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ELDIARIOMONTAñÉS* : El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha exigido al Ayuntamiento de Argoños que le informe de qué pasos está dando para cumplir la sentencia de derribo que pesa sobre la urbanización Las Llamas II, bajo el apercibimiento a sus responsables de que pueden incurrir en un delito de desobediencia.
El Ayuntamiento de Argoños tiene pendientes de cumplir desde hace años una decena de sentencias de derribo que afectan a unos 280 chalés, entre ellos, los 22 que componen la promoción Las Llamas II.
Tras varios requerimientos del TSJC, que ha revocado hasta ahora todos sus intentos por salvar esas viviendas mediante "licencias de legalización" u "ordenanzas de integración paisajística", el Ayuntamiento de Argoños sacó a subasta la contratación de los trabajos para derribar los chalés de Las Llamas I y II.
En ambos casos, la subastas fueron declaradas desiertas por falta de ofertas, aunque inicialmente algunas empresas habían solicitado información al Ayuntamiento sobre las condiciones del contrato.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC exige ahora al Consistorio, mediante una providencia, que en el plazo "improrrogable" de diez días le informe sobre que "concretas actuaciones" ha realizado para cumplir la sentencia de Las Llamas II desde que se declaró desierta la subasta, el pasado 3 de marzo, y sobre cuáles piensa realizar para llevar a cabo el derribo.
El TSJC hace este requerimiento al Ayuntamiento de Argoños bajo el "expreso apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia" si no lo atiende en los plazos planteados. La providencia tiene fecha del 14 de julio, aunque el plazo no empieza a contar hasta el momento en que se notifique al Consistorio.
Ésta no es la primera vez que el Tribunal Superior se dirige al Ayuntamiento de Argoños para conminarle a que cumpla las sentencias firmes de derribo o para reprenderle por intentar esquivarlas.
En 2004, la Sala advirtió textualmente al Consistorio que sus intentos por legalizar las urbanizaciones "no pueden dejar en papel mojado" sentencias de demolición "fundadas en poderosas razones".
El TSJC le planteó ese aviso al anular su intento por sustituir el derribo de Las Llamas I por la plantación de una pantalla de árboles que, supuestamente, iba a mitigar su impacto ambiental.
Unos meses más tarde, en junio de ese mismo año, la Sala impuso una multa de 500 euros al entonces alcalde, Joaquín Fernández San Emeterio (PP), por no cumplir sus requerimientos y le amenazó con nuevas sanciones si no ponía en marcha los trámites administrativos para ejecutar las sentencias.
Esos trámites se pusieron en marcha y el Consistorio sacó a subasta los trabajos para llevar a cabo los derribos, aunque hasta la fecha ninguno de ellos se ha llegado a realizar.
* El Diario Montañés - EFE - 31.07.2008
Foto: Argoños (Cantabria), urbanización con sentencia derribo - eldiariomontanes.es
El TSJC apercibe al Ayuntamiento de Argoños por desobediencia
Asociaciones de vecinos afectados por la F-1 exigen el traslado del circuito a Cheste
LEVANTE/Valencia* : La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia (AAVV), junto a la plataforma "Fórmula Verde" y las entidades vecinales de Natzaret y Cabanyal-Canyamera, han exigido hoy la solución de los problemas logísticos y ambientales generados por el circuito urbano de Fórmula Uno y el traslado de las carreras a Cheste.
El vicepresidente de la Asociación de Vecinos y vecinas del barrio de Natzaret (AVV), Julio Moltó, ha instado al Ayuntamiento de Valencia a mejorar los accesos y solucionar los problemas que sufren los vecinos por la celebración de las pruebas automovilísticas.
La parte sur del circuito urbano está situada muy cerca de Natzaret y, a consecuencia de ello, los vecinos más próximos al trazado ya sufrieron molestias durante las pruebas de Fórmula Tres y el campeonato de Open GT, celebrado el pasado fin de semana.
La AVV ya propuso habilitar un carril para vehículos de emergencia y transporte público en el puente que conecta el camino de Las Moreras con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, desviando de esta forma el tránsito de vehículos a la V-30.
A las quejas por el colapso circulatorio de los días previos al estreno del circuito, donde los vecinos aseguran que los cortes de más de cien calles conllevaron un aumento en el tiempo de desplazamiento, se une la preocupación por el aparcamiento de los más de 43.000 coches que llegarán por la Fórmula Uno, si el aparcamiento habilitado en Las Moreras tiene un aforo de 3.000.
Por otra parte, las organizaciones vecinales solicitan al Ayuntamiento información sobre la contaminación atmosférica que producen las carreras, ya que por proximidad consideran que puede suponer un riesgo perjudicial para la salud.
Esta información acompaña a la solicitada por vecinos de Natzaret sobre los decibelios que soportaban por el ruido de los motores, la alternativa a trasladar las gradas sur que están en la parte inundable del antiguo cauce del Turia y la instalación de un paso elevado para los peatones por el puente del ferrocarril.
Ante esta situación, la Asociación critica la poca información recibida desde el Ayuntamiento, y recuerda que sólo mantuvo una reunión con el jefe de la Policía Local, Andrés Rabadán, en la que no se dio solución a los problemas expuestos por los afectados.
En este sentido, Moltó exige que los vecinos sean conocedores de los costes que supuso el desvío de diez líneas de autobuses y los servicios prestados por bomberos, policía y transporte público.
Por su parte, la plataforma de organizaciones vecinales, ecologistas y sociales "Fórmula Verde" ha añadido problemas como las molestias del tráfico aéreo causado por las cadenas de televisión que retransmiten las carreras o la colocación de un helipuerto VIP cerca de estos barrios.
Los componentes de la plataforma exigen al consistorio valenciano que si no se solucionan estos problemas, impida la celebración de la Fórmula Uno el 24 de agosto y que el próximo año la trasladen al circuito de Cheste, puesto que valoran que reúne mejores condiciones para las carreras y no provoca perjuicios a los habitantes de Valencia.
* Levante-EMV - EFE - 31 de julio de 2008
Foto: Valencia, obras circuito F1 - EFE
"Varapalo judicial" al ayuntamiento de Burgos por sentencia urbanística
EL CONFIDENCIAL* ha tenido conocimiento de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Burgos, con fecha 2 de julio de 2008 en la que se anula otra licencia municipal en el área de transformación 8.20 de la calle Molinillo de Burgos...
El pasado mes de febrero fue la Sala de lo Contencioso del TSJ de Burgos la que fallaba en sentencia, hecha firme por no haberse presentado recurso ante el Supremo, anulando la licencia municipal concedida a la cooperativa Cuatro Olmos, que construyó 15 viviendas y garajes V.P.O. en ese mismo area de transformación.
Ahora, se anula la licencia para 90 viendas (65 + 30) realizadas por Inmobiliaria Rio Vena. De todas las formas, esta última sentencia de julio aún no es firme.
El particular que presentó la denuncia tiene intención, según sabe EL CONFIDENCIAL de pedir la ejecución de la misma. En caso de ser aceptada su petición habría que derribar algunas alturas.
Se ha construido baja + 5, cuando la sentencia sólo autoriza baja + 2.
Últimamente se han hecho públicas algunas setencias sobre asuntos urbanisticos, a nivel nacional, que si autorizan los derribos, siendo los propietarios de las viviendas los que luego deben reclamar y pedir responsabilidades a las constructoras y éstas a su vez a los ayuntamientos por haberles concedido un aprovechamiento mayor al que posteriormente reconoce la sentencia.
* Radio Arlanzón - 31.07.2008
Foto: Burgos - google
La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio exige al Gobierno que deje de salir en defensa de las promotoras inmobiliarias
La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio* considera intolerable que la respuesta de la administración ante la crisis inmobiliaria sea apoyar a las promotoras, o sea, perpetuar un modelo que ha conducido, como veníamos advirtiendo desde numerosos frentes, a la catástrofe económica, medioambiental y social.
Desde la CCDT consideramos una aberración que se promueva la construcción de 150.000 viviendas protegidas al año, o la reciente propuesta de destinar 300 millones a adquirir terrenos para pisos protegidos.
También nos preocupan las enormes inversiones previstas en infraestructuras innecesarias: no podemos seguir manteniendo la demagogia desarrollista de hace 30 años en un país que será pronto el que más km. tenga del mundo de tren de alta velocidad y autovías -Madrid es ya la segunda ciudad del mundo en redes de autovías y pretende construir 300km más.
Las enormes sumas de dinero que se van a invertir en infraestructuras y viviendas protegidas debería inyectarse en otros sectores más sostenibles de desarrollo, alentando una alternativa. En lugar de eso el gobierno y las comunidades autónomas siguen apostando por el despropósito urbanístico. Seguir potenciando la construcción es apuntalar una dinámica suicida y además abonar el suelo donde ha florecido la corrupción en España de forma salvaje, una dinámica que parece destinada a la devastación completa y definitiva de nuestro litoral y con ello a nuestro principal patrimonio y activo económico y turístico.
Denunciamos que la crisis se está utilizando para apuntalar el sector inmobiliario y defenderlo, en vez de desmantelarlo y apostar por otro modelo de crecimiento, cuando este es el causante principal de la crisis económica actual. Exigimos al gobierno y las comunidades autónomas que retire su apoyo a las promotoras y promueva un cambio real de modelo económico.
En relación con el problema de la vivienda denunciamos que la solución no pasa por construir pisos protegidos, sino por promover el alquiler social y la ocupación de los más de 3 millones de viviendas vacías que hay en España. Y, sobre todo, por deshacer desde sus cimientos el inmenso aparato de especulación inmobiliaria que ha inflado los precios de la vivienda en España. Para ello no bastan medidas "parche" sino un conjunto de medidas en todos los frentes y un cambio radical de modelo.
La solución para la crisis no está en amparar a las promotoras, que han dirigido la "dictadura inmobiliaria" encubierta que ha sido España en las últimas décadas, llevando al país a la catástrofe medioambiental, económica y social, sino en promover un cambio radical de modelo económico que no esté hipercentrado en el ladrillo.
Recordamos que hace un año España construía 5 veces más que la media europea, o sea que un verdadero reajuste a tasas de crecimiento normales implicaría un descenso real de un 80% en la construcción, mucho más de lo que hasta ahora se ha producido. O sea que, a pesar de la crisis, España sigue construyendo muy por encima de la media europea.
Actualmente, según varios estudios, hay suelo recalificado en España para triplicar el número de viviendas existentes, al menos en la zona del litoral, lo que implica que se podrían construir más de 20 millones de viviendas a fecha de hoy. Además se está intentando recalificar suelo para un número aun mayor, habida cuenta los planes urbanísticos sin precedentes que están en fase de aprobación en todo el territorio, a la espera de que la crisis remita y con la tradicional discrecionalidad, nocturnidad y agostidad.
Exigimos una moratoria en las recalificaciones y en la construcción, la reclasificación de suelo urbanizable a suelo protegido y la ocupación de los 3 millones de viviendas vacías que hay en España. La reclasificación de suelo urbanizable a no urbanizable debe servir para hacer accesible el suelo a formas sostenibles de agricultura, potenciando así otros sectores de la economía. A su vez pedimos que se eliminen todas las medidas que favorecen la especulación y que se promuevan leyes rápidas contra los abusos urbanísticos, ya que ciudadanos y medioambiente están desamparados frente a la lentitud e inoperancia de la justicia.
Los bienes incautados en la corrupción deberían utilizarse para la recuperación de zonas deterioradas por la especulación urbanística y para la demolición de macro-hoteles y macro-complejos urbanísticos ilegales, como el del Algarrobico y tantos otros que proliferan a miles en el litoral y el interior español.
Alertamos a la ciudadanía para que no se deje engañar una vez más por la estafa masiva de quienes predicen que pronto habrá terminado la crisis y que hay que seguir apostando por la construcción. Son los mismos que negaban que fuera a estallar la burbuja inmobiliaria, algo que todos nosotros predecíamos hace mucho tiempo.
* Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio
* Portalmería - 30 de Julio de 2008
Alternativa a la crisis / El Roto
Viñeta: El Roto - elpais.com 28jul08
La Vila Joiosa: Doce sentencias contradicen en un año la política urbanística del PP
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INFORMACIÓN/Alicante* : Un total de doce sentencias judiciales han contradicho, desde 2007, la política urbanística desarrollada por el PP durante sus últimos cuatro años de mandato en el Ayuntamiento de La Vila, concretamente desde 2003 a 2007, sin contar las que hacen referencia al Atrium Beach.
En el último año el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) ha fallado una y otra vez contra las decisiones plenarias que el gobierno del ex alcalde popular, José Miguel Llorca, aprobaba con sus votos, dando la razón a los contenciosos interpuestos, sobre todo, por el edil de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret.
La primera desde la llegada al poder del actual gobierno cuatripartito fue la anulación de la tramitación del Plan Parcial 22 Secanet por "falta de motivación" en la elección de la mercantil adjudicataria de las obras, May Producciones, a pesar de que un informe técnico valoraba mejor a la empresa Hermanos Ávila. El sector contemplaba la construcción de 341 viviendas que hoy por hoy permanecen en el limbo. La sentencia considera infringida la legislación urbanística por "la falta de motivación de la elección de la alternativa aprobada".
A inicios del presente año, el TSJ anulaba el acuerdo plenario que programaba el Plan Parcial 27 Torres "por ser contrario a Derecho". En abril, el TSJ anulaba la permuta de una parcela de suelo dotacional del Plan Parcial 11 Tellerola 1, que el Ayuntamiento había llevado a cabo con la mercantil Valdeprocasa. La permuta cambiaba el céntrica chalé Centella y una parcela del patio escolar del colegio Mare Nostrum, sin posibilidad de edificar, por una parcela municipal de más de 10.000 m2 en primera línea de playa. El tribunal estimaba que ese suelo municipal debía ser para viviendas sociales.
En el pasado mes de mayo, hacía volver a empezar de cero la Unidad de Ejecución 1 El grec, en el polígono industrial Torres, por ser adjudicada a la mercantil Rapella sin estar ésta cualificada para "contratar" con el Ayuntamiento ni reunir "los requisitos legales para ser agente urbanizador". También en mayo, el TSJ anulaba el proyecto de reparcelación del Plan Parcial 25 Puntes del Moro por no permitir la posibilidad de pagar las cargas del sector en metálico.
Una semana después, un juzgado de Alicante anulaba la venta de suelo público para pagar parte de la obra del campo de fútbol Nou Pla, instalación deportiva que ya construida acumuló con anterioridad siete sentencias judiciales en contra. Otro juzgado de Alicante anulaba el cambio de urbanizador del sector de l'Almisserà, que convertía en urbanizador a Los Almendros de Alicante en lugar de Urbe Construcciones y Obras Públicas.
En julio, el TSJ "tumbaba" el programa que desarrollaba el Plan Parcial 15 Poble Nou por considerar que el incremento de las cargas de urbanización son contrarias a derecho. Apenas diez días después dos sentencias del TSJ obligaban a reiniciar la tramitación de los sectores PP 24 Parais Nord y PP 22 Secanet, ya que las mercantiles adjudicatarias no estaban debidamente clasificadas para realizar la obra. En los últimos días, el tribunal ha anulado la reparcelación del sector PP 3 Almàssera de Tonda y ha confirmado la nulidad de la reparcelación del Plan Parcial 29 Parais Sud de La Vila.
* Información - C.F. - 30 de julio de 2008
Foto: Vista parcial del sector 15 de La Vila afectado por una reciente sentencia del TSJ, que anula su programa. ROSARIO FRAILE, diarioinformacion.com
El Tribunal Superior anula la licencia de la casa del ex edil de Urbanismo de Sanxenxo
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LAVOZ/Pontevedra* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado la licencia de obra otorgada en su día por el Ayuntamiento de Sanxenxo al entonces concejal de Urbanismo, Francisco Villaverde. El ex edil construyó supuestamente una vivienda ubicada dentro de la servidumbre de protección del dominio público marítimo - terrestre, en la franja costera de la playa de Areas, situación que había denunciado en el 2005 el colectivo ecologista Salvemos Pontevedra.
Así lo destacó ayer la asociación, que añadió que el fallo dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del órgano judicial el 26 de julio «es firme, por lo que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno».
La licencia municipal para la casa fue expedida el 13 de agosto del 2004 y Salvemos Pontevedra denunció la construcción de la vivienda, ya que la edificación estaba «íntegramente dentro de la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre», considerada como tal desde mayo de 1998.
«Es algo sangrante, puesto que la casa no tiene ni pista de entrada», detalló ayer el presidente de la asociación ecologista, Francisco Díaz. «En este caso funcionó la Justicia. Ahora, el Concello debe obligar a la demolición de la casa», precisó el portavoz del colectivo, para agregar que el acceso a la vivienda se hace a través del arenal, del campo dunar de Areas o de las antiguas marismas del río Dorrón.
Salvemos Pontevedra aseguró en su momento que la edificación de Francisco Villaverde, concejal de Urbanismo con el ex alcalde Telmo Martín, no se ajusta a lo fijado en el propio Plan Xeral de Ordenación Municipal, que precisamente protege esta zona. La asociación, además, había impugnado la modificación puntual del deslinde de costas llevado a cabo en el lugar por el Servicio de Costas.
El chalé de la jefa de Costas
Por otro lado, Salvemos Pontevedra aprovechó el fallo del Tribunal Superior para recordar que todavía está pendiente de resolución la denuncia que se había interpuesto ante la Xunta contra el chalé de la jefa de Costas, Cristina Paz Curbera.
Este colectivo sostiene que la edificación invade los cien metros de protección del dominio público marítimo-terrestre, supuestamente al encontrarse a unos 75 metros del mar. La vivienda unifamiliar se encuentra por encima de la carretera PO-308, situada sobre un acantilado cerca de la playa de A Carabuxeira, también en Sanxenxo.
* La Voz de Galicia - Nino Soto - 30.07.2008
Foto: El chalé se ubica en la franja costera de la playa de Areas - CAPOTILLO, lavozdegalicia.es
La Audiencia Nacional ratifica el deslinde de 100 metros en la playa de El Algarrobico
EUROPAPRESS/Almería* : La Audiencia Nacional (AN) ha ratificado por segunda vez la "conformidad a derecho" del deslinde de 100 metros aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2005 para el tramo litoral entre la playa de El Lacón, en el término municipal de Mojácar (Almería) y Carboneras, del que derivó el expediente de expropiación iniciado contra el hotel de Azata de Sol en el paraje del Algarrobico.
La sentencia de la Sección Primera, a la que tuvo acceso Europa Press, desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un particular, propietario de un finca rústica en herencia desde el año 1970 y con registro de la propiedad "de hace más de 65 años", y confirma que prevalece el carácter "demanial" del terreno --perteneciente al dominio público-- sobre "los derechos legítimamente adquiridos" que alegó el demandante.
En concreto, la magistrada ponente Elisa Veiga fundamenta el fallo en el texto de la Orden Ministerial que, en su apartado Antecedente de Hecho I, advierte de que las precedentes resoluciones de deslinde a las que se acoge el particular --14 de marzo de 1964, 17 de febrero de 1965 y 30 de marzo de 1966-- "no incluían todos los bienes definidos en la presente Ley de Costas como dominio público marítimo-terrestre".
Procedería, así, según ahonda, "practicar un nuevo deslinde e incluir ese espacio que reúne las características físicas descritas en los apartados 3,4 y 5" de la citada Ley de Costas, una disposición que el fallo recuerda está avalada por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1991 y que es de aplicación a la finca propiedad del demandante "aunque esté ocupada por obras".
El tribunal, que subraya que ya se pronunció de manera favorable a la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 2005 "aunque con motivos de impugnación que nada tienen que ver con los esgrimidos en este caso" no hace imposición de costas al actor del recurso al entender que no existe ni "temeridad ni mala fe".
El Tribunal Supremo (TS) confirmó en abril el deslinde de 100 metros aplicado por la Dirección General de Costas al litoral del paraje de El Algarrobico donde se levanta el hotel de la promotora Azata del Sol al considerar que prevalece el interés general de la protección del dominio público marítimo-terrestre sobre la legitimidad de la construcción.
Con anterioridad, en febrero, la Audiencia Nacional (AN) desestimaba el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) contra la Orden Ministerial que el 8 de noviembre de 2005 y rechazó que los terrenos del establecimiento "tengan consideración de urbanos o que la edificación esté consolidada", única excepcionalidad que recoge la citada resolución.
* Finanzas - EUROPAPRESS - 29.07.2008
Foto: Algarrobico ilegal - EFE
Elda: El PP aprobará las 7.200 casas con campo de golf en Las Cañadas al margen del PGOU
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INFORMACIÓN/Alicante* : El equipo de gobierno popular de Elda ha decidido autorizar a la promotora Invercon Reigo el desarrollo del complejo residencial con campo de golf de Las Cañadas como un Plan de Actuación Integrada (PAI), al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Y ello a pesar de encontrarse este documento en proceso de elaboración.
De hecho, el Plan General de Elda dio la semana pasada su primer paso al aprobarse, en comisión de Urbanismo, el denominado Documento inicial de evaluación ambiental estratégica y el estudio de paisaje de la revisión del PGOU y despliegue del plan de participación pública.
Además, todo parece indicar que el gerente de Invercon Reigo, Francisco Gómez, va a ser el empresario que financie en parte o en todo la «nueva Elda», el macroproyecto urbanístico con el que el equipo de gobierno popular pretende construir 340 viviendas de protección oficial sobre los solares del estadio municipal Pepico Amat y la actual plaza de toros así como un nuevo campo de fútbol, un pabellón cubierto, un coso taurino, un parking privado y otro público, un centro social polivalente, dos parques y un área comercial con sesenta pequeños establecimientos. A cambio de ingresar ocho millones de euros en las arcas municipales como medidas compensatorias por la aprobación del PAI, el responsable del potente grupo promotor recibirá el apoyo que necesita de la alcaldesa, la popular Adela Pedrosa, para culminar el proceso de recalificación de cuatro millones de metros cuadrados de suelo en las partidas rurales de Las Cañadas y El Tite. De este modo podrá desarrollar un complejo residencial de 7.200 viviendas con un campo de golf de 18 hoyos.
Cabe recordar que este PAI ya fue aprobado en la anterior legislatura con el PSOE presidiendo la Corporación local y también obtuvo el visto bueno de la Conselleria de Territorio y Vivienda. Sin embargo, desde noviembre de 2006 la polémica actuación está pendiente de pasar por un nuevo pleno municipal para ser ratificada definitivamente tras las modificaciones sustanciales que se introdujeron, cambios efectuados a instancias del ex portavoz popular Camilo Valor con el acuerdo del grupo socialista para minimizar el impacto en el enclave natural limítrofe de Las Barrancadas y mejorar diversos aspectos del plan inicial.
El PP parece tener prisa por sacar este tema adelante y remitirlo a la Conselleria. Por ello lo ha incluido en la comisión municipal de Urbanismo de mañana y formará parte del orden del día del pleno previsto para esta semana.
* Información - PÉREZ GIL - 29 de julio de 2008
Foto: Elda (Alicante) - ua.es
Cuatro directivos de Seguros Ocaso, imputados en el 'Guateque'
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ELPAÍS/Madrid* : La lista de imputados en el caso Guateque (la trama de corrupción en la concesión de licencias municipales descubierta en noviembre del año pasado) acumula cuatro nuevos miembros. Se trata de otros tantos directivos de la compañía Seguros Ocaso. Están acusados de delito de cohecho.
Los cuatro ejecutivos, Carlos Ruiz, Javier Zumalacárregui, Ramón Boticario de Zulueta y Máximo Agustín Cabanas, comparecieron ayer ante el juez que instruye el caso, Santiago Torres, quien les preguntó por el cambio de uso del edificio que ocupa la sede central de la compañía, en la calle de la Princesa, número 23. Querían dedicarlo exclusivamente a oficinas y cancelar la parte destinada en él a viviendas.
Los ejecutivos negaron cualquier responsabilidad en la operación de cambio de uso del inmueble. En los trámites para solicitar esa modificación se usaron documentos falsos, según fuentes jurídicas próximas a la acusación. Este periódico intentó ayer, de forma reiterada y sin éxito, obtener la versión de la aseguradora.
Seguros Ocaso adjudicó los trámites y el proyecto del cambio de uso del edificio de su oficina central a la firma AC93, una de las empresas de ingeniería implicadas en la tramitación, presuntamente irregular, de licencias. Esta compañía realizó las mediciones, los planos y los trámites administrativos necesarios para reformar el edificio, según fuentes próximas a la acusación.
A tenor de esa versión, el juez preguntó ayer a los responsables de la aseguradora por unos documentos falsos que AC93 (cuyo propietario, Santiago Castillo, permanece en libertad bajo fianza), presentó a Urbanismo. Se trata de unos planos del edificio en los que supuestamente se alteraban las dimensiones del inmueble. Los cuatro directivos aseguraron al juez que la aseguradora se desentendió del proyecto cuando lo adjudicó.
Los ejecutivos de Ocaso se añaden a la larga lista de imputados en el caso Guateque, la mayor trama de corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Madrid. Ya están acusados más de una treintena de funcionarios, el concejal de Salamanca Íñigo Henríquez de Luna y cerca de una docena de empresarios con cargos como tráfico de influencias, cohecho o prevaricación."No sabemos de lo que se nos acusa. Estamos muy sorprendidos con esta citación". Ésta fue la única explicación que ofreció a este periódico el abogado de uno de los directivos en los pasillos del juzgado.
El que no llegó a declarar ayer fue José Almansa, uno de los dueños del local de copas La Botellita, situado en la calle de Serrano, 63. Su comparecencia ante el juez se suspendió porque faltaba uno de los expedientes que había reclamado el magistrado. Almansa le confesó a Antonio Sanz Escribano, uno de los ingenieros investigados por la trama de corrupción, que había movido "hilos para abrir el local sin licencia. Por ejemplo, la madre de mi novia es la mejor amiga de Esperanza Aguirre y entonces se han movido ahí los cables en muchos temas", según figura en una conversación telefónica grabada en la investigación del caso Guateque en julio de 2007.
La Botellita adquirió la licencia de funcionamiento como bar con actuaciones en 2002, y sus dueños aún están obligados a cerrar a las tres de la madrugada. Su propuesta de ampliar el horario hasta las 5.30 fue denegada por la Junta Municipal del distrito de Salamanca. El local, sin embargo, continúa abierto y cierra más tarde de las 3.00.
Imputados al margen, ayer declaró como testigo Henar Pérez-Zaballos, jefa de la Sección Técnica de Ordenación de la Gerencia de Urbanismo. La funcionaria acudió ante el juez Torres a petición del imputado Fernando Ruiz Torrejón, también trabajador municipal de Urbanismo.
La testigo, que trabajó en el plan especial para reformar el colegio Sagrado Corazón, aseguró que nunca recibió instrucciones de ningún funcionario y afirmó que nadie le pidió que se saltara ningún trámite.
* ELPAIS.com - ROBERTO TAMAYO - Madrid - 30/07/2008
Foto: Madrid, investigación trama urbanística - C.Álvarez (El País)
¿No es suficiente el patrimonio público de suelo para construir VPO?
SOITU* : En la pasada legislatura, el Estado liberó más de 22 millones de metros cuadrados de suelo público para el planeamiento y construcción de unos 67.000 pisos con algún tipo de protección, así como equipamientos sociales, pero estas cifras aún están muy lejos de las promesas electorales del PSOE de construir 1,5 millones de VPO en diez años (150.000 anuales).
Y es que, según la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, "el suelo público no es suficiente para cumplir los ambiciosos planes del Ejecutivo". Al menos ésta es la explicación que ha ofrecido para justificar la decisión de invertir 300 millones de euros de las arcas públicas en la compra de terrenos privados para levantar VPO. Una elección que también responde, según Corredor, a la oportunidad de "aprovechar una coyuntura económica en la que los precios están claramente a la baja".
La oposición le echa en cara, sin embargo, el enorme stock de viviendas sin vender, que la propia ministra ha valorado en 800.000 unidades, así como la idoneidad o no de invertir dinero público en este proyecto cuando las cifras macroeconómicas han obligado al propio Zapatero a reconocer que "estamos en crisis".
Los expertos opinan que se opta por los suelos privados porque se pretende acelerar la puesta en el mercado de las viviendas, una idea que afianza la propia ministra al afirmar que en la elección de los solares privados se priorizará "el que tenga mejor disponibilidad para construir lo más rápido posible". De por sí, el proceso de construcción en un terreno apto y preparado para levantar VPO suele durar un mínimo de 2-3 años, más largo y tedioso aún es el proceso necesario para desafectar suelos públicos.
La complejidad del proceso
Cuando el propietario estatal decide que ya no necesita unos terrenos, los desafecta, pero eso no significa que en ellos se puedan construir viviendas inmediatamente. Antes hay que solicitar al ayuntamiento correspondiente una modificación del plan urbanístico de la ciudad, que en los casos más complejos deberá recibir el visto bueno de la comunidad autónoma, nos explica Lucio Rivas, director de Urbe Asesores Jurídicos. Y es que, aunque el Estado decida destinar suelo para construir pisos sociales, la última palabra la tienen las administraciones municipales y regionales, que poseen las competencias en materia urbanística.
Además, hay que tener en cuenta que la legislación vigente permite a los antiguos propietarios de solares que fueron expropiados en su día por el Estado para levantar, por ejemplo, un cuartel o una estación, reclamar una compensación si se cambia el uso del suelo. Eso sí, la Ley del Suelo aprobada en 2007 sólo permite esta reclamación si el periodo transcurrido entre la expropiación y la desafectación no supera los 8 años, puntualiza Rivas.
Los grandes terratenientes
El Ministerio de Defensa es el principal propietario de suelo del país. La drástica reducción del tamaño del Ejército ha hecho que muchos cuarteles hayan cerrado sus puertas en las últimas dos décadas, y sus solares estén disponibles para la construcción de equipamientos o viviendas. Pese a que, al comienzo de la pasada legislatura, el entonces titular de esta cartera, José Bono, se mostraba reacio a "financiar" el programa de Vivienda a costa del "presupuesto de armamento", este departamento es el que más superficie ha liberado en los últimos años. Desde 2004, Defensa ha desafectado unos 9 millones de metros cuadrados de suelo, que permitirán construir más de 31.500 nuevas viviendas, de las que dos terceras partes estarán sometidas a algún tipo de régimen de protección social.
El último terreno aportado por la cartera que ahora dirije Carme Chacón se ubica en el centro urbano de Ciudad Real, ocupa 8.000 metros cuadrados, y permitirá la construcción de 194 VPO. Pero el desarrollo más importante que se llevará a cabo en suelo del Ejército es la denominada Operación Campamento, en Madrid, que prevé la edificación de 22.000 viviendas (10.700 protegidas) sobre 274.506 metros cuadrados. El acuerdo definitivo para la venta de estos terrenos se firmó en 2005, y la Comunidad de Madrid pagó 33 millones de euros por ellos. No obstante, este proyecto colea desde 1989, fecha en la que el entonces presidente madrileño, Joaquín Leguina, 'soñaba' con crear lo que él denominaba la "Castellana del Sur", un gran bulevar que uniría Aluche y Alcorcón, después de derribar los cuarteles. Hoy por hoy, sólo se han derribado algunos edificios.
Los ministerios de Fomento e Interior también se han sumado a la iniciativa del Estado de sacar suelo público para VPO. En los últimos dos años, Fomento ha liberado 1,7 millones de metros cuadrados, que servirán para construir 6.781 viviendas sociales, y tiene previsto ceder suelo para otras 6.000. Interior, por su parte, contaba a finales de 2007 con 9.839 metros cuadrados desafectados, para levantar 56 pisos con algún tipo de protección.
Distinto es el caso de Adif (antigua Renfe), el otro organismo estatal con mayor patrimonio. Pese a que en el año 2000 la compañía ferroviaria gastó casi un millón de euros para inventariar sus terrenos, éste es uno de los secretos mejor guardados. Lo único que hemos podido conseguir son los datos proporcionados en 1999 por su Unidad de Patrimonio y Urbanismo, que cifraba en 48 millones los metros cuadrados susceptibles de ser urbanizados.
Hoy por hoy, este organismo asegura que "no hacen desafectaciones de carácter general", es decir, que esperan a que el planeamiento urbanístico de una ciudad estipule la necesidad de unos terrenos procedentes de su patrimonio en desuso, y después se inicia el proceso de desafectación habitual que hemos explicado antes, para proceder posteriormente a la subasta o concurso público del suelo.
Pero no siempre fue así. La antigua Red de Ferrocarriles Españoles apostaba por la comercialización directa a través de empresas mixtas con constructoras e inmobiliarias. El terreno desafectado se sacaba a concurso y la compañía ferroviaria creaba una sociedad con el ganador a la que transfería el suelo, y en la que participaba al 40%. Adif aún mantiene 15 de estos acuerdos que no han finalizado.
Para poner orden en el patrimonio del Estado y conocer de primera mano la disponibilidad de suelos de titularidad pública que podrían emplearse para construir VPO, el Ministerio de Vivienda ha creado una subcomisión interministerial que lleva varios meses trabajando en este tema. Además, la Federación Española de Municipios y Provincias se ha comprometido a realizar un mapa de las zonas más atractivas y necesarias para construir en toda la geografía española.
* SOITU.es - GEMA FERNÁNDEZ - 29.07.2008
Foto: Terrenos de la Operación Campamento (Madrid) - soitu.es
Baila chiki chiki, Especula chiki chiki!
Si todavía tenías dudas sobre cual iba a ser la canción del verano.... VdeVivienda tiene la respuesta:
El Chiki-Chiki, al que todos creíamos muerto, ha resucitado en forma de mujer!
VdeVivienda ha podido reunirse con ella y nos ha asegurado que esta vez no habrá censura que cambie su letra.
Con plumas y tacones en lugar de guitarra y tupé... ¿quién dijo que la lucha no es sexy?
Con esta nueva versión, el próximo año ganamos eurovisión!
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lyrics
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Especula Especula
El chiki-Especula mola mogollón,
Se baila en Marbella y en la administración.
Chiki especula con esa casita
Que el chiki chiki te da mucha guita
Lo baila el Reyna,
Lo baila Montilla,
Lo baila Chicote,
Lo baila la Trilla.
Lo baila Don Piso.
Lo baila Dragados,
Lo baila la Caixa con tus huevos agarrados.
Specula Specula
El Chikiespecula mola mogollón,
Te dan suelo barato con mucha discreción
Recalifícanos esos terrenos,
Y chikiespecula que nos forraremos
La chikiBurbuja se ha dado un castañazo,
Pero volveremos a dar el pelotazo.
Dale una ayudita al sector inmobiliario
pa que baile de nuevo sobre el escenario!!!!
Y el chikiEspecula se baila así:
Uno, Pisos Vacios
Dos, Hipotecón
Tres, El Pelotazo
Cuatro, La Corrupción
Baila chiki chiki, especula chiki chiki,
Lo bailó Trujillo, lo bailó Chacón.
Baila chiki chiki, especula chiki chiki,
Y ahora lo baila Beatriz Corredor!
El chiki-Especula mola mogollón...
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V de Vivienda
(asambleas por el derecho a la vivienda digna)
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www.vdevivienda.net
* YouTube - 26 de julio de 2008
La Policía carga contra los vecinos del Castillo que se oponen a la cárcel
ABC/LasPalmas* : Los vecinos del Castillo del Romeral volvieron a concentrarse ayer en contra de la construcción de la nueva cárcel en Gran Canaria por considerar que «las obras siguen siendo ilegales», según indicó el Consejo de vecinos.
Los afectados aseguraron que según «distintas fuentes, ayer la Delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, pretendía enviar a las fuerzas antidisturbios a la zona cero, con el objetivo de intimidar a quienes impidan la reanudación de las obras ilegales de la macro cárcel».
Lo cierto es que efectivos de la Policía Nacional se personaron ayer, a primera hora de la mañana, cuando ya varias decenas de vecinos se concentraban en las inmediaciones de la obra para evitar que comenzaran los trabajos de construcción. Fue entonces cuando los agentes procedieron a arrestar a varias personas que se empecinaban en permanecer en el lugar, a pesar de las advertencias policiales.
El Consejo de vecinos anunció que las concentraciones continuarán, «hasta que la Delegación se replantee la ubicación del futuro centro penitenciario». Además, aseguran que la ilegalidad de las obras se debe a que «no está aprobado en el plan territorial», y añaden que la ubicación de Juan Grande en dicho plan «se ha hecho de manera premeditada y chanchullera», con el único fin de «quitarse el problema de encima».
El Consejo también subrayó que si ahora, «a toda prisa», fuera aprobado, recurrirían de inmediato a la Justicia «en busca de amparo». Además, indicaron que ni «son propietarios del terreno, sólo tienen una autorización para hacer estudios», ni «tienen permiso de obra o informe de impacto ambiental», tampoco «la declaración del Consejo de Ministros declarando que la obra es de interés general». Para los afectados, la macro cárcel generaría más inseguridad en toda la zona.
* ABC - Europa Press - 29-07-08
Foto: Cuatro agentes de la Policía Nacional se afanan para llevar a una mujer por la fuerza en la zona de construcción de la cárcel. ACFI PRESS
Marbella: Vecinos impugnarán el acuerdo que regulariza las ilegalidades del GIL
MÁLAGAHOY* : "Aquí ha habido una amnistía que se ha cocinado por la puerta trasera". Con estas palabras, varias asociaciones de vecinos y de ecologistas expresaron ayer su rechazo al acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía para regularizar las viviendas y comercios ilegales que se construyeron durante la era GIL.
A pie de las obras del hotel Senator, una de las construcciones que mejor simboliza la ocupación de zonas destinadas a equipamientos públicos, Rafael Bayón, portavoz de la Plataforma 29 de marzo, que engloba a un buen número de colectivos sociales del municipio, anunció que en los próximos días se va a impugnar la propuesta que el viernes aprobó en solitario el gobierno de Ángeles Muñoz (PP).
Como aún no han tenido tiempo suficiente para estudiar las acciones que van a llevar a cabo, Bayón comentó que ahora se analizará si la impugnación la realizará únicamente la Plataforma 29 de marzo, donde están presentes Ecologistas en Acción, varias comunidades de propietarios afectados por las obras irregulares y distintos colectivos vecinales, o si cada uno de éstos elaborará la suya para que la presión sea mayor.
El portavoz de la asociación dudó de la legalidad del acuerdo alcanzado entre ambas administraciones porque normaliza la situación de una serie de inmuebles irregulares, a pesar de que ni siquiera se han contestado las más de 8.000 alegaciones que presentaron los vecinos tras la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Otro punto que ha enfadado bastante a los afectados por las casas levantadas ilegalmente durante los años gilistas es que el polémico acuerdo no viene acompañado de informes técnicos favorables del secretario municipal. Tampoco ha sido consensuado con los colectivos que durante lustros denunciaron la corrupción urbanística de Marbella, por lo que dudan de que sea una solución "impecable jurídicamente", tal y como señaló la semana pasada el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas (PSOE).
La nueva situación es tan "grave" para los perjudicados por el cemento, que la portavoz de la asociación de vecinos Arroyo Guadalpín, Mercedes Vázquez, no descarta denunciar por "daños y perjuicios" al Consistorio marbellí, ya que considera que este pacto alcanzado con el Gobierno andaluz pone en evidencia que sólo ha habido preocupación por satisfacer las peticiones de las personas que compraron de buena fe sus pisos en inmuebles que atentaban contra el PGOU de 1986.
Más duro se mostró otro representante de la misma asociación, Alejandro Dogan, que criticó que "los partidos políticos, que siempre se llevan tan mal, sólo se ponen de acuerdo cuando hay dinero de por medio". En ese sentido, apuntó que el hotel Senator, construido por el grupo Hoteles Playa y cuya licencia fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en diciembre de 2004 por invadir una parcela de equipamiento público, ahora podrá abrir sus puertas si cede 98 de sus apartamentos al Ayuntamiento. "Es como si un ladrón pone de fianza el dinero que ha robado para salir de la cárcel", comentó Dogan, que recordó como distintas organizaciones cívicas han propuesto que el inmueble sea entregado al Consistorio para que tenga usos sociales, como una residencia de ancianos o una escuela de idiomas.
Asimismo, la dirigente vecinal Mercedes Vázquez mostró su temor de que el acuerdo consensuado por el gobierno de Ángeles Muñoz y la Junta termine afectando a los procedimientos judiciales que se abrieron contra las edificaciones ilegales. ¿Los motivos? Existen varias sentencias firmes del TSJA que ordenan la demolición total o parcial de obras que están pendientes de la aprobación definitiva del PGOU. En ese caso se encuentra la promoción de apartamentos de lujo Jardines del Príncipe, de la que se tendría que derribar casi el 70% del complejo para dejar sólo en pie la parte que se ajusta a la norma urbanística vigente.
Pero no todas las piezas del puzzle marbellí opinan lo mismo sobre la ejecución anticipada del PGOU que permitirá legalizar las tropelías del pasado. El presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella (Apymem), Antonio Núñez, se mostró ayer satisfecho con la posibilidad de que se conceda licencia de apertura a casi un millar de locales comerciales, que desde hace demasiado tiempo se encuentran en un limbo jurídico. De hecho, la organización empresarial ha centrado sus esfuerzos "humanos y económicos" de los dos últimos años en buscar fórmulas jurídicas que posibilitasen conseguir esos permisos en precario hasta que el nuevo PGOU lograse la aprobación definitiva.
Por otra parte, el presidente de la plataforma vecinal que se creó en contra de los derribos, José Ortiz, se mostró ayer cauto a la hora de valorar la moción aprobada el viernes, debido a que está pendiente de mantener una reunión con la alcaldesa para que ésta le explique los pormenores del acuerdo. Quienes siguieron ayer defendiendo su abstención en el Pleno del viernes fueron los concejales del PSOE, que insistieron en que el pacto no ha sido rubricado por ningún responsable autonómico, y que tampoco cuenta con informes favorables del secretario. Su secretario provincial, Miguel Ángel Heredia, que ofreció una rueda de prensa en Marbella, intentó eludir la cuestión e hizo hincapié en que la Junta apuesta por buscar "soluciones" para los vecinos y evitar las "confrontaciones" planteadas por el PP.
* Málaga Hoy - Adolfo Valenzuela - 29.07.2008
Foto: Pleno del viernes que aprobó conceder licencias a construcciones ilegales antes de aprobar el PGOU/ malagahoy.es
Manos Limpias diseñó una estrategia para que un imputado cobrara una comisión
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ELPAÍS/Reportaje* : Las grabaciones policiales del caso Totana, la trama de corrupción municipal en la que están imputados los dos últimos alcaldes del municipio murciano -Juan Morales y José Martínez Andreo, que se presentaron por el PP-, han dado también una pista para justificar la frenética actividad que mantiene en los juzgados como acusación de mil causas el pseudosindicato Manos Limpias.
Su secretario general, el que fuera líder de Fuerza Nueva, Miguel Bernad, aparece en las cintas poniendo su maquinaria de denuncias al servicio de los intereses de un comisionista implicado en la trama, Emiliano Ovide, un intermediario en compras de suelo. Las denuncias de Manos Limpias son utilizadas como medio de coacción por Ovide para conseguir el pago de comisiones.
La relación entre ambos se extiende, además, a otros municipios de España, donde las acusaciones judiciales de Bernad, que también tiene negocios inmobiliarios, favorecen a Ovide, según se le oye en las grabaciones. Es el caso de Ciempozuelos (Madrid). Allí Manos Limpias consiguió paralizar con sus denuncias el Plan General. La suspensión favoreció a Ovide, que, según sus palabras, se colocó "en primera línea" para construir vivienda protegida cuando se levantara la suspensión.
¿En cuántos municipios donde Bernad u Ovide poseen negocios inmobiliarios hay denuncias de Manos Limpias contra sus gestores urbanísticos? Bernad no ha contestado a este periódico, pero ambos listados por separado son amplios. La captación de tales evidencias arranca del verano de 2007. La Guardia Civil tiene pinchado el teléfono de Ovide a raíz de una denuncia por cobro de comisiones en Totana.
Ovide tiene la culpa de ser objeto de la investigación: en su afán de cobrar su comisión, reveló a la oposición de Totana que Inmonuar pagó sobornos para lograr un convenio. Su relato llegó a la fiscalía, que abrió una investigación. Sin saber que era grabado, Ovide puso en marcha su plan b para cobrar su comisión: presionar a Inmonuar a través de Manos Limpias. Este diario intentó recabar ayer sin éxito por teléfono y correo electrónico la versión de Bernad.
8 DE JUNIO DE 2007 "En primera línea de salida"
Ovide, tras hablar de proyectos inmobiliarios en Guadalajara y Arroyomolinos (Madrid), se jacta de que en Ciempozuelos (Madrid) está "en primera línea de salida" para construir vivienda de protección oficial en cuanto se desbloquee el plan general, paralizado por una denuncia de Manos Limpias que llevó a prisión a dos ex alcaldes del PSOE. Ironiza que "a Esprode [inmobiliaria perjudicada por dicha denuncia] no le vende ni en broma".
26 DE JULIO DE 2007 "Sacar lo que sea o negociar"
Bernad pide cita a Ovide en Madrid: "Es que tengo preparadas varias cosas de VPO y VPT (...) en Valladolid, en Villanubla (Valladolid), en Murcia, en Salamanca y en Burgos. ¿Te pueden encajar estos sitios?
Ovide: "Lo de Valladolid podemos mirarlo. ¿Lo de Murcia es en la ciudad?".
Bernad: "Sí, sí, en ciudad".
Ovide: "Acabo de estar con Ricardo y me decía que tenía en Murcia, y digo: a ver si va a ser lo mismo".
Bernad: "No, no tiene nada que ver, y luego también en Madrid y Daganzo. (...) Yo te voy preparando todos estos sitios y tú luego me dices, oye pues en este sitio me interesa, en este no, etcétera. (...) Y luego también preparamos el tema que tienes del alcalde ése".
Ovide: "¿Lo de Totana?".
Bernad: "Sí, y le metemos el cuerno ahí".
Ovide: "El alcalde es ahora diputado por Murcia. El tío se va a ir a Brasil porque tiene allí a su amante. Compró un tema en Salvador de Bahía, y como el plan general no se ha aprobado, tiene que estar aquí pendiente porque cobra tres millones de euros de cada plan que ha firmado".
Bernad: "Qué sinvergüenza".
Ovide: "Se va a ir el tío con una cantidad de 15 a 18 millones de euros para Brasil, así que imagínate, el rey del mambo".
Bernad: "Puag, pues en todo caso le preparamos la denuncia, que la firma el sindicato, ¿eh?".
Ovide: "Ya vemos la estrategia que conviene para paralizar su actuación o para que negocie, lo que sea. (...) Es una gestión que yo he hecho allí, con Inmonuar, que es un pelotazo, que ha hecho una opción de compra por dos millones que al aprobarse el plan, al venderlo, genera una plusvalía de 300 millones".
Bernad: "Pues nos metemos a fondo con ello si tú le puedes sacar lo que sea, o negociar".
1 DE AGOSTO DE 2007 "Bernad me tiene que explicar cómo está"
Ovide recibe una llamada de una clienta de Ciempozuelos, que le comenta que tiene algo junto a la Plaza Mayor. Ovide asegura que ya posee 200.000 metros cuadrados de VPO en dicho municipio y que no hará nada hasta hablar con Bernad, autor de una denuncia por corrupción urbanística, y que "le tiene que decir cómo está el tema".
3 DE SEPTIEMBRE DE 2007 "Tengo varias cosas de VPO para ofrecerte"
Bernad le pregunta cuándo se meten con el tema de Totana. Ovide pide tiempo porque aún no se ha aprobado el plan general, requisito para cobrar su comisión, pero acepta contárselo por encima. Bernad le replica: "Cuando quieras quedamos y nos metemos con ello, y luego tengo yo también varias cosas que me han llegado, para ofrecerte, de VPO".
Ovide: "¿Directa con el promotor?".
Bernad: "No, directamente con el promotor no, ya veríamos cómo lo encasillábamos. Pero me han llegado de varios sitios".
Luego le pregunta Bernad lo siguiente: "¿Te acuerdas de aquella gestión que se hizo, que no prosperó, que hacía falta esa cantidad de dinero?". A continuación le aclara que tiene un amigo que lo puede solventar.
25 DE SEPTIEMBRE DE 2007 "Tened cuidado por si os pilla a vosotros"
Emiliano Ovide se entrevista en una cafetería madrileña con Miguel Bernad "para diseñar una estrategia para conseguir cobrar su comisión". La cita fue espiada. Bernad le hizo ver a Ovide el riesgo de salpicarlo con su querella.
Bernad: "Por lo penal, tendréis que tener cuidado por si os pilla a vosotros... Que esto siga su curso y cuando vea que hay movimiento se va a poner en contacto... También podemos hacerle llegar al alcalde un adelanto y que se entere del tema de que tú te has puesto en contacto con Manos Limpias".
Ovide: "Es mucho dinero, y a mí lo que me interesa es cobrar".
7 DE SEPTIEMBRE DE 2007 "O se aviene a razones o le meten un hostiazo"
Ovide explica el plan a su abogado: "Bernad me ha dado autorización para meter el tema y ellos intervenir en el tema. O sea que el tema de Totana, en cuanto salga aprobado el plan, o se aviene a razones o le van a meter un hostiazo públicamente que lo van a hundir en Galicia. (...) Manos Limpias nos va a favorecer. A mí me ha dicho éste que en el momento en que no se avenga a razones como en el tema de Totana, directamente al fiscal, los faxes y los emails, con las cintas que le he grabado al antiguo alcalde y demás, directamente al fiscal. Como aprueben el plan general, lo que me corresponde ahí voy a cobrarlo. Que no lo cobro, a éste se le hunde, porque me dijo Bernad que aquí salimos todos en la prensa. Bernad me ha autorizado a dar su número de teléfono y demás de que ellos están en el tema, y desde luego están vinculados a que si Emiliano [Ovide] dice que hay que ir palante, palante con todo (...) O negocia y se le retira todo, o éste se cae con todo el equipo. Y ya deja de ser Manuel Núñez [dueño de Inmonuar]".
Alardea de que el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, "está temblando". "Sabe que algo va a pasar, lo que no sabe es que le va a llamar el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. Y dice, oiga, tenemos esto y esto, y por supuesto después de haber hablado con el presidente de Murcia, que es del PP. Y éste entra en Génova, que no es de los que se quedan fuera".
9 DE OCTUBRE DE 2007 "Ponerles nerviosos"
El 9 de octubre de 2007, Bernad y Ovide hablan de visitar Salamanca por un asunto. Mientras perfilan una querella, Bernad aconseja enviar una carta al Ayuntamiento para "ponerles nerviosos". El 22 de octubre, Ovide informa a Bernad de que ha recibido una llamada de un amigo suyo interesado en un suelo en Valdebebas (Madrid). Tres días más tarde, nuevo signo de intereses urbanísticos comunes entre Ovide y Bernad. El comisionista habla de un contrato sobre un asunto en Arroyomolinos (Madrid) por el que se pagará una comisión de un millón de euros. Y comenta que "va a ver a Miguel Bernad por un solar en Valdemoro (Madrid) para viviendas de protección". La conclusión de la Guardia Civil es clara: "Emiliano y Bernad tienen en común no solamente el asunto de la querella de Totana, sino que además intervienen juntos en temas inmobiliarios". Días después, Ovide confiesa: "El viernes estuve con el de Manos Limpias y me dijo que Esperanza Aguirre [presidenta de la Comunidad de Madrid] se había comprometido a que hasta que Ciempozuelos no salga del juzgado no mueven ni una paja, y que en principio cree que serán unos dos años". Días después, Bernad pide documentos a Ovide de las comisiones que le deben por sus operaciones.
A seis denuncias por mes
Manos Limpias presenta una media de seis denuncias al mes desde 1997. El listado de sus víctimas jurídicas, entre otros cientos, incluye al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; a jueces de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón o Juan del Olmo; al lehendakari, Juan José Ibarretxe, al fallecido editor y presidente del Grupo PRISA, Jesús de Polanco, y a decenas de miembros de consistorios y organismos diversos. Suman cientos sus denuncias, muchas de ellas derivadas de meros recortes de prensa. Imposible cuantificar objetivamente qué porcentaje son inadmitidas o archivadas, pero su éxito mediático es seguro. A veces se les vuelven en contra. Fueron denunciados por falsa denuncia en el 11-M.
Se llaman sindicato, pero nunca convocan huelgas, dada su exigua estructura, sino conferencias para detallar su último alarde judicial. ¿Qué les mueve? A tenor de su página web, la lucha sin hipotecas contra la corrupción. Pero en sus charlas grabadas, Emiliano Ovide, el comisionista protegido por el líder del sindicato, Miguel Bernad, y su aparente compañero de negocios, define de modo menos heroico la organización de su amigo: "Éstos de Manos Limpias son un grupo de abogados y tienen financiación del PP. Y vamos, igual que si yo hago una operación y les doy algo de dinero. Ellos son abogados y no les cuestan nada estos pleitos, es para pagar la secretaria y el local".
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 29/07/2008
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento noche - totana.es
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no autoriza un proyecto especulativo de la M-501
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MADRIDDIGITAL* : En octubre de 2005, una vez aprobado el desdoblamiento de la M-501, el Ayuntamiento de Aldea del Fresno aprobó recrecer un tramo del río Alberche para crear playas y zonas navegables. Este proyecto estaba relacionado con la construcción de urbanizaciones y campos de golf en zonas próximas. Ecologistas en Acción recurrió el proyecto y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo ha anulado, por no haberse sometido a evaluación ambiental.
Ecologistas en Acción mostró su “satisfacción por el triunfo legal contra el primer proyecto especulativo” que fue recurrido por esta organización, en la zona de la M-501. “Aunque la autovía, de momento, esté en funcionamiento intentaremos que la transformación urbanística asociada a ella sea la menor posible”, aseguraron los ambientalistas.
En octubre de 2005, una vez aprobado el desdoblamiento de la M-501 (julio de 2005) el Pleno del Ayuntamiento de Aldea del Fresno aprobó el proyecto denominado “Construcción y Ordenación de Playas y Zonas Deportivas en el río Alberche”. Este proyecto consistía en recrecer el río Alberche en un tramo de 1.284 metros de longitud, aguas arriba y aguas abajo del puente de La Pedrera para crear una lámina de agua, de entre 0,25 y 2 metros de profundidad, apta para el baño y la navegación.
Para ello se preveía la construcción de dos azudes (presas) de dos metros de altura y de anchura suficiente para empotrarse en las dos márgenes del río (entre 100 y 150 metros de anchura). De esta forma se conseguía la creación de playas y zonas estanciales en las dos márgenes del río. Para incrementar la profundidad del río y permitir la navegación a motor se autorizaba la extracción de hasta 175.000 metros cúbicos (367.500 toneladas) de grava del cauce del río. El proyecto incluía la construcción de puertos deportivos en el río.
Esta actuación estaba relacionada con la construcción de dos campos de golf y uno de prácticas en la finca El Rincón, aguas abajo de la zona de playas y una urbanización de 1.800 chalés de lujo, al otro lado del río, junto a la urbanización Carreta Quebrada.
El recrecimiento del río se pretendía hacer en una zona ambientalmente muy valiosa con presencia de nutria y dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). A pesar del fuerte impacto y lo injustificado de la actuación, el Ayuntamiento no sometió el proyecto a evaluación de impacto ambiental. Por esta razón, Ecologistas en Acción recurrió la aprobación.
La anulación
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la aprobación del proyecto. Aunque el mismo fue aprobado por primera vez en junio de 2002, no fue hasta octubre de 2005, tras la aprobación en el pleno, cuando se intentó ejecutar.
“Las presiones por sacar adelante el proyecto han sido muy grandes”, recuerda María Ángeles Nieto. “Ya en el año 2002, Eduardo Tamayo que en ese momento era Secretario de Medio Ambiente de la Federación Socialista Madrileña, partido al que pertenecía el alcalde, José Luis Fernández Tello, intentó pactar con Ecologistas en Acción para que no denunciase el proyecto”, agrega la portavoz.
Aunque Fernández Tello sigue siendo alcalde, fue expulsado del partido socialista por escándalos urbanísticos. Se da la circunstancia de que es el único municipio de la Comunidad de Madrid que perdió sus competencias urbanísticas, por los graves incumplimientos del ordenamiento territorial que cometió.
* Madrid Digital - Madrid, 29/07/08
Foto: Aldea del Fresno (Madrid), ayuntamiento - madriddigital.info
Cerca de 3.000 personas rechazan en Alcoy el proyecto del hotel en la Font Roja
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INFORMACIÓN/Alicante* : Cerca de 3.000 personas -unas 2.500, según la Policía, y más de 3.000, según la organización- se han concentrado esta tarde en la plaza de España de Alcoy para rechazar el proyecto de construcción de un hotel en el Parque Natural de la Font Roja.
El edificio hotelero, que se ubicará en una parcela de 2.028 metros cuadrados, albergará 50 habitaciones, áreas de hidroterapia y un albergue público, entre otros servicios, según confirmó la pasada semana el alcalde de la localidad, Jorge Sedano (PP).
La concentración, que ha comenzado sobre las 20,30 horas y ha durado aproximadamente un cuarto de hora, ha sido impulsada por el grupo ecologista alcoyano "La Carrasca-Ecologistas en Acción", cuyo portavoz, Carles Mansanet, ha afirmado a EFE que la protesta cuenta con el respaldo de 44 asociaciones locales.
"La Font Roja també és nostra. Hotel fora del parc natural" ha sido el lema de la pancarta principal que han desplegado los asistentes, entre los que estaban representantes del PSPV-PSOE, Bloc y EU.
Los participantes han desplegado también otras muchas pancartas y la actriz Rosana Espinós ha sido la encargada de leer el manifiesto en defensa del uso público del parque.
En declaraciones a EFE, Masanet ha asegurado que este proyecto es "insostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social", al margen de las "dificultades existentes" para acceder a la información del proyecto.
Asimismo, ha manifestado que el proyecto hotelero, contemplado sobre una zona de antiguos chalés, carece de una evaluación de impacto ambiental previo.
"No se pueden licitar unas obras sin estudiar cuáles son los perjuicios que su explotación puede ocasionar a la integridad del Parque Natural", ha manifestado Masanet.
Uno de estos "posibles problemas" radica en el sistema de abastecimiento de agua potable que tendrá el hotel, especialmente para dar servicio a las zonas termales.
"Hay ocho kilómetros de distancia entre la red urbana de agua y la zona donde se ha proyectado el hotel, al margen de que existe una cota de desnivel de 400 metros", ha añadido Masanet.
El paraje natural de la Font Roja, al norte de la provincia de Alicante, fue declarado Parque Natural en abril de 1987 y ha sido incluido, junto a la Sierra de Mariola, en el catálogo de zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y de lugares de Interés Comunitario (LIC).
La Junta de Gobierno del equipo de Gobierno de Alcoy aprobó el pasado mes de abril el proyecto de este hotel, cuya adjudicación fue resuelta a principios de este mes.
Sedano anunció el pasado 17 de julio que el futuro hotel estará finalizado dentro de dos años, "una vez se hayan superado todos los trámites administrativos y los informes técnicos" por parte de la Generalitat y del Ayuntamiento.
Sin embargo, la Colla "La Carrasca" ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges contra el Ayuntamiento por ocultar el pliego de condiciones del futuro hotel y por "el silencio" que mantiene a las alegaciones que el colectivo ecologista presentó contra el estudio de viabilidad del proyecto.
Por su parte, el PSPV y EU han propuesto, como alternativa, construir el hotel en unos terrenos situados a la entrada del parque natural.
* Información - EFE - 28 de julio de 2008
Foto: Alcoi (Alicante), puente - wikipedia.org
La Plataforma x Toledo acusa al alcalde de seguir utilizando la ciudad como un cortijo particular
SOITU* : En nota de prensa difundida ayer, la 'plataforma ciudadana toledana' denuncia la desprotección de los terrenos de Vega Baja II, adyacentes a los que están siendo objeto de control arqueológico. Reproducimos a continuación la nota de prensa...
El Alcalde sigue utilizando Toledo como un cortijo particular
Si mientras el Presidente Barreda se comprometía a "no urbanizar" Vega Baja II, Emiliano García-Page se reunía en secreto con Defensa para proponer un negocio en un área que le constaba "con servidumbres y protecciones patrimoniales" que impedían cualquier operación, es ahora cuando de nuevo nos sorprende negociando, también en secreto, con El Corte inglés.
Si ha tenido que ser el abogado de Izquierda Unida quien recuerde la imposibilidad de urbanizar "dentro de la ley", puesto que existe una sentencia en firme conocida por el Ayuntamiento, "las salidas y entradas para este centro comercial", en una zona lo suficientemente congestionada y sujeta a labores arqueológicas durante las próximas décadas, de nuevo la prepotencia de nuestro Alcalde juega a hipotecar el futuro de Toledo.
Estamos hartos de recordar como fue el PSOE municipal el que iniciaba la década de los 90 queriendo edificar en Vega Baja y como al menos al principio, el Partido popular se oponía. Al final de la década de todos es conocida la postura consensuada de ambas formaciones políticas.
Sirvan los siguientes datos para demostrar que la Junta de Comunidades, más allá de la palabra de su Presidente y el silencio "administrativo" del Director General de Patrimonio y Museos, ha colaborado en la intención del Alcalde de manejar Toledo como un "cortijo particular":
Hay que recordar el silencio de la Consejería de Cultura desde el año 2004 con respecto a Vega Baja, en la que la única consejería que ponía trabas a la hora de edificar sobre suelo "protegido" y "no urbanizable" era la de Vivienda y Urbanismo, como puede comprobarse en el escrito de 5 de octubre de 2004, donde el Consejero de Vivienda y Urbanismo, Alejandro Gil Díaz, se dirigía al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Toledo, José Manuel Molina, haciéndole saber que para poder tramitar el Plan de Ordenación Municipal de Toledo había que justificar el cambio de calificación de los suelos rústicos y crear la figura del "suelo rústico no urbanizable de protección cultural", cuestión que sigue sin resolverse.
Pero sería el 3 de diciembre de 2007, cuando en base a la "secreta intención" del Alcalde de Toledo, de adecuar Vega Baja II para aprovechamientos urbanísticos de todo tipo, incluido un centro comercial, la Plataforma X Toledo se dirigía al Director General de Patrimonio y Museos, pidiendo la documentación que acreditara que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el ejercicio de competencias que ya tenía entonces, exigiera un control arqueológico previo a las obras de construcción de la iglesia de San Ildefonso, cuando le constaban descubrimientos arqueológicos de máxima importancia en todo su entorno, incluso mosaicos romanos a pocos metros. Es evidente que el silencio administrativo en este caso señala a la Consejería de Cultura y que toda actuación en la antes llamada Vega Baja II conllevaría responsabilidades patrimoniales concretas de la Junta por dejación en sus funciones.
Tampoco hay que ser muy inteligente para darse cuenta de la intencionalidad del Alcalde de Toledo, al impedir con malas artes la intervención en el Pleno de 31 de enero de 2008, al responsable de la Plataforma X Toledo, en la que intentó que Izquierda Unida omitiera sus compromisos con los ciudadanos y votara a favor del "documento definitivo" del Plan de Ordenación Municipal y la "irregular segregación" de Vega Baja II en Santa Teresa I y II, confiriendo un uso urbanístico a un área parte de las protegidas desde que Toledo fue declarada monumento (conjunto histórico) el 9 de marzo de 1940 y refrendado por el tratado internacional que firmó UNESCO con el Gobierno de España en 1986, con motivo de la inclusión del "conjunto histórico" de Toledo en la lista de sitios del Patrimonio Mundial.
Esperamos como última oportunidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para cumplir con sus competencias y con la legalidad, comunique al Ayuntamiento la imposibilidad de ubicar ninguna construcción en Vega Baja II, tras lo que seremos nosotros quienes de nuevo instemos al Estado a recuperar las formas y restablecer la legalidad.
PLATAFORMA X TOLEDO
* SOITU.es - MANUTC - 27-07-2008
Foto: Toledo, ayuntamiento - flickr.com
La Sociedad Pública de Alquiler sólo alquiló el 14,1% de los pisos recibidos en el primer semestre
TERRA* : La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) registró la entrada de 15.012 viviendas hasta el mes de junio, pero sólo entregó las llaves de 2.127, un 14,1% del total, según cifras del organismo adscrito al Ministerio de Vivienda a los que tuvo acceso Europa Press.
Del total de viviendas entregadas, 2.904 fueron rechazadas antes incluso de su evaluación por no reunir las condiciones necesarias, al exceder, por ejemplo, las superficies mímimas o máximas requeridas o ser viviendas vacionales, ajenas a la finalidad de la SPA.
Asimismo, 10.430 viviendas recibieron la visita de un agente de la propiedad inmobiliaria y fueron evaluadas. De acuerdo con el proceso habitual, en este punto, unos inmuebles pasan a la reserva de viviendas disponibles para alquiler, mientras que el resto se acaban desechando por cuestiones como el desacuerdo económico entre los propietarios y la SPA o por impedimentos legales relacionados con la situación patrimonial de la vivienda (herencias, copropiedad, etc.).
Como resultado de este proceso, de las 15.012 viviendas iniciales, sólo 2.127 inmuebles fueron alquilados finalmente. Con todo, las viviendas entregadas hasta junio suponen un 20,3% más que en el mismo periodo de 2007, cuando se suscribieron 1.768 contratos de alquiler.
LA SPA HARÁ BALANCE EN 2010
Respecto al futuro de la SPA, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha anunciado que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) hará balance de sus resultados en 2010 y definirá sus prioridades a partir de esa fecha, con lo que la entidad seguirá abierta pese a las duras críticas que viene cosechando hasta la fecha.
El plazo de duración inicialmente previsto para la SPA es de diez años, a partir de su creación en 2005, con lo que en 2010 se llegará al ecuador de la vida del órgano adscrito al Ministerio de Vivienda.
* Terra Actualidad - Europa Press - 28.07.2008
Foto: Se alquila, cartel - ladrillos
La contaminación de origen urbano aumenta un 26% en el litoral andaluz
MÁLAGAHOY* : La falta de depuración de aguas residuales y la consiguiente carga contaminante de origen urbano que llega al mar sigue siendo uno de los "problemas ambientales más importantes" a los que hacer frente en Andalucía. Según el informe de la Consejería de Medio Ambiente de 2007, el nivel de vertidos urbanos en el litoral incrementó a lo largo de 2006 en un 26%, pero, lo que es más grave, un 35% de ellos carecían de autorización.
De las 588.866 de unidades de contaminación -toneladas al año de sólidos en sus pensión, materia orgánica, nitratos y fosfatos- que se registraron en la costa, 209.015 se vertieron de forma irregular, una responsabilidad que recae directamente sobre los ayuntamientos.
Pese a que el dato de vertidos sin autorización sigue siendo alto, para la Consejería es un avance en términos generales, ya que en 2005 el nivel era del 46%, aunque hay provincias en las que aún queda mucho por hacer. Sin ir más lejos, Cádiz está a la cabeza en los vertidos urbanos sin control, con un volumen de 116.964 unidades de contaminación, frente a las 35.199 que sí tiene autorizadas. Este dato arroja una tasa del 75% de vertidos sin autorizar, que dista mucho del resto de provincias, ya que la siguiente en vertidos desautorizados es Huelva con sólo un 30%, mientras Almería, Málaga y Sevilla están por debajo del 25% y Granada bate el récord al tener todos sus vertidos autorizados.
En la evolución por provincias, la Consejería no detecta variaciones importantes, salvo la disminución en Granada y Sevilla y el aumento en Málaga y Almería, justificado en la carga de población estacional que soportan, sobre todo, en el periodo estival, y que está muy por encima de la capacidad real de sus depuradoras.
En función de los aportes de toneladas de los vertidos analizados -materia orgánica, nitrógeno, fósforo y sólidos disueltos-, son los valores relativos a materia orgánica los más importantes en todas las provincias, en concreto, en las de mayor densidad de núcleos urbanos como Cádiz, Málaga y Sevilla, y en las que no está bien resuelta la depuración de aguas residuales como Almería, Cádiz y Huelva.
Frente a la dejación o incapacidad municipal, está la responsabilidad del sector industrial, que en el pasado ejercicio rebajó la tasa de vertidos en un 32% respecto al año 2002, consolidando así una tendencia inaugurada hace cuatro años. Según recoge este informe, lo más notorio es que sólo un 1% de la carga contaminante de efluentes industriales careció de autorización, mientras en el año 2005 esa tasa era del 11%.
Al contrario de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, ha sido el litoral atlántico el que de manera más evidente ha reducido el volumen de sus vertidos industriales, llegándose a recortar en un 30% respecto al año 2002, lo que ha venido propiciado por la disminución en un 63% los vertidos de metales, en su mayoría procedentes del Polo Químico de Huelva. Para la Consejería lo más destacado de 2006 fue la evolución positiva de las industrias que siempre presentan los peores valores, como la papelera y metalurgia -litoral atlántico- y la farmacéutica -litoral mediterráneo.
* Málaga Hoy - Charo Solís / SEVILLA - 28.07.2008
Foto: Andalucía, contaminación litoral - malagahoy.es
Costas pone fin a la ocupación ilegal de la isla de Benidorm
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ELPAÍS/Alicante* : La Dirección General de Costas culminará el próximo año su intervención sobre la Isla de Benidorm para su restauración medioambiental e incorporación al Parque Natural de Serra Gelada, del que forma parte, según confirmó el jefe provincial del departamento, Vicente Martínez.
Por un lado, pretende demoler la construcción que alberga un restaurante sin autorización, y por otro invertirá 135.000 euros en la reforma de la senda que atraviesa la roca y construirá un mirador en la cima. La isla es una Zona de Especial Protección, con presencia de especies como el cormorán moñudo y la gaviota audouin. Los ecologistas consideran que el excesivo tráfico de personas daña el ecosistema.
Un empresario local, José Cervera Rodríguez, explota desde 1968 un restaurante en la zona, al que lleva a los turistas desde el puerto de Benidorm a través del servicio de excursiones marítimas, con una firma también de su propiedad. La parte más farragosa de la tramitación para poder derribar el restaurante se desarrolló hace casi tres años, en octubre de 2005. El entonces director general de Costas, José Fernández Pérez, aprobó un nuevo deslinde y ordenó al Servicio de Costas de Alicante que rectificara "las situaciones jurídicas registrales contradictorias", según la orden ministerial, es decir, el derribo, que no llegó a realizarse en aquel momento debido a la polémica que suscitó la iniciativa. La inclusión de la isla en el dominio público provocó automáticamente la declaración de posesión y titularidad a favor del Estado de toda la finca, lo que negaba sistemáticamente el Consistorio, con mayoría del PP. Para Cervera, que desconocía la intención de Costas, "la cuestión quedó zanjada con un acuerdo entre todas las partes". El empresario alega que él paga un canon anual al Ayuntamiento por utilizar las instalaciones y dispone de todas las licencias, algo de lo que ni en Aperturas ni en Secretaría tienen constancia.
La gota que ha colmado el vaso para que Costas lleve a cabo la actuación ha sido la colocación de una plataforma de 50 metros cuadrados amarrada junto al embarcadero. La instalación flotante carece de permisos. Cervera alega que le ha autorizado el Ayuntamiento, lo que han negado a este periódico varias fuentes municipales. El empresario Cervera dice que el único fin de la plataforma es "facilitar el baño" a los turistas, debido al difícil acceso al agua desde las rocas.
+ ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 28/07/2008
Foto: Benidorm (Alicante), isla - flickr.com
¿Y si volvemos al tren?
ELPAÍS/Reportaje* : España no tiene petróleo, pero lo disimula bien. Funciona como si los carburantes no fueran un bien escaso y como si los precios del petróleo no se hubieran duplicado en el último año. Y funciona como si las carreteras y las autovías fueran la única forma de trasladar personas o mercancías de un punto a otro del país. Como si no se hubiera inventado el ferrocarril, como si la inversión en infraestructuras sólo luciera, social y políticamente, en forma de cintas de asfalto.
Aparentemente, el Gobierno ha caído en la cuenta. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el discurso pronunciado en junio ante el Consejo Económico y Social (CES), adelantó su propósito de remediar la situación. "En el sector del transporte", dijo Rodríguez Zapatero, "impulsaremos el transporte de mercancías por ferrocarril y, con este propósito, antes de tres meses regularemos la separación de la actividad de mercancías de Renfe Operadora, creando una sociedad independiente y liberalizando la prestación de servicios auxiliares al transporte ferroviario". El anuncio ha provocado reacciones airadas. El sindicato CC OO, por ejemplo, se opone a la separación jurídica del área de mercancías en Renfe y la considera un paso más en el desmantelamiento de la empresa pública. Pero ese es otro debate.
Lógicamente, simular que se tiene lo que realmente no se tiene, petróleo en este caso, tiene su precio. La factura petrolera, que este año, si el petróleo se mantiene en precios de 140 dólares el barril, puede rondar los 47.000 millones de euros, en torno al 4% de la riqueza producida en un año, crece a tal ritmo que empieza a parecer insostenible. De hecho, el transporte será, previsiblemente, uno de los sectores en los que se centrarán los nuevos planes de ahorro y eficiencia energética que el Ministerio de Industria quiere anunciar mañana.
Porque lo planeado hasta ahora (Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2007-2012) no es suficiente. Las importaciones de petróleo, unos 400 millones de barriles al año, convierten a España en el octavo importador mundial de crudo. Un dudoso puesto de honor en la clasificación de los menos previsores. Y los objetivos de ahorro, cuando la factura se ha encarecido en los últimos meses en 16.000 millones de euros, deben ser más ambiciosos.
Claro que ahorrar no es fácil. El 70% de las importaciones de petróleo se destina al transporte. Y de forma destacada al transporte de mercancías. Hasta tal punto, que el sector del transporte es el que más energía final consume en España, por delante de la industria. Según los expertos y el propio Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) este hecho supone una anomalía en el conjunto de la UE. Y es especialmente relevante porque el transporte origina más de un tercio aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que además crecen de forma exponencial.
Aunque no es un fenómeno sólo de España, la cuestión del crecimiento del transporte, y de cómo se afronta, sí se nota más al sur de los Pirineos. Según un estudio de la Universidad alemana de Karlsruhe (año 2004), el volumen del transporte en Europa se ha más que duplicado desde el año 1970. Con un precio muy elevado. De acuerdo con el citado estudio, que valoraba la situación en una UE de 15 países, más Suiza y Noruega, el coste total que el conjunto de los modos de transporte suponían para los 17 países considerados era de una media del 7,3% del producto interior bruto (PIB). En el caso de España, el coste se disparaba en un 30% respecto de la media y rondaba el 10% (9,56% del PIB).
Las causas de tal peculiaridad española también se enumeraban en el estudio: una mezcla del mayor peso en el país del transporte por carretera frente al ferrocarril, junto a condiciones geográficas y de modelo poblacional con un gran núcleo centralizado en Madrid. Los menores costes, siempre de acuerdo con el estudio de la universidad alemana, se daban en Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra y Holanda, países donde el peso del ferrocarril es mayor.
El estudio alemán ponía ya entonces el dedo en una llaga que no ha hecho sino agravarse en España en los últimos años por el olvido del ferrocarril frente a otros modos de transporte y, en especial, frente a la carretera. Algunos datos ilustran ese olvido. En 1970, el ferrocarril tenía una cuota de mercado en el transporte de mercancías del 11,8% frente al 59% de la carretera. En 2004, las cifras habían cambiado. El ferrocarril había perdido cuota, hasta el 2,6%, mientras la carretera había aumentado la suya hasta el 86,1%. En 2002, sólo Grecia superaba a España en la escasa utilización del ferrocarril como medio de transporte de mercancías.
La pérdida progresiva del mercado del tren frente a la carretera, que ahora se intenta paliar, se explica por un conjunto de circunstancias. Entre ellas, la focalización de las inversiones hacia la alta velocidad y el dinamismo del sector del transporte por carretera, que en los últimos años se ha revelado eficiente, flexible y con precios bajos. Aunque las bases del boom del transporte por carretera hayan sido también la competencia feroz y la subcontratación brutal. Según las estadísticas del Ministerio de Fomento, por las carreteras circulan 5,1 millones de camiones y furgonetas y 61.000 autobuses. De ellos, 573.000 -los únicos que precisan licencia- están habilitados para transportar mercancías por encima de 3,5 toneladas.
Si a los precios atractivos del transporte por camión se une, además, un acceso deficiente del ferrocarril a los puertos -en un país en el que más del 50% de las importaciones llegan por vía marítima- y a las instalaciones industriales, se comprende la agonía del ferrocarril. Puertos fundamentales (los más importantes son Barcelona, Valencia y Algeciras) que en algún momento de la historia tenían vías de ferrocarril hasta los muelles son hoy puro asfalto. Una cuestión difícil de solucionar.
España tiene, además, problemas añadidos. Los trenes de mercancías en Europa -sin llegar a las dimensiones de los de Estados Unidos- son pesados (de 1.000 a 2.000 toneladas), largos (hasta más de 700 metros), lentos (18 kilómetros-hora de media) e impuntuales. En España, con cuotas de mercado ínfimas, los trenes se enfrentan al problema de dimensiones de andenes y apartaderos (cortos) y a velocidades ínfimas, de en torno a 12 kilómetros por hora de media. La pesadilla de cualquier encargado de logística.
Es cierto que se intenta poner remedio y que el futuro pasa por la mejora del transporte ferroviario. Pero queda mucho por hacer. El Plan Estratégico de Infraestructuras (PEIT) 2005-2020 apuesta por el ferrocarril. De los 241.400 millones de euros de inversión prevista, el 50% aproximadamente se destina al desarrollo del ferrocarril y "sólo" el 27% a la carretera. Aunque dentro del plan hay un cambio importante. Si hasta 2004 la inversión ferroviaria estaba centrada en la alta velocidad, ahora se tiene en cuenta también el transporte de mercancías.
La red ferroviaria española cuenta con 13.700 kilómetros de vías, de los cuales, unos 1.600 kilómetros son de altas prestaciones. Ahora se trata de aprovechar más las vías convencionales para transportar mercancías y abrir también la posibilidad de usar las líneas de altas prestaciones para trasladar productos de un punto a otro.
"El ferrocarril ha demostrado su gran capacidad para transferir viajeros y mercancías de un modo de transporte a otro", asegura el gerente de Medio Ambiente de Renfe, Santos Núñez. El ejemplo es la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que registra una alta ocupación y ha "robado" clientes al puente aéreo. "La línea", asegura Núñez, "ahorrará al año unas emisiones de gases de efecto invernadero de 200.000 toneladas". El equivalente a las emisiones de una ciudad como Zaragoza.
El secretario de la Federación de Transportes de UGT, Miguel Ángel Cillero, también ha mostrado públicamente la apuesta del sindicato por el ferrocarril. "En la red convencional van quedando surcos vacíos por la alta velocidad que se pueden aprovechar con un buen mantenimiento", señaló en un acto celebrado en Andalucía hace unos meses. Se trata, dijo, de potenciar el transporte de mercancías por tren, lo que también "puede servir para reducir el impacto medioambiental del sector productivo que tiene el mayor consumo energético y emite más gases de efecto invernadero en el país".
Y es que el ferrocarril, en un momento de carestía del petróleo y de preocupación por el medio ambiente, es un modo de transporte comparativamente limpio. El sector ferroviario es menos contaminante porq ue utiliza para su funcionamiento un 72% electricidad y sólo el 28% de diésel. El 90% de la energía que consume la destina a la tracción de los trenes y está en condiciones de hacer esfuerzos adicionales. Por ejemplo, Renfe, que consume al año dos teravatios-hora de electricidad y alrededor de 100 millones de litros de gasóleo, se ha comprometido a reducir el consumo energético en un 9,1% para el año 2009. El objetivo es el mismo que el Plan de Ahorro y Eficiencia en vigor establece para el conjunto del sector del transporte, pero tres años antes.
Como, según se supone, se avecinan tiempos mejores para el transporte de mercancías por ferrocarril, Renfe parece decidida a prepararse. La compañía ha invertido 237 millones de euros en 100 nuevas locomotoras eléctricas que permitirán dar un salto cualitativo muy importante en fiabilidad y capacidad de tracción. Las primeras unidades estarán listas después del verano. Paralelamente, continúa el proceso de transformación de las 28 últimas locomotoras diésel de un total de 91 que permitirá aumentar sus prestaciones. En cuanto a recursos de carga, Renfe ha decidido aumentar la inversión en nuevos vagones hasta alcanzar 72 millones de euros. A los 288 que ya se encuentran en proceso de fabricación (100 porta-automóviles, 78 tolvas, 60 vagones cisterna y 50 vagones plataforma) se sumarán aproximadamente otros 200 vagones cuyas características está terminando de configurar la compañía.
Industria, como coordinador de la media docena de ministerios que deben proponer medidas de ahorro efectivas, no lo tiene fácil. Para lograr ahorros significativos en el sector del transporte se precisan medidas regulatorias, medidas de gestión y mejora de las infraestructuras. Un reto.
* ELPAIS.com - SANTIAGO CARCAR 28/07/2008
Foto: Imagen de la estación de Múnich- REUTERS
Sevilla: El problema de la vivienda
JOSÉ RAMÓN MORENO Y FÉLIX DE LA IGLESIA* : Que las grandes promociones de viviendas hayan terminado por construir un territorio con grandes carencias (no hay más que recorrer las periferias o pasear por algunos barrios de nuestras ciudades, veranear en el litoral, mirar hacia poniente desde Sevilla viendo el nuevo perfil dibujado sobre la cornisa del Aljarafe o simplemente tratar de bajar de cualquiera de sus urbanizaciones en hora punta) es un problema que debe de ser analizado y contestado desde la búsqueda de una nueva habitabilidad y cultura urbana.
Éste que se conoce como el problema de la vivienda es un lugar frecuentemente visitado desde hace dos siglos por la sociología, la política, la arquitectura, la literatura, la pintura o por cualquiera preocupado por una mejora de las condiciones de vida de la población occidental. Semejante romería ha terminado por decantar una mentalidad que residencia en el acceso, el disfrute y la cualificación de la vivienda, buena parte de la habitabilidad de nuestro entorno. Desde los reformistas ilustrados al Estado del Bienestar, cualquier proyecto transformador o revolucionario ha situado en la solución del problema de la vivienda sus esperanzas de una sociedad mejor.
En la actualidad, una mirada a nuestro entorno nos dice que esa certeza debe ser revisada. En primer lugar, porque la vivienda, como cualquier otro objeto de consumo, ha sido incluida en una lógica de producción cuyo objetivo principal es el financiero; en segundo lugar, porque su extensión sobre el territorio, como consecuencia de la necesidad del abaratamiento de sus costos, ha hecho que el suelo se convierta en un valor negociable desde la estricta lógica económica y, en tercer lugar, porque los hábitos de vida se han desplazado de su estricta residencia en la fábrica o en el domicilio, a una extensa red de localizaciones cuyas condiciones de habitabilidad compiten con las de la vivienda.
La oportunidad que surge ahora, sobrevenida en buena medida por el frenazo inmobiliario, de reparar los daños colaterales producidos por el último desarrollo urbanístico, algunos ya irreversibles, es grande y la responsabilidad de todos los agentes, también de los usuarios, máxima. Nos vale el ejemplo del Aljarafe sevillano.
Sin embargo, el que -como se ha anunciado días atrás- los Jardines de Forestier de Castilleja de Guzmán se quieran proteger en un entorno más amplio, con un PGOU listo para aprobarse que no renuncia a la ecovilla ni al complejo hotelero, o que la A-49 se vaya a ampliar con tres carriles en cada sentido hasta Benacazón para dar cabida a los casi 165.000 vehículos censados en estas poblaciones, no son sino aliños o actuaciones de emergencia para una situación de saturación insostenible. Si esto tiene que ver con aquel imaginario aún reciente del Aljarafe como entorno saludable o con la manera en la que deseamos vivir, arrullados por los vientos del bienestar económico y social, apañados estamos. Sí puede llegar a ser sustancial para un cambio de rumbo que cree nuevas inercias en la producción el reciente anuncio de adquisición de suelo privado para la construcción de viviendas protegidas, hecho tanto desde el Ministerio de Vivienda (300 millones de euros) como desde la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía (150 millones). Ello, con unos criterios de selección que, favoreciendo a municipios que carecen de suelo público, tienen mayor demanda ciudadana o forman parte, como los del Aljarafe, de grandes áreas metropolitanas, se dirigen a los suelos susceptibles de transformación inmediata -los urbanizables sin problemas de movilidad y conexión con los núcleos urbanos existentes-, arbitrando medidas para adaptar sus planeamientos a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) o sufragando la urbanización de esos terrenos.
Ahora bien, pensamos que debería ser no sólo una medida encaminada a lograr la construcción del número de VPO que establece el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-12 o a la reactivación de la economía andaluza, que no es poco, sino que además tendría que permitir tanto el desarrollo de nuevos modos de ocupación del territorio compatibles con criterios de sostenibilidad como la instalación de modelos de viviendas más comprometidos con sus futuros moradores. Una nueva urbanidad y vivienda para una sociedad que requiere de información, ensayos y especialistas que, contando con la participación ciudadana y la puesta en valor de lo que de bueno aún nos queda, sea capaz de ofrecerse en muy corto espacio de tiempo tan ilusionante para los usuarios como atractiva para un mercado inmobiliario más sostenible.
Tener un inventario de los terrenos susceptibles de ser adquiridos para su construcción, localizarlos en un mapa de posibles recursos donde lanzar estrategias coherentes y consecuentes con esta mentalidad, compartir las decisiones de manera participada con los ciudadanos, posiblemente nos descubriera las oportunidades de un extraordinario territorio aún disponible para la vida y de otros modelos de habitación, ya ensayados en otras latitudes, de tremenda eficacia.
* Diario de Sevilla - 28.07.2008
El Pocero contra Izquierda Unida
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ELPAÍS/Toledo* : Haberse enfrentado a Francisco Hernando, El Pocero, puede salirle caro a Izquierda Unida. El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, y otros cuatro concejales de ese partido tienen hasta mañana para reunir 133.333 euros y pagar una fianza por una denuncia admitida a trámite en la que el constructor les acusa de calumnias.
El regidor de Seseña es uno de los abanderados contra la mega urbanización que el empresario levantó en un secarral del municipio toledano. Y ha visto cómo se le viene encima toda la maquinaria jurídica del empresario de los yates de lujo y los aviones privados. Hernando ha interpuesto seis querellas contra él.
Los cinco concejales de Izquierda Unida sólo han tenido una semana para recoger dinero. La juez que instruye el caso dio siete días de plazo el pasado martes para que pagase la cantidad que solicita. En ese momento, IU puso en marcha una colecta para recaudarlo. Ayer ya llevaban cerca de 90.000 euros.
El coordinador de IU en Castilla-La Mancha, Cayo Lara, ha sido uno de los responsables de la colecta. El mismo martes abrió una cuenta bancaria en la Caja de Castilla-La Mancha para hacer los ingresos, y pronto la cantidad se fue multiplicando. "Estamos recibiendo aportaciones de todas partes de España, no sólo de Seseña. La mayoría pone pequeñas cantidades: 50 o 100 euros. Algunos llegan a los 1.000", cuenta Lara. Todo el dinero será reembolsado a los colaboradores si ganan el juicio.
Fuentes, el alcalde, se emociona al ver el éxito de la campaña: "Sé que hay mucha gente que no llega a final de mes y que ha hecho un esfuerzo porque sabe que la situación no es justa". Ayer estuvo comiendo con sus compañeros de partido y comentaban cómo afrontar este proceso. No está nervioso, pero sí admite que la situación no es cómoda. "Queremos que termine ya y estamos convencidos de que saldremos adelante, porque no hemos hecho nada y tenemos el apoyo del pueblo de Seseña".
¿Qué tipo de calumnias han proferido Fuentes y sus concejales para tener que pagar semejante indemnización? Según explica el regidor, ninguna: "La querella se refiere a un artículo que salió en el boletín de Izquierda Unida de la localidad titulado El rey del ladrillo. No está firmado y no pertenece al ayuntamiento ni al grupo municipal, sino a IU de Seseña. Pero a mí nada me extraña, también me denunció por una rueda de prensa en la que yo no estaba".
El artículo habla sobre supuestas barbaridades urbanísticas de Hernando en Seseña y de la laxitud de algunos políticos con él. "Pero ese escrito no es realmente el problema", cuenta Fuentes. "Lo que pasa es que desde que le denunciamos ante la Fiscalía Anticorrupción, no para de querellarse contra mí y contra algunos concejales para amedrentarnos. Pero nosotros no nos achantamos", afirma.
Esta denuncia es la que ha llegado más lejos. De las seis que ha puesto Hernando contra Fuentes, tres han sido archivadas y las otras se siguen procesando. Si no logran recolectar los 133.333 euros mañana, la juez puede embargar bienes de los concejales. Pero IU ya ha previsto esto y, durante la semana de recaudación de fondos ha estado haciendo también avales de algunas propiedades para evitar que se eche mano del patrimonio de los denunciados. Hoy mismo tienen intención de presentarlas ante el juez para poder maniobrar hasta mañana si hay algún contratiempo.
* ELPAIS.com - PABLO LINDE - Madrid - 28/07/2008
Foto: Seseña (Toledo), urbanización de El Pocero - EFE
Palacio Social Okupado Malaya
NODO50/Madrid* : El Palacio Social Okupado Malaya es un espacio expropiado a los especuladores en pleno centro de Madrid, precisamente allí donde el metro cuadrado de vivienda vale lo que muchos de nosotros no llegaremos ganar en nuestra vida de precariedad y explotación. Ha sido reapropiado para el barrio, para vecin@s, para colectivos y para los movimientos sociales madrileños. Puedes encontrar a su gente en la calle Atocha nº 49.
Si quieres colaborar puedes pasarte cualquier día por el edificio o escribir a atocha49 arroba riseup.net En su web encontrarás información actualizada sobre este espacio liberado.
Invitación a colectivos y asociaciones a participar en el Palacio Social Okupado Malaya
Desde la Asamblea del Palacio Social Okupado Malaya de la calle Atocha 49, queremos transmitir nuestro deseo de incluir nuevos proyectos dentro de este nuevo espacio liberado. Cómo muchxs sabeis, nos encontramos en un edificio de enormes dimensiones en el centro de Madrid, por lo que tenemos una oportunidad inmejorable para poder crecer en nuestra lucha contra el capitalismo, la injusticia, y por la autogestión de nuestras vidas, con nuevos proyectos y colectivos que necesiten de un espacio dónde trabajar.
La intención de nuestra Asamblea es, por un lado, ofrecer esta plataforma física a los movimientos sociales de Madrid para que desde ella puedan ofrecer su aportación a crear un barrio, una ciudad, y un mundo más justo y más humano, y por otro, crear un vínculo entre los colectivos que utilicen el espacio para gestionarlo, coordinarnos y construir iniciativas conjuntas de los que formamos el centro.
En definitiva nos gustaría compartir el edificio con todos los movimientos sociales autónomos y asamblearios de la ciudad, pero no quedarnos en lo superficial, sino crear un conjunto de personas y grupos que trabajan en diferentes proyectos dirigidos a un fin común, tomando la responsabilidad de lo que supone la gestión de un centro social okupado entre todxs por igual.
Tras un duro periodo de rehabilitación en el edificio, nos disponemos a inaugurar el 4 y 6 de Julio, para abrirnos por fin al barrio y los movimientos autogestionarios de la ciudad.
Las asambleas de gestión son los Jueves a las 20:00, dónde trataremos los temas de coordinación y necesidades logísticas. Sin más, os invitamos a participar activa y permanentemente del centro social, que esperamos sea un punto de encuentro de multitud de iniciativas que necesiten un espacio, y busquen compartir sus inquietudes con personas y colectivos que van en el mismo rumbo.
La Asamblea de Gestión del Palacio Social Okupado Malaya.
Carta para l@s vecinos, colectivos y asociaciones del barrio
Muy buenas, este texto se ha escrito a modo de presentación, de declaración de intenciones y de invitación para que conozcáis un nuevo espacio social que está empezando a abrir sus puertas: el Palacio Social Okupado y Autogestionado "Malaya", en la C/Atocha, 49 ( Antón Martín).
Se llama Malaya porque pertenece a uno de los principales imputados de la "Operación Malaya”, el escándalo de corrupción urbanística mas importante de los últimos años. Esta persona, Pedro Román, ha sido condenada y ahora mismo está en libertad bajo fianza de 300.000 euros. Fue el teniente alcalde de Marbella, y se ha hecho multillonario, amasando fortunas a base del negocio del ladrillo, la recalificación y la especulación inmobiliaria.
Se llama Palacio Social porque el edificio es una construcción de 1862, de 4500 m2, en la que vivía la alta burguesía hasta hace unos años (junto con el numeroso servicio que habitaba los entresuelos y viviendas secundarias). Ahora pretende ser de uso colectivo, pretende ser del barrio y de los movimientos sociales.
Este edificio llevaba vacío 15 años, y , como no consideramos que éste sea un uso legítimo, un grupo de personas, reunidas en asamblea, hemos decidido expropiarlo y abrir en él un espacio social, con la intención de que el barrio lo haga suyo, lo utilice y lo disfrute.
Hemos dado el paso de abrir este espacio para que tod@s podamos tener un lugar en el que encontrarnos, en el que poder reunirnos, organizar actividades y proyectos, y, desde abajo, desde la base, ver qué pasa en nuestro barrio y en la ciudad.
Ver qué queremos y qué no queremos. Identificar los problemas y entre tod@s, buscar soluciones, decidir. Nuestra voz, al hacerse colectiva, deja de ser muda y empieza a coger fuerza.
Vemos necesario defender los barrios del acoso y derribo al que se están viendo sometidos, luchando contra la especulación urbanística y contra el mobbing inmobiliario, que va vaciando los edificios de vecin@s que son poco rentables para convertirlos en hoteles, viviendas de lujo... todo para que se enriquezcan las inmobiliarias y l@s propietari@s, que van cambiando nuestro barrio a su antojo. Sin que nuestra opinión pinte nada en todo esto.
También vemos necesario empezar a organizar una respuesta a las continuas redadas policiales que se están llevando de Lavapiés a decenas de vecin@s a Centros de Internamiento para Inmigrantes, por el hecho de no tener "papeles". Nosotr@s decimos que nuestro barrio no es una aduana, y que la libre circulación de las personas por el mundo es un derecho fundamental.
Sobre todo, vemos necesario defendernos de la soberbia, que tanto le sobra a la clase política y empresarial, y de la imposición, de no poder hacer nada por intentar cambiar todo esto.
Aquí tenemos un espacio, con voluntad de ser utilizado para todo esto, con intención de que lo hagáis vuestro.
La Asamblea de Gestión del Palacio Social Okupado Malaya.
::Fuente de la info: www.malaya49.org
* Nodo 50 - Sábado 26 de julio de 2008
Foto: Madrid, Palacio Social Okupado Malaya - nodo50.org
Alicante: La Ley de Costas cumple 20 años sin alcanzar su objetivo en la provincia
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INFORMACIóN* : Mañana, lunes, se cumple el 20 aniversario de la Ley de Costas, una normativa que nació como respuesta a la gran presión urbanística en el litoral debido a que España ya era en 1988 "uno de los países del mundo donde la costa, en el aspecto de conservación del medio, esta más gravemente amenazada". Así lo reflejaba la propia ley en su exposición de motivos, donde se argumentaba que había llegado el momento "de poner fin a su grave y progresivo deterioro y a las alteraciones irreversibles de su equilibrio".
Pero dos décadas después se ha demostrado, al menos en esta provincia, que el texto legal resulta totalmente insuficiente para frenar las construcciones costeras y, además, ha creado un futuro incierto para los propietarios de miles de viviendas que se vieron afectadas por los deslindes. Es más, el aniversario se ha visto empañado por la decisión de Bruselas de investigar la aplicación de la ley, a petición de la Plataforma Nacional de Afectados que preside José Ortega
Son muchos los edificios que se han levantado por toda la costa durante estas dos décadas, sobre todo en los últimos años. Por el contrario, sólo se han derribado unos cuantos edificios y sí se ha generado una gran inseguridad jurídica a quienes ya tenían una casa junto al mar.
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas apuntaba que el "doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza con extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca".
Mientras la Dirección de Costas ha declinado realizar una valoración de la aplicación de la ley en la provincia, Pablo Sánchez Jerez, profesor de Biología Marina en la Universidad de Alicante, y miembro de Ecologistas en Acción, explica que "la filosofía de la ley está muy bien pero, al no haberla asumido los municipios, el efecto ha sido muy pequeño". Según explica, "al depender la ocupación del litoral de los planes generales ha dado lugar a que se hayan levantado urbanizaciones de forma legal". En cambio, explica, la ley "sí está afectando a construcciones antiguas que la incumplen. Se está pagando con ellos su aplicación mientras las grandes constructoras siguen edificando, lo cual no deja de ser una aberración".
Sánchez Jerez opina que la mayoría de los ayuntamientos no apuestan por proteger el litoral. Sólo en alguna localidad como Dénia o Xàbia se ha intentado preservar la ribera, pero la mayoría de los planes generales tramitados -como El Campello, Santa Pola o La Vila- favorecen la construcción. Y esto con el beneplácito de la Generalitat.
El presidente de la Plataforma Nacional de Afectados denuncia que la aplicación de la ley "mantiene en una situación de indefinición, en el limbo jurídico" a 800 propietarios de los Arenales del Sol desde hace 11 años. "Costas está dando mucha prisa en deslindar, pero cuando tramita las operaciones debe regularizar las situaciones patrimoniales y no lo hace". En su opinión, "las líneas se fijan de forma arbitraria" ocupando en ocasiones viviendas pero no viales y, por ejemplo, a pesar de que el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado que se desafecten los terrenos de Rocafel, "se está tramitando un nuevo deslinde que mantiene el anterior", dejando fuera de ordenación parte de estos edificios.
ALICANTE
El contraste entre Cala Cantalar y Rocafel
Mientras los vecinos de Rocafel ven sus futuro inseguro, en cambio cerca de allí, en Cala Cantalar, se han construido viviendas y se ha urbanizado un paseo de forma legal a pocos metros del mar por arte y gracia del PGOU de 1987, que lo calificó como suelo urbanizable. También Alicante del antiguo hotel El Cabo sólo queda su estructura ya que la ley de Costas impide autorizar su reconstrucción. Y en Tabarca los nuevos bungalows enfrentaron años atrás al Gobierno central con la Generalitat y el Ayuntamiento porque una vivienda invadía incluso la servidumbre de paso. Actualmente la vivienda sigue estando al pie del acantilado.
ELCHE
Ochocientos afectados en Arenales del Sol
En la playa ilicitana de Arenales del Sol, cerca de 800 viviendas situadas en primera línea están afectadas por el deslinde marítimo terrestre surgido tras la Ley de Costas. Los propietarios de unos inmuebles vieron como, tras el deslinde, ocupaban unas viviendas que tienen una concesión de 30 años, prorrogable a otros 30. Iniciaron desde ese momento una batalla legal en los tribunales para intentar anular ese deslinde y, aunque recurrieron a todas las instancias, no lo han conseguido.
Lejos de claudicar en la batalla, hace meses volvieron a iniciar un procedimiento extraordinario de revisión de la sentencia judicial. Para ello solicitaron al Ayuntamiento que adoptara los acuerdos plenarios necesarios para instar a que los pisos queden excluidos de la afección de dominio público y los terrenos vuelvan a ser declarados urbanos.
De este modo, el Ayuntamiento ilicitano presentó el pasado mes de febrero ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente. El recurso nació a raíz de que el Estado no había contestado en el plazo legal de tres meses al requerimiento realizado desde Elche para que fuera revisado el deslinde de Costas aprobado en mayo de 1997 para Arenales del Sol.
El Consistorio ilicitano coincide con los vecinos en que el deslinde de 1997 no era correcto puesto que existía uno anterior, del año 1974, que dejaba fuera de la afección esa primera línea de edificios. Pero, por ahora, los inmuebles afectados siguen inmersos en la concesión administrativa de los 30 años prorrogables otros 30.
VEGA BAJA
Veinticinco chalés derribados y van más
En la Vega Baja el deslinde de Costas afectaba y afecta especialmente a más de un centenar de pequeños chalés en pleno dominio público habitados al pie de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura. Veinticinco han sido derribadas. El resto correrá la misma suerte con algunas excepciones de vecinos que han decidido tramitar y pagar una concesión y por 30 años más. En este caso el procedimiento se inició en 1995 y está cuajado de denuncias públicas de vecinos, procedentes del interior de la comarca, que acusan a la Dirección General de Costas de no usar con ellos el mismo rasero que con las construcciones de mercantiles.
Otra área donde el expediente de deslinde se eterniza es el iniciado hace dos décadas entre La Mata y Cabo Cervera de Torrevieja. 2.600 casas invaden la servidumbre de protección mientras que tan sólo una docena están en dominio público y deberán ser derribadas si no obtienen la concesión de 30 años.
Las implicaciones legales de estar en servidumbre de protección son importantes desde el punto de vista económico. Esta situación permite la compra venta de sus inmuebles y no está sujeta a ninguna concesión con plazo, pero exige la autorización de Costas, al margen de la que se solicite al Ayuntamiento, para acometer obras, y además -en teoría- impide que se aumenten las edificabilidades de lo ya construido. También se anota en el registro de la propiedad.
En esta zona está pendiente desde 2005 el derribo del edificio de nueva construcción Montegira, mientras que los funcionarios de Costas -sin explicación aparente, según el resto de vecinos afectados- excluyeron del dominio público en 2001 al inmueble del Lloyd´s Club (sólo afectado ahora por la servidumbre de protección) a pesar de que se edificó después de 1988 sobre la zona arenosa de la playa.
También está sujetas a expediente de deslinde sin terminar las orillas de las lagunas de Torrevieja y La Mata. En la Punta La Víbora, de la laguna torrevejense, el Ayuntamiento se apuntó a la arquitectura espectáculo y encargó el edificio de un balneario o parque de relajación al arquitecto japonés Toyo Ito. Lo hizo sin concesión de Costas y acogiéndose a la legislación autonómica. Costas mantiene paralizada la estructura en espiral del balneario desde hace años.
También en la costa oriolana los propietarios de las viviendas de Mil Palmeras en la urbanización Vistamar están en teoría afectados por la zona de dominio público. Este sector B-1 de Orihuela se construyó por la vía de los hechos consumados. La mayoría de los bloques fueron habitados a principios de los noventa por 600 propietarios, tres fueron derribados por la Administración autonómica socialista, que asumió -en una decisión inédita y cargada de conflictos legales-, las competencias ejecutivas del Gobierno central en esta materia.
El pasado mes junio las retroexcavadoras procedieron a demoler las estructuras de los edificios de La Torre de la Horadada paralizados a principios de los noventa por no cumplir con la legislación. Un acuerdo urbanístico con la empresa infractora ordenó urbanísticamente la zona en 2000 y la empresa ha iniciado la obras de demolición y construcción de otra urbanización dejando diáfana la primera línea de costa.
MARINA BAIXA
Las torres de Punta Llisera siguen adelante
En la Marina Baixa apenas hay dos conflictos con sendos edificios afectados por esta ley, aunque sólo uno de ellos está relacionado directamente con la ley. El deterioro progresivo de la construcción no finalizada del edificio Ánfora de Finestrat provocó que la Corporación local reclamase en numerosas ocasiones el derribo del mismo. Tras fijar las cantidades por la expropiación surgieron los desacuerdos con algunos propietarios que no estaban de acuerdo. En los últimos días Costas y el Ayuntamiento han emplazado a único propietario que quedaba por avenirse a que acepte la cantidad estipulada o se procederá a derribar en un mes, sin posibilidad de volver a levantarlo.
En Benidorm, mientras tanto continúa la construcción de las dos torres, Gemelos 25, en Punta Llisera. El Gobierno pretende recuperar ese lugar afectado por la servidumbre del dominio público marítimo terrestre, pero se ha encontrado con que las licencias de la constructora, Edificaciones Calpe, están en regla y avaladas por la justicia en diversas sentencias. El Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de expropiación, levantó acta notarial de lo construido, pero las obras han seguido, así como la venta de los pisos tras la última sentencia favorable. La indemnización a pagar, en cualquier caso, será muy cuantiosa para las arcas públicas. La empresa, mientras, afirma que sólo un juez le puede obligar a paralizar el proyecto.
MARINA ALTA
Pendientes del deslinde en dos playas de Dénia
La aplicación de la Ley de Costas en la Marina Alta tiene un punto principal de conflicto. El litoral norte de Dénia, en concreto su tramo más meridional. Varios kilómetros de costa, en especial los de las playas de l'Almadrava y les Deveses, están todavía pendientes de la aprobación del deslinde definitivo, que supondría la ampliación en seis metros de la franja de dominio público marítimo terrestre. Y ello colisiona con edificaciones y otros elementos existentes (vallas, escaleras, etcétera) en la zona. En concreto, según un informe elaborado por Costas, son un total de 242 los "elementos" que invadirían la zona pública.
Los vecinos han reaccionado con preocupación y aseguran que las consecuencias allí de la aplicación de la Ley de Costas serían mucho más drásticas.
A principios de este mismo año, constituyeron la llamada Plataforma de Afectados por el Deslinde de Marines-Racons, cuya primera medida ha sido presentar al Parlamento Europeo una queja por lo que consideran "aplicación abusiva de la Ley de Costas". Y es que, según sus estimaciones, la aprobación del deslinde definitivo afectaría a 600 propietarios.
El asunto del deslinde también ha llegado a los tribunales. En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, ha dado la razón al Ayuntamiento de Dénia que rechazó el recurso de una promotora a la decisión municipal de desclasificar terrenos del nuevo deslinde en la zona de mayor valor ecológico del litoral norte. En concreto, en el único tramo que queda virgen de dunas y vegetación en primera línea de playa.
* Información - 27 de julio de 2008
Foto: Benidorm (Alicante), construcción torres punta Llisera - diarioinformacion.com
Balears: Aluvión de denuncias ante el fiscal por urbanismo ilegal y corrupción
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DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía superior de Balears ha recibido en los últimos meses un auténtico aluvión de denuncias por presuntos casos de corrupción y/o urbanismo ilegal, según fuentes de dicha institución. Este aumento de los casos a investigar, junto a la complejidad y elevadísima carga de trabajo de los asuntos ya abiertos ha hecho que se plantee la conveniencia de duplicar la actual plantilla de fiscales anticorrupción de Balears, dotada con tan sólo dos fiscales.
La posibilidad de denunciar ante la fiscalía la comisión de un presunto delito ha existido desde tiempo inmemorial. Sin embargo, hasta hace unos años, los ciudadanos, entidades privadas o instituciones cuando tenían conocimiento de hechos aparentemente delictivos lo comunicaban a los cuerpos policiales o directamente al juzgado de guardia.
Hará unos cinco años empezó, tímidamente, un nuevo cauce para la interposición de denuncias en Balears: acudir a la fiscalía como paso previo a los juzgados. Inicialmente los más asiduos a esta nueva manera de denunciar fueron los políticos, que, en vez de dirigirse a los jueces, optaron por dejar en manos del ministerio público la papeleta de valorar si los hechos eran o no presuntamente delictivos.
De los políticos e instituciones la vía de la fiscalía pasó a ser usada por los ciudadanos de a pie y algunas entidades cívicas, como por ejemplo el Grup Ecologista de Balears (GOB). Así empezaron a llegar más denuncias a los despachos de la fiscalía, entre las que destacó en su día, por la ulterior trascendencia, la de un grupo de ciudadanos de Mallorca, encabezados por Ignasi Ribas, Ferrán Gomila, y los hermanos Carbonero, contra los responsables de los vuelos de aviones de la CIA que pasaron por Balears.
El punto de inflexión en las denuncias dirigidas a los fiscales de las islas fue la llamada Operación Voramar, desatada el 27 de noviembre del 2006 contra una presunta trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento de Andratx, presidido por Eugenio Hidalgo (PP).
El caso Andratx tuvo como precedentes las denuncias de algunos concienciados vecinos de la localidad, entre ellos la edil Isabel Alemany y el policía local Juan Enseñat. A partir de entonces se unieron en la lucha contra la corrupción el nuevo ayuntamiento de Andratx, el Consell de Mallorca, y decenas de particulares que han informado a la fiscalía de numerosas irregularidades urbanísticas en todas las islas, especialmente Mallorca.
El GOB también ha seguido colaborando con la fiscalía y ha aportado importantes datos y valoraciones sobre otros casos de presunta corrupción, como el llamado del Plan Territorial de Mallorca.
El Govern de centro-izquierda se ha convertido en otra instancia denunciante por descuadres o irregularidades atribuidas a los anteriores gestores autonómicos del PP. Cort ha cursado ante fiscalía por lo menos 3 denuncias, 2 relacionadas con el ex edil conservador Rodrigo de Santos y la tercera por supuestas irregularidades de dos técnicos.
La fiscalía superior planea asignar dos fiscales más a anticorrupción, dado que Carrau y Horrach están desbordados de trabajo. Los refuerzos están supeditados a la disponibilidad de efectivos en una muy corta plantilla que ronda los 50 fiscales para toda Balears.
Los cambios ya se han extendido a otras dos fiscalías especializadas la delitos urbanísticos y antidroga. Adrián Salazar, anterior fiscal de delitos ecológicos, ha pasado a desempeñar un papel protagonista en la fiscalía antidroga.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 27 de julio de 2008
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
La propuesta del Ministerio de Vivienda de comprar suelo a las inmobiliarias no tiene justificación
Ecologistas en Acción* califica de injustificada la propuesta del Ministerio de Vivienda en relación a la compra de suelo a las inmobiliarias. El objetivo principal del Ministerio debería ser reducir el precio actual de la vivienda y garantizar la financiación crediticia del Programa 2008 del Plan de Vivienda 2005-2008. El Gobierno, debería poner en marcha cuanto antes procedimientos que faciliten la reconversión de los trabajadores de la construcción. Comprar suelo a inmobiliarias no tiene relación con estos objetivos.
La propuesta del Ministerio de Vivienda de invertir 300 millones de euros, que podría incrementarse, a comprar suelo a inmobiliarias no tiene justificación. Cuando todavía se desconoce la cantidad de suelo público con que cuentan los municipios no parece lógico lanzarse a comprar suelo privado, sin fijar, ni siquiera el precio, dejando que se determine por la oferta que hagan los vendedores.
Las inmobiliarias ahora necesitan liquidez pero llevan años acaparando suelo y construyendo más viviendas de las que se necesitan. Los beneficios han sobrepasado la media de cualquier otra inversión. La destrucción del territorio vinculada al exagerado ritmo de construcción no tiene precedentes. Por otro lado, no cabe duda de que los excesos del sector inmobiliario son parte de la causa de la crisis económica. En estas circunstancias no existe justificación para comprar suelo, en lugar de centrar los esfuerzos en reducir el precio de la vivienda a niveles asequibles para la mayoría de los ciudadanos y asegurar la financiación del programa 2008 del Plan de Vivienda 2005-2008, algo que no está claro.
En los últimos años se han construido muchas más viviendas de las necesarias, actualmente el número de viviendas acabadas y en promoción se calculan entre 800.000 y 1,2 millones que si se suman las de segunda mano suben a 1,6 - 2,7 millones. Esto supone una sobreoferta para cubrir las necesidades de cuatro años sin poner un ladrillo (al ritmo actual de unas 400.000 viviendas anuales). A esto habría que añadir las viviendas que se han comprado por inversión, alrededor del 40%, y que saldrán al mercado y las viviendas que finalicen en 2008 (iniciadas entre la segunda mitad de 2006 y la primera de 2007) que se calculan en otras 700.000.
A pesar de esta situación, el precio de la vivienda sigue siendo inaccesible para buena parte de la población y un problema para las familias que se han embarcado en una hipoteca que deberán estar pagando durante buena parte de su vida. Todo ello por la sobrevaloración de la vivienda (entre un 20% y un 30% según la OCDE y FMI), consecuencia de la burbuja inmobiliaria que ha permitido hacer fortunas millonarias en pocos años.
En este contexto ni el Gobierno, ni el Ministerio de Vivienda hablan de la necesidad y obligación de reducir el precio de la vivienda. A pesar del frenazo inmobiliario, los precios de la vivienda, en el Estado español, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Vivienda ha sido de un 3%. Una bajada muy escasa. Actualmente, hace falta los ingresos de siete años para acceder a una vivienda media. Para volver a la normalidad (cuatro años), los precios deberían caer un 42%.
Es ahí donde debería estar el reto del Ministerio, no en comprar suelo privado.
* Área de Urbanismo de Ecologistas en Acción - 25 de julio 2008
Adena solicita el cumplimiento estricto de las sentencias que anulan las licencias de hoteles en Lanzarote
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LAPROVINCIA* : La organización ecologista WWF/Adena ha solicitado al Cabildo de Lanzarote y al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marina, que solicite "la ejecución inmediata" de las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en las que declara ilegales a una veintena de hoteles y complejos turísticos en la isla de Lanzarote.
Según Adena, un total de 22 complejos turísticos, hasta el momento, pertenecientes a diversas cadenas hoteleras han sido declarados ilegales por decisión del TSJC, "quien da una respuesta ejemplarizante a los recursos interpuestos por la Fundación César Manrique y el Cabildo de Lanzarote".
Los ecologistas añaden que el Tribunal ha resuelto la anulación de las licencias hoteleras otorgadas por los ayuntamientos de Yaiza y Teguise "tras vulnerar los preceptos de la moratoria urbanística aprobada en 2000 para Lanzarote, en un intento de frenar el crecimiento insostenible que protagonizaba la isla".
Adena exige también que los promotores implicados en estos complejos turísticos ilegales y beneficiados con ayudas de la Comisión Europea "que las devuelvan íntegramente". Y es que en caso de verificar que estos fondos hayan ido a parar a proyectos ilegales, Europa exigirá a España la devolución del dinero, que supera los 30 millones de euros.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF/Adena, manifiesta que estas sentencias son "sin duda, una buena noticia gracias al trabajo de la Fundación César Manrique a favor de un Lanzarote más sostenible. Por eso desde WWF/Adena les felicitamos, ya que ha sido una práctica extendida el incumplimiento reiterado de la moratoria turística en la Isla.".
Asimismo, desde Adena se exige que el Cabildo asegure una restauración a la situación original de estas zonas. "En un momento en el que el desarrollo inmobiliario está en crisis y los escándalos sobre ilegalidades aparecen continuamente, pedimos al Ministerio de Medio Ambiente una verdadera política de gestión integrada de la costa con un cumplimiento estricto de la Ley de Costas. Y que proteja las últimas zonas aún bien conservadas y evite que situaciones como la de Lanzarote vuelvan a ocurrir", afirman.
* La Provincia - D. R. - ARRECIFE - 25 de julio de 2008
Foto: Hoteles afectados por las licencias anuladas por los tribunales en Playa Blanca. JAVIER FUENTES, laprovincia.es
Salva su chalé ilegal de la demolición en Otíñar porque hay más alrededor
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IDEAL/Jaén* : El juzgado de lo Penal nº1 de Jaén ha condenado a A. V. A. por un delito contra la ordenación del territorio, ya que se construyó una casa ilegal en la carretera de Otíñar. El tribunal, sin embargo, no considera pertinente decretar la demolición de la construcción, ya que la casa está junto a otras construcciones, alguna de las cuales está condenada también y sin demolición, por lo que ya no puede ser derribada por la vía penal.
Así que el magistrado Lucini Nicás entiende que tirar la casa de A. V. A. no arreglaría nada respecto a la legalidad urbanística violada.
La vivienda fue detectada en septiembre de 2.006 a la altura del punto kilométrico 6,5 de la carretera de Otíñar, en las inmediaciones del Puente de la Sierra. Se trata de un suelo no urbanizable con especial protección por su inclusión en el plan de la vega de los ríos.
Allí, A. A. V. tiene su vivienda habitual, que no se ha sometido a juicio. Junto a ella plantó una vivienda unifamiliar de madera, autónoma, sobre una base de 50 metros cuadrados elevada sobre pilares y con unas escaleras de acceso. Ésta segunda construcción no es susceptible de ser legalizada de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana en vigor en Jaén.
En el juicio, el acusado se declaró culpable, y aceptó una pena de seis meses de prisión. Sin embargo, su defensa no se puso de acuerdo con el Fiscal en lo que se refiere a la demolición de lo construido al margen de la legalidad. El Fiscal insistió en demoler. De hecho, como la sentencia no contempla en derribo, presentará recurso que se verá en la Audiencia.
Antecedentes
El año pasado otro juzgado de lo Penal (el número 2) tomó la misma decisión con el chalé de V. B.M., a unos 500 metros del anterior, y también sobre suelo «no susceptible de legalización» porque no es compatible con el planeamiento vigente, de manera que las obras fueron paralizadas administrativamente el 25 de mayo de 2005. Pese que a que se considera que el chalé es ilegal no se ordena echarlo abajo, «pues en esta zona no es la única edificación ilegal que se ha realizado sin que se haya acordado administrativamente su demolición».
También en la carretera de Otíñar -y también el Penal 2- decretó en 2006 el derribo de un chalé tan ilegal como los dos anteriores. Esta disparidad de criterios de la Justicia es frecuente en casos urbanísticos.
Aunque la zona de chalés está en las inmediaciones de los puentes -protegidos por el plan de las vegas de los ríos-, el paraje de Otíñar goza de protección por su riqueza natural y patrimonial reconocida por la Junta.
* Ideal - 26.07.08 -J. E. P.
Foto: Otiñar (Jaén), castillo - wikipedia.org
Málaga permitirá construir en un suelo que Costas y la Junta quieren proteger
ELPAÍS* : El futuro urbanístico de Arraijanal, un suelo de más de medio millón de metros cuadrados junto a la desembocadura del Guadalhorce que es la última parcela con linde a una playa que queda sin urbanizar en el término municipal de Málaga, bien puede servir de ejemplo de la obstinación del alcalde, Francisco de la Torre (PP). El Ayuntamiento de Málaga acaba de firmar un convenio urbanístico con Vallehermoso, sociedad propietaria de la mayoría del suelo, para levantar una urbanización con 664 viviendas, hoteles y equipamiento comercial.
El consistorio recibirá a cambio 28 millones de euros. El equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre no ha consultado a la Dirección General de Costas, que tiene en trámite la enajenación de 80.000 metros cuadrados de Arraijanal para ampliar la zona de servidumbre.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, ha llegado a afirmar que el Ministerio de Medio Ambiente tiene olvidada la enajenación, que sólo fue un anuncio en época electoral. Fuentes del ministerio confirmaron ayer que la expropiación sigue adelante y que en otoño se someterá a información pública la declaración de utilidad de la expropiación. Costas ha requerido al consistorio información sobre el convenio y el proyecto, y ha advertido que no lo autorizará si afecta a esos 80.000 metros cuadrados.
Otra circunstancia ignorada por De la Torre es que todo el suelo de Arraijanal está reservado en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) que promueve la Junta como parque marítimo-terrestre.
Arraijanal ha sido motivo de un largo enfrentamiento entre la administración autonómica y el Ayuntamiento. La Junta rechazó la modificación de elemento al vigente PGOU que el consistorio aprobó en 2000 para construir una marina deportiva y una urbanización con más de 1.300 viviendas. El proyecto fue rechazado por Costas y por Aviación Civil, pues afectaba a la zona de exclusión aérea del aeropuerto.
En la aprobación inicial del PGOU, de la que hoy se cumplen dos años, se mantuvo la marina deportiva, pero se eliminaron las viviendas. Ahora, según el convenio, es al revés, y en el PGOU que se llevará a pleno el próximo 14 de agosto para la aprobación provisional se incluye esta nueva urbanización y se elimina definitivamente la marina.
El PSOE inició ayer una campaña de recogida de firmas contra el proyecto de urbanizar en Arraijanal. Los socialistas se quejan de los numerosos convenios que el consistorio ha firmado con promotores desde la aprobación inicial del PGOU, y entienden que se han introducido modificaciones sustanciales, por lo que debería someterse a un nuevo proceso de información pública.
El alcalde, que considera que esa propuesta es bloquear y dilatar el plan, defendió ayer el convenio de Arraijanal porque "aportará ingresos" y defiende el interés general de la ciudad. De la Torre argumenta que impedir cualquier construcción obligaría a un desembolso excesivo en expropiaciones o compensaciones que perjudicarían a la ciudad.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 26/07/2008
Foto: Málaga, arraijanal - diariosur.es
El juez condena al Ivvsa a reparar los daños de 396 viviendas protegidas en Alaquàs
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LEVANTE/Valencia* : Trece años de reclamaciones administrativas e intensa batalla judicial han sido necesarios para que un juez dé la razón a los vecinos del Passatge 25 d'Abril de Alaquàs. El juzgado de primera instancia nº11 de Valencia ha condenado al Instituto Valenciano de la Vivienda, a la constructora, al arquitecto responsable del proyecto y a los aparejadores que supervisaron las obras a reparar los cientos de deficiencias que tienen estos inmuebles de pisos protegidos y los garajes.
La sentencia agrupa los daños en once tipologías diferentes y determina el procedimiento de reparación que se ha de seguir, dado que, a lo largo del juicio, se han producido algunas discrepancias por parte de la decena de peritos que han participado -de los demandantes, de las partes demandadas y del juzgado-. En cada caso, está determinado el porcentaje de responsabilidad que ha tenido cada parte y, en los problemas donde ha sido imposible dirimir la culpabilidad, se ha optado por la responsabilidad solidaria.
Costear los posibles realojos
Con todo, el fallo indica que la reparación se ha de realizar "previa elaboración del preceptivo proyecto técnico, bajo la preceptiva dirección facultativa". Además, los condenados han de costear "cuantas actuaciones accesorias sean necesarias, tales como el traslado de mobiliario y enseres en los casos en que la envergadura de las obras lo requiera", así como "el realojo en viviendas de condiciones análogas en los casos en que sea preciso tal desalojo".
Los edificios del Passatge 25 d'Abril se construyeron en los años 1995 y 1996. La promoción se compone de cuatro bloques con 396 viviendas protegidas y dos garajes. Desde los primeros meses comenzaron a aparecer deficiencias como inundaciones en los aparcamientos, desprendimientos y abombamientos en la fachada, grandes grietas interiores y exteriores, desprendimiento de azulejos y suelos, corrosión de la grifería y fuertes olores.
El juzgado ha admitido la propuesta de reparación que proponía el perito de los afectados casi en la totalidad. La excepción es la fachada; mientras el informe de los vecinos optaba por desmontarla integralmente y cambiarla, la sentencia determina que consiste en quitar los ladrillos de los puntos afectados y repararlos.
* Levante-EMV - Laura Sena, Alaquàs - 26 de julio de 2008
Foto: satisfacción. Un grupo de vecinas, ayer en el paseo peatonal central/ abelard comes, levante-emv.com
La Fiscalía solicita dos años de cárcel para el ex alcalde de Alozaina por conceder presuntas licencias ilegales
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SUR/Málaga* : La Fiscalía de Málaga pide un total de dos años de prisión para el ex alcalde de Alozaina Antonio Blanco (IU) por dos presuntos delitos urbanísticos al conceder sendas licencias de obras presuntamente ilegales para la construcción y reforma de dos viviendas en la localidad.
La petición fiscal para el ex regidor es de un año de prisión por cada uno de los delitos, la misma que se solicita para los que eran entonces concejales de Obras, Salvador Chaves, y de Hacienda, Salvador Arroyo, que formaban parte de la Junta de Gobierno Local, según ha confirmado el propio Blanco.
El Ministerio Fiscal considera que ambas licencias no son legales porque tanto la construcción como la reforma de estas viviendas se llevaron a cabo sobre suelo considerado como rústico.
Blanco ha explicado que las licencias se concedieron antes de que entrara en vigor la ley de ordenación urbana y ha defendido que en el pueblo "todo el suelo es rústico", porque no se trata de una localidad costera.
Estas construcciones se aprobaron con licencias condicionadas a pesar de que se emitieron en un principio informes técnicos desfavorables, y se paralizaron cuando se certificó que las parcelas no tenían los metros suficientes, según ha dicho el ex alcalde.
Ha manifestado que no se debe tratar como un tema muy importante porque son "casitas pequeñas de agricultores, no son una gran construcción como las de la costa", y por ello ha abogado por buscar una solución, ya que "parece que ha sido un tema más administrativo que penal".
* SUR - 25.07.08 - EFE
Foto: Alozaina (Málaga) - malagapueblos.com
Madrid: Las obras de la M-30 incumplieron la ley, según el Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar sentencia sobre la legalidad de las obras de ampliación de la M-30. Los argumentos expresados en la sentencia son rotundos, y da la razón a Ecologistas en Acción* en todos y cada uno de ellos: el hecho de que una autovía se declare como urbana no la exime del cumplimiento de la legislación sobre evaluación ambiental; tampoco es admisible que se troceara en diferentes proyectos para eludir esta misma evaluación ambiental.
Ecologistas en Acción interpuso en julio de 2005 un recurso contencioso administrativo contra la aprobación de los proyectos de la M-30 que afectaban a las riberas del río Manzanares, tras haber presentado las correspondientes alegaciones y recursos administrativos ante el Ayuntamiento.
A lo largo del procedimiento, Ecologistas en Acción ha defendido la nulidad de los proyectos por la flagrante vulneración de la normativa medioambiental y de protección del patrimonio histórico y cultural que supuso su aprobación. El Ayuntamiento, como es sabido, se oponía arguyendo que no tenía obligación de someter a evaluación de impacto ambiental previa a este enorme obra en la M-30 por tratarse de una “vía urbana”.
Dado que la normativa de evaluación ambiental tanto española como autonómica derivan de la Directiva 85/377 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, el Juzgado núm. 22 de lo contencioso resolvió en enero de 2007 remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Como resultado de esta cuestión prejudicial, el más alto tribunal europeo acaba de dictar su sentencia, que resulta demoledora para las tesis del Ayuntamiento, mientras que da la razón a todos los argumentos expresados por Ecologistas en Acción.
Efectivamente, la sentencia concluye con rotundidad que “los proyectos de vías urbanas están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva modificada”, por lo que no cabe eximirlos de evaluación ambiental previa. Del mismo modo, la sentencia concluye que no es admisible el troceado en 15 proyectos que realizó el Ayuntamiento para evitar que alguno de ellos tuviese una longitud superior a 5 km (lo que infringiría la ley autonómica) o 10 km (que es el límite para realizar evaluación de impacto según la normativa estatal y europea). Efectivamente, el Tribunal Europeo concluye que “el objetivo de la Directiva modificada no puede eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto y que el hecho de que no se considere el efecto acumulativo de varios proyectos no debe tener como consecuencia práctica que se sustraigan en su totalidad a la obligación de evaluación cuando, considerados conjuntamente, puedan tener efectos significativos en el medio ambiente”.
Por otro lado, la sentencia echa por tierra otros argumentos defendidos (y nunca demostrados) por el Ayuntamiento, como el hecho de que las obras tendrían una influencia positiva en el medio ambiente. Así, para el Tribunal de Luxemburgo “la circunstancia alegada por el Ayuntamiento de Madrid de que los proyectos controvertidos en el litigio principal producirán efectos beneficiosos para el medio ambiente no es pertinente cuando se trata de apreciar la necesidad de someter tales proyectos a una evaluación de su impacto ambiental”.
De este modo, el máximo intérprete de la legislación comunitaria ha sido tremendamente contundente contra las argumentaciones del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, será el Magistrado-Juez del Juzgado contencioso administrativo nº 22 quien dictará su sentencia. Pero, en buena lógica, no podrá contradecir a la más alta instancia judicial europea. Se hará así evidente lo que ha venido defendiendo Ecologistas en Acción desde el primer momento: que pese a los intentos de distracción del Ayuntamiento, pocas dudas hay de la continua vulneración de la legislación ambiental que ha supuesto esta obra, que sólo ha estado sujeta a los intereses electoralistas de Ruiz-Gallardón. Convienen recordar que entre otros, la obra acumula un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, un duro informe del Parlamento Europeo y, ahora, un claro refrendo de su ilegalidad por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
* Ecologistas en Acción de Madrid - 25 de julio 2008
Foto: Madrid, túnel M30 - ayto. Madrid
Los municipios gallegos, los que menos suelo destinaron a vivienda protegida
FARODEVIGO* : Sólo el 3,9% de los terrenos de los concellos se usan para pisos oficiales. Ahora que la crisis inmobiliaria es evidente, desde las administraciones y las empresas relacionadas con el sector recetan como uno de los antídotos para superar el bache la apuesta por la vivienda protegida.
Fue uno de los acuerdos en la reunión que la Xunta mantuvo el pasado miércoles con constructores y promotores de la comunidad, el mismo día en el que el Gobierno central anunció una inversión de 300 millones el próximo otoño para adquirir suelo destinado a pisos de promoción pública. Lo cierto es que hasta el momento, los inmuebles de protección han sido los niños menos mimados de la familia del ladrillo, incluidos los ayuntamientos, que reservaban un porcentaje casi anecdótico de su patrimonio municipal en terrenos a este tipo de edificación. ¿Cuánto? Pues alrededor de un 4% en el caso de los gallegos, según un estudio que acaba de realizar el Tribunal de Cuentas, con datos de 2004. Muy lejos de la media nacional, un 16,3%, y del 30% y el 40% que, en función de su tamaño, tienen que reservar con la nueva normativa del suelo en Galicia en todos los desarrollos.
Por ley se garantizará una oferta a la que en el mercado libre dio la espalda. Los números hablan por sí solos. Frente a volúmenes de 38.000, de 40.000 viviendas levantadas cada ejercicio durante los años del boom del sector en Galicia, el número de pisos con alguno de los tres posibles tipos de protección nunca superó los 4.000. En 2007, por ejemplo, se terminaron 3.774 y empezaron las obras de 3.000.
¿A qué se dedican entonces los terrenos que los concellos tienen en propiedad, con la suma de los sucesivos 10% de los aprovechamientos urbanísticos que se desarrollan y que la legislación obliga a cederles? Pues la inmensa mayoría, el 79,2%, a fines, usos y actividades de interés social. Exactamente, el 69,3% a la urbanización y la ejecución de dotaciones y sistemas generales. Desde un ambulatorio a un parque. El resto, a otros fines sociales, como la conservación y mejora del patrimonio histórico, artístico o cultural u operaciones de promoción económica. Otro 16% va para usos que no están recogidos en la normativa la Xunta y que los ayuntamientos no tienen detallados, según recoge el Tribunal de Cuentas.
Desde el sector tienen varias explicaciones para dar una respuesta a esta distribución. El suelo, para muchos ayuntamientos, ha sido durante muchos años un alivio a sus ahogadas cuentas, a la falta de otros mecanismos de financiación. Una opción, en todo caso, legal, ya que la mitad del suelo que los promotores dejan a los ayuntamientos cada vez que actúan en una zona se puede utilizar para ponerla en el mercado de la construcción. "Se monetarizaba", explica Javier Garrido, presidente de la patronal promotora de Vigo y máximo representante también de federación que las agrupa en la comunidad.
Con sólo el 3,9% de su patrimonio municipal de suelo destinado a la construcción de viviendas oficiales, los municipios gallegos están a la cola de España en reserva de terrenos para este tipo de inmuebles. Una posición que comparten con los de Cantabria y Canarias, donde el porcentaje cae hasta el 0%, y Extremadura, con un 1,3%. Por encima de los datos de la comunidad, pero sin sobrepasar la media nacional, Andalucía, donde se alcanzó el 4,5%; País Vasco, hasta el 5,2%; los municipios madrileños, con un 8,1%; y los de las Islas Baleares, que rozaron el 11%.
A partir de ahí, las grandes diferencias. Porque en el resto de autonomías, la cesión de suelo de los ayuntamientos para pisos de protección supera el 20%. Como Murcia (20,5%) y Cataluña (29,1%). En Asturias, una región con características similares en población a Galicia, se llegó al 31%. Al 31,6% entre los ayuntamientos navarros; al 34,2% en la Comunidad Valenciana; al 36,2% en Castilla y León. Ya por encima del 40%, las administraciones locales de La Rioja y Castilla-La Mancha, con un 42,7% ambas. Y en lo más alto, las de Aragón, donde se alcanzó el 44%.
A los planes municipales de urbanismo de los concellos no les quedará otro remedio que dar la vuelta a estas reservas. En toda promoción habrá que dejar hasta un 30% de espacio para viviendas de protección en el caso de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y el 40% en el resto de localidades. Antes de la reforma de la Lei do Solo, la obligación se ceñía únicamente al 20%. Se llegará incluso al 50% en los suelos urbanizables no delimitados. Y todos, además, son porcentajes mínimos: si hay más demanda de pisos de protección, más suelo habrá que reservar. Con todas estas medidas, el Gobierno gallego pretende conseguir que el 40% de todos los pisos que se construyan a partir de ahora sean de protección y frenar en seco el acelerón del precio del metro cuadrado.
* Faro de Vigo - JULIO PÉREZ - 25.07.2008
Foto: Gráfico - AARÓN DÍEZ, farodevigo.es
¿Una medida social o una ayuda encubierta a las promotoras?
SOITU* : ¿A quién va a beneficiar esta medida? ¿Por qué se hace ahora el anuncio? ¿Se trata de un intento 'encubierto' de ayudar a compañías ahogadas por las deudas, como Martinsa-Fadesa? Éstas y otras preguntas son las que ha despertado esta mañana el anuncio de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, de ofertar 300 millones de euros para comprar suelo a las empresas privadas, que destinará a la construcción de vivienda protegida (VPO). Unas han quedado resueltas, otras siguen en el aire.
¿Ayuda encubierta?
El Ministerio de Vivienda ha negado que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades. "La finalidad primordial de la acción del Gobierno no es tratar de impedir un ajuste que se ha manifestado necesario e imprescindible, sino garantizar el derecho constitucional reconocido a los ciudadanos de acceder a una vivienda", ha dicho Corredor, quien ha asegurado que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.
El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ratificaba estas afirmaciones tras su reunión con Mariano Rajoy, explicando que no se trata de una "ayuda encubierta" al sector.
Anuncio inesperado
La pregunta que surge entonces es: ¿por qué ahora?
Según el Ministerio, se lleva trabajando en este tema desde el pasado mes de mayo, pero al tratarse de "una operación compleja y de gran envergadura" había que ver cómo se articulaba y conocer el presupuesto que podía destinarse a una oferta "inédita en España". Y es que, aunque Sepes (la entidad pública, dependiente del Estado, que gestiona el suelo) lleva 40 años al pie del cañón, hasta ahora había trabajado en la creación de parques empresariales y su relación con el suelo residencial era "residual". Ahora, el Gobierno pretende dar mayor visibilidad a este organismo, que aumentará su presupuesto anual destinado a la compra y urbanización de terrenos industriales de 100 a 150 millones de euros, además de convertirle en el instrumento del que se va a servir para adquirir y urbanizar los solares residenciales que comparezcan a la oferta pública.
Su trabajo comenzará en octubre, con el estudio de las ofertas presentadas y su viabilidad económica, y contará con la ayuda de comunidades autónomas y ayuntamientos. Entre los criterios que más se valorarán en la elección de los candidatos se encuentran la susceptibilidad de transformación inmediata de los suelos, y su situación en poblaciones con una mayor demanda de vivienda.
En cuanto a ¿quién será el responsable de promover las viviendas? Desde el Ministerio aseguran que el proceso de promoción queda en manos de las administraciones regionales y municipales, que son las que tienen transferida la potestad en esta materia. Así, el promotor podrá ser una empresa privada elegida tras un concurso público o alguno de los organismos oficiales.
Javier García-Mateo, director de análisis de Aguirre Newman, apunta, además, que algunos fondos inmobiliarios, tanto nacionales como internacionales, también podrían estar interesados en entrar en la gestión de estas viviendas siempre que se comercializasen en régimen de alquiler. Y es que este tipo de sociedades necesitan tener un 30% del valor de su cartera en vivienda de alquiler para poder tributar el 1% del Impuesto de Sociedades y no el 35%, nos explica este experto.
Incógnitas
Queda sin definir aún qué peso tendrán en la elección final conceptos como la edificabilidad del terreno, o su ubicación; y se desconoce si se valorará más o menos que los suelos sean de renta libre o protegidos.
En opinión de Miguel Pinto, director de investigación de Grupo i, "el Gobierno buscará suelos en buenas ubicaciones, cerca de los centros urbanos". En cuanto a las promotoras les puede interesar más deshacerse del suelo libre, "ya que el destinado a VPO tiene un futuro más auspicioso, porque hay mayor necesidad de este tipo de viviendas y será más fácil venderlas y continuar con la actividad de la compañía", aunque sea perdiendo dinero. Porque el suelo libre, como la vivienda libre, es más caro que el protegido, que está fijado por las comunidades autónomas. De hecho, según Pinto, "es muy probable que los suelos comprados en los últimos dos años, cuando los precios estaban más altos, ahora se hayan devaluado". No obstante, este experto cree que todavía es posible "sacar rentabilidad" a los suelos adquiridos hace 5 ó 6 años; eso sí, si no están apalancados, es decir, si han sido pagados en su totalidad.
Transparencia
Los promotores opinan que la iniciativa del Gobierno es buena, pero que los 300 millones ofertados son una gota de agua en el inmenso mar de deudas en el que se mueven las inmobiliarias españolas, y en el que navegan cientos de compañías, muchas de ellas también con grandes patrimonios de suelo. Empezando por Martinsa-Fadesa, la principal terrateniente española, continuando con la mayoría de las cotizadas, como Colonial, Reyal Urbis o Metrovacesa, y finalizando por otras mucho más pequeñas. Es por ello que los promotores reclaman "una total transparencia" en el proceso de adjudicación, así como en las bases del concurso, "para descartar favoritismos", apuntan.
Con las cosas así, la decisión de acudir o no a este concurso será totalmente 'personal'. Manuel Martí, secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), resume la elección en dos conceptos: "activos o tesorería".
* SOITU.es - GEMA FERNÁNDEZ - 23.07.2008
Foto: Vivienda, bloques - EFE
Roca, dos días, dos juicios: 1 año y 9 meses de cárcel
ELPLURAL/Málaga* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y tres ex concejales del GIL han aceptado voluntariamente, en el juicio del denominado "caso Belmonsa", la resolución de un año de cárcel y 18 años de inhabilitación. El ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca solo ha sido condenado a una pena de nueve meses de prisión, condena que ha aceptado también.
Roca deberá pagar una indemnización de 2,4 millones de euros por tráfico de influencias. En el supuesto de que no la abone podrá conmutarla por otro mes sin libertad en la cárcel. Los ex “gilistas” Román, Muñoz, González, Calle, Jiménez y Marisa Alcalá, todos ex ediles marbellíes, aceptaron de buen grado ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación genérico.
Zona verde
El delito cometido está relacionado con la concesión de una licencia urbanística por a la empresa Belmonsa SA en mayo de 1997 para la construcción de un edificio de doce plantas en suelo calificado por el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 como zona verde. En el juicio finalizado ayer -primero derivado del caso Malaya., el presunto cerebro de la trama de corrupción de Marbella y ex asesor de Urbanismo, reconoció que pagó al juez Francisco Javier de Urquía 73.800 euros para la compra de la casa del magistrado.
Ayer: un año de cárcel
En una noticia anterior afirmábamos que la estrategia comenzada antesdeayer por Roca, en el juicio sobre el presunto cohecho protagonizado por el juez Urquía y el propio Roca, ha hecho feliz al cerebro “malayo”. Tras amenazar con contar todo lo que sabe a partir de ahora, en contra de todo pronóstico, cambió su declaración anterior e inculpó al juez de haberle solicitado ayuda económica para la compra de su vivienda. Por el momento los resultados le son favorables ya que consiguió una reducción a tan solo un año sobre la petición de condena del fiscal, que a “priori” era de tres años.
* El Plural - 24/07/2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Dénia dejará de cobrar el aprovechamiento a las promotoras pese a que el TSJ lo avala
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LEVANTE/Alacant* : El tránsfuga del PSPV, Juan Collado, fue el encargado ayer de trasladar a los medios de comunicación los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local celebrada el miércoles. Entre los asuntos judiciales, el edil del grupo no adscrito sacó a la luz una sentencia del juzgado de primera instancia que estima el recurso interpuesto por Promociones e Inversiones Hiregón, SL, y obliga al ayuntamiento a devolver a la constructora 220.000 euros en concepto de aprovechamiento urbanístico.
La Junta de Gobierno Local celebrada el miércoles dio cuenta de esta sentencia, al igual que de otro fallo judicial a favor del consistorio dianense y de la gestión del anterior equipo de gobierno pero que ayer no fue revelado por Collado.
En este sentido, el ayuntamiento interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Alacant que la revoca y legitima el cobro del aprovechamiento urbanístico a la promotora Doramar, SL. Sin embargo, este fallo no fue comunicado ayer por Collado sino por el PSPV. El edil socialista, Vicent Grimalt, lamentó ayer que el pentapartito "presuma de transparencia pero luego, intencionadamente, en una rueda de prensa, hable de una sentencia y obvie otra, dependiendo de sus intereses".
Pacto antitransfuguismo
Por otra parte, la comisión de seguimiento del pacto antitransfuguismo se reunirá el próximo lunes, 28 de julio, según fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas, para analizar entre otros los casos de los ayuntamientos de Dénia y Elx, propuestos por el PSOE y el PP, respectivamente.
La titular de Administraciones Públicas, Elena Salgado, presidirá la reunión de la citada comisión en la sede ministerial a la que asisten dirigentes de partidos políticos con representación parlamentaria. El pacto se reúne anualmente y son las distintas formaciones las que proponen los casos a estudiar.
* Levante-EMV - M. J. Mascarell/S. G., Dénia - 25 de julio de 2008
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
Las Palmas: La Justicia anula otra vez una actuación urbanística del PP en Guanarteme
LAPROVINCIA* : La Justicia acaba de dar un nuevo varapalo a la política urbanística que ha promovido el Partido Popular en el barrio de Guanarteme, cuando gobernaba en la capital grancanaria. Esta vez le ha tocado el turno a la unidad de actuación 09, denominada Barranco de Guanarteme, que ha sido anulada por la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al considerar que se ha utilizado un procedimiento urbanístico que es irregular.
Tal y como sucedió con la unidad de actuación para prolongar Mesa y López, anulada en el año 2004, los jueces consideran que esta fórmula urbanística no es la adecuada para actuar en suelo urbano consolidado, como el de Guanarteme.
En concreto, la unidad de actuación 09 contempla la renovación urbanística de varias manzanas del barrio de Guanarteme situadas en el rectángulo comprendido entre las calles Almansa, El Salvador, Numancia y Vergara. El objetivo es hacer una especie de rambla entre las calles Almansa y El Salvador para conectar la rotonda de Plaza de América con Las Canteras y construir varios edificios de cinco y siete plantas.
La actuación fue incluida en el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de 2000, cuando gobernaba José Manuel Soria, y en la adaptación del plan de 2005, bajo el mandato de Pepa Luzardo, se categorizó el suelo afectado por esta actuación como no consolidado.
El acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que aprobó dicha adaptación, fue recurrido por una vecina afectada por la unidad de actuación y los tribunales le han dado la razón.
URBANO. La sentencia es muy clara e insiste en varias ocasiones en que "es público y notorio que el barrio de Guanarteme es un suelo urbano, con todos los servicios, con encintado, pavimento de acera y alumbrado público".
La resolución no niega la necesidad de realizar una actuación urbanística en la zona, pero aclara que "no cabe confundir el grado de consolidación del suelo, con el deterioro de las construcciones o las dificultades de comunicación que apunta el Ayuntamiento. Esa zona de la ciudad es urbana".
* La Provincia - TERESA GARCÍA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - 24 de julio de 2008
Foto: A la izquierda, algunas de las viviendas afectadas por la unidad de actuación anulada. QUESADA, laprovincia.es
Silleda: El TSXG estima ilegal una obra prevista con 113 pisos
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ELCORREO/Pontevedra* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) rechazó el recurso de la empresa Nova Carballeira 2002 contra la suspensión del estudio de detalle para una urbanización en Silleda. Este nuevo fallo, tras la denuncia de una vecina de la zona, llega tras un auto que estimaba la suspensión, como medida cautelar el pasado mes de junio, en vista de indicios de ilegalidad.
Esta decisión impedirá a la empresa abrir una calle en Travesa do Campo, y construir dos edificios, con un total de 113 viviendas, (tendría que cambiar el proyecto) para los que el anterior gobierno municipal de Silleda concedió licencia cuando estaba ya en funciones. El fallo del TSXG dice que hay pruebas más que suficientes de la ilegalidad del estudio de detalle, y que los perjuicios que causarían las obras serían de "difícil reparación". También estima que es falso que el consello consultivo estimara desfavorablemente la revisión del estudio iniciada por el Ayuntamiento. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, espera que este nuevo auto convenza al portavoz del PP, José Fernández Viéitez, de que el Ayuntamiento actuó "moi ben" al revisar el proceso. Para Pena, el TSXG vuelve a darle la razón y advierte que hay que preocuparse por los perjuicios a los vecinos que compraron allí un piso. Considera que Viéitez actuó de forma "irresponsable" y que "só atendeu ós intereses da constructora".
Cuatro pleitos
Nova Carballeira, que puede recurrir al Supremo, denunció a Pena por otras obras (algunas ya resueltas). Hay otras dos familias que denunciaron a la constructora .
* El Correo Gallego - C.G. • SILLEDA - 24.07.2008
Foto: Vista de los terrenos donde se proyectaron los edificios de Silleda/ Sangiao, elcorreogallego.es
Juzgan a Muñoz, Roca, Román y otros ex ediles de Marbella por la operación urbanística con Belmonsa
EUROPAPRESS* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga tiene previsto celebrar desde hoy jueves el juicio contra el ex alcalde de la localidad malagueña de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, el abogado José Luis Sierra y otros seis ex ediles marbellíes, entre los que se encuentra Pedro Román, por la operación urbanística con la empresa 'Belmonsa'.
La vista oral está también fijada para mañana viernes, el lunes 28 y el martes 29.
Este juicio fue fijado para celebrarse en febrero de este año, aunque fue suspendido después de que la defensa de Roca la solicitara por no haber tenido tiempo a instruirse la causa. El fiscal acusa, según el escrito de conclusiones iniciales al que tuvo acceso Europa Press, por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio.
Los acusados son Muñoz, Roca, Román, los entonces ediles Rafael González, Mario Jiménez, José Marino Pomares, Manuel Calle, Marisa Alcalá y el abogado José Luis Sierra y la causa está en relación a la operación urbanística con Belmonsa sobre unos terrenos municipales y a las licencias otorgadas por la comisión de gobierno en 1997 a esa empresa para construir un edificio de 12 plantas con 112 viviendas en los Llanos de San Ramón.
Así, según el escrito provisional de acusación del fiscal, en una comisión de gobierno de mayo de 1997 se acordó otorgar licencia de obra al proyecto básico sobre un suelo calificado en una parte que quedaba afectado por el complejo como viario público según el plan general de 1968. Asimismo, en diciembre del mismo año, se concedió licencia al proyecto de ejecución de dicha promoción.
El ministerio público estima que con el otorgamiento de estas licencias "se culmina todo un proceso tendente a favorecer económicamente a la entidad promotora Belmonsa iniciado meses atrás, incluso antes de que se constituyese como persona jurídica tal entidad", en lo que tuvo una intervención decidida Roca, gerente de Planeamientos 2000 "desde la que se diseñó toda la operación de favorecimiento".
En este sentido, la acusación pública precisa que éste se prevalió de las relaciones personales con el entonces alcalde, Jesús Gil, que también fue acusado en su momento; y con el fin de "favorecer económicamente a los promotores" que luego crearon Belmonsa, consiguió que le diese el visto bueno a la operación urbanística. Por tanto, se firmó un convenio en 1997, que fue aprobado también por comisión de gobierno.
En el escrito se añade que el valor de la parcela municipal fue tasado en la cantidad de 83.800 euros y que, según la tasación pericial efectuada sobre la parcela de terreno cedida por el Ayuntamiento, el valor debía ascender en la fecha de la transmisión a más de dos millones de euros "propiciándose con ello un indudable negocio a la entidad Belmonsa, pues se permitió edificar en primera línea de playa".
Para Muñoz y la mayoría de los ex ediles, el fiscal pide dos años de prisión y 18 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, mientras que para Roca pide 10 meses de prisión por un delito de tráfico de influencia y 2,4 millones de multa. A Román le acusa sólo de un delito de prevaricación, por el que solicita una pena de inhabilitación durante ocho años.
* Europa Press - MÁLAGA, 24 Jul 2008
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
Oficina de Urbanismo / El Roto
El Roto, delincuencia urbanismo, 24jul08 - elpais.com
"Nos das 60.000 euros y subsanamos el error"
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ELPAÍS/Alicante* : "Para subsanar este error, debes realizar una aportación económica al partido. Ya te diremos de cuánto es". Estas palabras, pronunciadas por el abogado alemán Kai Oliver Wagner el pasado 28 de junio fueron las que convencieron al constructor Pedro Sánchez de que el alcalde de Benitatxell (Alicante), en cuyo nombre hablaba Wagner, quería exigirle dinero a cambio de mantener como urbanizables unos terrenos que habían sido desclasificados en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Ese mismo día, Sánchez denunció los hechos ante la Guardia Civil.
Esta trama, por la que el alcalde de Benitatxell, el independiente Juan Cardona; su primera teniente de alcalde, la austriaca Hannelore Rheindorf; el abogado alemán y el arquitecto municipal están imputados por un presunto delito de cohecho, comenzó a mediados de junio. Sánchez se dio cuenta de que en el nuevo PGOU de Benitatxell sus ocho parcelas ubicadas en la partida Alcassar, urbanas desde 1989, se habían convertido en suelo protegido. Convencido de que se trataba de un error, acudió al Ayuntamiento, donde el arquitecto le dijo que debía hablar con el alcalde, "porque es el que tiene toda la documentación". Cardona le dijo al constructor que no era un error, sino una decisión técnica, si bien le matizó que todo podría arreglarse. "Yo puedo hacer lo que quiera con el PGOU, eso es lo que me han dicho desde arriba, y no tienes por qué preocuparte", le aseveró el alcalde a Sánchez.
Una semana más tarde, el 26 de junio, una funcionaria se puso en contacto con el constructor y, de parte del alcalde, le informó de que pronto le llamaría un abogado "para solucionarlo todo". Efectivamente, Wagner le telefoneó diez minutos después. "Yo le pregunté", afirma Sánchez, "si quería que nos viéramos en su despacho o en el mío, y él me dijo que en ninguno de los dos, que mejor en el bar del campo de golf. Aquello ya me pareció sospechoso".
La reunión entre los dos tuvo lugar en ese bar el sábado 28 por la mañana. Según Sánchez, en el encuentro el abogado alemán le insistió en que el Ayuntamiento estaba "por la labor" de solucionar el problema, mientras el promotor recalcaba que "no era un problema, sino un error". A este encuentro, le siguió otro, el lunes 30 de junio. De esta segunda reunión ya estaban al tanto los agentes del instituto armado, y en ella se pactó el precio que debía pagar el empresario por mantener la clasificación de su suelo. "Todo solucionado. Para subsanar el error, nos das 60.000 euros", relata Sánchez que le dijo el abogado. Y respondió: "Es una exageración. Me pedís dinero a cambio de nada. Yo sólo pido que me den lo que me corresponde. Lo tengo que pensar". Finalmente, el constructor ofreció 40.000 euros y el abogado pidió 50.000, cifra en la que se cerró el trato en una tercera reunión, el 7 de julio. Ambas partes quedaron para realizar la entrega del dinero al día siguiente, martes 8 de julio, a las doce del mediodía. Wagner se presentó con un documento firmado por el arquitecto municipal que garantizaba que los terrenos seguirían siendo urbanizables y no se desclasificarían, pero el constructor alegó que la simple rúbrica del funcionario no era suficiente. Tres cuartos de hora después llegó la primera teniente de alcalde y le dio el papel firmado por el alcalde. El dinero nunca llegó a entregarse porque en ese momento la Guardia Civil detuvo al abogado y después a la concejal. El alcalde fue arrestado por la tarde.
En su declaración ante el juez, el regidor y la edil se autoinculparon. No obstante, en su primera comparecencia pública, tras quedar en libertad con cargos, el primer edil alegó que se trataba de una "trama" y que no pensaba dejar el cargo. Ayer Cardona se reafirmó en esa tesis: "No tengo nada que esconder, ni pienso dimitir. Ahora necesito trabajar por el pueblo".
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 24/07/2008
Foto: Benitachell (Alicante), urbanización Cumbre del Sol - elpais.com
"Ni compro, ni ganas de ello. Prefiero el alquiler"
ELPAÍS/Reportaje* : Rubén Dorado y su pareja viven en Cáceres, ambos son ingenieros jóvenes y nos cuentan que "se han quedado fuera del mercado de la vivienda por haber esperado demasiado tiempo para comprar". El problema que les hizo desisitir, explican, fue "la desproporción entre salarios y precio de la vivienda por un lado, y entre hipoteca y alquiler por otro". Ahora prefieren el alquiler.
"El principal argumento que se suele esgrimir contra el alquiler es que se trata de dinero 'perdido', mientras que con la compra, ese dinero lo puedes recuperar. Esto ha sido cierto hasta cierto punto hasta que reventó la burbuja, pero hoy ya no lo es. Para empezar, teniendo en cuenta los intereses, por una hipoteca de 180.000 euros a 30 años, se acaban pagando 360.000 euros (¡exactamente el doble!). Es decir: después de 30 años has pagado tu casa y le has comprado otra igual al banco. Además, después de esos 30 años esa vivienda no vale los 360.000 euros que te permitirían recuperar la inversión. Es de esperar una cierta revalorización, pero también se tratará de un piso viejo, con 30 años, que necesitará reformas importantes (si no han sido ya asumidas por el propietario), lo que reduce su valor. Además, aunque quieras salir de esa casa antes, sigues necesitando una vivienda, luego no es un gasto del que te puedas librar."
"Pero eso no es todo: durante los primeros años, de los 1000 euros que pagas cada mes, 700 son limpios para el banco en concepto de intereses y solo 300 son para la amortización del capital. Sinceramente, prefiero 'regalar' 500 euros al casero y disfrutar yo los otros 500. Aunque claro, para poder tomar esa decisión, primero tendría que tener ahorrados 45.000. O buscar un préstamo semejante que acumular a la hipoteca.... En definitiva: que ni compro, ni ganas de ello."
"Estamos temblando con la siguiente revisión que la tenemos en octubre"
Marta López nos cuenta los problemas de una pareja media española, un ejemplo que seguro ilustra la situación de muchos: "Somos una pareja de jóvenes, que nos compramos nuestra vivienda hace tres años y medio en Madrid, en concreto en Parla. De aquella, era una de las zonas "más asequibles" (tampoco era una ganga, pero sí de lo más bajo de todos los sitios que miramos). No nos hipotecamos por encima de nuestras posibilidades, pero sí hemos visto aumentado nuestro pago mensual. De 850 euros que pagabamos hace 2 años y medio, ahora estamos en casi 1100, que si se suma mes a mes, es mucho dinero, y ahora estamos temblando con la siguiente revisión que la tenemos en octubre, con la subida de agosto, así que como en 2 semanas esto no cambie (sería un milagrito) nos va a subir casi 1 punto!!! No sé cuanto más mes a mes...Sumando a esto, está que me despidieron del trabajo el año pasado y en el actual cobro bastante menos (tengo que agradecer que por lo menos tengo, viendo como está la situación laboral )..Menos mal, que de momento, siendo dos, vamos pagándolo,privándonos de salir los findes, consumiendo menos.... y sin visión de futuro familiar.
Otro lector, Alejandro Baca, por su parte, pone el acento en la subida de tipos y en cómo ha afectado a quienes tienen una hipoteca. "Yo creo que, en contra de lo que se dice, los pisos no subían hace unos años: a todo el mundo le costaban unos 800-1000 al mes; lo que en realidad aumentaba era el plazo de las hipotecas, y claro, eso hace que sean más vulnerables a los tipos de interés, por eso es ahora cuando de verdad está subiendo el precio de los pisos.La gente no se daba cuenta que, además de comprar el piso, tenía que comprar el dinero (al banco) para comprar ese piso. Y comprar el dinero es muy caro".
"¿Por qué todos dejaron que la burbuja fuera tan grande?"
Entre estos casos destaca el de una lectora que asegura que no tiene problemas para pagar su casa porque, pese a Trichet, [el presidente del Banco Central Europeo], en pleno boom inmobiliario no se le "fue la cabeza", sino que compró "un piso según" sus posibilidades económicas "presentes y futuras". "Me negué, pese a ir contracorriente, a pagar en dinero negro las cantidades indecentes que se pedían con toda la naturalidad del mundo y resulté antipática a fuerza de afear a los vendedores el precio que pedían por inmuebles que no valían ni la mitad". "Hoy contemplo lo que pasa y no me sorprende, lo que me ha extrañado es que todos dejaran que se hiciera la bola, burbuja o pelotazo tan grande".
También subrayamos la situación de un divorciado hace "siete años". "Me quedé con todas las deudas del matrimonio y con la guarda y custodia de mis dos hijas de nueve y doce años. Mi salario es de 1.100 euros al mes. Mi hija pequeña es celiaca, enfermedad muy costosa por no subvencionar nada la Seguridad Social. Hemos podido vivir decentemente hasta ahora, incluso una de mis hijas convalida sus estudios de bachillerato con el conservatorio".
Pero con la actual crisis "los días" de su familia "están contados". "No puedo reunificar mis deudas a pesar de que mi vivienda en propiedad permite hacerlo, sin embargo la Junta de Andalucía no me permite descalificar mi vivienda para poder reunificar dichas deudas. La ayuda del gobierno andaluz es pura propaganda y con nula sensibilidad social. Es mi casa en propiedad y son mis hijas, para sobrevivir ahora necesito 1.500 euros al mes y solo gano 1.100".
Este lector se pregunta qué hace ahora. ¿Esperar embargos, perder el trabajo? "Desde aquí quiero dar las gracias a la Delegación de la Vivienda de la Junta de Andalucía por disponer de lo que no es suyo y sentenciarnos a la miseria".
Julián del Castillo habla de la publicidad engañosa. "Un préstamo hipotecario es aquel en el que la finca hipotecada sirve como garantía de pago, según la RAE" y "si esto no es así, los bancos incurren en publicidad engañosa".
Si los bancos no hacen un buen estudio del riesgo, es su problema. Deberán hacerse cargo de la deuda usando sólo el aval hipotecario que es lo que está firmado en el contrato y no embargando los sueldos de las personas que son su única forma de supervivencia. Si las notarías permiten el dinero bajo cuerda están viciando el sistema y generando una burbuja de dinero negro que se escapa al fisco y dinamita todos los sectores. Si el gobierno y las distintas administraciones no velan por el cumplimiento de las leyes y rectifica las que sean necesarias, anticipándose a los problemas, está agravando el problema y creando una sensación de todo vale, que han aprovechado inmobiliarias, constructoras, notarios, tasadores, ayuntamientos, etc
Hay otro punto en el que no se suele entrar a valorar y es la poca utilización de la cancelación parcial de los préstamos. Culpables, los propios hipotecados y la administración de Hacienda, al desgravar en el IRPF las cantidades depositadas en préstamos hipotecarios, dando el dinero al hipotecado, cuando en realidad tendría que ir directamente a una cancelación parcial del préstamo.
Este lector, ante la "situación de caos", aporta algunas soluciones:
1.- Utilizar fondos sociales de las cajas de ahorro a ayudar en las hipotecas a los clientes de dichas cajas que tengan dificultades y que con su dinero han aportado a dichos fondos sociales.
2.- Cancelación parcial obligada y automática de las reducciones del IRPF en los préstamos hipotecarios.
3.- El mercado hipotecario se recuperará, por lo que se debería obligar a bancos y cajas a una moratoria antes de sacar el bien embargado al mercado y compra preferente para el antiguo dueño.
"Yo le he dedicado a este escrito una hora, pero seguro que todos los departamentos de las distintas administraciones: estatales, autonómicas y locales, así como los juzgados y notarías que se sustentan con los impuestos de todos los españoles pueden encontrar muchas más propuestas y soluciones y no entrar en una espiral de desánimo y de tararear la canción: "Si te ha pillado la vaca j..".
Miquel se pregunta si no será "que el BCE sube los tipos de interés para atraer a los capitales internacionales además de por contener la inflación". En su opinión, "un poco de inflación no debe ser tan mala: los precios y los salarios siempre aumentan, más despacio o más deprisa. Pero claro, si yo soy un fondo de capital que tengo que invertir mis millones, me sale más a cuenta invertir donde los intereses son más altos". "Es decir, una forma de atraer inversiones extranjeras y de impedir que los capitales propios se vayan a otras economías, es subir los tipos de interés. Es ofrecer ganar más dinero al dinero".
Este lector añade que "el que un montón de ciudadanos vean cómo una cada vez más grande parte de sus ingresos se tiene que dar al banco debe ser sólo un efecto colateral más". "Yo no acabo de entender qué tiene de malo que dispongamos de más dinero para consumir. Al fin y al cabo, el consumo es la base de la actividad económica. Y, claro, según esta teoría, a base de restringir el consumo al subir las cuotas de los préstamos, la economía frena su crecimiento".
"A nuestra familia no nos ha afectado la crisis inmobiliaria porque tenemos casa desde antes de la caída de las inmobiliarias, pero nos afecta, y mucho, la subida de los tipos de interés, que es una de las causas de la crisis inmobiliaria. En concreto las cuotas de la hipoteca ya suponen más del 33% de los ingresos familiares". Finaliza Miquel añadiendo que "un infantil punto de vista nos muestra que en lugar de poder ir de vacaciones, le damos más dinero al banco a cambio de nada".
* ELPAIS.com - Madrid - 23/07/2008
Foto: Se Alquila, se vende, carteles Madrid - C.Alvarez, elpais.com
¿De confianza?
ELVIRA LINDO* : Que una de las lacras que minan la democracia española casi desde su nacimiento y que es urgente atajar es la corrupción urbanística, está a la vista de cualquiera; que en las autonomías, la cantidad de enchufados que deriva de los cargos políticos es abusiva, lo sabemos; que ese abuso se calca en los ayuntamientos, está a la vista. No en todos, por supuesto, pero, dada la frecuencia de los casos de corrupción que se han destapado en los últimos años, tenemos derecho a concluir que hay una evidente desinformación de lo que es el servicio público.
Ya no basta con que la justicia castigue los excesos de quien se lo lleva crudo. Este espectáculo de concejales entrando en los juzgados no es más que una tirita para una herida profunda. Los partidos expulsan a los políticos inculpados y la propia expulsión se muestra como prueba de que los mecanismos correctores de la democracia funcionan. Aquí paz y después gloria. Pero eso no debiera bastar, menos aún, en tiempos de la Innombrable (¿crisis?), en que el ciudadano raso ha de vivir austeramente.
Titulares como el que ofrecía el otro día este periódico, El nuevo alcalde de Estepona destituye a veinticinco cargos de confianza, hielan la sangre. ¿Veinticinco? ¿De verdad son necesarios veinticinco cargos de confianza en un Ayuntamiento como el de Estepona? ¿Cuántos debe tener entonces el Ayuntamiento de Barcelona, el de Madrid? ¿Trescientos? ¿Son todos ellos absolutamente necesarios? Leyendo la noticia al completo, podías informarte de que había otros veintitantos cargos que podrían seguir en sus puestos dado que, felizmente, habían sido contratados por empresas asociadas. Las sociedades clientelares, tan dependientes de la política, acaban generando poderes crustáceos, inamovibles. Salvo que la ciudadanía despierte y se rebele. En España ni siquiera se está desperezando.
* ELPAIS.com - Opinión - 23/07/2008
La UNESCO rechaza el proyecto de Caja Duero para las Adoratrices
LAVOZ/Salamanca* : El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO rechaza el proyecto de Caja Duero para el Huerto de las ADoratrices. Una nueva misión de expertos elaborará un borrador de Declaración de Valor Universal Excepcional en el que se especifiquen las condiciones de integridad y autenticidad que debe mantener la Ciudad Vieja de Salamanca.
La UNESCO recuerda que, según la Convención de París, debe ser informado de todos los proyectos urbanísticos significativos que se puedan llevar a cabo en la zona declarada y en las colindantes.
Comunicado de prensa de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio
El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en su 32ª Sesión, celebrada en Québec (Canadá) del 2 al 10 de julio de 2008, ha rechazado el proyecto de construcción de un edificio en el Huerto de las Adoratrices de Salamanca, promovido por Caja Duero.
A pesar de valorar que el proyecto de Álvaro Siza y Juan Miguel Hernández reduce alturas y volúmenes con respecto al anterior proyecto, el Comité considera que no se han atendido las recomendaciones de la misión enviada en el año 2002. Así, califica el proyecto de contradictorio y ambiguo y pide que se suspenda su desarrollo hasta que una nueva misión de expertos evalúe el estado de conservación de la zona protegida, el proyecto en sí, las medidas de gestión y la protección de las zonas colindantes. Además, el Comité lamenta que no se haya producido ningún avance en el desarrollo de un Plan Integral de Gestión de la zona declarada, como viene solicitando desde hace años, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.
Solicita que se elabore un borrador de Declaración de Valor Universal Excepcional en el que se especifiquen las condiciones de integridad y autenticidad que debe mantener la Ciudad Vieja de Salamanca en cuanto Bien declarado Patrimonio de la Humanidad.
También solicita ser informado de todos los proyectos urbanísticos significativos que se puedan llevar a cabo en la zona declarada y en las colindantes, algo que no ocurre en la actualidad. En el último año, desde nuestra Asociación, se ha informado puntualmente al Comité de la evolución de tres proyectos: construcción de un edificio de nueva planta en el huerto de las MM. Adoratrices, construcción de un aparcamiento subterráneo de vehículos en la plaza de los Bandos y construcción de un edificio de nueva planta en la parcela de la Casa de los Niños de Coro, todos estos proyectos estarían inscritos en la zona declarada en 1988 Patrimonio de la Humanidad.
Por último, el Comité pide explicaciones acerca del desarrollo del Convenio entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca, firmado en 2007, para establecer objetivos de conservación del patrimonio declarado.
Desde la Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” lamentamos que, una vez más (y precisamente en el año 2008, cuando la ciudad se prepara para celebrar los 20 años como miembro integrante de la lista de Ciudades declaradas Patrimonio Mundial), Salamanca vuelva a aparecer en la lista de Bienes objeto de debate en las reuniones del Comité del Patrimonio Mundial. Desde el año 2002, el Comité, año tras año, ha dicho no a la destrucción del huerto de las MM. Adoratrices y no a la construcción de edificio alguno en un espacio libre en cuyo entorno se ubican hasta siete Bienes de Interés Cultural. Aparecer en esta lista es señal de que las cosas no se hacen bien. Aparecer siete años seguidos es una vergüenza. En este año, tan sólo dos bienes españoles son analizados por el Comité: Obras de Antonio Gaudí (por el paso del AVE bajo la Sagrada Familia) y la Ciudad Vieja de Salamanca. El empeño de Caja Duero, inconsciente, y la actitud, irresponsable, de las administraciones públicas derivan en un riesgo que Salamanca no debe correr. De momento, recalcamos, el Comité auditará el estado de conservación de Salamanca a fin de saber si por su “integridad y autenticidad” debe seguir mereciendo el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y solicita, formalmente (algo que nunca antes había ocurrido), la suspensión de toda tramitación administrativa relativa al polémico proyecto de Caja Duero.
Es hora de que nuestras autoridades, que desde hace días conocen las decisiones adoptadas por el Comité, se tomen en serio la labor de gestionar un Bien declarado Patrimonio Mundial con el fin de que el nombre de la ciudad desaparezca del listado de asuntos analizados en las reuniones del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Porque, en este caso, no estar en la lista es señal de que la gestión es correcta.
* La Voz de Salamanca - AGENCIAS / José A. Andrés - 12 de julio de 2008
Foto: Salamanca, Las Adoratrices - lavozdesalamanca.com
ARCA augura "en breve" acciones penales contra los alcaldes que no ejecuten las sentencias de derribo
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EUROPAPRESS* : La asociación ecologista ARCA cree que "en breve" se empezarán a mover en Cantabria "acciones" penales contra los alcaldes que no ejecuten las sentencias firmes de derribo, porque podrían estar incurriendo en delito de desobediencia. Está por ver, según dice, si esas acciones partirán de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria o de la propia asociación, pero lo que tienen "más que claro" es que los hechos pueden tener "relevancia penal".
Así lo explicaron hoy en rueda de prensa el presidente y el vicepresidente de la asociación, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, justo un día después de hacerse públicas cuatro nuevas sentencias que suponen la anulación de las licencias concedidas a Fadesa para la construcción de 122 viviendas en el Alto del Cuco, cuyo derribo pedirá Arca tan pronto como las sentencias sean firmes.
Según señaló Herrera, Arca está estudiando la posibilidad de emprender acciones penales contra aquellos alcaldes que están "simulando" ejecutar las sentencias de derribo pero "no tienen intención" de llevarlas a efecto. Y es que, destacó, los propios fiscales "se dan cuenta de que la no ejecución de las sentencias de derribo es uno de los principales escollos para aplicar la normativa urbanística".
"Las sentencias firmes de derribo deben ser ejecutadas porque esto es el sustento del estado de derecho. Lo que no puede ser es que lo que esté hoy prohibido, mañana, a través de soluciones parlamentarias o de presiones, esté permitido", recalcó el vicepresidente de Arca, quien opinó que puede tratarse de un delito de desobediencia por no ejecución de sentencia, sancionable al igual que el caso Atutxa.
Para Herrera, en Cantabria se está "larvando" un debate sobre la ejecución o no de sentencias que demuestra que su sociedad "no ha alcanzado un nivel democrático saludable" porque en sociedades con buenos niveles democráticos "las sentencias se cumplen, no se buscan artimañas".
Con la anulación de licencias de estas 122 viviendas en el Alto del Cuco, el vicepresidente de ARCA explicó que se suman nuevas viviendas con sentencia de derribo a la "bolsa" de 500 que ya había en la región, lo que eleva prácticamente a 630 esa bolsa.
PRINCIPAL FOCO DE CORRUPCIÓN
Las cuatro sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander demuestran además, a juicio de Canales, que Arca ha hecho una vez más "de forma acertada" su trabajo en defensa del medio ambiente y que la justicia "ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y ha hecho bien su trabajo".
Pero esto, pone a la vez de manifiesto que "el resto de administraciones no lo están haciendo bien" y que la administración "está implicada en estos procedimientos de urbanismo salvaje" y está manteniendo una gestión "nefasta", que va "contra la legalidad" y se "salta" las normas que ella misma hace, agregó.
En palabras de Canales, con estas sentencias también se hace patente que los ayuntamientos "siguen siendo el principal foco de desórdenes urbanísticos e incumplimientos contra le ley del Suelo y Ordenación del Territorio" y "el principal foco de corrupción urbanística".
Para hacer frente a esa situación, la asociación apuesta por abordar modificaciones legislativas, la primera de ellas en relación a la Ley del Suelo para "quitar" competencias a los ayuntamientos, fundamentalmente para que no puedan aprobar planes parciales ni modificaciones de su planeamiento y un organismo regional se ocupe de ello.
La otra modificación que propone Arca, según explicó Canales, es que los políticos y los promotores "respondan con su patrimonio personal de los daños causados" porque "no puede ser que se vayan de rositas" y se intente "reparar" el daño con "el dinero de todos". Puso el ejemplo de los directivos de Fadesa --promotora de las viviendas del Alto del Cuco-- que, según dijo, viajan "en avión privado" y tienen contratos "blindados", mientras "van dejando marrones" como éste.
MÁS LICENCIAS RECURRIDAS
José Ángel Herrera explicó que las sentencias sobre las licencias de las 122 viviendas del Alto del Cuco conocidas ayer eran "más que esperables" y estaban "absolutamente cantadas", puesto que el Plan Parcial del Sector 2 del Alto del Cuco ya había sido anulado.
Ahora habrá que esperar a ver qué sucede con las demás licencias (eran unas once en total), porque la asociación recurrió todas las concedidas para la construcción de las cerca de 400 viviendas proyectadas en el Alto del Cuco. Herrera se mostró convencido de que se aplicará la misma doctrina que en las cuatro primeras sentencias y quedarán con ello anuladas las licencias.
Las cuatro sentencias ya conocidas no son firmes, porque cabe recurso y la asociación no sabe si el Ayuntamiento, Fadesa o alguno de los particulares afectados habrá recurrido la decisión. En cualquier caso, Arca esperará a que sean firmes para pedir entonces la aclaración de sentencia y el derribo de las viviendas, aunque, según Canales, "se sobreentiende" que la anulación firme de licencias conlleva la demolición.
La asociación también pedirá entonces la restauración del monte que, a su juicio, puede resultar más costosa económicamente que las indemnizaciones a los afectados.
* Europa Press - SANTANDER, 23 Jul. 2008
Foto: Piélagos (Cantabria), urb. Alto del Cuco - S.Cirilo, elpais.com
Uno de los cerebros del 'Guateque' admite que recibió gratificaciones
ELPAÍS/Madrid* : "En vez de invitarme a una comida, me pagaba". Victoriano Ceballos, ex jefe de la división de Impacto Medioambiental del Ayuntamiento de Madrid y supuesto cabecilla del caso Guateque (la trama de corrupción en la concesión de licencias municipales), reconoció ayer ante el juez Santiago Torres que recibió dinero de la arquitecta técnica Pilar García Uceda, con la que había colaborado en varios trabajos.
Entre los dos realizaban proyectos de expedientes que más tarde se mandaban a la Concejalía de Medio Ambiente, según fuentes jurídicas. Además de Ceballos, también declararon otros tres funcionarios municipales y 10 empresarios en una maratoniana jornada en el Juzgado de Instrucción número 32 de Plaza de Castilla.
Al supuesto cerebro del caso Guateque se le imputa un delito de actividades prohibidas a los funcionarios, el cobro de gratificaciones. A las preguntas sobre la incompatibilidad de las colaboraciones con su condición de funcionario, Ceballos aseguró ante el juez que pensaba que ya estaría "jubilado" cuando "los proyectos llegasen a su departamento debido a la larga tramitación que soportan los expedientes".
Al entrar en la sala, Ceballos explicó al magistrado durante más de una hora cuál fue la tramitación de "tres o cuatro" expedientes de licencias de locales de 2005. "Todos siguieron el curso habitual. No se han producido irregularidades", afirmó después en los pasillos de los juzgados. "No cobré un duro ni por los informes ni por acelerar expedientes". El antiguo funcionario, sin embargo, admitió que sólo se aceleraban las licencias que "políticamente se mandaban adelantar". Antes de declarar, Ceballos insistió en que "no hay ninguna trama", y achacó su imputación a que era el único funcionario que evaluaba los informes que pasaban por Medio Ambiente. "Por eso todos tienen mi firma", puntualizó.
El otro principal imputado que compareció ayer fue Joaquín Fernández de Castro, antiguo jefe del departamento de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente. Coincidió, y charló en varias ocasiones, cerca de tres horas en los pasillos del juzgado con Ceballos. Entre paseo y paseo, Fernández de Castro declaró que "se está cometiendo un atropello disparatado". Ya ante el juez, el funcionario afirmó que habría destituido a Ceballos en el caso de haber tenido constancia de las irregularidades. Ambos funcionarios, que salieron de prisión el pasado 24 de enero, previo pago de 60.000 euros, están imputados por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y actividades prohibidas a los funcionarios.
La anécdota del día corrió a cargo de Antonio López González, socio en la cafetería Nuevo Riaño de Manuel Pérez Gallego. Éste debía declarar ayer como imputado. "Pero si murió hace tres años", dijo López González cuando su socio fue llamado por el tribunal.
Miguel Ángel García Jodar, ex técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, fue el encargado de abrir la sesión matinal. Él preguntó acerca de unos expedientes en la calle de Lagasca y el funcionario respondió que él sólo hizo las mediciones y nunca falseó datos.
El único empresario imputado que realizó declaraciones fue José Fernando Hurtado Roma, dueño del pub Deyavu, en Ciudad Lineal, y acusado de pagar una comisión por una licencia municipal. Se mostró muy sorprendido por la citación porque pidió una licencia en mayo de 2006 y aún no la tiene. "Lo que he pagado han sido 1.102 euros por un proyecto", aclaró.
* ELPAIS.com - ROBERTO TAMAYO - Madrid - 23/07/2008
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - abc.es
Roca: "Di el dinero a Urquía en dos sobres"
ELPAÍS* : La sorpresa saltó a las 9.45. Por primera vez desde su detención por la trama de corrupción de Marbella, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca se autoinculpó ayer ante un juez. "Yo pagué 73.800 euros a Urquía para la compra de su casa. Preparé los pagos personalmente y se lo entregué en dos sobres distintos. Quedamos en vernos a mediodía, sobre las tres de la tarde, cuando no había nadie en mi oficina".
Estaba en pleno juicio acusado de pagar al magistrado para conseguir favores judiciales. En concreto, la suspensión judicial de un programa que se emitió en marzo de 2006 en una televisión local en el que se hacía público su patrimonio.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) juzga a Roca junto al magistrado Francisco Javier de Urquía, ex titular del juzgado número 2 de Marbella, y el empresario Arnaud Fabrice Albouhair en una causa derivada del caso Malaya. Todos se enfrentan a tres años de prisión por delitos de cohecho y negociación prohibida a funcionario público. El magistrado, apartado de la carrera judicial desde hace un año, está acusado además de prevaricación judicial.
Era el turno de Roca para decir si estaba de acuerdo o no con los cargos. "Estoy parcialmente de acuerdo respecto del cohecho", dijo. La presidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, pidió que se acercara al micrófono para oír mejor lo que decía. "He decidido decir la verdad en contra del consejo de mi abogado. Para mí no es fácil declarar hoy lo que estoy declarando", añadió después.
El giro de Roca, que en dos declaraciones anteriores negó todos los cargos, cayó como un rayo en la defensa de Urquía. El abogado Antonio González Cuéllar trató sin éxito de volver a suspender el juicio, aunque sí logró un receso para asimilarlo y preparar su interrogatorio.
El ex asesor de Urbanismo no relacionó el pago al juez con la suspensión del programa de televisión que tanto le incordiaba. "Le entregué el dinero para que me ayudara con temas judiciales", dijo. Roca negó haber hablado con el juez sobre el programa, pero reconoció a preguntas del fiscal que era "el único asunto" que tenía pendiente en el juzgado de Urquía.
Cuando le llegó el turno al juez, lo negó todo. "Roca miente (...) el dinero me lo dieron mi padre y mi esposa", dijo. El juez insinuó que el giro de Roca se debe a que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Aseguró que le habían llegado "rumores" de "compañeros de Madrid y de Granada" sobre un "acuerdo para que Roca consiga trato de favor en otras instancias". El ex asesor de Urbanismo lo negó.
Urquía no declaró en el banquillo. Al ser abogado y defenderse a sí mismo, lo hizo desde el estrado y con la toga puesta. Durante la hora que duró su interrogatorio negó haber asesorado a Roca. Para Urquía, el ex asesor de Urbanismo marbellí era prácticamente un desconocido. "No he hablado en mi vida con él por teléfono, he coincidido dos veces en actos sociales" en el local de su amigo Albouhair.
Dos de los inspectores del caso Malaya explicaron al tribunal cómo surgió el caso, que el magistrado Miguel Ángel Torres, primer instructor del caso Malaya, derivó al TSJA porque estaba implicado un juez. "Todo comenzó cuando el juez Torres nos pidió que averiguáramos dónde habían ido a parar 150.000 euros que el promotor Ávila Rojas reconoció haber pagado a Roca", contó un policía. En los apuntes de contabilidad intervenidos vieron que ese dinero se desglosaba en dos pagos, uno de 63.000 euros y otro de 10.800 y tras hacer un rastreo descubrieron que las cantidades coincidían con el contrato de compra venta de una vivienda en la urbanización marbellí Azalea Beach y dos recibos a nombre de Francisco de Urquía Peña.
Con estos datos, y la fecha en la que se firmó el contrato, los investigadores repasaron las conversaciones telefónicas grabadas a Roca y descubrieron una conversación con Arnaud Fabrice Albouhair, en la que una voz en segundo plano asesoraba al ex asesor de urbanismo sobre la mejor forma de conseguir la retirada del programa de televisión. "Fue el propio Miguel Ángel Torres quien reconoció la voz del juez Urquía en la conversación telefónica", coincidieron. "Esto es una trayectoria de pagos, no un pago único", aseguró uno de los inspectores.
Dos inspectores de Hacienda, que declararon como testigos, explicaron que en el caso Malaya se intervinieron 10 gigas de información y 40.000 documentos que todavía están analizando. "Todavía hay aportes no identificados", dijo uno de ellos.
* ELPAIS.com - JUANA VIUDEZ - Granada - 23/07/2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
Benalúa Sur. Otro proyecto caro para la ciudad
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO/Alicante* : Qué pensarían ustedes de alguien que cediera sus propiedades, renunciara a buena parte de los beneficios que pueden derivarse de ellas y posibilitara así que una empresa privada aumentara los suyos? ¿Qué pensarían ustedes si esa conducta la adoptara un Ayuntamiento y que, para realizarla, cesara a los dos técnicos que se oponían a suscribir unos acuerdos aparentemente al menos lesivos para la ciudad? ¿Qué pensarían ustedes si alguien cediera terrenos recibiendo a cambio un valor infinitamente inferior al real?
Cada cual puede pensar lo que estime oportuno dentro de sus preferencias y de su ingenuidad, pero yo, que de ingenuo ya tengo poco, creo que tras este tipo de negocios ruinosos ha de buscarse una razón, la que sea, pero nunca la superior que debe presidir las actuaciones de la Administración Pública.
Puedo entender que haya distintas sensibilidades a la hora de aprobar proyectos de actuación urbanística; puedo entender que existan diversas maneras de concebir el desarrollo de una ciudad; pero nunca, jamás, puedo asumir la pureza absoluta de unas decisiones que han venido acompañadas de actuaciones tan llamativas como el despido y traslado de los técnicos informantes a favor del Ayuntamiento, pero en contra de las decisiones del PP (que no es lo mismo, pues el Ayuntamiento somos todos y el PP unos pocos) y el cambio reiterado de proyectos que, al final, suponen un menoscabo en el patrimonio colectivo que, ese sí, es de todos, no de los que nos gobiernan en este municipio.
El plan parcial Benalúa sur, al que me estoy refiriendo, más allá de la casi anécdota de haber asumido últimamente el pago del levantamiento de un muro para edificar el ansiado colegio de este barrio, está plagado de documentos contradictorios que hacen sentir vergüenza ajena, al menos porque a uno le cabe la duda razonable acerca del cuidado con el que se abordan cuestiones tan elementales como el desarrollo urbanístico de una zona conocida como la milla de oro. O, por qué no -la duda es siempre inherente a la razón-, deducir que tales chapuzas no son ajenas a la forma misma en que se desarrolló un planteamiento urbanístico sujeto a vaivenes de muy difícil catalogación. Porque, fíjense ustedes, en términos sencillos, la propuesta presentada por el urbanizador en el año 1998 era tan simple como que consistía en que él asumiría los costes del desarrollo del plan y así fue aprobada por el Ayuntamiento, para acabar, en el año 2005, con una solución en la que los alicantinos hemos de pagar una buena parte del beneficio del urbanizador y todo ello sobre la base de un caos que movería a la risa si no fuera por la seriedad del asunto y a la inquietud por la gravedad de unos hechos que deben movernos a la reflexión y cuestionarnos muchas cosas, pues lo sucedido entra de lleno en el terreno de la anormalidad.
Y todo esto ha sucedido -e insisto porque me parece esencial-, en un contexto en el que se despide y luego readmite por orden judicial a un técnico municipal, con conocimientos comprobados y que ha ingresado por oposición y se traslada a otro, ambos por oponerse a unas actuaciones muy complejas de entender desde la razón. Y acompañados estos acontecimientos por unas declaraciones de doña Sonia Castedo en las que afirma que el Ayuntamiento necesita técnicos "que se adapten los más fielmente posible al contenido de los puestos de trabajo que integran la organización de la gerencia" (de Urbanismo). A nadie se le oculta que lo que doña Sonia Castedo está preconizando es la sustitución de técnicos independientes, por otros sometidos o dóciles ante las decisiones políticas y que no cumplan fielmente con su función fiscalizadora, es decir, con la crítica y denuncia de lo ilegal o ilícito. Cuando, desde un órgano político se buscan técnicos de este perfil y que sean capaces de obviar la legalidad o de buscar recovecos para incumplirla, debe dudarse de la licitud de las conductas o de la sospecha al menos de su adecuación al ordenamiento jurídico. Y no afirmo que se haya hecho, pues carezco de pruebas, pero sí que de las palabras de la concejala se deduce que es eso lo que se persigue.
Curioso es que, no obstante, el grupo municipal socialista, cuyo portavoz entonces era Blas Bernal, en enero de 2003, diera su aprobación a un plan que ya entonces había experimentado una modificación unilateral del urbanizador en perjuicio de los intereses municipales y curioso es que los seguidores del ex concejal, en esta tribuna y otras similares increpen al portavoz actual, Roque Moreno, pidiéndole actuaciones inmediatas por algo de lo que no es responsable. No me cabe duda, sin embargo, de que este último actuará, pues ningún interés se le conoce y ninguna relación mantiene más allá de aquéllas que le exige el cumplimiento de sus obligaciones. No todos pueden decir lo mismo.
Entiendo que este tipo de comportamientos, de proyectos contradictorios, de documentos que varían sin razón alguna que esté en el origen de la modificación, de pérdida de patrimonio municipal o de un adecuado beneficio, cuando no son controlados desde dentro por técnicos independientes, deben ser sometidos a la decisión de los tribunales. No se trata de judicializar la política como suelen afirmar los que creen que las elecciones legitiman para actuar con total y plena impunidad, sino de restablecer el equilibrio necesario en un Estado de Derecho entre política y respeto a la legalidad. Los mecanismos están previstos, pero cuando los cargos públicos eliminan de la esfera de su actuación todo control interno administrativo y buscan sólo personal de confianza, ha de acudirse al Poder Judicial, que mantiene su independencia y que viene a sustituir de este modo a los profesionales expulsados de la función pública o sancionados por el cumplimiento de su función fiscalizadora.
No emito en esta aportación opinión alguna al respecto de los hechos; no es mi competencia. No obstante, sí manifiesto públicamente mi extrañeza por la existencia de contradicciones en la documentación tan evidentes y de resultados tan opuestos, que es obligado ofrecer alguna explicación pública cuando de los intereses de la ciudadanía se trata. Pasar de un proyecto en el cual los costes se establecían a cargo del urbanizador a otro en el que dichos costes ha de soportarlos en un cincuenta por ciento la ciudad, merece alguna explicación, pues el patrimonio municipal es tan mío como de los concejales de la mayoría y tanta legitimidad tengo yo para oponerme y exigirles claridad, como ellos obligación de dármela. Ganar las elecciones no les hace dueños de la ciudad, sino meros administradores y no son buenos quienes administran y pierden. En cualquier otra empresa estarían cesados.
Nota: Jorge Alarte, para mí el único candidato a la Secretaría General del PSPV que puede encabezar un cambio real, está viendo florecer estrategias innumerables dirigidas a entorpecer lo que la realidad impone y a perpetuar a los inmarcesibles. No creo que a la larga sirvan para nada, pues cuando la esperanza cunde es irrefrenable. La desazón en la que han instalado los de siempre este partido es la prueba de que esta vez no conseguirán sus objetivos.
* José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.
* Información - Opinión - 22 de julio de 2008<
El juez para las casas que promovió el ex alcalde de Íllora junto a una cañada real
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IDEAL/Granada* : Las empezó a construir cuando era regidor en unos terrenos que se habían declarado urbanizables con el PGOU que terminó de aprobar su gobierno. El Juzgado de Instrucción nº2 de Loja ha paralizado las obras de la urbanización que promueve el ex alcalde de Íllora, Antonio Toral, y que -según los informes que constan en las actuaciones- invaden el trazado de una vía pecuaria, la Cañada Real de Loja.
Las obras comenzaron cuando Toral todavía estaba al frente del Ayuntamiento. Es más, la operación urbanística se cerró definitivamente mientras él era alcalde. Por este asunto -desvelado pro IDEAL en diciembre de 2006- la Fiscalía del TSJA presentó denuncia contra el ex alcalde y el ex concejal de Urbanismo por los supuestos delitos de ordenación del territorio y tráfico de influencias.
Cuando sucedieron los hechos Antonio Toral era administrador único de la sociedad Construcciones y Promociones Parapanda Residencial S. L., una empresa dedicada a la «promoción, adquisición y venta de toda clase de terrenos rústicos y urbanos, así como a la construcción, por cuenta propia o ajena», según figuraba en el Registro Mercantil.
Antonio Toral ostentaba el cargo desde el 30 de enero de 2006, el mismo día que inició las operaciones la sociedad. Meses antes, el 11 de noviembre de 2005, el Boletín de la Provincia (BOP) publicaba que el Ayuntamiento había admitido a trámite un proyecto de reparcelación en la pedanía de Alomartes. La operación había sido promovida por la mujer del alcalde y una socia.
Los terrenos habían sido declarados urbanizables -denuncia el PSOE- con la revisión del planeamiento urbanístico (PGOU) que se tramitó en esos años. Un plan que se aprobó definitivamente en noviembre de 2005, aunque el alcalde no participó en aquella votación.
El PSOE -que gobierna en la actualidad- había sido descabalgado a la oposición tras una moción de censura en diciembre de 2003, impulsada por el tripartito PP-PA-PSA. Según los socialistas, la urbanización contemplaba más de un centenar de casas y cuando saltó la investigación ya se habían empezado a construir y estaban casi acabadas las seis primeras, que se habían puesto a la venta al precio de 162.274 euros cada una.
La Delegación de Medio Ambiente emitió un informe en noviembre de 2006 en el que alertó sobre la posibilidad de que las casas que construía el alcalde estuvieran dentro de una cañada real. La Junta aseguraba que el deslinde de la vía pecuaria -de 75 metros de ancho- no se había efectuado.
El Juzgado accede en un auto -recurrible- fechado el 25 de junio a la petición del Ayuntamiento de Íllora, que está personado como acusación, y paraliza las obras de urbanización y de construcción, así como cualquier expediente para licencias de obra o de primera ocupación.
* Ideal - 22.07.08 - Q. CH.
Foto: Íllora (Granada) - wikimedia.org
La UE pedirá 30 millones por hoteles ilegales de Lanzarote
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ELPAÍS* : Sobre los 22 hoteles de Lanzarote declarados ilegales penden varias amenazas. No sólo la sentencia de ilegalidad y la posible demolición, sino que la Comisión Europea acaba de pedir al Ministerio de Economía todos los expedientes de los fondos europeos invertidos en la isla entre 1994 y 2006 para ver cuántos fueron a estos establecimientos y afirma que pedirá la devolución del dinero si, como aquí ocurrió, "fue a proyectos ilegales".
La cantidad supera los 30 millones de euros para zonas deprimidas que el Gobierno del PP concedió a estos establecimientos. Entre ellos está el hotel Playa, que José María Rosell, marido de la senadora del PP María del Mar Agüero, nunca concluyó pese a hacer recibido en 2000 1.660.000 euros para promocionar el empleo en la zona.
La semana pasada, la Subdirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Economía envió a la Comisión Europea el segundo gran paquete de información sobre las ayudas en Lanzarote. La Comisión le ha pedido todos los fondos europeos invertidos en la isla entre 1994 y 2006, en busca de un fraude masivo en las subvenciones hoteleras para zonas deprimidas. "Si los fondos europeos han ido a parar a proyectos ilegales en Lanzarote, le pediremos a España una corrección, cancelando toda o parte de la contribución de la UE", explica una portavoz de la dirección de Política Regional de Bruselas.
Al menos 10 hoteles recibieron más de 30 millones de euros entre 1998 y 2002, según la denuncia que el eurodiputado español de Los Verdes David Hammerstein llevó al Parlamento Europeo. Se trata de ayudas destinadas a zonas deprimidas. Estos hoteles han sido declarados ilegales en un rosario de sentencias que comenzó el verano pasado. El Timanfaya Palace recibió 885.979 euros; el Princesa Yaiza 4,092 millones; el Natura Palace 3,055 millones; el Millenium, que nunca se construyó, 4,67 millones; el Meliá Volcán, 3,173 millones; el Rubicón Palace, 6,82 millones; el Riverostar Papagayo, 1,548 millones, y el Iberostar Costa Calera 1,199 millones.
Este diario intentó, sin éxito, contactar con Rossell, presidente de la cadena Hoteles Playa, con sede en Andalucía, y que además fue presidente de la patronal turística Exceltur. Su esposa, la senadora del PP por Almería, no quiso hacer declaraciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias considera que los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, en Lanzarote, vulneraron sistemáticamente la moratoria turística que limitaba el número de camas que se podían construir en la isla, entre otras irregularidades. Las sentencias dan la razón al Cabildo de Lanzarote y a la Fundación César Manrique, que querían limitar el urbanismo salvaje en la isla.
Francisco Martínez, de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote, afirma que si alguien tiene que devolver el dinero será la Administración, "ya que los hoteles tienen alguna irregularidad administrativa, pero los empresarios los construyeron con permiso municipal". El caso es jurídicamente complejo, ya que los hoteleros recurrieron la moratoria y consiguieron su anulación, aunque no por ello dejó de estar vigente, a la espera de lo que diga el Supremo.
Los hoteleros pedirán que sea el Gobierno quien devuelva el dinero y dirán que cuando fueron subvencionados no sabían que los edificios fueran a ser declarados ilegales. Más difícil será el caso de Rossell, que dejó de construir su hotel por orden judicial y del que aún queda el esqueleto de hormigón junto a la playa en Yaiza.
Los hoteleros minimizan el impacto de las sentencias y niegan que pueda llevarles a la demolición, opción que sí contemplan las sentencias que los declaran ilegales. Las resoluciones judiciales han dejado en el aire hasta una gran urbanización de 1.800 viviendas y 4.500 plazas y han creado una situación de urbanismo ilegal comparable al que existe en Marbella, con miles de camas declaradas ilegales.
El Cabildo de Lanzarote, presidido por el PSOE, comenzará la semana que viene a negociar para legalizar algunos de los hoteles: "Carecen de licencia y tendrán que hacer los trámites correctamente. Hay hoteles incompatibles con la moratoria, que tienen más camas y alturas, y menos zonas verdes, y tendrán que adecuarse al plan de ordenación insular", explican fuentes del Cabildo.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 22/07/2008
Foto: Esqueleto del hotel Playa, que fue subvencionado con 1,6 millones y no se concluyó - elpais.com
Las 303 'banderas negras' del litoral
SOITU* : Hace apenas dos meses se presentó el informe de banderas azules de nuestra costa. Ahora, Ecologistas en Acción, muestra la otra cara de la moneda a través del documento 'Banderas Negras 2008. Hipoteca costera'. Este informe muestra en su décima edición un total de 303 banderas negras y 310 puntos negros, lo que supone un incremento de 28 nuevas banderas y un nuevo punto negro en relación a 2007.
Pero ¿qué diferencia hay entre estos dos conceptos? Jorge Sáez, portavoz del área marina de Ecologistas en Acción, nos explica que "una bandera negra se refiere a un caso irreversible, de gran destrucción permanente o de proyectos que ya han comenzado; en cambio, un punto negro hace alusión a un caso puntual o a un proyecto ya aprobado que puede representar una amenaza".
Con todo, el estudio anual de 'Banderas Negras' constituye una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral. Para Theo Oberhuber de esta organización ecologista, la principal causa del deterioro de las costas españolas es la intensificación del sector urbanístico, del turístico, del pesquero y en menor medida del agrario. "Esa intensificación ha supuesto una agresión del entorno costero que pone en riesgo para los próximos años la propia actividad de estos sectores, pronto vamos a sufrir las consecuencias económicas, sociales y ambientales de este modelo económico, hemos hipotecado la costa para los próximos años", explica esta ecologista.
Balance de las banderas negras por Comunidad Autónoma:
Andalucía (46)
En esta comunidad destacan la urbanización de Málaga, la construcción y ampliación de puertos deportivos y aquellos proyectos que conllevan la privatización de importantes tramos del litoral con los consiguientes impactos ambientales. El informe señala que aún hoy hay que lamentar casos como el de la playa de Fuentebravía, en el Puerto de Santa María, donde la urbanización salvaje del litoral ha arrasado el hábitat de especies protegidas como el camaleón.
En cuanto a la calidad de las aguas, el documento apunta a que el riesgo de que se produzcan mareas negras es cada vez mayor en las provincias de Huelva y Cádiz, debido al trasiego de sustancias peligrosas y contaminantes en las costas de estas provincias. En concreto Huelva, tiene el "peor caso de contaminación industrial" de toda Europa, según Sáez.
Asturias (28)
La costa asturiana ha sufrido en los últimos años la construcción masificada de nuevas viviendas. Sólo en la zona oriental se han levantado más de 30.000 nuevas viviendas con el deterioro medioambiental que esto conlleva.
Baleares (36)
El 'boom' turístico llegó hace años al archipiélago balear. En especial, Mallorca ha sufrido durante los últimos 40 años una gran presión urbanística en su litoral y diversas zonas con un gran interés natural y ecológico han sido urbanizadas. Actualmente el plan territorial de Mallorca incrementa el suelo edificable con unas previsiones urbanísticas de 5.000 hectáreas en 10 años, todo ello, según los ecologistas, en un territorio ya de por si bastante saturado.
En cuanto a la problemática de los campos de golf, actualmente en la isla de Mallorca funcionan 18 campos y se está tramitando la construcción de 16 más, muchos de los cuales van asociados a complejos residenciales y hoteles.
Canarias (31)
La compensación que se está dando en forma de permutas a hoteles en parques naturales es uno de los problemas más graves de este archipiélago. Esta situación permite ampliar las concesiones administrativas como es el caso del Oliva Beach y el de Tres Islas, a cambio de la propiedad de Lobos. Otro tema importante es la depuración de aguas: el informe indica que las islas canarias suspenden en esta materia. Canarias ha asumido una importante sobrecarga territorial en las zonas litorales de sus cuatro islas más turísticas: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.
Cantabria (23)
Una de las mayores amenazas que sufre el litoral de Cantabria es su excesiva, continuada y acelerada urbanización. Prueba de ello es que actualmente existen 23 sentencias de derribo de diferentes urbanizaciones que afectan a 532 viviendas de cinco municipios costeros: Argoños, Arnuero, Escalante, Piélagos y Miengo.
Además, los ambientalistas explican que se ha aprobado un Plan de Puerto e Instalaciones Portuarias que contempla grandes actuaciones en Castro Urdiales, Laredo, Colindres, Comillas y San Vicente de la Barquera y cuyo objetivo es generar 2.750 atraques nuevos para embarcaciones de recreo, actuaciones que generarán graves impactos ambientales sobre las zonas que se sitúen.
Cataluña (36)
La costa catalana es quizás la costa de la Península Ibérica más desconfigurada y desnaturalizada. Los ecologistas señalan que más del 50% de su superficie está urbanizada y hay un grado de contaminación importante frente a las costas de Barcelona y Tarragona ciudad consecuencia de su importante actividad industrial.
El documento también resalta los graves problemas de erosión costera provocados por los espigones de protección de los puertos, que interrumpen y modifican la dinámica de sedimentos y de corrientes en la costa, y además denuncia que el nuevo plan de puertos, que habilitará 6.000 nuevos amarres, no ayuda en nada a solucionar este problema.
Ceuta (1)
La Playa de la Ribera ostenta la bandera negra al estar gravemente afectada por una actuación de "regeneración" que llevó a cabo la Dirección General de Costas hace cuatro años.
Euskadi (12)
Algunas de las zonas más afectadas por la construcción residencial de baja densidad cerca de las zonas de playa son, según la publicación de los ecologistas: el entorno del estuario del Barbadún y la playa de la Arena (Muskiz y Zierbena), el tramo costero de Getxo a Plentzia, los proyectos urbanísticos en Bakio, la Reserva de la Biosfera de Urbaibai y el Estuario del Oka.
De la misma forma, el documento hace hincapié en la presión industrial que recibe la costa vasca, con casos como: la refinería de Petronor, en el estuario del Barbadún, el superpuerto de Bilbao, el astillero de Murueta, la presión industrial en el interior de los valles gipuzkoanos sobre las cuencas fluviales (Deba, Oria, Urola, etc.), las emisiones y vertidos procedentes de la central térmica de Pasaia y otras industrias, el Puerto de Pasajes (en proyecto), y la construcción de nuevos puertos deportivos o de amarres deportivos en puertos tradicionales (Santurtzi, Getxo, Armintza, Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Mutriku, Zumaia, Orio, Hondarribia,...).
Galicia (26)
Para los activistas de Ecologistas en Acción, el desarrollo urbanístico e industrial descontrolado, las inexistentes políticas de ordenación del territorio y un equivocado concepto utilitarista del progreso se ha traducido en la destrucción de grandes partes del litoral gallego. En la actualidad se prevé la construcción de 300.000 nuevas viviendas en la próxima década, un 75% más de las que ya existen hoy, la mayor parte de ellas concentradas en la costa. Además, están previstos 17 campos de golf y 24 nuevos puertos deportivos. De esta forma, Galicia pasaría de tener 816.000 viviendas en la costa a 1,4 millones en diez años, siendo el 60% segunda vivienda.
Los asentamientos humanos e industriales actuales carecen en su mayor parte de las medidas mínimas de gestión de vertidos y depuración de aguas. El informe detalla que esta situación significa que más de 650.000 habitantes vierten sin tratar sus aguas residuales a las rías gallegas, vertidos no sólo domésticos, sino también industriales (más de la mitad).
Melilla (2)
La primera bandera negra está en la playa de Horcas Coloradas linda con un vertedero al mar y está gravemente contaminada todo tipo de residuos; y la segunda, en la playa de ensenada de Galápagos, inutilizada por la gran cantidad de residuos sólidos flotantes que hay en sus aguas.
Comunidad Valenciana (33)
El análisis de los ecologistas concluye que cerca de la mitad del litoral valenciano se encuentra actualmente urbanizado y está previsto que se urbanice otra quinta parte del mismo. El desarrollo urbanístico del litoral supera en ocasiones la capacidad de acogida del medio y la saturación de lugares de ocio como las playas. Ligado a estos desarrollos urbanísticos se realizan una serie de actuaciones que faciliten su uso turístico, en muchos casos con un grave impacto ambiental. Un claro ejemplo son los paseos marítimos: estas obras costeras logran romper la dinámica litoral, impiden la autoregeneración de la playa y suponen una barrera ecológica para el ecosistema costero.
Además, el informe añade que más de un tercio de las playas de esta comunidad presentan diversos problemas de erosión por diferentes causas: la modificación de la geomorfología con espigones, los aportes artificiales de arena, la construcción de infraestructuras como aparcamientos que provocan colapsos de tráfico y vertidos de aguas residuales o de otros tipos. Asimismo, la construcción de puertos deportivos y comerciales o su ampliación es otro de los factores que más está afectando de forma negativa al medio marino y litoral en los últimos años.
Región de Murcia (32)
El litoral murciano presenta graves agresiones provocadas por la minería (la destrucción y contaminación de la bahía de Portmán es el caso más emblemático), el desarrollo industrial (por ejemplo, la bahía de Escombreras) y urbanístico (del que La Manga del Mar Menor constituye un triste ejemplo). Pese a ello, los ecologistas recuerdan que la Región de Murcia sigue albergando algunos de los tramos de costa de mayor valor natural y mejor estado de conservación del Mediterráneo.
Informe completo (en pdf)
* Soitu.es - ALMUDENA MARTÍN - 22.07.2008
Foto: Banderas y Puntos negros en el litoral español 2008 - Ecologistas en Acción
El TSJA impide la expropiación de la mayor bolsa de suelo de Sevilla
ELPAÍS* : Nuevo varapalo a la expropiación de Tablada, la mayor bolsa de suelo virgen de Sevilla (367,4 hectáreas) y donde el Ayuntamiento prevé crear un parque periurbano. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por el gobierno municipal contra una sentencia de un juzgado de Sevilla que dio la razón al propietario de Arenal 2000, que había recurrido la decisión municipal de expropiar la dehesa.
La sentencia dictada ayer por la sala de lo Contencioso Administrativo tumba el segundo intento del Ayuntamiento de acometer la expropiación. Los argumentos de los jueces son parecidos a los de la primera resolución: el gobierno municipal no ha justificado suficientemente las razones de la expropiación. No obstante, los magistrados del TSJA son más intransigentes de lo que lo fue el juez de primera instancia. Consideran que las finalidades del gobierno municipal son "lícitas y plausibles", pero "exceden" de los "específicos que pueden avalar las reservas de terreno".
El expediente municipal de expropiación al que se refieren los jueces está redactado antes de la aprobación definitiva del nuevo PGOU, por lo que el fallo judicial se basa en el plan urbanístico anterior, de 1987. No obstante, para salvar las reticencias del TSJA a la expropiación, el Ayuntamiento va a tener que trabajar el nuevo expediente más allá de la mera adaptación al nuevo plan y a la ley estatal del Suelo aprobada el año pasado. Los jueces cuestionan incluso la idoneidad de reservar para un parque una bolsa del tamaño de la de Tablada: "Consideramos que es absolutamente desproporcionado llevar a cabo una reserva de terrenos de casi 350 hectáreas sin delimitar cuántas de ellas irán destinadas a esa finalidad", advierten.
Según los magistrados, el gobierno municipal tampoco ha demostrado que la dehesa esté en peligro como para que se justifique su expropiación. "Ni siquiera se nos dice, ni se justifica ni prueba, hasta qué extremo los terrenos de Tablada sufren una degradación tal que imponga una actuación pública".
Tampoco les vale el carácter inundable de los suelos, argüido por el gobierno para justificar su expropiación. Según los jueces, no sólo no sirve para avalar la intención municipal, sino que es un motivo de más para rechazarla. "Si los terrenos son inundable [...] lo serán para todo uso [...] incluida la de ocio y disfrute de los ciudadanos", sostienen.
La jurisprudencia en la que se centran los magistrados es una sentencia del Tribunal Supremo de 2005 que concluye que los ayuntamientos sólo pueden reservar para incorporar a su patrimonio suelos urbanizables, no los clasificados como no urbanizables, como es el caso de Tablada. Esta premisa legal podría poner en duda todo el proceso de expropiación. Fuentes municipales apuntan a que si esto fuera así, se podría abrir la puerta a la construcción del parque en suelo privado ya que el futuro de la dehesa como zona verde periurbana "no tiene marcha atrás" porque está en el PGOU.
Urbanismo confía en salvar el plan, aunque con demora
La sentencia del TSJA sobre Tablada no ha cogido por sorpresa al Ayuntamiento. El gobierno municipal contaba con que los jueces tumbarían el segundo expediente de expropiación, como ya hicieron con el primero, por lo que la Gerencia de Urbanismo tiene preparado desde hace más de un año un nuevo expediente cuyo inicio fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal. El expediente ha estado guardado desde hace meses a la espera de que el alto tribunal diera por muerto el anterior.
Fuentes municipales adelantaron ayer que el Ayuntamiento probablemente no recurrirá la sentencia y se lanzará directamente a la presentación de ese tercer expediente de expropiación, que cuenta con dos bazas: el nuevo PGOU, aprobado en 2006 y que contempla Tablada como zona no urbanizable; y el exhaustivo estudio de parque periurbano elaborado por la Universidad de Sevilla, que definió y situó en el mapa desde un inmenso parque botánico a pistas deportivas.
La consecuencia más negativa de la sentencia del TSJA, según las fuentes consultadas, es que retrasará al menos otros 18 meses, la ocupación de los terrenos por parte del Ayuntamiento. En el mejor de los casos, el pleno municipal podría aprobar el nuevo expediente en otoño, pero el gobierno da por seguro que los propietarios de los suelos volverán a recurrir, por lo que habrá que esperar otra vez a que los jueces se pronuncien.
* ELPAIS.com - REYES RINCÓN - Sevilla - 22/07/2008
Foto: Sevilla2005 - wikipedia
Roca admite que sobornó al juez De Urquía a cambio de posibles favores judiciales
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SUR* : El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama urbanística desarticulada a través de la 'operación Malaya', Juan Antonio Roca, admitió hoy ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haber cometido cohecho en la causa desglosada en la que también se juzga al que fuera titular del Juzgado de Instrucción nº2 marbellí Francisco Javier de Urquía...
... extremo que ha motivado que las defensas del magistrado y del galo Arnaud F. A. hayan reclamado un receso para evaluar el nuevo escenario.
Después de que las declaraciones de los tres acusados, Roca, De Urquía y F. A., quedaran aplazadas a hoy al abstenerse de participar en la vista el fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, Roca ha sorprendido a la sala al admitir "parcialmente" la acusación formulada por el Ministerio Fiscal en cuanto a los delitos en los que se le implica como cooperador necesario de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y de cohecho.
En concreto, y después de que el fiscal detallara su acusación, Roca ha admitido haber cometido cohecho, pero ha expresado su disconformidad con "cómo ha narrado los hechos" el Ministerio Fiscal, alegando su insatisfacción con el artículo del Código Penal esgrimido por el Ministerio Público. De cualquier manera, Roca ha reconocido haber entregado al juez De Urquía 70.000 euros para recibir ayuda en materia judicial y, cuestionado acerca de los asuntos judiciales que entonces tenía en mente, ha admitido que sólo esperaba acudir a la Justicia para emprender acciones legales contra Cristóbal del Toro a cuenta del programa de televisión 'Operación JAR', dedicado especialmente a su persona.
La declaración de Roca ha despertado la sorpresa en la sala hasta el punto de que ha sido necesario decretar un receso para que las defensas de De Urquía y el francés evalúen la nueva situación.
* Sur - Málaga - MARÍA JOSÉ CRUZADO - E.P. - 22.07.08
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)
Valladolid: La Fiscalía imputa a García de Coca por los cambios del PGOU
NORTECASTILLA* : La Fiscalía de Valladolid puso en conocimiento del Juzgado Decano la denuncia presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre las supuestas modificaciones ilícitas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y pidió la declaración como imputado del que fuera concejal de Urbanismo y Vivienda en la anterior Legislatura, José Antonio García de Coca.
Así lo anunció hoy el presidente del Grupo Socialista, Oscar Puente, quien destacó que el traslado al Juzgado supone que los hechos denunciados son "graves e iniciarios de delito". En el escrito del Fiscal se reclama también recabar testimonio del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva; y autorizar a la Policía Judicial para que tenga acceso a la documentación existente.
La denuncia, según la Fiscalía, tiene la entidad suficiente como para que declare como imputado el ex concejal José Antonio García de Coca, quien era responsable de la redacción del PGOU y que, según los socialistas "manipuló" el texto refundido y tramitó su envió a la Consejería de Fomento sin que pasara por el Pleno Municipal.
Puente recalcó que la denuncia, presentada por escrito el pasado 7 de julio ante la Fiscalía, era "el último recurso" de la oposición para conocer los hechos sobre la supuesta modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos incluidos en el PGOU. Así, apuntó que, por dos ocasiones, el Grupo Popular rechazó con sus votos la constitución de una comisión de investigación en el Ayuntamiento.
También lamentó el concejal socialista que la respuesta del alcalde y el Ayuntamiento "ha sido la burla", por lo que, en este sentido cree que "no han estado a la altura de las circunstancias". Ante esta situación, insistió, el Grupo se vio "en la dolorosa obligación de poner el caso en manos de la Justicia".
Con el escrito de la Fiscalía, según Puente, se reconoce que "al menos en una parte" de la denuncia, los socialistas no estaban desencaminados. Además de la comparecencia de García de Coca, el presidente del Grupo destacó que el fiscal propone también recabar el testimonio del regidor vallisoletano sobre las actuaciones "practicadas desde que en los últimos días de agosto de 2003 se recibió el texto devuelto por la Consejería de Fomento".
Según la denuncia socialista, a partir de ese momento el concejal de Urbanismo y "quizás otras personas" realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido, que fueron enviadas de nuevo a la Consejería para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León.
El escrito de la Fiscalía habla también de la posibilidad de recabar testimonio del consejero de Fomento, Antonio Silván; así como encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las variaciones realizadas en el texto.
Incluidas dos modificaciones
En este sentido, Puente y el portavoz del PSOE, Javier Izquierdo, matizaron que su Grupo separó en la denuncia dos tipos de modificaciones, incluyendo en uno de ellos las que específicamente habían favorecido a particulares "ante el interés general". De hecho, el escrito recoge cuatro alteraciones de planos de las cinco denunciadas y 21 de 67 en lo referente a artículos.
Puente consideró que "el tiempo dirá" si las repercusiones de este caso recaen en el primer edil o se quedan en el ex concejal de Urbanismo, mientras que añadió que posiblemente se ofrecerá al Grupo Socialista la posibilidad de personarse como acusación particular.
Corrección de errores
Los concejales socialistas indicaron que en la mañana de hoy, se recibió en las oficinas de la formación en el Ayuntamiento la convocatoria de una reunión de la Comisión de Urbanismo para el próximo miércoles, en la que, según indicaron, se corregirán errores del PGOU.
Oscar Puente criticó que, después de que el Equipo de Gobierno "ha estado inactivo durante todo este tiempo" con respecto a la polémica del PGOU, ahora "ha pasado a convertir las manipulaciones en errores".
* El Norte de Castilla - 21.07.08 - AGENCIAS |
VALLADOLID
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
La juez mantiene la imputación de otros cuatro implicados en el caso Astapa
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ELPAÍS/Málaga* : La juez del caso Astapa contra una supuesta trama de corrupción municipal en Estepona (Málaga) mantiene la imputación sobre otros cuatro encausados que hoy han prestado declaración, entre los que se encuentra el secretario del Ayuntamiento, José Gustavo Rubio.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, imputa a Rubio los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, según informaron fuentes judiciales. Al abogado Ignacio Pérez de Vargas se le imputan los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, mientras que al procurador y empresario Juan Mena Lirios se le imputa un presunto delito de blanqueo.
También ha prestado hoy declaración judicial la esposa del ex concejal socialista Francisco Zamorano, Narcisa Vizuete, sobre la que se mantiene la imputación por un supuesto delito de blanqueo, según las mismas fuentes. Zamorano fue detenido en el marco de la "operación Astapa", se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros por este caso y está imputado de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociación y actividades prohibidas a funcionario público.
Para hoy estaba citado además un quinto imputado, el empresario Juan Manuel Garmendia, que prestará declaración ante la juez en los próximos días.
26 detenciones y 15 imputados
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona investiga en el caso Astapa una supuesta trama de corrupción vinculada con financiación irregular en el Ayuntamiento, operación que suma 26 detenciones y 15 imputados.
De los arrestados, cinco se mantienen en prisión -el ex alcalde, dos concejales del Partido Estepona (PES) creado por antiguos integrantes del GIL y dos empleados del Ayuntamiento-, 18 están en libertad bajo fianzas de 15.000 a 500.000 euros -entre ellos cuatro ediles expulsados provisionalmente del PSOE, empresarios y abogados- y tres están en libertad con cargos y sin fianza.
Desde el pasado día 17 han comparecido 14 encausados que anteriormente ya declararon en la Comisaría de la Policía Nacional de Estepona y sobre los que, por el momento, la instructora del caso no ha fijado ninguna medida cautelar. Fuentes judiciales han informado de que a lo largo de esta semana se conocerá si la Fiscalía confirma las vistillas de los imputados que interesó y qué día se celebrarían.
Entre estas personas se encuentra el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), imputado por los presuntos delitos de prevariación, cohecho y omisión del deber de denunciar, así como el edil andalucista Rafael Montesinos, al que se le imputan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Montesinos ejerció de alcalde accidental desde la detención del ex regidor socialista Antonio Barrientos el pasado 17 de junio y hasta la elección del nuevo alcalde, David Valadez (PSOE), que tuvo lugar un mes después.
* ELPAIS.com - EFE - Estepona - 21/07/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
El ladrillo asedia Numancia
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ELPAÍS/Soria* : El ladrillo no sólo sacia su voracidad en las costas españolas. Los bienes paisajísticos, históricos, naturales y culturales constituyen ahora un nuevo reclamo para urbanizaciones de lujo y otros proyectos urbanísticos. Esa escalada es la que asedia actualmente Numancia, que se levanta en el recio paisaje soriano.
Sobre una zona elevada conocida como cerro de la Muela, visible desde la capital de la provincia, están enclavadas las ruinas del asentamiento celtíbero que fue el paradigma de la resistencia frente a la ocupación romana, al sufrir 11 meses de férreo cerco. Unos postes blancos marcan la ubicación de los siete campamentos que el general Escipión ordenó construir en el año 134 y que unió entre sí con una muralla de nueve kilómetros de perímetro para someter a los rebeldes.
Cuesta imaginar la transformación que sufrirá ese paraje cuando se ejecuten los proyectos previstos. Paradójicamente, el desarrollo más lesivo con la naturaleza y el entorno numantino se denomina Ciudad del Medio Ambiente. Ocupará el espacio equivalente a 62 campos de fútbol y se emplazará sobre un humedal en el que hoy habitan varias especies protegidas. Para evitar cualquier obstáculo la Junta de Castilla y León (PP) decidió dar luz verde a su ejecución a través de una ley, que actualmente se encuentra recurrida ante el Constitucional por los socialistas. Este proyecto contempla la construcción de 800 viviendas, un hotel, oficinas, una escuela de equitación y un parque industrial. Pero este megaproyecto no es el único previsto en esta zona.
Lindando con dos de los vestigios romanos se levantarán otras 300 viviendas con vistas al histórico asentamiento. Poco más allá, en el legendario Monte de las Ánimas, habrá un cementerio privado con tanatorio. Y como guinda, el Ayuntamiento de la ciudad (PSOE) ha iniciado el proceso de expropiación de 120 hectáreas de una finca propiedad de la familia Marichalar para construir un polígono industrial y una depuradora a tan sólo 400 metros de los terrenos donde Escipión oteaba a los resistentes numantinos, en la margen izquierda del río Duero.
Según denuncian distintos organismos nacionales e internacionales, el proyecto causará un daño irreversible al entorno. Estudios económicos independientes lo califican como innecesario "porque Soria no necesita más suelo industrial". "Somos el único caso en Europa en que unos propietarios piden que sus tierras vuelvan a ser rústicas. No queremos construir, ni especular, sino que sigan como hasta ahora. Incluso nos han propuesto poner ahí molinos eólicos; que es muy rentable, pero ni nos lo planteamos", asegura Amalio, el mayor de los hermanos Marichalar, que pide al consistorio que justifique el interés general por el cual les despojará de una sexta parte de su finca.
La Real Academia de la Historia y la de Bellas Artes de San Fernando, así como distintas asociaciones, universidades y organismos culturales nacionales e internacionales, consideran que los planes en el entorno de Numancia causarán un grave daño a los valores naturales, paisajísticos, culturales e históricos. En la página web salvemosnumancia.org y en el sitio de Internet del Departamento de Historia Antigua de la Universidad a Distancia (UNED) se recogen firmas para que Numancia sea declarada Patrimonio de la Humanidad y evitar así el rodillo urbanístico. La directora de ese departamento, María Jesús Peréx, califica el proyecto de "barbaridad sin justificación y atentado paisajístico".
Soria, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, cuenta con suelo industrial para los próximos 30 años, porque ya se está ejecutando un polígono de 274 hectáreas. Según un estudio del profesor de Economía Aplicada de la UNED Gregorio Izquierdo, la ciudad tiene con esas 274 hectáreas una reserva de suelo industrial que, de ser utilizada en la proporción actual (1,5 hectáreas anuales), duraría casi dos siglos. Con esas estimaciones, la construcción de un segundo polígono parece no estar justificada.
La gestación de esa segunda zona industrial, que afectaría a siete bienes de interés cultural, es cuando menos extraña: el consistorio aprobó su Plan General en abril de 2006. En él no se incluyó ese proyecto. La familia Marichalar asegura que Gesturcal -sociedad de la Junta de Castilla y León- y el Ayuntamiento firmaron un convenio para el desarrollo del polémico polígono en junio de 2005, evitando incorporarlo al Plan, en tramitación en esa fecha, lo que califican como "fraude de ley". Recién estrenado el PGOU, el Ayuntamiento soriano propuso su modificación, que fue aprobada en mayo de 2007, para incorporar ese convenio.
La familia Marichalar sospecha que el objetivo de la operación es la recalificación de esas 120 hectáreas (a precio de expropiación) para construir viviendas, una vez que el tiempo demuestre que el polígono es inviable. Este diario ha intentado recabar, sin éxito, la versión de las Administraciones autonómica y local.
El propio concejal de Urbanismo de Soria, Luis Rey, reconocía en julio de 2007 en El Heraldo de Soria: "Ojalá haya demanda para llenar los dos polígonos, pero en principio parece cuando menos una mala previsión inicial". El actual alcalde socialista, Carlos Martínez, por su parte, siempre se mostró escéptico con el proyecto mientras fue jefe de la oposición.
El Ministerio de Cultura, encargado de velar por los Bienes Históricos, alega que las competencias corresponden a la Junta. Sin embargo, la profesora de la Universidad de Burgos Begoña Bernal señala que la ley obliga al Estado a proteger los bienes culturales, entre los que está incluido el paisaje. Bernal, que ha elaborado un exhaustivo informe para el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que asesora a la UNESCO, señala que "el proyecto pone en grave riesgo la integridad y conservación de los bienes" de interés cultural circundantes y que no cuenta con el preceptivo informe de impacto ambiental.
El Ayuntamiento pretende aprobar la expropiación de los terrenos este mes. Si nadie lo impide, Numancia también estará ahora cercada por excavadoras.
* ELPAIS.com - ELSA GRANDA - Madrid - 21/07/2008
Foto: Numancia (Soria) - publico.es
El parón de la construcción
ALBERT GIMPERA* : El parón de la actividad inmobiliaria en España es una buena noticia y una oportunidad si ello ha de servir para poner definitivamente fin al insostenible modelo de crecimiento de estos últimos años, basado en gran parte en la especulación urbanística. Que una economía dependa tanto de la construcción como la española no es deseable ni sostenible bajo ningún aspecto, y era de prever que el modelo acabara pinchando por cualquier lado.
Los resultados de este modelo basado en especular con una necesidad social como es la vivienda están hoy ahí para vista de todos, con los precios de la vivienda por las nubes y el fomento de un modelo urbanístico depredador que ha dado alas a la corrupción local.
Así pues, España tiene la oportunidad ahora de enterrar este modelo insostenible buscando otros sectores que revelen definitivamente al ladrillo como motores de nuestra economía, por lo que cualquier intento de salir en ayuda del sector inmobiliario a costa del dinero pagado por los contribuyentes, como pretenden la patronal del sector y aquellos que durante años se han estado forrando vergonzosamente a costa de especular debe ser tajantemente rechazado.
* ELPAIS.com - ALBERT GIMPERA - Sant Cugat del Vallès, Barcelona - 19/07/2008
Málaga: Urbanismo permitirá a Vallehermoso construir viviendas en el último tramo de costa virgen de la capital
MÁLAGAENVERDE* : Uno de los enclaves más privilegiados de la capital de la Costa del Sol, el sector conocido como Arraijanal, localizado en la linde de los municipios de Málaga y Torremolinos, podrá albergar finalmente un total de 600 viviendas. Así va a quedar reflejado en la aprobación inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad, cuya aprobación se espera para los primeros días del próximo mes de agosto.
La propuesta residencial, demandada por los propietarios de los terrenos, entre los que destaca la promotora Vallehermoso, supone un cambio sustancial respecto a las previsiones inicialmente fijadas en la aprobación inicial del documento, en la que se eliminaba el uso residencial debido al efecto de la huella sonora de la ampliación del aeropuerto.
Arraijanal tiene una superficie de unos 522.000 metros cuadrados, aunque buena parte de la misma está afectada por el expediente de expropiación abierto hace meses por la Dirección General de Costas, que pretende salvaguardar de la ocupación una franja de unos cien metros de ancho de esta parte del litoral. Con ello, la zona susceptible de actuación se queda muy limitada. La medida finalmente acordada mantiene los usos hoteleros y terciarios ya contemplados en la aprobación inicial del Plan General.
El propio concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, reconoció el pasado martes lo que este periódico anunció el pasado 27 de mayo, que se va a autorizar el uso residencial en esta parcela. E incluso precisó que el tipo edificatorio al que estarán obligados los promotores será de planta baja más cuatro alturas.
La construcción de viviendas era uno de los pilares fundamentales del proyecto urbanístico diseñado por Vallehermoso para este sector de la ciudad hace años. El otro gran atractivo era una marina deportiva, con un millar de atraques, que, tras ser objeto de numerosos vaivenes en los últimos años y de constantes enfrentamientos políticos, se queda en agua de borrajas. Si bien la construcción de este puerto deportivo era una de las propuestas significativas del actual equipo de gobierno, la negativa de la Junta de Andalucía y del Gobierno central a avalar su desarrollo, ha hecho que desistan y lo excluyan de la aprobación provisional del PGOU.
Málaga Hoy, 11/07/2008
* Málaga en Verde - 11 de julio de 2008
Foto: Málaga, playa Arraijanal - malagaenverde.blogspot.com
Esto no es promoción inmobiliaria
MIGUEL FONT ROSELL* : Finalmente, el previsto y anunciado batacazo de Martinsa ha tenido lugar. En la batalla librada en su momento entre Fadesa y Martinsa, era evidente que los primeros disponían no sólo de mejor información, sino de mejores analistas, así como que normalmente el pez chico no suele comerse al grande, aunque en el intento le acompañen una serie de tiburones que ahora se van a dejar un montón de dientes en ello, sin haberse comido nada, pero que pagaremos todos.
Una empresa con cerca de 30 millones de m2 de suelo, no deja de ser una lotería. El riesgo era grande, aunque si el mercado hubiese seguido su ciclo alcista (los signos de todo lo contrario eran ya evidentes), el negocio no hubiera sido malo, pero estas aventuras en las que la vanidad juega mucho, suelen nublar el sentido y nunca pueden acometerse cuando el objeto está en su punto mas alto de cotización. La causa americana era ya conocida y la modificación de la ley del suelo en cuanto a las valoraciones del mismo también, y sólo con eso, el valor del suelo ya pasaba a ser mínimo.
Se ha publicado en estos días que el valor asignado al suelo estaba en cifras cercanas a los 4.500 millones de euros por encima de su valor contable, es decir, que los accionistas de Fadesa se han llevado el grueso de la plus valía que generaba la teórica sobrevaloración del suelo, en una operación de pelotazo especulativo de primer orden, dejando a Martinsa un inmenso patrimonio en suelo al que ya se le había materializado una capa especulativa, que ahora con la que cae, no hay quien materialice la siguiente, ni pague por ella, no sirviendo ni siquiera para obtener nuevos créditos.
Realmente nos encontramos con el resultado fallido en una operación especulativa de altos vuelos, absolutamente ajena a la condición de las empresas como Promotoras Inmobiliarias. La promoción es otra actividad (léase su definición en la LOE), con la que es imposible hacerse grande si no se complementa con la especulación del suelo, ya que la simple construcción y venta a partir de suelos urbanizados (promoción), no permite mayores beneficios que los de cualquier otra actividad empresarial. Lo grave es que aquí no sólo dos eran los protagonistas, sino también una retahíla de bancos y cajas de ahorros (concretamente 82), a los que también les ha salido el tiro por la culata (ya nos lo cobrarán), y que ahora le niegan el pan y la sal a muchos promotores que durante muchos años les han colocado clientes como churros.
Se ha hablado mucho de la burbuja inmobiliaria relacionándola con la vivienda. El precio de la vivienda es el resultado de varios componentes, de los que salvo uno, el resto nada tiene que ver con burbujas de ningún tipo. El problema es que uno de ellos, y muy importante, precisamente el que nada tiene que ver con la labor de promoción inmobiliaria, si que tiene un componente burbuja: el suelo, y en esta operación, esto es lo que ha pinchado (4.500 millones de euros de sobre valoración) y su incapacidad de devolver el dinero prestado, echando además por tierra el esperado negocio de 82 entidades bancarias.
En resumidas cuentas, el asunto nada tiene que ver con la Promoción, es el resultado de una operación especulativa de suelo, de altos vuelos, pura y dura, nada más, ni nada menos. Incluso ya veremos si al final, el "listo" vendedor también acaba implicado.
Desde luego, lo de considerar al G-14 (liderado por Martín), como los que han de dignificar al sector, tiene mucho que ver con aquello de la zorra y las gallinas. ¿Qué sector? ¿El de la especulación?.
Si hemos de buscar un auténtico culpable en todo ello, vuelvo a repetir (no me cansaré) que ese es el gobierno, pero no el actual solamente; todos los gobiernos anteriores, del signo que sea, que nada han hecho por afrontar definitivamente el problema del suelo, por rescatar las plus valías para la sociedad y combatir la especulación como manda la Constitución. Si así se hubiera hecho, nada de esto hubiera sucedido y la brutal crisis en la que estamos inmersos, no hubiera pasado de ser una tormenta considerable, pero no una catástrofe.
Lo peor es que, a pesar de todo, nada se está haciendo, ni se hará mientras no se arregle la financiación de los partidos políticos y desde los gobiernos no se deje, de una vez por todas, el rescate de las plusvalías que genera la acción urbanística en favor de los ayuntamientos, como propia y verdadera financiación de los mismos. Desgraciadamente, a ningún gobierno le interesa que los ayuntamientos, quienes más cerca están del ciudadano, y a quienes siguen considerando menores de edad, se autofinancien y adquieran con ello mucho mas poder.
El dejar las cosas como están, con ciertos maquillajes con los que engañar al personal, sigue siendo rentable, como seguir considerando al promotor (el que invierte no en suelo, sino en construcción), el malo de la película (siempre hay indocumentados dispuestos a creérselo) haciendo ver que estos asuntos son cosas de los del "ladrillo", aunque nada tengan que ver en su labor con este tipo de operaciones, pero que da mucho juego a la hora de liberar de culpa a los canallas que, a sabiendas, siguen consintiendo todo esto.
* Faro de Vigo - opinión - 19 de julio de 2008
C. Valenciana: Abusos urbanísticos en el limbo
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ELPAÍS/Reportaje* : El enredo judicial del hotel Atrium de La Vila Joiosa es tal vez el ejemplo más llamativo del tortuoso camino de un expediente por infracción urbanística y de la dificultad, o desidia municipal, en el restablecimiento de la legalidad. Excesos de edificabilidad, áticos que no están en el proyecto original, terrazas que se cierran, viviendas que invaden viales y otros incumplimientos abundan en tierras valencianas.
En algunos casos, la infracción acaba legalizada, en otros se aplaza durante años un derribo inevitable o no se ejecuta. Al margen de las miles de casas sin licencia en suelo rústico, ésta es una muestra de los abusos urbanísticos que salpican el territorio.
- Alicante se lleva la palma. La llamativa multa impuesta por el Consell al promotor del Atrium (12 millones de euros) por un importante exceso de obra ha terminado en la papelera al anular el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la sanción por un error en su tramitación. Además, el tribunal ha rechazado el plan que legalizó el complejo y el Ayuntamiento cavila ahora sobre una posible demolición. También en la playa de La Vila se levantó otro complejo hotelero ilegal, el Elbim. Estaba fuera de ordenación y con exceso de obra, pero no se sancionó al promotor y ha sido legalizado.
En el caso del hotel Vatus, en la playa de L'Albir, con exceso de edificabilidad, la promotora ha recurrido al TSJ la propuesta de sanción de 600.000 euros. En Benidorm, además de centenares de expedientes por retranqueos ilegales, 15 hoteles siguen siete años después sin compensar al Consistorio (cesiones dotacionales) el exceso de volumetría al amparo del denominado premio hotelero.
En el tramo más septentrional de la costa, los dos últimos ejemplos de infracción de envergadura son un hotel de 24 plantas a seis metros del mar en Calp, y una urbanización de 111 chalés ilegales en Dénia, en pleno parque del Montgó. La licencia de Calp la ha recurrido el Ministerio de Medio Ambiente, pero no hay propuesta de multa. En Dénia, el Ayuntamiento busca al promotor para que al menos se haga cargo del coste de la demolición de la urbanización (unos 400.000 euros) declarada ilegal.
Las infracciones urbanísticas se acumulan en Torrevieja, Orihuela o en Catral, con 1.300 casas ilegales en suelo rústico. En Torrevieja, las infracciones más comunes son obras irregulares en áticos y retranqueos. El Ayuntamiento, según la oposición, sanciona y derriba de manera discrecional, y acumula más de 1.000 expedientes de demolición sin ejecutar. En Orihuela, los campos de golf de Villamartín y Campoamor carecen de licencia y no se ha sancionado al promotor. Otro caso similar ocurrió con el campo de golf de Algorfa, finalmente legalizado.
- Las gradas de Mestalla no se tiran. Lo avisaron los vecinos y la oposición socialista, pero el Ayuntamiento de Valencia, en manos del PP, aseguró que la obra era legal y autorizó en 1998 la ampliación de las gradas del estadio de Mestalla. Las declaró ilegales el Tribunal Supremo en 2006, y para entonces el Valencia CF y el Consistorio ya cerraban el doble pelotazo urbanístico que permitirá construir pisos en el suelo del viejo estadio y un nuevo campo en otra parcela. Las gradas no se han tocado. El teniente de alcalde, Alfonso Grau, declaró ufano que la ilegalidad se resolvía con 2.000 euros, el pago de las costas. Los vecinos no han pedido la ejecución de la sentencia. Expuestos a la presión de dejar al club sin parte del estadio antes de tiempo, recalcan que es obligación del Consistorio cumplir el fallo -éste dice que ya lo ha hecho con el nuevo plan- y del tribunal controlar que es así.
Otro lío sin solución a corto plazo es el que afecta a los compradores de un edificio en la calle de Santa Teresa, donde una promotora generó un largo expediente de infracciones. El Ayuntamiento ha intentado legalizar la obra y dar acceso a los pisos, que están vacíos, pero la Consejería de Cultura se niega a aprobar la obra porque el edificio, en el cento histórico, debió retranquearse. También abusaron de su licencia los impulsores de una urbanización de adosados en El Perellonet, que ocuparon para terrazas y patios un viario público, de emergencia para los bomberos. Los socialistas denunciaron el caso en 1999. El asunto, recurso tras recurso, se ha alargado hasta hace unos meses, cuando el Ayuntamiento pudo aprobar licencias de derribo que han comenzado a ejecutarse. En Pinedo sigue en pie una casa construida fuera de ordenación y con licencia de obra menor. Al infractor le han llegado multas coercitivas. No hay derribo a la vista.
El departamento de Disciplina Urbanística ha tramitado desde enero 78 órdenes de ejecución y 35 expedientes de multa relacionados, por ejemplo, con arreglos en fachadas. Con el fin de "restablecer la legalidad", hay en marcha otras 15 multas de entre 600 y 4.300 euros -se imponen hasta 10 en un expediente- por altillos sin licencia, cerramientos etc. En dos casos, con un procedimiento nuevo, el Ayuntamiento pretende que la sanción, además de lo habitual, se corresponda con el beneficio que ha generado la infracción al promotor. Aparte de multas coercitivas para cumplir la normativa, el Consistorio ha abierto este año 32 expedientes para sancionar ilegalidades (en 2007 hubo 39). Las liquidaciones por infracciones ascendieron el año pasado a 51.000 euros, y este ejercicio ya van por 61.000 euros.
- Sentencias sin cumplir en Castellón. Los ejemplos más destacados de Castellón están en la propia capital de La Plana y en Oropesa. En el primer caso, se trata de una inmueble levantado con una altura de más en la calle de Campoamor, una de las pocas peatonales de la ciudad. El Consistorio denunció el proyecto y durante una década la obra ha sufrido paralizaciones. Aunque los tribunales decretaron el derribo de la planta ilegal, el edificio permanece en pie y vacío. De momento, no se ha previsto ejecutar la orden de derribo. En Castellón también hay varias naves industriales en suelo que no permite esta actividad o que han sido construidas sin licencia en el camino Caminàs o la ronda este. Aun con orden de derribo, no se tiran. En Oropesa, el litigio iniciado por un particular sobre el edificio París, en la playa de Morro de Gos, acabó con una orden de derribo de cuatro plantas. El Ayuntamiento intentó legalizarlas, pero los denunciantes lograron que los tribunales les dieran la razón. La sentencia se consideró no ejecutable y el Ayuntamiento tuvo que pagar en 2005 una indemnización de 64.905 euros.
Esta información ha sido elaborada por Santiago Navarro, María Fabra, Sergio Castillo, Arturo Ruiz y Sara Velert.
* ELPAIS.com - Valencia - 20/07/2008
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), atrium - elpais.com
¿España es diferente?
PÚBLICO* : Un porcentaje muy elevado de ciudadanos residentes en España no puede acceder a la vivienda o se hipoteca de por vida para hacerlo porque insiste en tenerla en propiedad. En comparación con lo que ocurre en otros países, como Alemania o Reino Unido, el autor sugiere varias medidas para intentar solucionar este problema. El desarrollo del régimen de viviendas públicas en alquiler, la licitación de suelo a los promotores en concesión por un periodo limitado de años o la aplicación de un impuesto directo y elevado a la tierra son algunas de sus propuestas. Así podría evitarse la especulación que se ha producido con el suelo en los últimos años.
FERNANDO SCORNIK GERSTEIN - MADRID - 19/07/2008
Lo primero que debería tener un ser humano al comenzar su vida independiente es un lugar donde vivir decentemente. La Constitución Española reconoce este derecho fundamental. Sin embargo, entre un 20% y un 25% de la población española carece totalmente de la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Otro porcentaje importante, quizás otro 25% o 30%, ha debido hipotecar su futuro para poder acceder a la propiedad. Estos especulan, es cierto, con que el aumento de los valores inmobiliarios –una constante en los últimos 20 años– les permitirá afrontar la situación dando un pequeño pelotazo. Pero esto no siempre sucede.
Puede sobrevenir, como ahora, la crisis. Los valores inmobiliarios caen –el Ministro Solbes dice que esto es bueno– y también el poder de compra de la gente. O sea, que la ecuación sigue igual. El problema de la vivienda no se resuelve por la ley de la oferta y la demanda, porque la tierra –que es el núcleo del problema– es un monopolio, le guste o no le guste a los economistas del establishment. De las experiencias de otros países podemos extraer conclusiones que quizás nos ayuden en España.
La realidad pura y dura: alrededor de un 80% de las viviendas ocupadas en España lo son en régimen de propiedad romana. Solo una pequeña parte lo es en régimen de arrendamiento. Todo el desarrollo de los últimos años en España se ha basado en el tirón de la construcción y la especulación inmobiliaria. Desmontar esto es una tarea larga y difícil. Pero lo cierto es que dentro del esquema de la propiedad romana, que incluye los valores especulativos del suelo, no hay solución. Por más que se construyan viviendas protegidas, siempre la demanda será mucho mayor que la oferta. Como las viviendas protegidas se venden en propiedad absoluta, aunque no se puedan vender por un cierto número de años, se planta así la semilla de especulaciones futuras.
De las experiencias de otros países –especialmente Alemania– se puede concluir que la oferta de vivienda pública en régimen de arrendamiento es una parte de la solución. Sea construida directamente por los Ayuntamientos o por licitaciones privadas, pero condicionadas y regladas, que no puedan venderse y en tierra otorgada en concesión, la existencia de ese mercado permitiría acceder a la vivienda a amplios sectores de bajos ingresos y desalentar la especulación.
Construir viviendas protegidas para otorgarlas en régimen de propiedad –tierra incluida– es la pescadilla que se muerde la cola. A la larga, crea nuevos privilegiados y deja al margen a las nuevas generaciones.
Pero el caso inglés muestra que la oferta de vivienda pública en régimen de arrendamiento no es suficiente para resolver el problema. El concurso de la oferta privada es absolutamente necesario. La iniciativa pública no puede cubrir todas las necesidades habitacionales de la población. Como en Hong Kong y en Singapur, la iniciativa privada es necesaria. En España la ha habido, es cierto, pero ha estado gravemente afectada por los valores especulativos del suelo que, en vivienda nueva, representan el 50% o 60% del precio final.
En consecuencia, el camino que debe emprenderse en España pasa necesariamente por deflacionar los valores del suelo, para lo cual la legislación comparada ofrece muchas soluciones: la primera quizás licitar la tierra a los promotores en concesión por un período de años, para que el peso muerto del valor del suelo incida en menor medida sobre el precio final. Los apartamentos podrían venderse, incluso a perpetuidad, pero no la tierra que, al finalizar la concesión (por ejemplo, 99 años) debería renovarse pagando el precio al Ayuntamiento. Otra fórmula es gravar drásticamente las plusvalías surgidas por el incremento del valor de la tierra declarada urbanizable, lo que inmediatamente incidiría sobre su precio, sin caer en el error de los laboristas británicos de gravarla con un 100%, lo cual –evidentemente– desalentaría a los promotores.
La fórmula más sensata y usada en muchos países anglosajones es, simplemente, gravar la renta de la tierra mediante un impuesto directo y suficientemente alto sobre el valor del suelo libre de mejoras. Si el impuesto se lleva parte de la renta, ésta no puede capitalizarse y el valor de la tierra cae. La tierra no tiene costo de producción, su precio no es otra cosa que la renta futura que puede obtenerse de ella, capitalizada al interés corriente. La tierra es un bien natural. Es como el aire o la luz del sol y como ellos es indispensable para la vida. En España –y en muchos otros países– se ha convertido en un medio de especular y atesorar riqueza. Tarde o temprano este sistema se agota.
Depende de nuestros políticos el que, al menos en España, el final sea lo menos doloroso posible.
Alemania. Un país europeo que no sabe lo que es el problema de la vivienda
Alemania es, sin duda, el país europeo que –al menos durante gran parte de su historia reciente– no ha sufrido el problema de la vivienda. Lo primero que debe llamar nuestra atención es la gran preponderancia del arrendamiento sobre la propiedad. Casi el 60% de la población alemana vive en régimen de alquiler, lo que indica la importancia que tuvo la regulación de esta figura. La legislación establece normas a favor de los inquilinos más severas que las españolas, entre ellas la que se conoce como Kappungsgrenze, por la cual el alquiler no puede subirse más de un 20% en tres años y no puede superar la mensualidad usual en la localidad para pisos comparables.
La gran oferta de viviendas en arrendamiento y el control estricto de éstas explican ese alto porcentaje de la población que utiliza el sistema. La especulación inmobiliaria no ha existido en Alemania, por lo menos hasta hace pocos años.
Una primera explicación de la gran oferta en alquiler la encontramos en las inteligentes disposiciones del Impuesto sobre la Renta. Después de la I Guerra Mundial, Alemania instrumentalizó un sistema de desgravaciones para inversiones en áreas que se deseaban promover, entre las cuales estaba la construcción de viviendas sociales para arrendamiento. Si el empresario no invertía debía pagar impuestos y si invertía se desgravaba por la cantidad empleada y podía deducir las pérdidas de su inversión durante años.
Otra fuente está en las Leyes de Construcción de Vivienda promulgadas en los cincuenta, que canalizaron la concesión de créditos a bajo o ningún interés para la construcción y/o compra de viviendas sociales, con la obligación de alquilar la vivienda a personas o familias que no superasen un determinado nivel de ingresos y, además, por un monto de alquiler cuidadosamente regulado. Esta obligación cesaba cuando se terminaba de pagar el crédito. Las grandes empresas industriales invertían en la construcción de viviendas y resolvían en problema de vivienda de sus trabajadores.
Lamentablemente, en los últimos años, a medida que los créditos se iban terminando de pagar, muchas empresas vendieron los bloques a inversores que inmediatamente las vendían o incrementaban los alquileres. En 2006, se transfirieron las competencias en materia de vivienda social a los Länder y se suprimieron las ayudas a la vivienda social.
La tendencia general es ahora de retroceso para esta fórmula. No obstante, se mantienen subsidios para los necesitados de vivienda en alquiler. A partir de 1996 se dictaron leyes para fomentar la adquisición de viviendas, concediendo ayudas importantes a quienes tuvieran niveles de ingresos bajos y se fomentó el sistema de Ahorro-Construcción, una modalidad de cuenta de ahorro destinada a financiar la compra de vivienda. Esta mayor tendencia a la propiedad ha provocado por primera vez problemas de vivienda en Alemania, pero el arrendamiento sigue teniendo una presencia fuertemente enraizada.
Históricamente, también ha sido importante la existencia de un sector público que poseía hasta el 8% del total de viviendas, en general en manos de los ayuntamientos, que las arriendan. Esas viviendas se han vendido a inversores en los últimos años, lo que, unido a la venta de las que poseían las empresas, ha generado un amplio debate político y social, así como protestas por parte de los inquilinos.
Hong Kong. La ventaja de no tener suelo en propiedad
Tiene una superficie total de 1.095 Km2 y siete millones de habitantes. Su densidad de población es aproximadamente de 6.500 habitantes por Km2, aunque gran parte vive en apenas un 25% del territorio, pues el resto son reservas naturales. Es una de las densidades más altas del mundo, superada sólo por Macao, Mónaco y Singapur. A pesar de esa enorme concentración, Hong Kong no tuvo nunca, ni tiene, problema de vivienda. Es, además, uno de los centros financieros más importantes del planeta, con el promedio de vida más alto del mundo: 81,9 años.
¿Cómo resolvió el problema de la vivienda? Al igual que en Reino Unido, nunca existió la propiedad privada de la tierra: toda pertenecía a la Corona (fue colonia inglesa) y sólo se otorgaban concesiones (leases) por un máximo de 75 años y otras por 21 años. El Estado chino, al recibir la colonia en 1997, mantuvo intacto el sistema y extendió el horizonte de los leases hasta 2047.
Así, el Estado siempre tuvo cuantiosos ingresos originados en la concesión y renovación de leases a nuevos titulares y el 50% de la infraestructura fue financiada directamente por la renta de la tierra. Debido a esta propiedad estatal de la tierra, Hong Kong desarrolló un gran sector de viviendas públicas subsidiadas. En 1994, se calculaba que tres millones de personas (casi la mitad de la población) vivía en apartamentos públicos; 2,5 millones, en régimen de alquiler, y 593.000 en lease. El resto de la población vivía en viviendas adquiridas o arrendadas a propietarios privados.
Desde 1999, el Estado chino ha construido 85.000 viviendas por año y se calcula que ya en 2007, el 70% de la población son dueños de sus leases. Como el Estado no tiene que comprar la tierra, es el único terrateniente, el coste de las viviendas no soporta el peso inicial del valor del suelo y ello permite acceder a la vivienda a los sectores de más bajos ingresos y mantener relativamente bajo el coste de la vida. El secreto, pues, de Hong Kong está a la vista: un fabuloso desarrollo capitalista sin propiedad privada de la tierra.
Singapur. Cuando el Estado es el casero y el alquiler permite bajar impuestos
Singapur es una pequeña Ciudad-Estado situada en una isla en el sudeste asiático. Su densidad de población es de 7.091 habitantes por Km2. Fue fundada como un centro comercial británico por Sir Stamford Raffles en 1819.
En 1824, en virtud de un tratado entre el Gobierno británico y los gobernantes de la vecina Malasia, se cede en perpetuidad el dominio de Singapur y todas las islas hasta 10 millas de su costa a la compañía británica East India Company y a sus herederos. Ya desde 1826 se aplicaban en la isla las leyes británicas (statutes) y los principios de la Ley de los Comunes y de Equidad típicos del derecho inglés, donde no existe la propiedad privada de la tierra.
Ello significó que, al menos en teoría, toda la tierra perteneció primero a la East India Company, luego a la Corona Británica, que la sucedió en el dominio, y actualmente al Estado. No obstante, bajo el Gobierno británico se hicieron concesiones de tierras, algunas a perpetuidad, otras en arrendamientos por 999 años y otras por períodos breves.
El dominio eminente de la tierra siempre continuó en manos de la Corona.
Singapur obtuvo el auto-gobierno en 1959 y desde 1965 es una República independiente. El Partido de Acción Popular ha ganado todas las elecciones desde entonces. Existen las libertades democráticas, pero en la práctica el Partido de Acción Popular ejerce un domino hegemónico.
Singapur se ha convertido paulatinamente en lo que es hoy día: uno de los centros financieros más importantes del mundo, con un gran desarrollo capitalista y un alto nivel de vida. No existen problemas de vivienda, a pesar de la enorme concentración de población. El sistema tiene una peculiaridad similar a la de Hong Kong: no existe la propiedad privada de la tierra.
En 1960, el Estado detentaba en forma directa el 44% de la tierra y aunque en teoría toda la tierra le pertenecía, había importantes extensiones en concesión perpetua. El Gobierno encaró un drástico programa de readquisición de tierras a través de la Land Adquisition Act de 1967 y en 1984 el 76% de la tierra estaba ya en sus manos. En 2007, en una entrevista con el autor de estas líneas, las autoridades de Singapur le informaron de que prácticamente no quedaban tierras en domino privado. La tierra se concede en arrendamientos por períodos que llegan hasta 99 años y en las concesiones se establece con precisión el destino de la misma.
Como consecuencia de este sistema, el Estado percibe grandes ingresos provenientes de la renta del suelo y ha ido disminuyendo el Impuesto sobre los Beneficios y el de Sociedades. La tasa actual de este último es del 25%.
El problema de la vivienda no existe como tal. El programa de vivienda pública es bien conocido y es un motivo de orgullo para el Gobierno. Se calcula que el 86% de la población vive en viviendas públicas, ya sea bajo régimen de arrendamiento por períodos cortos o bajo el régimen de compra de los arrendamientos a largo plazo por 99 años. Éstos se venden a precios subsidiados, ya que no incluyen el valor de la tierra. Existe también un mercado abierto en el cual los interesados pueden comprar leases a los promotores. A estos promotores se les concede la tierra por 99 años y ellos, a su vez, venden los apartamentos en sub-leasespor 99 años.
Los precios son más altos, pero lógicamente al no incluir la propiedad absoluta de la tierra y debiendo enfrentar la competencia de la vivienda pública, los precios distan de los valores especulativos conocidos en Occidente. De esta forma, Singapur ha logrado resolver sin angustias un problema que, sin embargo, atenaza a las grandes ciudades de Occidente.
Reino Unido. Un empeño laborista borrado con cada gobierno conservador
En Gran Bretaña, las tentativas para resolver el problema de la vivienda se realizaron especialmente bajo los gobiernos laboristas. Nunca tuvieron un éxito completo y siempre contaron con la oposición tenaz del Partido Conservador que, en cuanto accedía al poder, revocaba o coartaba los planes laboristas. De este proceso de marchas y contramarchas debe excluirse al Ejecutivo de Tony Blair, que no hizo absolutamente nada respecto al problema, que ahora está peor que nunca.
Para entender lo sucedido en Gran Bretaña deben tenerse en cuenta las peculiaridades del sistema británico de propiedad. No existe la propiedad romana como en España. Toda la tierra pertenece a la Corona. Existe lo que se llama el freehold (tenencia libre) que, aunque en teoría es un arrendamiento, en la práctica funciona como la propiedad romana, porque la renta del suelo es apropiada por el freeholder. Comprar un freehold en el centro de las grandes ciudades es difícil. Son concesiones que se otorgan a organizaciones (como la Iglesia) o a grandes terratenientes. No obstante, los titulares del freehold están obligados a vender en determinadas circunstancias.
Tampoco existe en Gran Bretaña la propiedad horizontal. Para poder tener un freehold hay que tener la tierra. Los dueños de apartamentos, lo más que pueden poseer son arrendamientos a largo plazo, llamados leases (que pueden llegar hasta los 99 años, aunque en las mejores zonas no pasan de 30, 40 o 60 años). Para comprar un freehold en un edificio donde hay varios apartamentos con leases, todos los arrendatarios deben ponerse de acuerdo para plantear conjuntamente la compra del edificio, tierra incluida, al Freeholder.
En 1947, el Gobierno laborista dictó leyes para adquirir compulsivamente tierra de los freeholders y dedicarlas a la construcción de viviendas sociales. Los proyectos privados se gravaban con hasta el 100% de las plusvalías, lo que desalentó la inversión. El Gobierno Conservador revocó en 1951 estas medidas e inmediatamente se desató la especulación inmobiliaria. En su turno, el gobierno laborista determinó los sitios a desarrollar y el uso que debía darse a la tierra, pudiendo urbanizar directamente o por medio de promociones privadas. El impuesto a las plusvalías originadas se reestableció, pero reducido al 40%. La construcción de viviendas sociales en régimen de arrendamiento recibió un gran impulso, luego debilitado por un nuevo Gobierno conservador. Los laboristas otorgaron en los setenta facilidades para la adquisición compulsiva de tierras.
El sistema aceleró la construcción de las viviendas sociales en régimen de arrendamiento, pero en 1979 la normativa fue derogada por Margaret Thatcher, quien poco después resolvió vender las viviendas sociales a los arrendatarios, quienes, por supuesto, las compraron. Desde entonces, el problema de la vivienda en Gran Bretaña ha adquirido proporciones colosales.
Lo importante es que ni aun en los mejores momentos, la vivienda social en arrendamiento fue suficiente para satisfacer la demanda. En definitiva: nunca tuvo el mismo impulso ni la misma continuidad que en Alemania. Si bien se hacía en régimen de alquiler, las sucesivas paralizaciones por parte de los Gobiernos conservadores y los errores de los mismos laboristas obstaculizaron su desarrollo.
Las promociones privadas carecieron de control y ayudas. Con los astronómicos valores de los freeholds, sus precios las hicieron inaccesibles para la población. Actualmente, Gran Bretaña enfrenta un gravísimo problema sin solución a la vista.
* El autor es Presidente de la International Union For Land Taxation and Free Trade y miembro del Grupo de Fulham en Londres
* Público - FERNANDO SCORNIK GERSTEIN - MADRID - 19/07/2008
Cruzada europea contra las casas vacías
DANIEL AYLLÓN* : El Ayuntamiento de Nimega (Holanda) ofrece alquileres gratuitos de pisos privados. Y no es el único. La legislación de Holanda permite la okupación de las casas vacías cuando llevan más de un año deshabitadas y sus propietarios prefieren cederlas de forma gratuita (con la mediación de la Administración) antes que encontrarse cualquier día con un inquilino sorpresa. Cuando esto ocurre, el dueño es el que tiene que demostrar que su inmueble no llevaba más de 12 meses deshabitado si quiere echar a los intrusos.
En Suecia, la batalla contra los pisos vacíos es más contundente todavía: para evitar que aumente el parque de viviendas vacías, se potencia su alquiler y, como última opción, se derriban. El país escandinavo se apoya en la premisa de que cada vivienda privada vacía incrementa el precio del alquiler protegido, lo que provoca un mayor desembolso de las arcas públicas. Así, si se minimiza el número de viviendas vacías, se reduce el desembolso público. Además, el Estado tiene casas de propiedad compartida con los inquilinos para controlar su precio, informa Niklas Almesjö.
Con este tipo de políticas, Holanda y Suecia han logrado mantener dos de las tasas más bajas de desocupación de las Unión Europea (UE), ambas cercanas al 2%.
Más vivienda social
Pero la mano dura también es frecuente en otros países como Reino Unido, Italia, Francia, Dinamarca o Alemania. Además, excepto Italia, estos países cuentan con potentes parques de vivienda de alquiler, sobre todo de carácter social.
En Alemania, se obliga a la rehabilitación de las viviendas y, en los municipios con más del 10% de hogares desocupados, la Administración también derruye los que no se pueden alquilar.
Las leyes francesa, italiana y británica añaden un rosario de penalizaciones para los dueños de viviendas vacías. En Francia, en las ciudades de más de 200.000 habitantes con una tasa de casas desocupadas superior a la media, población en crecimiento y menos oferta que demanda, la tasa de penalización es del 10% del precio del inmueble el primer año, 12,5% el segundo y el 15% el tercero y sucesivos. "En tres años, el Gobierno te cobra casi el 40% del valor de la vivienda", dice Javier Burón, consejero de Vivienda del País Vasco.
Por último, el Gobierno de Dinamarca impone desde hace más de 50 años multas para los propietarios de viviendas que lleven más de seis semanas vacías. Apenas 45 días. Las multas llegan incluso por no informar al Ayuntamiento de que el domicilio lleva seis semanas vacío.
La experiencia americana
Fuera de la UE hay otras ciudades como Altanta (EEUU) en la que los inquilinos no sólo no pagan, sino que cobran por vivir en casas ajenas. En algunos de sus barrios más degradados, los especuladores dan cobijo pagado a personas sin hogar para evitar las sanciones por tener casas vacías, según informa el semanario británico The Economist. Además, en Cleveland y Baltimore (como en Alemania y Suecia) también se derriban casas desocupadas. Son las medidas más severas para un problema global.
* Rebelión - Daniel Ayllon,
Público - 14-07-2008
Unas 600 personas protestan en Estepona contra la corrupción
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LAOPINIÓN/Málaga* : Los ciudadanos de Estepona salieron ayer a la calle para protestar por la corrupción en el municipio. Los convocantes leyeron un comunicado en el que expresaron su indignación por los hechos que se investigan en la trama urbanística. Los ecologistas también se unieron a la manifestación.
La manifestación, no obstante, no fue masiva y sólo unas 600 personas, según la Policía Local, se sumaron a la manifestación convocada ayer a las 21.30 horas por la plataforma de asociaciones de vecinos de la localidad para pedir elecciones municipales, tras los acontecimientos surgidos a raíz de la operación ´Astapa´ contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento. Aunque se esperaba una mayor afluencia, los manifestantes alzaron la voz para pedir justicia y transparencia en el Consistorio.
El portavoz de la plataforma, Miguel Quirós, aseguró que con la manifestación los vecinos expresan su rechazo a determinadas actuaciones impulsadas por el equipo de gobierno del ex alcalde Antonio Barrientos, como la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles o la creación de la tasa de basura y alcantarillado. Pero también los convocantes denunciaron la presuntas irregularidades cometidas por integrantes de la corporación.
En la movilización se oyeron gritos en contra del concejal imputado en el caso Francisco Zamorano y frases como ´dimite que el pueblo no te admite´.
La manifestación no tuvo el respaldo que se esperaba, ya que comenzó con unas 250 asistentes en la plaza Antonia Guerrero y terminó con unas 600, según datos de la Policía Local.
Reunión con Valadez. Horas antes de la manifestación los portavoces de la plataforma vecinal tuvieron la oportunidad de reunirse con el nuevo alcalde, el socialista David Valadez. Una reunión que la plataforma calificó de positiva. Miguel Quirós afirmó que Valadez les ha comunicado que hará lo posible por revisar la subida de impuestos, que los cargos de confianza se contarán con una mano y que los empleados se contratarán a través de un concurso público. Con estas promesas, la plataforma le dará un margen de confianza al nuevo regidor.
* La Opinión de Málaga - NOELIA ANDRADE. ESTEPONA - 19 de julio de 2008
Foto: Convocatoria. Unas 600 personas se sumaron ayer a la manifestación contra las presuntas irregularidades cometidas por cargos del Ayuntamiento de Estepona. N.ANDRADE, laopiniondemalaga.es
Los ayuntamientos rebajan de mala gana los requisitos del alquiler social
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Los municipios metropolitanos comienzan a acatar a regañadientes la nueva ley catalana de vivienda --vigente desde abril-- y han comenzado a rebajar los requisitos establecidos para el acceso a los alquileres protegidos.
Una de las exigencias más polémicas, la del empadronamiento durante determinados años en el municipio donde se ubican las viviendas, ha sido rebajada con la ley que redactó el Departament de Medi Ambient i Habitatge, en manos de ICV.
Ahora, localidades que han pedido hasta 25 años de empadronamiento, como Mollet del Vallès, o 10 años, como Santa Coloma de Gramenet o Sant Cugat del Vallès, no podrán requerir más de tres años de padrón a los solicitantes.
El Síndic de Greuges, los sindicatos, colectivos de inmigrantes y fundaciones privadas se han manifestado contra esta barrera de entrada a los pisos protegidos que excluye a quienes se hayan mudado de municipios, a los inmigrantes o a quienes quieren mudarse de localidad.
Tras atender las quejas, el Departament de Medi Ambient incluyó en la ley de vivienda la prohibición de las exigencias de largas residencias, una medida utilizada por los ayuntamientos para garantizar pisos a sus ciudadanos más antiguos y a aquellos que siempre han votado en el municipio. El borrador de la normativa también fijaba unas exigencias máximas para los pisos de protección oficial de compra, pero la presión de los ayuntamientos hizo desaparecer esta modificación.
PRIMEROS SORTEOS
L'Hospitalet de Llobregat será el primer municipio metropolitano que exigirá apenas tres años de empadronamiento para sus pisos sociales de alquiler (antes eran cinco) que sorteará después del verano. La nueva norma también será acatada por Sant Cugat del Vallès en su próximo sorteo de finales de año.
"No tenemos más remedio que cumplir la ley. En nuestra web seguimos anunciando que pedimos 10 años de empadronamiento para no crear confusión entre los solicitantes que ya han participado en otros sorteos", explica Lluís Hosta, director de Promusa, que construye la vivienda pública de Sant Cugat. Pese a la rebaja obligada en los pisos de alquiler, el municipio seguirá exigiendo 10 años de empadronamiento para los de compra.
Solo Barcelona pide dos años para sus pisos de alquiler, una exigencia inferior al techo fijado por la nueva normativa. El Ayuntamiento de Rubí ha concebido una opción más salomónica: no impide la entrada de vecinos de otros municipios, pero otorga mayor puntuación a quienes tengan más años de residencia.
"Somos más partidarios de los cinco años que de los tres. De todas formas, acataremos la nueva ley en nuestras próximas promociones", explica Jordi Serra (PSC), alcalde de Badalona. "Aunque también sería justo que todos los municipios reconociéramos la realidad metropolitana y diéramos oportunidad a los vecinos de otras localidades", añade.
DESEQUILIBRIO METROPOLITANO
Santa Coloma de Gramenet, que siempre ha pedido 10 años de empadronamiento para sus pisos protegidos, acatará la norma, pero considera que, por ser un bien escaso, la vivienda protegida debe ser destinada a quienes hayan demostrado más fidelidad y estabilidad en el municipio, según Carme Moraira, concejala de Serveis Territorials.
Amadeu Iglesias, director gerente del Incasol, asegura que existe un desequilibrio en la construcción de pisos de protección oficial entre los diferentes municipios metropolitanos, que hacen un esfuerzo muy diferente para construir pisos sociales. Las desigualdades se intentarán superar con el registro único de solicitantes de pisos protegidos que, en teoría, eliminará las barreras creadas entre los municipios.
* El Periódico - DAVID PLACER - 19-07-2008
Foto: Unos obreros trabajan en una promoción de 45 pisos protegidos en Sant Joan Despí /JOAN CORTADELLAS, elperiodico.com
El juez mantiene imputado al ex edil de Urbanismo de Telde por negociaciones prohibidas
EUROPAPRESS/GranCanaria* : El juez del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia nº5 de Telde decidió hoy mantener la imputación por un presunto delito de tráfico de influencias y por negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos al ex concejal de Urbanismo y actual portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento grancanario, Ildefonso Jiménez, que prestó declaración dentro del denominado 'Caso La Mareta'.
Además de Jiménez también comparecieron como imputados el anterior responsable de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Cabrera, y el empresario de la sociedad Parque Comercial y de Ocio La Mareta, filial de Urbagest, Julián Gómez del Castillo, a quienes el juez les mantiene también las imputaciones por presunto tráfico de influencias y por negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, "a resultas de las diligencias de investigación actualmente en curso", según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado.
Las diligencias fueron instruidas a raíz de la denuncia interpuesta por el anterior grupo de gobierno del PP y AFV-Ciuca, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas cercanas a este caso, relacionado con la concesión a citada entidad de los derechos de superficie de las parcelas 1 y 2 de la zona de La Mareta.
El Consistorio presentó durante el anterior mandato local la denuncia en los juzgados de Telde y en la Fiscalía Anticorrupción contra Jiménez --actual edil de Patrimonio--, Cabrera y Julián Gómez debido a la aparición de documentos con anotaciones de Cabrera.
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL
Entre la documentación de la denuncia figura un fax remitido el 23 de agosto de 2002 desde las dependencias municipales a un teléfono de Madrid en el que presuntamente se facilitaba a Gómez del Castillo información que debía aportar en el pliego de condiciones para optar al concurso de adjudicación de un proyecto urbanístico en este área, que afectaba a las dos parcelas citadas, con un total de 136.000 metros cuadrados, según las mismas fuentes.
El proyecto consistía en la construcción de un centro comercial con boleras, salas de cines y locales de ocio, así como una residencia geriátrica, y fue adjudicado a dicha entidad en la legislatura local presidida entonces por Coalición Canaria tres días antes de celebrarse las elecciones locales del año 2003, aunque finalmente se anuló la concesión en noviembre ya que el representante de la empresa no cumplió con los plazos previstos para abonar las cantidades.
Según fuentes consultadas por Europa Press el edil del Consistorio de Telde Ildefonso Jiménez, el empresario Julián Gómez del Castillo, y el ex asesor municipal de Urbanismo, Juan Manuel Cabrera, se negaron a responder a las preguntas del abogado de la acusación.
* Europa Press - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Jul 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
La CHJ recurre el desarrollo de El Torreón en Segorbe por la falta de recursos hídricos
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LEVANTE/Castelló* : El Ayuntamiento de Segorbe ha anunciado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha interpuesto un contencioso, ante el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana, contra el acuerdo de la Conselleria de Territorio en el que aprobaba el desarrollo del sector II, zona conocida como el Torrejón, porque consideran que no hay agua suficiente para abastecer a las 651 viviendas que se prevén construir, según explicó ayer el alcalde, Rafael Calvo.
Esta decisión, se ampara, según Calvo, en que la CHJ dice que no tiene constancia de que el ayuntamiento haya solicitado el informe que avale la suficiencia de recursos hídricos. Sin embargo, tanto el concejal de Urbanismo, Ángel Berga, como el alcalde aseguran que en dos ocasiones -la última fue el 7 de de enero de 2008- el ayuntamiento ha pedido a la confederación el informe sobre el sector II.
Berga ha recordado que el 13 de septiembre de 2006 se aprobó el documento de homologación que se remitió a las administraciones competentes para que dijeran "en qué puede adolecer o si el sector está bien". Todas emitieron su informe, según Berga, "excepto la CHJ que, no sabe no contesta", y a quien solicitaban 125.000 metros cúbicos de caudal anual de agua para esas viviendas.
Con el paso del tiempo, la Comisión Territorial de Urbanismo, con todos los expedientes excepto el de la confederación, insta al consistorio de Segorbe a que haga este informe técnico sobre el caudal del agua para saber "las necesidades del sector", comenta Berga.
El estudio, realizado por Facsa, refleja que "Segorbe tiene 1.552.594 metros cúbicos de consumo y tenemos una reserva de agua para toda la población de 2.100.000 metros cúbicos. Se ve que tenemos un margen de 650.000 metros cúbicos al año para el crecimiento que se había previsto en el PGOU", explica Berga. En este sentido, Calvo matiza que en el informe de reducción del caudal de agua, remitido por el ente central hace algunos meses, la confederación hidrográfica reconoce que hay más que suficiente en la reserva.
* Levante-EMV - Rosa Piquer, Segorbe - 19 de julio de 2008
Foto: localización. Imagen de los terrenos en los que se quiere construir.
rosa piquer, levante-emv.com
Alocén se suma a la irracionalidad urbanística
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Ecologistas en Acción* de Guadalajara y más de 200 ciudadanos, han presentado alegaciones al desproporcionado e insostenible Documento de Avance del Plan de Ordenación Muncipal de Alocén para los próximos años, propuesto por el Ayuntamiento. La propuesta es triplicar el suelo urbanizable con una previsión de crecimiento poblacional de más de un 800%.
Ecologistas en Acción alega, entre otras cosas, que 955 hectáreas de su término municipal están incluidas en la Red Natura 2000 (Lugar de Interés Comunitario —LIC— y Zona de Especial Protección para las Aves —ZEPA— "Sierra de Altomira"). Este espacio protegido es muy sensible a cualquier ampliación de habitantes por el factor humano de carga que representa. El término municipal es zona de dispersión y nidificación de especies como el águila real, águila perdicera, halcón peregrino, lechuza campestre o búho real entre otros.
Asimismo se pretende construir en una pendiente, un lugar de alto valor paisajistico, en zona de huertos, en medio de una crisis inmobiliaria (de hecho en la actualidad quedan por vender tres chalés de una urbanización que se construyó en el año 1.992 con financiación de Caja Guadalajara y que acabó en un cierto descalabro económico. Hay en venta al menos tres casas de segunda mano, más otras tres de nueva planta. Además, recientemente, se han sumado a la oferta doce viviendas unifamiliares construidas en antiguos terrenos de la urbanización antes citada y propiedad, en su día, de Caja Guadalajara).
El POM propuesto incumpliría a su vez la Ley estatal del Suelo 8/2007, de 28 de mayo. El proyecto incumpliría, de llevarse a cabo su promoción, los siguientes artículos:
- Los puntos 1 y 2 del articulo 2: “Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible”;
- Los epígrafes a) y b) del articulo 4: “Derechos de los ciudadanos”;
- Los epígrafes a) y b) del articulo 10: “Criterios básicos de utilización del suelo”;
- El punto 1 del articulo 13:” Utilización del suelo rural”;
- El epígrafe a) del punto 1 del articulo 22: “Valoración en el suelo rural”;
- Y, la Disposición Transitoria cuarta “Criterios mínimos de sostenibilidad”
Ecologistas en Acción denuncia públicamente que la LOTAU no justifica un Plan de Ordenación Municipal si no se han promovido más de 50 viviendas o 5.000 metros cuadrados por año en los últimos cuatro años, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el Art.. 24.5 del TRLOTAU debería haberse dotado de un Plan de Delimitación de suelo Urbano (PDSU). Téngase en cuenta que estamos hablando de un municipio donde realmente viven durante todo el año no más de una treintena de personas, por más que figuren censadas 184 personas, muchas de ellas atraídas por las bonificaciones fiscales que concede el Ayuntamiento a los que se empadronan.
* Ecologistas en Acción de Guadalajara - 16 de julio 2008
Foto: Alocen (Guadalajara) - ecologistasenaccion.org
La Vila: El TSJ anula la legalización del Atrium porque es contraria al interés público
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ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dado un nuevo varapalo al proceso de legalización del hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa, al anular el Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM), la herramienta de planeamiento con la que se legalizó su exceso de volumen.
El TSJ considera que el Ayuntamiento de La Vila, gobernado entonces por el PP, "antepuso los intereses particulares de Hotel Luna [empresa promotora del Atrium] a los intereses generales del municipio", explicó ayer el abogado del concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, autor del recurso.
El PRIM aprobado el 21 de julio de 2005 contemplaba varias medidas compensatorias por la infracción urbanística: la cesión de 21.000 metros cuadrados de suelo al municipio, abonar 1,5 millones de euros para obras públicas en la zona de la Cala, demoler 14.000 metros cuadrados de la estructura y una sanción de 12 millones de euros. A cambio, el Consistorio otorgó una nueva licencia al hotel. Aunque el PRIM está anulado por esta nueva sentencia del TSJ -cabe recurso de casación- la licencia es válida, según manifestaron los servicios jurídicos de Hotel Luna, ya que "se otorgó sobre la base del planeamiento vigente en aquel momento". Por lo tanto, es "válida, firme y no se puede recurrir". Hotel Luna se apresuró ayer a pedir el "reintegro" de las cantidades aportadas. La empresa podría pedir al Ayuntamiento una indemnización por el lucro cesante superior a 100 millones de euros.
Esta sentencia del TSJ contraria a la actuación del Consistorio se suma a la que hace pocos días anuló la sanción de 12 millones de euros, debido en este caso a que la notificación le llegó a la empresa cuando el expediente había caducado.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 18/07/2008
Foto: La Vila_Joiosa (Alicante) - elpais.com
Imputada en la trama de Estepona la hija del presidente del Senado
ELPAÍS/Málaga* : La juez que investiga la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) formalizó ayer la imputación por cohecho y prevaricación a Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, que es coordinadora del área municipal de Urbanismo.
La juez no ha adoptado ninguna medida cautelar contra Patricia Rojo, a quien ayer tomó declaración durante una hora. A la salida del juzgado, ni Rojo ni su abogado quisieron hacer comentario alguno a la prensa.
Abogada de profesión, Patricia Rojo fue contratada por el ex alcalde socialista Antonio Barrientos en su primer mandato (2003-07), en el que gobernó en coalición con el Partido Estepona (PES), fundado por ex dirigentes del Grupo Independiente Liberal (GIL). Barrientos encomendó a Rojo la gerencia municipal de Urbanismo. Cuando la policía realizó las detenciones y los registros de la operación Astapa el pasado 17 de junio, registró el despacho de Rojo. Pocos días después, la coordinadora de Urbanismo fue citada a declarar a comisaría imputada por delitos de cohecho y prevaricación, que ayer fueron ratificados por la juez instructora, Isabel Conejo.
Justo un mes después de la detención de Barrientos, el pleno de Estepona eligió ayer nuevo alcalde al también socialista David Valadez, que recibió los apoyos de seis de los siete concejales que le quedan al PSOE -la edil María Miralles no acudió al pleno-, y los cuatro votos de los otros partidos que formaban la coalición de gobierno, dos del PA, uno de IU, y otro de Estepona 07. También votó a favor el edil imputado en la trama y expulsado del PSOE Francisco Zamorano.
Valadez, de 31 años, fue uno de los concejales que informó a la ejecutiva provincial del PSOE de las presuntas irregularidades del equipo de gobierno. En la anterior legislatura, se enfrentó a Barrientos, que llegó a destituirle como portavoz del grupo municipal socialista cuando se negó a asistir a un pleno para aprobar un convenio urbanístico. Ayer anunció que su primera medida será reducir "considerablemente" el sueldo de alcalde, que Barrientos fijó en 97.210 euros anuales, el sexto más alto de España.
La elección de Valadez fue sorprendente y su candidatura se decidió minutos antes del pleno. En principio, el PSOE se había inclinado por el hasta ahora concejal de Urbanismo Rafael Duarte. Pero ayer la juez también se ratificó en imputarle delitos de prevaricación, cohecho y omisión del deber de denunciar. La dirección del PSOE, que a diferencia de los otros ediles imputados mantiene su confianza en Duarte, prefirió "no correr riesgos", por lo que, a petición del propio edil, optó por retirar su candidatura.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Estepona - 18/07/2008
Foto: estepona_ayuntamiento - andaluciarustica.com
Madrid: Naturaleza acosada
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ADN/Madrid* : Un informe alerta de la amenaza urbanística. El crecimiento urbano ahoga el medio ambiente. Un estudio sobre los Espacios Naturales Protegidos desvela que "están al borde del desastre". El motivo: la dinámica "que une urbanización, autovías y centros comerciales".
La Comunidad tiene diez espacios naturales con protección jurídica. Son 368.296 hectáreas, el 13% del territorio. Ecologistas en Acción ha repasado ocho de ellos (Parques Regionales del Curso Medio del Guadarrama, del Jarama y Manzanares y de la Cuenca Alta del Manzanares, Parque Natural de las Cumbres, Circo y Lagunas de Peñalara, Soto de Henares, Reserva de El Regajal-Mar de Ontígola, Pinar del Abantos y Laguna de San Juan) y su diagnóstico no es nada halagüeño: la presión de las infraestructuras y el abandono de su cuidado los degradan de forma alarmante.
La Consejería de Medio Ambiente no se contuvo y acusó a los ecologistas de mentir: "El informe aporta datos falsos y presentan un panorama apocalíptico e irreal".
Hoy cruzan suelo protegido ocho autovías o autopistas, dos líneas del AVE, 25 carreteras ordinarias, cuatro vías de cercanías y una de metro, según el documento. Además, la M-61 tocará la Cuenca Alta del Manzanares, y la futura unión entre la A-6 y la M-505 afectará al Parque del Guadarrama "con un informe negativo de Medio Ambiente", dice Jesús Sánchez, de Ecologistas. La Consejería afirma que la configuración norte-sur de muchos parques "obliga a que sean atravesados por infraestructuras". Las vías dan servicio a los nuevos ensanches urbanísticos. El estudio denuncia que en el Parque de la Cuenca Alta del Manzanares "la edificación excede el suelo permitido, con la aquiesciencia de la Consejería". "Por ejemplo, en Manzanares el Real ya se ha agotado el terreno urbanizable". El ejecutivo reitera que "se cumple la legislación medioambiental".
"Carrera de locos"
Al mismo tiempo, los ecologistas explicaron estar en "una carrera de locos" contra la Consejería de Transportes por la M-501. "Nosotros por conseguir los 496.000 euros de fianza que paren las obras y ellos por terminar la vía en agosto". Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una nueva sentencia que declaraba ilegal este desdoblamiento.
MARIPOSAS EN GRAVE PELIGRO
En la Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola proliferan especies de mariposas exclusivas. La Consejería de Medio Ambiente tiene allí un centro de cría y estudio de nivel mundial. Sin embargo, la basura se ha acumulado alrededor del humedal llamado Mar Chico. Además, cartelones publicitarios se erigen en el cerro Pinar de los Frailes. Todo ello "amenaza de muerte" las 629 hectáreas de este espacio y, por lo tanto, la riqueza de lepidópteros de este entorno.
* ADN - Raúl Rejón - 17.07.2008
Foto: madrid M30 - A.Ferreras (El País)
El Derrumbe: miles de Torres Gemelas
ANTONIO MAIRA* : Por responsabilidad directa de nuestro equipo neoliberal: El Pacto del Ladrillo Fijo -formado por los sucesivos del gobiernos del bipartito (PP, PSOE y sus aliados en los gobiernos autonómicos)-; que han creado un Sistema de Alternancia Perfecta dentro de la mal llamada “Transición Española”, se acaba de caer la primera parte de un tinglado económico cuyos gestores evalúan en decenas –o centenas- de miles de millones de euros.
El sector inmobiliario en quiebra y el sector bancario con terribles “agujeros negros”. Gobierno, PP, instituciones empresariales, Falsimedia y los equipos económicos institucionales y privados –todos los responsables del desastre- recomiendan un ajuste neoliberal duro, mientras los sindicatos “sistémicos” reparten ungüentos y bendiciones o, sencillamente, desaparecen en el polvo de los primeros derrumbes. "Felicitamos" a González, Aznar, Zapatero y Rajoy y expresamos, con profundo dolor (por las terribles consecuencias que le esperan), nuestro deseo de que el pueblo español –trabajadores y subtrabajadores en general; especialmente las mujeres, los parados y semiparados, los jubilados y los “jóvenes menores de cuarenta años”-; consigan remover los escombros y construir un país totalmente nuevo. En “Leer más”: primeras noticias de una información que ampliaremos inmediatamente y "El Gran Encubrimiento: Durante más de un año nadie sabe nada de la crisis".
* inSurGente.org - 15 julio 2008
Investigan la conexión de ´Malaya´ con la trama urbanística manchega
LAOPINIÓN/Málaga* : El ´caso Malaya´ estalló el 30 de marzo de 2006 en Marbella. Desde entonces han sido procesadas 86 personas, detenidas más de 100 y se han intervenido bienes de todo tipo por un valor superior a los 2.400 millones de euros, según los cálculos del Ministerio del Interior. Pero, tras dos años y tres meses de instrucción, la investigación sigue dando sorpresas, algunas de ellas desagradables para los implicados.
No en vano, en una providencia firmada por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad, Óscar Pérez Corrales, el magistrado ordena investigar la relación entre algunos de los imputados en la trama marbellí "con los casos de corrupción inmobiliaria de Castilla La Mancha".
El escrito, al que tuvo acceso este periódico, está fechado el 15 de julio de 2008, y en él se da cuenta de un CD y un escrito anónimo recibido por el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que contiene información que "vincula a algún imputado en el ´caso Malaya´ con los casos de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha", por lo que el magistrado decidió remitir el CD a la Comisaría Provincial para que el grupo III de Blanqueo de la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) investigue esta relación. En concreto, el instructor les insta a que estudien "si la información contenida fuera de relevancia para las presentes actuaciones".
Además de la providencia de Óscar Pérez Corrales, comunicada a las partes ayer mismo, este periódico ha tenido acceso al oficio remitido por la Fiscalía al magistrado el pasado 11 de julio, en el que el mismo acusador público afirma haber recibido un CD "junto con un escrito sin firma" en el que se alude a las vinculaciones de determinados encausados en ´Malaya´ con esos casos -en plural- de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha, enunciado que repite el informador anónimo en un escueto documento que consta de dos líneas escritas a ordenador.
Ahora serán los investigadores los que establezcan qué grado de veracidad tienen las informaciones contenidas en ese CD y con qué casos concretos que se instruyen actualmente en la autonomía vecina están relacionados los imputados de ´Malaya´ a los que se hace referencia.
Algunas partes expresaron ya ayer su "sorpresa" por la relevancia de esta información, al tiempo que consideraron "improcedente" que un juzgado de Instrucción de Marbella investigue algo que ocurre a tantos kilómetros de la localidad. "Debería remitirse, como se ha dicho varias veces, esta pieza separada al juzgado Decano que corresponda y que éste lo turne a su vez a otra sede. Pero, vamos, aquí ya estamos hablando de un caso que es clara competencia de la Audiencia Nacional", dice un letrado.
Esta reflexión puede ser cierta. De hecho, los delitos investigados en ´Malaya´ afectan a varias provincias: hay piezas separadas en los juzgados de la Palma del Condado (Huelva) y San Javier (Murcia), además de en Marbella, y se han producido registros e intervenciones policiales en otras zonas del país (por ejemplo, en Madrid, Mallorca y Cádiz). El lunes se celebra el primer juicio salido directamente de la investigación ´Malaya´ y los investigadores siguen teniendo por delante una intensa labor.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA - 17 de julio de 2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es