PÚBLICO/Fuerteventura* : Dieciocho días después de que el Museo Chillida-Leku echara el cierre en San Sebastián, con unas "cifras deficitarias a niveles insostenibles", el Gobierno canario ha resucitado el polémico proyecto del escultor vasco de horadar la montaña protegida de Tindaya, en Fuerteventura. El agujero, planteado en 1993, sería como un edificio de 15 pisos. El presidente canario, Paulino Rivero, y el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, viajaron a San Sebastián para firmar con la familia de Eduardo Chillida, fallecido en 2002, un acuerdo "por el cual será posible desarrollar el proyecto", peleado en los tribunales por las organizaciones ecologistas. La obra de arte se situaría en el corazón del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. El pacto crea una fundación para perforar la montaña y establece una comisión mixta, formada por tres familiares del escultor y tres miembros del Gobierno canario, para "agilizar" la ejecución de las decisiones de la fundación.
Rivero, de Coalición Canaria, aseguró que "la obra no costará ni un euro a las arcas públicas, porque se hará a cambio de una concesión para la explotación turística del monumento". Luis Chillida, hijo del artista vasco y miembro de la comisión mixta, explica a Público que la empresa que pague la construcción se llevará el dinero de las visitas "durante unos 40 años". Los trabajos costarían unos 75 millones de euros. En diez años, el Chillida-Leku recibió la visita de 810.000 turistas.
Sin embargo, Ben Magec-Ecologistas en Acción, que ha anunciado que intentará parar el proyecto en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, denuncia que ya se han invertido 25 millones de euros en "una obra plagada de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Canarias". Y "sin tocar una piedra de la montaña", según recalca José de León, portavoz de la ONG y arqueólogo en Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria.
En Tindaya, señala, hay unos 300 grabados realizados hace un milenio por los pueblos aborígenes de Fuerteventura y algunas plantas endémicas, como el diente de perro, similar a un cactus. "Quieren empezar las obras sin decir dónde está el dinero desaparecido", critica De León, que achaca el apoyo del PSOE al proyecto a que su director actual es el arquitecto Lorenzo Fernández-Ordóñez, sobrino del fallecido ministro socialista Francisco Fernández-Ordóñez y del actual gobernador del Banco de España, Miguel Ángel.
Luis Chillida defiende el proyecto de su padre y recuerda que el Gobierno canario aprobó en mayo de 2009 la declaración de impacto ambiental. En su opinión, las obras "podrían comenzar este año", una vez salgan a concurso público en un par de meses. El hijo del escultor pide "claridad absoluta" y que se sepa "qué pasó con los 2.000 millones de pesetas" desaparecidos.
* Público - 18.01.11
Foto: Tindaya (Fuerteventura) - laprovincia.es
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LASPROVINCIAS/Valencia* : El urbanismo esconde buena parte de la corrupción. La Fiscalía ha detectado un nuevo caso, en esta ocasión en la localidad de Olocau, que afecta a José Agustín Agustí, exalcalde del municipio. El Ministerio Público solicita dos años de prisión y diez de inhabilitación para cargo público por el delito de prevaricación urbanística. A esto hay que sumar una sanción económica de más de 21.000 euros por el delito de negociación prohibida a funcionario. Los hechos sucedieron en diciembre de 2005 cuando Agustí ocupaba la alcaldía. Por aquellas fechas, el primer edil concedió a su esposa una licencia de segregación de varias parcelas que pertenecían a una sociedad de gananciales del matrimonio. Este requisito se tiene que solicitar cuando se pretende dividir una finca en varios lotes. Cada una de las particiones tiene que cumplir con una mínima superficie, establecida por ley. Según el escrito de acusación del fiscal, al conceder esta licencia el acusado estaba infringiendo su deber «de abstenerse en los procedimientos en los que tenga algún interés».
Para intentar camuflar su acción, ese mismo día dictó un nuevo decreto en el que le concedía la licencia a otra persona que, en realidad, nunca la había solicitado.
No terminaron ahí las irregularidades que el alcalde presuntamente cometió aquel 15 de diciembre. A continuación, autorizó una licencia de obras a una empresa para que construyera viviendas unifamiliares en esas parcelas. El escrito del fiscal recoge que lo hizo «a sabiendas de que dichas parcelas no disponían de la condición de solar». De igual forma, conocía que tampoco podía conceder la licencia de segregación al no existir ningún «instrumento de planeamiento sobre las mismas». Incluso el arquitecto municipal le advirtió de que debía garantizarse la urbanización simultánea del terreno.
Apenas 20 días más tarde de estos hechos, el acusado y su esposa vendieron las parcelas por 283.000 euros cuando ellos las habían comprado unos meses antes por 103.260 euros. El beneficio fue de 179.000 euros. La Fiscalía no tiene dudas de que este incremento en el valor «fue consecuencia inmediata de las licencias ilícitas de obras y segregación otorgadas por el acusado».
* Las Provincias - 19.01.11
Foto: Olocau (Valencia) - olocau.es
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DIARIODEMALLORCA* : El juez Enrique Morell, que instruye el denominado caso Cloaca, ha imputado a la ex consellera del Consell de Mallorca Catalina Julve, de Unió Mallorquina, por su presunta implicación en este nuevo escándalo de corrupción. Esta citación como imputada responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera, basándose en las declaraciones de los implicados en el caso, que la máxima responsabilidad de estas irregularidades aterriza en la figura de la actual portavoz de UM. Los fiscales mantienen que Julve estaba informada de que el Consell estaba pagando miles de euros, a través de facturas infladas, por trabajos que no se hacían, y que ella autorizó y firmó la contratación del empresario Simón Galmés por un trabajo que apenas hizo, pero por el que cobraba 9.000 euros al mes. El juez llamará a declarar a Julve proximamente para que pueda explicar todo el rosario de presuntas irregularidades que se han descubierto en el departamento que dirigía.
Esta decisión se produce el mismo día que el juez tomó declaración a los dos funcionarios implicados en la operación Cloaca, que afecta al sistema de recogida selectiva de residuos de Mallorca. Ambos funcionarios volvieron a implicar al ex director insular, Guillem Riera, quien fue detenido por este caso.
La funcionaria Maria Morey mantuvo ayer ante el juez que en el departamento de residuos siempre se siguieron las indicaciones políticas. Negó que el sistema de cobro de facturas infladas, en las que se abonaban a las UTE toneladas de residuos que no se ha-bían recogido, fuese a iniciativa de los funcionarios, sino que se trató de una decisión política. Y esta orden vino del ex director insular, quien impuso –según la imputada– a los funcionarios que abonaran las facturas a pesar de que se sabía que se pagaban trabajos que no se habían realizado.
A pesar de ello, la funcionaria interina, que es economista pero que no actúa como tal, nunca tuvo la certeza de que se estaba cometiendo una irregularidad. La mujer, defendida por el abogado Josep de Lluís, explicó que el Consell no podía pagar las facturas que presentaban las otras empresas, contratadas por los ayuntamientos, que se encargaban de la recogida de basura puerta a puerta por distintos municipios de Mallorca. Y no podían pagar este dinero porque la institución insular no tenía suscrito ningún contrato con estas empresas, por lo que no consideró ilegal que se abonara las facturas a las UTE que tenían encomendada la labor de esta recogida. La funcionaria explicó que hasta hace poco no conocía al empresario de Portocristo, Simón Galmés, que había sido contratado para que se encargara de controlar a las UTE. Tampoco conocía su sueldo.
Argumentos parecidos sostuvo ante el juez el otro funcionario, Gabriel Perelló. Al igual que su compañera, y tal como ya había hecho en su declaración policial, insistió ante el magistrado que se limitó a cumplir órdenes superiores. Perelló, que fue defendido por el abogado Bartomeu Oliver, sostuvo que el sistema de facturación de las UTE fue una imposición política, y afirmó que fue el ex director Guillem Riera quien le ordenó de qué forma debía tratar a las empresas concesionarias.
Al funcionario, que fue detenido en las oficinas del Consell de Mallorca, se le mostraron una serie de facturas infladas que recogen las cantidades de residuos que se han pagado pero que no se han recogido, y en las que figura su firma. El ingeniero del Consell reconoció su rúbrica, pero insistió una vez más que los datos que reflejaban estos documentos públicos le fueron indicados por su superior jerárquico, en este caso el ex director insular, quien también fue detenido el pasado jueves y al día siguiente puesto en libertad.
El funcionario también desmintió al ex alto cargo de UM, quien mantuvo ante la Policía que apenas conocía de vista al empresario de Portocristo que se llevaba una mensualidad de 9.000 euros por controlar el trabajo de las UTE contratadas para recoger los residuos. Afirma Perelló que fue Riera quien le presentó personalmente al empresario Simón Galmés y le dio órdenes para que trabajara con él, y qué tipo de relación laboral debía mantener con el dueño de esta empresa.
Por otra parte, Unió Mallorquina negó ayer, a través de un comunicado, "de forma rotunda y taxativa" su relación con este caso, y rechaza que el partido hubiera recibido financiación ilegal a través de la recogida de residuos. UM sostiene que se trata de irregularidades administrativas.
* Diario de Mallorca - 19.01.11
Foto: Operación Cloaca - diariomallorca
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20MINUTOS/Marbella* : El arquitecto y ex jefe del servicio técnico de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Francisco Merino, ha asegurado este martes que el supuesto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, "era la persona que para nosotros tenía la representación del alcalde", aunque no tuviera "ningún cargo orgánico en el Ayuntamiento de Marbella". Merino, que ha declarado como testigo en el juicio por el caso 'Malaya', en concreto en el bloque de Crucero Banús, ha insistido en que esa representación del también ex asesor de urbanismo "era por delegación del alcalde", por lo que "cualquier requerimiento que él nos hacía por información, asesoramiento o una asistencia a una reunión, efectivamente, se cumplía". Según el fiscal, Roca, el ex edil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito se concertaron para comprar una parcela sobre la que conseguir, con un convenio, el aumento de edificabilidad y la reducción de los aprovechamientos para el Consistorio. La operación se hace a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas.
A preguntas de la abogada de Roca, quien ha señalado que el Consistorio cobró 40 millones de pesetas por el convenio, aunque la licencia fue anulada y no se ha devuelto ese dinero, Merino ha indicado que "tal y como se plantea, no hay perjuicio para el Ayuntamiento", pero ha precisado que "hay un contrato incumplido y tendrá que resolverse jurídicamente en la manera que proceda".
Sobre este punto ha sido cuestionado también por la defensa del que fuera alcalde de Marbella Julián Muñoz y ha insistido en que "es un hecho cierto que el convenio se firmó, el Ayuntamiento ha ingresado una cantidad de dinero y, sin embargo, lo que el convenio proponía no se ha cumplido". "Desde el punto de vista que estamos hablando, claro que no ha habido un perjuicio para el Ayuntamiento", ha dicho.
Después de ser interrogado por la defensa de Roca, la Sala ha pedido Merino que comparara los dos convenios que existen para el desarrollo de ese suelo, uno de 1996 con el anterior propietario y otro del 2001, con los cuatro acusados; y, además, que explicara si existía alguna irregularidad entre ambos.
Al respecto, ha indicado que no ve "más diferencia", además de la altura del edificio que se proyecta o la edificabilidad completa, que "la parte de cesión que le corresponde al Ayuntamiento", ya que "en el segundo incluye un 22 por ciento y en el primero es menor", por lo que ha afirmado que hay en este último hay "más aprovechamientos para el Ayuntamiento".
Ha considerado que el segundo convenio es "más beneficioso" para el Consistorio por esa cesión. No obstante, a preguntas del fiscal, al que la Sala le ha vuelto a dar la palabra para preguntarle sobre ambos convenios al igual que a las otras acusaciones, ha añadido que en el segundo convenio es "muy baja" la valoración del metro construido.
Funcionamiento del urbanismo
Por otro lado, Merino ha señalado que se inició la obra antes de disponer del proyecto de ejecución y ha dicho que no es la única vez que se realizó así, ya que "hay más casos", aunque "no era práctica habitual". Ha aclarado que era "frecuente" que los informes para la concesión de licencias que hacía el servicio técnico de obras y urbanismo "se retrasaran" porque "había una cantidad enorme", aunque ha dicho que no es justificación para que la obra empezara antes.
Sobre la práctica de otorgar licencias, ha apuntado que era "de dominio público" y "muy conocido" en Marbella que se hicieran según el planeamiento en revisión. Además, ha indicado que "seguro" la Junta de Andalucía tenía conocimiento de que se otorgaban en Marbella licencias acorde a ese planeamiento en revisión, ya que este organismo "impugnó muchas" de ellas.
Ha reconocido que hubo reuniones y también "enfrentamientos" del Ayuntamiento con el Gobierno andaluz en relación con el plan, y que, en algunos casos, la relación entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, "a la vista de la práctica que se seguía en el Ayuntamiento, llegó a ser compleja".
En la sesión de este martes también han sido interrogados los peritos que han analizado el análisis económico de la operación inmobiliaria denominada Crucero Banús, aunque no han terminado de contestar las preguntas de las defensas, por lo que, previsiblemente, continuaran el interrogatorio este miércoles, tras lo que tendrán que declarar agentes que investigaron la operación urbanística.
* 20 Minutos - 18.01.11
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
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LAVOZDEGALICIA* : Galicia tenía en 1842 ocho ayuntamientos más que hoy y, aunque solo sumaba 1,3 millones de habitantes, ninguno de sus municipios contaba con menos de mil vecinos. En el panorama demográfico de hace 169 años, Corcubión era la localidad con menor número de residentes, pero por debajo de los 1.146 que poblaban entonces el concello coruñés Galicia tiene hoy 22 municipios, algunos tan despoblados como Negueira de Muñiz, que no deja de perder vecinos desde que se creó en 1925. Esa despoblación, a pesar de su crecimiento global, define la dinámica de los movimientos demográficos de Galicia, que pasó de un modelo de múltiples polos residenciales a concentrarse en las ciudades y ahora a formar un cinturón de villas medias a su alrededor.
En ese esquema de desplazamiento poblacional y desertización interior, algo más de la mitad de los concellos, 159 en total, tienen hoy menos habitantes que cuando se confeccionó en 1842 el primer censo completo de España. Municipios que entonces se aproximaban a los 10.000 integrantes ahora apenas superan los mil, como Ourol, que ha menguado en ese tiempo un 86,5%.
Menos gente que hace 100 años
Los concellos más afectados por ese retroceso poblacional se concentran en Lugo y Ourense, provincias que presentan hoy prácticamente el mismo número de residentes que en 1842. En el año 2020, ambas demarcaciones estarán por debajo de los niveles de mediados del siglo XIX, según las últimas proyecciones oficiales de población. Unos 215 ayuntamientos gallegos tienen ahora menos residentes que hace cien años.
Ourense es donde más se nota el abandono de sus concellos en el último siglo, al tener menos población que entonces 81 municipios. En Lugo, ocurre en 56. Hace cien años tampoco había municipios con menos de mil vecinos, siendo Ponte Sampaio (después se unió a Pontevedra) el de menor población, con 1.453. Aunque Galicia no experimentó en conjunto hasta 1970 un descenso en su censo, dibujando desde entonces dientes de sierra en su evolución, el fenómeno del despoblamiento empezó en 1950 con una caída que Lugo y Ourense aún no han frenado. En 1940, Lugo tenía 191.624 habitantes más que hoy; Ourense, 159.747. Mientras la provincia de Pontevedra no ha dejado de crecer, la de A Coruña fluctúa desde 1970, aunque con un balance positivo en estos momentos.
Aunque Galicia no experimentó en conjunto hasta 1970 un descenso en su censo, dibujando desde entonces dientes de sierra en su evolución, el fenómeno del despoblamiento empezó en 1950 con una caída que Lugo y Ourense aún no han frenado. En 1940, Lugo tenía 191.624 habitantes más que hoy; Ourense, 159.747. Mientras la provincia de Pontevedra no ha dejado de crecer, la de A Coruña fluctúa desde 1970, aunque con un balance positivo en estos momentos.
Los casos de Santiago y Vigo
El primer censo completo realizado en España contaba en 1842 a Santiago como la urbe más poblada (22.749 vecinos), seguida de A Coruña (19.415), Ferrol (16.641), A Estrada, Lugo, A Fonsagrada, Ponteareas, Viveiro y Monforte. En 1910, dicho ránking se había modificado notablemente por el efecto de concentración de la población, haciendo que A Coruña liderase la tabla con los 49.290 residentes que tenía entonces. La consolidación de su incipiente foco industrial hizo que Vigo, que setenta años antes era la trigésimo primera localidad más poblada de Galicia, irrumpiese en ese ránking con unos 41.500 vecinos, para estar seguida por Lugo, A Estrada, Ferrol, Pontevedra, Santiago y Ortigueira.
El crecimiento poblacional que registró Vigo en los últimos 169 años fue de un 4.307%, de 1.879% en Pontevedra y Ourense y de 1.167% en A Coruña. En los últimos 169 años la fusión y segregación de ayuntamientos ha ido cambiando también el mapa de Galicia, haciendo desaparecer 25 concellos. Bouzas, Berducido, Saiar, Conxo, Oza o Serantes resultaron absorbidos, mientras Freás y Vilameá o Villaodrid y Pontenova se unieron y, por otro lado, surgieron otros como Cariño, San Cibrao, Ramirás o Burela.
En los últimos 169 años la fusión y segregación de ayuntamientos ha ido cambiando también el mapa de Galicia, haciendo desaparecer 25 concellos. Bouzas, Berducido, Saiar, Conxo, Oza o Serantes resultaron absorbidos, mientras Freás y Vilameá o Villaodrid y Pontenova se unieron y, por otro lado, surgieron otros como Cariño, San Cibrao, Ramirás o Burela.
* La Voz de Galicia - 16.01.11
Foto: Ourol (Lugo) - concellosdelugo
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Murcia* : Ecologistas en Acción considera un grave error la reciente noticia de la reducción en un 98% del área propuesta como Reserva Marina de Cabo Tiñoso y aboga por una mayor participación de los agentes sociales y asociaciones ambientales en la toma de decisiones que comprometan de manera grave el futuro de los recursos naturales de la Región de Murcia, así como que se apueste por la cogestión de los espacios marinos. Ecologistas en Acción recibe con tristeza la noticia de la reducción del 98% del área propuesta como Reserva Marina de Cabo Tiñoso e insta a la Consejería de Agricultura y Agua, presidida por el consejero Cerdá, a que base sus decisiones en criterios de protección y conservación de los recursos naturales presentes en la costa, contando en todo momento con la participación de los agentes sociales y asociaciones ambientales que tienen mucho que decir, tanto a nivel científico como técnico, y que son las que realmente apuestan por la protección del medio ambiente y la creación de Reservas Marinas.
Ecologistas en Acción recuerda que en la presentación del documento de síntesis en la Consejería de Agricultura y Agua en 2009, elaborado por TRAGSATEC, se expuso la creación de mesas sectoriales de participación de manera que todos los sectores implicados estuvieran presentes y formaran parte de la decisión, llegando así a un consenso en el que nadie saliera perjudicado. En ese acto, Ecologistas en Acción, junto con otras asociaciones ecologistas presentes, solicitó participar en las mesas sectoriales, propuesta que no tubo muy buena acogida por parte del Director General de Ganadería y Pesca, Adolfo Falagán. De hecho Ecologistas en Acción no ha tenido conocimiento de si finalmente las mesas de trabajo se han llegado a constituir y trabajar, ya que esta asociación no ha sido informada de ello, ni invitada a participar, tal y como solicitó en su momento.
El reciente borrador de decreto, sólo permite las alegaciones como forma de participación, obviando los criterios y peticiones de las asociaciones ecologistas, y teniendo en cuenta los impedimentos puestos por organismos como la Autoridad Portuaria de Cartagena, la Capitanía Marítima de Cartagena, la Armada Española y algunos sectores empresariales.
Ecologistas en Acción recuerda a la Consejería de Agricultura y Agua, así como a las instituciones que han alegado a este proyecto, que dentro de las prioridades de la nueva estrategia marina europea y dentro de las propias prioridades del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), se encuentra la declaración y explotación en sintonía con el ecosistema de Áreas Marinas Protegidas. Así mismo, el colectivo cree importante considerar las zonas de reserva de interés pesquero dentro de estas áreas protegidas.
Así, esta asociación ambientalista reivindica la cogestión de los espacios marinos entre el sector pesquero de artes menores, colectivos interesados y la administración como la principal herramienta para solventar el problema de sobrexplotación al que se enfrentan los caladeros europeos y, solucionar del mismo modo la caída socioeconómica del sector pesquero artesanal en Europa. Esta zona tiene graves problemas derivados de la pesca de arrastre y otros artes de pesca industriales, que cuentan con la permisividad de las Administraciones desde hace años aún a sabiendas del grave daño que causan estas artes en los fondos marinos de alta riqueza.
Por tanto, Ecologistas en Acción insta a la Consejería de Agricultura y Agua a que mantenga la protección inicial y se base en las necesidades de protección de estos ecosistemas naturales tan ricos e importantes en la Región de Murcia. Reclaman que la participación pública sea un hecho y no algo que se obvia continuamente. Además, consideran estrictamente necesario la cogestión de estas reservas marinas, entre todos los sectores implicados, los mayores conocedores de las necesidades y recursos que ofrece el terreno, y los máximos perjudicados en estas decisiones que quedan muy lejos de una verdadera prioridad en la protección medio ambiental por parte de las Administraciones públicas.
* Ecologistas en Acción Región Murciana - 17.01.11
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