ELPAÍS* : Una investigación de la Guardia Civil ha desvelado que la red de corrupción urbanística del caso Pretoria, destapada en 2009, presuntamente cobró también comisiones ilegales por una recalificación urbanística vinculada a una masía modernista de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme). El informe de la Guardia Civil, que se ha enviado a la Audiencia Nacional para que se una al caso Pretoria, implica en las supuestas comisiones al ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó y al presunto cerebro de la trama, el ex diputado socialista Luis García. El nuevo informe es resultado de una denuncia que presentó ante la fiscalía el grupo municipal SOS Llavaneres por el convenio urbanístico de la masía modernista La Bodega, con el que la empresa Cortijosa supuestamente consiguió pingües beneficios gracias a una reordenación territorial aprobada por el Consistorio.
La operación urbanística parte de la compra de la finca que ocupa la citada masía, que la empresa local Promoelit adquirió en 2004 por 1,4 millones de euros y un año después vendió a Cortijosa por 3,6 millones. Esa empresa, según consta en la denuncia, comparte administradores con Niesma Corporación, la sociedad liderada por Luis García que está detrás de una de las principales operaciones investigadas por Pretoria.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres, gobernado por una coalición del PP y el PSC, firmó un convenio urbanístico con Cortijosa por el que le compraba el edificio modernista a cambio de cederle 6.700 metros cuadrados para la construcción de viviendas, lo que obligó al Consistorio a aprobar una reordenación territorial. Gracias a esa permuta, Cortijosa pudo conseguir unos terrenos que tenían un valor de mercado ocho veces superior al de la masía modernista, según la valoración de los denunciantes.
El rastro de unos cheques relacionados con las transacciones económicas de la operación de compraventa ha puesto al descubierto que Carbó cobró supuestamente comisiones de la empresa Cortijosa, presumiblemente por haber influido para favorecer las recalificaciones urbanísticas que permitieron esa permuta. El informe apunta que esas comisiones fueron cobradas por el imputado, arquitecto de profesión y entre 1996 y 2004 jefe de Planificación Territorial del Departamento de Política Territorial de la Generalitat, a través de unas empresas de su propiedad que no tenían ninguna actividad real, excepto los presuntos cobros ilegales.
* El País - EFE - 7.02.11
Foto: Sant Andreu de Llavaneres Barcelona), vista - infomet.am.ub
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ELPAÍS/A Coruña* : "Si están ahí fuera todo el día es porque chupan del bote con los que están dentro", lanzaba el martes una vecina de Corcubión al pasar furtivamente ante las decenas de personas que se arremolinaban a las puertas del juzgado de esta pequeña localidad de la Costa da Morte. Una comarca sacudida por la Operación Orquesta contra la corrupción en la que están imputadas 11 personas, seis de ellas cargos públicos de Cee, Fisterra y Mazaricos. Predominan los ánimos encontrados ante el destape, a golpe de registros policiales y detenciones, de una presunta trama de sobornos entre políticos y empresarios que ha desatado los lamentos por la mala imagen. "Cuando no es el chapapote, son las prebendas, menuda propaganda", resumía un joven. Pero también se impuso la ley del silencio. Nadie, en aras de la presunción de inocencia, elevada estos días casi a mandamiento sagrado, se atreve a decir en alto el más mínimo reproche contra los ediles acusados de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.
Dentro del juzgado, aquel martes, estaban, tras pasar la noche en los calabozos de la Policía, los alcaldes de Mazaricos y Fisterra, dos tenientes de alcalde de este municipio y otros empresarios de la construcción, padre e hijo. Fuera, además de la nube de periodistas y cámaras, acampaban vecinos de ambos pueblos deseosos de exhibir su entusiasta apoyo a sus mandatarios. En el caso de Fisterra, una localidad de 4.995 habitantes gobernada por el PP con mayoría absoluta, para vitorear a su regidor, José Manuel Traba, de 44 años y 11 en el cargo, y sus dos tenientes de alcalde, los tres imputados por cohecho, acudieron al juzgado: el jefe de la Policía local; su hija, secretaria de la alcaldía y de la ejecutiva local del partido; el juez de paz y ex edil del PP ante quien deberán ahora comparecer, cada 15 días, los tres ediles imputados; o el encargado del polideportivo municipal, también vocal del partido.
Más de seis de cada diez euros de los presupuestos municipales (3,6 millones en total) son para gastos de personal. No hay familia que no tenga alguien empleado en el Ayuntamiento o vínculo con un PP cuya ejecutiva local integra a un socio de la empresa de electricidad que más factura del municipio, al secretario de la cofradía de pescadores, y al presidente de la agrupación de mariscadoras y directivo del club de fútbol local.
No hay guardería pública, el centro de salud es un vetusto edificio de otra época y la crisis puso freno demasiado tarde a una presión urbanística desaforada (la edificación se disparó un 444%) que dejó hileras de grandes urbanizaciones vacías a pie del mar. Pero con o sin la fanfarria de la corrupción, todos dan por seguro que el PP arrasará en las elecciones locales de mayo. "Mientras gane el Barça o el Madrid, en Fisterra no hay problema", dice, sarcástico, un empresario.
Más compleja, socialmente, es la situación de Cee, cuyo alcalde, el independiente Ramón Vigo, y el responsable de Obras, Juan Bautista Areas, son los principales implicados en la operación Orquesta. La localidad de 7.500 habitantes es el centro neurálgico y comercial de la comarca, además de sede de su hospital. Está dividida ante lo ocurrido.
Los socialistas, socios de gobierno de los dos independientes imputados, mantienen, de momento, el pacto. Pero no con el mismo entusiasmo ni "la confianza ciega" que dijo tener la "vicealcaldesa", la socialista Amancia Trillo. El PP, que gobernó con apoyo de Vigo durante el bienio 2002-2003, está en la retaguardia y guarda silencio. "En Cee, la gente no perdona a los políticos deshonestos", comentan en el pueblo. Su anterior alcalde y aún portavoz local del PP, Antonio Domínguez, perdió las elecciones de 2007 tras difundirse los negocios inmobiliarios de su familia, creados tras llegar a la Alcaldía.
Vigo, que compagina su cargo de alcalde con una consulta privada de medicina, proclamó salir del juzgado, donde pagó 29.000 euros de fianza para evitar su ingreso en prisión, acusado de seis delitos, más reforzado que nunca para ganar las elecciones. Adhesiones recibió, y muchas, estos días. Pero muchos, en Cee, dudan que sean suficientes. "Aquí no es como en Fisterra, aquí se pasa factura en las urnas".
Fiestas patronales y obras públicas
Situada en el interior de la provincia coruñesa, "allá en la montaña", dicen los de A Costa da Morte, Mazaricos, un municipio del rural y muy agrario que, al igual que Fisterra, también por debajo de los 5.000 habitantes, se ha visto de repente involucrada de lleno por la trama de presunta corrupción que investiga el juez de Corcubión. Ni siquiera pertenece a este partido judicial, sino al de Muros.
Pero ahora son varios los vínculos que comparte, pese a la distancia geográfica, Mazaricos con Cee y Fisterra: la adjudicación de numerosas obras públicas al constructor de Muxía Daniel Ogando, imputado por cohecho junto a su hijo, el supuesto pago de sobornos y la financiación irregular de las fiestas.
El alcalde de esta localidad rural -también diputado provincial del PP como el de Fisterra-, la secretaria-interventora del Ayuntamiento y el aguacil, responsable de las fiestas anuales de A Fervenza, forman parte de los once imputados. "Y tiemblan los alcaldes pero también tiemblan comisiones de fiestas de toda Galicia", repiten en bares y plazas de las tres localidades afectadas. La recaudación de dinero para pagar verbenas y atracciones está en entredicho después de que el constructor de Muxía admitiese haber hecho pagos en metálico al alcalde de Cee o al aguacil de Mazaricos.
"Hay cosas de las fiestas gallegas que son difíciles de regularizar, como los chiringuitos. Y no se le puede exigir a los que voluntariamente colaboran en la organización la misma formalidad que a un Ayuntamiento", se quejaba esta semana el alcalde de Mazaricos, José Manuel Santos. Que un empresario haga "un donativo" para las fiestas, aunque sea importante, es normal. En A Fervenza, "no colaborara una sino 200 empresas", destacó Santos.
* El País - 6.02.11
Foto: La policía detiene a Ramón Vigo, alcalde independiente de Cee, en la Operación Orquesta - elpais
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PÚBLICO* : La gran fiesta de la Gürtel, la trama corrupta encabezada por Francisco Correa de cuya desarticulación se cumplen hoy dos años, dejó una costosísima factura a cuenta del contribuyente: el coste para el erario público asciende a un mínimo de 120 millones de euros, según se desprende del sumario, cuyo tronco central instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Y ello sin contar la evasión fiscal: se trata sólo del dinero público que se evaporó de administraciones o entidades controladas por el PP en el mayor escándalo de corrupción de la democracia. En dos años, el caso sobre la cuadrilla de Don Vito, que inició el juez Baltasar Garzón tras la denuncia de un exconcejal de Majadahonda, ha producido más de 100.000 folios que retratan la tupida red creada alrededor de los feudos del PP. Pero falta todavía un peritaje global que cuantifique el monto que manejó el grupo y qué efecto tuvo en las cuentas públicas. Sin embargo, en la vasta documentación incorporada al sumario existen ya los mimbres para hacer al menos una estimación mínima del coste para el erario público: al menos 120 millones de euros (casi 20.000 millones de pesetas) entre 2000 y 2008.
La cifra incluye las adjudicaciones públicas declaradas a Hacienda aunque no por ello necesariamente legales, los contratos conseguidos a través de firmas pantalla, el dinero negro para campañas electorales, los sobornos anotados en la caja B de la trama, comisiones vehiculadas directamente en el extranjero y perjuicios adicionales para los presupuestos públicos ocasionados por determinadas operaciones (ver gráfico en la página 3).
Cifra superior
La cifra final será necesariamente superior cuando se conozcan los detalles pormenorizados de cada operación con la que se lucró la trama y se cuantifique el impacto fiscal que dejó de pagarse en las operaciones en negro. Ya ahora, una estimación de los juristas del PSOE sitúa el monto global de adjudicaciones públicas relacionadas con la trama en un mínimo de 250 millones. Pero esta cantidad incluye los pagos legales efectuados por empresas adjudicatarias que habían contado con la intermediación de la trama y, por tanto, va más allá del dinero estrictamente manejado por la Gürtel.
La parte blanqueada de esa enorme tarta de 120 millones de euros suma 48,1 millones y procede de las adjudicaciones a empresas de la trama declaradas a Hacienda a través del modelo 347, que detalla pagos y cobros a terceros. El cliente fue directamente el PP cuyos presupuestos dependen en un 90% del dinero público o administraciones bajo su control: sobre todo, el Gobierno central hasta 2004, cuando el PP perdió el poder, sus feudos autonómicos del País Valencià y la Comunidad de Madrid, y municipios de esta comunidad.
Hasta 2004, el negocio se centraba en el PP, formación para la que la trama organizaba prácticamente todos los actos y campañas. Entre el partido y la FAES, la trama declaró a Hacienda una facturación de 23,4 millones de euros. El PP, en cambio, nunca declaró la relación en el modelo 347, pese a que así lo exige la ley. El partido se escuda en que ya informa al Tribunal de Cuentas, pero según todos los expertos consultados ello no le eximía de detallar también sus proveedores a la Agencia Tributaria.
Tras la derrota electoral de 2004, y con Mariano Rajoy ya al frente de Génova, la trama reorientó su negocio hacia los dos grandes feudos autonómicos del PP: el País Valencià, donde declaró contratos por valor de 8,69 millones, y la Comunidad de Madrid, donde amasó directamente 9,5 millones en adjudicaciones públicas, incluyendo los municipios alrededor de la capital.
El hecho de que estas entradas estuvieran declaradas a Hacienda no implica que los contratos fueran necesariamente legales. La práctica de trocear actos en contratos menores de 12.000 euros para evitar la convocatoria pública y repartirlos por varias consejerías es ilegal. Pero los ingresos de estos minicontratos sí constan en las declaraciones a la Agencia Tributaria.
Los informes incorporados al sumario muestran hasta qué punto la trama tenía entrada en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Sólo en 2007, las distintas empresas controladas por Correa lograron ingresos, que declararon a Hacienda, de al menos diez consejerías y nueve organismos dependientes del Gobierno regional. La mayoría eran teóricamente contratos menores que no exigían concurso público.
Otras adjudicaciones públicas gestionadas por la trama en Madrid ya no las declararon porque se otorgaron formalmente a otras empresas que la Gürtel utilizaba como pantalla para no llamar la atención. El sumario incluye informes específicos de al menos tres empresas que se prestaron a ello: Decoraciones CMR, el Grupo Rafael y Marketing Quality Management (MQM).
El mecanismo siempre era el mismo. Estas empresas conseguían la adjudicación y posteriormente firmaban un contrato privado con la trama en el que le cedían el encargo a cambio de una comisión, que oscilaba entre el 5% y el 15%. Estas tres pantallas obtuvieron un mínimo de 3,4 millones de euros en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, cifra que incluye 1,25 millones de la publicidad fantasma Made in Madrid que MQM ganó por sugerencia de Swat SL consultora coordinada con la trama y que nunca se llegó a realizar.
Este mecanismo aumentaba necesariamente el coste del servicio que pagaban los presupuestos públicos porque la comisión de la empresa pantalla se cargaba a la factura. Por ejemplo, MQM hinchó hasta un 400% determinadas facturas la Comunidad pagó en 2008 por un acto de cinco minutos en recuerdo del 11-M 118.000 euros, cuando dos años antes había costado 24.000 con idéntico formato o Decoraciones CMR llegó a cobrar el metro de moqueta a 200 euros.
Dinero opaco
La gran partida en dinero opaco fue sin embargo la de comisiones y sobornos, cuyo impacto conocido alcanza ya un mínimo de 63 millones de euros: 27 desvelados por un informe policial difundido el pasado diciembre que destripaba la caja B del documento Excel incautado al contable de la trama, y 36 en otras comisiones o perjuicios conocidos después y que, por su envergadura, no estaban incluidas en el documento anterior, como el pelotazo de Arganda (ver gráfico).
Al tratarse siempre de dinero negro, ninguno de estos fondos está incluido entre las adjudicaciones públicas citadas, que exigen declarar tanto los ingresos como los pagos. Y en el informe policial se apuntan a empresas privadas como origen de los fondos: Teconsa, Sufi, Hispánica, etc. De estos 27 millones, 14 se quedaron en la trama y los otros 13 se repartieron presuntamente entre políticos que ayudaron en las adjudicaciones.
Coste para el presupuesto
Pese a que esta enorme bolsa de dinero tiene un origen privado, acaba repercutiendo siempre en el contribuyente porque la comisión y el soborno se carga en el presupuesto. A través de dos vías posibles: o encareciendo el contrato que paga la Administración de forma que el plus equivale a la comisión o abaratando la adjudicación precisamente para justificar el pago del favor.
Un ejemplo del primer caso es el contrato ganado por Teconsa en Valencia por la visita del Papa, en 2006. Canal 9 le adjudicó la sonorización e instalación de pantallas por 6,3 millones. Como Teconsa es una constructora sin capacidad para cumplir el encargo, subcontrató a otra empresa, que cobró por el trabajo 3,1 millones. Las comisiones a repartir fueron 3,2 millones, pagadas, por tanto, por el contribuyente a través de Canal 9.
Un ejemplo del segundo caso es el pelotazo de Arganda. Una tasación municipal valoraba los terrenos en 96 millones, pero fueron adjudicados a Martinsa por sólo 77. De ellos, 11 debían abonarse en especie, pero el pago nunca se materializó. En cambio, la trama cobró en Suiza 12,8 millones por su "intermediación en un desarrollo inmobiliario en Arganda". El perjuicio para el erario público asciende a un mínimo de 30 millones: 19 por la adjudicación a la baja y 11 por los pagos en especie reconvertidos presuntamente en el grueso de la comisión en Suiza.
La última bolsa contabilizada es el dinero vehiculado ilegalmente en campañas electorales del PP. De los informes policiales se desprende un mínimo de 4,6 millones: 1,3 en el PP de Madrid en 2003 y 2004, y 3,3 en el PP valenciano en 2007 y 2008. El origen formal vuelve a ser privado al proceder de empresas. Pero el impacto final, de nuevo, es público: los informes policiales subrayan que los donantes acaparaban muchas adjudicaciones en las administraciones dirigidas por el partido cuya campaña presuntamente financiaron al margen de la ley.
* Público - 6.02.11
Foto: Caso Gürtel, el bigotes y otros - publico
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ELPAÍS* : "Puede construir hasta el cielo", dijo un alcalde franquista de Mallorca en los años 50 a un inversor alemán. Así, en muchas partes, debajo del hormigón está la playa, la costa y el mar. Un pionero hotelito -fuera de normativa, de seis plantas y 60 plazas de Mallorca ha desaparecido bajo la piqueta. Un solar de unos 700 metros retornará al dominio público y en él crecerá un mirador marino, unos jardines. La arena regresará a su lugar con las olas. La demarcación de Costas de Baleares del Ministerio de Medio Ambiente ha tutelado durante semanas el derribo de una obra que fue un viejo y consentido abuso en el litoral público de Calvià, el Mar y Pins de Peguera. El edificio con los cimientos en el agua y la cala incumplía de manera flagrante la Ley de Costas. La operación derribo ha sido asumida por la propiedad antigua y la nueva - internacional- del inmueble y del alto hotel anejo posterior, más moderno, que se pretende renovar.
El dossier del caso resume las irregularidades y las autorizaciones "a título de precario, sin plazo limitado", se consignan la existencia de "con fotocopia borrosa" sobre "obras e instalaciones realizadas sin autorización" y finalmente se reiteran las obligaciones de liberar el terreno señalado por el deslinde.
Desde 1944 -fecha de la primera imagen chalet privado que fue el núcleo del hotel- hasta la última, de hoy 4 de febrero de 2011, la secuencia de fotos y datos es un ejemplo de cómo creció una parte del negocio del ocio de sol y playa, una industria de éxito. Un chaletazo, en los años 1960 pasó a ser un hotelito, en los años 75 ya era un hotel de postal de color con otro mayor detrás. Así fueron los inicios del turismo. Durante la Dictadura de Franco el negocio hotelero se extendió y en la zona aumentó el desembarco de contrabando de tabaco y que en los alrededores de Peguera existieron otros negocios sucios de explotación. El poder franquista hizo la vista gorda y consintió los excesos. Ahora la zona marítimo terrestre de la playa de Peguera invadido u ocupadas quedaran liberadas.
El geógrafo y funcionario Celestí Alomar, ex consejero socialista de Turismo de Baleares -el padre de la 'ecotasa' que el PP anuló-, es el jefe de Costas que ejecuta desde hace años la lenta aplicación la eliminación de construcciones ilegales en el litoral balear. Tumbó barracas en la misma playa de Ses Salines de Ibiza y el casón en el centro de Cala Tuent en Mallorca.
* El País - 4.02.11
Foto: El hotel Mar y Pins en Calvià.- elpais
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ELCONFIDENCIAL* : La Junta ha recuperado del olvido la autopista de peaje Marbella-Ronda. ¿El motivo? Esta infraestructura viaria, que sería la más cara de España con 25 viaductos de hasta 800 metros, serviría al menos para rentabilizar el presunto pelotazo urbanístico que se pretende construir en la urbanización Los Merinos Norte de Ronda (ocho millones de metros cuadrados), anexa a una Reserva de la Biosfera. Los Merinos, un proyecto auspiciado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ronda, en colaboración con la Diputación Provincial de Málaga, incluye dos campos de golf y uno tercero de prácticas, tres hoteles de cinco estrellas, 800 villas de lujo, club hípico, colegio de elite, residencia para la tercera edad, polideportivo y la venta de 442 parcelas con una media de 7.500 metros cuadrados.
La autopista, al igual que el proyecto inmobiliario, será de envergadura. Además de los viaductos, se prevé la construcción de 10 muros de contención y cuatro túneles. El coste tampoco se queda corto: 350 millones de euros. La idea la lanzó Trinidad Aragón, candidata local del GIL, cuando el partido de Jesús Gil se expandía como una plaga por la Costa del Sol. El entonces alcalde de Ronda, Juan Fraile, presidente de la Diputación, luego vicepresidente segundo de Unicaja y eurodiputado por el PSOE, hizo suya esta propuesta.
La vía unirá Marbella con Ronda en 22 minutos frente a los 50 actuales, en un trazado en línea recta desde Benahavís. Dicha infraestructura pone en valor Los Merinos Norte, una urbanización con capital privado, pero en unificada sinfonía con el poder público de la Junta de Andalucía y del PSOE (estuvo presidida hasta 2006 por Luis Solana Madariaga, ex director general de RTVE y hermano de Javier Solana).
La aparición más estelar en este caso es la del ex consejero de Obras Públicas del Gobierno andaluz Jaime Montaner, que fue quien presentó el avance del PGOU de Ronda, como acredita el reciente informe Los Merinos Norte. Fenomenología de un macroproyecto turístico escrito por José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del prestigioso Boletín Criminológico de la UMA.
Las relaciones del ex consejero Jaime Montaner
Cuando Montaner abandonó la política continuó mimando la ciudad del Tajo. Su estudio de arquitectura, Demópolis Arquitectura e Ingeniería, redactó el proyecto de urbanización. “El hecho de que Jaime Montaner aparezca como redactor del proyecto de Los Merinos Norte, quince años después de que él mismo presentara el PGOU de Ronda que lo auspiciaba, podría ser una coincidencia”, avanza el estudio de Díez Ripollés, firmado también por Alejandra Gómez-Céspedes y Araceli Aguilar, pero enseguida aclara: “La información mercantil sugiere que Montaner siempre ha estado muy cerca del mencionado proyecto urbanístico y de las empresas que actualmente están detrás de éste”.
La información mercantil investigada por el equipo del catedrático malagueño relaciona dos asuntos antagónicos (el ladrillo, Los Merinos y el verde, Reserva de la Biosfera). Díez Ripollés ‘destapa’ cómo Montaner redactó el proyecto en colaboración con Lino Álvarez Reguillo, quien formara parte del equipo redactor de la propuesta Reserva de la Biosfera presentada por la entidad Mediterráneo S.A., y Antonio Lissen Ortega, vinculado a los dos anteriores a través de otros proyectos de planeamiento y/o urbanización.
Los ‘hermanísimos’ Seguí
Una “insatisfactoria” delimitación entre actividades privadas y públicas aparece en diferentes momentos del proceso administrativo que sustenta la iniciativa empresarial, “al margen de que quepa o no formular objeciones legales”. Un ejemplo. En 1989 el Ayuntamiento de Ronda encarga la redacción del PGOU, aprobado en mayo de 1994, al estudio de arquitectura de José Seguí. En él figura como colaborador técnico economista su hermano Vicente Seguí, nombrado en octubre de 1990 delegado provincial en Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, puesto en el que permanecerá hasta octubre de 1994. En su calidad de delegado provincial, en junio de 1994, comunica al Ayuntamiento de Ronda que el expediente de Merinos Norte adolece de “ciertas insuficiencias” que deben ser corregidas.
Hay voces dentro del PSOE que vieron desde el principio el problema de este proyecto. El entonces delegado de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Ignacio Trillo, se opuso a Los Merinos Norte y ahora rechaza el corte de algunos caminos en la zona, limítrofes con la parcela. La SEO (Sociedad Española de Ornitología) denuncia también el destrozo del paraje sobre los ecosistemas de la zona. “No olvidemos que estos ecosistemas dan el sabor natural a la zona que permite que la ciudad del Tajo sea la tercera más visitada de Andalucía”, explica Julián Muñoz, responsable de SEO. “Muchos ciudadanos pensamos que este proyecto no va de ‘mejora turística’ sino simplemente de mejora de comunicación para atraer al turismo residencial –no al de hoteles, que les trae al fresco– hacia las promociones sin vender de la Serranía”, denuncia Muñoz.
Otras opciones: Tren y mejora de la actual carretera
¿Hay alternativas? Esta organización ofrece dos: una mejor comunicación de la conexión ferroviaria Málaga–Bobadilla–Ronda permitiría que los centenares de autobuses que diariamente viajan allí desde los cruceros que fondean en la capital de la Costa del Sol se pudieran sustituir por trenes. La segunda posibilidad es la mejora de la actual carrera Ronda–San Pedro, con la creación de carriles de adelantamiento en un mínimo de 15 tramos y la conversión en carretera paisajística (como se ha hecho con el primer tramo de la Ronda–Algeciras).
Además, Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a la autopista, que atravesará la sierra Bermeja y la zona norte del valle del Genal, porque durante la construcción por la probable aparición de fibras del crisólito o amianto blanco, un mineral probado como “cancerígeno”. Hasta ahora se ha podido paralizar Los Merinos Norte, pero la autopista aparece en el horizonte como un cáncer maligno para un territorio aún privilegiado.
* El Confidencial - 6.02.11
Foto: Ronda (Málaga), vista aérea Los Merinos - ecologistasenaccion.org
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ELPAÍS* : El conselleiro Agustín Hernández ha confiado en un promotor inmobiliario, José Luis Díez Yáñez, la representación en la provincia de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, que aglutina todas las competencias autonómicas en urbanismo. Se trata del ex director de Relaciones Institucionales de Sedesa, grupo que aparece implicado en el sumario del caso Gürtel por presunta financiación ilegal del Partido Popular. Díez Yáñez trabajó en al menos 13 compañías relacionadas con Sedesa, el grupo empresarial que dirigió hasta hace unos meses Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino. El nombre de Díez aún aparece en el Registro Mercantil como apoderado de una de ellas, Mirador de Zapateira, SL, con sede en A Coruña, en la que figura como apoderado, según la consellería por error.
El jefe territorial de la consellería -la figura que sustituyó a los delegados provinciales- relevó en el cargo el pasado agosto a Evaristo Juncal, destituido tras revelar este periódico sus negocios con testaferros de narcotraficantes y la situación de ilegalidad de un chalé de su propiedad. El cargo de jefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras lleva aparejadas otras competencias en Urbanismo, como la presidencia de la comisión provincial de Vivienda y del Instituto Galego de Vivenda e Solo. La consellería resta importancia a los intereses inmobiliarios de Díez y precisa que renunció a ellos en tiempo y forma.Agustín Hernández confía así, entre otras competencias, la construcción de vivienda protegida a quien rechazó, como apoderado de otra empresa de Sedesa, Mirador de Sanxenxo, SL, la construcción de ese tipo de viviendas en el suelo urbanizable de Monte Faro, una polémica promoción de 1.330 viviendas de lujo anexa a un campo de golf. El convenio, firmado con el entonces alcalde, Telmo Martín en 2006, preveía un ingreso de 4,8 millones de euros al Ayuntamiento a cambio de la exención de construir vivienda social.
Lo que entonces pareció un gran negocio para Sedesa cambió con las trabas medioambientales impuestas por el Gobierno bipartito y la posterior crisis y escasez financiera. El grupo empresarial con sede en Valencia denunció ante el Ayuntamiento de Sanxenxo al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), al que reclama la devolución del dinero ingresado. El TSXG ha admitido a trámite la denuncia. El recurso de reposición contra el Ayuntamiento lleva la firma de José Luis Díez Yáñez. El convenio con Telmo Martín se firmó el 22 de noviembre de 2006, dos semanas antes de que el ahora presidente local del PP de Pontevedra abandonara la alcaldía de Sanxenxo. La gerente municipal de Urbanismo era entonces Encarnación Rivas, en la actualidad secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
El jefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, nombrado en agosto de 2010, figura en el registro como apoderado de Mirador de Zapateira y como ex apoderado, ex consejero o ex administrador de otras 14 sociedades, 12 ellas relacionadas con el grupo de Vicente Cotino Escribá. Se trata de Mirador de Sanxenxo, Gerpe Contratas y Construcciones, Verterra, Verterra Galicia, Urbanizadora Ronda Norte Benisa, Senda Ambiental, Ecosenda Gestión Ambiental, Gran Hotel Xirivella, Sistemas Globales Inmobiliarios, Sistemas Globales del Medio Ambiente, Sedesa Urbana y Transporte de Residuos Industriales y Peligrosos. Un acta notarial del 2 de agosto revela que, ese día, Díez Yáñez, firmó por escrito su renuncia de poderes en diversas compañías, entre ellas Mirador de Zapateira. La consellería ha anunciado que el jefe territorial está haciendo "gestiones" para que su cese se refleje en el Registro Mercantil.
Las únicas dos empresas con las que estuvo vinculado Díez Yáñez que no con Sedesa son Sogama y Sogarisa, de las que fue consejero en su condición de director general de Calidad y Evaluación Ambiental de la Xunta de Fraga, entre 2001 y 2003. El ahora jefe territorial también fue delegado de la Consellería de Medio Ambiente hasta 2001. Tras su salida de la Xunta, comenzó a trabajar con empresas relacionadas precisamente con los sectores inmobiliario y medioambiental.
La irrupción de los negocios de la familia Cotino en Galicia se produjo a través de el empresario coruñés José Antonio Souto, suegro de Cotino Escribá. Souto es presidente del grupo Tecam y promotor, junto a Manuel Jove, de Inveravante, y José Collazo, de Comar, de Invest Cos, que promueve el centro comercial Marineda Plaza, en A Coruña, investigado por el Tribunal de Cuentas. Souto y Cotino fundaron Work Center, donde tienen su sede las sociedades de Sedesa en Galicia.
* El País - 6.02.11
Foto: Santiago, pazo Raxoi, sede Xunta y Ayuntamiento - Vasco Roxo (wikipedia.org)
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SOBERANÍA ALIMENTARIA, BIODIVERSIDAD Y CULTURAS* :
La alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, frente a las reclamaciones de la plataforma nacida para preservar la vega agraria periurbana de Villagodio de la construcción de un polígono industrial, se encastilló en su postura y reiteró que la protesta «ha demostrado que lo que se quiere presentar como una inquietud social es en realidad el intento de determinados grupos políticos y organizaciones de paralizar otro proyecto más para la ciudad». Concluyó que «los propietarios de esos terrenos tendrán lo que les corresponda, pero los derechos de tres personas no pueden entorpecer el bien común». Este eufemismo –el bien común- es el parapeto habitual utilizado por muchas administraciones para sacar adelante proyectos de todo tipo que priman un modelo de sociedad industrial y consumidora frente a un modelo rural más sobrio y responsable con la gestión de los recursos de la tierra.
El conflicto:
Villagodio es una fértil vega de regadío de 900 hectáreas en la Vega del Duero y un barrio agrario de Zamora donde se asienta un desarrollo agropecuario pujante con 21 agricultores y agricultoras menores de 40 años, 7.400 ovejas y un proyecto de modernización del regadío en marcha. Se realiza una agricultura de tipo continental: maíz, alfalfa, cereales, remolacha, patata, girasol y colza. Pero en este mismo territorio, la administración local y autonómica pretenden construir una gran zona industrial ocupando unas 175 hectáreas del mismo y, lógicamente, desplazando y desarticulando varias unidades campesinas.
La gran mayoría de las y los agricultores que allí mantienen su trabajo se oponen al proyecto y aunque no todos son propietarios de las tierras, muchos de los propietarios que viven ajenos a la actividad agraria, tampoco comparten el destino que se le pretende dar a la tierra. Este grupo de propietarios se ha mostrado muy activo en el fenómeno de contestación social, con una postura muy digna y de alguna forma reveladora de una sensibilidad ambiental profunda: la tierra como legado a preservar.
Lo paradigmático de este enfrentamiento es que la lucha por un desarrollo meramente industrial o un desarrollo que contemple también la agricultura, tiene una solución válida para las dos posturas, pues como explican desde la Plataforma de defensa de Villagodio, existe un proyecto urbanístico previo que instalaba el polígono en unos terrenos que carecen de valor agrario o ambiental, y están distantes del núcleo urbano. La alternativa pasa por la ampliación del polígono de los Llanos, al oeste de la ciudad, y supondría una menor inversión de dinero público pues buena parte de las infraestructuras ya están construidas.
La administración local insiste en un desarrollo de la ciudad dependiente del desarrollo urbanístico: del ladrillo en detrimento del medio rural. El Plan General de Ordenación urbanística, embebido por la llegada del AVE, prevé una ciudad de 166.000 habitantes frente a los 65.000 actuales, y aunque en Zamora existen más de cinco mil viviendas vacías, se prevé construir otras ¡40.000 viviendas!
Es precisamente en este mundo de especulación urbanística dónde más necesario es preservar los espacios agrarios. Como la mayoría de las ciudades, Zamora ha perdido buena parte del paisaje agrario en las zonas periurbanas pero por fortuna aún conserva un paisaje agrario muy interesante en sus flancos este y sur-este, en torno a la Vega del Río Duero. Este territorio agrario proporciona a la ciudad ventajas que habría que poner valor: limita el urbanismo impidiendo que éste fagocite el territorio y su naturaleza, evita la aparición de los denominados “espacios de borde” o zonas marginales de transición, se proporciona a la ciudad una imagen verde y se cuenta con alimentos de la zona.
La Plataforma denuncia como todos los principios de sostenibilidad ambiental que la Administración dice defender se traicionan a favor de intereses especulativos. Los proyectos que defienden la construcción del polígono están llenos de palabras grandilocuentes para justificar lo injustificable, con unos informes ambientales totalmente sesgados y tendenciosos. A los gestores públicos se les llena la boca con el desarrollo rural, la despoblación, el medio ambiente, la alimentación,…. sin embargo después los hechos van por otro lado.
La contestación social:
El Proyecto carece del más mínimo consenso social. En un primer momento las personas afectadas y usuarias de la tierra agraria organizaron la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Villagodio., que más tarde promovió la Plataforma para el Mantenimiento del Desarrollo Agropecuario de Zamora., que tiene como finalidad la proteger los espacios agrarios de la ciudad, y en concreto el regadío de Villagodio. Actualmente existe un gran número de asociaciones adheridas: las tres organizaciones agrarias, la cámara agraria provincial, comunidades de regantes, algunos partidos políticos, muchas ONG y –lo que revela creciente sensibilidad al respecto- muchas asociaciones de consumidores y de vecinos. Este apoyo ha sido y es trascendental, porque como todo hecho de exclusión social hacia imprescindible un apoyo ciudadano amplio para que adquiriese cierta notoriedad.
A pesar de que pareciera que hemos anulado nuestros sentidos y hemos des-aprendido a escuchar y mirar la tierra, el ejemplo de lucha en Villagodio, demuestra que hay una fuerte resistencia al urbanismo incontrolado devorador y contaminador del territorio. Eso que llaman, también eufemísticamente, progreso y avance o innovación.
Fuente: http://revistasoberaniaalimentaria.wordpress.com/2011/01/29/el-eufemismo-del-bien-comun-la-resistencia-campesina-frente-a-la-especulacion-urbanistica/
* Rebelión - 6.02.11
Foto: Zamora, protesta polígono Villagodio - laopiniondezamora.es
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