EUROPAPRESS* : El ex director de Greenpeace y fundador del proyecto ecologista Equo, Juan López de Uralde, que acaba de lanzar el libro 'El planeta de los estúpidos' (Temas de Hoy), ha afirmado este jueves que la comunidad andaluza tiene "un listado de problemas ecológicos importantes". En una entrevista concedida a Europa Press, el donostiarra ha señalado que Andalucía tiene problemas "específicos importantes", pasando a nombrar la Bahía de Algeciras y las prácticas de "bunkering" de petróleo con la presencia de los petroleros, Huelva, los fosfoyesos y el depósito de residuos, el urbanismo y problemas que se reproducen como el proyecto de construcción de grandes hoteles en la Playa de El Palmar o el famoso caso del Hotel de El Algarrobico en Almería. Esto refleja, según ha asegurado, que Andalucía tiene "un listado de problemas ecológicos importantes".
'El planeta de los estúpidos. Propuestas para salir del estercolero' "no es un libro más de autoayuda sobre los problemas del Medio Ambiente y las cosas que uno puede hacer, sino un recorrido persona de un ecologista, donde trata de explicar qué le lleva a movilizarse en defensa del planeta y cuáles son las respuestas que ofrece a cada uno de los problemas que se analiza como el cambio climático, el agua, los residuos o la biodiversidad", ha explicado.
El libro comienza el 17 de diciembre de 2009, cuando Juan López de Uralde, director de Greenpeace España, salió del palacio de Christiansborg, en Copenhague (Dinamarca), esposado y escoltado. Fue condenado durante 20 días en el mes de diciembre por colarse en la cena de gala de los dirigentes mundiales reunidos por la Cumbre Climática para "despertar conciencias y avisar de que los políticos hablan, los líderes actúan". En este sentido, ha confesado que lo primero que se le pasó por la cabeza fue la pregunta de "qué iba a pasar ahora".
"Sabes que te has metido en una situación complicada, la cual va a tener consecuencias, pero no tienes idea de que pasará con uno. Te preguntas muchas veces si merece la pena, pero la respuesta es siempre la misma, merece la pena", ha descrito la situación.
López Uralde ha mostrado que desde joven comenzó a desarrollar la sensibilidad por la naturaleza, implicándose primero en actividades de conocimiento y disfrute, y después en su defensa. Con respecto al uso del término 'estúpidos" en el título de la obra, que ha promocionado este jueves en Sevilla, ha señalado que trata de llamar la atención sobre el comportamiento como especie del ser humano, comparándola con el de otras, es decir, "especies que están en equilibrio con su medio y especies que son plagas". "Desde que los seres humanos comenzamos la revolución industrial y empezamos a quemar masivamente carbón y petróleo, nuestro comportamiento se asemeja más al de una plaga que el de una especie en equilibrio", ha lamentado.
Para De Uralde el principal problema ecológico del planeta es "la alteración de los ciclos que constituyen el equilibrio de la Tierra", esto es, cuando se habla de cambio climático o contaminación del agua, "hablamos de lo mismo, es decir, "la actividad humana está destruyendo los ciclos".
"TSUNAMI URBANÍSTICO"
"Es hora de pasar a la acción, el tiempo de la conciencia ha pasado, es el momento de actuar", ha resaltado el nuevo líder nacional de Los Verdes, que cree que a la acción de las organización hay que hacer un llamamiento desde el voto, "hay formas de actuar para no quedarse con los brazos cruzados", ha dicho.
Con respecto a la situación ecológica de España, el ex director de Greenpeace a nivel nacional ha apuntado que se ha sufrido "un tsunami urbanístico" que ha destruido grandes espacios del litoral, que ahora se ha paralizado por la crisis económica, pero que "si no se hacen cambios estructurales volverá a aparecer". Asimismo, ha indicado que un tema sensible es el del agua, que siempre estará ahí como "espada de Damocles".
El director de Proyecto Equo ha señalado que la llegada al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de Rosa Aguilar es "desgraciadamente una mano de pintura verde al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pues se trata más que de cambiar, de una acción de marketing verde". "Hay que cambiar las políticas y no ofrecer cambios de maquillaje verde", ha apostado.
En referencia a la política medioambiental de Zapatero, ha manifestado que existe "un abismo" entre su discurso y su acción, pues "su discurso verde es impecable pero su acción va en dirección contraria", ha lamentado.
No obstante, y a pesar de la situación, ha comentado que el libro cuenta con un espíritu de "optimismo", abogando por "un llamamiento a la acción, ya que no es una obra para dejar una sensación de desesperanza, sino de que se puede hacer algo".
ACCIÓN POLÍTICA
López de Uralde, creador de la Fundación Equo, embrión del partido de Los Verdes, del cual es el líder nacional, ha explicado que el nacimiento del proyecto Equo nace para luego crear una plataforma y un partido que vaya unificando el movimiento verde de cara a las elecciones de 2012. En este sentido, se ha mostrado convencido de que "desde la política se puede hacer más fuerza en la acción ecologista". "La situación y crisis medioambiental es tan grave que no se pueden dejar ámbitos sin tocar", ha afirmado en referencia a la acción de organizaciones y partidos políticas, pues "una complementa a la otra y las dos son necesarias".
Aunque de momento se conforma con entrar en las instituciones, López de Uralde ha señalado que de llegar al Gobierno, "cambiaría el modelo energético, impulsando uno nuevo apostando por las renovables".
* Europa Press - 2.12.10
Foto: J.Lopez Uralde - elpais.com
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha denunciado ante el Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana a José Juan Santana Quintana y David Delgado Santana, ex alcalde y actual concejal de Urbanismo del municipio sureño, respectivamente. La Sección de Medio Ambiente y Urbanismo pide al juez que cite como imputados a los dos políticos para interrogarlos por la ampliación del hotel Vital Suites, ubicado en la zona turística de Playa del Inglés. El fiscal considera que existen indicios de prevaricación administrativa y desobediencia grave en la actuación de los denunciados, pues no han acatado una sentencia firme que obliga al Ayuntamiento a sancionar al establecimiento hotelero por edificar una planta de más y abrir sin licencia.
"Es claro que el entonces alcalde tenía conocimiento de las ilegalidades e infracciones contra el planeamiento vigente, y no procedió a la incoación de un expediente para restablecer el orden jurídico perturbado", sostiene la Fiscalía en su denuncia. Luego añade que el responsable de Disciplina Urbanística "no ha sancionado ni clausurado" la actividad del hotel, a pesar del acuerdo plenario tomado en ese sentido a finales de 2009.
El fiscal reprocha al ex regidor que concertara un convenio "con la espuria finalidad de legalizar una edificación que contraviene las ordenanzas a las que debería haberse ajustado". El acuerdo urbanístico se firmó en 2000. La empresa se comprometió a pagar 1.076.388 euros por la planta y los 1.735 metros cuadrados construidos de más, al tiempo que el Consistorio accedió a modificar la ordenanza para legalizar la obra y dar a la parcela uso "turístico de hotel especializado en temas de salud".
Convenio
Antes de formalizarse el convenio, en los años 1999 y 2000, los técnicos certificaron que la actuación realizada era "ilegalizable" y "muy grave", tanto por el incremento de edificación como por la finalidad de los trabajos, que fueron autorizados para ejecutar un centro médico.
La situación también fue denunciada por un vecino, que finalmente acudió a la vía Contencioso Administrativa porque el Ayuntamiento no le hacía caso. Es ahí donde entra en juego el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anula en 2003 el convenio suscrito por Santana para legalizar las polémicas obras. Esa sentencia es confirmada en 2008 por el Tribunal Supremo, pero el Ayuntamiento no sólo incumple sus propios acuerdos para acatarla, sino que en 2010, "pasmosamente" según el fiscal, devuelve a la empresa el dinero pagado por el exceso de metros construidos sin imponerle ninguna sanción.
* La Provincia - 2.11.10
Foto: San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), plaza de Maspalomas en Playa del Inglés - EFE
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : La Associació de Veïns del Barri Gòtic se personará como acusación popular en la causa abierta contra la presunta trama de corrupción en el distrito de Ciutat Vella en relación a la tramitación fraudulenta de licencias de apartamentos turísticos y establecimientos hoteleros. El anuncio de la presentación mañana de una querella contra los tres imputados, los funcionarios municipales Heliodoro Lozano y Elena Ariza y el ingeniero Joaquín Quílez, se ha hecho en una rueda de prensa de representantes de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona y de la Xarxa Ciutat Vella, que apoyan la iniciativa.
El abogado de los vecinos, Jaume Asens, ha explicado que por prudencia ante la falta de conocimiento directo del sumario la querella se dirige solo contra las tres personas imputadas y que se recurre a la figura de la acción popular porque es la que garantiza la personación independiente de los partidos políticos y las administraciones públicas.
Asens ha manifestado su confianza en que la jueza admitirá la querella y fijará a la asociación una pequeña fianza o ninguna "porque la investigación ya está iniciada". Según el abogado, todo indica que en el caso de la tramitación de licencias de actividad en Ciutat Vella los mecanismos de control interno del Ayuntamiento de Barcelona fracasaron ya que fue a raíz de la investigación policial de otro trama, la de los prostíbulos Saratoga y Riviera, que partieron las denuncias.
Campaña de movilización ciudadana
En nombre de la Associació de Veïns del Barri Gòtic, Reme Gómez, ha denunciado que "en este caso, los representantes políticos han dado una respuesta poco clara y no contundente". Gómez ha acusado a las administraciones de "complicidad por la inacción" en las denuncias de irregularidades que le llegaban desde las entidades vecinales y ha recordado que la entidad lleva años oponiéndose a la existencia de apartamentos turísticos y denunciando los problemas relacionados con ellos.
La líder vecinal ha reclamado que se revisen las licencias de pisos turísticos otorgadas, se retiren las irregulares y se cierren los apartamentos que continúan trabajando, a pesar de no contar con licencia de actividad.
En el mismo encuentro, el portavoz de la Xarxa, Jordi Bonet, ha anunciado una campaña de movilización ciudadana contra la corrupción y por la transparencia en el distrito de Ciutat Vella, que parte de la convicción de "la existencia de una red de corrupción y extorsión" en el distrito "que implicaría consejeros y altos cargos municipales y que sería responsable de las amenazas a la exconcejala Itiziar González".
Bonet ha asegurado que cuando el socialista "Carles Martí era el concejal del distrito" las entidades vecinales ya advirtieron de que se estaban cometiendo irregularidades en la tramitación de licencias de apartamentos turísticos y no les atendieron.
La réplica del ayuntamiento
Por su parte, la concejala de Ciutat Vella y portavoz municipal, Assumpta Escarp, ha calificado de "buena decisión" el anuncio de la asociación vecinal. Lo que no le ha parecido bien son las críticas a la "inactividad" del ayuntamiento contra la corrupción en el distrito que se han vertido en la rueda de prensa convocada por las entidades vecinales.
Escarp ha criticado que se acuse al ayuntamiento de "inactividad" cuando "desde el primer momento, puso a disposición de la juez el primer correo electrónico con denuncia que llegó, ha aflorado todos los temas que van surgiendo y los ha puesto a disposición de la juez".
* El Periódico - 2.12.10
Foto: Barcelona, plaza Ciutat Vella - bcn.es
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INFORMACIÓN* : En un mismo paquete. Así es como el ministerio público quiere que se investiguen las presuntas irregularidades en el proceso de elaboración del Plan General del Ordenación Urbana de Alicante (pendiente en la actualidad sólo del visto bueno de la Generalitat) y el incumplimiento de las condiciones con las que se vendió el estadio Rico Pérez a Enrique Ortiz a través de mercantil Aligestión, unos requisitos cuya burla ha permitido el Ayuntamiento de Alicante, según se desprende de las conversaciones intervenidas durante la operación Brugal, de donde se desgajó la pieza que afecta al PGOU. Para la pretensión de unir las pesquisas bajo la misma dirección, la del magistrado Manrique Tejada, la Fiscalía ya ha dado el primer paso al enviar a este departamento la denuncia que el 29 de septiembre del pasado año presentó José Luis Valdés como secretario general de la formación Vecinos por Alicante.
En la misma se ponía en conocimiento del fiscal que el empresario y actual propietario del Hércules estaba incumpliendo el contrato por el que se hizo con el Rico Pérez "en el capítulo de las mejoras de la obra civil de las estructuras del citado estadio y de los servicios y en multitud de vicios ocultos declarados por los técnicos municipales en una de las cláusulas del informe elaborado previamente a la venta y adjuntos al contrato, como la condición de obligado cumplimiento para la efectiva venta del estadio por un valor estipulado de 4,2 millones para la realización de las obras necesarias de acondicionamiento y seguridad en el uso público de las instalaciones", recoge el escrito.
En el contrato de compra-venta, que se formalizó en 2007, se estipulaba que en un plazo de cuatro meses desde la concesión de la licencia el comprador estaba obligado a invertir la cantidad antes citada en la remodelación del estadio, unas obras con un plazo máximo de ejecución de cuatro años desde el otorgamiento de la escritura.
Hasta el ascenso del Hércules a Primera, en junio de este año, Ortiz no había acometido obra alguna y sólo a raiz de ese momento se han realizado trabajos valorados en dos millones que el dueño del Hércules vincula al convenio. Hasta esa fecha, no consta que el Ayuntamiento requiriera a Ortiz por el incumplimiento de estos requisitos.
El magistrado aún no se ha pronunciado sobre si se queda o no con el asunto que, en caso afirmativo, se uniría a la investigación con la que se pretende aclarar si altos cargos del Ayuntamiento, entre los que se encontrarían el anterior alcalde y la actual primera edil, habrían facilitado información privilegiada a Ortiz sobre el contenido del PGOU a cambio de dádivas del empresario.
El juez indaga si Ortiz pagó un viaje de Alperi
El magistrado que instruye la causa abierta por presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante investiga si el empresario Enrique Ortiz pagó un viaje del ex alcalde, Luis Díaz Alperi, a la isla griega de Creta. Según ha podido saber este diario, el titular del juzgado de Instrucción número 5 está practicando diligencias para averiguar quien pagó el viaje del ex regidor, para lo que ha solicitado que se comprueben las facturas que se emitieron por la reserva del vuelo. Pese a que el juzgado ha requerido que se indague este extremo, hasta el momento la Policía no se ha personado en la empresa que realiza estos vuelos privados, con sede en Valencia, aunque sí ha constatado que la firma que contrató el viaje con la aerolínea que realiza el trayecto ya no existe. El juez Manrique Tejada investiga si hubo irregularidades en la elaboración del Plan General para favorecer a Ortiz y si Alperi y la alcaldesa, Sonia Castedo, recibieron dádivas a cambio de facilitar información privilegiada. P.C./S.LL.
* Información - 2.12.10
Foto: Alicante, estadio Rico Pérez - urbanity
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PÚBLICO* : La Fiscalía Anticorrupción seguirá encargada de todas las acciones relacionadas con la instrucción del caso Gürtel, independientemente de que algunas partes se trasladen a varios tribunales de justicia, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL). Hasta el momento, el TSJCYL todavía no ha recibido el auto del juez Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el que se inhibe en lo referente a la parte del procedimiento que afecta al presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, al tener la condición de aforado.
Sin embargo, el Ministerio Público ya ha decidido que se siga el asunto desde la Fiscalía Anticorrupción, igual que ha ocurrido con las partes de la instrucción trasladadas al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Aunque la Ley de Enjuiciamiento indica con carácter general, en su título IV, que los jueces de instrucción formarán los sumarios de los delitos públicos bajo la inspección directa del fiscal del tribunal competente, en este caso el TSJCYL, en este asunto se ha preferido mantener todas las partes de la investigación en la Fiscalía Anticorrupción, ya que ésta está siguiendo el asunto desde las primeras investigaciones
Según el auto dictado por el juez Pedreira, Fernández Santiago será investigado por el presunto cobro de una comisión de unos 24.000 euros a cambio de la adjudicación de un tramo de la autovía de Olleros de Alba (León) en 2002, cuando era consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, lo que según Pedreira podría constituir delitos de cohecho y prevaricación.
* Público - 2.12.10
Foto: Valladolid, presidente Cortes, F.Santiago - publico.es
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VEGAMEDIA* : El libro presentado hoy por el Foro Ciudadano, El Otro Estado de la Región, es un estudio profundo de la situación de la Región de Murcia. Uno de sus capítulos está dedicado a los municipios investigados por la Justicia, prácticamente la mitad de la Comunidad Autónoma. Un listado que va creciendo ante el asombro ciudadano, que ve ya hasta con familiaridad los casos de corrupción en la Región, aunque no deje de ser un escándalo. Antonio Campillo, coordinador de la obra, y el periodista de El País, Tono Calleja, resumen los casos de presunta corrupción en la política murciana. Un trabajo que por su interés, reproducimos para los lectores con autorización del Foro Ciudadano.
A continuación, vamos a enumerar todos los casos de presunta corrupción (no sólo urbanística) denunciados e investigados en la Región de Murcia en los últimos años, lo que supone un claro ejemplo de la generalización de las conductas ilegales o al menos irregulares entre los mandatarios municipales y entre algunos autonómicos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de investigaciones están sub iudice, por lo que la situación de los mismos podría variar. Entre las detenciones destacan la del ex-consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco Marqués (que también había sido Consejero de Sanidad y Delegado del Gobierno, y que actualmente sigue dirigiendo HEFAME, una de las empresas más importantes de la Región), imputado por el caso de La Cerrichera en el municipio de Águilas; la del ex-alcalde socialista de Lorca Miguel Navarro, que también fue presidente de la Asamblea Regional, segunda autoridad murciana después del presidente Ramón Luis Valcárcel; y la del concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, por un caso de corrupción que puede tener muchas ramificaciones: el de Nueva Condomina.Los casos que vamos a enumerar afectan a 23 de los 45 municipios de la Región de Murcia. Casi todos ellos gobernados por el PP, excepto el de Ojós (gobernado por un grupo independiente), y los de Los Alcázares, Ceutí y Lorca (gobernados en su momento por el PSOE). En total, dos ex-alcaldes y otros tres alcaldes en activo han sido, por el momento, detenidos por la Policía y la Guardia Civil.
ABANILLA. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando si unos documentos solicitados por el Grupo Municipal Socialista son verídicos o han sido falseados, para lo cual llamó a declarar en calidad de imputados al primer teniente de alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco (PP), al secretario municipal, Miguel Castillo López, y al ingeniero del ayuntamiento de Murcia, José Enrique Pérez González. Este funcionario redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, pero unos meses antes de que el Pleno municipal aprobara inicialmente el plan compró junto con un socio 380.000 metros cuadrados de terreno, que pasaron de agrícolas a urbanizables, "porque así lo propuso él mismo al pleno municipal, firmando después un convenio urbanístico con el alcalde Fernando Molina", según denunció la portavoz del PSOE en Abanilla, María Dolores Saurín.
ABARÁN. El alcalde de Abarán (PP) y dos concejales, el de Personal y el de Hacienda, así como otros miembros del consistorio, han sido llamados a declarar, en calidad de imputados, por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cieza, que investiga una presunta malversación de fondos a raíz de una denuncia de UGT.
ÁGUILAS. Hubo tres detenidos (entre ellos, el ex-consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco Marqués) y una decena de imputados, incluido el empresario Trinitario Casanova Abadía y el alcalde, Juan Ramírez Soto (PP), así como dos ex-directores generales de la Consejería dirigida por Marqués. Se investiga todavía la reclasificación de un espacio protegido: La Cerrichera.
ALCANTARILLA. Una juez ha abierto juicio oral contra el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado (PP), al que le pide seis años de prisión por contaminar el río Segura. No hay información reciente de la celebración o archivo del caso.
CARAVACA. El Fiscal Anticorrupción investiga la reclasificación de un terreno en beneficio de la empresa Golden Sky, relacionada con la trama destapada en Librilla.
CARTAGENA. Un juzgado de Cartagena investigaba hasta hace unos meses el intento de reclasificación de la finca de Lo Poyo, en cuya intermediación participó Roca, el principal imputado en la Operación Malaya de Marbella, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 240 millones antes de ser urbanizable. El propio presidente Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que era una situación anormal. En el caso de Novo Carthago, terreno aledaño al anterior de Lo Poyo, la empresa investigada por la Justicia es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja Mediterráneo (CAM).
CEUTÍ. Un juzgado investiga al ex-alcalde socialista de Ceutí, Manuel Hurtado, por prevaricación. En estos momentos, este político, que perdió las elecciones municipales de 2007, es senador.
CIEZA. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia presentó una querella en el Juzgado de instrucción número uno de Cieza contra el alcalde, Antonio Tamayo (PP), por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se reclasifican 270 hectáreas de suelo rústico en los cuales se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde.
FORTUNA. Un juzgado de Cieza ha decidido imputar al actual alcalde del PP y a dos ediles más, después de que la concejala de su mismo partido, María Dolores García, les acusara públicamente, ante los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio en 2003, a cambio de empleos municipales y vales de comida. En estos comicios, el PP resultó vencedor por primera vez con mayoría absoluta.
FUENTE ÁLAMO Y TORRE PACHECO. En esta trama hay 14 imputados, entre ellos Daniel García Madrid (PP), alcalde de Torre Pacheco. Éste fue detenido junto a un funcionario tras aprobar una permuta que perjudicó económicamente al Consistorio. La magistrada de San Javier sigue investigando en los ayuntamientos murcianos de Torre Pacheco y Fuente Álamo la comisión de los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto, siendo el empresario Facundo Armero (socio fundador de Polaris, junto con Pedro García Meroño, a quien luego vendió su participación en la empresa) el principal sospechoso de encabezar la trama de corrupción. Los últimos acontecimientos parecen demostrar la presunta existencia de financiación corrupta del PP en el municipio de Fuente Álamo, pese a que inicialmente se había archivado esta parte de la causa. Uno de los escoltas del empresario Armero reconoció haber llevado importantes sumas de dinero a los alcaldes de Fuente Álamo y de Mazarrón. Llama la atención, a modo de curiosidad, que quien fue durante tres años guardaespaldas de Armero, se encargara también de vigilar y ocultar en 2003 a los tránsfugas de la Asamblea de Madrid, Tamayo y Sáez, que posibilitaron la llegada de Esperanza Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
LIBRILLA. En la Operación Biblioteca hubo cinco detenidos, entre los que se encontraban el alcalde, Pedro Martínez, y el teniente alcalde y edil de Urbanismo, Pedro García, por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de los funcionarios encargados de contratarlas. Al igual que en el punto anterior, en esta operación de la Guardia Civil aparece la financiación corrupta del PP. Uno de los empresarios favorecidos por las adjudicaciones de obra pública, Domingo Peñalver fue detenido, y en la declaración ante el juez se auto inculpó del delito de cohecho al asegurar que realizó diferentes pagos al alcalde de Librilla y al concejal de Urbanismo para financiar el Partido Popular de este municipio, entre otras cosas.
LORCA. En la Operación Reciclaje o Caso Limusa, el ex-director de los servicios de la empresa municipal de limpieza de Lorca (Limusa), Francisco Gil Eguino, fue detenido como supuesto autor de un delito de fraude al utilizar las dependencias municipales para la gestión de sus empresas. Unas 70 sociedades están siendo investigadas. Posteriormente, fueron arrestadas otras siete personas en relación a esta trama, entre ellas el ex-alcalde socialista Miguel Navarro.
LOS ALCÁZARES. En la Operación Ninette, hay seis detenidos. Entre las dos personas que tuvieron que abonar fianza para eludir la cárcel está el ex-alcalde del PSOE Juan Escudero, que pagó 60.000 euros. En esta operación declaró el cartagenero Juan Antonio Roca, detenido en Marbella como principal acusado en la Operación Malaya, y con importantes intereses en su región natal. En esta trama, hay otros catorce imputados. Entre los detenidos está el empresario Valero Garcerán, que aparece en las conversaciones grabadas por la Guardia Civil en la investigación del ayuntamiento de Torre Pacheco, exigiendo que el alcalde dejara una obra desierta para después adjudicársela modificando el proyecto en su beneficio.
MAZARRÓN. El juez investiga, de momento, a concejales de la oposición por compra de votos. Ellos implicaron, a su vez, a varios miembros del equipo de Gobierno municipal del PP.
MULA. El ex-concejal de Urbanismo, Leandro Pérez de los Cobos (PP), fue denunciado por la Fiscalía por recalificar terrenos que habían sido de su propiedad.
MURCIA. En este municipio, que es la capital de la Región, hay al menos tres causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía lo denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de familia desde su puesto de funcionario. Por otro lado, el Colegio de Arquitectos presentó un recurso contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia. Y, por último, en la Operación Umbra, iniciada en octubre de 2010, han sido detenidas tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo, e imputadas otras cinco, entre ellas el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena (PP), y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.
OJÓS. El alcalde de Ojós, Francisco Salinas, de los independientes, fue detenido por presunta corrupción de menores (fotografías pornográficas). La familia del joven implicado recibía ayudas sociales del consistorio.
SAN JAVIER. El ex-alcalde de San Javier, José Hernández (PP), fue detenido junto a dos empresarios del municipio. Por el caso de Puertomayor, en el municipio de San Javier, están imputados también los ex-directores generales Antonio Alvarado y Marcos Ortuño Soto, siendo este último concejal del PP de Yecla.
SANTOMERA. La Fiscalía ha pedido la apertura de juicio oral contra el presidente de la empresa Áridos del Mediterráneo, Pedro García Balibrea (presidente de la Cámara de Comercio de Murcia), y contra el ex-alcalde de Santomera, José Antonio Gil Sánchez (PSOE), por delitos medioambientales ocasionados por la explotación de la cantera ‘El Zacacho’ sin licencia.
TOTANA. En la llamada Operación Tótem se investiga una trama de corrupción de la anterior corporación del PP y de la actual, por la presunta exigencia de comisiones ilegales para recalificar terrenos. Hay catorce detenidos y cuatro imputados más. Entre los arrestados estaba el alcalde del PP, José Martínez Andreo, que permaneció dos meses en prisión, de la que salió tras abonar una fianza de 70.000 euros. Entre los imputados se encuentra el diputado expulsado del PP Juan Morales, ahora en el Grupo Mixto de la Asamblea Regional. Una docena de imputados en la Operación Tótem, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Totana, se sentarán finalmente en el banquillo de los acusados, según se les ordena en un auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
ULEA. El alcalde, José Bolarín Cano (PP), fue denunciado por la oposición por presuntos delitos urbanísticos y tráfico de influencias por favorecer presuntamente la reclasificación de terrenos propiedad de su suegro. Además, se le investiga en relación a la Operación Biblioteca de Librilla.
VILLANUEVA DEL SEGURA. El alcalde, José Luis López de Ayala (PP), fue objeto de una querella de la oposición por otorgar la licencia para construir una urbanización en una zona de dominio público hidráulico del río Segura.
En un comunicado hecho público por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en marzo de 2009, se intentaba acotar el número de casos que hasta ese momento se mantenían ‘vivos’ en cualquiera de las fases judiciales. Entre ellos no se encontraba, claro está, la Operación Umbra, iniciada en octubre de 2010. Después de recordar que el número de denuncias archivadas en la Fiscalía a responsables de ayuntamientos del PP había ascendido a 51 hasta esa fecha (21 en 2006, 21 en 2007 y 9 en 2008), la Junta de Fiscales precisaba que en relación al PSOE solo se habían presentado 11 denuncias, siendo archivadas 8 por el Ministerio Público.
En relación a las querellas formalizadas por la Fiscalía en los distintos Juzgados de Instrucción, las que afectaban a responsables de ayuntamientos gobernados por el PP eran 8 (ahora, con el caso de Nueva Condomina, serían ya 9), lo que sumado a las 3 que afectaban al PSOE hacía un total de 11 (ahora, harían un total de 12). Además, hasta marzo de 2009, la Fiscalía había formalizado tres escritos de acusación: uno contra el alcalde de Alguazas, por delito contra la ordenación del territorio, pendiente de celebración de juicio; otro contra el ex-alcalde de Santomera, por delito medioambiental, igualmente pendiente de la correspondiente vista oral; y un tercero contra el alcalde de Mazarrón y otros (entre los que se encontraba un afiliado al PSOE), que tras celebración de juicio dio lugar a una sentencia absolutoria, en contra de la petición de la Fiscalía.
* vegaMediaPress - 30.11.10
Foto: Murcia, detenciones - vegamediapress
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