ELPAÍS/Madrid* : El despacho del juez Antonio Pedreira, donde se investiga la mayor trama de corrupción política destapada en España desde el advenimiento de la democracia, apenas ocupa 40 metros cuadrados. Y, además, es compartido. Junto a Pedreira, en esa apretujada estancia, trabajan también sus colegas de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro. Impresiona ver los montones de diligencias y tomos del caso Gürtel que flanquean la mesa del juez, que se elevan desde el suelo porque no hay espacio ni armarios donde colocar la cascada de diligencias que el asunto genera a diario desde hace muchos meses. "No hay intimidad y tampoco se puede hablar a solas con el juez; sus colegas están al lado y todo se oye", describen fuentes de la investigación que despachan a menudo con Pedreira.
Con más de 60 imputados en Madrid -sin contar los de Valencia y Castilla y León, que aún siguen bajo la lupa de Pedreira a la espera de que adquieran firmeza los autos de inhibición dictados a favor de los tribunales superiores correspondientes-, el caso Gürtel es el mayor latrocinio de dinero público de la reciente historia de España. El juez tiene impuestas fianzas que se acercan a los 200 millones de euros. Nunca hasta ahora habían aflorado tantos aforados y con pruebas tan sólidas contra ellos por haber robado tanto dinero de las arcas públicas.
Pero no es solo una cuestión de intimidad y de exiguo espacio lo que hoy traba el caso. Hay muy pocas manos para una causa que acumula ya más de 100.000 folios. Después de que el juez Baltasar Garzón, instructor inicial del caso, elevase al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los 17.000 primeros folios que había instruido, el secretario de la Sala, Francisco de Asís González, exigió más medios para afrontar la avalancha de documentos que, como ha sucedido, se avecinaba. Por escrito y a través del presidente de la Sala, Francisco Vieira, González dio la voz de alarma. Aparte de medios tecnológicos, reclamó a la Consejería de Justicia del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre más funcionarios; al Ministerio de Justicia, dos secretarios más aparte de él; y al Consejo General del Poder Judicial, la asignación de un juez de apoyo. Francisco Granados, consejero de Justicia, reforzó la plantilla con varios funcionarios extraídos de la bolsa de trabajo. Pero son interinos, con contratos renovables mensualmente y sin experiencia en tramitación de causas judiciales. Y menos aún en un asunto tan complejo como este, con una veintena de comisiones rogatorias en diferentes rincones del planeta en busca de los millones evadidos, y reos en manos de algunos de los mejores abogados del país.
Ahora mismo hay un único secretario en la sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior. Jamás había tenido tanto trabajo. No solo se encarga de dar fe y cursar las comunicaciones que dicta Pedreira, sino que también lleva las causas de los otros tres jueces de la Sala y el archivo del tribunal. Para colmo, ahora tendrá que expurgar los 100.000 folios y remitir al Tribunal Supremo la documentación sobre las escuchas que dictó Garzón en la cárcel entre los principales acusados y sus abogados.
Al Supremo le fue enviada toda la causa, pero el instructor, Alberto Jorge Barreiro, ha pedido que se le facilite ya depurada. Conclusión: el secretario, que está para todo, no da abasto. 20 meses después de llegar el caso al TSJM, el Ministerio de Justicia no ha ampliado el número de secretarios. Y ni visos de que lo haga. Tampoco el Poder Judicial ha accedido a otorgar un juez de apoyo a Pedreira, alegando que legalmente no era posible.
"Hay que dotar a los tribunales de muchos más medios para la lucha contra tramas tan dañinas como esta para la sociedad, y lanzar un mensaje de que el corrupto que la hace, la paga rápidamente", subraya Ángel Galindo, abogado de José Luis Peñas, el ex edil del PP cuya denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción puso al descubierto los millonarios sobornos a altos cargos del PP que pagó la trama a cambio de contratas de obras o de actos públicos inflados de precio.
En esta carestía de medios, técnicos y humanos, es muy posible que las decenas de miles de folios del sumario abandonen en dos o tres meses la sede del TSJM para recalar en uno de los juzgados de la plaza de Castilla. ¿Por qué? El caso Gürtel tuvo que abandonarlo Garzón en cuanto vio que entre los imputados había tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y hasta el mismísimo presidente de Valencia, Francisco Camps. Las causas contra aforados autonómicos solo pueden instruirlas los jueces de los tribunales superiores. Es previsible que el ex consejero madrileño de Deportes Alberto López Viejo y los diputados Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco no vayan en las listas del PP de las elecciones de mayo y pierdan así su fuero. En ese momento, Pedreira se inhibirá y remitirá el asunto a un juzgado normal de Madrid. No volverá a la Audiencia Nacional, donde empezó con Garzón, ya que los aforados de otras comunidades, Valencia y Castilla y León, para entonces ya estarán previsiblemente en manos de sus respectivos tribunales superiores. Así, la investigación ya no sería supraprovincial, aunque no faltan expertos en derecho que postulan la vuelta del sumario al ex despacho de Garzón.
Pero la opinión más arraigada es que acabará en los juzgados de Madrid. Cuando llegue estará prácticamente instruido, con un auto de transformación de procedimiento abreviado por delante y concreción judicial de hechos a sus autores, y posiblemente también con una decena menos de imputados. El juicio se celebraría así en la Audiencia de Madrid. Pero todo ello si le da tiempo a la exigua plantilla judicial que, con sus penurias, tramita hoy la mayor trama de corrupción de la democracia; esto es, un juez, medio secretario y funcionarios interinos sin apenas experiencia.
* El País - 10.01.11
Foto: Gürtel, imputado cerebro Correa - elpais
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LAVERDAD* : Meses después, medio año en algún caso, de que se declarasen competentes sobre las investigaciones que les tocaron por reparto, los jueces de Alicante que investigan causas derivadas de la 'Operación Brugal' siguen sin recibir la documentación completa por parte de su homólogo de Orihuela Carlos San Martín. Según fuentes judiciales consultadas por este diario, esa circunstancia está provocando que no hayan podido practicar demasiadas diligencias. El único magistrado que ha iniciado las pesquisas es Gordiano Casas, titular del Juzgado de Instrucción 1. Ya ha tomado declaración como imputada a una funcionaria de la Agencia Estatal Tributaria (AET) acusada de un delito de revelación de secretos por filtrar supuestamente al empresario Ángel Fenoll a través de un intermediario que era objeto de una inspección.
Mientras tanto, Manrique Tejada, instructor de la causa más voluminosa e importante de cuantas han sido derivadas a la capital de la provincia, la que afecta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, no dispone todavía de las transcripciones de las escuchas telefónicas practicadas por la Policía. Ha recibido los CD con esas conversaciones, pero no su traslado al papel.
Los principales implicados en estas diligencias son el constructor Enrique Ortiz, la ex concejal de Urbanismo Sonia Castedo, actual alcaldesa, y su predecesor, Luis Díaz Alperi.
El juez Tejada comisionó a la Policía para que reclamara las facturas de un viaje en jet privado a Creta que, según la Fiscalía Anticorrupción, pudo pagar Ortiz al ahora diputado autonómico.
Mientras espera el resultado de esa indagación, proliferan los movimientos de colectivos y ciudadanos para tratar de personarse en la causa. EU ya lo hizo por el cauce oficial y aguarda una respuesta. Por su parte, José Luis Valdés, dirigente de Vecinos por Alicante (VA), ha acudido a la Fiscalía con una denuncia basada en informaciones de prensa, según explican las fuentes judiciales antes mencionadas. Valdés fue uno de los personajes más activos en la acusación contra Díaz Alperi en el marco del 'caso Mercalicante' y el 'caso aparcamientos'.
Otra de las investigaciones que continúa paralizada por la falta de documentación es la de la Fundación Hércules. El fiscal anticorrupción, Felipe Briones, sostiene que dirigentes de esta entidad presionaron a empresarios para que les financiaran a cambio de obras públicas adjudicadas por la Diputación de Alicante.
Esa rama del 'caso Brugal' está en el Juzgado de Instrucción 4 y tiene entre sus principales protagonistas al diputado provincial y director gerente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Mazón.
* La Verdad - 9.01.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn
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ELMUNDO/Salamanca* : El hasta ahora alcalde de la localidad salmantina de La Alberca, Santiago Martín, ha prsentado la dimisión al estar imputado en un proceso judicial por prevaricación en dos procesos urbanísticos, que autorizó pese a no tener el visto bueno del arquitecto municipal. El edil está acusado de conceder licencias de Primera Ocupación, a Lorenzo Simón, para que pudieran entrar a vivir seis familias, sin tener un informe del ex arquitecto, que se negó a hacerlo y de conceder Licencia de Obras a Eusebio Griñón, por tener informe desfavorable del ex arquitecto, pero sí un informe favorable de la Comisión de Patrimonio, que es vinculante y que está por encima del arquitecto.
El exalcalde ha enviado una carta a los vecinos de la localidad comunicándole la decisión y explicando los motivos que le han llevado a tomarla.
Por su parte, el PP de Salamanca, partido al que estaba afiliado, confirmó la renuncia de Santiago Martín, al tiempo que califica la decisión de la "más acertada para poder garantizar la transparencia municipal".
Santiago Martín, que solicitó su baja cautelar y temporal como militante del Partido Popular el pasado 15 de diciembre, ya anunció en esa fecha su intención de poner en marcha todos los trámites necesarios para formalizar su dimisión como alcalde de La Alberca.
El Partido Popular de Salamanca apela a que se eviten los juicios mediáticos y reitera su máximo respeto a la Administración de Justicia, al tiempo que confía plenamente en la inocencia de Santiago Martín.
* El Mundo - 7.01.11
Foto: La Alberca (Salamanca), plaza - turismoporespana.com
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LAVOZDEGALICIA* : Es la segunda vez en cuatro años que se inunda la misma zona del casco urbano de Cangas. Y ha ocurrido a pesar de que, tras lo sucedido en el 2006, se realizaron obras de canalización de pluviales en la avenida de Ourense y se amplió el puente por el que el río Bouzós atraviesa la calle Atranco. El río fue canalizado hace más de treinta años. Ahora pasa por debajo de los edificios de la calle Noria. Cuando sube el caudal, los tubos no son capaces de absorber todo el agua, provocando el desbordamiento. La avenida de Ourense, además, recibe el agua de un pequeño regato que, cuando llueve en abundancia, inunda las fincas situadas detrás de las llamadas casas baratas de Rodeira. Los registros del colector construido hace cuatro años no son capaces de meter toda el agua en la canalización.
Obras en el corredor
Las obras del corredor de O Morrazo, inaugurado en el 2005, también parecen determinantes a la hora de buscar las principales causas de las inundaciones. El movimiento de tierras ha hecho desaparecer numerosos riachuelos y ha aumentado el caudal del Bouzón, por lo que sus probabilidades de desbordarse aumentan en los inviernos más crudos.
Ayer, el municipio empezó a recobrar la normalidad tras la caótica jornada del pasado viernes. En muchos garajes y viviendas, los propietarios continuaban achicando el agua que les causó desperfectos.
* La Voz de Galicia - 9.01.11
Foto: Cangas (Pontevedra) - farodevigo.es
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LAOPINIÓN* : Alfonso X El Sabio dejó escrito en sus Siete Partidas que los mares y sus riberas eran propiedad de todas las personas de la Tierra. Lástima que el monarca no indagara en la propiedad de los teatros romanos, objeto de asombrosa pugna estos días entre el Ayuntamiento y la Junta. No se crean que a ninguno de los dos contendientes les importa un pimiento el Teatro Romano de Málaga o las Termas de Caracalla. El motivo central es mucho más mundano: se acercan las elecciones y hay que ahondar en la profunda brecha que para desgracia de los administrados, separa a estas dos administraciones, que en ocasiones parecen dirigidas, con callada tenacidad, por Harpo Marx. Volver a azuzar el fantasma de la hidra sevillana, de eso se trata y bien que lo está consiguiendo nuestro alcalde en estos momentos de grave crisis en los que lo último que Málaga necesita es una discusión bizantina.
La imagen de profundo subdesarrollo político que proyecta este rifirrafe bien merecía que el gobierno central rescatara la gestión del Teatro Romano para evitar disputas de cartón piedra.
Si las cosas se ponen más casposas aún, devolvamos el Teatro Romano de Málaga a los herederos del imperio que lo hizo posible y atengámonos a las consecuencias: Nos guste o no, el heredero de la inmortal Roma es ese Jesús Gil milanés llamado Silvio Berlusconi.
El ilustre cavaliere, gran amante de la cultura, seguro que proyectaría para el milenario espacio escénico grandes planes, y quién sabe si no le tendría reservado algún plató de Tele5 en el que sus contertulios pudieran poner, cómo no, el grito en el cielo.
En cualquier caso, el concluir que el Teatro Romano es del Ayuntamiento de Málaga porque en los años 40 el Consistorio cedió esos terrenos al Estado para la Casa de la Cultura, felizmente demolida, es de una altura intelectual preocupante, incluso si se trata de un problema ficticio a cinco meses de las elecciones.
El Teatro Romano no pertenece a la Junta, pertenece al Gobierno central desde los tiempos, por cierto, de José María Aznar (del Gobierno central son la gran mayoría de los teatros romanos de España), así que no sería mucho pedir que en estas piedras milenarias recién restauradas se volvieran a escuchar las comedias de Plauto y no vodeviles vacíos y aburridos.
La próxima vez que uno de los dos bandos quiera meter cizaña en lugar de trabajar, mejor será que se busque excusas más creíbles. Hay veces en que incluso Berlusconi parece una alternativa sólida para los problemas de Málaga. Empezamos bien el año.
Sin leche ni habas
No todo son penas, el año se despidió con el arrivederci a una idea lunática que por su naturaleza era de germinación fácil en Málaga. La Autoridad Portuaria ha cerrado las puertas al colmado de lujo que se iba a perpetrar en el Puerto. Los jamones cinco jotas, el yogur griego, el aceite de oliva virgen extra y las habitas se marchan por donde han venido. Es el turno de algo más serio.
* La Opinión Málaga - 7.01.11
Foto: Málaga, teatro romano - sobremalaga
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ELPAÍS/Alicante* : La titular del juzgado de instrucción nº2 de La Vila Joiosa ha aceptado investigar la vida privada del testigo protegido al que la Guardia Civil otorgó credibilidad en 2009, cuando se presentó a declarar voluntariamente casi dos años después del crimen del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda. Según el testigo, una reunión en el reservado del club Mesalina de Benidorm el verano de 2007, en la que participaron el ex alcalde, Juan Cano, un empresario del calzado de Polop, el dueño y el gerente del lupanar, además de una pareja sin identificar, ideó el plan para acabar con la vida del entonces alcalde, Alejandro Ponsoda, y concluyó con la contratación de tres sicarios, dos de ellos de nacionalidad checa para matarlo. La juez ha decidido indagar en la vida de un testigo que declaró haber ejercido de mercenario en algunas colonias portuguesas de África y que tiene antecedentes policiales en España.
Así que ha aceptado las pruebas documentales solicitadas por Francisco González, el abogado del dueño del Mesalina. González pide que se le libre un mandamiento al Servei Valencià de Salut para que aporte el historial médico psicológico y psiquiátrico del testigo protegido para aclarar si alguna vez ha estado sometido a tratamiento. Y un exhorto a los decanatos de Benidorm y Dénia para obtener una relación de las causas en las que haya intervenido durante los últimos cinco años al objeto de indagar si ha tenido trato de favor en otros asuntos, como sospecha este letrado, que llegó a pedir su pase de la condición de testigo a la de imputado, por cuanto considera que "si fuese verdad su declaración, nunca llegó a denunciar lo que se tramó en un lupanar y colaboró con los detenidos al ofrecerles pistoleros". Ambos documentos han sido tramitados ya por el juzgado.
Hasta cuatro testigos de las defensas de los detenidos coinciden en que el testigo comenzó a trabajar en el Mesalina a mitad de 2008, como confirma también una sentencia del juzgado de lo social que condenó a la empresa a pagarle por despido improcedente desde julio de ese año. Estas declaraciones contradicen la que provocó las detenciones, según la cual el testigo estaba trabajando de portero del club en el verano de 2007 cuando le ofrecieron llevar a cabo el macabro plan que para matar a Ponsoda
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que investigó el caso llegó a la conclusión seis meses después del fallecimiento de Ponsoda de que Cano podía ser el autor intelectual del crimen para asegurarse el control del urbanismo, en pleno desarrollo de 10 sectores en siete millones de metros cuadrados, y en proceso de reclasificación de otros dos millones de metros de suelo no urbanizable en la partida de Matet, aunque hasta un año después no tuvo noticias del supuesto portero del Mesalina.
La UCO descubrió tantas posibles irregularidades urbanísticas que a partir de la primavera de 2008 abandonó casi por completo la investigación de la vida privada de Ponsoda. Pero desde hace meses la investigación se centra en su vida privada. Ponsoda estaba tratándose en Valencia dos enfermedades de transmisión sexual, una de ellas contraída en 1994. Sus visitas a la capital valenciana llegaron a ser de hasta cuatro días, según confirmó la policía en los primeros meses de investigación. Allí mantuvo relaciones sexuales con masajistas con los que contactaba a través de anuncios de periódicos, y se alojaba en una pensión de ambiente homosexual del barrio de Russafa. También investigaron una sauna de Benidorm a la que el ex alcalde acudió el mismo día que fue tiroteado, pero ahora todos estos rastros se han difuminado, y complican más la investigación.
* El País - 9.01.11
Foto: Polop (Alicante) - virtualtourist.com
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JOAN RIERA/Mallorca* : La cúpula del partido se muestra ansiosa por sumar votos. Los sufragios dan los escaños que conducen al poder. El poder guarda la llave del dinero público. Y con los fondos de todos... ya se sabe. Pero en el origen de esta versión política del cuento de la lechera están las papeletas de la jornada electoral. Por eso anda el partido en busca de nuevos nichos de votantes. Es entonces cuando una mente preclara se acuerda de los inmigrantes. "Han llegado a Mallorca en masa, si son nuestros hermanos sudamericanos tienen facilidades para obtener la doble nacionalidad, los argentinos son casi 25.000 ¿Cómo podemos llegar a ellos? Busquemos a sus líderes ¿Cómo hacemos que trabajen para nosotros? Vamos a ofrecerles un contrato pagado con dinero público". Es posible que usted deduzca que estamos hablando de una de las líneas de investigación del caso Maquillaje. La investigación ya ha finiquitado la carrera política de los grandes gurús de Unió Mallorquina y amenaza la propia superveniencia del partido tras las elecciones del 22 de mayo. Sin embargo, si se le ha pasado por alto algún detalle de la descripción es probable que haya creído que estamos hablando de 1998, cuando el Govern de Jaume Matas ideó la Operación Mapau para fomentar el voto de los argentinos hacia el PP ¿Cómo lo hizo? Ofreciendo contratos del Govern a los líderes de las comunidades de descendientes de Balears en Argentina. Unos miles de kilómetros son la tenue diferencia entre ambos casos.
Otra historia. La empresa adjudicataria de una importante obra pública decide ser generosa con quien le ha otorgado el premio. Tiene un remanente de dinero opaco al fisco y, por experiencia, conoce los procedimientos para hacerlo llegar a su destinatario. Puede ser el partido. Los gastos electorales son muy elevados. Si hay que ganar elecciones conviene contar con medios abundantes: merchandising con el logo del partido, tribunas, sistemas de megafonía y escenografías atractivas para los mítines, gente que ensobre papeletas... Es posible que el concesionario satisfecho no necesite demostrar su gratitud a toda la organización, quizás sea suficiente con entregar la dádiva a las personas que han resultado decisivas en el proceso de selección. Alternativa esta que supondrá un ahorro en el dispendio.
Esta descripción también puede dar pie a confusión ¿Estamos hablando del caso del Túnel de Sóller o del Palma Arena? ¿Estamos ante el empresario que pagó al menos 50 millones de las antiguas pesetas (300.000 euros) a cambio de explotar un agujero en la Serra de Tramuntana? ¿O tal vez nos encontramos en el barullo inmenso del Palma Arena, con pistas de ciclismo inservibles pagadas dos veces, marcadores electrónicos a precio de diamantes y maquetas de un teatro de la Ópera a 1,2 millones. Ahora la diferencia no se contabiliza en kilómetros de distancia, sino en euros. Un solo fleco multiplica por cuatro los importes juzgados y prescritos en el Túnel de Sóller.
Los asuntos que hoy se dilucidan en los tribunales demuestran que nada aprendimos del pasado. Que los mallorquines no hemos sabido poner coto a los desmanes. Que los políticos que salieron impunes de la corrupción del pasado no sirvieron de escarmiento para las nuevas hornadas. Tampoco lo esperábamos. La corrupción se repite desde los comienzos de la Historia. En España hay casos célebres como el de Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, capaz de llegar al asesinato. O especuladores urbanísticos como el Duque de Lerma, en tiempos de Felipe III, o la propia reina regente María Cristina, en el XIX. Algunos de los casos más célebres de corrupción en el siglo pasado se relacionan con Mallorca. El del ´estraperlo´ durante la II República tiene su origen en una ruleta trucada en el hotel Formentor. El de la Barcelona Traction, durante el franquismo, gravita en torno a la figura de Juan March.
Corrupción siempre la habrá y se reproducirá de forma periódica. El hecho diferencial de Balears es que los ciclos se han acortado hasta el punto de que las arcas públicas no se han repuesto del anterior saqueo cuando ya comienza el siguiente. Los casos Túnel de Sóller y Palma Arena están separados por una década. La distancia entre el caso Mapau y el tinglado de Maquillaje apenas supera un lustro. Este ritmo de latrocinio no lo soporta ni la más boyante de las economías.
* Diario de Mallorca - 9.01.10
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