Cómo vivir sin ladrillos y sin hipoteca

ELPAÍS/Reportaje* : Imagínese las próximas vacaciones de verano. Primero, decidir el sitio; luego la casa o el hotel y, además, hacer la reserva con antelación. A la hora de fantasear con la futura casa suele ser inevitable pensar en unas cuantas paredes, ventanas... y en la hipoteca. La exposición Efímeras alternativas habitables rechaza estos esquemas tan poco flexibles y parte de una idea sugerente y optimista: existen otras maneras de construir (con cartón, con plástico), otras propuestas de viviendas (fáciles y rápidas de hacer, desmontables y baratas) y otras filosofías de vida. O sea, otros mundos después del ladrillo y la deuda con el banco. Esta exposición, que da a conocer los grandes ejemplos de esta arquitectura, supone una de las pocas veces, por no decir la única, que se cataloga la obra efímera, a la que incluso los propios profesionales han prestado poca atención. A pesar de que no surgió precisamente ayer. Parte de postulados (la ecología, sostenibilidad, atención al paisaje) que ya se debatían hace 80 años: fueron las reivindicaciones del movimiento moderno de finales de los veinte y principios de los treinta. Luego la idea de una vivienda asequible recibió un impulso -obligado- tras las cenizas de la II Guerra Mundial, que exigía casas para todos, y su proceso se industrializó.

La idea de esta muestra, a la que también se puede acceder en www.efimeras.com, partió de Carmen Blasco, la comisaria y profesora de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y la ha montado con el grupo de alumnos con el que investiga. Cada una de las seis salas de exposición responde a un apartado. En Hazlo tu mismo está la Tenda rosa (1974- 1975), del arquitecto italiano Franco Raggi, una especie de templo romano de tela que quiere reflejar la estabilidad de lo sagrado y lo provisional de la residencia del nómada contemporáneo. Las Casas de cartón (1969), diseñadas para durar tres meses y ser quemadas tras las vacaciones, de Guy Rottier. O la Ciudad instantánea, en Ibiza, que el impulsor de la arquitectura hippie, José Miguel Prada Pool, construyó para el Congreso Internacional de diseño ADI-FAD en 1971.

Bajo el epígrafe de Emergencia, se encuentran dos llamativos proyectos: Casas de cartón, Paper Log House (1995), de Shigeru Ban, que se hicieron tras los terremotos de Kobe (Japón), Turquía e India. Son autoconstruidas, con cajas de refrescos llenas de arena como cimentación y paredes de tubos de cartón. No superan los 2.000 dólares (1.500 euros). Sirvieron de vivienda para los damnificados durante seis meses hasta que les construyeron las suyas. El otro proyecto es el Pink proyect (2008) o ciudad virtual de la esperanza, levantado en Nueva Orleans tras el Katrina y que es parte del proyecto solidario de Brad Pitt. Ha estado en la Bienal de Venecia y ahora llega a España.

La exposición, en la que han participado otros arquitectos como Juan Herreros, Alejandro Zaera, Ecosistema Urbano o Ángel Borrego, también echa mano de los recursos audiovisuales. El alumno José Díez del Corral ha ingeniado una mesa de cristal donde se pueden destripar todos estos proyectos... ¿utópicos? "En absoluto", responde la comisaria. "Ikea, empresas de ropa y la industria del automóvil ya se ha lanzado a hacer las cosas más sencillas y asequibles a todo el mundo".

* Efímeras alternativas habitables. Hasta el 29 de mayo en La Arquería de Nuevos Ministerios.


* El País - 23.02.11
Foto: Tree Tent' (1998), proyecto de gran éxito de Dré Wapenaar, una caseta transportable concebida para apoyar acciones ecologistas.- elpais


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Medio Ambiente impide la ampliación del puerto de Tarifa

DIARIODECÁDIZ* : Las causas del rechazo no se conocerán hasta su próxima publicación en el BOE. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) ha emitido una resolución desfavorable de la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de ampliación del puerto de Tarifa. Una noticia que ha traído frustración a técnicos, estudiosos, a quienes veían en este relleno portuario una fuente de empleo y al presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Manuel Morón, que dejará en manos del consejo de administración de la entidad la decisión de abandonar un proyecto en el que llevan trabajando desde 2004 y que ya sufrió grandes modificaciones para minimizar el impacto ambiental sobre las mareas y la Isla de las Palomas.

El presidente contó ayer la noticia a la prensa local, aunque el máximo representante del Organismo Público Puertos del Estado, Fernando González Laxe, se la comunicó el pasado lunes en Madrid. "Es una resolución que acatamos pero no compartimos", declaró Morón, que explicó que en su experiencia en la Autoridad Portuaria no conoce proyecto que se haya realizado con "tantísimos estudios" como éste. Han sido un total de 26, en los que han participado las universidades de Cádiz, Málaga y Sevilla, "y ninguno de los estudios concluye con que el proyecto no sea viable". El presidente de la APBA se refirió a felicitaciones de científicos participantes en estos estudios por la innovación en el planteamiento del dique de abrigo, curvo y permeable, que permitía la navegación segura dentro de la dársena comercial y la renovación de las aguas a la Isla de Las Palomas. Además, recordó que el Centro de Estudios de Puertos y Costas (Cepyc) verificó con un modelo reducido recientemente la operatividad del diseño.

El MARM ha rechazado así las 22 hectáreas de relleno y las 14 de dársena con cuatro atraques de fast-ferries y otras de cruceros que, según el estudio de la Universidad de Cádiz podría haber creado en 2015 unos 2.652, entre directos, indirectos e inducidos. Un proyecto que queda en el aire y que surgía ante el incremento de tráfico de pasajeros. Morón manifestó ayer, además, que de octubre a enero, fechas fuera de la conocida Operación Paso del Estrecho, el tráfico de pasajeros desde Tarifa ha crecido un 17% y el de vehículos, un 15%. Datos que ensalzan a Tarifa como el tercer puerto peninsular de España en tráfico de viajeros, y el segundo en cuanto al transporte de vehículos en régimen de pasaje y que se alejan de las acusaciones que hablaban de un puerto nuevo para unas semanas al año.

Las causas por las que el MARM ha decidido rechazar el proyecto se conocerán cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. Antes, el presidente agradeció el apoyo de los ciudadanos que se mostraron a favor del proyecto, así como a las instituciones, palabras que suenan a abandono del proyecto. "No se nos ocurren qué más estudios hacer. Pero no quisiera tomar una decisión personal sobre la continuidad del proyecto. Lo que he comentado con la Junta de Andalucía y con Puertos del Estado es que vamos a someter la situación a la consideración de nuestro consejo de administración, donde están representadas las dos administraciones y ahí se adoptará la decisión que convenga", declaró Morón.



* Diario de Cádiz - 23.02.11
Foto: Tarifa (Cádiz), aérea - diariodelviajero

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Un juez plantea la inconstitucionalidad de las ejecuciones hipotecarias por generar "exclusión social"

COTIZALIA/Barcelona* : Un juez de Sabadell ha elevado al Tribunal Constitucional (TC) la normativa actual sobre desahucios y ejecución de las hipotecas por considerar que perjudica a los ciudadanos embargados al vulnerar la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda, según el auto al que tuvo acceso Europa Press. El titular del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Sabadell, Guillem Soler, pide así al TC que estudie si es necesaria una modificación de la Ley Hipotecaria para facilitar la entrega de la vivienda con el fin de saldar la deuda hipotecaria. El juez considera que la legislación debe adaptarse a las condiciones sociales y económicas actuales para evitar que los numerosos desahucios "generen exclusión social". Además, en el auto se pide también al TC que contemple elevar el valor de la vivienda que finalmente se quedan las entidades financieras, dado que actualmente, después de la subasta, bancos y cajas adquieren el inmueble por el 50% de su valor inicial.

Esta práctica obliga a los ciudadanos desahuciados a seguir endeudados para cubrir la diferencia entre el valor de la vivienda y el importe total de la hipoteca que firmaron. Contra el auto no cabe recurso alguno, por lo que se espera ya una resolución por parte del Tribunal Constitucional, que no cuenta con un plazo determinado para dictar sentencia. El magistrado de Sabadell considera que las cláusulas hipotecarias contienen un "intenso desequilibrio contractual" entre la entidad y el cliente, y, considera, que éstos contienen "abusos" porque "no son efectivamente negociados entre las partes sino mayoritariamente predispuestos por la entidad financiera".

El juez, además, pone en cuestión que se decrete que el ciudadano haya incumplido su obligación de pago si ello no va acompañado del contexto en que se produce el impago. "Las garantías que ofrece al ejecutado la remisión legal al juicio declarativo correspondiente son tan frágiles e insubstanciales que no permiten superar el referido juicio de proporcionalidad constitucional", concluye el magistrado. De esta forma, el TC tendrá que dirimir la contradicción creada por dos secciones de la Audiencia Provincial de Navarra, que emitieron un auto a favor de la entrega de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria y otro que concluyó lo contrario.

Por último, en un comunicado, la asociación de consumidores Adicae aplaudió esta iniciativa, que "pone de manifiesto la sensibilidad de algunos jueces con el grave problema hipotecario que atraviesa una buena parte de la sociedad española". "Se espera que sean muchos más magistrados los que se unan a este camino, en pos de una reforma justa de la legislación vigente en materia de embargos y ejecuciones hipotecarias", pidió Adicae.


* Cotizalia - EP. - 22.02.11
Foto: Tribunal Constitucional - publico

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Axarquía.- Alertan de la ‘perversa’ aplicación del urbanismo en algunos municipios

INFOAXARQUÍA/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), ha dirigido un escrito a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, en el que alerta de la “perversa” aplicación que, a su juicio, están haciendo algunos ayuntamientos andaluces del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. El presidente de Gena, Rafael Yus, ha puesto como ejemplo de esta situación al municipio de Almáchar, donde el Ayuntamiento aprobó en junio de 2010 una ordenanza municipal de disciplina urbanística, cuyo objetivo, según sospechan los ecologistas, sería aprovechar los resquicios de la normativa autonómica para legalizar, bajo la calificación de fuera de ordenación, muchas de las construcciones ilegales en suelo rústico del municipio. En un comunicado, Yus ha explicado que el contenido de esta ordenanza “se centra exclusivamente en el proceso administrativo de asimilación a la condición legal de fuera de ordenación, desentendiéndose de los restantes elementos que prevé el reglamento autonómico, tales como el sistema de sanciones y los expedientes de reposición de la legalidad urbanística”.

Así, la ordenanza se refiere de forma “muy exhaustiva” a los requisitos para poder declarar las viviendas con una antigüedad superior a cuatro años bajo el estatus de “fuera de ordenación”, pero no establece “medidas contundentes” para impedir el proceso urbanizador espontáneo en suelo rústico.

“Si, tal como suponemos, este ayuntamiento abre Expedientes de Protección de la Legalidad Urbanística (EPLU), pero finalmente las viviendas siguen en pie y los expedientes prescriben al superar los cuatro años previstos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se estaría incurriendo en un delito de prevaricación omisiva, incluido tras la reforma del Código Penal como una forma de delito contra la ordenación del territorio”, ha añadido Yus.

Gena considera que es “casi obligado” entender que existe una relación entre la “parcializada ordenanza” de disciplina urbanística del Ayuntamiento y el interés de legalizar viviendas, “a las que de manera intencionada no se les quieren aplicar los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística, y de este modo se les otorga el premio de su legalización, aunque sea con las limitaciones del estatus de fuera de ordenación”.

De este modo, a juicio de Gena, el Ayuntamiento “también elude la espinosa responsabilidad de dictaminar órdenes impopulares como la demolición de viviendas, posiblemente por el precio electoral que ello comportaría”.

El colectivo ha mostrado su “firme convencimiento” de que la aprobación de esta ordenanza “es una estrategia encubierta para soslayar la obligación de aplicar la disciplina urbanística desde los entes locales que, a la larga, supondrá la total reurbanización del campo, justamente en el orden inverso al efecto disuasorio con que fue concebido el reglamento autonómico”.

Del mismo modo, Yus ha indicado que esta ordenanza puede tener “un perverso efecto llamada” para futuros constructores de viviendas en suelo rústico, “a los cuales parece garantizársele la hibernación durante cuatro años de su correspondiente EPLU, para posteriormente legalizarlo mediante esta ordenanza”.

En este sentido, ha asegurado que otros ayuntamientos andaluces, como los de Marchena (Sevilla), Vejer de la Frontera y Barbate (Cádiz), e incluso el de Sevilla capital, utilizan “el mismo criterio” que Almáchar para aplicar el reglamento autonómico de disciplina urbanística, “y tenemos fundamentada inquietud de que tal estrategia se está difundiendo entre consistorios como vía de escape para las presiones urbanizadoras del campo en toda Andalucía”.

Ante lo que considera una “perversa” aplicación del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, GENA ha anunciado que recurrirá a sus servicios jurídicos “para interponer las correspondientes denuncias por presuntos delitos penales”.



* InfoAxarquía - 21.02.11
Foto: Almáchar (Málaga), vista - multimania

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¿Se cobran las sanciones urbanísticas?

FARODEVIGO* : Hace justo ahora dos años, Cangas tenía abierto un proceso de embargo por 55.000 euros, por multas por infracciones urbanísticas. Los afectados debían abonar el dinero que reclamaba el Concello en 20 días. Pero no se sabe si este proceso concluyó. Tampoco nada de las otras deudas que el exconcejal de Urbanismo Mariano Abalo había paralizado, pendientes de un informe jurídico. El Concello había remitido al ORAL 16 sanciones; una de 9.000 euros, 10 de 6.001 euros, 2 de 3.150 y de 300 euros y una de 60 euros. Hubo otras que nunca llegaron hasta el ORAL, el concejal Mariano Abalo estaba convencido de que durante el gobierno del Partido Popular que presidía José Enrique Sotelo se habían impuesto sanciones que no se corresponden con la categoría de la infracción. La propia Ley del Suelo señala que todos los expedientes que concluyen con que la infracción cometida no es legalizable es tipificada en la propia ley como grave, de ahí que la cuantía mínima sea de 6.001 euros.

El candidato a la alcaldía de Cangas por el Partido Popular, José Enrique Sotelo, exigió, en su momento, acceder a los datos relacionados con las sanciones urbanísticas que fueron remitidas al ORAL para su puesta al cobro y que se encontraban en fase de embargo. Sotelo acusó a Mariano Abalo e actuar con imparcialidad y pretendía saber porque unas sanciones urbanísticas sí se pasaron al ORAL para su cobro y otras no. Todo este conflicto quedó sepultado por los conflictos políticos y nada se sabe de todos estos embargos. Nadie arroja una luz sobre todos estos datos. La recaudación de sanciones por infracciones urbanísticas en Cangas sigue siendo una verdadera incógnita.



* Faro de Vigo - 22.02.11
Foto: Cangas (Pontevedra) - farodevigo.es


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Qué fue de la ética

JOSÉ MANUEL ATENCIA* : No tengo certeza de cuándo se produjo ese momento. El caso es que llegó un día en que la mujer del César dejó de importarnos lo que pareciera. Y la moral y la ética, esas normas de convivencia tan difíciles de definir, dejaron de tener importancia en política. De un tiempo a esta parte la mujer del César, e incluso el César, puede hacer lo que le venga en gana, ya que pocos van a censurárselo, y muchos, van a salir en su defensa. Hubo una vez una época donde un político inmerso en una polémica presentaba su dimisión para defender su honorabilidad y no poner en duda la institución a la que pertenecía con una maraña de acusaciones. Algunos de los afectados, años después, recuperaban su honor, pero casi nunca retornaban al cargo. Era el precio a pagar por la decencia personal y por la defensa de los valores democráticos, entre ellos, el de su propio partido. Había una clara línea que separaba la presunción de inocencia desde el punto de vista de la Justicia de la presunción de decencia en la política. Porque las cosas pueden ser legales y no éticas, e incluso éticas pero poco estéticas. Todas, sin embargo, provocaban una reacción de rechazo moral de los ciudadanos. Y de los políticos.

Aunque la reflexión sobre la ética viene de la antigua Grecia, no ha sido hasta hace unos años cuando se ha desarrollado una práctica en los partidos políticos que parte de una premisa intolerable: la Justicia, además de velar por la legalidad, es la única que, con sus sentencias, puede establecer la medida de la moral, de la ética e incluso de la estética. Por ello, la mujer del César ya no tiene que parecerlo, tiene que estar condenada para no serlo. Y ni tan siquiera vale una condena cualquiera. Hoy en la política, hay condenas asumibles y hasta condenas tolerables.

El día que dejó de importar lo que pareciera la mujer del César, muchos políticos establecieron una vara de medir para los suyos y otra para los demás, al igual que optaron por establecer una unidad de medida para la ética y para la estética. Desde ese instante, en cuestiones de decencia dejaron de ser lo mismo cuatro trajes que cuatro coches, los ERE que los seres, e incluso las verdades que las mentiras. Por las rendijas de esta práctica política tenemos en España a Francisco Camps, presidente de la comunidad autónoma de Valencia y autoproclamado candidato a la reelección, supeditando su ética a la lentitud de la Justicia y a la importancia de unos regalos. O a un partido político, el PSOE, que sustenta el Gobierno de Andalucía, manteniendo en sus cargos políticos a unos dirigentes que, en su etapa de miembros del Ejecutivo, no lograron descubrir una trama de falsos prejubilados pagados con dinero público que se coció en sus propios departamentos. Y eso, por ponerme en el mejor de los casos.

Por los agujeros de la estética se ha colado también, en los últimos días, el concejal de Urbanismo de Málaga que adjudicó la gestión de una piscina a dos empresarios. El primero, un amigo íntimo de su hermano. El segundo, un constructor al que le compró, a buen precio, su vehículo todoterreno. Como no hay dos sin tres, en la historia aparece otro empresario, presunto mediador del concurso, que le facilitó los trabajadores que luego hicieron unas obras de remodelación en su vivienda. El edil afectado ha hecho público los pagos que acreditan la supuesta legalidad de todo, pero no tiene un único argumento que avale la estética en nada.

Los tres casos relatados tienen un denominador común, las centurias de romanos que han salido para defender la honorabilidad del César, de la mujer del César, y de la tropa que rodea al César. Alguien me podrá reprochar que estos asuntos no son comparables. Pero entonces, ese alguien tendrá que admitir que ha aceptado medir la ética. Y que la moral y la estética han pasado a depender de la administración de Justicia.

* El País - Opinión - 22.02.11


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