ELPAÍS/Madrid : Las continuas sentencias contrarias a los intereses del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (42.000 habitantes) hechas públicas en los últimos años han convertido a los sucesivos equipos de gobierno de este municipio, todos ellos encabezados por el PP, en los gestores municipales de España a los cuales se ha detectado un mayor número de irregularidades. Una prueba de ello es la última decisión judicial, esta vez de la Sección Segunda de Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el pasado 2 de diciembre sentenció que el edificio principal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte fue construido de forma ilegal, ya que, en la parcela en la que se había edificado, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces vigente solo se permitía que se edificara un equipamiento escolar. Esta sentencia, sin precedentes en la Comunidad de Madrid en los últimos años, asimismo considera ilegales 20 viviendas y 11 oficinas que también se levantaron en el sector de forma irregular. Los magistrados anulan la licencia concedida en 1998 por el Ayuntamiento, gobernado por el PP, a la empresa Aerorentiber, encargada de las obras.
La juez que ejerció de ponente del fallo, Elvira Adoración Rodríguez Martí, y que declara nulos los acuerdos del pleno de 1999 bajo la alcaldía de la popular Nieves Fernández Crespo, aclara en el texto que, si bien la consecuencia jurídica tendría que ser la demolición física del edificio, en este caso, teniendo en cuenta la destrucción de riqueza que supondría, resultaría conveniente que los edificios indebidamente construidos pudieran continuar existiendo, siempre que se adaptara su uso al equipamiento escolar legalmente previsto en el PGOU.
La decisión de los magistrados, contra la que no cabe recurso, tiene como base dos informes periciales: el primero, de técnicos de la Dirección General de Urbanismo y Planificación de la Comunidad y, el segundo, del Colegio de Arquitectos de Madrid. Ambos concluyen que la construcción en esa finca del edificio que alberga el Consistorio "contradice frontalmente" el plan del que forma parte y aseguran, además, que "contiene unas claves de ordenanza no contempladas en dicho Plan General de Ordenación Urbana".La magistrada incluye en la sentencia un párrafo del informe del colegio, en el que explica: "Resulta incomprensible que la ficha que contradice el plano haya podido superar todos los filtros necesarios para la aprobación del PGOU de Boadilla del Monte, dado que las irregularidades de la misma alcanzan tal calibre que no se trata de meros errores materiales, sino que la misma contradice el plan y carece de los mínimos elementos estructurales que debe reunir todo instrumento normativo".
A raíz de las conclusiones de los peritos, los magistrados de la Sala aseguran tener la convicción de que las diferencias entre el plan inicial y las modificaciones realizadas por el Ayuntamiento para permitir la construcción del Consistorio no son una mera contradicción fácilmente salvable, "sino una auténtica contravención del plan por un documento incorporado incomprensiblemente al mismo".
Esta es la segunda sentencia reciente de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM sobre un asunto del municipio, ya que los magistrados decidieron anular en noviembre la adjudicación del palacio del infante don Luis a la Fundación Autor, dependiente de la Sociedad General del Autores y Editores (SGAE). Los cinco jueces justifican esta decisión al considerar que la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento, encabezado entonces por Arturo González Panero (PP), se realizó "con absoluto desconocimiento" del procedimiento y de los requisitos que la regulan. González Panero, el primero de los cuatro alcaldes que ha tenido Boadilla en los últimos cuatro años, está imputado en el caso Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Fue expulsado del PP. Su sucesor, Juan Siguero, también está imputado como presunto autor de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cooperación necesaria en los delitos que a su vez se le imputan a Panero.
La decisión del TSJM de convertir el edificio principal del Ayuntamiento en un colegio se conoce después de que el Supremo declarara nulo el plan de Boadilla del 2002 por denegar el Ayuntamiento la documentación del plan a miembros de la oposición. De esta forma, el PGOU del municipio, ahora paralizado, tendrá que volver a aprobarse pasando todos los filtros establecidos en la normativa. Un particular inició el litigio porque estaba disconforme con el cambio de calificación de una parcela de su propiedad: "Tenía un uso comercial y, por obra y gracia de la aprobación definitiva del plan general que se recurría, pasaba a zona verde pública", explica el fallo del Supremo.
Pero estas tres decisiones judiciales no son las únicas que han puesto en entredicho al equipo de gobierno del PP, del que han dimitido dos alcaldes, Panero y Siguero, ambos por estar imputados en el caso Gürtel.
Hace menos de dos semanas, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid ordenó la ejecución de una sentencia que establecía la nulidad de la creación del Grupo Municipal del PP de Boadilla, tal y como había exigido el concejal de Alternativa por Boadilla (APB) Ángel Galindo. Con esta decisión judicial, los 15 concejales del PP pasarán a ser considerados no adscritos, a semejanza del exalcalde Arturo González Panero, que fue expulsado del Grupo Popular tras ser imputado en el caso Gürtel y de Siguero, que dimitió la pasada semana y fue relevado por la edil Mercedes Nofuentes, que también participó en una de las adjudicaciones investigadas en el caso. En el pleno en el que fue nombrada Nofuentes, la alcaldesa en funciones, Belén Húmera, aludió al Grupo Municipal del PP antes de la votación, por lo que la investidura podría también ser impugnada, explican desde la oposición.
Asimismo, el año pasado el Tribunal de Cuentas condenó a los exalcaldes Panero y Nieves Fernández Crespo a abonar 488.357 euros al Ayuntamiento madrileño por considerarles responsables del perjuicio causado a las arcas municipales al aprobar unos complementos ilegales a la paga extra de los funcionarios entre 1998 y 2000. No obstante, el concejal de Alternativa por Boadilla Ángel Galindo sostiene que dichos pagos se han venido manteniendo de manera irregular. Quizá por eso, en enero de 2010 Siguero acordó consolidar el pago que recibían los empleados del Consistorio de 50 euros mensuales por llegar a la hora, y de otros 50 por permanecer en su puesto de trabajo durante las siete horas obligadas. Este complemento, de un máximo de 1.400 euros anuales, ha favorecido desde 2005 a los funcionarios de Boadilla.
* El País - 21.02.11
Foto: Sede del Ayuntamiento de Boadilla del Monte - elpais
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DIARIODEMALLORCA* : El alud de casos de corrupción contra políticos que se está investigando en los juzgados de Palma tiene colapsado al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, que en muchos casos no da abasto para analizar la creciente cantidad de documentación incautada en las distintas operaciones, lo que está retrasando la instrucción de las causas y la apertura de nuevas. Según ha podido saber este diario, esta circunstancia motiva que la Policía esté dando una lista de espera para hacer nuevos registros y lo mismo con la apertura de cajas con papeles incautados. Peor todavía, la demora está obligando a retrasar comparecencias de nuevos imputados y en algún caso se corre el peligro de rozar la prescripción, según han puesto de manifiesto fuentes judiciales. La saturación de estos agentes, dedicados casi exclusivamente en estos momentos a la lucha contra la corrupción en Balears, bajo la coordinación de la Fiscalía, ha forzado a prorrogar durante meses el secreto de sumario de una parte de las actuaciones de la llamada operación Pasarela, que investiga un presunto entramado para desviar fondos públicos de la conselleria de Turismo; en concreto, las relacionadas con el patrocinio del Govern del PP del torneo de golf Mallorca Classic, que se celebraba en complejo hotelero de Pula, en Son Servera.
Las sedes de las dos empresas organizadoras del evento, Pula Golf y Match Golf Consulting (sita en Madrid) fueron registradas el 29 de junio del año pasado, incautándose gran cantidad de documentación sobre todo en soporte de papel.
Meses de demora
El precinto fue retirado el 15 de septiembre y empezó su análisis. Tres meses más tarde, el 17 de diciembre de 2010, el Grupo de Delincuencia Económica tuvo que remitir un oficio al juez que instruye el caso para comunicarle que "se procederá tan pronto como sea posible al estudio de la documentación intervenida" en la empresa situada en Madrid, y se advertía de lo siguiente: "No obstante, debido a la ingente cantidad de documentación existente y que consta de cientos de miles de folios, quedando pendiente incluso la apertura de muchas de las cajas que contienen documentación intervenida, unido al hecho de la existencia de otras investigaciones relacionadas con la corrupción que en la actualidad se están llevando a cabo por este Grupo, hace que el análisis de la misma puede demorarse en el tiempo durante varios meses".
Finalmente, el 24 de enero de este año, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau solicitó al magistrado el levantamiento del secreto de las diligencias en este caso, lo que el juez autorizó cuatro días más tarde, sin que se hayan podido analizar todavía "cientos de miles de folios, lo que sin duda conllevará un largo periodo de tiempo", reza en el correspondiente auto judicial.
Fuentes judiciales señalan que las instrucciones de las causas por corrupción son muy complejas y largas, y sin duda, la larga espera para disponer de los pertinentes informes policiales constituye un obstáculo para su avance. En el caso Maquillaje, por ejemplo, en el que está imputada la antigua cúpula de Unió Mallorquina, se está pendiente de analizar documentación para poder hacer nuevas declaraciones.
En la actualidad, los casos más avanzados en cuanto a instrucción son el de Can Domenge y el de Andratx (que consta de decenas de piezas separadas).
También se encuentra muy adelantada la causa contra los ex responsables de la conselleria de Comercio e Industria del PP (recordado por la ya célebre lata de Cola Cao) o las primeras piezas del caso Palma Arena, que afectan al ex presidente Jaume Matas; en concreto, la que investiga si el ex autor de sus discursos, el periodista Antonio Alemany, se lucró con dinero público, y las contrataciones a la esposa de Matas, Maite Areal.
De todos modos, los esfuerzos de los investigadores se centran también en estos momentos en evitar la posible prescripción de la operación Mar Blau, sobre supuesta corrupción entre los funcionarios de puertos de Balears, y en la que están imputados, entre otros, el presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Francesc Triay (PSOE), y su antecesor, Juan Verger, del PP.
* Diario de Mallorca - 20.02.11
Foto: Tres agentes de Delincuencia Económica, en el registro en diciembre de 2010 realizado en la sede de la Autoritat Portuària - diariode mallorca
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LAVOZDEGALICIA* : El veto que el plan del litoral impone al desarrollo del 93% del suelo que los concellos clasificaron como urbanizable en primera línea de costa volverá a poner a prueba la voluntad política real de cumplir reglas urbanísticas modélicas en su planteamiento que después no se aplican o que quedan desvirtuadas en su vocación proteccionista por medio de sucesivas reformas. La experiencia de la Lei do Solo, que la Xunta reemplazará por un nuevo marco normativo después de modificarla siete veces en ocho años de vigencia, no representa la mejor credencial para el Gobierno. El documento, que entrará en vigor con una publicación en el Diario Oficial de Galicia que está prevista para la semana entrante, mantiene unas restricciones elevadas en relación a la ley cautelar que ha paralizado la construcción durante casi cuatro años a menos de 500 metros del mar. El plan clausura de forma definitiva 6.825 de las 7.374 hectáreas de suelo urbanizable que había bloqueado en esa área la norma que promovió el bipartito y que el Ejecutivo de Feijoo prorrogó en dos ocasiones.
En consecuencia, queda vetada la posibilidad de edificar viviendas en el 92,55% de la superficie que estaba tipificada como apta para su urbanización en la primera línea de costa.
Ponteceso, municipio vedado
El plan anula el 100% del suelo urbanizable de 12 concellos en la franja de los 500 metros. Ares, Cabanas, Carballo, Cee, Muxía, Rianxo, Cervo, Foz, Catoira, Oia, Redondela y Vilanova de Arousa no podrán construir en primera línea de costa. Entre estos municipios, en los que la paralización que impuso la ley cautelar tendrá por tanto carácter permanente, la incidencia es mayor en Cervo (donde se anulan las 528 hectáreas de suelo urbanizable en esa área), Foz (503) y Carballo (204).
Pero el plan del litoral tiene más efecto en otros concellos en los que, si bien abre al ladrillo una mínima parte del suelo urbanizable, bloquea una superficie mayor. El que pierde más terreno para edificar es Ponteceso, donde la ordenación paraliza 1.503 de las 1.509 hectáreas que tiene en el área de los 500 metros. Lo mismo sucede en Sanxenxo, que pierde para la construcción 469 de las 508 hectáreas en esa franja; Vilagarcía, que cede 461 de 469; Cabana de Bergantiños, que solo podrá edificar en una hectárea de 280; Ribadeo, donde se paralizan 277 de sus 281 hectáreas urbanizables; Narón, que podrá desarrollar 13 hectáreas sobre 267; y Fene, que conserva 23 de 226.
El documento, que pese a llegar seis años más tarde de lo previsto en la Lei do Solo permite a Galicia dejar de ser la única comunidad del arco atlántico sin ordenar su costa, habilita la construcción en 549 hectáreas dentro de los 500 metros y en 777 más allá. En esa zona en la que la ley del bipartito no estableció protección cautelar, el plan paraliza 2.600 de las 3.378 hectáreas de suelo urbanizable.
Si no se tiene en cuenta la referencia de los 500 metros, la ordenación permite construir en 1.326 de las 10.752 hectáreas de suelo urbanizable de los 77 municipios en los que se aplicará, ya que quedan eximidos los 5 con planes adaptados a la Lei do Solo: Vigo, Oleiros, A Pobra do Caramiñal, Laxe y Outes. A esa superficie edificable hay que sumar 386 hectáreas más que el plan clasifica como de grado 2 y cuyo desarrollo queda sujeto a la tutela de la Xunta.
* La Voz de Galicia - 20.02.11
Foto: Ponteceso (A Coruña) - mma
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LAVANGUARDIA* : El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha alertado de la vulneración de los derechos de los catalanes en materia de educación, vivienda y ley de dependencia por los recortes presupuestarios y la descoordinación entre las administraciones, tras presentar su informe de 2010 a la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert. En rueda de prensa, Ribó ha expresado su alarma por la lentitud "desgarradora" en la tramitación de ayudas públicas para situaciones de urgencia -tanto para acceder a una vivienda como para no perderla-, y ha anunciado que está ultimando una actuación de oficio sobre los desahucios por impago, dirigida a las secretarías de Vivienda y de Relaciones con la Administración de Justicia, los colegios profesionales y los notarios.
"No se puede permitir que este trámite dure seis meses" porque algunas personas sufren un desahucio antes de recibir la ayuda, ha lamentado el Síndic, que ha vuelto a cargar contra la descoordinación entre la Generalitat y el Gobierno central por la renta básica de emancipación de los jóvenes, criticando la "ligereza" con la que se cancelan los trámites ante la falta de algún documento, y el cese de la ayuda sin ninguna explicación.
"Es inadmisible que las administraciones, que no han sabido hacer frente a las políticas públicas y que hacen recortes, mengüen ahora los derechos de las personas, que no son culpables de ello", ha lamentado, y ha señalado que numerosas solicitudes tardan entre uno y dos años en resolverse, frente a los 6 meses fijados por la ley -una solicitud de mayo de 2009 no se resolvió hasta diciembre de 2010-, ha ilustrado.
El Síndic inició 21.504 actuaciones en 2010, relativas a consultas (71%), actuaciones de oficio (0,5%) y quejas (28%, 2,6 puntos más que en 2009). La mayoría de quejas son relativas a la administración pública (19%); ordenación del territorio, que incluye vivienda (14,4%), y servicios sociales, que incluye dependencia (14,3%), seguidas por seguridad ciudadana y justicia (10,19%) y educación e investigación (9,98%).
* Ya Encontré - La Vanguardia - EP. - 18.02.11
Foto: Barcelona, Generalitat - wikiwak.com
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ELCONFIDENCIAL/Málaga* : El ex asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca, supo con antelación a la Operación Malaya, lo que se fraguaba en las cocinas de Interior sobre su detención. Un miembro del Cuerpo Nacional de Policía le alertó para que pudiera maniobrar a su antojo, según consta en el sumario. Roca habría utilizado esta información para destruir algunas pruebas definitivas que hubieran acabado inculpándole en el juicio que se sigue ahora contra él en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Gracias a esta información recibida, y que a su vez fue “gratificada económicamente”, el antiguo responsable del urbanismo marbellí, hizo desaparecer a tiempo al menos quince cajas de documentos sobre sus sociedades, de las que se desconoce el paradero. Fuentes judiciales han indicado a El Confidencial que esta documentación “hubiera sido de gran valía para el juicio. El supuesto soplo a Roca esta limitando el proceso”.
El otro Faisán
En los pasillos de la Audiencia, algunos letrados ya denominan esta estrategia como la de “el otro Faisán”. Roca fue alertado en 2005 de que la Policía había comenzado a investigarle. En noviembre de 2005, coincidiendo con las primeras gestiones policiales sobre la trama, Roca empezó a ordenar a sus secretarias que despareciera toda la documentación que había referente a él y a las sociedades.
En el documento del tomo XX del sumario, su secretaria Ainhoa C. G. cuenta al juez Torres que "a partir de noviembre cambió de actitud. Nos hizo quitar documentación sobre Maras Asesores, Marqués de Velilla, Condeor, Marbella Airways, Masdevalía y One Properties. Creo que dio esas instrucciones porque no quería que la gente supiera que esas sociedades son suyas y porque quería abandonar Marbella".
Gracias a la información que Roca recibió de su particular garganta profunda, “hizo desaparecer información de documentos primordiales sobre sus sociedades”. Cuando en noviembre de 2005 la Policía y el juez dieron los primeros pasos en la Operación Malaya, el ex gerente de Urbanismo ya era consciente de los problemas que le llevarían a la cárcel de Alhaurín de la Torre cinco meses después.
"Nos ordenó que guardáramos todo lo que nos dijo. Luego no sé a dónde se las llevó", explicó Ainhoa a los agentes. Según la UDYCO el ex asesor de Urbanismo de Marbella, el hombre sin cuya aquiescencia, nada se movía en Marbella, presumía en círculos íntimos de tener confidentes en las fuerzas de seguridad, y en los juzgados. “Creo que el señor Roca dio esas instrucciones porque no quería que la gente supiera que esas sociedades son suyas”, según el relato de Ainhoa C.G. a la Policía.
Intervenciones telefónicas ordenadas por Carlos Germán
Se da el caso que la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, dirigida por Carlos Germán, el mismo inspector encargado de detener a la red de extorsión terrorista y el responsable de investigar “el soplo de Faisán”, propuso al Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga, abrir diligencias contra quien dirigía las pesquisas del caso Malaya, por entonces el comisario Valentín Bahut.
Gracias a estas intervenciones telefónicas, Asuntos Internos estuvo al tanto de todo lo que hablaba el investigador de Malaya, tanto sobre la operación, como sobre otros asuntos.
Sobre las coincidencias de las dos operaciones policiales ya se ha pronunciado el popular Gil Lázaro, que ha instado a Rubalcaba a que realice "una investigación real" sobre este asunto. En su opinión, "el chivatazo del Faisán y a Roca es la vergüenza y miseria de una camarilla policial que el mismo ministro del Interior ha montado”.
* El Confidencial - 20.02.11
Foto: Marbella, policía gerencia urbanismo - sur
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ELPAÍS* : Una pequeña versión de la ciudad del pecado en algún lugar de la Comunidad de Madrid o en Barcelona. Esa es la intención que anunció ayer la empresa estadounidense Las Vegas Sands Corporation. España es el nuevo objetivo de la inversión de la compañía. Madrid o Barcelona podrían tener en un futuro no muy lejano un complejo de megahoteles de lujo -20.000 habitaciones-, con casinos, centros comerciales, centros de convenciones y la posibilidad de ofrecer decenas de miles de puestos de trabajo. Una especie de delegación europea, a pequeña escala, de la ciudad de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), similar al proyecto ya desarrollado en Macao, donde cuenta con tres casinos y planeaba levantar un cuarto antes de enfrentarse con restricciones del Gobierno chino.
Sheldon Adelson, director general de Las Vegas Sands Corp., realizó el anuncio en Singapur, en la sede del hotel-casino Marina Bay Sands, la nueva joya de la corona de la compañía que desde su apertura, hace casi un año, ha tenido más de 11 millones de visitantes. Sands deseaba su expansión en Asia, pero en India y Vietnam los Gobiernos tienen regulaciones muy severas en cuanto a ceder el suelo a largo plazo. Ahora apunta a Europa.
"Quiero crear una mini-Las Vegas en Europa", declaró Adelson, cuya empresa es propietaria de los hoteles Venetian y Palazzo en la ciudad de Nevada. "Espero que podamos usar el nombre Europa Vegas o EuroVegas". Con ese objetivo, Sands planea reunirse con tres grandes constructoras en España en las dos próximas semanas para discutir las posibilidades. El coste del proyecto se situaría en los 20.300 millones de dólares (14.800 millones de euros) según Sands.
Sin duda, Sands necesitará contar con el beneplácito del Gobierno español para las concesiones y la adquisición de terrenos, así como tener "garantías de que los planes de construcción serán aprobados con rapidez". "Necesitamos el apoyo del Gobierno", ha insistido Adelson. "No podemos elaborar un plan, entregarlo al departamento de urbanismo y esperar seis meses a una respuesta".
La Comunidad de Madrid ha confirmado a Efe que conoce gran parte del proyecto que el operador estadounidense de casinos planea para España y "está valorando" dos o tres ubicaciones idóneas para albergar en la región el complejo. No han detallado cuáles son, pero sí han precisado que necesitan "un espacio grande". Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda han explicado que la compañía que dirige Sheldon Aldelson contactó "hace un mes" con el Gobierno que preside Esperanza Aguirre a través de Promomadrid. El encuentro tuvo lugar en Madrid y sirvió para que responsables de la empresa pública accedieran a los pormenores del proyecto.
* El País - 19.02.11
Foto: Las Vegas (USA) - trivago
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ANTONIO MARÍN SEGOVIA/Valencia* : Una de las claves fundamentales de una sociedad civilizada y realmente responsable, es la que sabe unir modernidad con tradición. Mantener nuestros edificios histórico-artísticos, así como proteger e impulsar las actividades artesanales que tanto prestigio han dado a Valencia ciudad, es una labor esencial que todos los ciudadanos debemos asumir. Recuperar las antiguas fábricas de La Ceramo, Bombas Gens y luchar por la total rehabilitación del Colegio del Arte Mayor de la Seda es urgente y vital. Las instituciones valencianas invierten mucho dinero en edificios, eventos e infraestructuras innecesarias y nada útiles para los ciudadanos. Sin embargo no saben ni quieren potenciar el turismo de calidad y la cultura participativa entre sus propios conciudadanos. Es lamentable la ceguera y estupidez del ayuntamiento de Rita Barberá y de la Generalitat Valenciana a la hora de proteger y rehabilitar eficazmente nuestro maravilloso y singular legado patrimonial y ambiental. Activar un plan urgente de rehabilitación integral de todos aquellos bienes culturales y locales valencianos en peligro, es fundamental y debe constituir una prioridad de las autoridades locales, autonómicas, provinciales... Pero hay que redactar y ejecutar ese plan desde la más estricta legalidad, sin alterar ni modificar los bienes y sus entornos.
Cercle Obert de Benicalap piensa que, para obtener un éxito duradero y contagiar entusiasmo a todos los sectores de la población valenciana, conviene implicar a todas las instituciones públicas, al mundo universitario, al tejido empresarial, a las organizaciones sindicales, al movimiento vecinal y a los medios de comunicación. Es básico, si realmente queremos lograr una sensibilización general y dar a conocer nuestras raíces culturales y ambientales contar con el apoyo entusiasta y directo de toda la sociedad.
Rehabilitar, conservar y difundir el patrimonio cultural valenciano es una fuente segura y estable de creación de empleo, dado que también recupera antiguas actividades económicas muy atractivas y rentables. Por eso, el Colegio del Arte Mayor de la Seda debe recibir un trato preferente por parte del ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat, después de tantos años de abandono y olvido.
En un momento de crisis económica tan grave, conviene usar la imaginación y mirar frente a nosotros, observando que tenemos las respuestas y las soluciones para salir airosos de una situación de crecimiento urbanístico absurdo y aberrante, propiciado por unos empresarios e instituciones irresponsables y sin ningún respeto por nuestra dignidad y nuestro derecho a vivir en entornos amables, limpios y equilibrados.
Los valencianos tenemos oportunidades de rescatar y recuperar toda nuestra maravillosa y singular historia. Estados Unidos no puede presumir de tener tantos monumentos, tantos conjuntos históricos y jardines singulares. Valencia debe huir de la locura improductiva de los eventos y saber combinar modernidad con respeto y recuperación integral y totalmente legal de nuestras señas de identidad, procediendo a impulsar un gran plan de rehabilitación, destinado a permitir la total regeneración y reutilización responsable de todos nuestros bienes, de todos nuestros entornos y conjuntos histórico-artísticos y ambientales.
* ANTONIO MARÍN SEGOVIA, EX PRESIDENTE DE CERCLE OBERT
* L'Informatiu - Tribuna - 26.02.10 (2011)
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