El Algarrobico: jueces frente a la ecología

Un tema que ya hemos debatido aquí hasta la saciedad: la responsabilidad de la justicia en los miles de casos de corrupción urbanística que ha habido en este país, solo en los últimos años. Evidentemente la acción inicial corresponde a las mafias político-financieras-empresariales, pero la justicia, lejos de solventar los problemas causados al medio ambiente y la Ordenación Territorial, ha sido cómplice la mayoría de las veces de este delito tan característico de nuestra tierra. Falta de medios se puede aducir en su defensa, pero la ignorancia atrevida y la prepotencia judicial con la que han acorralado a los que criticaban y denunciaban estos evidentes delitos, solo ha demostrado su mala fe en encontrar una solución aceptable. Jueces y fiscales han formado parte de esa élite trasnochada, proveniente de otra época, que se ha situado en primera línea contra el raciocinio actual y la legalidad ambiental europea más avanzada.
"MIGUEL A.BLANCO* : Los jueces no son ecologistas. Cuando se trata de hacer justicia (?) en asuntos que tienen que ver con cuestiones medioambientales y ecológicas, el resultado en la mayoría de los casos es desconcertante cuando no sorprendente. Como en el caso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ante el caso del hotel del Algarrobico y lo que le rodea, en Carboneras. No hay muchas sentencias, más bien son pocas, que resuelvan desaguisados ambientales, a favor de denuncias ecologistas, según qué salas. En la mayoría de los casos, en que así sucede, lo más probable es que las sentencias no lleguen a ejecutarse.

Y de esta manera, urbanizaciones o edificaciones ilegales y destructoras del paisaje, que surgen por intereses particulares o municipales del negocio y del capital, sonríen en su interior cuando reciben la notificación de una sentencia en contra. Los medios de comunicación informan de ello, que la urbanización tiene que ser demolida. Los promotores y ayuntamientos que lo han permitido, tras haber sido comprados, sonríen en su interior, a sabiendas de que la urbanización seguirá adelante, en la mayoría de los casos. Y a los ecologistas sólo les queda el derecho a la crítica, a la protesta, a la denuncia, frente a quienes ven en la tierra, el paisaje, la naturaleza, como su propiedad para la oportunidad de hacer negocio. En la mayoría de los casos predomina el concepto de “propiedad privada”, como un derecho permanente e inalterable. Para nada, el trasfondo del bien social que tiene que emanar de toda propiedad pública o privada, que no es ni mucho menos inmutable.

Cuando, hace ya años, por ejemplo surgió un proyecto de urbanización en la Fabriquilla, en la costa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, la Junta de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente) lo rechazó porque afectaba al orden del Parque Natural. Al principio, las resoluciones judiciales fueron favorables a la Junta. Hasta que llegó al Tribunal Supremo, que falló a favor de los intereses de los promotores de la urbanización. En estos casos, es factible el llegar a un acuerdo para una permuta de terrenos o de una indemnización a los promotores o propietarios ante la inviabilidad de la urbanización, por la Junta, en este caso. En estas situaciones, el tribunal suele fijar la cantidad de la indemnización que, en este caso, si no recuerdo mal, la Junta de Andalucía estaba dispuesta a asumir. Sorprendentemente, el Tribunal Supremo resolvió que no había lugar a la indemnización, que no había más salida que la construcción de la urbanización de la Fabriquilla que, afortunadamente hasta ahora, no se ha levantado.

Y ahora nos encontramos con el dilema del hotel del Algarrobico, otro disparate que nunca tuvo que iniciarse. No sería mala idea que se hicieran públicas las actas de la Comisión provincial de Urbanismo donde se debatió el tema, para saber qué y cómo se votó, quiénes apostaron por el proyecto y quiénes no. No sé cómo quedará al final el tema del Algarrobico, pero personalmente creo que su destino tiene que ser la demolición y la puesta en evidencia pública de quienes lo permitieron y fueron cómplices de tal aberración.

Y así un asunto tras otro ante la Justicia (?), siempre con interese urbanísticos, que han planificado invadir el territorio donde y como sea. Son situaciones que suelen terminar en los tribunales, en la mayoría de los casos para nada. Para eso están los jueces, bueno, la mayoría de los jueces, en defensa de las razones, lamentablemente sagradas, de la propiedad privada y frente al espíritu, noble y justo, de la Ecología, del Paisaje y de la Tierra.


* Secreto Olivo - Miguel Ángel Blanco Martín - Abril 2014
Foto: Hotel El Algarrobico (Almería) - flickr



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Segovia.- Varios VIPs se enfrentan a una macrodemanda por comprar viviendas 'Gürtel' que ahora no quieren pagar

Nos estamos acostumbrando cada vez más a las polémicas urbanísticas. Así, también le llegó el turno a Segovia, donde hace ya 7 años que distintas asociaciones denunciaron una serie de ilegalidades cometidas por la empresa Segovia 21 (participada por la Diputación de Segovia, Caja Segovia y la Cámara de Comercio) en torno al macroproyecto urbanístico situado en el margen de la carretera que une La Granja con Segovia. Ahora empresarios y políticos vinculados al antiguo Consejo de Administración de la empresa del pelotazo fallido se enfrentan a una demanda que acaba de ser presentada por no querer pagar viviendas que adquirieron entonces.
*VOZPÓPULI* : Empresarios y políticos de distinto pelaje se enfrentan a una macrodemanda por comprar viviendas de lujo que ahora no quieren pagar. Son personajes vinculados al antiguo Consejo de Administración de Segovia 21, un pelotazo fallido relacionado con la trama 'Gürtel' en la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama. Entre los empresarios que adquirieron las viviendas del complejo sito en Palazuelos de Eresma figuran apellidos tales como Salazar-Simpson (SimpsonCars), Benatar (Fomento Territorial), o González (Ontex, participada por Goldman Sachs y TPG). Y entre los políticos, hay miembros de importantes familias populares locales, como Juárez o Beloqui (arquitecto jefe de la sección de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León) y socialistas, tal que Agudíez.

Sucede que Caja Madrid no financiaba la promoción si no estaba colocado el 65% de las viviendas. Así que estos VIPs pastoreados por el consejero delegado Atilano 'Milano' Soto, se apresuraron a hacer acopio de los pisos. Algunos se quedaron con varios, como los hijos del empresario francés Elías Benatar, que se hicieron con uno cada uno; o Jesús Sánchez, exdirector de Segovia 21. Otros compraron entre varios una de las casas, como los hijos del exsenador socialista Manuel Agudíez, imputado en el 'caso del Torreón de Lozoya'. El caso de Salazar-Simpson, cuestionado expresidente de la Fundación Centro Nacional del Vidrio de La Granja, es único: después de comprar pidió a Atilano Soto que le rescindiera el contrato, cosa que el expresidente de Caja Segovia hizo, sin más.

Pasado el tiempo, los adquirentes decidieron que ya no querían unas viviendas que no iban a colocar a otros primos ni a tiros. Los primeros de estos 'compradores fantasma', no contentos con no quedarse con los ladrillos, demandaron a Segovia 21 para reclamar las cantidades entregadas a cuenta y se encontraron con que el juez les condenó a escriturarlas a precio de 'boom' más IVA, intereses, aval y costas. Los 13 VIPs de esta macrodemanda, que acaba de ser presentada, se enfrentan a una causa similar por la compra de 16 de estas viviendas.

El complejo de lujo ha quedado en un 'bluf'

Segovia 21 ha sido un proyecto polémico desde sus inicios. A principios de 2013, su Consejo de Administración desfiló ante el fiscal jefe de Segovia Antonio Silva Jaraquemada, que terminó archivando el caso. A día de hoy, el flamante complejo se ha revelado un auténtico 'bluf': el vivero de empresas no tiene actividad, el NH Hoteles se quedó a medio hacer, el campo de golf no tiene socios suficientes y nadie quiere las viviendas de lujo. A mediados de abril, Segovia 21 entró en preconcurso de acreedores con una deuda de 17 millones de euros a su accionista Bankia y 850.000 euros a Hacienda.


* Voz Pópuli - Fátima Martín - 2.5.14
Foto: Segovia 21, construcciones sin acabar - vozpopuli



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