Turís (Ribera Alta) se encuentra a 40 kilómetros de Valencia, tiene 6.500 habitantes y ha experimentado un gran crecimiento en la última década generando numerosos conflictos. La línea se ve reforzada por el hecho de que la secretaria municipal, Victoria Amat, sufrió un ataque similar la víspera de Nochebuena. El fuego afectó en aquel caso al jardín de la casa (carbonizó un ciprés) y fue provocado con pastillas para barbacoa.
El detenido es un hombre en la treintena, alto y corpulento, conocido en Turís por su falta de equilibrio mental, afición por las drogas e historial pendenciero, según relatan fuentes municipales. La alcaldesa asegura, sin embargo, que en los últimos tiempos no había causado problemas en el municipio y que no tenía cuentas pendientes ni con ella ni con el Ayuntamiento. Fuentes de la investigación barajaron la teoría de que el hombre hubiera actuado por encargo.
El miedo era ayer palpable en el Consistorio de la población de la Ribera Alta, y resultaba especialmente intenso en el caso de la secretaria. "Tengo tres hijos y estas cosas asustan. Lo único que quiero es que se aclare y vivir en paz", afirmó. Más entera, la alcaldesa añadía: "Me han preguntado por los daños, pero los daños no me preocupan. Si la policía no llega a tiempo para apagar el fuego, allí morimos". Mientras Pilar Blasco llamaba a la policía su marido apagó, con una alfombra, el fuego que se había colado en el comedor siguiendo el reguero de gasolina."La suerte", siguió Blasco, "es que no llegó a prender las cortinas que hay al lado de la puerta, porque si no, hubiese sido muy difícil de controlar". El fuego tampoco llegó a coger lo suficiente en el exterior, y pudo ser sofocado con un extintor.
El ataque a la secretaria tampoco resultó muy profesional. Y ayudó a que no se propagase, cuenta Amat, el hecho de que tuviera lugar en una noche muy húmeda. Después de encender las pastillas, el o los responsables empotraron el coche contra el montículo de arena de una obra, aunque lograron volver a arrancarlo y escapar. Amat y su familia no descubrieron lo ocurrido hasta la mañana siguiente.
Los conflictos derivados del crecimiento urbanístico se apuntan como causa probable por fuentes de la investigación. Y la tensión que han generado la podía confirmar ayer cualquiera de los vecinos que acudía al mercado al aire libre instalado frente al Ayuntamiento en una fría y soleada mañana de enero.
El Consistorio tiene abiertos 250 expedientes por infracción urbanística, aseguró el abogado municipal Enrique Torres. En muchos casos quizá puedan cerrarse con una multa pero en otros, indicó, pueden implicar la demolición de las casas levantadas, por ejemplo, sobre suelo no urbanizable. Esa ha sido, sin duda, una fuente de malestar. Complicada por el hecho de que la aparejadora municipal está siendo investigada por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación, según confirman desde instancias judiciales.
¿El motivo? Las infracciones urbanísticas prescriben al cabo de cuatro años. Según fuentes municipales, la aparejadora supuestamente dio por cumplido ese plazo en el caso de algunos expedientes cuando era falso: fotografías aéreas tomadas solo dos años antes mostraban que los chalés ni siquiera se habían empezado a construir.
No es la única disputa urbanística. Al ex concejal de Urbanismo, Rafael Corell, de un partido independiente que daba mayoría al PSPV en el Ayuntamiento, le fueron retiradas las competencias por la alcaldía después de que le llovieran quejas y denuncias por haber dado el visto bueno a edificios recién construidos cuando en realidad les faltaban requisitos legales básicos, lo que llevó a la compañía eléctrica a denegarles la conexión. Decenas de vecinos llevan años viviendo en esas condiciones precarias en pisos por los que pagaron 140.00 euros. Las reclamaciones se dirigen también hacia el constructor, el promotor e incluso un notario.
* El País - 22.01.11
Foto: Turis (Valencia) - mispueblos
1 comentarios :
El urbanista se ha convertido en un profesional de alto riesgo que, a veces, necesita de la protección de los servicios públicos de seguridad. Ocurre en muchos lugares de nuestra geografía, por causas como Planes urbanísticos (mejores o peores, pero bienintencionados), edificaciones ilegales, lugares protegidos invadidos, aplicación de la ley de Costas, etc, etc.
El urbanista suele ser arquitecto y, a veces, las menos, ingeniero.
Normalmente, poseen un código deontológico que se suele aplicar, porque, entre otras razones, son profesionales y se juegan su futuro y prestigio laboral.
Otra cosa son los políticos encargados del urbanismo en municipios, diputaciones, autonomías y estado central. Ahí son, en la mayoría de ocasiones, individuos sin preparación técnica adecuada y que obedecen a las siglas de un partido (partidistas), por lo que son capaces, ya que tienen el mando real sobre el tema, de cometer la mayores atrocidades urbanísticas, digan lo que digan los técnicos (altamente presionados, además, laboralmente).
El sistema judicial urbanístico o no funciona, o lo hace tardíamente, cuando el daño público y personal ya está hecho. Por lo que su incidencia en la realidad urbana y territorial es pequeña e 'injusta' por su ineficacia.
Y todo esto viene a cuento de este lamentable caso personal en Turis, donde, por las causas antes comentadas, hay individuos que pretenden tomarse la justicia por su mano. Pero es que, claro, sin una justicia urbanística 'justa', puede ocurrir de todo. Ya ha habido muertos y numerosas agresiones físicas y psíquicas (hasta a profesionales independientes). Algo inconcebible en un moderno Estado europeo
Mientras no cambien muchas cosas, normativas y leyes, y la Justicia no se ponga las pilas de una vez, me temo que esto irá a más cada vez, lamentablemente!!
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