LA PAH impide un desalojo. Stop desahucios!




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Mallorca.-La juez reprocha a Munar que no sacara a subasta Can Domenge

DIARIODEMALLORCA* : La juez de instrucción 12 de Palma reprocha a Maria Antònia Munar, la ex presidenta del anterior Consell de Mallorca, y al resto de la cúpula de esa institución, que no sacara a subasta los solares urbanizables de Can Domenge en vez de enajenarlos en un concurso y por la mitad de su valor de mercado. Munar, defendida por los abogados Gabriel Garcías y José María Alonso, anunció ayer que recurrirá el auto donde, entre otros delitos, se le acusa de defraudar 30 millones al Consell de Mallorca. El auto es el primer paso para que Munar se siente en el banquillo de los acusados por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, y suministro de información privilegiada.

Junto a ella también serán enjuiciados Miquel Nadal, ex vicepresidente del anterior Consell; Bartomeu Vicens, ex conseller de Territorio; Miquel Àngel Flaquer, ex presidente de UM; Román Sanahuja Pons, el patriarca de la familia Sanahuja, propietaria de Sacresa; Santiago Fiol, abogado local de esa empresa catalana; y Mario Bernal Sanz, el principal ejecutivo de Sacresa entre 2005 y 2006.
La instructora, en su largo y trabajado auto, analiza si las fincas de Can Domenge formaban parte del patrimonio local del suelo. La conclusión es negativa, puesto que la institución nunca hizo un acto expreso en dicho sentido.
De acuerdo con la legislación los terrenos públicos, en caso de no ser patrimonio local del suelo, tenían que haber sido enajenados por el Consell "mediante subasta" o, excepcionalmente, y siempre que el precio no fuese el único criterio determinante, a través de un concurso, postula la instructora.
El auto acusa a Munar y a su plana mayor en el Consell de obviar el sistema de subasta, que habría permitido a la institución obtener una suma mucho mayor por unas parcelas de gran valor urbanístico en aquellos años.
Los imputados, tras concertarse, presuntamente, con la empresa catalana Sacresa para venderle las fincas a la mitad de su precio de mercado, se esforzaron en fabricar un expediente a la medida de dicha promotora. Por ello pusieron como justificación para el concurso la excusa de que el proyecto ganador sería emblemático para Mallorca, con lo que el precio dejaba de ser el elemento principal.
La magistrada valora todas esas maquinaciones como constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación, y uso de información privilegiada y mantiene la imputación contra 7 personas.




* Diario de Mallorca - 6.11.10
Foto: Maria Antònia Munar, en una comparecencia en los juzgados palmesanos. - diariode mallorca

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Valencia.-Los vecinos se oponen al adoquinado de las Grandes Vías y dicen que ´no lo consentirán´

LEVANTE* : Las entidades vecinales más directamente implicadas o afectadas por la reforma del jardín interior de las grandes vías de Valencia han mostrado su disconformidad con el proyecto, bien porque lo consideran un gasto innecesario, bien porque el adoquinado de las zonas de tierra desvirtúan el paseo clásico, bien porque se olvida del tráfico de bicicletas. "La semana que viene tenemos una reunión con el concejal Ramón Isidro para hablar de este proyecto y no lo vamos a consentir", declaró a Levante-EMV José Antonio Barba, responsable de medio ambiente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia.

Barba cree que poner adoquín en las grandes vías "no es correcto", entre otras cosas porque "se pierde el concepto de paseo". Pero asegura, además, que no es la solera más recomendable desde el punto de vista de la seguridad, pues "en el marítimo ya pusieron adoquines en un parque y al poco tiempo la gente protestaba porque se camina muy mal y hay muchas torceduras".
El responsable de medio ambiente de la federación vecinal precisó que ésta es sólo su opinión personal sobre los planes del Ayuntamiento, aunque asegura que generalmente la federación asume sus posiciones y siempre se eleva una propuesta de consenso. "No lo vamos a consentir", insistió Barba, que recuerda que en el Jardín del Turia, en el tramo de Vetges Tu, "se iba a poner demasiado asfalto y rápidamente lo hablamos y lo pararon".

Vecinos de Marqués del Turia
En un sentido parecido se pronunció Giovanni Donini, presidente de la Asociación de Vecinos de Russafa-Gran Vía. En su caso dice no tener más noticias del proyecto que las que ha podido leer en los medios de comunicación, pero tiene claro cuál es su veredicto: En contra.
"Lo primero que hay que preguntarse -dice- es qué sentido tiene esto ahora, si no hay otras prioridades en el barrio. Y en segundo lugar habría que ver qué uso se le va a dar a los 4,6 millones que va a costar la obra, porque los niños, que son los que más podrían utilizar este espacio, no van a ir a una zona tan contaminada acústicamente y tan saturada de tráfico".
Tampoco el cambio de la tierra por adoquines le parece una buena idea. A juicio de Donini, "quitar la tierra para poner losas puede quedar muy bonito para el visitante, pero en un barrio con tan pocas zonas verdes resulta agradable ver algo de tierra". "Si existe un problema de compactación que perjudica a las plantas, que se mueva y les costará menos", comenta.
Hay una última cuestión sobre la que Donini quiso llamar la atención y es la falta de carril-bici en las grandes vías, una cuestión que esta reforma del jardín interior no resuelve.
"No es una prioridad, cambia el estilo del paseo con mal gusto y no estoy de acuerdo con este plan", resume el presidente de la Asociación de Vecinos de Russafa-Gran Vía, que recuerda que no hace mucho tiempo pidió una zona de juegos para niños en la Plaza del Doctor Landete y le dijeron que no había dinero.




* Levante - 5.11.10
Foto: Aspecto de la Gran Vía Marqués del Turia a principios del siglo XX. colección Levante-EMV


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Galicia.-Solo seis concellos se han dotado de plan urbanístico en el último año

LAVOZDEGALICIA* : Al urbanismo gallego le sobra legislación y le falta voluntad y eficacia en su cumplimiento. La relajación ante el mandato que estableció la Lei do Solo para adaptar los planeamientos municipales al marco autonómico es una de las evidencias más significativas de su fracaso. En siete años, solo 46 concellos han hecho los deberes. El balance de los últimos doce meses, con seis planes adaptados, pone en entredicho el cumplimiento del objetivo de agilizar las tramitaciones que el Gobierno de Feijoo esgrimió para justificar la última reforma de la norma urbanística.

La situación actual constata que elaborar el planeamiento sigue siendo una tarea farragosa que duplica con creces los tres años de plazo que fijó la Ley 9/2002, y que expiró en enero del 2006. Más allá de los 46 ayuntamientos que cuentan con un plan general (PXOM) adaptado a esa norma, la provisionalidad caracteriza el mapa del urbanismo municipal. De los 224 concellos que están redactando sus planeamientos, 104 han consumido ya más de seis años en la tramitación. Entre el resto, 25 municipios se rigen por un PXOM que no está adaptado, y ni siquiera han iniciado los trámites para su revisión; y 21 no tienen planeamiento ni han mostrado intención de redactarlo. La fotografía final es caótica. Más de la mitad de los 315 concellos carecen de plan urbanístico, y los que se rigen solo por normas subsidiarias o delimitaciones de suelo urbano superan con creces el centenar.

Desatascar los despachos

La modificación de la Lei do Solo aprobada en marzo apenas ha mejorado las cosas. Aunque la Xunta atendió las demandas de los alcaldes y acortó los plazos en los despachos para acelerar los planeamientos, en el último año solo ha dado luz verde a seis: Laxe, Teo, Touro, Pedrafita do Cebreiro, Arnoia y Valga. El balance apenas mejora si se amplía el foco al año y medio de gestión del Gobierno de Feijoo, con nueve planeamientos aprobados, los seis anteriores más Vigo, Vilar de Barrio y Rairiz de Veiga. Solo dos de esos concellos, Vigo y Laxe, están en el ámbito de aplicación del plan del litoral. Con esta ordenación en la recta final para su entrada en vigor, únicamente cuatro de los 82 municipios en los que tendrá incidencia disponen de planes adaptados a la Ley 9/2002. Son Vigo, Oleiros, A Pobra do Caramiñal y Laxe.

La relación de los 73 concellos sin ningún tipo de planeamiento incluye a Camariñas, Muros, Sada, Barreiros, Viveiro, Gondomar, O Grove y Tui. En el lado opuesto, 40 que están tramitando su PXOM ya disponen del informe previo a la aprobación inicial. En esa fase están los de A Coruña y Pontevedra.

Un dato revelador de la desidia con la que algunos concellos afrontan los planeamientos son las lagunas en su elaboración. Un total de 70 concellos que aprobaron inicialmente sus planes hace más de dos años no han vuelto a dirigirse a la Xunta para continuar con los procedimientos de tramitación.




* La Voz de Galicia - 5.11.10
Foto: Vigo, puente y ría - lavozdegalicia.es

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Torrevieja.-Treinta y dos familias llevan 10 años esperando justicia

INFORMACIÓN/Alicante* : De la noche a la mañana perdieron sus pisos en Torrevieja. Las 32 familias propietarias de viviendas en la calle Almoradí del barrio de San Roque se encontraron un buen día de octubre de 2001 que dos guardias jurados habían cambiado la cerradura y no les dejaban acceder a los pisos que habían pagado unos años antes, muchos en 1991. Ya no eran suyos. Una situación surrealista que llevaron a los juzgados ese 2001 y que tras casi una década de instrucción se juzga ahora. La complejidad del procedimiento provocó ayer que se produjera un primer aplazamiento, hasta mayo de 2011, en el que está acusado de alzamiento de bienes un constructor.

La pesadilla para estos vecinos y veraneantes comenzó en 1991 poco después de comprar las primeras casas. El constructor y vendedor inicial, ya fallecido, tenía una deuda de 34 millones de las antiguas pesetas con el propietario del suelo, Antonio Torregrosa, y ahora imputado. Éste se la cobró haciéndose con la propiedad de todo el inmueble y, a través de varias operaciones de compra y venta, el edificio terminó en manos de una inmobiliaria oriolana que vendió todos los pisos a otros compradores. Algo que ocurrió cuando la mayoría de los propietarios originales ya había abonado hasta cuatro millones de las antiguas pesetas por el inmueble, el precio habitual en aquel momento para la ciudad turística -julio de 1991-.
El nuevo propietario del edificio comenzó supuestamente una estrategia para, definitivamente, desalojar a los vecinos de las casas. Así encontraron en 1997 con que les cortaban la suministro eléctrico y el agua de obra por orden del Ayuntamiento en un decreto insólito para una ciudad que mantiene cientos de pisos con luz y agua de obra hoy en día. La resolución que estaba impulsada por un entonces funcionario de Urbanismo de la administración local emparentado con el citado empresario protagonista de la operación y que se enfrenta a una pena de 2 años de cárcel por alzamiento de bienes. Durante algún tiempo estuvieron sobreviviendo acarreando garrafas de agua para asearse o limpiar y utilizando bombonas de gas para iluminar las estancias, como recogió este diario en su día. Para desalojar el edificio de forma definitiva en octubre de 2001 el empresario utilizó guardias de seguridad, sin ningún tipo de autorización, que prohibieron pasar a los propietarios. Algunos de ellos tenían en estos pisos su primera vivienda y, además, no les permitieron recoger sus enseres, por el que hay abierto otro procedimiento judicial por allanamiento y coacciones.
Tras diez años de instrucción judicial los propietarios ven algo de luz al final del túnel. Algo que comentaban ayer en corrillo en los pasillos del Palacio de Justicia. El juzgado de Lo Penal 2 de Torrevieja convocó ayer la vista oral. Los denunciantes se sienten estafados, no sólo por los promotores, también por el funcionamiento de una justicia que ha tardado diez años en concretar la fecha del juicio. Durante este tiempo algunos de los compradores que invirtieron sus ahorros en Torrevieja, procedentes de municipios de la comarca como Callosa de Segura o Cox, madrileños, vascos, o manchegos, han fallecido. También han perecido dos de los intermediarios de la operación imputados en la causa mientras que el principal encausado, Torregrosa, tiene 80 años.
Los propietarios, organizados en una asociación, piden una indemnización de un millón de euros que la Fiscalía reduce exclusivamente a veinte millones de las antiguas pesetas. Muchos de los afectados, a pesar del chasco que han sufrido, volvieron a Torrevieja y adquirieron otra vivienda junto a la playa.

"Lo sabían"
El imputado Antonio Torregrosa aseguraba ayer a este diario que los propietarios conocían en 1997 que quien les vendía el piso tenía una deuda por el suelo de la finca contraída con él. Los pisos "tenían cargas" y "sólo pagaron por el piso cuatro perras. Sabían cómo estaban comprando". Sin embargo los afectados no lo ven tan claro. La mitad escrituraron sus vivienda. Ayer lamentaban la connivencia municipal en este caso concreto porque conocen muchos situaciones en la ciudad en el que el Ayuntamiento ha permitido habitar casas sin cédula de habitabilidad. El tercero en discordia ayer, el representante de la empresa que finalmente vendió los pisos a otros propietarios aseguraba que la mercantil, Eurohouse, acudía al juzgado en calidad de testigo y además actuó de buena fe porque la información registral del edificio no contemplaba ningún procedimiento judicial.
Los denunciantes sin embargo aseguraban ayer que ésta última mercantil sí conocía el procedimiento judicial abierto contra el citado empresario y vendió sus casas a sabiendas de lo que hacía. No está muy claro que Eurohouse, filial de San Antonio, pueda responder a posibles indemnizaciones, porque además de que el juzgado no las contempla, la empresa está inmersa en un concurso de acreedores. Ayer el abogado de los denunciantes Fernando del Cacho Millán lamentó la indefensión creada por un asunto que se dilata en los juzgados durante diez años aunque se congratuló de que al final se vaya a juzgar. "Puede ser un ejemplo para el montón de situaciones similares que han ocurrido en Torrevieja en los últimos años, para que este tipo de chanchullos no vuelvan a sucederse", agregó el letrado.




* Información - 5.11.10
Foto: Imagen de los propietarios que perdieron su piso en Torrevieja ayer en el juzgado a la espera de la vista oral que se aplazó - informacion

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Así lucha Finlandia contra la corrupción (y no lo hace España)

LA SAGA DE DASHIELL* : Finlandia ha sido reconocida internacionalmente como la nación menos corrupta del planeta, una parte de ese logro recae en la estricta moralidad imperante en el país, a pesar de ello, y para facilitar la transparencia, también cuenta con un conjunto de principios enfocados a evitar el abuso de poder y que son insólitos en la cultura española. Esta es la manera con la que Finlandia lucha contra la corrupción:
PRIMERO: En Finlandia cualquier compra que realicen las Administraciones Públicas, desde un edificio hasta un bolígrafo, ha de estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, tres ofertas de proveedores distintos, para poder elegir la más baja. No es legal, admisible ni justificable el pago de 100 euros por un cartucho de impresora o de 1000 por una silla aunque las facturas sean correctas. Ejemplos ambos acaecidos en España y que la justicia no pudo castigar.

SEGUNDO: Principio de transparencia total de las Administraciones públicas. Cualquier decisión tomada por un funcionario público dentro del desempeño de su profesión (excepto las relacionadas con la seguridad) puede ser conocida por el resto de ciudadanos. Nadie puede negarse a satisfacer las necesidades de información no solo de los periodistas sino de los votantes. Debido a ello actuaciones contra esa norma (como ésta) son no solo contrarias a la ética sino ilegales.

TERCERO: Principio de transparencia total en las cuentas de los ciudadanos. Los fineses pueden saber cuales son los ingresos declarados de todos los residentes en el país, ya se trate de una persona que cobre el desempleo, del artista de mayor éxito de la nación o del CEO de Nokia.
El equivalente peninsular permitiría conocer las cuentas no solo empresariales sino personales de Emilio Botín, Arturo Pérez Reverte, Felipe González, José María Aznar, Adolfo Domínguez o cada uno de los vecinos de Madrid.

CUARTO: Ausencia de alcaldes: El gobierno de los municipios en Finlandia recae en "City managers", es decir, en funcionarios públicos con experiencia en la administración de entidades de esa índole. Así pues el ciudadano puede distinguir con claridad que la persona al mando es alguien supeditado a los votantes y que puede ser despedido o reemplazado por el Consejo municipal (el órgano elegido en las urnas y que ostenta la soberanía popular). Helsinki es la excepción a este modelo.

QUINTO: Ausencia de cargos de designación política: En Finlandia los secretarios de Estado son funcionarios de carrera que alcanzan el puesto superando pruebas objetivas en lugar de por designación partitocrática. En 2005 se realiza una remodelación del sistema para permitir a las organizaciones políticas el poder elegir a los Secretarios de Estado, aun así muchos de ellos siguen siendo en la actualidad trabajadores públicos ascendidos por méritos propios.

SEXTO: Estructura de poder colegiada: La corrupción se extiende con mayor facilidad cuando el poder se concentra solo en un individuo, es por ello que en Finlandia se promueve la toma de decisiones mediante el debate y el consenso. Al igual que el órgano político principal de las ciudades es la Asamblea popular (el alcalde solo es un trabajador público) el Consejo de ministros tiene mayor capacidad de poder que el Presidente de la República.

SÉPTIMO: Principio de acceso libre al poder. La posibilidad de convertirse en un miembro de alto rango de la administración y los ministerios fineses no recae en una élite intelectual formada en Instituciones de enseñanza concretas (como en Francia) tampoco en personas que puedan atraer la inversión de diferentes empresas para sufragar sus campañas (ejemplo de Estados Unidos) o en ciudadanos adscritos a organizaciones políticas que ascienden por los méritos internos dentro de su organización (caso español). En Finlandia los puestos son cubiertos por funcionarios públicos (siguiendo un baremo meritocrático) y cuya carrera está abierta a todos los fineses. El país evita, por tanto, tener que acudir a un modelo como el de España dónde los cargos de libre designación del gobierno (elegidos ideológicamente) reciben 200.488 euros anuales y se multiplican de manera oscura por todas las administraciones.

OCTAVO: Principio de proporcionalidad en el castigo. La cuantía de las multas por violar las normas suele ser proporcional a los ingresos de los individuos y las empresas. En 2001 Anssi Vanjoki, alto ejecutivo de Nokia, fue considerado culpable de conducción temeraria por romper los límites de velocidad a los mandos de su Harley Davidson imponiéndosele por ello una multa por el equivalente a 104.000 dólares de la época. Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto a la marca social que lleva el estar envuelto en un caso de corrupción, actúa de forma extremadamente disuasoria ante posibles tentaciones para cruzar el límite de la legalidad.



* Blog La saga de Dashiell - 4.11.10


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