Así nos roban: técnicas de saqueo municipal

Entre los diferentes niveles de corrupción, está claro que el que más afecta a los ciudadanos es el originado por la acción delictiva del Gobierno nacional y la Comunidad Autónoma de que se trate. Solo un peldaño más abajo en números globales, aunque afectando más directamente, se encuentra la corrupción en Diputaciones y municipios. Un Ayuntamiento es posiblemente el actor económico más importante de su territorio. Su influencia como generador de riqueza en el tejido local no es comparable a ninguna otra empresa o entidad. Alrededor de un alcalde y su equipo de gobierno se genera toda una mafia de intermediarios locales que se alimentan de una trama organizada y, por tanto, son partidistas hasta la médula. Desde el pequeño tendero hasta las grandes empresas instaladas, hay modos y formas características en la corrupción municipal.
"JORGE ARMESTO* : De vez en cuando en televisión un rojillo afirma: “La corrupción es sistémica”. Entonces alguien, generalmente del PP, se cubre con la máscara de la indignación y, desde el pedestal ético construido por su partido, contesta: “¿Estás llamando corruptos a los 26.000 concejales de mi partido? ¿A esas miles de personas abnegadas que están en pueblos pequeños trabajando y desviviéndose por sus vecinos?”. El rojillo se la envaina y dice: “No, no, a esos claro que no”. Aunque en su fuero interno piensa: “Sí, a todos. Del primero al último”.

Lo primero que llama la atención es que parece que nadie se ha parado a pensar que cuando únicamente se ponen como ejemplo de abnegación y honradez los concejales “de los pueblos pequeños”, parece deducirse que nada bueno se puede decir de los “de los pueblos grandes”. No seré yo quien niegue esto. Si los propios adalides del PP dan por hecho que los concejales y alcaldes de ciudades y capitales son indefendibles y están enfangados hasta el tuétano, no es cosa de llevarles la contraria. Hablaré solo de “los pequeños”.

¿A quién se venden las cosas?

Un ayuntamiento es posiblemente el actor económico más importante de su territorio. Su influencia como generador de riqueza en el tejido local no es comparable a ninguna otra empresa o entidad. Por poner un ejemplo, un ayuntamiento de un pueblo de 20.000 habitantes puede recibir al cabo del año entre 5.000 y 6.000 facturas de todo tipo: productos de limpieza, herramientas, mobiliario, material de obras y oficina, repuestos mecánicos, ropa de trabajo, productos de ofimática, papelería, imprenta. Materiales de carpintería, construcción, fontanería, electricidad, trofeos, camisetas, gomas de borrar, carteles y trajes de rey mago.

Tal vez nosotros no imaginemos la enormidad de esta lista. Pero el alcalde la conoce muy bien. Sabe que uno de los pilares fundamentales de su reelección es el cuidado con que realice cada uno de estos gastos. Y ni uno solo se deja al azar: todos los jefes de servicio saben en qué comercios se deben adquirir estos objetos.

Hasta importes de 18.000 euros, estas facturas no necesitan de ningún procedimiento de fiscalización previa. Los ayuntamientos medianos, en sus bases de presupuesto, establecen una cantidad (suele ser una cercana a los 1.200 euros) a partir de la cual el gasto debería ser aprobado previamente. Pero este trámite se suele soslayar y, además, no implica control alguno. Es mero papeleo. En la práctica eso significa que el 100% del gasto corriente en suministros se hace de modo arbitrario. Todo desagua en los establecimientos de familiares, militantes o donantes del partido. Las facturas acostumbran a tener un sobrecoste. Algunos son razonables y otros disparatados. Nadie controla si lo que se adquiere está en los precios de mercado y ni siquiera que se suministren las cantidades u objetos que se facturan. ¿Quién va a mirar si había 20 sacos de cemento o 15? Eso sí, en la factura sí había 20. En algunos negocios, el peso del ayuntamiento como comprador es tan importante que no es extraño que un cambio de gobierno traiga aparejado un cambio de dueño en establecimientos tan estratégicos como imprentas, droguerías o ferreterías y éstas acaben en manos de familiares o amigos cercanos de los nuevos gestores. Alcaldes y concejales aleccionan a los funcionarios sobre dónde se puede adquirir cada cosa. Desde almacenes de materiales de construcción a tiendas de Todo a Cien. Todo suma. Todo vale.

Es habitual que se le pregunte al encargado de la compra: “¿Es para ti o para el ayuntamiento?”. Si es para este último el precio se eleva. Puede parecer banal que una grapadora le cueste a una institución pública el doble que a un particular. Pero cuando multiplicamos esa diferencia por las miles de facturas que se pagan al año, la cuestión deja de ser tan baladí. Por supuesto, alcaldes y concejales tienen un trato preferente. Habría que ser un mezquino para cobrarle un cambio de aceite a quien envía a tu taller toda la flota municipal de vehículos. Y como eso, todo. Reformas en su casa, muebles, ordenadores gratis. Cualquier cosa, hasta la más ínfima, se les regala. Se acostumbran a no pagar por nada, a comer de gorra en los restaurantes. Los comerciantes beneficiarios también son generosos donantes de las campañas. Tanto en metálico como en especie. Las imprentas, las empresas de megafonía, de alquiler de carpas, de organización de eventos, les hacen gratis la campaña electoral. Previamente ya habrán pasado alguna factura desorbitada por cualquier otra cosa.

La red mafiosa se extiende por todo el comercio y la industria local. De haber varios proveedores del mismo ramo a los que premiar, se reparte en función de lo que aportan a la causa. Hay muchas decenas de miles de euros que fluyen incesantemente, muchas familias, muchos empleados viviendo del dinero público. En los días previos a las elecciones se pronuncian veladas amenazas: “Si pierden estos, nos bajan los ingresos y tendré que despedir gente”. Comerciantes y empresarios reparten las papeletas de votación a sus empleados en sobre cerrado. Estos siempre tienen la sospecha de que “tienen un tono de color diferente” para que los apoderados del partido que vigilan las mesas las reconozcan el día de la votación. Las empresas señaladas como de la facción política contraria subsisten como pueden castigadas por una competencia desleal. Muchas se rinden y tienden puentes: aceptan el chantaje. También están dispuestas a pagar, a donar, a subvencionar. O eso, o la ruina.

Alcaldes y concejales buscan que hasta el último euro que gestionan recaiga en “el pueblo”. O al menos en el reducido círculo de beneficiarios que ellos consideran “pueblo”. Jamás se compra nada a una empresa foránea a menos que haya un comisionista local. No importa si esto encarece el presupuesto. Pongamos que hay que comprar unos focos para el teatro que sólo pueden surtir empresas especializadas. En ese caso, si se puede, mejor es que los compre la tienda de bombillas local, propiedad de algún amigote, y luego los revenda al ayuntamiento.

¿Cuánto valen las cosas?

Como en los supermercados, todo acaba en 9. Existen números mágicos que se repiten en las adjudicaciones de toda España.

Las obras y servicios valen por norma general 49.000 euros. La razón es que hasta 50.000 se dan a dedo a quien se quiera. Si sobrepasan esa cantidad entonces pasan a costar 199.000. Entre 50.000 y 200.000 euros la adjudicación se hace por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. O lo que es lo mismo, es el ayuntamiento el que elige a tres empresas a las que le solicita presupuestos. En estos casos lo habitual es que sea la empresa a la que se va a favorecer la que aporta los otros dos presupuestos que obliga la ley. Pueden ser del mismo dueño, empresas pantalla u otras reales con las que se llegó a un acuerdo de reparto o de subcontratación. En otras ocasiones, la mesa de contratación municipal busca dos empresas que, ya sea por su pequeño tamaño, por su inexperiencia o por su falta de solvencia, sabe positivamente que presentarán la documentación incompleta o errónea.

En los ayuntamientos pequeños son raras las obras que sobrepasan los 200.000 euros. Cuando es así, deberían adjudicarse por el “procedimiento negociado con publicidad”. Es decir, que cualquiera podría optar a ellas. Para evitarlo, habitualmente se fraccionan las obras en fases de 199.000. Esto es ilegal y fraude de ley, pero nadie lo suele denunciar. Todo se puede hacer en fases: desde tejados hasta aceras. Las explicaciones rayan en lo cómico. Así, el concejal de obras de Málaga aportó esta nueva genialidad a la historia de la contratación pública: “No hay fraccionamiento porque lo que se ha dividido no es el contrato para construir un parque en el Benítez, si no el dinero del que se disponía”. Exacto, el papel del contrato seguía de una pieza. Ahí estaba el folio enterito para quien quisiera comprobarlo.

Existe otra modalidad: los contratos de servicio que cuestan 119.000. La razón es que a partir de 120.000 existe la “exigencia de clasificación” a las empresas. Por debajo de esa cifra, puede ser cualquiera.

Aprovecho para animar a quien esto lea a que busque las cantidades de las adjudicaciones en sus villas y pueblos. Se sorprenderá de la frecuencia con que aparecen estas cantidades.

¿Cuándo se gasta?

Las elecciones municipales son siempre en mayo. Ese año, en los primeros días de enero, los concejales peregrinan al Departamento de Intervención para que les apunten con una flechita las cantidades que se pueden gastar de las partidas de sus presupuestos. Desde entonces, en una carrera contrarreloj, tienen cuatro meses para vaciarlas todas. Es lo habitual verlos preguntándose: “¿Qué podemos pintar?”, ¿hay que comprar algo para el polideportivo?”. El qué se compra es lo de menos. Las partidas deben agotarse. El mayor flujo de dinero posible debe revertir en “el pueblo”. Puede ser la última oportunidad para las comisiones. Es la mejor época para los gastos absurdos o las ideas disparatadas. Ningún concejal es tan estúpido como para dejar dinero en el presupuesto que podría gastarse otro si ganase las elecciones. Incluso aunque su propio partido pudiese ganar, no siempre es seguro que fuese a ocuparse de la misma responsabilidad. Mejor no dejar nada.

Esto ocurre cada cuatro años. En un año no electoral, el mismo proceso se da en los meses de otoño, cuando se está a punto de cerrar el presupuesto. Tras el verano se produce la misma peregrinación y todos solicitan informes del estado de las partidas para vaciarlas a conciencia. El objetivo es llegar a 31 de diciembre a cero. O mejor aún, en negativo. En la lógica municipal, cuando un concejal deja un año una partida presupuestaria sin gastar, esta desaparece del presupuesto del año siguiente. Puesto que no se usó, no debe ser importante. Así se anima al gasto irreflexivo y al cortoplacismo: cuánto más se gasta, más puede crecer la partida presupuestaria el año siguiente.

¿Por qué todo esto es impune?

En primer lugar existe un pacto tácito de no agresión entre los partidos del régimen. Si tú no hurgas en mis cosas yo no hurgo en las tuyas. Pero es que, además, no es tan sencillo. Si la mayoría de las ilegalidades tiene como beneficiarios a vecinos de la localidad, ir contra la ilegalidad es ir, de facto, contra los vecinos. La acusación de que se ponen en peligro puestos de trabajo por “peleas políticas” está siempre en el aire. Para la oposición, en este terreno pantanoso hay mucho que perder y poco que ganar.

Interventores y secretarios carecen ya de capacidad para controlar todo este flujo enorme de malgasto y cohecho. Dirigen departamentos con escasez de medios y personal. En los ayuntamientos más pequeños ni siquiera se contrata a interventores, pues la ley no lo obliga, y es el secretario quien, en teoría, debería realizar ambas funciones. Puesto que carece de tiempo material para controlar todas y cada una de las decenas de facturas que entran cada día, sólo pide explicaciones cuando existen sobrecostes escandalosos. Aún así, siempre hay modo de justificarlos.

Secretarios, interventores, aparejadores, arquitectos municipales, estuvieron dotados en otro tiempo de autoritas. Bendita democracia, ahora ya son tan víctimas de mobbing y acoso como cualquiera. Empieza a ser común que se les aparte de sus funciones y se los someta al escarnio popular. La acusación de que “paralizan el funcionamiento del ayuntamiento” por la “excesiva burocracia” es frecuente. Los ciudadanos los ven como unos tiquismiquis que le ponen pegas a todo e impiden el flujo de inversiones. Lo cierto es que lo único que paralizan, de un modo muy limitado, es la adjudicación ilegal. Cuando “todo” se paraliza, simplemente es porque “todo” es ilegal. Secretarios e interventores, que son el único débil dique ante la corrupción, son demonizados entre los ciudadanos. Aprenden con el tiempo a pelear sólo las batallas que pueden ganar y a dejar pasar algunas cosas para poder discutir otras. Saben que su fiscalización es casi siempre inútil.

Cuando los ayuntamientos realizan gastos que no se ajustan a la ley, el interventor pone un “reparo”. El reparo se levanta por medio de un decreto que firma el alcalde. Habitualmente ni se molestan en motivarlos y son de copia y pega. En un ayuntamiento mediano el número de “reparos” que se levantan en una legislatura puede llegar a varios centenares. Estos “reparos” se comunican al Tribunal de Cuentas, donde llegan por decenas de miles. Nunca ocurre nada.

De todos modos, siempre es mejor que los informes estén a favor. Para eso se contrata como personal laboral a asesores externos. Si tu arquitecto o tu aparejador es demasiado escrupuloso con la legalidad, siempre habrá otro al que se contrate a dedo y al que no le importe decir que hay un pantano donde se eleva un monte. Los funcionarios con oposición están aislados en despachos a los que no llega ni un triste expediente, mientras los contratados informan positivamente todo lo que se les pone en las manos. Lo mismo ocurre con interventores y secretarios.

Es necesario hablar de las políticas de contratación de personal que son el verdadero soporte del sistema. El poder se encarga de quitarle importancia a estos asuntos. Se ven como algo disculpable, algo que está en la naturaleza humana. “¿Acaso tú no enchufarías a tu hermano si está en paro? ¿Quién no lo haría?”, vienen a decir. La realidad, desgraciadamente, es menos amable. Los puestos de trabajo valen dinero. El más cotizado es el de funcionario. Pongamos que enchufamos de auxiliar administrativo a un chaval de 27 años. Cobrará 21.000 euros al año durante 40 años hasta su jubilación. Eso, con aumentos y trienios, supone que a lo largo de su vida ganará cerca de un millón de euros. ¿Y alguien regala un millón de euros? Ese valor hay que compensarlo: tiene un precio. Por eso es tan habitual ver en los ayuntamientos a los hijos balas perdidas de los empresarios locales. Aquellos tarambanas que no fueron capaces de otra cosa encuentran su acomodo en la administración previo pago de las aportaciones que sean necesarias. También influye el tamaño de la unidad familiar. Enchufar a un chaval soltero garantiza un voto: el suyo. Enchufar a uno con pareja, con padres y hermanos ambos cónyuges garantiza más de una decena. Puede parecer banal, pero no lo es: todo se estudia, todo se cuida.

Se puede afirmar que no hay ni un solo puesto de trabajo que dependa de las administraciones locales pequeñas y medianas que no se dé de modo arbitrario. Ni uno. La inexistencia de control es total. Los exámenes o las preguntas se le proporcionan al premiado. Por si acaso aún así falla (no se trata precisamente de lumbreras) se deja para el final una entrevista en la que se le valora subjetivamente. Previamente se han adecuado los méritos a su perfil. Los puestos de trabajo se cuidan de igual modo que la compra de grapadoras. Todo debe recaer en alguien “del pueblo”. Desde un humilde contrato de dos meses para abrir la caseta de turismo, hasta un arquitecto contratado. Cada puesto tiene un precio y un coste. Por la caseta de turismo quizá solo se exija subordinación y fidelidad. Por ser arquitecto, bastante más. Cada ayuntamiento tiene a una cuadrilla de funcionarios, siempre los mismos, que se encargan de valorar todas las oposiciones del año. Este negociete apenas conocido puede reportar de 250 a 300 euros por cada examen. Al cabo del año la cifra no es desdeñable y supone un buen sobresueldo por colaborar con tus jefes corruptos.

En los últimos tiempos, con la caída de la oferta de plazas de funcionario, se ha generalizado otro modo de hacer fijos a los contratados laborales. Los ayuntamientos encadenan más de tres contrataciones parciales consecutivas para la misma función con lo que, si el trabajador denuncia, la ley obliga a hacerle un contrato fijo. Así, este empieza a ser el modo habitual de “contratación” y los ayuntamientos están en pleitos permanentes que pierden una y otra vez, pagando indemnizaciones a los enchufados que les han “denunciado” y sosteniendo, de paso, a los bufetes de abogados amigos que hacen su agosto por perder juicio tras juicio. En el colmo de la desfachatez el ayuntamiento encarga trabajos (por ejemplo, informes de arquitectura) a los mismos trabajadores que “ha despedido” y le “han denunciado” y con los que todavía está pleiteando. El trabajador temporal cobra sus informes mientras “está despedido”; recibirá más adelante la indemnización; será readmitido como fijo; y los abogados amigos pasarán sus minutas. Todo el mundo gana.

Con el tiempo, si una fuerza política es hegemónica, la diversidad ideológica de los funcionarios desaparece y el ayuntamiento se divide entre los directamente cómplices de la arbitrariedad y los que prefieren tomar un perfil plano, lo más invisible que se pueda para no meterse en líos. Los escasos héroes que se enfrentan al sistema padecen un acoso salvaje. Así se entiende por qué no hay controles sobre lo que surten los proveedores amigos. Los trabajadores que hacen de lacayos cada día informan favorablemente facturas falsas, otras desorbitadas u otras con conceptos falsos que ocultan el verdadero gasto. Si los suministros tienen calidades pésimas y se rompen, no importa, ya se comprarán más. Los funcionarios honrados se asombran de que los cartuchos de tinta de la fotocopiadora se agoten en dos días. Los que se encargan de su compra saben que la obsolescencia forma parte del negocio. Los trabajadores públicos colocados a dedo por el poder son el engranaje necesario para que el flujo del dinero corra. El enchufismo no es una solidaridad mal entendida. No: se trata de una organización en la que el nepotismo y la arbitrariedad en la contratación de personal son imprescindibles para el saqueo generalizado del dinero público.

¿Por qué pierden todos?

La población sabe esto. Los votantes, mal que bien, lo saben. Pero han aceptado la justificación del poder según la cual, al fin y al cabo, las irregularidades sirven para que hasta el último euro recale “en el pueblo”. De hacer las cosas legalmente, quién sabe, entrarían trabajadores de otros lugares o las obras las acometerían empresas foráneas. Piensan, al fin, que tal estado de cosas es necesario. Que sin él las cosas irían peor. Y si bien es cierto que algunos se benefician mucho más que otros, así es como el dinero fluye.

Sin embargo, las cosas no son así y ésta es únicamente la justificación que los corruptos han hecho crecer en una población resignada. Voy a poner un ejemplo muy gráfico: dos pueblos celebran los carnavales. En el primero, el concurso de disfraces es justo y gana el mejor. Grupos de todas partes, algunos multitudinarios, participan. Compiten charangas enormes y espectaculares. Las calles se atestan de visitantes y el comercio y la hostelería lo agradecen. En el segundo pueblo, el jurado cuida de que los premios recaigan en los grupos locales. Los foráneos dejan de acudir. El nivel cae y con los años el desfile se convierte en un paseo de algunos tipos con disfraces comprados en los chinos por calles semidesiertas.

Esto mismo puede aplicarse a todo: a la industria y al comercio. Los adalides de la libre competencia sostienen un sistema en el que algunos privilegiados no necesitan competir y juegan con cartas marcadas. Los nuevos proyectos no pueden enfrentarse exitosamente a empresas que reciben el flujo constante de las inversiones públicas por hacer un trabajo más caro y peor. El nivel general baja. La usurpación de todos los puestos de trabajo por parte de incapaces penetra en la subcultura dominante del lugar (el meme) acentuando la idea de que son sólo los mediocres los que prosperan. El talento huye. Las buenas ideas son incapaces de crecer. El hecho de que el mérito no sea un factor para contratar a las personas con responsabilidades hace que las personas de mérito emigren. Todo se contamina: si los profesores de las escuelas municipales son unos lerdos, ¿qué aprenderán los alumnos? ¿Qué cultura puede crearse en la base cuando la gestionan desde arriba los incultos? Las constantes vitales bajan. Se crean menos cosas y son peores. Hay menos músicos, menos actores, menos emprendedores de cualquier cosa. La sociedad civil se degrada, pierde vitalidad, el talento solo emerge fuera. Se crean distinciones para honrar a los exitosos exiliados y poder vivir durante un día en la ensoñación de que forman parte del cuerpo social que los exilió.

El lugar se anquilosa, se revela incapaz de ser polo de atracción por nada. Gobernado por una mafia que se rige únicamente por una lógica de comisiones cortoplacista mira como si fueran marcianos a otros lugares que innovan, ya en el urbanismo, en la energía o en los servicios. Si el concejal de medio rural escribe “violojía”, ¿promoverá la agricultura biológica? El comercio y la industria agonizan, la población decrece, los ingresos por impuestos menguan, el flujo de dinero disminuye, con lo que cada vez es menos lo que llega fuera del círculo de poder. La espiral de degradación se acentúa entonces, cada vez más y más.

Lector, ¿conoce algún lugar así?


* Diagonal - Jorge Armesto - 20.5.15
Foto: Plan E - Uribe Kosta

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El desierto de las casas sin gente

En el último censo del Instituto Nacional de Estadística, publicado en 2013 pero con datos relativos a 2011, el número de viviendas vacías alcanzaba los 3,44 millones, un 10% más que en la década anterior. Pero teniendo en cuenta que en esa cifra no se incluyen las viviendas a medios construir, significaría que el total pasaría ampliamente de los 5 millones (cinco). Una barbaridad si vemos que el total de viviendas construidas en España está sobre los 25 millones. Es decir las viviendas vacías vendrían a ser un 20% del total. Algo sin precedentes en la UE, sobre todo porque gran parte de ellas han sido levantadas en los últimos años, en plena 'burbuja inmobiliaria', y por tanto se incluyen en el apartado de la especulación y la corrupción urbanística. O sea, no han sido construidas para vivir en ellas sino para especular con las mismas, como otro bien cualquiera del mercado. Un delito que todavía está vigente sin que nadie haya puesto solución a tamaño problema social (gente sin casa) y de ocupación del territorio (sobreocupación).
"PABLO ELORDUY/ TER GARCÍA* : El Gobierno mantiene las constantes que generaron la burbuja inmobiliaria.
Lo llaman Ciudad Valdezombi, pero en realidad se llama Ciudad Valdeluz. Forma parte del municipio de Yebes, en Guadalajara, y es famosa porque sus terrenos –propiedad de una tía del marido de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre– ven llegar los AVE con destino a Barcelona.

Un anuncio en la web de Ciudad Valdeluz, una promoción de Reyal Urbis, empresa que lleva dos años en concurso de acreedores, muestra a un vendedor llamado Carlos, que nos explica que aquí “el equilibrio entre naturaleza y urbanismo es total”. Carlos y María, su acompañante en el anuncio, alaban las ventajas de vivir en una ciudad, Yebes, que tiene el mayor porcentaje de viviendas vacías entre las localidades con más de 2.000 habitantes. También es el municipio con mayor aumento relativo de número de edificios con respecto al anterior censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2001. El crecimiento del número de edificios en esta ciudad a ocho kilómetros de Guadalajara ha sido del 678,9%, no hay ninguna errata.

Curiosamente, ciudad Valdeluz no está entre las urbanizaciones destacadas por algunas de las personas consultadas, que trabajan en el tema de los efectos de la burbuja inmobiliaria sobre el territorio. Pilar Díaz, de Paisaje Transversal, una oficina de innovación para mejorar el hábitat urbano y la calidad de vida de sus habitantes, elige varios ejemplos de lo que ella califica como ‘urbanismo basura’. La Isla de Valdecañas en Cáceres, donde tras una sentencia del Tribunal Supremo se deben derribar 130 viviendas construidas en un espacio protegido; el PAU de Vallecas y Valdecarros, casi paralizado; la ciudad del Pocero (Seseña, Toledo) o la Nueva Marina d’Or, una ciudad con el 41% de viviendas vacías, son los casos que Díaz destaca. Son los estragos de un “fast-urbanism de difícil digestión”, que ha generado espacios que, para esta urbanista, “requieren ser deconstruidos y naturalizados en la mayor medida posible”.

A menudo, lo que quedan son las cicatrices de promociones y ensanches detenidos un día cualquiera después del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007. El proyecto Nación Rotonda, en el que participan Esteban García, Miguel Álvarez y Rafael Trapiello, utiliza ortofotografías –vistas aéreas con la misma precisión que un plano– para documentar los cambios en el paisaje que han provocado proyectos como Valdeluz, la ciudad residencial Camposol, en Murcia, dividida por una autovía, o Ciudad Quesada, en Alicante, “un disparate desde el punto de vista del diseño urbano”, según Trapiello.

Precisamente Murcia y Alicante son algunas de las provincias más afectadas por el virus de las casas sin gente. También, paradójicamente, donde se están produciendo los aumentos de precio más relevantes en los últimos meses. Según la Sociedad de Tasación, en el segundo trimestre de 2014, el coste de la vivienda volvió a subir respecto al mismo periodo de 2013, tras siete años de caída ininterrumpida. Los expertos asocian esta revitalización del consumo de ladrillo a la especulación de inversores extranjeros en el litoral valenciano y en Canarias. El 17 de noviembre, el Consejo General del Notariado anunciaba el repunte del 20% de la compraventa de vivienda respecto a 2013. Del otro lado, los desahucios siguen al mismo ritmo: en los primeros seis meses del año, más de 26.500 familias perdieron su vivienda.


Censo o estadística

En el último censo del Instituto Nacional de Estadística, publicado en 2013 pero con datos relativos a 2011, el número de viviendas vacías alcanzaba los 3,4 millones, un 10% más que en la década anterior. Ese mismo año, las viviendas construidas superaban los 25 millones, un 20% más de las que se contaban diez años antes. De ese millón y medio de viviendas construidas durante la década, más de la cuarta parte siguen estando vacías.

La urbanista Raquel Rodríguez explica que la estadística del INE “censa viviendas aptas para ser ocupadas, no incluye en ningún caso viviendas a medio construir”. Pero, junto a esta característica, que ya venía de lejos, el censo de 2011 incorpora una variante respecto al anterior, de 2001, y es que por primera vez no se ha hecho un recuento real, sino que se ha hecho una muestra que rondaba el 12,3% de la población y el 11,9% de las viviendas, explica Rodríguez. “No es un censo, es una estadística”, comenta esta urbanista, para quien “la cocina” de las cifras puede tener sentido, pero no cuando estos datos de vivienda se presentan cada diez años. El próximo es en 2021, y no se cruza con otros registros administrativos, como sucede en otros países del entorno europeo. Las dos consecuencias principales del estallido de la burbuja, señala Rodríguez, fueron los desahucios y la metástasis de activos tóxicos. “De los primeros hemos tardado en tener datos fiables, pero de los activos tóxicos –viviendas sin vender, suelo, etc.– no hay manera de saber de qué estamos hablando. Esto dice mucho del propio gestor del producto. Es increíble que no se sepa cuánto, cómo, dónde”, se lamenta esta urbanista.

Las cifras del censo sitúan a España como el país con más vivienda vacía de la UE, con mucha distancia respecto al siguiente y acumulando más de la tercera parte del total europeo, que se sitúa en 11 millones de viviendas vacías, según publica The Guardian. Con estos números ya a la espalda, entre 2011 y 2013 se dieron certificaciones de fin de obra para más de 331.000 nuevas viviendas, según datos del Ministerio de Fomento. De estas nuevas viviendas que aún no ha contabilizado el Instituto Nacional de Estadística, 38.300 se si­túan en la Comunidad Valenciana, donde en 2011 la vivienda vacía suponía ya el 16% del total.

José León Paniagua, coautor del estudio La vivienda en España en el siglo XXI y ponente del seminario La vivienda que queremos, que tiene lugar estas semanas en Sevilla, explica que en el momento actual “no sólo existe un número insostenible de viviendas vacías, sino que además existe suelo disponible con capacidad para otras 2,6 millones de viviendas”. Para León Paniagua los más de seis millones de nuevas viviendas construidas en la década prodigiosa de 1997 a 2007 generaron un “urbanismo ilimitado” y una expansión urbana “ilimitada social y medioambientalmente”. Paniagua denuncia que no se ha producido ninguna medida correctora, “sino que la actitud del sector promotor y constructor, y de las administraciones públicas, es la de esperar para repetir nuevamente el proceso de negocio, sin querer reconocer que no se volverá a producir en décadas”. Una propuesta neoliberal que fue posible gracias a la denominada “alianza FIC”, de financieros, inmobiliarios y constructores, según los autores del citado estudio, encargado por Cáritas.

Sareb, la gran inmobiliaria

Desde que, en agosto de 2012, se crea­ra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), ésta ha limpiado las cuentas de las entidades bancarias y ha acumulado en sus primeros meses de funcionamiento 106.856 activos entre viviendas terminadas, suelo y obra sin terminar, por los que pagó 11.343 millones de euros a los bancos de origen, según el informe anual de la entidad.

Belén Romana, presidenta de la Sareb, anunciaba a finales de octubre que ésta había vendido cerca de 11.000 viviendas en el canal minorista. Otras operaciones de la sociedad más a lo grande han supuesto la transferencia de carteras de cientos o miles de viviendas a fondos buitre, como la cartera Teide, compuesta por 2.500 viviendas, cuya gestión pasó al fondo estadounidense Fortress y al grupo español Lar. Éstos pagan las viviendas según las van vendiendo. O el traspaso de cerca de mil viviendas al fondo HIG Capital por 100 millones de euros. Unas condiciones insuperables.

Ahora, después de dos años, los principales bancos vuelven a sumar activos inmobiliarios por más de 90.200 millones de euros, según publica El País. Una cifra superior a la alcanzada antes del traspaso de activos tóxicos a la Sareb, y la tendencia va en ascenso. De los 12.479 millones de euros en viviendas embargadas a promotoras, constructoras y hogares que contaba el Sabadell en diciembre de 2013, en septiembre de 2014 ha pasado a 13.210 millones. En ese periodo, Bankia aumentó su colección de viviendas y suelo embargados de 2.656 a 2.800 millones de euros. La dinámica se repite con La Caixa y el BBVA, cuya cartera de activos inmobiliarios alcanzó los 13.116 millones de euros en septiembre, según el informe financiero de la entidad.

En la red, decenas de páginas especializadas como pisosembargadosdebancos.com sirven como escaparate de los miles de inmuebles embargados en los últimos años. Desde la propia web de la Sareb se puede acceder a un portal para la compra de fincas rústicas, hoteles, oficinas, edificios industriales, locales comerciales y suelo. En la mayoría de los casos el precio se consulta mediante un formulario en la web. En el caso de la vivienda, el procedimiento es distinto. La Sareb ofrece un número de atención telefónica. Al llamar, una teleoperadora explica que las viviendas de la sociedad se comercializan a través de las propias entidades bancarias asociadas. Si se cuenta con los datos de la vivienda que se quiere comprar, el servicio de atención telefónica de la Sareb se ofrece a transmitirle la consulta al comercial responsable de dicha vivienda.

En la web de BankiaHabitat, línea inmobiliaria de la entidad, un apartado dedicado a inmuebles de la Sareb da información sobre más de 7.300 viviendas actualmente propiedad de la sociedad, pero procedentes de la antigua Caja Madrid. Sin embargo, las gestiones para la venta de esos inmuebles están, desde septiembre de 2013 y por diez años, en manos de la sociedad Promontoria Plataforma –después pasó a llamarse Haya Real State–, que se embolsa una comisión por cada venta. La sociedad, en la que figura como consejero un hijo de José María Aznar y Ana Botella, está vinculada al fondo buitre Cerberus, dirigido por, entre otros, el expresidente norteamericano George Bush.

Hace pocos días, la Sareb adjudicaba a Solvia, la plataforma inmobiliaria del Sabadell, la gestión de 49.000 activos inmobiliarios, la mayor parte viviendas, procedentes de Bankia, Banco Gallego y Banco Ceiss, y valorados en 7.000 millones de euros. Es el primer paquete de los cuatro que comprondrán el Proyecto Íbero, por el que la sociedad externaliza la administración de las viviendas y demás activos, cerrando el círculo que componen las entidades bancarias, la Sareb, las viviendas embargadas y el dinero de los rescates financieros a bancos y cajas.

Alternativas

En su último libro, 17 contradicciones y el fin del capitalismo, el urbanista David Harvey dedica el primer capítulo a la contradicción “fundamental” entre valor de uso y valor de cambio. Un concepto marxista, el de la diferencia entre valor de uso y valor de cambio, que, en esta ocasión, viene acompañado de un ejemplo en el que Harvey se refiere a la situación de España. No es necesario explicar la diferencia entre lo que ha supuesto el aumento del valor de cambio de las viviendas y la marginación de su valor de uso.

Los autores de La vivienda en España en el siglo XXI señalan que no se han tomado medidas que garanticen el acceso a la vivienda, que es “un espacio vital imprescindible para la socialización y un factor de inclusión social de primer orden”, según Paniagua. Para éste, los planes de vivienda mantienen “mecanismos continuistas, desfasados e inservibles para responder a las necesidades de alojamiento”. Así, explica, sigue manteniéndose un sistema de protección oficial que se ha demostrado inaccesible para gran parte de la población con necesidades habitacionales, y “sigue eliminada la vivienda de promoción pública”.

Dos datos más: el gasto público en vivienda se sitúa en el 0,7% del PIB. “Este gasto es dos y tres veces inferior al que tienen otros países de nuestro entorno, pero aún más grave es la estructura que ese gasto público tiene en nuestro país”. Esto se ha traducido en que “en los últimos diez años se han destinado 53.000 millones de euros a desgravaciones por inversión en vivienda, frente a la práctica inexistencia de subvención al alquiler o a la vivienda pública”. Se ha corregido algo, apunta Rodríguez, pero ha sido en casos “puntuales, como el País Vasco o la ley andaluza”, que fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy, que no tiene interés por corregir los excesos de la burbuja. El plan de vivienda 2013-2016, concluye Rodríguez, “vuelve a meterse en el mismo lío”. Este programa, presentado por Fomento en julio, se basa de nuevo en la construcción, esta vez para alquilar. Rodríguez apunta que “teniendo el stock que está en manos de la Sareb, habría que hacer un estudio de qué se tiene y ver si se es capaz de reconvertir ese parque”, también por una cuestión de tiempos, ya que, “entre que se aprueba todo el planeamiento, urbanizo el suelo, construyo las viviendas… para cuando usted tenga la vivienda preparada, ya no quedan jóvenes en este país”.

Millones de euros en embargos

En septiembre de 2014, La Caixa, BBVA y Bankia sumaban 6.520 millones de euros en activos inmobiliarios adjudicados procedentes de hogares, o, lo que es lo mismo, viviendas embargadas a familias que no han podido hacer frente a sus hipotecas, según muestran los informes financieros trimestrales de estas entidades. La suma es casi un 7% más de lo que estos bancos presentaban en diciembre de 2013.

Banco Sabadell, la entidad a la que se ha adjudicado la gestión del primer paquete de bienes inmuebles de la Sareb, alcanzaba en septiembre los 13.210 activos inmobiliarios adjudicados en sus cuentas, 731 millones más de los que contaba en diciembre del año pasado, aunque en su informe financiero no distingue entre los embargados a promotoras o constructoras y a las familias.


* Diagonal - Redacción - 25.11.14
Foto: Vivienda, evolución 1978-2011 - diagonal

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Los despojos del tsunami urbanizador

El llamado 'Tsunami urbanizador', 'Burbuja inmobiliaria', 'Urbanismo salvaje' o, simplemente, 'Ladrillazo' de las últimas décadas, solo tiene su explicación en una conjunción de circunstancias especulativas que hicieron que España se situara a la cabeza europea en crecimiento de viviendas y en gasto de cemento, por ejemplo. Un triste récord del que algunos se vanagloriaban (mientras crecían sus beneficios ilegales), pero que ha dejado un territorio asolado por bloques de cemento y ladrillo sin una justificación de bien común, sino más bien producto de la avaricia desmedida de empresarios oportunistas, políticos desaprensivos y financieros sin escrúpulos. La conclusión es altamente negativa para la sociedad española en su conjunto y el origen de la crisis-estafa que se sigue padeciendo hoy día. No obstante, la inmensa mayoría de culpables de este Tsunami arrasador siguen libres sin cargos, gracias a una justicia cómplice que, ni supo parar la orgía urbanizadora, ni ahora sabe como sentenciar a los delincuentes de esta atrocidad territorial.
"MELISSA GARCÍA LAMARCA* : Hace ya más de seis años que explotó la burbuja inmobiliaria, lo que Ramón Fernández Durán denominó el ‘tsunami urbanizador’. Los hechos de los años del boom, de este periodo de monocultura inmobiliaria, son vertiginosos: casi siete millones de viviendas construidas, 12 millones de hipotecas concedidas, más de 2,5 millones de trabajadores empleados en la construcción y un cuarto del territorio español construido. Algunos presumían de que España fuera el líder europeo de consumo de cemento y el quinto globalmente después de China, India, EE UU y Japón, durante un crecimiento económico inaudito.

Este cemento era la representación concreta de un crecimiento de acumulación de capital urbano en forma de vivienda, oficinas e infraestructuras que parecía no tener fin. La presión para comprar vivienda en particular venía de todos los lados, tanto de los actores públicos como de los privados, hasta la familia, vecinos e incluso amigos; pensábamos que los precios nunca caerían y que la vivienda era una inversión segura. Si estuviera presente, José Luis Arrese, el primer ministro de Vivienda, hubiera estado encantado de la vida de ver cómo su proyecto que empezó a finales de los 50 de crear “un país de propietarios, no de proletarios” se estaba haciendo realidad.

De hecho, esta orgía de construcción fue posible gracias a esta ideo­logía y a una constelación de procesos calculados desde hace décadas. Entre otras se incluyen la liberalización de la legislación bancaria en 1981 y de la ley de suelos en 1997, y la creación de un marco legal para extender la financiación de viviendas más allá de los ahorros bancarios en 1992. Se encaja todo dentro de una política de vivienda que se preocupó más en estimular la actividad económica que en cualquier política o bien social. Y cuando España formó parte de la Eurozona y adoptó el euro, el capital extranjero que temía una devaluación de la peseta por fin pisaba suelo firme, y una cantidad de crédito sin precedentes fluyó al país como agua del grifo. Sacar una hipoteca llegó a ser casi tan fácil como ir a comprar pan.

Hasta que petó la burbuja. Y aquí estamos casi siete años después, demasiados millones de personas siguen sin trabajo y con pocas posibilidades de encontrar uno decente, a pesar de los anuncios del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional de que el país se está recuperando y el empleo está creciendo. Para los que tienen trabajo, la precariedad laboral es ya una norma. Debido a esta combinación de desempleo y precariedad seguimos presenciando todos los días una serie salvaje de de­sahucios de alquiler y de hipoteca cuya ejecución paga y realiza el Estado, llevando a una gran parte de la población a vivir de la solidaridad familiar, de la caridad o de trapicheos explotadores de bandas organizadas. Y eso sin contar la desgarradora realidad de los que se quitan la vida antes de enfrentarse a un desahucio. Afortunadamente, muchísima gente está luchando en movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, contra los desahucios y el abuso infernal de los bancos, demostrando el valor terapéutico de procesos colectivos y del “sí se puede”.

Mientras tanto, existen 3,4 millones de viviendas vacías en todo el territorio, por lo menos un tercio de las cuales están en manos de entidades bancarias o en lo que es la inmobiliaria más grande de Europa, la Sareb, creada para limpiar de “bienes tóxicos” el balance de los bancos rescatados por el Estado (es decir, por nosotros). A ello hay que añadir los edificios que se quedaron a medio construir debido a la súbita bancarrota de las constructoras. Los nuevos propietarios prefieren mantener las viviendas vacías y solares a medio construir a la espera de que el mercado inmobiliario mejore y suban los precios de nuevo. De hecho, a pesar de ser una entidad 45% pública, el objetivo explícito de la Sareb es “desinvertir los activos en un plazo de 15 años, maximizando el valor de los mismos”.

El proyecto Empty Living (“habitar el vacío”), de Agustín Ortiz Herrera, señala las contradicciones fundamentales del modelo que se creó en la burbuja, y sus consecuencias. Este verano, Ortiz Herrera viajó a través del país sin una hoja de ruta concreta, parando en lugares especialmente afectados por la crisis, y encontró construcciones de viviendas inacabadas en las cuales es imposible vivir. La idea era habitar estos espacios abandonados, encontrar un lugar para descansar y pasar unas horas, incluso pernoctar si era posible. Pero en rea­lidad los espacios escogidos no eran adecuados para esta actividad, el entorno era hostil, inseguro, decadente y absurdo. La presencia humana en estos lugares abandonados entonces se convierte en una contradicción. Los mismos espacios vacíos son presencias inquietantemente olvidadas, mutadas en metáforas de una derrota. Esas construcciones esperan un futuro más próspero y, sin embargo, se han convertido en todo un símbolo del fallo del sistema y de la frustración que aún genera esta crisis.

Las fotografías y el diario de Agustín Ortiz Herrera, que vale la pena mirar detenidamente, son un ejemplo de proyectos de arte y activismo cuyos objetivos son visibilizar y hacernos reflexionar sobre una realidad que nos puede ser ajena, o sobre aquello que nunca habíamos pensado. Lo que podemos hacer para contrarrestar el proceso de capital financiero detrás del tsunami urbanizador y sus consecuencias tal vez no nos quede claro, pero a partir de reflexionar con proyectos como Empty Living y luchar en movimientos como la PAH, nos pueden brotar ideas y alternativas para un futuro mejor.

Melissa García Lamarca, doctoranda en Geografía por la Universidad de Mánchester.

* Diagonal - MGL - 25.11.14
Foto: Una de las imágenes del proyecto Empty Living. Lejos de la localidad de Terrassa se alza esta estructura de hormigón. Rodeada de grandes navesindustriales, posiblemente estaba destinada a ser un edificio más en este modesto parque industrial / AGUSTÍN ORTIZ HERRERA

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España hundida en un mar de corrupción y saqueo

El agua del vaso ha llegado hasta el borde y se ha desbordado por todas partes. La corrupción, se sigue viendo hoy en día, ha llegado al límite, todas las administraciones e instituciones de este Estado llamado democrático se han visto afectadas. Lo que ahora se denomina la Casta, es decir el poder 'político financiero judicial mediático', ha hecho saltar por los aires toda discreción y el grado de impunidad es escandaloso. Desde luego, según todos los índices, este país ha batido dentro del mundo occidental todos los récords de delincuencia de cuello blanco. Al menos hasta las próximas elecciones seguiremos asistiendo a esta degradación moral y ética de una casta deshumanizada.
"ARTURO BORRA*: El escándalo moral ante el estallido de denuncias de corrupción en España no deja de tener una dimensión hipócrita: nadie puede alegar de forma legítima desconocimiento al respecto. Lo que la derecha llama “milagro económico” español no ha sido otra cosa que la materialización de un crecimiento macroeconómico desigual estructurado sobre la base de prácticas corruptas en las que han participado gobiernos, grandes empresas, la banca privada y algún que otro invitado de honor, como es el caso de algunos líderes de los sindicatos mayoritarios. Nada de ello habría sido posible sin la complicidad objetiva (o, si se prefiere, la pasividad cómplice) de las mayorías sociales.

A nivel nacional, el saqueo sistemático a las cajas de ahorros, la organización fraudulenta de macroeventos deportivos, artísticos o religiosos, las contrataciones y adjudicaciones públicas a comisión a empresas privadas, el rescate estatal a la banca privada, los procesos de privatización acelerada de diversos organismos públicos o la estatización de deuda privada, entre otros asuntos, marcan las últimas décadas. Los escándalos actuales de corrupción (desde las tarjetas opacas en manos de políticos, banqueros y sindicales hasta las salpicaduras que afectan a la abrumadora mayoría de la cúpula del partido de gobierno, por no referirnos a la ingeniería de usurpación de algunos clanes familiares) no constituyen ninguna novedad: la condición de acceso al sistema político vigente implica, como regla, la aceptación de un régimen de prebendas. Nunca insistimos demasiado al remarcar que la globalización económica es también la globalización de la impunidad de las grandes corporaciones (favorecidas por la infrarregulación de los mercados) y la reconfiguración del sistema como capitalismo del saqueo.

En este sentido, la cleptocracia está institucionalizada y desborda la esfera estatal: no constituye una “perversión” con respecto a una pauta de rectitud diferente, sino que es el modo regular de funcionamiento de la economía-mundo y, en grados variables, según los controles públicos desplegados, de las democracias parlamentarias actuales (1). La ecuación de la gobernabilidad está ligada a la regulación de estas prácticas corruptas, no a su extirpación. El enriquecimiento ilícito de las autoridades dirigenciales es condición de gestión de políticas públicas antipopulares que tienen como beneficiarios inequívocos a las elites económico-financieras que las impulsan a base de mecanismos como el soborno, las puertas giratorias, los préstamos blandos, las dádivas y, en general, la instauración de un sistema ilegítimo de privilegios. Aunque no hay un límite fijo a estas prácticas sistémicas, su expansión ilimitada siempre corre el riesgo de provocar una «crisis de legitimidad».

Es desde ese transfondo político como podemos interpretar de forma plausible el actual giro jurídico-mediático ante la corrupción estructural que afecta a España. En efecto, lo que resulta novedoso en el presente no es la existencia de estas prácticas delictivas, sino la proliferación de actuaciones judiciales y denuncias mediáticas en torno a ellas. Aunque no hay motivos para la euforia, desde las revueltas pacíficas del 15-M, el estado de ánimo colectivo ha cambiando de forma acelerada: ante el ensanchamiento de la desigualdad socioeconómica y el deterioro de las condiciones de vida de amplias franjas sociales, la corrupción organizada de las élites económicas, financieras y gubernamentales es objeto de un repudio social generalizado. Lo que antaño se consentía de forma tácita, aparece hoy como algo inadmisible, aun cuando el grado de movilización social siga siendo menor al que cabría prever en circunstancias semejantes. El ascenso electoral de Podemos no es sino la encarnación de ese estado de ánimo que enlaza la indignación colectiva con la voluntad de un cambio político relevante.

Así, la hipótesis de lectura más plausible para dar cuenta de este giro jurídico-mediático podría plantearse a partir de lo que en ajedrez se denomina tour de force, esto es, un movimiento forzado producto de la deslegitimación creciente de esas instituciones y la intensificación de las luchas en su interior. Incluso si sigue siendo pertinente preguntarse por otros factores que pudieran estar incidiendo en este giro, la creciente crisis de legitimidad podría estar provocando fisuras significativas en las alianzas de las clases dominantes. Las actuaciones judiciales contra la corrupción pueden interpretarse como un intento de revertir el descrédito del que es objeto el sistema judicial en su conjunto. En particular, constituyen indicios del debilitamiento de una mayoría judicial conservadora, desacreditada tras el castigo ejemplarizante a jueces emblemáticos en la lucha contra la corrupción (destituidos por prevaricación) y del bloqueo sistemático de las investigaciones judiciales de este tipo de delitos cuando afectan a miembros destacados del establishment.

A nivel mediático, la hipótesis implica una variante: el giro de los medios privados de comunicación está interrelacionado tanto a esta nueva dinámica judicial como a la presión social creciente. Si por momentos los medios de prensa más conservadores van por delante de las actuaciones judiciales, ello se debe, ante todo, a una política editorial que anticipa un escenario temido, esto es, la profundización de una crisis de legitimidad que supondría, en primer lugar, el viraje electoral hacia fuerzas político-partidarias emergentes, como es el caso de Podemos. Las denuncias sobre corrupción responden a la lectura que los discursos mediáticos dominantes hacen del actual contexto político: sin una intervención contundente por parte del gobierno nacional que interrumpa la impunidad y penalice a los sujetos implicados (algo que difícilmente puede hacer, dado que comprometería a buena parte de sus miembros), el viraje político hacia la izquierda se hace cada vez más inevitable. Se trata, pues, de una versión novedosa del imperial miedo a los bárbaros, por demás de manifiesta en la auténtica cruzada que estos discursos han emprendido contra aquellos que encarnan de forma verosímil alguna tentativa de cambio. Semejante jugada estratégica, desde luego, sigue siendo arriesgada: salvar el neoconservadurismo arremetiendo contra el partido de gobierno que lo encarna puede crear efectos contrarios a los previstos. Seguir prescribiendo un “capitalismo sano”, orientado a la iniciativa privada y la reducción de lo público -como si no se tratara de un oxímoron o una contradicción de los términos- se parece cada vez más a un ejercicio de periodismo-ficción.

No cabe descartar que el discurso contra la corrupción desate una debacle gubernamental, pero sigue siendo algo completamente incierto si esa debacle dará cabida a un cambio político profundo o a una mera reestructuración del bloque dominante. La crisis de hegemonía puede dar paso a lo emergente sólo en la medida en que se conecte esa corrupción generalizada al sistema que la produce. Es esa crisis lo que anuncia una oportunidad histórica de cambio que sobrevuela el presente.


* Rebelión - AB - 6.11.14
Foto:

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Viviendas ilegales: de la permisividad a la cultura urbanística

España es un país con poca cultura urbanística, a pesar de poseer una enorme herencia desde tiempos antiguos, como fue la romanización y la pertenencia a un modelo clásico occidental. Hasta el año 1956, en plena dictadura, no hubo una Ley de Suelo auténtica, que nació con buenas intenciones pero dejando enormes lagunas, como se vio en el 'desarrollismo' posterior. Actualmente, aunque la situación legislativa ha mejorado, su puesta en práctica sigue dejando mucho que desear. El caso de la reciente burbuja especulativa y la corrupción urbanística lo demuestran claramente. En el apartado de las viviendas ilegales construidas en suelo rústico, la complicidad política, y luego judicial, ha permitido llegar al caos actual, donde muchas miles de viviendas esperan una solución no siempre fácil, por desgracia.
"JOSEFINA CRUZ VILLALÓN* : Que en Andalucía existan centenares de miles de viviendas en suelo no urbanizable (y en España más de un millón) no es producto de una noche de borrachera. Solo puede ser producto de una acción continuada en el tiempo, como resultado de la inexistencia de normas precisas al respecto; o con normas, pero sin voluntad ciudadana ni política de cumplirlas. Solo cuando se ha plantea la necesidad de controlarlas, o derribarlas de acuerdo con la legalidad, se han convertido en un problema social y político.

La cultura urbanística se ha ido construyendo lentamente. Nuestra primera ley urbanística, de 1956, es reconocida por ser un texto de una gran calidad técnica, pero de escasos resultados efectivos. El Urbanismo empieza a ser una prioridad política en los años setenta, coincidiendo con los primeros ayuntamientos democráticos y la fuerte expansión urbana. En esos momentos lo prioritario era dar respuestas al crecimiento de las grandes ciudades; el campo no era un problema urbanístico. Quizás por ello, la legislación estableció tres conceptos y clases de suelos: el Urbano, el Urbanizable y el No Urbanizable, que se mantienen hasta hoy. Se ha advertido con frecuencia que este último recibe una denominación inadecuada, en negativo; pero a mi modo de entender refleja muy bien la idea de que es el espacio ajeno a la ciudad, el espacio ignoto de los mapas antiguos con el territorio que estaba más allá del mundo conocido.

La cultura urbanística empieza a extenderse entonces en los suelos urbanos y urbanizables. Ha habido también mucha indisciplina urbanística, pero hoy todo propietario sabe que si el Plan Urbanístico dice que se pueden construir cuatro plantas, no construye seis (antes se hacía); si el Plan declara que un inmueble está protegido por sus valores arquitectónicos, el propietario sabe que no puede demolerlo (antes se hacía para construir un centro comercial o un bloque de viviendas); los terrenos destinados a la construcción de un parque, se respetan (antes, no siempre).

Sin entrar en detalles, hoy el Plan urbanístico se cumple en los ámbitos urbanos y los Ayuntamientos ejercen el control de las actuaciones y la disciplina urbanística. Mientras tanto el Suelo No Urbanizable es un gran contenedor que no solo es ocupado por el espacio productivo agrario. Es donde se construyen carreteras o aeropuertos (¿dónde si no?) donde se instalan grandes vertederos de basura o cementerios de vehículos (¿dónde si no?), se abren canteras (¿dónde si no?), … y se construyen viviendas (por qué no?).

Viviendas en suelo no urbanizable ha habido antes de que la legislación urbanística existiera. La mayoría son viviendas vinculadas a la explotación agropecuaria y ninguna legislación urbanística establece prohibición alguna a su existencia, ni a la de los edificios anexos: casas de aperos de labranza, establos y naves para el ganado, bodegas, cortijos, pabellones de caza y un largo etcétera. Aquí no está el problema, salvo que se haya solicitado autorización para ampliar la caseta de los aperos de labranza y el resultado sea la construcción de un chalet con piscina. El problema se genera con la proliferación de viviendas no vinculadas a la agricultura.

El coste politico

La proliferación de vivienda “en el campo”, y en términos jurídicos en suelo no urbanizable, está vinculada a diversos factores: La disminución de la actividad agraria, la mejora del nivel de vida, el incremento del parque de automóviles y de la movilidad, la demanda de segunda residencia para españoles o de primera residencia para extranjeros, son factores que se concatenan para provocar tal ocupación del territorio. Pero ¿por qué ilegales? ¿Por qué en suelos no urbanizables? Por tres razones muy simples: porque son más baratas, por la permisividad de las Administraciones y porque no existe una concienciación ciudadana que repruebe esos comportamientos.

Con frecuencia, la Administración que ha de vigilar el cumplimiento de la legalidad urbanística no ha ejercido su responsabilidad, bien porque no ha sido capaz de ejercer la disciplina urbanística en todos los rincones de su término municipal, bien porque ha sido permisiva ante el coste político que suponía le podría acarrear frenar tales actuaciones, e incluso se ha visto como una diversificación de la actividad económica en sus pueblos, con las nuevas construcciones y el incremento de residentes.

En los suelos que se ocupan legalmente, la construcción de viviendas viene precedida de la urbanización de esos suelos a los que se les dota de alcantarillado, abastecimiento de agua, luz y telefonía, pavimentación y acerado de las calles, y las administraciones reciben una parte de esos suelos para la construcción de viviendas protegidas y para los equipamientos que el nuevo sector urbano requiere (colegios, centros de salud, parques y jardines, …). Finalmente, todos estos costes de urbanización son repercutidos en el precio de la vivienda; pero ninguno de ellos es asumido por el comprador de una parcela en suelo no urbanizable, de ahí que su coste sea bastante inferior. Los adquirientes de estas viviendas, una vez asentados, reclaman los mismos servicios y acceso a dotaciones públicas y se organizan para que se legalice su vivienda, algunas adquiridas de buena fe y otras no tanto. El tiempo transcurrido desde su construcción y la inactividad de los poderes públicos son argumentos que juegan a su favor.

Mientras el número de estas viviendas ilegales se va incrementando hasta cifras inasumibles y se pone de manifiesto la insostenibilidad de ese “modelo” de ocupación del territorio por el consumo excesivo y desordenado de los recursos naturales, el deterioro ambiental y paisajístico, y el deficiente funcionamiento de infraestructuras y dotaciones, una nueva cultura del territorio reclama una actuación más firme y eficaz que es recogida por algunas leyes urbanísticas autonómicas, entre ellas la andaluza, y la Ley del Suelo estatal de 2008. Se identifican sus valores naturales, culturales y patrimoniales y se prohíbe la ocupación residencial de esos suelos.

De igual modo, el Código Penal de 1995 tipifica por vez primera el delito contra la Ordenación del Territorio como un delito penal. Las Administraciones empiezan a actuar de forma algo más decidida (algunas más convencidas que otras), ya no se conceden tan irresponsablemente licencias de construcción, las empresas abastecedoras de servicios públicos (agua y luz, sobre todo) conocen también su responsabilidad si prestan tales servicios a viviendas no legales, notarios y registradores se cuidarán de inscribir estas propiedades; en fin, los Tribunales de Justicia intervienen, se dictan sentencias de demolición, y hasta se demuelen alguna viviendas.

Una caótica situación heredada del pasado

Pero para entonces ya tenemos sobre el territorio esas cientos de miles/ese más del millón de viviendas en suelos no urbanizables. Con situaciones administrativas, territoriales y de legalidad muy diversas. Las hay legales, donde el delito ha prescrito, con licenciadas impugnadas o no, con sentencia de demolición, en suelos inundables, en suelos protegidos, aisladas junto a otras decenas (o centenares) de viviendas aisladas, formando parte de parcelaciones ilegales, … Y todas reclamando “sus derechos”, además con mayor insistencia en la medida que han pasado a ser primeras residencias.

Las Administraciones han de hacer frente entonces a la resolución de una caótica situación heredada del pasado y de la que en parte es responsable, por su propia ineficacia o inactividad. Las Comunidades Autónomas de una u otra manera han ido adoptando medidas, como ha sido el caso de Andalucía con el Decreto aprobado a principios de 2012 o con las medidas que ahora ha anunciado la Presidenta, sin que aún se conozcan los detalles técnicos de la solución propuesta, y que ha suscitado aplausos, críticas, declaraciones ambiguas, expectativas infundadas y bastante demagogia.

Por ello, junto a la voluntad de querer dar solución a parte del problema, porque debe quedar claro que no todas las viviendas construidas en suelo no urbanizable son legalizables, no solo son importantes los instrumentos técnicos y los procedimientos de legalización o regularización, sino es mucho más importante la actitud política con la que se aborde.

En relación a los primeros, las medidas que se hayan de tomar para legalizar o reconocer de facto la existencia de estas viviendas no deben implicar cambios legislativos que supongan una desprotección frente a previsibles actuaciones futuras; no se puede modificar la Ley urbanística para dar solución a una situación heredada del pasado, porque se están incorporando marcos de actuación futuros.

Por otra parte, la legalización o reconocimiento de estas viviendas debe ir acompañado de la contribución de sus propietarios a la creación o ampliación de las infraestructuras y equipamientos públicos necesarios: De no ser así, será el conjunto de la sociedad la que soportará su coste. En este punto es donde hay mucha ambigüedad y bastante demagogia; y ejemplos no nos faltan de procesos de regularización anteriores, en los que los posibles beneficiarios se han negado a realizar tales contribuciones.

Pero más importante aún es la actitud política con lo que se debe afrontar este problema. Obviamente en la prohibición de construir viviendas en suelo no urbanizable hay una posición política de una determinada forma de hacer las cosas, hay un modelo de ocupación del territorio, hay una opción clara por la “utilización racional y sostenible de los recursos naturales” y “de la subordinación de los usos del suelo … al interés general” (art. 3º de la LOUA). Y en ese sentido, las Administraciones responsables tienen que controlar eficazmente posibles intentos de sortear la norma. La legislación tiene instrumentos más que suficiente para abordarlos; la única condición es que haya voluntad política de hacerlo. Y al mismo tiempo hay que avanzar en la concienciación ciudadana de que este modo de proceder es contrario al interés general, pues mientras la ciudadanía no repruebe estos comportamientos, todo será inútil y seguirán poniéndose puertas en el campo.

* Josefina Cruz Villalón. Catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Ha sido Consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía.

* El Diario - 2.10.14
Foto: Axarquía (Málaga), casas diseminadas ilegales - sur.es

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Crónica de la gran burbuja inmobiliaria española

La llamada 'burbuja inmobiliaria' fue una operación especulativa realizada a gran escala en todo el país, que comenzó en los primeros años del gobierno 'popular' de Aznar, gracias a leyes tan permisivas como la Ley de Suelo de 1998. Al calor de esta laxitud político-judicial surgieron de la nada nombres que, de la noche a la mañana, se convirtieron en multimillonarios especulando con terrenos y construcciones inmobiliarias salvajes, impropias de un país europeo con un importante patrimonio urbano y medioambiental. El periodista Lluís Pellicer, relata en su libro el ascenso de los promotores inmobiliarios que alentaron el mayor proceso especulativo de la historia. En este fragmento se explica el caso de Astroc, un ejemplo empresarial paradigmático de lo que fue esta gran estafa urbanística que, lógicamente, arrastró al resto de los sectores a la enorme crisis que todavía padece este país.
"LLUÍS PELLICER* : El imparable ascenso de Astroc encumbró a Enrique Bañuelos hasta el puesto 95 en el ranking de fortunas del planeta y la tercera de España, con un patrimonio estimado de 7.700 millones de dólares —5.770 millones de euros—, solo por detrás de Amancio Ortega y Rafael del Pino y por encima de nombres como los de Esther y Alicia Koplowitz, Isak Andic, Emilio Botín o Florentino Pérez. Bañuelos ya no era un desconocido, sino el alquimista capaz de transformar un campo de patatas en un negocio redondo. Ahora bien, ¿valía Astroc 9.000 millones de euros? En abril de 2007, en una entrevista en El País, Bañuelos daba la razón a un mercado que le sonreía: “Algo tendrá el agua cuando la bendicen”.

El folleto de salida a Bolsa de Astroc es una reliquia de los años del boom. La promotora presentaba una cuenta de resultados de ensueño: las ventas, de 162,9 millones, habían crecido en un año el 632,1%, lo que le permitía lucir el beneficio “más alto de su historia”, de 61,7 millones. Desmenuzando esas cuentas, resulta que el 53,7% del negocio procedía de las compraventas de terrenos, que se incrementaban el 632,9% respecto al año anterior. El peso de esa actividad podría considerarse desequilibrado, dado que se considera la actividad de mayor riesgo de toda la cadena que compone la promoción inmobiliaria.

Sin embargo, a los responsables de Astroc les gustaba definir la empresa como una “gestora de suelo”. Pero, ¿qué terrenos gestionaban? La documentación para el estreno bursátil fijaba que el valor de los activos de la empresa ascendía a 609,1 millones de euros. De esa cantidad, el 70% correspondía a suelo, el 20% a edificios y menos del 10% al alquiler, que la propia firma tacha de “residual”. Dado que Astroc destacaba su perfil de administradora de terrenos, su fortaleza debía estar en la cartera de 6,65 millones de metros cuadrados de suelo que tenía en su poder. Pues bien, el 66,4% estaba protegido por la Administración y, por lo tanto, en él no podía levantarse ni un apartamento. Traducido a euros, además, ese 66,4% de suelo protegido no suponía ni el 12% del valor de la cartera. Un colaborador cercano a Bañuelos reconoce que el modelo de negocio era “una locura”. “Entonces todo nos daba igual. Como norma, el Excel lo aguantaba todo. Siempre”, explica.

La empinadísima diagonal ascendente que dibujaba la cotización Astroc en 2006 solo puede entenderse dentro del contexto de la burbuja inmobiliaria. Las plusvalías que ofrecía la compraventa de viviendas eran mucho más jugosas que las de cualquier otra actividad. Los activos llegaron a revalorizarse un 20% anual en plena euforia. Entre 1997 y 2007, la rentabilidad de la vivienda —la que da el alquiler y la plusvalía— fue del 16% por año, muy por encima de la de cualquier otro sector. El alquiler de casas solo daba en ese periodo el 5%; los fondos de inversión arrojaban una rentabilidad de apenas el 3,55%; los fondos del mercado monetario, el 2,25%, y la Bolsa ofreció un rédito del 11,6%.

Y aun así, un 16%, e incluso un 20%, era una rentabilidad muy modesta en un mercado dominado por los excesos. Tanto era así que muchos clientes que habían dado una señal para reservar un piso sobre plano se encontraban que, cuando tenían que realizar el siguiente pago, la promotora les ofrecía el dinero que habían entregado y una cantidad extra para que renunciaran al piso. Ello se debía a que el mercado había crecido de tal modo que podían incrementar el precio y cubrir esa gratificación al cliente.

En el sector hay consenso de que la clave para superar esa rentabilidad estuvo en el suelo. Gonzalo Bernardos, uno de los analistas que se atrevió a augurar la llegada de la crisis inmobiliaria en pleno boom, pone un ejemplo muy plástico: “A finales de 2002, un promotor adquirió en la ciudad de Tarragona un solar urbano por valor de 950 euros el metro cuadrado de repercusión. Su expectativa era vender las viviendas a un precio de 2.150 euros el metro cuadrado. Estimaba que los costes totales de la promoción serían aproximadamente de 850 euros el metro cuadrado y, por tanto, que el beneficio alcanzaría los 350 euros el metro cuadrado. Es decir, sin recurrir a la financiación ajena, la rentabilidad obtenida sería aproximadamente de un 20%. Sin embargo, mientras planificaba y ejecutaba la promoción se produjo un gran aumento de la demanda de residencias que comportó, en primer lugar, un elevado incremento del precio de la vivienda y, posteriormente, del suelo residencial”. Cuando acabó la promoción en 2006, ese promotor pudo vender a un precio mucho más elevado, de 3.600 euros por metro cuadrado. En lugar de un margen del 20% logró uno del 100%, del cual el 20% procede de la gestión de la promoción —lo previsto— y el 80% del encarecimiento del suelo.

Ese margen seguía sin ser suficiente para muchas empresas. La fórmula que mejor permitía llenar las arcas de las inmobiliarias consistía en comprar suelos rústicos o todavía no urbanizables, cuyo precio en principio debía ser irrisorio, y esperar su recalificación. Era el modelo Astroc. “Bañuelos no había puesto un ladrillo hasta la salida a Bolsa”, ironiza un empresario valenciano del sector. La frase es un tanto exagerada, puesto que hasta entonces el promotor había construido cientos de viviendas en Sagunto, Canet de Berenguer y Oropesa. Pero la promoción no estaba en el corazón del negocio de Astroc. Bañuelos adquiría suelos en fases previas a la urbanización, ideaba un proyecto, lograba la luz verde para construir en ellos y los revendía listos para edificar. A eso se refería cuando definía a Astroc como una “gestora de suelo”.

Allí donde un ciudadano veía solo un campo de naranjos, Bañuelos imaginaba miles de viviendas con jardín y garaje, tiendas y complejos deportivos o puertos de lujo.


* El País - LlP - 21.9.14
Foto: Promoción inmobiliaria en A Coruña / GABRIEL TIZÓN

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€UROestafa - Documental completo

Interesantísimo y largo documental, realizado recientemente, que explica cómo ha sido posible la crisis/estafa que ha sufrido este país en los últimos 15 años, que lo ha relegado a una posición atrasada dentro de su entorno europeo y global, mientras un número muy limitado de personajes 'listillos' se han enriquecido ilegalmente, sin que la justicia haya hecho nada por impedirlo. Para llegar a esta trágica situación ha sido necesaria toda una trama mafiosa formada por políticos y financieros sin escrúpulos que, con leyes y normas especulativas, han conseguido hundir al 90% de los ciudadanos en la miseria, con recortes de todos los servicios públicos fundamentales y, encima, lucrándose ellos mismos y sus amiguetes delincuentes. Por supuesto hay que destacar que el origen de esta gran estafa ha sido la famosa 'burbuja inmobiliaria', gracias a la permisividad política en el Urbanismo salvaje y a la financiación irregular de las empresas promotoras con la complicidad de las Cajas de Ahorro (y Bancos).

#UnDocumentalIncomodo

¿Cómo explicar que del esplendor de la burbuja inmobiliaria, hayamos pasado a una crisis económica sin precedentes?
€uroestafa narra un viaje al pasado para entender la involución económica y social del presente. Un viaje que nos ayudará a esclarecer ciertas tramas económicas difusas de nuestra historia, que han sido claves para el devenir de la sociedad Española y Europea. El documental indaga en los orígenes de la crisis, cuestionando el desarrollo de momentos históricos tan importantes como la Unión Económica y Monetaria.

Está dirigido por Guillermo Cruz y se basa en los estudios económicos del Catedrático en economía inmobiliaria Ricard Vergés, cuya experiencia en la estadística y contabilidad nacional, nos ofrece una investigación fiable con más de 20 años de estudio. Guillermo Cruz nos presentó hace seis años junto al Arquitecto Santiago Cirugeda, un primer trabajo centrado únicamente en la burbuja inmobiliaria Española "€SPANISH DR€AM", y que ya tuvo un gran éxito en circuitos independientes y en su difusión on line.

PRODUCCIÓN: MEDIA FAMILY, tururut art infogràfic, Guillermo Cruz, Ricard Vergés

DIRECCIÓN: GUILLERMO CRUZ
INVESTIGACIÓN: RICARD VERGÉS
GUIÓN: GUILLERMO CRUZ, RICARD VERGÉS
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: GAIZKA ALTUNA
OPERADORES DE CÁMARA: GAIZKA ALTUNA, GUILLERMO CRUZ, RAÚL DE LA MORENA, ÒSCAR XAVIER GC
MONTAJE: GUILLERMO CRUZ, BRUNO PALAZÓN-ARNAUD
POSTPRODUCCIÓN: ÒSCAR XAVIER GC tururut art infogràfic
MÚSICA: JUAN MARCHENA GÓMEZ
VOZ EN OFF: XAVIER MAYANS
COMUNICACIÓN: ANTONIA CRUZ, SONIA FERNÁNDEZ, CRISTINA MANGAS, JORDI MARTÍNEZ
COMMUNITY MANAGER: JORDI MARTÍNEZ


* YouTube - 26.6.14

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Mi casero es un fondo de inversión

Los fondos de inversión llevan muchos años en el candelero de los productos financieros más demandados, ahora bien, últimamente, muchos se han ajustado más y ahora son llamados con más propiedad 'fondos buitre', pues a eso se dedican realmente. No tienen cara ni sentimientos y se mueven al margen de las leyes nacionales o políticas, es la nueva economía global del capital depredador. En unos de los sectores más golosos como el de la vivienda no podían pasar desapercibidos y su influencia se nota (negativamente) en hechos que a veces no se perciben, pero que causan un gran perjuicio a numerosas personas en su vida cotidiana. Por ejemplo se sabe que en un solo año 5.093 viviendas públicas de este país han pasado a manos de empresas privadas. Algo muy grave y delictivo, sin duda.
"ELPAÍS* : Vanesa Fernández ha pasado de tener un casero llamado Estado a uno que se llama Goldman Sachs. El primero era más permisivo y aplicaba reducciones en el alquiler para que esta mujer en paro y con un hijo pudiera seguir pagando. El segundo no ha cambiado los términos del contrato pero lo aplica a rajatabla, pues busca la rentabilidad. Y eso es lo que ha hecho que esta mujer esté con un pie en la calle.

En plena burbuja, comunidades y ayuntamientos compraron terreno a precio muy elevado y dedicaron parte a levantar vivienda protegida. Ahora, con el corsé impuesto por Hacienda que les obliga a dar beneficios, los han revendido a fondos de inversión.

Vanesa Fernández, de 35 años, tardó siete en lograr que el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) le diera un piso protegido en régimen de alquiler. En 2012 se mudó al piso, un apartamento de 43 metros cuadrados en el Ensanche de Vallecas. Comparte la cama con su hijo de ocho años y viven también con ellos un jilguero y una siamesa que saluda dejando su orín en la funda del cámara. Le cobraban 409 euros. Meses después perdió su empleo como limpiadora. Pidió entonces a la Comunidad de Madrid una reducción de su cuota. Se la concedieron: durante dos años, prorrogables, solo tendría que pagar 81 euros al mes.

Pero las condiciones han cambiado. Desde octubre, su casero ya no es el Estado, sino Encasa Cibeles, la inmobiliaria de dos fondos de inversión: el estadounidense Goldman Sachs y el español Lazora, especializado en alquilar vivienda protegida, que tiene entre sus accionistas a la gestora de pensiones de Telefónica y del BBVA.

En situaciones similares se encuentran los residentes de 2.953 viviendas del Ivima, 1.860 pisos del Ayuntamiento de la capital y 298 del de Barcelona. Habrá más. La Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid (EMVS), con un agujero de 25,8 millones, planea desprenderse de más vivienda protegida para cumplir con el corsé del Ministerio de Hacienda que le obliga a dar beneficios.

Los nuevos propietarios están forzados a mantener los contratos de la Comunidad o los Ayuntamientos. El problema es que estos incluían claúsulas que muchas veces se aplicaban de forma laxa en función de las condiciones económicas de los inquilinos. Ahora los nuevos dueños las aplican de forma estricta.

Vanesa Fernández, por ejemplo, tendrá que volver a pagar los 409 euros de alquiler que fijaba su contrato inicial (300 por el piso y 109 por una plaza de garaje que no usa pero que es ilegal alquilar). Pero no puede. Sus ingresos son 150 euros que le pasa su expareja por el niño y los 338 euros de la renta mínima de inserción. A veces saca 100 euros al mes limpiando, pero no siempre. La reducción del alquiler que le había concedido la comunidad era su única opción para poder acceder a una vivienda.

Pero la Comunidad de Madrid ya no se hace cargo. Y, cuando Vanesa comunicó a Encasa Cibeles que en agosto tenía que renovar la reducción de su alquiler, le informaron de que ya no vivía en suelo público, y de que una vez caducada dejaba de tener derecho a esa ayuda (al igual que otras 500 familias). Vive desde entonces atemorizada. “Cuando deje de poder pagar, ¿me desahuciarán?”, se pregunta. “¿Dónde viviremos?”. Ha añadido un cerrojo a la puerta porque teme que alguien intente ocuparla. La mitad de las viviendas de su planta lo están.

El mismo miedo que siente Vanesa se ha apoderado de Margarita Ponsa, de 63 años. En 2012 la realojaron de la casita baja en la que vivía en un piso del Ivima. Un día Margarita vio cómo cuatro todoterrenos se paraban en la puerta de su vivienda, con vistas a las cuatro torres, y salían de ellos varios ejecutivos que clavaban los ojos en su edificio. Días después recibía una llamada supuestamente del Ivima en la que le pedían información de muchos de sus vecinos, lo que la terminó de preocupar. Días después se extendió el rumor de que el edificio había pasado a manos de un fondo de inversión. Anda desde entonces atemorizada. Solo cobra 426 euros al mes y no le da para pagar su alquiler. Con su reducción actual, del 60%, se le queda en 100 euros. Lo que no sabía Margarita, es que la subasta de su edificio quedó desierta. Por el momento puede respirar tranquila: su vivienda sigue estando en manos públicas.

Enrique Villalobos, de la Asociación de Vecinos del Ensanche de Vallecas, explica otros problemas que han descubierto los vecinos afectados: “Aunque el contrato incluía el pago del IBI por parte de los inquilinos, la Comunidad de Madrid no lo cobraba. Pero Encasa Cibeles ha empezado a hacerlo. Además, están subiendo los gastos de comunidad un 15%”. La mayoría de los casos eran contratos de alquiler con opción de compra y los inquilinos están comprobando que, a diferencia de lo que esperaban de la Comunidad de Madrid, los fondos de inversión están fijando el mayor precio de mercado que permite el contrato para la compra-venta.

Los que eran inquilinos del Ayuntamiento de Madrid también se quejan. En Carabanchel, los vecinos de una promoción municipal ven que se acerca agosto y no van a poder comprar la casa como algunos deseaban. El contrato de un tercio de los pisos dice que la Empresa Municipal de la Vivienda “facultativamente” se lo ofertará, pero el negocio de los nuevos dueños —Blackstone y Magic Real Estate— es alquilar y no abren esa posibilidad. Muchos vecinos han invertido en las casas y se sienten indefensos.

Miguel Oñate, de Magic Real Estate, afirma que las condiciones de alquiler se mantienen en todos los casos. Oñate asegura que están dispuestos a bajar el precio hasta un 25% a quienes contaban con una ayuda social y a llegar a acuerdos con quienes no pueden cumplir. Trescientos vecinos no pagaban; hoy son 50. Tienen 15 okupas y cuatro desahucios pendientes: uno se va a ejecutar pues el inquilino se niega a pagar. Los otros tres los han paralizado mientras el Ayuntamiento busca otro piso a las familias.

Uno de los desahucios paralizados es el de Mari, de 51 años, su marido y su hija enferma. En 2012 la familia dejó de pagar los casi mil euros de piso (que incluye los gastos de agua y luz) porque él, albañil, se quedó en 2009 sin empleo y ella, asistenta, no puede trabajar por problemas de fibromialgia, diabetes y un glaucoma. Ella entiende el desalojo ante el impago, pero no que no se haya rebajado el alquiler de su vivienda social en función de su renta, que es de 420 euros mensuales, o que no le hayan cambiado, como pidió, a un piso más pequeño. “Vivo aquí desde 2006. Nadie me ha regalado nada. Tengo fotos con la concejala que subió a mi casa a hacerse fotos para la prensa”, cuenta por teléfono Mari, que quiere preservar el anonimato mientras busca un nuevo piso. En diciembre se enteró de que su caso llegaba a los juzgados y se acercó a Magic Real Estate para negociar. “Nos preguntaron de dónde éramos. Y nos dijeron que por qué no íbamos pensando en mudarnos a Burgos que es más barato”, cuenta pasmada. La gestora no ha pedido que ejecuten su desahucio.

En Barcelona, 298 viviendas municipales han pasado a manos de Azora Gestión, dueña también de Lazora. Josep Ortiz, representante de los vecinos, explica que, aunque los alquileres se mantienen, los gastos de mantenimiento han subido un 50% y les obligan a alquilar una plaza de garaje. Le preocupa la “indefensión” ante “especuladores que no garantizan que con nuestro dinero se mantenga vivienda protegida”.

Muchos vecinos del Ivima están empezando a recibir órdenes de desahucio. Por ellos intermedia la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. “Le pasamos a la Consejería los desahucios que nos llegan”, dice Villalobos. “Su compromiso es estudiarlos. Hasta ahora se están parando. A algunos les presentan un plan de pagos y a otros les ofrecen vivir en barrios o localidades donde la gente no quiere”. El Ivima sostiene que no se ha “desvinculado” y hace de “mediador” para evitar desahucios. Encasa Cibeles declina responder pero asegura que hacen “un gran esfuerzo para ofrecer soluciones a quienes lo necesiten, en colaboración con trabajadores sociales y la Administración Pública”. Hoy Goldman Sachs negocia con empresarios chinos vender sus casas en Leganés.

El Defensor del Pueblo, que ha pedido más información al Ivima, sostiene que los afectados debían haber tenido la consideración de interesados en la venta de sus viviendas. Estos han creado una asociación para unirse a la querella del PSOE contra la directora del Ivima, Ana Gomendia, a la que acusan de vender a un precio irrisorio los pisos y de prevaricación y malversación. Han contratado a los abogados que ganó la causa de la Sanidad pública contra las privatizaciones de Lasquetty, el bufete Liria. Sus honorarios, 30.000 euros, esperan recaudarlos mediante micromecenazgo. “Podríamos incluso lograr la paralización y retrotraer la venta si el juez la considera fraudulenta”, dice Juan Carlos Antón, abogado del bufete.

Tras la nueva compra, Lazora gestiona más de 8.400 viviendas protegidas en alquiler en 13 ciudades. Muchos de sus inquilinos no están pudiendo pagar. Carmen, aragonesa, les debe tres meses. Su cuota es de 447 euros. “El alquiler es demasiado alto, no deberíamos pagar tanto de comunidad ni de IBI. Cuando tenemos un problema la chica en Zaragoza dice: ‘lo hablaré con Madrid”. Loli Cuenca, 38 años, de Alicante, aporta otra queja: “Cuando no quieren comunicarse, desaparecen”. Lo vivió tras dejar tres meses impagados al morir su padre, con cuya pensión pagaban el alquiler. “Quisimos pagar pero no hubo forma. Lazora cortó la conversación”. Días después recibieron su orden de desahucio.


* El País - CARMEN PÉREZ-LANZAC / ELISA SILIÓ - 29.6.14
Foto: Bloque de viviendas en construcción - 20minutos (archivo)

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El ladrillo se convierte en azucarillo

La enorme crisis-estafa que sufre España desde hace ya unos años tiene su origen en la década de los noventa y fue realizada con premeditación y alevosía. En el campo urbanístico y de ordenación del territorio se puede poner como fecha la de 1998, con la aprobación por el Gobierno Aznar de la nueva Ley de Suelo. Esta delictiva ley, conocida como la del "todo vale", dio vía libre a la especulación urbanística salvaje en la que todas las administraciones sacaron tajada con el apoyo de un sistema financiero 'ad hoc' como fueron las culpables Cajas de Ahorro (controladas por el poder político). Esto permitió un despilfarro público sin límite y la generación de enormes plusvalías en todos los actores de la construcción que dio origen a la tristemente famosa 'burbuja inmobiliaria'. Sin embargo, a día de hoy, la casi totalidad de delincuentes de 'guante blanco' que obtuvieron sustanciosas ganancias con semejante proceso mafioso, continúan en la calle sin que la justicia haya actuado contra ellos como debía.
EDUARDO LIZARRAGA* : Todo comenzó en 1998, cuando el primer gobierno de Aznar, con Rato como asesor, se empeñó en lograr que el precio de la vivienda fuera más asequible para todos los españoles y reactivar de paso el sector inmobiliario, muy tocado tras la crisis del ’92. Para ello aprobó una nueva Ley del Suelo. O al menos eso es lo que dijeron en su momento. Otras lenguas, seguro que perversas, aseguran que fue una petición de muchos políticos municipales que querían tener recursos a su alcance. Recursos en suelo o lo que es lo mismo en dinero.

El caso es que dando mayores disposiciones municipales sobre el suelo éste no se abarató sino todo lo contrario. Y la vivienda para todos los nacionales tampoco. Eso sí, comenzó un negocio muy lucrativo, el del ladrillo, para unos cuantos españoles —demasiados— visto lo que pasó. Ya es imposible dar marcha atrás, pero en la distancia y en los juzgados puede verse que la mayoría de los casos de corrupción sucedidos tienen como causa la especulación inmobiliaria y la recalificación de terrenos. Municipios de cualquier color político repartiéndose el botín con sus controladores autonómicos que además “intercedían” con la Caja Provincial para conseguir el dinero necesario para la operación. Todo ello, sin hablar de que estas recalificaciones, y las construcciones que les siguieron, han sido el principal daño causado al medio ambiente y la biodiversidad en nuestro país durante los últimos veinte años.

Y aunque ahora se rasgue las vestiduras, el PSOE no se opuso a tamaño dislate que multiplicaba las posibilidades de corrupción por 8.000, o algo más que es, o era en aquella época, el número de municipios españoles. Y si no se opuso es porque también le interesaba y esperaba poder captar recursos. Así, sin discusiones, se dieron las llaves del cofre del tesoro a políticos de bajo nivel y escasa preparación, que llenaron las arcas municipales y las cuentas de los partidos sin olvidar, en muchos casos, las suyas propias.

Y preparado el escenario llegaron los actores del drama que se avecinaba. Políticos de toda laya que estaban en política “para hacer dinero”, promotores antiguos, o de nuevo cuño, de esos del Mercedes 190 y el “peluco de oro” y que ponían en contacto a los políticos con terratenientes que se dejaban querer. Para cerrar el círculo faltaba el dinero y éste llegó, en principio, desde esas instituciones netamente españolas, contestadas por la UE como un anacronismo y en las que los dos partidos principales tenían las manos metidas hasta los tobillos: las Cajas de Ahorros. Estos organismos iban a ser la piedra fundamental para conseguir traer del futuro ingentes cantidades de dinero, para invertir en suelo y viviendas, que hipotecan ahora a los españoles imposibilitando la salida de la crisis por ausencia de financiación.

Y se inició la fiesta para algunos que ahora pagamos entre todos. La era dorada del derroche y los megayates.

El precio de las viviendas, a pesar de las previsiones aznaristas, subió de año en año y de mes en mes, de forma espectacular —casi un 30% en el 2006—. Tanto como los casos de corrupción municipal, muchos de ellos aún sin juzgar o prescritos. La costa se enladrilló sin nadie que se atreviera a decir nada, salvo Greenpeace, que fue acusada de querer frenar el desarrollo español y de ser enemiga del progreso.

A las Cajas se sumaron los bancos, y a los políticos municipales los autonómicos, con obras faraónicas “porque mi Comunidad se lo merece” era su frase repetida. Y así nos hicimos con aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, Centros de Congresos sin congresistas e Instituciones Feriales de primer orden, haciendo certámenes de novias, de coches de segunda mano o de alimentos macrobióticos.

Y los números fueron aumentando de manera obscena, al igual que los títulos absurdos… los primeros en construcción en Europa; el mayor ratio en consumo de cemento; los mayores incrementos de precios… Íbamos disparados, hasta que nos salimos en la curva de 2008 con Lehman Broters como copiloto. En enero de aquel año el Instituto Nacional de Estadística español anunció una fuerte bajada de la compraventa de viviendas (un 27% en el primer trimestre de 2008) y de la contratación de hipotecas (un 25% en enero de 2008), por lo que ahora se considera ese momento el de la explosión de la burbuja española.

Burbuja ésta que había sido negada de forma sistemática por los agentes del mercado y los partidos políticos, interesados todos ellos en que el negocio siguiera en marcha sin tener en cuenta las catastróficas consecuencias que su cortoplacista visión iba a tener. Según el Banco de España, en el periodo 1997-2007 el precio de la vivienda en España se había incrementado alrededor de un 150% en términos nominales, lo que corresponde con un 100% en términos reales, el precio máximo se alcanzó al final de la burbuja, en 2007; en ese momento comenzó el descenso en el precio de la vivienda.

Ahí acabó todo el espejismo de crecimiento, se vendieron los megayates, y ante la falta de dinero engrasando la maquinaria comenzaron a saltar los engranajes de la corrupción por todas partes. Era como si todos hubiéramos tenido los ojos cerrados con los billetes que caían desde los edificios en construcción y mientras lleváramos el bolsillo lleno todo nos daba igual. Los más listos ya se habían retirado del negocio en el que sólo quedaban los más pardillos y los que habían llegado al final. Las quiebras de las constructoras se multiplicaron, y daba igual el tamaño que tuvieran ya que ante el desastre la única diferencia es que hacían más ruido al caer.

Y con las quiebras, nuestra geografía comenzó a llenarse de edificios por vender, por terminar o por levantar; con urbanizaciones en mitad del campo llenas de farolas y calles que no llevaban a ninguna parte y en las que las malas hierbas crecían con profusión. A la vez y conforme el paro comenzaba a subir en un Tourmalet duro e interminable, las fachadas de los edificios se llenaban de anuncios de ‘Se Vende’ y las noticias de desahucios comenzaban a ocupar espacio en los periódicos. Los bancos, tan generosos un año atrás dando hipotecas al 100% con un 20% suplementario para el Cayenne, cerraban el grifo del dinero y agudizaban la crisis, imposibilitando que los pocos interesados en comprar pudieran hacerlo y logrando que los promotores enganchados se fueran al hoyo en tiempo record.

Y hasta aquí todo ha sido ajuste, suave en un principio, duro después y más duro a continuación. Y llegó la nacionalización de numerosas cajas de ahorro quebradas: Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, Caja Mediterráneo, Nova Caixa Galicia, Caixa Catalunya, Unnim y Bankia y las ayudas públicas para fusiones de otras muchas entidades bancarias. Con esta medida socializamos sus pérdidas entre todos los españoles poniendo un dinero –se estima que podría superar los 105.000 millones de euros- que será difícil por no decir imposible recuperar.

Durante los años de bonanza, el “afán constructor”, como se publicitaba una conocida inmobiliaria, se tradujo en la construcción de 525.331 viviendas en el 2003, 586.092 en el 2004 y 612.066 en el 2005 y más de 800.000 en el 2006. Por supuesto que no todo se vendía y así en el 2004 se vendieron un total de 295.000, en el 2005, unas 336.000 y en el 2006 unas 600.000 unidades, []lo que indicaría una acumulación de viviendas nuevas. Significativamente, el parque de viviendas vacías en España era en 2005 de 3,35 millones, lo que supone un 14% del total.

Tenemos en estos momentos más de 900.000 casas nuevas, casi todas propiedad de bancos, terminadas y esperando comprador. Terrenos recalificados en todas las Comunidades Autónomas y que sólo en la Comunidad Valenciana, una de las más afectadas por la corrupción y los pelotazos urbanísticos, podrían albergar más de un millón y medio de pisos. Recalificaciones que han terminado con casi toda la costa mediterránea virgen y se han extendido por el interior en patatales lejanos de los centros urbanos. Por si esto fuera poco más de un millón y medio de propietarios, asfixiados casi todos por la situación económica y el paro, intentan vender su propiedad con muy pocas perspectivas de éxito. Y lo que es peor, están atrapados en un bucle maléfico ya que cuanto más tardan en vender más ha bajado la casa de precio y su venta pudiera llegar a no cubrir el valor de la hipoteca pendiente. Así, en 2014 el número de hipotecados en España cuya vivienda vale menos que el préstamo pendiente de pagar subirá hasta el 10,7% y, previsiblemente, llegará al 11,3% en 2015. Esto se traduce en que unos 580.000 propietarios podrían perder dinero si quisieran vender su vivienda o podrían sufrir un desahucio quedando a deber dinero al banco si su situación económica empeorase.

En estos momentos el valor del inmobiliario se ha ajustado hasta llegar a los precios que tenía en marzo del 2003. Por supuesto que esto es una cantidad media y que en algunas zonas habrá bajado más y en otras menos. Es decir, los que compraron en 2002 que, tras la entrada de España en el euro con las vacilaciones del momento, fue el momento en que los precios comenzaron a inflarse hasta llegar al paroxismo del 2007, están llegando al límite de su apuesta inmobiliaria y cuando termine esta crisis, que terminará, podrán vender al valor que compraron y olvidar las fastuosas revalorizaciones que experimentaron los pasados años.

Esto es el escenario lógico que debiera suceder si los bancos y su financiación quieren, que de momento es que no. Las hipotecas son una rara avis, cara para los que se la conceden y con unos diferenciales para los no clientes que pueden estar por encima del 3,5%. Y esto no anima al mercado inmobiliario.

Ahora mismo la oferta es desmesurada, con más de dos millones de propiedades en venta entre obra nueva y vivienda usada. Y en los dos mercados son los bancos los que mandan con la hipoteca en la mano. Ni el promotor que aún sobrevive, ni el particular que quiere vender su propiedad, lo conseguirán si el banco no da la financiación al posible comprador. Y el banco es juez y parte, ya que también dispone de una inmensa cartera inmobiliaria a la venta, que podría llegar a más de 700.000 pisos entre todos las entidades juntas. Pisos de promotores arruinados o de particulares desahuciados. Y está claro que a la hora de pedir la hipoteca sólo la obtendremos si el piso que queremos es del banco; y con buenas condiciones y en algunos casos al 100% de su precio.

Artículo aparte merece hablar de las grandes operaciones que administraciones y bancos, incluyendo a la Sareb, están haciendo con los fondos de inversión oportunistas, bien llamados fondos buitre. Fondos llegados a España durante el 2013, de la mano de políticos y banqueros españoles, y que se están beneficiando de las inmensas cantidades de dinero público destinado a sanear las entidades financieras perjudicadas por un ladrillo que ahora se vende agrupado y barato. ¿A quién benefician estas operaciones? ¿Qué bancos están detrás de esos fondos?

En estas condiciones es difícil que la situación mejore en poco tiempo. La digestión de toda esta inmensa oferta inmobiliaria va a ser lenta, sobre todo por unas necesidades a la baja. Y es que las perspectivas para los próximos años apuntan a que en el periodo 2011-2015 se crearán anualmente 165.000 nuevos hogares en España, frente a los casi 400.000 entre 1997-2009. Es preciso tener en cuenta también la vuelta a sus países de muchos de los inmigrantes que llegaron a España durante la década prodigiosa, que están dejando viviendas vacías que se añaden al mercado inmobiliario de venta o alquiler.

La perspectiva de solución ya se ve, pero va ser lenta y no va a llegar a todos los sitios por igual. El Consejo General del Notariado ha comenzado el año dando buenas noticias a los propietarios de viviendas. En su informe de abril, ceñido al terreno y basado en operaciones reales, nos indica que el número de compraventas de casas en febrero creció hasta un 39,8%, hasta las 26.602 transacciones, respecto al mismo mes de 2013. Ya en el mes de enero se disparó un 59,2%. También los precios se recuperan y así, se incrementaron un 0,6%, que es mucho menor que en enero, cuando lo hicieron un 8,6%, pero va marcando tendencia.

Es preciso, en todo caso, controlar todo el suelo de reserva para no comenzar a construir antes que de verdad sea necesario. Los ayuntamientos se debaten entre la pobreza y la tentación urbanística, y es que han sido demasiados años en los que el modelo funcionó y les llenó los bolsillos y las arcas. Ya hay algunos, como el de Gandía, que quieren meterse en nuevas aventuras recalificadoras, en este caso con su último trozo de costa virgen y protegida Tal vez fuera necesaria la puesta en marcha de un Plan Nacional de recuperación del sector y de salida organizada de la crisis. Pero claro, se chocará con las CC.AA., sus competencias y sus intereses partidistas y dudo mucho que el actual Gobierno tenga fuerza, tiempo y legitimidad para liderar un Plan que será complejo. La vivienda es una necesidad básica para los españoles y si estamos como estamos es porque muchos lo entendieron como negocio. Y así volatilizaron el sector inmobiliario convirtiendo el ladrillo en azucarillo, aunque bastante amargo.


* Público - Eduardo Lizarraga - 9.5.14
Foto: El Roto - Aquí yace el urbanismo, 20070128elroto - elpaís

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