Llanes.- Los letrados auguran una «lluvia de pleitos» por la anulación del plan urbano

LNE/Asturias* : Los expertos en derecho urbanístico auguran una «lluvia de pleitos» y de reclamaciones patrimoniales como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes, ratificada hace dos meses por el Tribunal Supremo. Los participantes en el debate «SOS Llanes: 20 años después», celebrado ayer en el Club Prensa Asturiana de LNE, dibujaron un negro panorama para el urbanismo llanisco, tras la anulación de todos sus planeamientos anteriores. El acto, organizado en colaboración con la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), contó con la participación de la secretaria de este colectivo, María José Rodríguez; Javier Calzadilla Pérez, ex decano del Colegio de Arquitectos de Asturias; Gerardo de la Iglesia Guerra, letrado especialista en urbanismo; Jorge Álvarez de Linera Prado, letrado de Andecha Astur en la sentencia que anuló el último planeamiento de Llanes, y Olga Álvarez, abogada de AVALL para el recurso contra el plan de Llanes.

María José Rodríguez señaló al delegado del Gobierno y anterior alcalde de Llanes, Antonio Trevín, como «autor y madre poderosa del engendro» urbanístico. Aseguró que el anunciado régimen provisional de cooperación con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) que permitirá seguir concediendo algunas licencias en el concejo es, «dicho en cristiano, una retirada de competencias». Con la ayuda de fotografías aéreas ejemplificó el «deterioro» y la «destrucción» de diversas zonas del municipio. Y habló abiertamente de «tremendo pelotazo» cuando detalló las sucesivas ventas de La Talá, una de las actuaciones «estrella» del plan de Llanes, desde que, en 1990, la adquirieron en 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros) dos inversores madrileños, hasta que Cajastur la compró al Grupo Nózar, en 2008, en 47 millones de euros, según las cuentas que ofreció Rodríguez.

Gerardo de la Iglesia indicó que el urbanismo llanisco es «la historia del empecinamiento y del engaño político continuado y doloso». Aseguró que a partir de ahora llegará «el vacío total y absoluto», pues las competencias del Ayuntamiento «son cero» y «todo depende del Principado». Advirtió sobre las responsabilidades patrimoniales del Ayuntamiento, al que «le lloverán pleitos». Por ejemplo, los ciudadanos afectados por la anulación podrán exigir al Ayuntamiento «la devolución de los pagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos cuatro años, más los intereses correspondientes».

Javier Calzadilla relató el «pintoresco» proceso urbanístico de Llanes, desde que, en 1988, el Ayuntamiento llamó a participar en el avance a «inversores reales y comprometidos», en lugar de a todos los ciudadanos, como exige la ley. Calzadilla recordó que el Colegio de Arquitectos alegó en contra de aquel planeamiento, al considerarlo «altamente especulativo», «técnicamente confuso», «absolutamente irrespetuoso con el medio ambiente» y «lleno de defectos procedimentales». Desde entonces, Ayuntamiento y Principado se han dedicado a «sostenella y no enmendalla», lo que ha desembocado en la «calamitosa situación actual», según Calzadilla.

Olga Álvarez criticó el empeño de las autoridades en «tirar p'alante» pese a las continuas sentencias condenatorias y advirtió sobre un «grave problema»: las autoridades han aprobado planes después de las sentencias anulatorias; entre ellos, los de La Portiella-La Llavandera, Los Barquitos, La Talá, La Huertona y Los Altares. Esta circunstancia deja, en su opinión, en el aire el futuro de estas actuaciones, algunas de ellas ya desarrolladas.

Jorge Álvarez de Linera destacó los numerosos «errores de bulto» cometidos durante la tramitación por el Ayuntamiento y el Principado y señaló que los últimos veinte años de urbanismo en Llanes han sido «un homenaje a la chapuza» y un «despropósito hecho a propósito». Anunció que ya se ha investigado el patrimonio de los miembros de la CUOTA que dieron «luz verde» al plan de Llanes, con vistas a la petición de «responsabilidades económicas personales» por el «altísimo coste» que tendrá la anulación del plan general, que, en su opinión, implicará «derribos» en algunas zonas, como La Talá.


* La Nueva España - 16.04.11
Foto: Llanes (Asturias), urbanización La Talá - elcomerciodigital.com

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El fiscal coloca a Del Nido en el epicentro de la corrupción marbellí

SUR/Málaga* : El fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez-Villarejo no ahorró calificativos ayer para explicar por qué pide al tribunal que juzga el 'caso Minutas' que condene a 30 años de cárcel al abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido. El acusador público, en una extensa intervención en su informe final, reprendió con dureza al letrado sevillano por su actuación en el Ayuntamiento de Marbella entre 1999 y 2003, donde se realizaron encargos jurídicos supuestamente irregulares por más de seis millones de euros. Lejos de considerarle cooperador necesario, Jiménez-Villarejo colocó a Del Nido en una «posición de dominio», en el «núcleo duro de la toma de decisiones» del área jurídica desde la que, en su opinión, se pudo «descapitalizar» el Consistorio marbellí. El acusador público fue más lejos al afirmar que en Marbella se produjo «una perniciosa y promiscua confusión entre lo privado y lo público», que es el germen del desarrollo de la corrupción, porque «este proceso no es ni más ni menos que un proceso sobre un caso de corrupción pura y dura».

Tras recordar que 'Minutas' es un «caso atípico» porque no tuvo una investigación policial ni hubo escuchas telefónicas, sino que comenzó con un informe del Tribunal de Cuentas que provocó una querella de la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal dijo que «este proceso judicial hay que contextualizarlo en el marco social en el que se produjeron los hechos, en el único ayuntamiento que ha sido disuelto por corrupción en la etapa democrática».
El papel de Del Nido, según el fiscal, fue el de «abogado de confianza» del fallecido Jesús Gil, con el que tenía una relación directa, «de tú a tú», quien lo contrató para el Ayuntamiento obviando los más elementales sistemas legales de la contratación administrativa. Y para ello puso un ejemplo muy gráfico: «Una cena en Puerto Banús entre Gil y Del Nido. Ese fue el expediente de contratación», espetó.
Para Jiménez-Villarejo, el ingreso en prisión en 1999 de Gil por el 'caso Camisetas' marcó un punto de inflexión en su forma de actuar. «En esos tres días en la cárcel -agregó- Gil sacó sus conclusiones: primera, que no iba a figurar ya más en papel alguno, delegando luego en Julián Muñoz, y segunda, sustituir a su abogado de confianza que entonces era José Luis Sierra, con el que se había peleado, por José María del Nido».
La confusión entre lo público y lo privado en Marbella, la comparó el fiscal con las formas del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi: «Él dirige el país desde un palacio que no es la sede de la presidencia del gobierno y Gil dirigía el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades desde un anejo (el Club Financiero) de su mansión 'Villa Ángeles' en la avenida Ricardo Soriano».
«Todo se decidía allí con un desprecio absoluto a la legalidad», añadió el acusador, quien aseguró que existía una asesoría jurídica municipal perfectamente organizada, pero fuera del Ayuntamiento, en el Club Financiero, que fue montada por José Luis Sierra y en la que luego, a partir de 1999, se instaló Del Nido, que «no era un asesor jurídico externo, sino interno».
Luego el fiscal se dirigió a los trece acusados en este proceso, entre ellos Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, para advertirles: «Todo el mundo le echa la culpa al muerto (Jesús Gil), pero eso no sirve en el ámbito penal. Las personas que firmaban y daban apoyo a este 'sistema' paralelo a la legalidad, son responsables y están sentadas en esta sala».


* SUR - 16.04.11
Foto: Marbella, imputado Del Nido (archivo) - elmundo

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Barcelona.- Los peritos judiciales ratifican los pagos a CDC en el 'caso Palau'

ELPAÍS* : Gemma Montull no tiene ni la más remota idea de supuestos pagos de Ferrovial a Convergència a través del Palau de la Música. La exdirectora financiera de la institución musical tampoco sabe quién es "Daniel", el nombre que aparece ligado al cobro de comisiones irregulares y que para Hacienda no es ni más ni menos que Daniel Osácar, extesorero del partido nacionalista. Montull, en definitiva, no conoce nada del caso ni quiso indagar más en su día, pues se limitaba a ejecutar órdenes de sus superiores, los saqueadores confesos del Palau: Fèlix Millet y su padre, Jordi Montull. "No me pagan por pensar", afirmó ayer ante el juez la que fue responsable de finanzas del Palau. Montull declaró como imputada en la pieza separada del caso Palau que indaga el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a Convergència Democràtica a cambio de la adjudicación de obra pública. En esa trama, los exresponsables del Palau actuaron como intermediarios.

Los peritos judiciales de la Agencia Tributaria ratificaron ayer, durante una declaración de casi tres horas, el contenido del informe que acredita los presuntos pagos a Convergència. Según el informe, las partidas que podrían haber servido para satisfacer comisiones a CDC suman 2,33 millones. Las comisiones se pagaban camufladas como patrocinios al Palau y suponían el 4% del valor de las obras que se acababan adjudicando a Ferrovial. Las obras bajo sospecha son de envergadura: la línea 9 del metro y la misma Ciudad de la Justicia en la que ayer declararon los imputados.

Mera hipótesis

La conclusión de Hacienda sobre el desvío de fondos del Palau al partido nacionalista se basa en buena medida en un documento en el que aparece consignada una relación de años y de pagos bajo el epígrafe "Daniel", en alusión a Daniel Osácar. De ese documento se incautaron los Mossos d'Esquadra en el registro del Palau de la Música, en julio de 2009.

Los abogados de los imputados trataron de cuestionar la credibilidad del informe. El letrado Javier Melero afirmó que los peritos describieron su informe como una mera hipótesis. Según los abogados de GPO y Ferrovial, el peritaje de Hacienda se hizo de forma "vaga", ya que no se estudió la documentación relativa a los concursos o a los convenios de patrocinio de Ferrovial, ni los convenios de la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC.


* El País - 14.04.11
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org

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Cee contrataba la empresa con la propuesta más cara

LAVOZ/A Coruña* : Los agentes que investigaron las adjudicaciones de obras en la operación Orquesta -por la que fueron intervenidos los ayuntamientos de Cee, Mazaricos y Fisterra- dejan claro en sus informes que las adjudicaciones de obras a una misma empresa -Construcciones Ogando- se hacían de modo irregular. «Dichas adjudicaciones -dicen refiriéndose al caso de Cee- se hacían a sabiendas de su injusticia, a través de una resolución arbitraria en procedimiento administrativo, como es la resolución de adjudicación definitiva de las obras, la cual consta firmada en todos los casos por el alcalde de Cee, Ramón Vigo», dicen los investigadores en el sumario. En Cee la empresa Ogando se llevó dos obras importantes, la del campo de fútbol, de unos 400.000 euros, y la de la Casa da Cultura, en distintas fases. En el primer caso el pliego utilizado no fue el correcto, ya que se empleó uno para un procedimiento negociado con publicidad y no para un procedimiento abierto. Donde debía haber una valoración puntuada de distintos aspectos de las ofertas presentadas, lo que había eran solo unas casillas en las que los técnicos apuntaban «muy bien, bien, regular o mal». A la oferta pública se presentaron nueve empresas, y la de Ogando, con el presupuesto más caro, fue la que salió elegida.

Otra compañía ofreció algo similar pero con cinco días de plazo de ejecución más y 30.000 euros menos de coste. Fue rechazada. Es más, Ogando consiguió esa obra ofreciendo un plazo de ejecución de un mes, que después hubo de ampliar en contra de los criterios de la intervención municipal.

Más allá de las cifras hay conversaciones intervenidas en las que se habla de comisiones del 5% y en las que el alcalde se refiere a futuras actuaciones dando por hecho que las iba a hacer la misma empresa, antes de que se convocara el concurso.

Criterios subjetivos

En la Casa da Cultura, la de Ogando fue la segunda oferta más cara de las ocho presentadas. Un informe de la Interventora deja claro que de un total de 100 puntos «tan solo 15 se adjudicarán en virtud a aspectos objetivos y 85 puntos serán sometidos al discernimiento de quien sea el encargado de valorarlos». La empresa ganadora, además, presentó su oferta fuera de plazo, y fue aceptada por la mesa de contratación en contra del criterio de la secretaria.

En Fisterra, en la adjudicación de otro campo de fútbol de hierba artificial, los investigadores constatan que el arquitecto «contravino de manera ilícita sus obligaciones al facilitar asesoramiento a una empresa privada en un asunto en el que debía intervenir por razón de su cargo». Ogando se llevó la obra sin que existan en el Ayuntamiento los informes preceptivos del secretario. En la trama Orquesta hay hasta el momento 23 imputados. Hoy declararán en el Juzgado de Corcubión varios funcionarios de Cee.


* La Voz de Galicia - 14.04.11
Foto: Cee (A Coruña), registro ayuntamiento (archivo) - lavoz

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La alcaldesa de Guadarrama dimite del PP y acusa de irregularidades a su predecesor

ELPAÍS/Madrid* : La alcaldesa de Guadarrama, C.Pérez del Molino, ha presentado esta mañana su baja en el PP junto a otros seis integrantes del equipo de Gobierno, que hasta esta renuncia estaba compuesto por once concejales. Y lo ha hecho tras asegurar que su partido ha prescindido de ella por oponerse a prorrogar un contrato de una permuta firmada de forma "irregular" por el entonces regidor y presidente del PP local, José I.Fernández Rubio. Según la alcaldesa, el PP de Guadarrama le anunció después de prescindir de ella su intención de llegar a un acuerdo con la familia que había denunciado el incumplimiento del contrato, que no fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, especifica la primera edil. En una rueda de prensa celebrada en el salón de plenos del Consistorio, la regidora explicó que el exalcalde del municipio y ahora candidato del PP en Las Rozas, José I.Fernández Rubio, aprobó desde la sociedad del suelo una permuta de unos terrenos con un privado sin conocimiento del resto del Ayuntamiento. Según Pérez del Molino este acuerdo sería irregular, ya que los terrenos eran del Ayuntamiento y no de la sociedad municipal del suelo, que fue la entidad que acordó el contrato. Además, explicó que la valoración del suelo intercambiado perjudicaría claramente los intereses del Consistorio.

La alcaldesa especificó en declaraciones a Europa Press que las discrepancias con el seno del Partido Popular de Guadarrama, cuyo presidente es el viceconsejero de Empleo y Mujer, y exalcalde de la localidad, Juan Ignacio Fernández Rubio, vinieron motivadas su negativa a llevar adelante un convenio urbanístico que "él había firmado y con el que no estábamos de acuerdo" y por "no estar de acuerdo con la política económica que él había llevado a cabo en el Ayuntamiento". "Éramos conscientes de que Fernández Rubio nos iba a echar por nuestra forma de gobernar a lo largo de este tiempo. Hemos hecho justo lo contrario que él nos pidió que hiciéramos", puntualizó.

Según Pérez del Molino, cuando Fernández Rubio abandonó la alcaldía "dejó una deuda municipal de 30 millones de euros". "Nosotros hemos retomado el Ayuntamiento con una política de ahorro y austeridad diferente a la que él había llevado a cabo. Esto ha indignado mucho al presidente del

PP y ha puesto de candidato a su mano derecha", apostilló.

A juicio de la alcaldesa, el Partido Popular "no ha valorada nada" el trabajo realizado por su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento. "El PP no ha estado a la altura del esfuerzo que hemos llevado a cabo en

estos dos últimos años, donde el gasto corriente superaba en 7 millones de euros a los ingresos. Los ingresos se desplomaron. Tirar para adelante en esas condiciones ha sido un trabajo y un esfuerzo increíble. Muchos concejales han estado al pie del cañón junto a todo el personal del Ayuntamiento", ha concluido.

La primera edil reseñó que hasta que se celebren las elecciones continuará gobernando la localidad sin

adscripción política, aunque si los concejales del Ayuntamiento "creen necesaria" una moción de censura "a estas alturas, están en su derecho". Pérez del Molino ha anunciado que se presentará como candidata a la Alcaldía por la formación política que ha creado bajo la denominación

Agrupación Popular por Guadarrama (APPG). Su intención es continuar gobernando la localidad "como hasta ahora" y fomentar la creación de empleo, entre otras medidas. "Me presento a las elecciones satisfecha con el trabajo realizado", dijo.


* El País - 14.04.11
Foto: Guadarrama (Madrid), ayuntamiento - ayuntamientodeguadarrama.es

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Sanlúcar.- El Supremo ratifica la condena al ex gerente de Urbanismo por el caso de los cines

ANDALUCÍAINFORMACIÓN : El Tribunal Supremo acaba de ratificar la condena emitida en 2009 por la Audiencia provincial de Cádiz en la que condenaba al ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sanlúcar, Alfonso Rodríguez, a siete años de inhabilitación especial como responsable de un delito de prevaricación y al pago de 6.000 euros en concepto de indemnización a los vecinos que denunciaron los hechos. La sentencia se refiere al proceso judicial abierto a raíz de la denuncia de dos vecinos de la calle Nao Victoria de Sanlúcar, donde se ubican los multicines Al-Andalus, que denunciaron la apertura de estos sin la preceptiva licencia municipal y el funcionamiento de los cines con dos generadores de electricidad que provocaron numerosas molestias al vecindario por el ruido que producían.

En la sentencia que Rodríguez impugnó, consta que éste reiteradamente omitió firmar la propuesta de decreto de clausura de los multicines, siendo el competente para ello y la GMU el único órgano resolutorio. Además, se refleja en la sentencia que existían varias denuncias que se habían presentado ante la Policía Local de Sanlúcar al no cumplir el establecimiento la normativa vigente relativa a las salidas de emergencia o a la falta de energía eléctrica, estando sustituida por generadores , así como que los multicines carecían de la preceptiva licencia municipal de apertura para la actividad de bar.

RECURSO

El abogado de Alfonso Rodríguez recurrió el fallo emitido por la Audiencia provincial de Cádiz refiriéndose a documentos que demostrarían la equivocación del tribunal, en cuanto a que aporta documentación en la que aduce que la apertura del centro sin licencia “se debió a actos y acciones producidas por otros, políticos del Ayuntamiento de Sanlúcar e Barrameda, quienes, de común acuerdo con promotor y constructor, sin el consentimiento ni comunicación al gerente de Urbanismo, deciden abrir el centro (...) por su exclusiva responsabilidad”, llamando la atención de otros que no han sido acusados. Además alega que la firma del decreto de clausura de los cines que le fue presentado de forma reiterada para su firma, hubiera vulnerado el derecho a la igualdad”.

Sin embargo, el Alto Tribunal, en su fallo del 1 de febrero al que ha accedido este medio, considera que, por un lado, la existencia de otros responsables por esta causa que no hayan sido juzgados, no exime de su responsabilidad al condenado, así como que otros locales no hubieran sido clausurados. Por otro, existían motivos más que argumentados para proceder a la clausura de los cines, más aún, cuando se ponen de relieve irregularidades que impedían autorizar la apertura y, como ésta se había producido al margen de la legalidad, la negativa de Rodríguez a firmar el decreto de clausura “constituye una falta de aplicación del derecho”.

En la sentencia que dictó la Audiencia provincial de Cádiz se señala que Alfonso Rodríguez “omitió el funcionamiento normal del derecho sobre licencias de apertura de establecimientos, aceptando pasivamente que la instalación continuara funcionando, pese a las deficiencias de seguridad y perjuicios causados a los vecinos que sufrían el ruido procedente de las obras”. En la misma línea el magistrado señala que “el acusado ha incurrido en una evidente, patente, flagrante y clamorosa acción por omisión en el ejercicio de sus funciones, ha ejercido arbitrariamente el poder que le confiere su condición de gerente de urbanismo (...) actuando por mor de su capricho”.

Una sentencia que ahora ha sido ratificada por el Tribunal Supremo y contra la que ya no cabe presentar recurso. Del mismo modo, además de ratificar la pena de siete años de inhabilitación especial a Rodríguez por un delito de prevaricación, el ex gerente de Urbanismo tendrá que pagar 6.000 euros en concepto de indemnización a los vecinos sanluqueños y correr también con las costas del proceso judicial iniciado a raíz de la presentación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.


* Andalucía Información - 14.04.11
Foto: Sanlúcar (Cádiz), desembocadura_Guadalquivir - elpais

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Los desajustes y limitaciones en los municipios gallegos

X.ÁLVAREZ CORBACHO* : Las elecciones locales deberían ser una magnífica oportunidad para aflorar los graves problemas del municipalismo gallego. Los desajustes institucionales son diversos y se motivan por razones demográficas, financieras, urbanísticas y económicas.
1. Desajustes demográficos. 
Los desajustes demográficos afectan principalmente a los municipios de población inferior a 5.000 habitantes (200 concellos), aunque el epicentro y las urgencias se encuentren en los municipios menores de 2.000 habitantes (94 concellos), concentrados en las provincias de Ourense y Lugo. Por otro lado, están las áreas urbanas (ciudades y municipios limítrofes). En ambos casos la demografía exige cambios inexorables en la ordenación del territorio y en el mapa municipal. Apreciamos que para atender a una población reducida existen (período 1960-2025) cada vez mas concellos inválidos, provocando así una divergencia imposible. El panorama se resume de la siguiente manera. Por un lado, hay una población menguante, envejecida (los mayores de 64 años oscilan entre el 30 y el 50% de la población municipal), dispersa (encarece los servicios) y dependiente del sector público (pensiones, sanidad, servicios sociales). Por otro, hay municipios menores de 2.000 habitantes con una debilidad financiera acusada y con escasa profesionalidad y desarrollo tecnológico.

Todo ello explica las dificultades de la institución para desarrollar los servicios a los que la ley obliga. Estamos ante un desajuste estructural evidente entre la demografía, el territorio y la institución municipal. La solución exige cambios radicales.

2. Agonía financiera

El presupuesto municipal se nutre, básicamente, de tributos y subvenciones. En las ciudades, los ingresos tributarios representan casi el 60% del total, mientras las transferencias y subvenciones apenas suman el 30%. En los municipios menores de 5.000 habitantes esas cifras se invierten. Los ingresos tributarios suelen ser inferiores al 30%, mientras las subvenciones rondan el 70% del presupuesto. Los tributos son importantes porque sin responsabilidad fiscal no existe responsabilidad política.

¿Cómo son los tributos en los municipios gallegos? La respuesta se resume en el cuadro adjunto. Los municipios están fiscalmente normalizados o son de fácil normalización cuando sus ingresos tributarios per cápita se aproximan a la cifra media de los municipios españoles de población similar, atendiendo a su capacidad fiscal. Si esos ingresos se distancian, la normalización tributaria es difícil, problemática o imposible a medio plazo. En Galicia solo el 22% de los municipios están normalizados o son de fácil normalización, mientras el 78% restante (246 concellos) operan en escenarios problemáticos que, en general, se agravan a medida que el municipio es más pequeño. Las consecuencias de estos hechos son relevantes (dependencia, clientelismo, agravios comparativos, voto cautivo, etcétera) y exigen cambios importantes en el diseño político e institucional.

3. Convivencia con el territorio.

El planeamiento urbanístico y su gestión son una parte esencial de las políticas públicas locales. Por su dimensión de pacto social básico, por sus efectos en el crecimiento ordenado de la ciudad, pues introduce racionalidad en el reparto de beneficios y costes del proceso urbanizador y añade disciplina y sensibilidad a nuestra convivencia con el territorio. Pero urbanismo y fiscalidad -expresiones genuinas del poder político municipal- no parecen preocupar a nuestros gobernantes.

La Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural daba tres años para que los municipios adaptasen su planeamiento a las condiciones exigidas. Pero van allá ocho años y los concellos que cumplen la norma son 46 (14% del total). El resto funcionan a su manera con riesgos evidentes. Pero sin planeamiento no hay proyecto de urbanización, ni redistribución de fincas, ni cesión obligatoria y gratuita de terrenos, ni financiación a cargo de los interesados. Además, edificar vía licencia directa es socializar infraestructuras y servicios, construyendo así un país insostenible. El círculo se cierra cuando la indisciplina triunfa rodeada de silencios cómplices y de sentencias judiciales incumplidas. Los cambios aquí también deben ser profundos.

4. Promoción económica y desarrollo endógeno

Es otro déficit que acumulan los municipios gallegos. Anclados en geografías distintas, el factor territorio (comarcas) es clave para entender y desarrollar las ventajas competitivas de empresas y actividades que operan ya en una economía globalizada.

El gobierno municipal está obligado a promocionar y ayudar esas actividades económicas, incentivando la especialización, la innovación y la excelencia. Elaborando programaciones estratégicas con los municipios limítrofes y otras Administraciones, implicando a empresas y profesionales interesados. El gobierno local ya no es el último eslabón de una cadena de mando, sino una institución abierta que opera y se relaciona en red con otros actores. Las políticas económicas locales experimentan así transformaciones sustantivas en objetivos y funcionamiento. Todo un mundo por descubrir y recorrer.

¿Hablarán los partidos políticos de estas cosas en las próximas elecciones? ¿Se protegerá la dignidad de nuestros mayores? ¿Se entenderá que el territorio es más que una mercancía y que el clientelismo político hunde sus raíces en la lógica de la corrupción? Stéphane Hessel escribió un libro y quiere que nos indignemos. Y eso está bien. Pero sin olvidar que la actividad municipal pone a todos ante el espejo. Es la grandeza oculta que también encierra el más humilde de los municipios.



* La Voz de Galicia - Opinión - 13.04.11

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