Contra la amnistía del urbanismo ilegal

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN considera que el Decreto de regularización de viviendas ilegales en Suelo No Urbanizable (SNU) es un fiasco que tendrá gravísimas consecuencias legales, territoriales, ambientales, sociales y económicas, y atenta contra el interés general de los ciudadanos.
Cuando en julio del año pasado la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (COPV) sometió a consultas este decreto, Ecologistas en Acción remitió una serie de propuestas para eliminar el principal atractivo de la construcción en el campo: la especulación inmobiliaria, ya que para muchos esta inversión representa enormes plusvalías en el negocio de la compra-venta de suelos y viviendas. La COPV no contestó a nuestras propuestas y desafortunadamente no las ha recogido en este Decreto. Ecologistas en Acción ya advirtió que la aprobación de este Decreto podría provocar graves consecuencias para Andalucía:
1.- Efecto llamada. Por más que se insista en lo contrario, este Decreto es una amnistía y diríamos más: es una “amnistía con premio para el infractor”. Es amnistía porque se reconoce que la construcción de estas viviendas en suelos prohibidos es un delito, y este decreto elimina el carácter de “delito” y además lo hace con carácter universal en todo el ámbito andaluz. Y lo hace con “premio”, porque el Decreto va a dar a estas viviendas ilegales una seguridad jurídica (Ej. pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad) que antes no tenían, por más que la Junta pretenda decir que “no es una legalización, sino un reconocimiento”, que no se sostiene de ninguna manera.

Además, no es una “ley de punto final”, pues se crea un precedente jurídico imposible de soslayar: cualquiera que haga una vivienda a partir de ahora, tendrá la garantía de que podrá ser legalizada. La Junta de Andalucía renuncia a los principios de protección del suelo no urbanizable y se alinea directamente con los principios liberales de la derecha del “todo es urbanizable”.


2.- Costes ambientales. Desde la propia Junta de Andalucía se reconoce este urbanismo ilegal -que ha invadido millones de m2 de suelos no urbanizables, en muchos casos protegidos-, es insostenible desde el punto de vista ambiental, ya que es altamente consumidor en recursos naturales (agua, energía, suelo), y fuertemente contaminador, visual (daños al paisaje), edáfico (basuras), acuático (aguas residuales), etc. Cuando es una vivienda, el daño es mínimo, pero con las 300.000 viviendas ilegales en Andalucía, de las que el 90% se pretenden regularizar, es un desastre ambiental.


3.- Costes económicos. La Junta de Andalucía afirma que con este Decreto se pretende que aquellas construcciones que se hicieron sin contribuir a la riqueza y el bien público, como hacen las urbanizaciones que se construyen legalmente, paguen y contribuyan con las cesiones, dotaciones e impuestos que marca la ley para cualquier construcción. También se afirma que con esta regularización estas viviendas podrán acceder a agua y electricidad. Todo esto significa, en el mejor de los casos, que se ignora la realidad, cuando no se oculta demagógicamente. Estas urbanizaciones y viviendas ilegales han contado con el apoyo de los Ayuntamiento: les hacen caminos, se los asfalta, les pone los tendidos eléctricos, les busca agua... Y todo con dinero público, a veces a través de las Diputaciones, bajo programas eufemísticos de “mejora del medio rural”.

Por otra parte, no es cierto que con la regularización se vayan a pagar los impuestos, cesiones y dotaciones previstas para cualquier urbanización, en todo caso esto solo será posible para los pocos casos en que se recalifiquen los suelos a urbanizables en el PGOU. El Decreto lo único que exige son unos impuestos que además fijará cada Ayuntamiento, y es previsible que un Ayuntamiento que consintió estas viviendas y que quiere revalidar el voto de los ciudadanos, procurará ser “tolerante” y buscar tasas asumibles por todos, que de ningún modo compensarán los enormes costes que va a suponer en el futuro las exigencias de servicios (caminos, iluminación de viales, transporte, correos, basuras, etc.) de estos nuevos ciudadanos con sus plenos derechos.


Este Decreto supone la renuncia definitiva de la Junta de Andalucía a la ordenación del territorio y a la disciplina urbanística ¿Para qué quiere competencias que luego renuncia a aplicar? La regularización de estas urbanizaciones ilegales supone saltarse a la torera los límites del crecimiento urbanístico de los municipios andaluces, fijado por el Parlamento en el 40%, y el mantenimiento de la ciudad compacta mediterránea. También supone un evidente desprecio a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que determina que las viviendas en suelo no urbanizable solo podrán justificarse como parte de una explotación agropecuaria, prohibiéndose claramente las segundas residencias.


La Junta de Andalucía y los Ayuntamientos pretenden regularizar las viviendas cuya infracción -4 años- ha prescrito, pero no se comprometen a demoler las que no han prescrito: las construidas en suelo de especial protección, en sistemas generales, en suelos de riesgo... También obvia la Junta de Andalucía que las urbanizaciones ilegales no prescriben, por lo que habría que proceder a desmontar todas las infraestructuras (viales, redes de agua y electricidad…) construidos de forma ilegal, y sin las que no habrían proliferado esas cientos de miles de viviendas ilegales.


Con este Decreto la Junta de Andalucía deja en aguas de borraja al tan cacareado Reglamento de Disciplina Urbanística, que prevé el "derribo exprés" por parte de los Ayuntamientos. Nadie se cree que algún Ayuntamiento vaya a tener la osadía de acometer la demolición de viviendas ilegales con el coste electoral que supone. En el supuesto de que este Decreto sobreviva tras las elecciones inminentes, seremos testigos de innumerables irregularidades en el proceso de regularización, y al fomento del fenómeno insostenible de la construcción en suelo rústico.


No es casualidad que los máximos responsables de la Junta de Andalucía anunciaran esta amnistía antes de las pasadas elecciones municipales, y que ahora, en nuevas vísperas electorales, lo aprueben. Se demuestra que con tal de arañar unos miles de votos son capaces de desmontar nuestro estado de derecho, apoyar la destrucción de nuestro territorio, avalar a infractores y delincuentes urbanísticos y promover un clientelismo mafioso. La Junta de Andalucía ha lanzado un buen lema de campaña “Urbanizar ilegalmente en Andalucía es un buen negocio, vótame”.


* Cabra Información - E.A. - Miércoles, 18 de enero de 2012

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Aguirre ya tiene en su región un pueblo en ‘suspensión de pagos’

ELPLURAL/Madrid* : Quijorna se ha convertido en el primer municipio de la Comunidad de Madrid, "la locomotora económica" de Esperanza Aguirre, en presentar "suspensión de pagos". Concretamente a sus funcionarios, a los que ayer reunió la tesorera municipal para anunciarles que las arcas están vacías y no hay para pagar sus nóminas. Entre la deuda acumulada, lo que tienen que devolver por convenios urbanísticos ilegales y lo que se debe a proveedores, la cifra supera los 8 millones de euros. Lo que en un municipio que apenas supera los 3.000 habitantes supone que cada uno de ellos tendría que pagar 2.700 euros para saldar la deuda.
“La propuesta de Montoro (de perseguir por lo penal a los malos gestores) está muy bien, pero podría empezar por aquí”. Son las declaraciones de Florentino Serrano, portavoz del Grupo Independiente de Quijorna a ELPLURAL.COM, que cree que el ministro de Hacienda debería empezar a perseguir a su compañera, la popular Mercedes García Rodríguez, que gobierna desde 2003 en el municipio madrileño.

Éramos un Ferrari
“La situación es caótica”, asegura Serrano, cuyo partido, como el PSOE, lleva tiempo denunciado “la que se venía encima”. “Pero la alcaldesa, quizá por prepotencia o soberbia, no es consciente”, comenta el portavoz del GIQ, “Quijorna era un Ferrari y ahora mismo estamos en bancarrota”.

Funcionarios que no cobran
El Ayuntamiento se ha dado cuenta de que las arcas estaban vacías ahora, y ayer anunció a sus funcionarios que no hay dinero para pagarles. La culpa la tiene la deuda acumulada de 4 millones, a la que hay que sumar otro millón de lo que se debe a proveedores. Pero la puntilla ha venido porque la Justicia ha declarado ilegales unos convenios urbanísticos por los que ahora el pueblo deberá devolver 3,5 millones de euros.

2.700 euros por barba
Todo junto suma una cifra de números rojos que ronda los 8,5 millones de euros. Una cantidad que puede afrontar fácilmente una capital de provincia, pero no un municipio de 3.150 habitantes. Porque sus ciudadanos tocan ahora a 2.700 euros por cabeza de la deuda conseguida por su alcaldesa.

No hay planificación
“La situación económica es insostenible”, asegura Azucena Concejo, concejal del PSOE en la localidad, que calcula que la deuda es igual “al importe total del presupuesto”. Y decimos calcula porque no puede dar la cantidad exacta ya que “no nos permiten acceder a ningún expediente”. Ella también asegura que lo veía venir por la “mala gestión municipal”. “Aquí nunca ha habido planificación”, concluye.

Urbanismo oscuro
La historia urbanística de Quijorna está salpicada de zonas oscuras. El Plan General de Quijorna, uno de los planes urbanísticos más ambiciosos de la Comunidad de Madrid, fue diseñado junto a la ilegal autovía de los pantanos (M-501), que Esperanza Aguirre se empeñó en construir sin declaración de impacto ambiental, tal y como declaró el Tribunal de Superior de Madrid.

Propietarios ilustres
Además, este municipio cuenta entre sus más ilustres propietarios a Fidel San Román, procesado en la Operación Malaya por pagos a Juan Antonio Roca, quien compró en la localidad durante los años 2005 y 2006 más de 1.000.000 de metros cuadrados.

El omnipresente Arnáiz
Un propietario de los sectores que ahora ha declarado ilegal el TSJM y que han supuesto un nuevo revés a la deuda de Quijorna es Leopoldo de Arnáiz, el urbanista de cabecera del Partido Popular. Este omnipresente arquitecto estuvo vinculado al Tamayazo y declaró en la Comisión de Investigación del escándalo que cambió el Gobierno de la Comunidad de Madrid por asuntos que todavía no se han esclarecido y sobre los que aún no se ha abierto ninguna investigación.

Sociedades con testaferros
En uno de estos sectores aparece como titular de terrenos la sociedad Promociones Guadávila S.L, una de las empresas pertenecientes al Arnáiz y que son manejadas por testaferros, en este caso Alberto Cubillo Rubiato, según relató el diario Público.


* El Plural - 20.1.12
Foto: Quijorna (Madrid) - 20minutos

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Alhaurín.- Condenado por cohecho, pero sigue

DIARIODESEVILLA/Editorial* : La Audiencia de Málaga ha condenado al alcalde de Alhaurín el Grande, el popular Juan Martín Serón, y a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, a sendas penas de un año de suspensión y multas de 200.000 euros por pedir un soborno de 122.000 euros a un promotor de la localidad, a cambio de otorgarle una licencia para edificar un mayor número de viviendas de las que teóricamente se podían permitir. Es el único cohecho de los trece que se juzgaban que los magistrados entienden que ha quedado acreditado. El empresario extorsionado acudió a la Policía y obtuvo grabaciones que han sostenido ahora los hechos probatorios. Pero la propia redacción de la sentencia deja entrever la frustración del tribunal, que dibuja un escenario habitual en el que los acusados "jugaban" con las normas urbanísticas del municipio, en donde se emitían informes contrarios a las licencias que se convertían, "por arte de magia", en favorables. La sala incluso cuestiona el alto volumen de los ingresos de los dos concejales y recela de su estilo de vida. Pero en ambos casos no va más allá de las sospechas. El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande está, a día de hoy, dirigido por un delincuente.
El cohecho que ha cometido le inhabilita políticamente para continuar al frente de la localidad, más allá de la pena de un año de suspensión impuesta por la Audiencia, que no es firme y contra la que el acusado va a interponer recurso para intentar demostrar que la Justicia ha errado en esta primera instancia.

Es, por tanto, incomprensible que el PP ampare y respalde a un condenado por corrupción en su anuncio de proseguir con sus siglas a los mandos del Consistorio. Está claro que los códigos éticos de los partidos que presumen de combatir la corrupción se aplican con flexibilidad extrema. Prima el interés partidista, que favorece a los corruptos propios y exige rigor contra los adversarios. El fallo es también un gran varapalo a una muy deficiente instrucción y a sus investigadores. La condena se debe únicamente al empeño de un empresario que se rebeló contra las prácticas ilegales en un Ayuntamiento.

* Diario de Sevilla - Opinión - 21.1.12

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