corrupta. En el interior de la carpeta había "cuatro papeles cogidos con un clip, dos de ellos grapados", que contenían un fax remitido desde la consejería de Fomento de Castilla y León con los datos de la adjudicación definitiva de la obra: "Adjudicataria Tecnología de la Construcción SA (TECONSA), 12 meses de ejecución y un presupuesto de 2.847.959 euros". En ese fax aparecía, manuscrita, la cantidad de 2.455.137 euros, correspondiente al presupuesto de adjudicación descontándole el IVA. Y debajo, otras dos cifras: "73.650=12.255". La investigación interpreta que la primera, cifra, 73.650, se refiere a euros y es el 3% del presupuesto de adjudicación sin IVA. La segunda cifra, 12.255, se refiere a su traducción en pesetas (12.255.000 pesetas).
Entre los cuatro folios en poder del contable de Correa también figura el reparto de la supuesta comisión ilegal, que la policía interpreta así:
- "Sobre con 24.000 euros (4 millones de pesetas) T. O. (aún sin identificar) que entrega PC (Paco Correa) el 17 de enero de 2003".
- 16.400 euros para "G" (aún sin identificar).
- 18.600 euros para "J" (aùn sin identificar)
- 17.500 euros para PC (identificado como Paco Correa)
- 18.600 euros para L, quien se identifica también con las siglas LB, que se corresponden con Luis Bárcenas, actualmente senador electo por Cantabria.
La policía concluyó que se había producido una supuesta "adjudicación amañada en la variante de Olleros de Alba, en la que hay una participación activa de la organización de Francisco Correa, así como de algún político que puede influir en la decisión por parte de la Consejería de Fomento de Castilla y León".
Entre las grabaciones de las conversaciones de Correa que autorizó el juez Garzón figuran algunas que mantuvo el jefe de la trama corrupta con José Luis Martínez Parra, directivo de Teconsa. El actual presidente del parlamento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, declaró en su día que no conocía de nada a Correa y que el expediente de adjudicación de la obra era "impecable".
UNA SOSPECHA DE DINERO NEGRO PARA PAGAR FAVORES.
Entre los documentos del sumario del caso Gürtel destaca una nota manuscrita sobre reparto de comisiones en la obra de Olleros de Alba y el informe de la Agencia Tributaria sobre retirada de billetes de 500 por Teconsa.
* ELPAIS.com- JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid - 06/10/2009
Foto: Junta CyL - cscae.com
El oscuro futuro de la visera de la M-40
ELMUNDO/Madrid* : Las infraestructuras vinculadas a la consecución o no de los Juegos Olímpicos de 2016 se quedan en el cajón aguardando tiempos mejores. Por contra, las que estaban ya en marcha, simplemente, se ejecutarán sin más. Pero ¿qué ocurre con las que se proyectaron para beneficiar el proyecto olímpico y que están relacionadas con planeamientos viables?
Esto es lo que sucede con la conexión del ámbito de la Villa Olímpica con el estadio de La Peineta. Además de los 2.600 apartamentos que el Ayuntamiento proyectó para acoger a los atletas que viniesen a Madrid, sobre la mesa estaba la construcción de 3.400 pisos con alquileres regulados.
«Obviamente, tener los Juegos Olímpicos permite mayor agilidad, mejor financiación, pero este ámbito se podría desarrollar. Es viable y beneficioso para la ciudad incluso sin los Juegos. La zona está pendiente de desarrollo, ha estado paralizada en función de los Juegos y podría haber modificaciones en el concurso de ideas para la Villa Olímpica, porque ya no haría falta plantear los servicios para deportistas, pero en lo nuclear se desarrollará y por eso se ha aprobado hoy, para poder desarrollarlo en los próximos cuatro años», aseguró el vicealcalde, Manuel Cobo, el pasado 18 de junio cuando presentó en sociedad el proyecto.
La delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, no pudo asegurar ayer si se hará la infraestructura de cubrimiento de la vía de circunvalación. «Hay que sentarse con el Ministerio de Fomento y plantear el asunto, ya que la intervención afecta a la M-40 que es de titularidad del Gobierno. «Hoy por hoy no hay ninguna decisión tomada», dice
Actuaciones en marcha. En estos momentos, el Ayuntamiento de Madrid está ejecutando el Centro Acuático y el Parque Olímpico, situados junto a La Peineta. La infraestructura que acogería las competiciones de natación supera con creces los 200 millones de euros. Comenzó a construirse en 2004 y tiene un aforo para 26.700 personas. Tiene una superficie de 104.500 metros cuadrados. Tendrá cuatro grandes piscinas, que pueden dividirse según la disciplina que se vaya a practicar, así como una cubierta principal que puede desplazarse para facilitar la celebración de competiciones al aire libre.
Ambas actuaciones quedarán para uso y disfrute de los madrileños.
Lo que ya no estará en Madrid. El Consistorio tenía pensado ejecutar diferentes proyectos que se incluirían en el plan olímpico y que después de celebrarse los Juegos Olímpicos de 2016 se hubiesen quedado en Madrid para siempre. Se trata del Canal Sur de Piragüismo y Remo de Madrid/Getafe que se construiría en el río Manzanares. Otro es el Centro Olímpico de Hockey que se levantaría en el entorno de La Peineta y hubiese costado 65,3 millones. Hubiese tenido dos campos (uno permanente y otro temporal) con capacidad para 11.500 y 4.800 personas.
Además, se suma el Circuito de BMX que hubiese estado en la zona del río como parte del proyecto de regeneración del Manzanares. Tenía capacidad para 6.000 personas. El coste estimado de la infraestructura era de 17,2 millones. El Pabellón Olímpico estaría al lado de La Peineta, y tendría capacidad para 15.000 personas. Finalmente, el Canal de Aguas Bravas estaba pensado que se hubiese construido en el Ensanche de Vallecas. El parque tendría una extensión de 394.612 metros y hubiese costado 14 millones.
La capital deberá esperar a ver si Madrid es olímpica para saber si el Ayuntamiento las resucita.
* El Mundo - J.G. Treceño -5.10.09
Foto: La Peineta (archivo)-turismomadrid.es
Vecinos y juristas pacenses exigen la apertura de la Ciudad de la Justicia
HOY/Badajoz* : En 2012, en Ronda Norte se levantará una Ciudad de la Justicia que puede ocupar hasta 30.000 metros cuadrados. Sólo faltan tres años pero aún no hay una fecha de inicio de las obras, ni siquiera un proyecto para conocer qué tipo de edificio servirá para albergar los servicios judiciales de la ciudad.
Lo que sí hay son dos grupos muy interesados en que estas instalaciones abran sus puertas, los vecinos de San Roque y la Audiencia Provincial que exigen celeridad en este proyecto.
Tendrán que tener paciencia porque aún faltan muchos trámites para ver en obras la Ronda Norte. El primer inconveniente al que se enfrenta este proyecto es el terreno escogido por el Ayuntamiento de Badajoz. El consistorio ofreció esta parcela al Ministerio de Justicia por cumplir con las exigencias de espacio. «Solicitaban al menos 30.000 metros cuadrados de edificabilidad que es mucho, para hacerse una idea, el antiguo Hospital Provincial, que es de los edificios más grandes del centro, no llega a los 20.000», explica el concejal de Urbanismo Celestino Rodolfo para justificar su elección.
El problema es que este terreno está reservado para dotaciones educativas, es decir, la construcción de un colegio o un instituto. Para edificar la Ciudad de la Justicia, el consistorio ha tenido que modificar el Plan General de Ordenación Urbana. El Ayuntamiento ya ha cumplido con el primer trámite que es aprobar este cambio en pleno y someterlo a información pública. Ahora, esta modificación está en manos de la Junta de Extremadura que también debe dar el visto bueno. «Enviamos el expediente el 3 de agosto y tienen que analizarlo aunque confiamos y rogamos que esté cuanto antes», confiesa Rodolfo.
Lo más probable es que la aprobación de la administración regional llegue sin problemas aunque la Consejería de Educación tiene derecho a presentar alegaciones en contra, ya que el terreno era para dotación educativa.
Una vez que la Junta apruebe esta modificación, el expediente volverá a pasar por el pleno municipal que ya podrá ceder los terrenos al Estado. En ese momento aún faltaría elaborar un proyecto, que se apruebe y sacarlo a concurso antes de que comiencen las obras. Un proceso largo que debe culminar antes de 2012, ya que la subsecretaria del Ministerio de Justicia, Susana Peri, aseguró el año pasado, cuando aceptó los terrenos en Ronda Norte, que la Ciudad de la Justicia estaría en marcha en cuatro años.
Las más afectadas por esta nueva infraestructura serán las instituciones judiciales que esperan impacientes que el proyecto abra sus puertas. José Antonio Patrocinio, presidente de la Audiencia Provincial, califica la Ciudad de la Justicia como «fundamental». «Llevamos 30 años en los juzgados actuales y estamos como en una lata de sardinas. Las instalaciones no responden a las necesidades de 2009».
Actualmente, la sede de la Justicia en Badajoz es el inmueble en la avenida de Colón, pero hay juzgados separados, como el de los Social en una calle paralela, así como diferentes despachos dispersos por la ciudad. José Antonio Patrocinio asegura que hace perder mucho tiempo a los procesos judiciales.
«Necesitamos la Ciudad de la Justicia como agua de mayo y no sólo pensando en las necesidades de ahora sino en las de los próximos 20 años. Badajoz es la ciudad con más tráfico judicial de Extremadura y además, está creciendo», añade el presidente de la Audiencia Provincial que asegura que se crearán más juzgados en breve y que no hay sitio material para ponerlos.
Esperando a los funcionarios
Los abogados, fiscales y jueces, sin embargo, no son los únicos que desean ver en marcha la Ciudad de la Justicia, también los vecinos de San Roque que consideran que una infraestructura de este tamaño reactivará el barrio. Esa fue la intención del Ayuntamiento de Badajoz al elegir la Ronda Norte según explica el concejal de Urbanismo. «Es una institución que traerá muchos beneficios a San Roque».
Los vecinos también están muy satisfechos por esta instalación que llevará a cientos de funcionarios cada día a sus calles además de las personas que tengan que usar el juzgado y para ello se desplacen hasta esta zona. «Será un refuerzo para el barrio, tanto para los restaurantes como otros comercios, además, seguro que abren nuevos», explica Ramón Olivenza, presidente de la Asociación de Vecinos de San Roque que no disimula su entusiasmo.
Eso sí, para Olivenza es fundamental que esta infraestructura no tarde en llegar. «Vendrá muy bien para salir de la crisis y en el barrio hay muchísimas ganas de verlo en marcha». Por el momento, sin embargo, tendrán que esperar viendo pasar los trámites que acompañan a cada nueva infraestructura.
* HOY.es - NATALIA REIGADAS - 6.10.09
Foto: Parcela de la Ronda Norte donde se construirá la Ciudad de la Justicia. / HOY
El Consell autoriza en tres años 8 planes urbanísticos con riesgo de inundación
INFORMACIÓN/Alicante* : La Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo ha aprobado en los últimos tres años (2007-2009) un total de ocho planes urbanísticos en la provincia desoyendo los informes negativos y, por tanto, desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en los que advertía del riesgo de inundabilidad.
La lista fue hecha pública ayer por el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, durante la presentación del balance del año hidrológico 2008/2009 que se ha cerrado con volumen de agua embalsada de 994 hm3 que garantizan todos los usos durante un año y el abastecimiento hasta 2012, incluso aunque no volviera a llover.
Moragues presentó un informe en el que, por otro lado, también cifró los planes aprobados por el Consell en la provincia sin haber recibido todavía el informe solicitado (5) y otros cinco en los que la Conselleria de Urbanismo ni siquiera solicitó el estudio preceptivo, según el artículo 25.4 de la Ley de Aguas. Informes que, según la legislación autonómica y estatal, son obligatorios pero no vinculantes.
Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar alertó de que en la Comunidad Valenciana existen un total de 117 planes urbanísticos que cuentan también con informe desfavorable ante la posibilidad de sufrir inundaciones, pero todavía no han sido aprobados por el Consell. Señalar, en este sentido, que los estudios son preceptivos pero, aún así, la legislación urbanística valenciana autoriza la aprobación de los planes siempre que cuando se urbanice se incorporen las medidas correctoras exigidas.
Benimeli, Novelda, Calpe, Polop de la Marina, Villena y Monforte del Cid son los municipios alicantinos donde se han desarrollado proyectos urbanísticos desde 2007 con problemas de inundabilidad y sin haber tenido en cuenta el informe desfavorable de la Confederación del Júcar o el voto en contra del representante del Ministerio de Medio Ambiente en la Comisión Territorial de Urbanismo, según denunció ayer Juan José Moragues. El presidente de la CHJ se mostró preocupado y abogó por una reflexión de las administraciones y una actualización del Plan de Actuación contra las Inundaciones (Patricova). Un ambicioso proyecto aprobado en 2003 que debían desarrollar conjuntamente el Consell, la CHJ, diputaciones y ayuntamientos pero que seis años después sólo se ha ejecutado en un 40%.
Preocupación
"Algo está fallando cuando hay muchos informes desfavorables sobre muchos proyectos urbanísticos que luego se aprueban", señaló Moragues quien, por otro lado, se felicitó por los "escasos desbordamientos de ríos", para a continuación lamentar los casos de inundaciones urbanas como en Dénia y Burriana (Castellón). El responsable de la Confederación alertó, por otra parte, sobre la próxima construcción en la población valenciana de Alzira de un centro comercial en una zona que, según la CHJ, podría inundarse.
La gota fría que barrió la provincia la semana pasada provocando registros de lluvia históricos, como los 308 litros de lluvia por metro cuadrado recogidos en la provincia, han revelado que Alicante sigue sin completar su plan antirriadas o, lo que es lo mismo, que la lentitud de ejecución de las obras del ambicioso Patricova mantiene sin protección todo lo que no sean cascos urbanos.
Zonas que siguen padeciendo los efectos de un desarrollo urbanístico mal planificado que no ha contemplado soluciones para uno de los problemas singulares de la provincia: las avenidas que se producen por las aguas pluviales sin que encuentren colectores que las desvíen. La ocupación de cauces naturales (barrancos y ramblas) y el cerco a las zonas inundables de los ríos terminan por explicar la indolencia urbanística de una Administración a la que le cuesta invertir en proyectos que no se ven, ya que la mayoría son colectores que deben enterrarse bajo tierra.
Al problema de la falta de colectores de pluviales se une el de la, a veces, poca dimensión de los colectores de aguas residuales, como ocurre, por ejemplo, en Torrevieja, en la avenida de Míriam Blasco de Alicante o en zona de la Vega Baja y la Marina Alta.
* Información - F. J. BENITO - 6.10.09
Foto: Vehículos atrapados por las inundaciones de septiembre en Monforte del Cid, uno de los municipios del informe P. GIL. -diarioinformacion.com
