ELPAÍS/Madrid* : La falta de medios tiene estrangulado el juzgado de Madrid que investiga el caso Guateque, la gigantesca trama de tráfico ilegal de licencias para locales públicos que implica a empresarios, funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid descubierta a finales de 2007. Las diligencias de este macroproceso, con más de 100 imputados, sobrepasan ya los 130.000 folios y están semiestancadas desde finales del año pasado, coincidiendo con la decisión de la Consejería de Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre de retirar los refuerzos humanos que se habilitaron tras aflorar el caso.
El juez Santiago Torres, titular del Juzgado 32 de Madrid, ha enviado un demoledor escrito a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que "nuevamente" solicita medios para poder abordar los complejos y abultados asuntos que colapsan su juzgado. Así lo han explicado a El PAÍS fuentes del órgano de gobierno de los jueces, partidarias de crear un juzgado bis de apoyo.
Hace unos días, los servicios de inspección del consejo visitaron el juzgado y comprobaron la magnitud del colapso. Y ya están redactando un informe en el que se propone la creación de un juzgado 32 bis que permita al juez Torres proseguir con los cientos de expedientes y denuncias que acumula el caso Guateque. Entre el centenar largo de imputados figuran empresarios de locales públicos y personas dedicadas a facilitar la gestión de las licencias. Los funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid implicados supuestamente recibieron dinero a cambio de agilizar licencias para locales.
En el escrito que remitió al Consejo General del Poder Judicial pidiendo más medios, el juez Torres describe un panorama desolador. Lo envió a comienzos de este año, después de que la Comunidad de Madrid, que tiene transferidas las competencias en materia de justicia, retirase a los dos funcionarios interinos asignados provisionalmente al juzgado, tras aflorar el caso Guateque, y eliminar la prolongación de jornada a otros cinco funcionarios titulares de este órgano judicial, que ahora solo dispone de 11 trabajadores. En plaza de Castilla hay dos juzgados que tienen refuerzos en este momento, el 11 de Instrucción, cuyo titular, Juan David Pérez, lleva dos años dedicado en exclusiva a indagar el siniestro del avión de Spanair, y el número 43, también desbordado de asuntos. "El Juzgado de Instrucción 11 solo tiene dos imputados y ya está hecha la mayor parte de la instrucción, con lo que podría volver a la normalidad", sostienen fuentes del CGPJ.
Sin embargo, el juzgado de Torres está al borde del colapso. Hasta el punto de que el juez, en su escrito que obra en poder del Consejo, deja entrever la posibilidad de pedir traslado a otro órgano judicial si no se le dota de más medios. En ese escrito, Torres considera "acuciante" la creación de un juzgado bis, dado que durante el año 2009, en pleno proceso del caso Guateque, han llegado a su juzgado otras "causas de implicación masiva de imputados, con trascendencia internacional".Según el escrito que obra en poder del Consejo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el Juzgado 32 de Madrid investiga en la actualidad, aparte del caso Guateque, otros sumarios especialmente complejos que suman decenas de imputados y 108 presos preventivos. En el texto, el juez añade que estos encarcelamientos cautelares obligan a dar prioridad a esos casos (la prisión preventiva tiene una duración limitada).
Simultáneamente, el juez Torres tramita una causa por delitos de homicidio y contra la salud pública que acumula ya 1.500 folios y ocho personas en prisión. De esta causa se han desgajado otras que apuntan a la implicación de "bandas organizadas de distribución de cocaína en España, blanqueo de capitales y extorsión". Aparte de los ocho reclusos, esta causa tiene otros 30 imputados.
Este juzgado también investiga en este momento otro macroproceso que acumula ya 8.000 folios (sin contar los 130.000 del caso Guateque) y en el que hay 29 personas encarceladas por delitos de asociación ilícita. Se trata de los miembros de una banda "de alcance internacional" dedicada a perpetrar robos de joyas y otros artículos para su posterior venta en el mercado negro. La detención de parte de los miembros de la banda ha permitido aclarar, de momento, 122 robos en locales públicos y casas privadas, aunque existen fundadas sospechas que indican que los detenidos pueden estar detrás de otros 400 robos cometidos en España y otros países.
En su informe al Poder Judicial, el magistrado explica: "La complejidad de la causa, por el número de intervinientes (imputados y víctimas), dada la necesidad de acudir a los instrumentos de cooperación judicial internacional, exige una dedicación judicial muy rigurosa. De hecho", añade el juez, "el procurador general de la República Portuguesa, el equivalente español al fiscal general del estado, ha tenido que designar a una procuradora como punto de enlace único en Portugal para entenderse con este juzgado, dada la incautación de numerosas joyas robadas procedentes de ese país. La atención que requiere el intentar dar respuesta a las peticiones producidas en las respectivas piezas de situación procesal agotan los esfuerzos del personal de este juzgado".
El Juzgado 32 de Madrid tramita, además, supuestos delitos societarios que afectan al club de fútbol Real Madrid, con más de 12 imputados y que requieren "complicadas diligencias de instrucción de naturaleza económica", señala el juez en su informe al CGPJ. Otro de sus asuntos es una causa de asociación ilícita por defraudación de IVA en operaciones intracomunitarias de importación de vehículos de alta gama, en la que hay otros 35 imputados. La causa ha empezado a tramitarse como un procedimiento abreviado, "lo que abocará a la casi paralización del juzgado para atender a los recursos", señala.
Además, Torres lleva otra causa por asociación ilícita, trata de blancas y blanqueo de capitales en varios países. De 3.000 folios se nutren ya estas diligencias. Y otros 5.000 folios más nutren otro sumario que también lleva el Juzgado 32 por asociación ilícita, falsedad y estafa, con otros 12 presos.
El juez Torres añade en su escrito al Poder Judicial: "La atención a tales causas absorbe los esfuerzos del juez y del personal del juzgado, de manera que resulta casi imposible atender el resto de las causas que van entrando a diario en el juzgado". Según el juez, la eliminación por parte de la Comunidad de Madrid de la prolongación de la jornada de algunos funcionarios del juzgado ha supuesto para él un sobreesfuerzo añadido. Torres afirma que si no se le concede otro juzgado bis, se verá forzado, por razones de salud, a pedir el traslado "y dejar este juzgado a otro juez más capaz".
* ELPAIS.com - 5.06.10
Foto: Madrid, mapa trama Guateque (Archivo) - elpais.com
El 'Guateque' asfixia al juez Torres
Un jurado popular enjuicia a una funcionaria del TSJC por llevarse a su casa el caso 'Las Teresitas' de Tenerife
EUROPAPRESS* : Un Tribunal de Jurado enjuiciará el próximo martes a una funcionaria de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), acusada de llevarse a su vivienda el caso de presunta corrupción urbanística 'Las Teresitas', relacionado con la playa del mismo nombre en Santa Cruz de Tenerife. Dicha causa tiene al menos 25 imputados, entre los que figuran el alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo (CC), Manuel Parejo (ex concejal de Urbanismo y actual primer teniente de alcalde), Antonio Messia (ex tesorero municipal), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (secretario general de la corporación), José Tomás Martín (gerente de Urbanismo) y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará este martes (10.00 horas) el juicio por sistema de jurado popular contra M.J.G., acusada de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.
La Fiscalía señala que la procesada tenía a su cargo como funcionaria de la Sala Civil y Penal del TSJC, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, la custodia de las diligencias previas de la citada causa, declaradas secretas por auto judicial el día 25 de enero de 2008.
Así, "sin conocimiento ni autorización judicial, en aras a tener conocimiento de su contenido, copió gran parte de dichas diligencias en un soporte informático llevándolo a su casa, donde lo visionó y lo ocultó", precisa.
Por ello, considera que procede imponer a la acusada las penas de diez meses de multa con una cuota diaria de diez euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos años.
PARA DARLE UN DVD A LAS PARTES
Por su parte, la defensa niega en su escrito de conclusiones provisionales el relato de hechos del Ministerio Fiscal y sostiene que M.J.G. intervino en la tramitación de las diligencias previas con acceso y conocimiento de su contenido por las labores propias de la tramitación del procedimiento.
La acusada argumenta que no efectuó "copia de parte de las diligencias en soporte informático para tener conocimiento de su contenido", ya que en la tramitación de las mismas había tenido acceso al mismo.
Alega que accedió a las diligencias "por orden de sus superiores, al efecto de proceder al escaneado de los documentos respecto de los cuales, se había alzado el secreto con el fin de dar, en formato DVD, traslado a las partes personadas". Además, la defensa indica que M.J.G. no permitió, "en ningún momento, el acceso a dichos documentos y copia en DVD a persona alguna".
De este modo, remarca que, concretamente, las copias de DVD que guardó en su domicilio "se corresponden en su integridad con las indicadas: se trata de la información que hubo de manejar para confeccionar las copias necesarias para su traslado a las partes en el procedimiento tras el alzamiento parcial del secreto del sumario".
"Dichos DVD acreditaban la labor desarrollada por la funcionaria y las horas dedicadas, en su mayor parte fuera de la jornada laboral e incluyendo fines de semana y festivos, motivo por el cual se procedió por M.J.G. a la conservación de tales copias en su domicilio", apunta la defensa, que considera que los hechos acaecidos "no son constitutivos de ninguna infracción penal".
* Europa Press - 6-06.10
Foto: Santa Cruz deTenerife, playa Las Teresitas - spain.info
Córdoba.- Dimite el responsable de Inspección Urbanística por la escasez de personal
ABC* : El jefe del Servicio de Inspección Urbanística, Leopoldo Salinas, no aguantaba más. Ver cada día cientos de expedientes por obras ilegales amontonados en el despacho le superaba. Los pocos trabajadores de la Oficina de Disciplina de Obras no dan abasto para tramitar los informes pendientes, lo que ha provocado que algunos hayan caducado antes de remitirlos a los infractores para cobrar la sanción.Cansado de pedir que se reforzara el servicio, Salinas presentó el pasado miércoles por escrito su renuncia ante el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Francisco Tejada, después de permanecer un año y nueve meses al frente del departamento.
Salinas, que tiene la licenciatura de Derecho y fue jefe de la Policía Local, continuará en el organismo municipal como instructor de expedientes. Con anterioridad también fue coordinador general del Área de Urbanismo, un cargo de confianza propuesto por el alcalde, Andrés Ocaña, quien entonces estaba al mando de la Gerencia.
Segundo cese en 4 años
Da la casualidad de que Salinas relevó en ese puesto a José Tomás Valverde, que presentó su dimisión por el mismo motivo en mayo de 2006, aunque en principio no fue aceptada. Éste remitió un informe al edil de Urbanismo que cuestionaba algunos aspectos de gestión interna del ente, principalmente la falta de personal, lo que impedía tramitar con la agilidad que la situación requería los centenares de expedientes existentes.
Durante años se ha venido supliendo la escasez de técnicos con contratos eventuales que no tenían continuidad en el tiempo. Esas intermitencias laborales provocan, por ejemplo, que los empleados que incoan los expedientes sancionadores, no puedan luego culminarlos en el tiempo estipulado.
Hay que recordar que reforzar este dispositivo fue uno de los compromisos que acordaron los tres grupos políticos, IU, PSOE y PP, al término de la comisión que investigó la gestión urbanística de la Corporación a principios de 2006, en el segundo mandato de Rosa Aguilar.
* ABC - 6.06.10
Foto: Córdoba, ayuntamiento - wikanda.cordobapedia.es
Patrimonio anula las licencias para 58 pisos construidos sobre un castro en Cervo
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ELPAÍS/Lugo* : La Consellería de Cultura e Turismo ha emitido dos informes que invalidan otras tantas licencias de obra otorgadas por el Ayuntamiento de Cervo para construir 58 viviendas encima del Castro da Atalaia, en la localidad de San Cibrao, en el municipio de Cervo, al reconocer que se trata de una zona que podría albergar "uno de los asentamientos de la época galaico-romana de mayores dimensiones de la Mariña lucense".
En ambos informes, uno para la construcción de un edificio de 32 viviendas y otro de 26, la Comisión de Patrimonio concluye que se deben conservar in situ los vestigios arqueológicos. Esa obligación se considera "incompatible" en el proyecto arquitectónico con la licencia municipal que existe para ambas edificaciones, otorgadas con anterioridad a que este espacio figurara en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Dirección Xeral del Patrimonio Cultural.
La península de A Atalaia ocupa una zona de unas ocho hectáreas. Según el colectivo Mariña Patrimonio, que siempre se opuso a estas edificaciones, ya destruyeron más de 1.000 metros cuadrados de restos arqueológicos en una primera fase, en la que se levantó la estructura de un edificio y se produjeron excavaciones, pese a existir una orden de paralización.
El informe referido al espacio en el que se pretendían construir 32 viviendas señala que existen vestigios arqueológicos que van de la Edad de Hierro a la actualidad, lo que le confiere "una especial relevancia para el conocimiento de la historia de la Mariña lucense". De hecho, el dictamen afirma que se encontraron construcciones con muros "bastante altos". La comisión propone una intervención más allá de las zonas donde se pretende construir para recuperar "un conjunto de notable interés para la historia antigua y medieval" de esta zona.El informe de la comisión también señala "una densa y continua ocupación en los siglos primeros de nuestra Era, en la fase galaico-romana de la cultura castreña". Por lo que se refiere a la zona en la que están programadas 26 viviendas, el informe de Cultura sostiene que las edificaciones encontradas están "más deterioradas", pero sí otorga una especial importancia al hallazgo de restos óseos, que evidencian la existencia de una construcción relacionada con actividades derivadas de la pesca de ballenas, lo que podría constituir un caso único en la costa de Lugo.
Los técnicos de Cultura trasladaron al informe la "incompatibilidad" que existe entre los proyectos constructivos y la conservación de los restos arqueológicos, no solo por la inclusión de un subterráneo para garaje, sino porque la propia cimentación de los inmuebles supondría "un impacto muy fuerte, aun eliminando el subterráneo".
En los dos informes se reproduce que la importancia de estos espacios vendría dada por su posición estratégica vinculada al mar, y, por lo tanto, con las actividades marinas y con el comercio, "testimoniado por la abundancia de cerámica de importación".
Al margen de los informes, algunos estudios realizados sobre los hallazgos destacan la recuperación de una pieza perteneciente a los bronces votivos sacrificales, de la que se resalta su aspecto "singular" y su estado "óptimo" de conservación, además de unos 5.000 fragmentos cerámicos asociados a la recuperación de esta pieza.
* ELPAIS.com - 5.06.10
Foto: Cervo (Lugo), 82 viviendas sobre un castro (archivo) - elpais.com
La mitad de los operarios de obra pública del Miñor son de Portugal
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LAVOZDEGALICIA* : En las obras de inversión pública de la comarca de O Val Miñor se trabaja a ritmo de fado. La agrupación sindical CIG afirma que entre un 40 y un 50 por ciento de los trabajadores empleados en obras financiadas por las administraciones proceden de Portugal. Mientras esto sucede, en la comarca de O Val Miñor hay un total de 635 personas en paro del sector de la construcción, de las que 136 están en Baiona, 292 en Gondomar y 207 en Nigrán, de acuerdo con los datos del último mes de mayor del Inem.
La agrupación sindical denuncia que la patronal prefiere contratar obreros del país vecino porque son más dóciles y trabajan más horas sin protestar con unos salarios más bajos. Hoy en día, un trabajador de la construcción cobra alrededor de un 40 por ciento menos de lo que lo hacía antes de la crisis, afirma la CIG.
El portavoz del sector de construcción, Xulio Vicente González, afirma que, sin el ánimo de caer en la discriminación, esta situación esconde una realidad, que consiste en la explotación laboral de decenas de trabajadores procedentes de un país con una situación económica que es todavía peor que la que se vive en Galicia y que no tienen más remedio que conformarse con unas malas condiciones laborales para poder llevar un sustento a sus hogares.
Xulio Vicente afirma que el sector de la construcción está actualmente sometido a una dictadura de bajos salarios y jornadas abusivas. «Se están aproveitando da necesidade do traballador para poder así ganar máis diñeiro», denuncia este portavoz sindical, para quien tarde o temprano esta situación va a reventar porque las cifras del paro aumentan y se acaban los subsidios.
El caso más llamativo lo encontramos en el Ayuntamiento de Nigrán. Salvo los técnicos, todos los operarios que trabajan en la ampliación de la Casa Consistorial proceden del país luso.
Como anécdota, el pasado jueves la obra estuvo parada porque era festivo en Portugal y ninguno de ellos acudió a trabajar a Nigrán.
En esta obra había un operario gallego, pero la empresa lo puso en la calle hace una semana después de que reclamara el pago de las horas extraordinarias por realizar jornadas de trabajo de más de diez horas, según denuncia la CIG.
Amenaza
Ahora la agrupación sindical amenaza a la empresa con paralizar la obra si a este trabajador no se le pagan todos los atrasos que le adeudan.
Xulio Vicente González recriminó ayer al gobierno municipal de Nigrán que no haya obligado a la adjudicataria, que a su vez ha subcontratado las obras, a contratar a gente de la zona para llevar a cabo estos trabajos, teniendo en cuenta los alarmantes datos del paro existentes en estos ayuntamientos.
Otro caso similar se encuentra en las obras del polígono empresarial de Porto do Molle, donde también la CIG apunta que un importante porcentaje de los obreros son del país vecinos. En este sentido, el edil de Urbanismo de Nigrán, Juan Antonio González, informó que recientemente mantuvieron una reunión con las empresas que llevan a cabo las obras para demandarles que contraten mano de obra local.
Actuaciones llevadas a cabo con fondos del Plan E en Baiona también han estado a cargo de trabajadores llegados del norte del país vecino.
* La Voz de Galicia - 5.06.10
Foto: Baiona (Pontevedra) - wikipedia.org
Nuevo revés judicial para Barberá en El Cabanyal
ELPAÍS/Valencia* : La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha vuelto a cosechar una negativa de los jueces a su pretensión de ejecutar el plan de El Cabanyal pese a la orden de paralización del Ministerio de Cultura. La Audiencia Nacional rechazó en abril la petición municipal de dejar en suspenso la orden ministerial -que impide demoliciones y obliga a revisar el plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a costa de más de 450 edificios-, pero el gobierno local insistió y presentó un recurso de súplica que también ha sido desestimado.
En este segundo intento, el Ayuntamiento plantea a los magistrados de la sección séptima de lo Contencioso-Administrativo que al menos retiren la orden de paralización cautelar sobre las zonas del plan que no están incluidas en el conjunto protegido, e insisten en que no habrá perjuicios al patrimonio histórico, como alegan el Gobierno, Salvem El Cabanyal y la asociación de vecinos. Los magistrados, en el auto notificado ayer, rechazan esa posibilidad, entre otros motivos, porque implicaría "en cierto modo la estimación anticipada del recurso" contra la orden del ministerio.
La Audiencia Nacional mantiene su decisión de abril de dejar en vigor la orden de suspensión del plan, en la que destacó que era "evidente que, en otro caso, podrían producirse perjuicios irreparables" al patrimonio de El Cabanyal. De hecho, el Ayuntamiento aprovechó en abril la aprobación por el Consell de una ley autonómica en apoyo del proyecto para derribar varios inmuebles en El Cabanyal antes de que el Tribunal Constitucional admitiera un recurso del Gobierno y paralizara las actuaciones. Barberá puede recurrir en casación la denegación de su segundo recurso ante la Audiencia Nacional.
* ELPAIS.com - 5.06.10
Foto: Valencia, actividades Salvem el Cabanyal - elpais.com
