Comienza el juicio oral por la Ciudad del Golf de Ávila

En 2006 el Tribunal de Justicia de Castilla y León anuló el proyecto urbanístico promovido en un pinar de Las Navas del Marqués (Ávila), al ser un terrero protegido como Zona de Especial Protección para las Aves, que incluía la construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama. En el proyecto estaban implicados, además de la empresa y el Ayuntamiento, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y la Diputación de Ávila, todos del PP. La ilegal urbanización tuvo bastante repercusión en los medios por la imputación de altos dirigentes políticos autonómicos. La acusación fue llevada, una vez más, por asociaciones ciudadanas, hartas de la impunidad delictiva de las distintas administraciones. Ahora hay que esperar que la justicia sea justa y sepa condenar el amiguismo y la corrupción urbanística existente en las filas 'populares' de Castilla y León.
"ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* : Seis años después del inicio de las diligencias por el caso de la “Ciudad del Golf” de Las Navas del Marqués (Ávila), el Juzgado de lo Penal nº2 de Valladolid inicia este lunes el juicio oral contra cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, para los que la Fiscalía y la acusación particular de Centaurea y Ecologistas en Acción piden 8 años de inhabilitación por el delito de prevaricación ambiental. La duración prevista del juicio es de cinco días.

Los técnicos imputados son el actual Director General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz, su antecesor en el cargo y hasta fechas recientes Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Mariano Torre Antón, el actual Jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, José Ignacio Molina García, el entonces Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo Ontoria, y el Jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas de este último Servicio, Sabas Yagüe Bosch.

El auto de imputación de enero de 2012, tras resumir el cúmulo de informes falsos realizados por los procesados para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental positiva de la Consejera de Medio Ambiente, señalaba que “la actuación de los imputados bien de forma concertada o bien por sometimiento a los dictados del superior de todos ellos, de forma deliberada y con conocimiento de lo que hacía, sustituyeron el informe que debieron dar con respeto a la normativa medio ambiental aplicable que conocían, variando incluso en algún caso, la correcta interpretación sostenida inicialmente, y acordaron informar favorablemente -aunque con medidas correctoras- el informe que se les había solicitado a fin de hacer factible la construcción pretendida”.

Centaurea y Ecologistas en Acción aprovechan el inicio del juicio para denunciar que el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ampare los comportamientos presuntamente delictivos de sus subordinados y máximos responsables de la Dirección General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, haciéndose cómplice de sus actuaciones contra la naturaleza, de cuya conservación siguen siendo los responsables. Los ecologistas consideran penoso el mensaje que se envía a la sociedad, confirmando la muy extendida impresión de que la generalidad de los políticos profesionales de esta región y país son unos corruptos y se protegen entre ellos.

También lamentan que la Consejera de Medio Ambiente en aquel momento, la hoy senadora María Jesús Ruiz, siga aferrada a su cargo y su sueldo público y no se siente en el banquillo de los acusados.

El caso de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués es un ejemplo notorio de la confusión entre intereses públicos y privados que ha caracterizado la acción pública de María Jesús Ruiz y de la Junta de Castilla y León, promoviendo y/o alentando operaciones inmobiliarias especulativas en espacios naturales protegidos. El protagonismo de la ex-Consejera es indudable en otros escándalos similares como la “Ciudad del Medio Ambiente” de Soria o la estación de esquí de San Glorio (Palencia y León), al igual que la “Ciudad del Golf” con sentencias judiciales contrarias, incluida la recientemente dictada por el Tribunal Constitucional.

En el caso de Las Navas del Marqués, hay que recordar que se investiga la aprobación de la urbanización de 215 hectáreas de terrenos integrantes del Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves “Pinares del Bajo Alberche” y los ámbitos de los Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León, afectando a un Área Crítica para la conservación de esta última especie, que fue modificada para acomodar el proyecto e incluir sus 1.600 viviendas, zona hotelera y dos campos de golf.


* Ecologistas en Acción - 28.2.14
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad del Golf - aviladigital.com



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Condenan al alcalde de Tolox en otras cuatro causas por prevaricación urbanística

El Juzgado de lo Penal nº8 de Málaga ha condenado al alcalde de la localidad malagueña de Tolox, J.Vera (Convergencia Andaluza), a 15 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público en una causa por prevaricación urbanística por autorizar una licencia para 772 viviendas. Según fuentes judiciales, hay otras tres sentencias condenatorias dictadas en el mismo sentido y por el mismo delito, aunque por distintos permisos de obra. Como se ve en este pequeño municipio eran prácticamente ilegales todas las construcciones que se realizaban, un auténtico récord de corrupción urbanística en el país.
"ELDIARIO* : De estas resoluciones, según las fuentes, en dos se condena a Vera, al arquitecto municipal y a un letrado contratado para hacer informes jurídicos; mientras que en otras dos, se condena a los dos primeros, pero se absuelve a la que era secretaria municipal. Estas sentencias se suman a la dictada el pasado mes de febrero, en la que el regidor fue condenado también a 15 meses de prisión y 10 de inhabilitación por autorizar 24 viviendas en suelo no urbanizable.

Según se declara probado en una de las sentencias dictadas ahora, el alcalde, el arquitecto municipal y el letrado externo se pusieron de acuerdo "con unidad de acción y propósito" para proceder al crecimiento urbanístico del municipio "sin respetar las normas vigentes y aplicables". Para ello, entre otros trámites, se elaboró un expediente de licencia para la construcción de 772 apartamentos en varias parcelas consideradas no urbanizables.

El alcalde concedió la licencia "a pesar de constarle que la misma no se ajustaba a la realidad vigente", dice la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press. Previamente, el arquitecto municipal había informado de forma favorable a la ejecución de las obras sabiendo "que no se ajustaban a la legalidad", al igual que el tercer acusado, que había sido "contratado expresamente por Juan Vera para la emisión de informes jurídicos en determinados expedientes".

El juzgador recuerda, como ya hizo en la anterior sentencia, que se trata de un municipio con no más de 3.000 habitantes "donde existen aproximadamente unas 800 viviendas construidas", considerando "notorio y evidente que estamos ante un exceso de licencias concedidas", que podrían suponer casi triplicar la población. Se muestra en esta causa la "orgía urbanística que cegó a muchos y uno de los causantes de la crisis en nuestros días".

Por esto, entiende el juez que "no sólo estamos ante una conducta ilícitamente reprochable, sino que los acusados llevaron a cabo una multitud de autorizaciones que dieron lugar a que incluso el órgano controlador y disciplinario de la legalidad urbanística --Junta de Andalucía-- pusiera los hechos en conocimiento del ministerio fiscal al entender que el volumen de licencias era tal que excedía de ese crecimiento exagerado propio del momento".

La licencia se considera ilegal. En relación con el alcalde, el juez indica que no puede alegarse ignorancia y que "no estamos ante un simple error de apreciación, sino que se concedió una licencia para la construcción de 772 viviendas", lo que a cualquier ciudadano medio, "sea o no alcalde de un municipio de no más de 3.000 habitantes, le puede cuanto menos sorprender que pueda llegar a concederse".

Tampoco se admite el argumento de los informes favorables. Al respecto, se apunta a una acción "conjunta" y se incide en que fueron 772 viviendas, "concesión que por muchos informes favorables que el acusado tuviera debía denegar", considerando que Vera actuó "con conocimiento de que la construcción era del todo imposible tanto por los suministros existentes en el municipio como por la modificación que ello provocaría en el desarrollo urbanístico de la localidad".

En lo que respecta al arquitecto municipal, condenado a multa de 2.160 euros e inhabilitación para empleo público por siete años, reconoció los hechos por los que le acusa el ministerio fiscal y sólo contestó a una pregunta, admitiendo que elaboró el informe técnico a sabiendas de su ilegalidad. Pero, se indica que "no estamos ante una responsabilidad en cadena, esto es, que como el técnico informó favorablemente ya todos los demás tienen la obligación de informar".

Sobre el asesor jurídico, condenado a multa de 4.500 euros e inhabilitación por siete años, se apunta que se le contrató "para acelerar el informe jurídico necesario" para la resolución, entendiendo que es un "auténtico informe a la carta". También se señala en la sentencia que aceptó el encargo y "obvió groseramente los mínimos legales de deontología profesional que debería respetar todo aquel que ostenta un cargo en la administración".

De los siete juicios celebrados en este Juzgado de lo Penal, quedan pendientes dos sentencias, de las que se ha pedido aclaración; y aún faltan por celebrarse otros siete juicios. Asimismo, falta por dictarse resolución en otro juzgado por un procedimiento sobre la concesión de varios permisos para construir y segregar una parcela particular. Cabe recordar que la Audiencia de Málaga revocó una sentencia condenatoria por un delito urbanístico y lo absolvió.


* El Diario - EP - 26.2.14
Foto: Tolox (Málaga) - J.Rojas, ELPAIS.com



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