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LAVERDAD/Murcia* : Abono irregular de facturas a nombre de empresas de Facundo Armero Madrid; adjudicaciones directas bajo el paraguas de convenios urbanísticos; posible trato de favor en cuatro expedientes sancionadores a otra empresa de Armero; y la venta de inmuebles a bajo precio a la concejal de Obras Públicas de Torre Pacheco, son los principales delitos que investiga el juzgado de Instrucción número 4 de San Javier y que tienen en el punto de mira al alcalde pachequero, Daniel García Madrid (PP), y al citado empresario.
Asimismo, la juez dio curso a la denuncia de la Fiscalía del TSJ contra el concejal de Cultura de este municipio, por haber favorecido supuestamente a dos empresas de su hermana.
Así se desprende de las diligencias abiertas el año pasado por la juez Aranzazu Moreno Santamaría, y cuyo sumario ha sido abierto parcialmente. Del contenido de las miles de grabaciones recogidas al alcalde de Torre Pacheco y a Facundo Armero -las únicas escuchas autorizadas por la juez en su auto del 4 de abril del año pasado- se desprende que las investigaciones también pueden comprometer al consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, en las gestiones que realizó a petición del alcalde para sacar adelante unas naves industriales y una piscina de unos particulares; así como el museo de Cabezo Gordo, que afectaba a una zona LIC y ZEPA.
Insultos al fiscal del TSJ
Las grabaciones efectuadas por la Guardia Civil corroboran, por otra parte, que el entonces consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, puso sobre aviso al alcalde de que estaba siendo investigado, tal como publicó La Verdad el pasado mes de septiembre.
Al menos en dos intervenciones telefónicas, los comunicantes insultan al fiscal del TSJ, al que llaman «capullo» e «hijo de puta».
La apertura del sumario también afecta al Ayuntamiento de Fuente Álamo, ya que el nexo de conexión de los supuestos delitos de corrupción urbanística es el propio Facundo Armero, que pudo obtener trato de favor en la adjudicación de varias obras municipales, como publicó este diario.
Armero fue socio de Pedro García Meroño al frente de Polaris World, hasta que vendió su parte por valor de 300 millones de euros. A partir de ahí, Armero ha seguido con sus actividades en el sector de la construcción con sus propias empresas, entre ellas Construcciones Torre Pacheco. En su declaración ante la juez, la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa (PP), fue preguntada si había recibido dinero del constructor y si su municipio se había beneficiado de alguna comisión.
Los casos Torre Pacheco y Fuente Álamo estallaron a raíz del registro judicial efectuado en el 19 de junio pasado, después de las elecciones municipales y autonómicas. Previamente, la juez ordenó que la Policía Judicial de la Guardia Civil interviniera los teléfonos del alcalde y de Facundo Armero. En el primer auto, estas grabaciones sólo debían efectuarse entre el 3 de abril y el 3 de mayo. Se cree que cuando el alcalde Daniel García fue alertado, por una filtración, de que estaba siendo investigado, se desencadenó toda la operación.
La juez Aranzazu Moreno sólo tardó dos días en abrir diligencias previas, tras la denuncias presentadas por la Fiscalía del TSJ. En concreto, el 4 de abril pasado apreció presuntos delitos en el alcalde de Torre Pacheco, la concejal de Obras Públicas, Josefa Marín Otón, y los empresarios Facundo Armero Madrid y Pedro García Meroño, este último principal accionista de la constructora Polaris World. Asimismo actuó contra el concejal de Cultura, Antonio Madrid Izquierdo, y sus dos hermanas, Faustina y Josefa del Rosario, según consta en el sumario parcialmente abierto. A éstos tres últimos se les imputa los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. A los primeros, se les atribuye los supuestos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secretos.
Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar las versiones del alcalde de Torre Pacheco y del constructor Facundo Armero Madrid. El consejero Benito Mercader, por su parte, dijo desconocer «de qué tema me está hablando». «No voy a decir nada ni quiero que aparezca mi nombre», indicó.
* La Verdad - M. BUITRAGO - 4 febrero 2008
Foto: Torre Pacheco (Murcia) - oteo (flickr.com)
La juez investiga si el alcalde de Torre Pacheco benefició al constructor Armero
Operación Guateque: ´Sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos´
EFE/Madrid* : El presunto jefe de la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid dedicada a agilizar la concesión de licencias de todo tipo a cambio de dinero, Victoriano Ceballos, ha asegurado hoy que "sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos que se adelantaran".
Así lo ha manifestado Ceballos en declaraciones a los periodistas en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, donde esta mañana ha acudido para mantener sendos careos con otros dos imputados en el "caso Guateque", su superior directo, Joaquín Fernández de Castro, y un ingeniero de Urbanismo, David Jiménez López.
El jefe de la división de impacto ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente del consistorio madrileño ha explicado que en ese departamento "había atasco" en las tramitaciones desde hacía dos años y por eso, en junio de 2007, se contrató a doce técnicos de apoyo "para sacar adelante mil expedientes".
"A diez de noviembre (de 2007) estaban los expedientes al día", ha afirmado Ceballos para recalcar que la gestión era correcta.
Ha relatado que él era el "alma mater" del departamento puesto que era el único que "hacía" los informes medio ambientales que servían para conceder o no una licencia y ha recordado que "la gente se inventa cualquier cuento para que se adelante la licencia".
Ceballos, que ha insistido en su inocencia y en que está tranquilo porque "no hay nada", ha apuntado que en algunos de los expedientes a veces aparecía una nota que decía "adelantar por orden de" y ha subrayado que es un funcionario y cumple órdenes.
"Sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos que se adelantaran", ha asegurado el imputado que ha añadido: "es normal que la cadena de mando funcione así. Ese poder no lo tenemos los funcionarios".
Tras precisar que "de mil expedientes, se agilizarían unos cuarenta", se ha preguntado por qué se llega a este extremo a dos meses de las elecciones y ha reconocido que cree que hay intereses políticos.
Sobre el careo mantenido con Jiménez, donde han sido interrogados por una conversación que tuvieron en la que supuestamente hablaron de repartirse 6.000 euros de la licencia de un pub de la zona de Azca, Ceballos no la ha dado ninguna credibilidad porque, según ha dicho, no tiene la certeza de que fuera David el que le llamó.
Además, ha agregado que unos días antes de que "empezara todo esto" hubo un informe desfavorable de su departamento.
Según ha manifestado el abogado de Jiménez a la salida del careo, que ha durado alrededor de 45 minutos, "todo ha sido una broma de David que se quiere elevar a categoría de delito".
El segundo careo, que apenas ha durado diez minutos, ha sido con Fernández de Castro, del que Ceballos ha dicho que "es un bendito", una persona con "profundas convicciones religiosas" que "no ha hecho más que trabajar".
Según han informado fuentes jurídicas, durante este careo el juez Santiago Torres ha preguntado a Fernández de Castro si filtró una nota a un diario nacional en la que afirmaba que Ceballos era el "único chorizo", lo que ha sido negado por el imputado.
Para Ceballos, esa carta ha sido "manipulada" por los medios de comunicación porque, según ha sostenido, "Joaquín no ha escrito esa carta, no ha podido escribir eso".
El presunto jefe de la trama de corrupción municipal ha criticado la actuación del Ayuntamiento y ha dicho que le han dejado "solito" y suspendido de empleo y sueldo durante seis meses, cuando, ha indicado, le quedan tres para jubilarse.
"¿Soy un corrupto de 3.000 euros?", se ha preguntado Ceballos, que ha añadido que si tuviera dinero no tendría a su hijo "poniendo bordillo desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche".
* El Boletín - EFE - 04 de febrero de 2008
Foto: El jefe de área de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Joaquín Fernández de Castro (d), a su llegada a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, donde hoy mantuvo un careo con el jefe de la división de impacto ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos, ambos imputados en el "caso Guateque", la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid dedicada a agilizar la concesión de licencias de todo tipo a cambio de dinero/ EFE
La lucha por el ‘direito à habitação’
DIAGONAL/Lisboa* : En Portugal 30.000 familias viven en condiciones precarias, 978.000 sin infraestructuras básicas y hay 544.000 edificios vacíos. Desde 2005 Direito à Habitação (DAH) se organiza para cambiar esta situación. El derecho a la vivienda está recogido en la Constitución portuguesa, sin embargo la especulación, los alquileres, que han aumentado en más del 41%, la discriminación que dificulta o niega el acceso al crédito o al alquiler y, sobre todo, la falta de inversiones por parte de la administración en políticas públicas de vivienda son las barreras principales que empujan a muchas personas a condiciones de infravivienda.
En el área metropolitana de Lisboa son decenas los barrios de barracas, estas zonas son objeto de un Programa Especial de Realojamiento (PER) creado en 1993 por el Gobierno para acabar con estos asentamientos y realojar a las personas que viven allí. Las políticas de demoliciones aplicadas con el PER no han ido acompañadas por realojos, como en el caso de Azinhaga dos Besouros, barriada popular en el norte de Lisboa elegido por el Grupo Amorim para ubicar el centro comercial Dolce Vita Tejo [ver DIAGONAL nº 37]. Según los datos de DAH existen más de 9.000 personas amenazadas de expulsión y destrucción de sus casas, sin alternativa de realojamiento. Como en el caso de Azinhaga dos Besouros, estas expulsiones ya han comenzado y afectan a centenares de personas. En marzo de 2005 se creó Direito à Habitação, dentro de la asociación Solidaridad Inmigrante, para luchar contra la amenaza de expulsión de las barracas del área metropolitana de Lisboa. Se constituyó como un grupo de denuncia pública, de lucha y sensibilización a través de acciones directas en el terreno y de apoyo a la población para garantizar que el derecho a la vivienda para todos, independientemente del origen, sea respetado. Las reivindicaciones de DAH tienen algunos paralelismos con las luchas por la vivienda en el Estado español. Por un lado exige la aplicación del artículo 65 de la Constitución de la República Portuguesa que reconoce el derecho a la vivienda. Por otro, el realojamiento de las personas que viven en condiciones infrahumanas.
También la construcción y promoción de un mercado de vivienda con precios adaptados a los rendimientos de cada persona, como está enunciado en el punto 3 del artículo 65 de la Constitución, y la rehabilitación de los edificios vacíos de Lisboa para las personas necesitadas. Un último objetivo es la lucha contra la especulación inmobiliaria y la discriminación (normalmente por cuestión de género y raza) en el acceso a la vivienda de alquiler.
El manifiesto
Varios grupos de vecinos de los barrios demolidos o “en la inminencia de serlo” de Lisboa han elaborado un manifiesto con el apoyo del DAH. Lo firman vecinos de los barrios Marianas, Azinhaga dos Besouros, Estrada Militar, Quinta da Vitoria, Fim do Mundo y Quinta da Serra. Muchos vecinos de estos barrios se instalaron antes de la ley de 1993 y el censo que creó entonces el PER, donde no fueron incluidos. “Nosotros, por ejemplo, que somos trabajadores de la construcción, fuimos excluidos. Nuestro trabajo exige desplazamientos frecuentes durante varios días seguidos al lugar de las obras. Ésta es la razón de nuestra ausencia del barrio, lo que provocó nuestra falta de información durante el censo”, señalan en el manifiesto. Además, añaden, en estos barrios después de 1993 llegaron cientos de personas en situaciones económicas precarias, “por la discriminación a la que se encuentran sujetas en el acceso a una casa en el mercado privado y por la falta de una política real de vivienda que pueda responder a sus necesidades de vivienda, no tuvieron otra alternativa que los barrios de chabolas”. Muchos de los vecinos afectados por el PER son ciudadanos inmigrantes, a los que la política de demoliciones deja en una situación extremadamente precaria. “Considerando la historia de la colonización y considerando la de la emigración portuguesa, no es justo el tratamiento recibido por los inmigrantes en el territorio portugués”, señala el texto.
Por eso el surgimiento de ‘Direito à Habitação’ esta integrado dentro de la asociación Solidaridad Inmigrante. Las luchas por la vivienda en Portugal están muy ligadas a las luchas de los inmigrantes, la población más afectada ante la dificultad de acceso a una vivienda digna. La denuncia más frecuente es que las demoliciones contribuyen a la degradación de los barrios, provocando daños psicológicos, morales y materiales. Las condiciones de habitabilidad han empeorado sustancialmente, además de aumentar la presencia “violenta y abusiva de las fuerzas policiales”, que expulsan de forma brutal a la gente de sus casas. Como parte de la lucha y el trabajo del DAH junto con los habitantes de los barrios amenazados por las demoliciones, se han realizado actividades diversas para la divulgación y denuncia del problema de la vivienda. Encuentros, debates, proyecciones de documentales de luchas en otros países. A partir de estas iniciativas han aparecido otras asociaciones interesadas en este tema, que han creado, hace un año, la Plataforma Artículo 65, una red de asociaciones sin vínculos con partidos políticos y cuyo interés en común es la lucha por la “vivienda para tod@s”, sobre la exigencia de políticas estructurales que garanticen un mercado de vivienda al alcance de todos. La Plataforma quiere recoger 35.000 firmas para plantear al Parlamento una nueva “Ley de Vivienda” formulada desde la sociedad civil y las organizaciones por la vivienda. Para preparar la manifestación del 25 (ver recuadro), se han organizado las Primeras Jornadas por la Vivienda, con exposiciones y debates bajo el título de “Habitação: un negócio ou um direito?”
La manifestación del 25-F
Con samba, batucada y música se celebró el pasado 25 de febrero una manifestación convocada por la Plataforma Artigo 65. Más de 2.000 personas salieron de la Plaça da Figueira bajo el lema “Habitação para todos”. La plataforma, que agrupa unas 15 asociaciones, independientes de partidos políticos, se sentía muy satisfecha con la convocatoria, sobre todo con la “cantidad de gente de los barrios que han venido a manifestarse al centro de Lisboa”. El acto se cerró con la lectura de varios comunicados exigiendo al parlamento que se implique en políticas de vivienda efectivas, públicas y accesibles. “Vamos a dar que hablar”, afirmaba Gela, una participante en el acto.
* Periódico DIAGONAL - Ángela Carcedo / Jacobo Rivero , Lisboa - 1 mar 14 mar 2007
Foto: Lisboa, manifestación 25feb07 - paginavermelha.org
Torrevieja acumula más de mil derribos de obra ilegal sin ejecutar
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Torrevieja, en manos del PP desde 1987, acumula más de un millar de derribos por infracciones urbanísticas (la mayoría, ampliaciones ilegales viviendas) sin ejecutar en los últimos cinco años. La pasividad del Consistorio a la hora de restituir la legalidad urbanística ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo. El titular de la institución, Fernando Múgica, señala que el Consistorio "olvida" la ejecución del 90% de los derribos incluidos en los expedientes sancionadores.
La oposición y los afectados destacan la "arbitrariedad" de las demoliciones. El equipo de gobierno local rechaza las acusaciones y asegura que en la actualidad el Ayuntamiento tramita 256 órdenes de derribo con carácter subsidiario.
"Hace más de seis años denuncié obras ilegales en la vivienda superior a mi piso. Y desde entonces me han estado dando largas sin hacer nada. Ni se las han paralizado ni le han tirado nada", afirma Gregoria Concha Méndez, propietaria del piso 4º A, en el inmueble número 28 de la calle Rambla Juan Mateo, en el centro de Torrevieja. "Ante la evidencia de que los técnicos del Ayuntamiento me estaban tomando el pelo, decidí llevar el caso al Defensor del Pueblo", asegura Gregoria. Como consecuencia de la queja de esta mujer, el Defensor del Pueblo ha emitido un informe que pone en entredicho la eficacia del Consistorio para hacer cumplir la legalidad urbanística en el municipio. Múgica, sobre la base del informe remitido a la institución por los técnicos municipales, señala que "no sólo en el presente caso [la queja particular Gregoria Concha Méndez], sino en muchos otros puede estar el Ayuntamiento incurriendo en falta de diligencia". El Defensor del Pueblo censura al Ayuntamiento por limitarse a sancionar y, en cambio, no ejecutar las demoliciones.
La queja de esta vecina sobre la falta de diligencia del Consistorio para restituir la legalidad urbanística no es un caso aislado entre los afectados por obras ilegales en la población. Alfredo Martínez, propietario de una finca en la urbanización San Luis, ha vivido una experiencia similar: "En 2005, denuncié al Ayuntamiento obras ilegales en un chalé, junto a mi finca. Ahora, tras algunos amagos de precintar las obras, hace dos meses he recibido una notificación del Ayuntamiento en la que me dicen que van a tirar algo", asegura. "La política urbanística del Ayuntamiento es un cachondeo, a unos se les tira o no le dejan construir, y con otros hacen la vista gorda", añade este vecino.
Los ejemplos sobre supuestas ilegalidades urbanísticas denunciadas por estos dos vecinos son una constante en toda la localidad, tanto en las viviendas de centro como en el sinfín de urbanizaciones que ya colonizan la totalidad del suelo urbano del municipio. A las quejas de los afectados, el Grupo Municipal de Los Verdes (dos concejales en la actual corporación) añade la "arbitrariedad" del equipo de Gobierno al acometer los derribos, "en unos casos se derriba y en otros no, y sin dar explicaciones, y entre los amnistiados destacan flagrantes casos de supuesto trato de favor a obras de familiares de concejales del PP", puntualiza el portavoz del grupo, el edil José Manuel Dolón.
De acuerdo con un cómputo realizado por el Grupo Municipal de Los Verdes (en base a los expedientes de infracción urbanística con propuesta de demolición aprobados por la comisión de gobierno en segundo trimestre de 2007) anualmente el Consistorio tramita unos 250 expedientes, o lo que es lo mismo, unos 1.250 en los últimos cinco años. De ellos, en base al informe elaborado por el Defensor del Pueblo, sólo se han ejecutado el 10% es decir, que restarían más de un millar por ejecutar.
Dolón esgrime un amplio listado para justificar su acusación sobre la supuesta doble vara de medir el equipo de gobierno de local a la hora acometer los derribos. "En la Calle Orihuela, número 7, había tres cerramientos ilegales de otros tantos áticos. Dos de ellos se han tirado, y el del centro permanece en pie", explica. El concejal exhibe otro listado de obras, también relacionado con ampliación de áticos y sobreáticos, con resultado disímil, como los situados en las calles Patricio Pérez, número 17, Bazán, 6 y Maldonado, 7, "todos ellos con expediente de demolición, pero todavía en pie". En este apartado de los áticos, el portavoz de Los Verdes destaca dos casos, a su juicio, de la "discrecionalidad" del equipo de Gobierno: "En la calle Ramón Gallud, número 33, hay un ático ilegal propiedad de la familia de actual concejal del PP Domingo Soler, en pie, y en la calle Clemente Gosalves, 1, está la polémica ampliación del ático de la familia del ex concejal del PP Pascual Ortiz, que no sólo no se le ha abierto expediente sancionador, si no que se ha hecho la vista gorda se ha dado apariencia de legalidad a las obras".
En el extrarradio de la población la mayoría de ilegalidades están relacionadas con ampliaciones (segundas plantas) en los chalés de la multitud de urbanizaciones que copan el término (el municipio hace años que agotó el suelo urbanizable disponible). Y también en esta área se observan resoluciones antagónicas por parte del Consistorio al acometer los derribos.
Dos ampliaciones similares (una segunda planta) en los chalés 466 y 467 de la urbanización la Torreta Fase III han tenido un trato distinto: En el primero se mantuvo la obra, y al segundo se ha derribado. La concejalía de Urbanismo, que dirige Francisco Moreno, ha declinado comentar el informe del Defensor del Pueblo y tampoco ha ofrecido datos globales de lucha contra las infracciones urbanísticas en el municipio. En una nota oficial, Moreno mostró su “gran asombro e incredulidad ante el cúmulo de despropósitos” denunciados por Los Verdes. Moreno, concejal del PP, señala no obstante que “son centenares de expedientes disciplinarios los que se abren todos los años, abriéndose en el año 2007 un total de 405”.
Según los datos de la concejalía de Urbanismo "en estos momentos, se están tramitando 256 órdenes de derribo con carácter subsidiario, lo que demuestra que desde el Ayuntamiento sí se actúa dentro de la legalidad y no existe dejadez alguna, como afirma el señor Dolón [portavoz de Los Verdes]", añade el comunicado. Con la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), “existe un acortamiento de los plazos y la posibilidad de que la administración imponga diversas multas adicionales”, recordaron en el comunicado. Para Moreno es “indecente” comparar los casos de legalidad urbanística de Torrevieja con la construcción de viviendas en suelo no urbanizable.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 04/02/2008
Foto: Torrevieja (Alicante) - torrevieja.com
V de Vivienda convoca el 1 de marzo concentraciones en toda España
TERRA* : El colectivo de ciudadanos V de Vivienda ha convocado para el próximo 1 de marzo concentraciones en toda España en demanda de una vivienda digna y en medio de una 'desvergonzada subasta de promesas electorales'. En rueda de prensa, tras celebrar el I Encuentro Estatal V de Vivienda y en el que participaron todas las plataformas que tienen repartidas por España, sus portavoces leyeron un comunicado en el que hicieron públicas una serie de reivindicaciones para combatir la especulación y el urbanismo salvaje.
Estas pasan por una moratoria en la ejecución de los planes urbanísticos mientras éstos no sean guiados por el interés general, transparencia en los datos relativos al derecho de acceso a la vivienda y por combatir la 'depreciación' del espacio medioambiental y el tejido social de los espacios urbanos.
Además, demandan de las administraciones la creación de un amplio parque público de vivienda en alquiler social que responda a las necesidades de la población excluida por el mercado, la despenalización de la reutilización de los espacios en desuso y medidas fiscales que penalicen la especulación inmobiliaria.
Según explicó Paco Belmonte, miembro de la plataforma V de Vivienda de Barcelona, las concentraciones se realizarán en las plazas mayores o de ayuntamientos en las que en otras ocasiones se han juntado los jóvenes para pedir una vivienda digna.
Preguntados por la posibilidad de que la Junta Electoral Central las prohíba por su cercanía con las elecciones generales del 9 de marzo, Dani Jiménez, de la asamblea de Madrid pidió respeto para las concentraciones, porque no son de ningún partido, sino de ciudadanos que exigen el derecho a una casa.
* Terra Actualidad - EFE - 03/02/2008
Foto: VdeVivienda, manifestación vivienda digna BCN 2006
Marbella es el municipio malagueño con el primer kilómetro de costa más saturado de construcción
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SUR* : Basta con echar un vistazo a lo largo y ancho de los 27 kilómetros del litoral de Marbella, preferiblemente si es a vista de pájaro, para darse cuenta de que si las construcciones en algunas zonas del término municipal aparecen como grandes manchas a ratos dispersas, la costa es la más desafortunada. El hormigón ha hecho, especialmente en los últimos años, parada y fonda a pie de playa, donde permanecen casi como un milagro pequeños retazos de las dunas que antaño dibujaban la mayoría de las playas.
No es sólo una percepción. El Informe de Sostenibilidad 2007 elaborado por el Observatorio Provincial de Sostenibilidad, dependiente de la Diputación de Málaga, la Universidad de Málaga y la Agenda 21 Provincial, ha puesto negro sobre blanco lo que era un secreto a voces. Marbella se coloca a la cabeza en la provincia malagueña en la saturación de la franja litoral y en la insostenibilidad, dado el volumen de construcción que copa del primer kilómetro costero -esto es, si se cuentan mil metros desde la misma orilla del mar hacia el interior-.
Según los datos de este estudio, el 61,99 por ciento del suelo está ocupado por usos artificiales, ya sea por viviendas, por hoteles o por instalaciones de otra índole. Las cifras son clarificadoras si se comparan con la media provincial, donde el 44 por ciento de la franja costera está urbanizada, con lo que la ocupación de litoral en Marbella está casi 20 puntos por encima, o en más detalle con la Axarquía o con la propia capital, a los que duplica en la presencia de hormigón en el litoral.
«Urbanismo salvaje»
«Es sabido que ha habido un urbanismo salvaje en estos años, y un crecimiento acelerado y desordenado incluso con la ocupación del dominio público o de la línea de costa», señala Miguel Esteban, diputado provincial de Medio Ambiente. Y las consecuencias son demoledoras: obstaculización de la regeneración natural de las playas, alteración del ecosistema costero y, en zonas puntuales, se trastoque el cauce y la desembocadura de los arroyos.
La organización ecologista Greenpeace también alerta de esta desaforada invasión con cemento de la costa malagueña y, en detalle, de la de Marbella. En su 'Informe sobre la situación de litoral', tanto en 2006 como en 2007, va más allá y cifran en un 82 por ciento el suelo ocupado por el urbanismo en la franja de los primeros 500 metros de litoral marbellí, frente al 59,9 por ciento a nivel provincial.
Además, sostiene que varias playas de la localidad -como las de San Pedro Alcántara, Cortijo Blanco, Nueva Andalucía o Puerto Banús- tienen invadida la zona de protección marítimo terrestre con viviendas privadas. Como efecto inmediato, apunta a la falta de arena; un problema, dicen, que «sigue sin tener soluciones definitivas por parte de la Dirección General de Costas, que continúa dilapidando millones de euros en reposiciones artificiales de arena que duran menos en las playas que los propios turistas».
Usos del suelo
Menos en detalle, la radiografía del término municipal de Marbella y de los usos del suelo es igualmente significativa. En los últimos años, según los datos del estudio de sostenibilidad, alrededor de 778 hectáreas de suelo forestal y agrícola se han transformado en urbanizables. Esta fuerte expansión de los usos artificiales, como los denomina el Informe de Sostenibilidad 2007, está especialmente impulsada por un modelo de construcción disperso y más centrado en las inmediaciones de la Costa y de los núcleos urbanos.
La pregunta ahora es si hay soluciones para revertir la situación en el litoral. A este respecto, el diputado provincial de Medio Ambiente enarbola la bandera de una nueva cultura del territorio, que implique un replanteo de la ordenación y con un compromiso firme de «esponjar» la Costa -esto es, de habilitar zonas libres- y de recuperar suelos ocupados de manera irregular.
Greenpeace es más ambiciosa y anima en su informe a la Junta a elaborar un plan del litoral que retrase la línea de urbanización 500 metros «como han hecho en Galicia o en Asturias con sus espacios costeros para asegurar así la supervivencia de muchos tramos de costa donde la arena ya no llega».
* SUR - CRISTINA GONZÁLEZ - 03/02/2008
Foto: Vista de la franja litoral de Marbella, donde se constata el elevado grado de construcción en la costa/ JOSELE-LANZA, diariosur.es
Oviedo: Nacen dos plataformas en contra de los últimos proyectos urbanísticos
ELCOMERCIO* : Los nuevos proyectos no dejan indiferente a nadie. Las decisiones urbanísticas provocan corrillos y hasta plataformas en contra. En Oviedo pasó cuando se derribó la estación del Vasco o el chalé de Concha Heres, que dio paso a la sede del Banco de España. Y la historia se repite. Las tres torres de Calatrava, en la parcela de las antiguas vías férreas, y el futuro de la Fábrica de Armas de La Vega ha movido los resortes del movimiento ciudadano más crítico. Acaban de crearse dos grupos diferentes, con un mismo punto de mira: los desarrollos previstos a la entrada de la 'Y'.
LA FÁBRICA DE ARMAS
Foro por un urbanismo crítico
Nació en defensa de la actividad y el patrimonio de la Fábrica de Armas de La Vega, pero en su agenda cabrán todos los problemas urbanísticos de la ciudad. Un
grupo de personas ha creado el Foro por un urbanismo crítico de Oviedo. Aunque están vinculadas a la Universidad, partidos políticos, al colectivo Cambalache o grupos ecologistas, en este caso se 'suben' a la plataforma a título individual.
Entre ellos hay nombres conocidos, como el portavoz de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, Roberto Sánchez Ramos, y el miembro de Cambalache Miguel Moro, autor de 'Oviedo detrás de la fachada', una visión crítica de los desarrollos urbanísticos a lo largo de los últimos años. Y en esa línea quiere seguir el foro. Habrá protestas y, antes, divulgación entre los ciudadanos. «La movilización empieza por la información», explica el edil. «Queremos abrir un debate ciudadano», añade. Aunque no dan muchos detalles, adelantan que una de sus primeras acciones será pedir la declaración para el conjunto de la fábrica como Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima figura de protección patrimonial.
De momento, tiene una protección equivalente al BIC, como monumento, la capilla de Santa Bárbara. El claustro del viejo convento utilizado como nave cuenta con protección integral. El taller de cañones, diseñado por Sánchez del Río, está incluido en el Registro Industrial del Docomomo Ibérico. El entorno de protección de los dos primeros elementos alcanzaría al conjunto, al que hay que sumar el de la vecina iglesia pde Santullano. Además, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en el Catálogo de Bienes de Interés de Oviedo está descrita como conjunto.
Es indivisible. «Es un conjunto industrial único en España y en Europa», justifica Moro. Y la única gran industria que queda en el casco urbano. Defienden los valores patrimoniales, y también quieren evitar que haya despidos de trabajadores, en juego por los planes de la empresa General Dynamics Santa Bárbara Sistemas de trasladar la producción a Trubia y La Coruña. Y sobre todo rechazan «el negocio de viviendas» que planea sobre estos 122.000 metros cuadrados.
Aplicando una edificabilidad menor incluso que la del entorno, calculan que las plusvalías sobre el solar superarían los 360 millones de euros. «Es un bocado absolutamente exquisito para la especulación inmobiliaria», ironiza Moro.
Detrás de estos intentos especulativos, que Sánchez Ramos bautizó con el nombre de «Wall Street de La Tenderina», hay «un pacto político, en el que participan Ayuntamiento y Principado y empresa».
La punta de lanza es la parcela de El Vasco, con las tres torres diseñadas por Calatrava. Según el edil, este proyecto marcará la edificabilidad en La Vega. Lo que se haga en Víctor Chávarri influirá si finalmente se va la industria. Por eso, los primeros esfuerzos del foro se centrarán en despertar el debate ciudadano y evitar que salga adelante el proyecto de las torres de Calatrava.
Por otra parte, Moro y Sánchez Ramos ven posibilidades para los chalés de los ingenieros y otros elementos de la fábrica que podrían reutilizarse como equipamientos públicos para La Tenderina y los barrios cercanos. Dan dos ideas, bibliotecas y escuelas de 0-3.
LAS TORRES DE CALATRAVA
Arquitectos y otros amigos
A finales de los 90, ya en los albores del nuevo siglo, la conservación de la fábrica de gas también provocó un movimiento ciudadano. Los que estaban detrás de él consiguieron la incoación del expediente de Bien de Interés Cultural (BIC), más de un lustro después todavía pendiente de cerrarse.
Hay gente de aquel grupo de Gas Ciudad en el foro citado. Otro está en el germen de otro grupo. Es el arquitecto José Ramón Fernández Molina, autor, además, del Inventario de Bienes de Interés del Concejo. Con Arturo Gutiérrez Terán, otros arquitectos y personas vinculadas a la Sociedad Cultural La Escandalera, están preparando una alegación contra el proyecto de las tres torres que Jovellanos XXI, con diseño de Calatrava, quiere construir en la parcela de El Vasco.
«Vamos a personarnos en la información pública», asegura Fernández Molina. Él mismo concibe este desarrollo urbanístico y otros proyectos a la entrada norte de la ciudad, como la losa de Santullano, los accesos a Oviedo o la Fábrica de Armas, como «fragmentos de una misma pieza» que tienen que tratarse como un todo, no por separado.
Ahora se apresuran con el proyecto más urgente, las 'trillizas', con sólo un mes de información pública. Urbanísticamente, ve la fábrica «como un elemento complementario a la losa». Eso sí, añade, «es intocable» dada su protección patrimonial actual, matiza el arquitecto . El Vasco es otra cosa.
* El Comercio Digital - 03.02.08 - MARTA FRECHILLA
Foto: Oviedo, fábrica_de_Armas_de_la_Vega - wikipedia.org
El nuevo asedio de Numancia
TULIO DEMICHELI* : Aunque algunos crean que Soria es una invención poética de Antonio Machado o una atrevida fantasía de los cartógrafos, lo cierto es que existe y que es bellísima, empezando por su capital, algo que el Ayuntamiento parece haber olvidado y que han venido a recordárselo la Academia de la Historia, la de San Fernando, la asociación Hispania Nostra y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que se oponen a la construcción del Polígono Industrial Soria 2 en el entorno de Numancia.
Así también lo hace la familia del Duque de Lugo -los Marichalar- propietaria de parte de los terrenos y donante en su día de aquel sitio arqueológico, donación que hace un siglo dio nacimiento a Patrimonio Nacional.
Numancia vuelve a estar asediada y no sólo por este proyecto auspiciado por el Ayuntamiento soriano y la Junta de Castilla y León, sino también por la construcción de un cenmenterio privado junto a las ruinas del monasterio de San Juan de Duero, erigido por los Hospitalarios en la falda del monte de las Ánimas. Por el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente (800 viviendas, más edificios institucionales y suelo industrial) junto a Garray (un magnífico proyecto que debería realizarse en otro lugar). Por la construcción de 300 viviendas junto al campamento de Alto Real del Cerco de Escipión. Y por la creación de otro polígono industrial de 40 hectáreas en el cercano municipio de Garrejo.
Polígono Industrial Soria 2
En 16 de octubre de 2007 la Junta de Castilla y León modificó, a instancias de su Consejería de Fomento, el Plan General de Ordenación Urbana de Soria para autorizar la construcción del Polígono Industrial Soria II, que tendrá una superficie de 117 hectáreas, modificación puntual que fue denunciada y recurrida por la familia Marichalar, pues considera que «se han producido múltiples y gravísimas irregularidades», entre las que se citan «la exclusión de la revisión del PGOU de Soria del convenio firmado entre el Ayuntamiento y Gestión Urbanística de Castilla y León (Gesturcal), suscrito en 2005 para la construcción de ese polígono industrial. Este hecho -según la familia Marichalar- supone un fraude de ley». Además «se ha omitido el trámite esencial de emitir un informe de sosteniblilidad ambiental exigido por la ley, y máxime para una operación a gran escala que exige la destrucción de más de un millón de metros de cubierta vegetal; ignorándose y despreciándose la futura incidencia de actividades industriales sobre el río Duero y todas las áreas naturales y de patrimonio cultural colindantes, entre ellos siete Bienes de Interés Cultural (BIC): Numancia y Cerco Romano de Garray; el Casco Antiguo de la Ciudad, Margen Izquierda del río Duero; Claustro de la Iglesia de San Pedro; Iglesia Concatedral de San Pedro; Iglesia y Claustro de San Juan de Duero; y la Muralla Medieval».
Se da la circunstancia de que en las proximidades de Soria se ha puesto en marcha el Polígono Industrial de Valcorba, que con sus 267 hectáreas habilitadas, cubre las necesidades de desarrollo de la zona durante los próximos 20 o 30 años.
La Academia de Historia
A pesar de las reacciones contrarias que se han suscitado, ni la Junta ni el Ayuntamiento de Soria han rectificado sus posiciones. ni siquiera al recibir el informe aprobado el pasado 22 de junio por la Real Academia de la Historia.
La Docta Casa señala, en primer lugar, «el gran valor paisajístico y cultural del entorno de la ciudad de Soria» y enumera como partes suyas el monte de las Ánimas y los Arcos románicos de San Juan de Duero, a los que califica como «uno de los parajes de mayor interés de la zona»; así como la Sierra de Santa Ana, el monte de Peñaranda, El Cabezo, La Rasa y Numancia. «Estas parameras y laderas -añade- pertenecen a unos de los tipos de paisajes más representativos del interior ibérico».
Por ello, para la RAH «toda intervención en este entorno debería hacerse con sumo cuidado de no devaluar el patrimonio paisajístico de la ciudad. En efecto, los miradores de la ciudad, empezando por los del Parque del Castillo y la Ermita del Mirón, se proyectan sobre esta garganta del Duero, y son una de las señas de identidad más reputadas de la ciudad».
Asimismo, el informe recuerda que España ha suscrito el Convenio Europeo del Paisaje en el año 2000, y sin «entrar en consideración de la normativa urbanística de Soria, ni de su aplicación», llama la atención sobre el «estrecho criterio paisajístico que se ha manejado, ajeno a toda la normativa reciente, tanto europea como española».
Por ello, el informe concluye que esa intervención «entrañaría un considerable impacto paisajístico y rompería la armonía. Ese detrimento vendría incrementado por el hecho de tratarse de una zona de gran interés cultural con toda la secuencia de puntos de interés histórico y arqueológico como son los que jalonan el Duero en este entorno hasta la propia Numancia».
Real Academia de Bellas Artes
Por su parte, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando remitió el 5 de diciembre de 2007 una carta al alcalde soriano, Carlos Martínez Mínguez, en la que transmitía su «inquietud al conocer el proyecto para construir un polígono industrial en el paraje conocido como El Cabezo, que afectaría negativamente y de un modo irreversible a unos de los paisajes históricos de esta provincia, que visual y físicamente lindan con lugares como Numancia, Ermita del Mirón y San Juan de Duero».
Por último, le notifica el acuerdo aprobado el 19 de noviembre por el que se «solicita de ese Ayuntamiento que dicho paraje de El Cabezo siga conservando el carácter rústico» que le daba el PGOU de Soria antes de su modificación.
Hispania Nostra y UNED
La Asociación Hispania Nostra también se pronunciaba en concordancia y le hacia saber al Consistorio soriano el 5 de diciembre último que «en caso de no seguirse la autorizada opinión de esas Reales Academias (Historia y BB.AA.), Hispania Nostra estima que la intervención urbanística propuesta en ese lugar supondría un considerable impacto paisajístico y una pérdida de Patrimonio cultural y natural en una zona con numerosos puntos de gran interés histórico y arqueológico».
Por último, el pasado lunes 28 de enero la UNED hizo público un comunicado en el que manifestaba su «enorme preocupación por la degradación y destrucción que pueden acarrear» los proyectos del polígono industrial Soria II y el de Garrejo; el de la Ciudad de Medio Ambiente de Garray; y el del cementerio del Monte de las Ánimas, por lo que solicitó al Ayuntamiento que «valore la posibilidad de situarlos en otros lugares».
* ABC - Opinión - 3 de febrero de 2008
