PÚBLICO/Madrid* : El pelotazo urbanístico fraguado en 2004 por Martinsa con la compra de los suelos de la Unidad de Ejecución 124 de Arganda, el mismo pelotazo que, según el juez del caso Gürtel, proporcionó a Francisco Correa una comisión de 12,8 millones, fue posible gracias al ayuntamiento de ese municipio, en manos del PP. Pero aquel armazón urdido bajo apariencia de legalidad se habría derrumbado de no ser porque ni Esperanza Aguirre ni su Gobierno pusieron trabas a una operación sobre la que le habían alertado de antemano los dos dirigentes que entonces gobernaban las cuentas del PP: Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Ambos avisaron a finales de 2004 a la presidenta y líder regional del PP de que el concurso para la venta se había amañado a favor de Martinsa. Y de que aquel apaño no era gratis. Aguirre exhibió su incredulidad. Pero la adjudicación se llevó a cabo: y el 25 de noviembre ganó Martinsa. Hoy, la presidenta mantiene su silencio sobre si recibió o no aquel aviso cuya veracidad van confirmando el tiempo y la instrucción del caso Gürtel: tanto el ex alcalde de Arganda Ginés López, como el ex responsable de la sociedad municipal que organizó la venta, Benjamín Martín Vasco, permanecen imputados como presuntos receptores de sobornos. Martinsa siempre ha negado el pago de comisiones y cualquier irregularidad en la UE-124.
Plarquin inclinó la balanza
Pese a la alerta de Bárcenas y Lapuerta, no sólo no hubo obstáculos por parte de quienes rodeaban a Aguirre sino camino llano. De hecho, un informe de valoración elaborado por la empresa Plarquin, de la que había sido copropietario el entonces director general de Urbanismo, Enrique Porto, inclinó la balanza de la venta de terrenos en favor de Martinsa. En octubre de 2006, Porto dimitió, aparentemente forzado por otro escándalo urbanístico.
Efectuada por debajo de la tasación encargada por el propio ayuntamiento, aquella venta de suelo le hizo perder no menos de 20 millones al erario público de Arganda. Preparado por la empresa Aguirre Newman, el informe de valoración económca cifraba el precio del suelo en 95,9 millones de euros. Pero el ayuntamiento los enajenó por 77 millones, de los que, además, sólo cobró de Martinsa 66 bajo promesa de recibir los otros 11 en obras. El compromiso de pago en especie, alerta la portavoz socialista en Arganda, Victoria Moreno, jamás llegó a cumplirse. La concejal recuerda cómo la existencia de la tasación de Aguirre Newman no afloró hasta que el PSOE interpuso un contencioso contra la venta de la UE-124. La demanda fue archivada.
Mientras el ayuntamiento sellaba un pésimo negocio, Martinsa hacía su agosto. La promotora recuperó la inversión en dos años y obtuvo su primera gran plusvalía. ¿Cómo? Vendiendo por 73 millones un tercio de los terrenos por cuya totalidad había pagado 66. Martinsa se desprendió de ese tercio del suelo tras el verano de 2006. Es decir, cuando el plan parcial que desarrollaba el área había cruzado ya todas las barreras administrativas. En realidad, superar los trámites le resultó fácil a aquel macroproyecto de 160.000 metros cuadrados diseñado inicialmente para 1.600 viviendas y donde el ayuntamiento terminó por autorizar 2.400. Cuando, en el otoño de 2005, el plan llegó a la Comunidad de Madrid, la misma Dirección General de Urbanismo que regía Enrique Porto emitió dictamen favorable. Y lo hizo sin demoras pese a que el proyecto de Martinsa incumplía la legislación del suelo en cuanto al número de aparcamientos proyectados.
En contra de lo habitual, el informe de Urbanismo sobre el plan de la UE-124 no lleva la firma de ningún técnico sino sólo la del subdirector general. Hubo un segundo informe, el de la subdirectora general de normativa y régimen jurídico. Y ese da por válida la cifra de una plaza de parking por cada cien metros edificables, en lugar de 1,5, que es lo que preceptúa la ley. Con su dictamen favorable, el equipo de Porto cerraba así el círculo abierto dos años antes, cuando la empresa de los socios del entonces director general calificó el proyecto de Martinsa como el más idóneo urbanísticamente y le garantizó así su victoria frente a las otras dos empresas que pujaban por los terrenos.
Sin devolución de expediente
El error de los aparcamientos pasó inadvertido hasta que el alcalde de Alcorcón, el socialista Enrique Cascallana, lo puso sobre la mesa en la Comisión de Urbanismo que, el 31 de enero de 2006, debía dar vía libre al plan. En lugar de devolver el expediente a Arganda, la comisión lo aprobó a condición de que se subsanase lo relativo al parking. El PSOE asegura que se sumó al visto bueno porque ignoraba lo que escondía la UE-124.
Con aquella aprobación condicionada, Martinsa ganó tiempo. Y pudo dar el pase de terrenos la venta de un tercio por el triple de lo que le había costado una vez que el pleno municipal de Arganda aprobó definitivamente el plan, el 5 de julio de 2006.
Seis años después del pelotazo, mientras los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) examinan con lupa el expediente de la UE-124 por orden del juez Pedreira, Aguirre mantiene su silencio sobre aquel aviso de Bárcenas y Lapuerta. El asunto de Arganda se limitó a predecir hace diez días se resolverá "próximamente". Pero los investigadores del caso no son tan optimistas. Porque falta confirmar quién pagó los 12,8 millones que Correa cobró en una cuenta de Suiza. Y falta, también, averiguar quiénes más recibieron comisiones ilegales.
* Público - 24.01.11
Foto: La Unidad de Ejecución 124 de Arganda continúa siendo un erial en espera de que se construyan las viviendas - público
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YAENCONTRE* : Pese a la dura recesión económica que vive España, el sector inmobiliario sigue sin ajustarse de verdad. Según las datos que maneja el Ministerio de Fomento, desde máximos -primer trimestre del 2008-, el precio de la vivienda ha caído un 13,1%. En el último año el descenso fue solamente del 3,5%. Estas caídas son mucho más moderadas que en otros países, que han vivido una crisis económica similar. En Irlanda, que vivió una burbuja del ladrillo similar a la de España, los precios han bajado ya un 36,7%. En Estados Unidos, el precio de la vivienda ha caído un 32,6% en 37 meses. Mientras que en el Reino Unido el ajuste ha sido del 22,6% y se ha producido en veinte meses. En opinión de José García Montalvo, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra, "en aquellos países donde el precio de la vivienda no se ha ajustado demasiado, el inicio de viviendas ha caído en picado".
Esto es lo que sucedió el año pasado básicamente en España. De iniciar 865.000 unidades en el 2006 -año de máximos- se pasó a que el pasado ejercicio sólo se empezó la construcción de unas 100.000 viviendas.
Para Jaume Puig, director general de GVC Gaesco Gestión, "el punto de partida en España era mucho más desajustado y para colmo el ritmo del ajuste inmobiliario está resultando mucho más lento". En su opinión, esta realidad "tiene claras consecuencias en el consumo".
En EE.UU. y el Reino Unido, explica, "las caídas en en el precio de la viviendas se han producido de forma rápida y el consumo ha empezado a recuperarse también de forma acelerada". Por el contrario, las caídas lentas en España "están produciendo efectos perversos para el consumo". Es decir, añade, "se instala cierta apatía en la economía y la recuperación es más difícil".
Puig explica que en Japón el precio de la vivienda ha caído durante 18 años a ritmos del 4-5%. "Esto ha provocado -subraya- que una generación entera, los ciudadanos que ahora tienen entre 35 y 40 años, sean reacios a adquirir pisos porque han visto durante muchos años caídas en precios sucesivas a ritmos suaves". Varios expertos consultados coinciden en que la reactivación del sector inmobiliario será una clara muestra de que se sale de la crisis, puesto que el frenazo en la construcción de pisos ha influido en las altas tasas de paro.
* YaEncontré - La Vanguardia - 18.01.11
Foto: Vivienda, bloques - EFE
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MÁLAGAHOY* : El promotor y constructor granadino José Ávila Rojas se enfrentará a una petición fiscal de siete años de cárcel por un delito continuado de estafa en la venta de unos inmuebles en la localidad malagueña de Marbella. José Ávila tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados el próximo jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga, según han indicado a Efe fuentes judiciales. El acusado proyectó la edificación de sótanos, aparcamientos y 73 viviendas en Marbella, según el escrito acusatorio del fiscal, al que ha tenido acceso Efe. El 28 de abril de 2003, la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella le concedió licencia de obras al proyecto básico condicionado a cumplimentar determinadas deficiencias y a la obtención, previa a las obras de la licencia de tala y repoblación del arbolado.
Contra esta licencia la Junta de Andalucía interpuso recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, actualmente en curso.
El ministerio público mantiene que el acusado, persona que de hecho dirigía la sociedad, cuando se le denegó la licencia ya había vendido en virtud de contrato privado algunos apartamentos y había recibido en reserva dinero por otros.
Ávila Rojas "decidió continuar con la ejecución de las obras y venta de los inmuebles con intención de enriquecerse en perjuicio de los compradores, por lo que hizo ocultar a éstos la denegación de la licencia".
Además, el fiscal mantiene que llegó a afirmar "falsamente" en los contratos privados que el solar contaba con licencia de obras y simuló continuamente con la legalidad de su actuación pese a que los inmuebles vendidos no pueden ser legalmente ocupados.
Respecto a la responsabilidad civil, el fiscal ha pedido que se decreten nulos los contratos privados que firmó el constructor con los compradores y se les entregue las cantidades entregadas incrementadas en el interés legal.
* Málaga Hoy - 23.01.11
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)
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PÚBLICO/Madrid* : ¿Es lícito combatir la impunidad de un delito cometiendo otro? Cada desalojo okupa atrae a la opinión pública un viejo debate que la Constitución de 1978 creía resuelto. El artículo 47 de la Carta Magna deja claro que el Estado impedirá la "especulación" con el uso del suelo. La experiencia okupa de las últimas décadas otorga argumentos a los activistas frente a los propietarios. Público ha comprobado que el 50% de los edificios ocupados en Madrid en las últimas décadas permanece abandonado por sus dueños después de que un juez ordenara su desalojo. "Un propietario de un coche que no paga las multas, ni el seguro, denuncia que un individuo se ha colado en su vehículo. El juez le dará la razón y ordenará a la policía echar del coche al okupa, pero no preguntará por los incumplimientos del dueño". Con ese ejemplo explica el sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid Miguel Ángel Martínez la legitimidad de la denuncia okupa.
Ya hay administraciones que están tomando medidas contra los especuladores. Es el caso de Euskadi, que en su anteproyecto de la ley de vivienda regula las casas desocupadas. Los ayuntamientos podrán exigir a los dueños de inmuebles deshabitados durante más de dos años un canon anual.
Precisamente ayer, en Barcelona, un grupo de activistas comunicó, aprovechando una manifestación contra los recortes sociales, que el martes pasado ocuparon la sede del antiguo Palau del Cinema, en la Via Laietana, propiedad del Grupo Balañá. El edificio llevaba abandonado desde hace años, esperando una reforma.
El conflicto se agita además cuando el acusado de especulación es el propio Estado. El Ayuntamiento de Madrid adquirió en 1991 un edificio en el número 20 de la calle Corredera Baja de San Pablo para su uso ciudadano, como espacio social o como vivienda pública. Durante 20 años se esforzó en desalojar a cada vecino. Este edificio fue puesto en venta por diez millones de euros. La crisis ha obligado a bajarlo a cinco. Ni rastro de la vieja intención de adquisición para los vecinos.
"Se trata de uso de dinero público para el disfrute económico de una empresa pública o privada", analiza Martínez. El colectivo Patio Maravillas entró por la puerta a este abandonado inmueble el pasado 5 de enero. "Queremos hacer un centro de investigación de lo público. Estamos sufriendo un expolio de la propiedad pública", explica Javier, uno de los activistas. Para llevar a cabo su proyecto, han contactado con ONG, asociaciones e incluso concejales.
El Patio Maravillas es la versión más social del movimiento okupa. Su objetivo es denunciar la especulación y reclamar más servicios ciudadanos. Hace justo un año fueron desalojados del abandonado edificio del número 8 de la calle del Acuerdo, propiedad de la inmobiliaria Grupo 2 Reunidos S. L., cuyo presidente es Leopoldo Arnaiz, diseñador del plan general de ordenación urbana de Boadilla del Monte, y citado en una denuncia del caso Gürtel.
El propietario de un edificio desalojado está imputado en el 'caso Malaya'
El edificio de Arnaiz seguía vacío hasta hace dos meses, cuando cedió temporalmente su espacio a una parroquia que se había quedado sin sitio en el vecino convento de las Comendadoras. Tras el desalojo, los activistas anticapitalistas del Patio Maravillas se mudaron a dos céntricos inmuebles del ayuntamiento también abandonados.
Uno de esos espacios donde los activistas desarrollan actividades vecinales está situado en el número 21 de la calle del Pez y es propiedad de la inmobiliaria Procasa Promociones y obras S.A. desde 2006, cuando fue comprado a los herederos del marques de Murrieta Julián de Olivares y Bruguera por 11 millones de euros. Hasta la llegada del Patio Maravillas, hace justo un año, Procasa asociada en negocios inmobliarios con el imputado de la Gürtel Jacobo Gordon mantenía la casa abandonada.
En las últimas dos décadas han trascendido a la opinión pública 12 desalojos en Madrid. Los estudiosos del movimiento, como el sociólogo Miguel Ángel Martínez, autor de Okupaciones, de viviendas y centros sociales. Autogestión , contracultura y conflictos urbanos (Virus), señalan que son "muchos más" los edificios ocupados aunque resultan "invisibles para el público".
Otro inmueble sobre el que pesan los años de inactividad es el antiguo Liceo Sorolla, en el número 22 de la calle de Alonso Castrillo, en el barrio de Tetúan, cerrado desde 1995. En dos décadas ha pasado por las manos de tres propietarios diferentes y ninguno ha conseguido dar una salida ciudadana al edificio. "Seguramente se haga algo de uso social aunque podrían hacerse viviendas", explica Amparo de Villa, portavoz de la propietaria: la inmobiliaria La Rebeldía 77 S. L. Esta empresa adquirió el edificio en 2008, casi una década después de que un colectivo okupa intentara hacer del antiguo colegio un centro social para el vecindario.
Un grupo activista anunció ayer la ocupación de un cine en Barcelona
Salvo para los vecinos, que reclaman su uso público, el caso del Liceo Sorolla permanece en el olvido. Otros edificios abandonados forman parte del paisaje del centro más turístico de la capital. Por la puerta de los cines Bogart, en la calle de Cedaceros, pasean decenas de diputados cada día camino de su despacho en el vecino Congreso de los Diputados. En 2006 fue ocupado durante una semana. Sus puertas siguen mostrando un muro de ladrillo tapado empapelado con publicidad. Su propietario es la empresa Inversiones Batuecas Torrego S. L., de Agustín Batuecas, consejero ejecutivo de ACS.
El cine Bogart cerró sus 388 metros cuadrados de instalaciones en 2001. Durante una semana de 2006 fue ocupado por el colectivo Rompamos el Silencio que pudo comprobar el lujo de su interior. "La escalera es de marmol-cerámico con barandilla de hierro forjado artísticamente, todo en armonía con el gran lujo que requiere el edificio", dice la descripción del edificio del Registro de la Propiedad.
Propietario imputado
Uno de los últimos desalojos en Madrid fue el del Palacio Social Okupado Malaya, en el número 49 de la calle Atocha. El caso fue sonado porque el propietario del edificio, Pedro Román Zurdo, ex teniente de alcalde de Marbella con Jesús Gil, está imputado en el caso Malaya. Su hija, María Pilar Román Martín, junto con Javier Pérez Villena, figuran como administradores de la empresa Atocha, 49. Los dos fueron detenidos también durante la operación Malaya. En marzo de 2008, el colectivo La Alarma ocupó esta finca, con diez apartamentos en tres plantas y dos patios interiores, tras 15 años de abandono. La aventura duró poco. Nueve meses después, un juez ordenó su desalojo y todavía permanece cerrada.
El Laboratorio II fue otro reducto okupa condenado al olvido. Este centro de Lavapiés, que colaboraba con entidades como SOS Racismo, Ecologistas en Acción y Sodepaz, era uno de los más activos de Madrid. En 2001, una juez ordenó desalojarlo, aunque 15 meses antes la misma magistrada había determinado que los jóvenes no cometían ningún delito por usar "un inmueble abandonado durante dos décadas". 400 ciudadanos se opusieron al cierre de esta finca, ocupada desde 1999. Hoy, el Labo II es una foto de otra época en la remodelada plaza de Cabestreros.
Recuperación social de edificios abandonados
Laboratorio II
Este edificio de 12 viviendas, en la plaza de Cabestreros, fue uno de los centros ‘okupas’ más activos de Madrid. Un juez ordenó desalojarlo en 2001 y sigue cerrado desde entonces . La finca llevaba 20 años vacía.
Rompamos el Silencio
Durante una semana de 2006, este colectivo habitó a modo de denuncia los 380 metros cuadrados abandonados del cine Bogart en la calle Cedaceros de Madrid.
Palacio Social Malaya
Propiedad de un imputado en el caso Malaya, esta finca de la calle Atocha acogió durante meses al colectivo ‘okupa’ La Alarma. Un juez los echó hace tres años. Sus más de 900 m2 permanecen sin uso.
Patio Maravillas
Desde el pasado 5 de enero, el colectivo ‘okupa’ trata de rehabilitar un céntrico edificio vacío del ayuntamiento en venta en Madrid para su uso social.
CSO La Pecera
Los ‘okupas’ desalojados del antiguo Liceo Sorolla enviaron una carta a la propiedad en la que aseguraban que no dañarían el edificio ni buscaban lucrarse.
* Público - 23.01.11
Foto: Okupación como denuncia inmobiliaria (esquema) - publico
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HUELVAINFORMACIÓN* : El alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), y tres concejales de su equipo de Gobierno declararon ayer ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Ayamonte por un supuesto delito de prevaricación al otorgar una licencia de primera ocupación de viviendas de lujo ubicadas en una urbanización de El Rompido "sin que estuviesen finalizadas". Según informó a Europa Press José Luis Revilla, letrado del matrimonio denunciante, propietario de una de estas viviendas, en la vista celebrada este viernes, Millán, que declaró como imputado, se acogió a su derecho de no responder a ninguna de las preguntas formuladas y simplemente aseguró que "cuando otorgó las licencias, los informes eran favorables". Según los denunciantes, cuando se le entregó la vivienda, de un coste aproximado a los 600.000 euros, ésta "no estaba acabada y la urbanización tampoco, ya que aún había operarios trabajando en la zona".
El letrado informó que la constructora "iba a construir en un principio casi 200 viviendas y al final sólo ha entregado 80, quedándose en descampados las zonas verdes y de ocio, de las que iban a disfrutar en un principio".
Por su parte, el alcalde de Cartaya se negó a realizar cualquier tipo de declaración respecto al tema, ya que, según indicó, hablará cuando la jueza resuelva y se dicte la sentencia.
Juan Antonio Millán está imputado también, junto al teniente de alcalde, Miguel Novoa, por el caso Hiconsa sobre presuntas irregularidades urbanísticas en unos terrenos situados junto al centro de Cartaya, en la barriada de El Almendral.
La denuncia fue interpuesta por la oposición al "existir claros indicios de delitos, tales como prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y contra la ordenación del territorio".
Según los denunciantes, la construcción de viviendas en esos terrenos, que miden 21.000 metros cuadrados, comenzó en 2006 sin que estuviese aprobada la normativa municipal que regula el urbanismo en esa zona del casco urbano y con un informe de la arquitecta municipal en el que señalaba que determinados aspectos del proyecto eran ilegales. En lo que se conoce como la valoración del diez por ciento de los aprovechamientos lucrativos, Hiconsa pagó al Ayuntamiento 1,3 millones de euros, valoración realizada por el arquitecto denunciado, quien al parecer trabajaba al mismo tiempo para esa empresa y para el Ayuntamiento. Sin embargo una valoración alternativa, encargada por la oposición y visada por el Colegio de Arquitectos, estima en 4,4 millones de euros lo que debió pagar Hiconsa. En este sentido, la oposición pide que la investigación judicial aclare "por qué no se cobró ese dinero y el pueblo de Cartaya perdió 3,1 millones".
* Huelva Información - 22.01.11
Foto: Entrada principal a la urbanización de lujo Villas del Rompido, objeto de la denuncia.- huelvainformacion
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ELPAÍS* : Propietarios de terrenos en el extrarradio de Alicante denuncian que el Ayuntamiento, presidido por la popular Sonia Castedo, varió la calificación de su suelo de protegido a rústico tras negarse a vender a un particular. Este tipo de operaciones especulativas (acaparar suelo protegido para transferir luego la edificación a zonas urbanizables de la ciudad) centra una de las líneas de investigación de la pieza separada del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor del consistorio al empresario Enrique Ortiz en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. El comprador que aspiraba a hacerse con el terreno de esos propietarios fue, según documentación a la que ha tenido acceso este periódico, José Fermín Doménech Martínez, gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) entre 2003 y 2006. Las operaciones que el sumario del caso Brugal indaga en ese terreno están relacionadas con compras de suelo en otros puntos de la ciudad, sobre todo en el paraje protegido de Agua Amarga, en las que están implicados el promotor Ortiz y directivos de Bancaja y la CAM.
No obstante, esa pieza del sumario permanece aún bajo secreto sumarial, y sólo han trascendido, por error del juzgado, las diligencias relativas a las operaciones supuestamente orquestadas por Ortiz.
Los denunciantes (cinco propietarios) poseen unos 700.000 metros cuadrados de suelo rústico, en la partida de Bacarot, en las inmediaciones del polígono de las Atalayas y Pla de La Vallonga. En el primer avance para la revisión del PGOU de Alicante esa área se calificó como paraje natural.
Los propietarios aseguran que en el verano de 2008 representantes de la firma Mallaeta Urbana se dirigieron a ellos para comprarles el suelo. Tras varias reuniones, uno de los dueños accedió a vender su parte. El precio de compra pactado era de 11 euros por metro cuadrado, el contrato de compra-venta también estipulaba una entrega del monto global de la operación del 10% a la firma de la escritura.
Los representantes de Mallaeta Urbana presentaron un primer contrato de compraventa a ese propietario para firmar el 6 de noviembre de 2008. El comprador era José Fermín Doménech Martínez, en nombre de la mercantil Spencer Asesorament, SLU. Una semana más tarde, en concreto el 14 de ese mismo mes, presentaron otro contrato, en el que el comprador seguía siendo el ex gerente del IVVSA, pero en este caso en nombre de la empresa Mediterranean Patrimonio de Levante, S L. Esta empresa y la primera tienen su domicilio social en la misma dirección de Massanassa (Valencia).La operación de compra no prosperó, porque el propietario exigió elevar del 10% al 20% la entrega a la firma del contrato. Al mes de frustrarse esa operación, el Ayuntamiento eliminó de PGOU esa zona como parque natural, que volvió a ser suelo rústico. En contrapartida, otorgó dicha calificación a otra área contigua, el paraje de la sierra de Fontcalent.
Los propietarios de las Atalayas presentaron una alegación en mayo de 2005 exigiendo una explicación por el cambio de calificación de suelo. El Consistorio no les contestó. Sí respondió, en cambio, a las alegaciones del grupo municipal socialista tras la aprobación provisional del PGOU. El PSPV preguntó por los cambios operados y por las discrepancias entre los planos y la memoria del planeamiento en casos como el parque natural de Fontcalent y el equipo de gobierno contestó en junio de 2009: "Las alegaciones de Fontcalent, y la reducción del suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada con respecto al documento inicialmente expuesto al público provocaron que se excluyeran los suelos de protección de Atalayas y los de Pla de la Vallonga, además parte de estos suelos ya son de propiedad pública, hecho que garantiza aún más su protección y la innecesariedad de ser obtenidos".
La lista de parques naturales del futuro PGOU de Alicante ha variado desde 2008. La memoria justificativa del planeamiento aprobado inicialmente en octubre de 2008 preveía 12 parques naturales, entre ellos La Vallonga y Las Atalayas. En abril de 2009, sin embargo, se borraron de la lista los dos parques citados y se dejó en 10 las zonas protegidas. En ninguno de los dos documentos aparecía la consideración de parque natural para Fontcalent, que se incluyó en el texto aprobado en mayo de 2010.
El ex gerente, que impulsó desde el IVVSA el llamado Manhattan de Cullera, antes fue asesor y secretario de la agrupación de interés urbanístico de los propietarios del suelo afectado por el plan en la localidad de la Ribera Baixa. Según fuentes socialistas, Doménech trabajó para la agrupación de propietarios de La Vega entre 1998 y 2000. Tres años después, este abogado fue nombrado responsable del IVVSA por el ex consejero de Territorio, Rafael Blasco. A finales de 2003, el Ayuntamiento de Cullera, del PP, firmó un acuerdo con el IVVSA para planificar y redactar ese plan (35 rascacielos junto al mar).
* El País - 23.01.11
Foto: Terrenos próximos al polígono industrial de Las Atalayas, en el término municipal de Alicante.- elpais
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JAUME ASENS Y GERARDO PISARELLO* : En las últimas semanas, el Gobierno ha vuelto a pronunciarse contra la dación en pago en materia hipotecaria. Esta medida, hace tiempo reclamada por diferentes organizaciones sociales y partidos, permitiría a las familias con hipotecas impagables saldar su deuda una vez que entregan la vivienda a las entidades financieras. La obcecación resulta inexplicable tratándose de una propuesta de mínimos ya reconocida en países como Alemania, Francia o Estados Unidos. En todo caso, refleja bien el enorme poder de las entidades financieras y la falta de predisposición política para poner freno a la cultura especulativa que ha conducido a la situación actual. La ministra Elena Salgado sostiene que este tipo de medidas pondría en riesgo el sistema financiero y que las familias deberían haber sido más prudentes a la hora de solicitar créditos. A estas alturas, sin embargo, el argumento no es de recibo. En un Estado que había hecho muy poco por garantizar vivienda de alquiler asequible, el endeudamiento fue para muchas familias la única forma de acceder a un hogar. Ante la débil capacidad de ahorro de los sectores más vulnerables, las entidades financieras facilitaron créditos que podían superar el valor de los pisos.
En muchos casos, la valoración de dichas viviendas corrió a cargo de agencias de tasación estrechamente ligadas a bancos y cajas. La promoción de avales cruzados, entre personas desconocidas, y la ocultación de información respecto de la posible depreciación de las viviendas también fueron hechos frecuentes. En un contexto así, atribuir toda la responsabilidad a las familias hipotecadas es inaceptable. Entre otras razones, porque con ello se absuelve no sólo a los agentes privados involucrados sino también a sus supuestos controladores públicos, comenzando por el Ministerio de Economía y Hacienda y por el propio Banco de España.
Un Gobierno consciente de la cuota de responsabilidad pública en lo ocurrido no debería dudar en colocar el derecho a la vivienda de los potenciales desalojados por encima de los beneficios de la banca. En la práctica, en cambio, ni la moratoria ICO ni el resto de ayudas previstas por los poderes públicos han sido un remedio al sobreendeudamiento. Es más, mientras los desahucios han crecido de manera exponencial, los privilegios de las entidades financieras no han hecho sino consolidarse. Cuando la subasta de inmuebles queda desierta –que es lo que sucede últimamente–, las entidades bancarias pueden adjudicárselos por el 50% del valor de tasación. Una vez que los adquieren, pueden dedicarse a perseguir a las personas desalojadas por la totalidad de la deuda y poner el piso en venta de inmediato a precios de mercado.
En un escenario así, la dación en pago debería ser vista como la justa consagración del derecho a comenzar de cero. Como una pequeña pieza, en realidad, de un programa más amplio orientado a proteger a las personas de los
desalojos por razones económicas y a hacer del acceso seguro a una vivienda un auténtico derecho. Las asociaciones vecinales que, en diferentes ciudades, se solidarizan con familias deshauciadas e intentan bloquear los desahucios están señalando una urgencia: evitar que quienes han perdido su trabajo se queden, además, en la calle. Pero con su acción directa están indicando también la necesidad de otras políticas públicas. Políticas que promuevan moratorias eficaces, una refinanciación asequible de las deudas e incluso su condonación, sobre todo cuando las familias ya hayan sido deshauciadas o cuando la mala fe de las entidades financieras sea probada.
De cara al futuro, estas políticas deberían trazar un “nunca más” respecto de las prácticas especulativas promovidas por las entidades bancarias y por sus supervisores públicos. Ello exige, por ejemplo, que los créditos para compra de vivienda no comprometan en ningún caso más del 25% o del 30% de los ingresos personales o familiares. O que las hipotecas no puedan pagarse durante más de 20 años. Pero requiere, de modo muy especial, la adopción de medidas contundentes de regulación pública del mercado con un objetivo preciso: erradicar los ejercicios antisociales y antiambientales de la libertad de empresa y del derecho de propiedad que han conducido a la emergencia habitacional actual.
¿Qué impide, en efecto, una actuación más decidida sobre el stock de vivienda construida y no vendida, forzando su movilización hacia el alquiler social? ¿Por qué no hacer valer los derechos de adquisición preferente de los poderes públicos en los procesos de ejecución de vivienda? ¿Por qué no se plantea la fijación de precios máximos de alquiler por zonas, como en Austria o Alemania? ¿Por qué no se penaliza de forma severa el mantenimiento injustificado de viviendas vacías? ¿Para cuándo una depuración y democratización del sistema financiero y crediticio, en lugar de esta cerrazón privatizadora que aboca a la repetición más temprana o más tardía de la catástrofe? Son estas cuestiones, más que la funambulesca retórica que pide “calmar a los mercados”, las que pueden conducir a una reactivación sostenible de la economía, capaz de garantizar a todos el derecho a una vivienda y a una calidad de vida dignas.
* Jaume Asens y Gerardo Pisarello son juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2950/vivienda-y-cultura-especulativa
* Rebelión - 22.01.11
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